Diario de Sesiones 98/2013, de fecha 12/11/2013 - Punto 24

· 8L/C-1266 Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la concesión para la explotación de canales digitales del servicio de televisión digital terrestre de ámbito local.

El señor presidente: Siguiente comparecencia: del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la concesión para la explotación de canales digitales del servicio de televisión digital terrestre de ámbito local.

Doña Águeda Montelongo González.

La señora Montelongo González: Gracias, señor presidente. Señorías, señor Ortiz.

Esta intervención que solicita el Partido Popular para conocer el futuro del concurso de la TDT autonómica de Canarias tiene por objeto -y lo voy a decir de manera muy clara- poner de manifiesto que el sector audiovisual de Canarias es un desastre. Todo lo que toca el Gobierno de Canarias con relación al sector audiovisual de Canarias acaba en los tribunales. Ejemplos como, el 15 de enero de 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó sentencia en la que declara nulo el reparto de las dos concesiones de TDT autonómicas de Canarias que en su día fueron adjudicadas a dos empresas; el concurso de licencias de radio FM está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 5 de Santa Cruz; el concurso para la distribución de la señal de la televisión digital terrestre y la frecuencia modulada de Radiotelevisión Canaria se ha anunciado por parte del sector empresarial que va camino de la Fiscalía; ayer mismo el Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife tomaba declaración al viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios, Martín Marrero, por sancionar selectivamente algunas televisiones y no a todas las que están en situación de ilegalidad. Está por descontado poner de manifiesto aquí las irregularidades vertidas por la Audiencia de Cuentas en la Radiotelevisión Canaria o la ocultación de la información a todo un Parlamento de Canarias. Además, del litigio sobre el concurso que hoy nos ocupa, el de la adjudicación de las concesiones para la explotación de canales digitales del servicio de televisión digital terrestre de ámbito local, con cobertura municipal o insular, en régimen de gestión indirecta en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Esta comparecencia tiene por objeto, señor Ortiz, que usted reflexione, que el Gobierno reflexione y acepte la renuncia, por motivos de interés público, del concurso para la adjudicación de concesiones para la explotación de estos canales digitales.

En definitiva, nos gustaría que hoy pudiéramos debatir y es importante decir los antecedentes. En el año 2006, se convoca el concurso; en el año 2007, lo adjudican ustedes -el 16 de octubre-; días después, múltiples recursos judiciales, más de 20, ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias; la primera sentencia del TSJ el 5 de diciembre de 2008; el tribunal tarda solo un año y dos meses en anular la adjudicación; el Gobierno de Canarias recurre al Tribunal Supremo y ya el Tribunal Supremo ha rechazado unos diez u once recursos con imposición de costas de 5 millones de euros por cada recurso, que estamos pagando todos los canarios. Por lo tanto, ahora parece que ustedes han tomado la determinación, desde el 7 de octubre, de adjudicar, de nuevo hacer una adjudicación de concesiones. Las empresas tienen cinco días y tienen que estar al día en la hacienda canaria, en Seguridad Social, en el pago del IAE.

Por lo tanto, nosotros hoy queremos ponerle de manifiesto que hay múltiples razones para determinar que ustedes tienen que convocar un nuevo concurso. Primero porque la normativa aplicable es distinta, antes se aplicaba la Ley de Contratos, ahora la ley audiovisual. Los proyectos son de 2006 y 2007 y están desfasados. Albergan planes de negocio a diez años y ahora el cambio de normativa estatal, que se convierte en licencia, dura quince años. Muchos de los licitadores entonces hoy han desaparecido -por fusiones, por la coyuntura económica actual...-. Los problemas financieros y con la hacienda y Seguridad Social de las televisiones canarias se debe a la incertidumbre que ha sembrado el propio Gobierno dando licencias que luego son anuladas.

Nos gustaría que nos respondiera también por qué cambian a los miembros de la mesa de contratación que habían sido designados en el año 2006; por qué en las nuevas adjudicaciones no se indica la demarcación territorial que se ha concedido, cuando en la misma comunicación de 2007 sí se indicaba; es decir, en el 2007 se les notificaba la propuesta con las distintas demarcaciones y en la del 7 de octubre de este año parece ser que no se indica la demarcación, con lo cual la televisión no sabe si le toca en la demarcación de La Orotava o, por ejemplo, en la demarcación de Santa Cruz, y, créame, existe una gran diferencia.

Y en último lugar queremos decirle, señor Ortiz: a nosotros lo que nos gustaría hoy aquí es hacer una reflexión profunda. El sector audiovisual de Canarias, como le digo, es un desastre. En estos momentos no se sabe qué futuro tiene el sector audiovisual de Canarias. Y, como le digo, no parece normal que todo lo que tenga que ver con el sector audiovisual se esté resolviendo en los tribunales, señor Ortiz. Eso no es transparente, eso es que el Gobierno no lo está haciendo bien.

Y nos gustaría que, por todas estas razones, como le decía, primero, porque han pasado siete años; segundo...

El señor presidente: Un minuto, doña Águeda.

La señora Montelongo González: Gracias, señor presidente.

...segundo, porque hay un cambio de normativa estatal; tercero, porque el desfase de las ofertas de TDT por datar de 2006, pues, créame, el mundo audiovisual se mueve a una rapidez, como usted sabe, que las ofertas no están adaptadas a la realidad; el dinamismo y la innovación tecnológica, la aparición de nuevos formatos y servicios interactivos... Todo hace que este Gobierno se replantee la renuncia. Por eso le estamos pidiendo que convoquen un nuevo concurso público, que abandonen este proceso que está viciado, que es un proceso que después de siete años no tiene la realidad económica ni la realidad jurídica que el nuevo panorama establece.

Y, por lo tanto, señor Ortiz, nos gustaría que usted nos diera respuesta a todas estas preguntas en aras de que el sector audiovisual tuviera una seguridad jurídica y sobre todo un futuro grande, que en esta tierra hay profesionales para ello, muchos y muy buenos.

Muchísimas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Águeda Montelongo.

Señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, don Javier González Ortiz.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Presidente, señorías, buenas tardes de nuevo.

Señora diputada, señora Montelongo, solicita usted una comparecencia sobre un asunto que conoce o debiera conocer muy bien, ¡hombre, a no ser que estemos ante un nuevo episodio de amnesia selectiva por parte de su grupo. Y lo digo porque los hechos son los hechos, por más que se pretendan borrar, y vamos a hacer ahora, por tanto, un repaso cronológico del asunto.

Mire, la concesión de los canales de TDT, no solo en el ámbito local e insular sino también autonómico, se efectuó mediante un decreto aprobado por el Consejo de Gobierno el 16 de octubre de 2007. Repito mes y año: octubre del 2007. En aquel consejo, como en los celebrados en los tres meses anteriores y en los tres años siguientes, estaban sentadas cuatro personas del Partido Popular. Incluso una de esas personas se sienta actualmente como diputada en este Parlamento y podría, por tanto, ratificarle la veracidad de lo que estoy diciendo y la participación de su partido en la decisión (Abandona su lugar en la Mesa el señor Presidente. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández).

En aquella sesión del Consejo de Gobierno se otorgaron 45 canales de TDT local, tanto de ámbito municipal como insular, 45. La convocatoria del concurso abarcaba 46 canales, pero uno quedó desierto. Esos 45 canales se adjudicaron a 26 de las 52 empresas que habían cumplido los requisitos para ser admitidas al concurso, 45 canales adjudicados a 26 de las 52 empresas. Por tanto, hubo 26 empresas que no resultaron adjudicatarias. Y entre las que sí lo fueron, pues, varias se mostraron disconformes porque, bueno, no les correspondieron todos los canales que querían, a los que habían concurrido, o los que les tocó en la adjudicación los consideraban más atractivos otros. 26-52. Por lo tanto, a la vista de estos datos, era más que previsible -en todos lados lo ha sido-, muy previsible, una alta litigiosidad por parte de los licitadores insatisfechos, como ocurre de forma habitual. Y así fue, con gran eco mediático, lo ha seguido siendo, como, lógicamente, sucede en los concursos que tienen que ver con los medios de comunicación.

Hubo múltiples recursos contencioso-administrativos. Sí, usted ha hecho referencia a algunos, pero ninguna resolución judicial que suspendiera la ejecutividad del acuerdo de Gobierno, de aquel acuerdo de Gobierno de 16 de octubre de 2007. 16 de octubre de 2007, señora Montelongo.

Por lo tanto, el 5 de diciembre de 2008 se produce una sentencia, en primera instancia, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que estimaba parcialmente un recurso contra el decreto de adjudicación e instaba a retrotraer las actuaciones para que se realizase una nueva baremación de las ofertas. Esa sentencia no fue firme -usted ha hecho referencia-, porque los servicios jurídicos recurrieron en casación ante el Tribunal Supremo. Finalmente, el Tribunal Supremo vino a desestimar los argumentos de la casación, en una sentencia que se recibió en Presidencia del Gobierno el pasado octubre del 2012 y que anulaba el decreto de adjudicación de octubre del 2007.

¿Qué dice la sentencia? Muy sencillo, dice: "hay que retrotraer las actuaciones administrativas para emitir un nuevo informe de valoración de las ofertas". Eso es lo que dice la sentencia. Usted seguro que se la ha leído, señora Montelongo; si no, yo se la facilito. En definitiva, conminaba a que se emitiera un nuevo informe con mayor grado de motivación que el que dio lugar a la adjudicación de octubre del 2007 -octubre del 2007-, por el Gobierno del que, señora Montelongo, el Partido Popular formaba parte.

Y eso, señoría, es exactamente lo que se está haciendo desde entonces: cumplir una sentencia. Sí, sí, yo sé que algunos piensan que las sentencias no se cumplen, pero nosotros creemos que debemos cumplir, y seguiremos empeñados en ello, señora Montelongo.

A partir de ahí, le informo que la ejecución de la sentencia se encuentra en estos momentos en su fase final y le voy a detallar cómo se ha actuado desde que se produjo la notificación de la decisión judicial, que se recibió el 16 de octubre del año pasado. Pues tres días después, la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios, en ejecución literal del fallo, solicitaba a la Dirección General del Servicio Jurídico y a la Intervención General que designara a los representantes para constituir una nueva mesa de contratación, que habría de baremar las ofertas presentadas al concurso en su momento. Una vez propuestos los miembros, el 19 de noviembre, la viceconsejería designaba a los tres miembros restantes componentes de la mesa, todos ellos empleados públicos.

Desde entonces, la mesa de contratación comenzó su tarea, no solo respecto a la relación de las ofertas para la tele local e insular, sino también -se ha hecho referencia a ello- para los dos canales autonómicos sometidos también a concurso.

Y a la vista de la sentencia sobre la adjudicación anterior, la mesa decidió, optó, por no solicitar ningún informe externo de valoración, para una mayor seguridad jurídica, teniendo en cuenta cuál fue el fallo de la sentencia.

Cuando ha culminado todo el proceso de valoración por parte de la mesa, pues, evidentemente se está notificando a las empresas con mayor puntuación y, por tanto, susceptibles de ser adjudicatarias que acrediten algo que creo que estaremos todos de acuerdo, ¿verdad, señora Montelongo? Es decir, bueno, el cumplimiento de las bases del concurso. En concreto, lo que se está solicitando -creo que estaremos todos de acuerdo- es los certificados de estar al corriente en cuanto a sus obligaciones tributarias con la hacienda autonómica y estatal y también, por supuesto, una situación regularizada respecto a la Seguridad Social y al impuesto de Actividades Económicas. Yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo, ¿no?, que esté todo el mundo, las empresas, en la medida de lo posible, estén al corriente de sus obligaciones tributarias y sociales.

Una vez finalice la fase de solicitud de certificaciones, pues, las empresas con mayor puntuación que hayan cumplido esos requisitos integrarán la propuesta definitiva, que en su momento se elevará para su aprobación, según lo que está fijado en las bases iniciales del concurso y en la normativa audiovisual, ¿no? Hay que tener en cuenta que, como todo proceso que conlleva múltiples notificaciones y acreditación de determinadas certificaciones, pues, puede haber diversas incidencias, lo que nos hace, hoy por hoy, bueno, no poder precisar la fecha exacta de la culminación, ¿no?, pero sí es una realidad que los trámites están bastante avanzados, y todo ello en un cumplimiento estricto, señora Montelongo, de la sentencia.

Pero usted ha hecho referencia a la situación actual del sector y la litigiosidad que se produce y que está hecho un desastre, ¿no? Hombre, vamos a ver, señora Montelongo, no deja de ser cierto pero obvia usted la realidad, o la realidad la interpreta de manera absolutamente interesada. Mire, recientemente, hace unos meses, por ejemplo, el Consejo de Ministros decidía acatar una sentencia, decidía acatar una sentencia del Tribunal Supremo que anuló la adjudicación de nueve canales otorgados a los principales grupos televisivos de España: Antena 3, Telecinco, Vocento, Unidad Editorial. Es decir, el Consejo de Ministros decidió acatar la sentencia por la cual se anuló la adjudicación de esos concursos a esos grupos de comunicación. Pero es que, mire, antes de esa sentencia del Supremo, el Supremo se ha pronunciado en innumerables ocasiones, resoluciones judiciales, para anular la concesión de las TDT en las comunidades autónomas de Madrid, Galicia o Valencia, por poner algún ejemplo de cosas que pasan. Es decir, ya lo dije aquí una vez y lo diré una y mil veces: cuando son concursos que digamos que son de punto y final, en el sentido de que no cabe un siguiente concurso, pues, es lógico: aquella empresa que no obtiene el resultado esperado o deseado, en su derecho está de recurrir, y así ocurre de forma habitual. A los hechos me remito, repito, siguiendo una y otra vez todos aquellos ejemplos a lo largo y ancho de la geografía española. Es decir, no es un hecho aislado lo que ha ocurrido en Canarias en ese sentido, en las resoluciones a que usted hace referencia del Tribunal Supremo.

Bueno, en el Gobierno de Canarias nos hemos empeñado en cumplir escrupulosamente con las sentencias judiciales, y lo hacemos, bueno, de una forma estricta y con la agilidad precisa en la medida de nuestras posibilidades. Creo que queda demostrada esa diligencia cuando se constituyó de nuevo la mesa de contratación, solo un mes después de recibir la comunicación judicial, ¿no?

Señora Montelongo, que no le quepa a usted la menor duda de que el Gobierno de Canarias está ejecutando una sentencia judicial de una decisión que, no se olvide, señora Montelongo, fue una decisión tomada de forma colegiada, en un Consejo de Gobierno del año 2007, donde, señora Montelongo, a pesar de que ustedes intenten tener esos episodios de amnesia, estaban ustedes sentados en ese día en el seno del Consejo de Gobierno.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.

Para las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios no solicitantes de la comparecencia, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto (Pausa). No interviene.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, doña Belinda Ramírez, por tiempo de tres minutos tiene usted la palabra.

La señora Ramírez Espinosa: Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señorías.

Efectivamente, un concurso de este tipo, un concurso audiovisual de esta envergadura, pues, nunca estará exento de algún proceso o de algún litigio judicial. Yo creo que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas en las que se ha llevado a cabo algún concurso de este tipo, pues, están inmersas en procesos judiciales, pero sí que es cierto que tampoco nos debemos escudar en ello, ¿no? Pues, no estamos ante un contrato menor, que no suele traer mayores complicaciones, sino que se trata de un concurso de cierta envergadura por el que se adjudica la concesión para la explotación de los canales digitales en el servicio de TDT de ámbito local, tanto para la gestión directa por parte de las corporaciones insulares y municipales como para la gestión indirecta.

Y, por lo tanto, es una concesión que está sujeta a un procedimiento administrativo, a un procedimiento de contratación administrativa, y en el que hay que ser exquisitamente rigurosos a la hora de garantizar el máximo cumplimiento de los principios que inspiran la Ley de Contratos del Sector Público. Pero sí que es cierto que estamos ante una concesión que se efectuó, efectivamente, en el año 2007 y que, por tanto, si existe alguna responsabilidad, ustedes, señorías del Partido Popular, también la tienen, y mucha. Tanto que hasta participaron, como ha dicho el señor consejero, directamente en las decisiones que se tomaron al respecto, puesto que formaron parte directa estando presentes en el Consejo de Gobierno que aprobó el decreto de concesión de los canales de la TDT, ese mismo decreto de adjudicación que anula la sentencia del Tribunal Supremo.

Nosotros, desde el Grupo Socialista, confiamos en que, sea cual sea la postura del Gobierno, pues, la tramitación del procedimiento continúe con las máximas garantías de un procedimiento objetivo y transparente y en el que justo ahora, en el momento procedimental en el que se encuentra, se haya velado por salvaguardar esos principios a la hora de seleccionar la oferta más ventajosa. Y todo ello, pues, conforme a las bases reguladoras del concurso, que son las que establecen los criterios de adjudicación a los que ha de ajustarse estrictamente la mesa para proceder a la valoración de las ofertas.

Se trata, por tanto, de un trabajo técnico, un trabajo no político y desde luego esperamos, pues, eso, que se esté dando cumplimiento a lo establecido también en la mencionada sentencia. Los poderes públicos deben mantenerse lo más alejados posibles, neutrales, y aceptar por supuesto las valoraciones técnicas que la mesa eleve al órgano de contratación para la adjudicación provisional, hasta que se eleve a definitiva y se formalicen los contratos.

Yo le iba a preguntar, señor consejero, si se habían solicitado informes de valoración de las ofertas, informes externos, pero ya ha respondido antes que no, que la valoración se ha llevado exclusivamente por los miembros que componen la mesa. Sí me gustaría saber cuándo prevé el Gobierno la adjudicación definitiva.

Y por lo demás, pues, incidir en lo mismo, es decir, que confiamos en el trabajo de los técnicos, de los profesionales encargados de la baremación, y confiamos en que no existan injerencias políticas de ningún tipo, porque eso, desde luego, no sería loable, tratándose de un asunto como este, donde debe primar la objetividad y la imparcialidad...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Grupo Nacionalista, doña Nuria Herrera, por tiempo de tres minutos tiene usted la palabra.

La señora Herrera Aguilar: Gracias, señor presidente.

Ya ha explicado usted, señor consejero, cuáles han sido las vicisitudes del objeto de la comparecencia de esta tarde. Es absurdo volver a repetir lo mismo.

Lo que sí quiero es aprovechar mi intervención para aclarar una serie de cuestiones que escribí antes en mi escaño, cuestiones que creo que son importantes, ¿no?, especialmente porque estamos hablando de la Administración pública.

Escribí en mi escaño, de las intervenciones que aquí se han realizado, que había que abandonar el proceso porque estaba viciado, que había que aceptar las renuncias e incluso ha dicho usted en su intervención que el Consejo de Ministros decidió acatar una sentencia del Tribunal Supremo en estos mismos sentidos; y yo quiero, desde el punto de vista jurídico, aclarar una serie de cuestiones.

Si leemos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que fue ratificada -si se me permite este término- por parte del Tribunal Supremo, dice concretamente en su fundamento sexto, después del fallo: Deben retrotraerse las actuaciones administrativas en la forma establecida en el fundamento sexto de derecho. Dice: Se procederá que, con retroacción de las actuaciones, se emita nuevo informe ajustado al pliego de condiciones -año 2006, porque está y entiende que estaba conforme al ordenamiento jurídico-, siempre que su elección... con el grado de motivación exigible, por los técnicos que se estimen convenientes, pero distintos a los que emitieron el informe anterior, y siempre que su elección respete los criterios expuestos antes, en los pliegos de condiciones, y se le ...(Ininteligible.) a la mesa de contratación que sustituya a la anterior, para que a su vez formule la propuesta correspondiente al órgano de contratación.

Esto es lo que está haciendo el Gobierno de Canarias. Pero le digo más: es que usted no puede hacer otra cosa. ¿Y sabe por qué se lo digo? Si usted lee la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, artículo 113 y siguientes, la Administración tiene la obligación de cumplir las sentencias. No puede usted determinar si la quiere acatar o no. Eso quiero hacerlo con referencia a la manifestación realizada con el Consejo de Ministros. Las administraciones públicas tienen que cumplir las sentencias, y es lo que está haciendo el Gobierno de Canarias, pero porque no puede hacer otra cosa. Es más, dice concretamente: "Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento". Y usted sabe qué ocurriría si una Administración no acata una sentencia: las responsabilidades penales, patrimoniales, multas coercitivas y las indemnizaciones correspondientes. Es más, para mayor abundamiento, he de decirle, señor consejero, que la sentencia la tiene que cumplir sí o sí. ¿Por qué?, porque también una de las partes que interviene en el proceso solicitó la ejecución forzosa, y usted sabe lo que implica eso.

Por tanto, quiero que quede muy claro. Es decir, cuando recaen sentencias...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Pasamos a la intervención del grupo solicitante de la comparecencia. Doña Águeda Montelongo, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

La señora Montelongo González: Gracias, señor presidente.

Señor Ortiz, muy brevemente, para responderle a esa acusación de amnesia. Mire, de amnesia nada. Voy a hacerlo rapidito, porque no tengo tiempo, y le voy a leer lo siguiente -preste atención-: el amaño del concurso de la televisión digital terrestre es tan evidente, está tan claro que se va a convertir en un Tebeto audiovisual. Hasta el vicepresidente del Gobierno canario, José Manuel Soria, ya ha dejado solo a Paulino Rivero. Es un amaño anunciado. Y dice más: Paulino Rivero tiene a los tribunales en contra, a la oposición socialista y ahora a su propio Gobierno y, sin embargo, insiste en la aplicación de su único plan, que es controlar a los medios de comunicación e impedir el desarrollo de un sector estratégico para Canarias como es el audiovisual. Soria ha decidido optar por el interés general, que no es otro que evitar el amaño y evitar beneficiar a empresas privadas en contra del interés general. Mire, no se me excite, en el término inglés exciting, no se me excite, esto no lo he dicho yo ni lo ha dicho nadie del Partido Popular; esto lo dijo la señora Gutiérrez, Gloria Gutiérrez, 29 del uno del 2010. Por cierto, bienvenida, señora Gutiérrez, a esta Cámara y espero que siga por esta línea, independientemente de que apoye al Gobierno.

Señor Ortiz, mire, otra cosa, la sentencia lo que le dice al Gobierno es que usted se tiene que retrotraer a aquella valoración, no le dice que siga adelante con el concurso, ¿o estamos aquí ahora inventándonos la sentencia? Usted es libre de continuar o no. Que, por cierto, los recursos que ya le están obligando a pagar, más de los diez y once recursos presentados, por valor de 5.000 euros, que tenemos que pagar todos los canarios, yo creo que usted debería hacer cuentas, si es más rentable -5 millones... eso no, 5.000 euros-, si es más rentable seguir adelante o abandonar, como le estamos pidiendo, este concurso y hacer uno nuevo, que garantice, en los términos jurídicos actuales, la nueva legislación y, sobre todo, el panorama económico actual.

Le preguntaba que por qué cambiaron los miembros de la mesa de contratación del 2006. No, señor Ortiz, señora Ramírez, no fueron ellos los que hicieron la valoración en el 2006, fue una empresa externa. ¿Y entonces por qué los cambia ahora? Pues, mire, a nosotros nos da la sensación de que lo hacen porque quieren controlarlo todo. Esa es la explicación que tiene el Partido Popular, porque usted no me da otra, porque se la he pedido.

Mire, desde la convocatoria del concurso, como le he dicho, se ha producido una profunda transformación jurídica, reestructuración jurídica. Al mismo tiempo el Consejo de Ministros ha tomado decisiones favoreciendo la integración de grupos mediáticos, como se observa en la concentración de operadores audiovisuales con la integración de Mediaset y Prisa Televisión, por un lado, y el Grupo Antena 3 y GIA La Sexta, por otro. Esto en sentido contrario al espíritu de los pliegos del concurso, que persigue la pluralidad de los prestadores como garantía de pluralidad informativa, que ha de inspirar todo servicio de comunicación audiovisual televisiva.

Por otro lado, desde la aprobación de los pliegos, el mercado ha sufrido modificaciones importantes, como la decisión del Consejo de Administración de Pretesa, tomada el 12 de noviembre de 2008, de cesar la actividad de Localia el 31 de diciembre de 2009. El acuerdo adoptado por el Consejo del Grupo Vocento, que, reunido de urgencia en la tarde del miércoles 21 de noviembre de 2012, aprobó la operación de alquilar a la Cadena Cope las frecuencias de ABC Punto Radio. La decisión de Nueve, antes denominada Canal 9 Las Arenas, de cesar la actividad el pasado 31 de julio de 2013. Así, alterando sustancialmente el proceso de valoración efectuado en el concurso y alejándolo definitivamente de los pliegos establecidos por la Presidencia del Gobierno.

Señor consejero, es indudable la trascendencia que tiene este concurso para el interés público, habida cuenta de la importancia creciente que los medios de comunicación audiovisual tienen en la sociedad actual. La evolución tecnológica y los usos sociales han supuesto una auténtica revolución en la comunicación, implicando la necesidad de actualizar el vigente mapa televisivo conforme al nuevo escenario legal por la dimensión estratégica del sector. De ahí que deben resaltarse los principios que inspiran la nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual. En el capítulo I, en el título II, está consagrada íntegramente a la garantía de los derechos de los ciudadanos a recibir comunicación audiovisual en condiciones de pluralismo, así como a exigir ante las autoridades la adecuación de los contenidos al ordenamiento constitucional vigente, como es el caso.

Mire, con todo ello, parece razonable afirmar que la satisfacción del interés general perseguida mediante la convocatoria del concurso no puede obtenerse con una resolución excesivamente tardía. Fíjese que han pasado siete años. Esto entrañaría un riesgo de no realizar una correcta selección de los contratistas más adecuados e idóneos y, además, estaría viciada de nulidad por falta o pérdida de su objeto, con arreglo a las circunstancias actuales económicas. Por una parte, porque la capacidad y solvencia de las actuales empresas, más de siete años después de convocado el concurso, pueden no coincidir con las existentes en el momento de la presentación de las proposiciones y que se valoraron al analizar en su día -la mesa de contratación- la documentación acreditativa presentada. En algún caso se ha producido incluso la desaparición de la empresa licitadora, como consecuencia de los procesos de fusión y absorción empresarial, como le he manifestado. Sin olvidar, por otra parte, lo que tiene que pagar en recursos. Por eso le digo que tenemos que hacer cuentas. No le sale rentable seguir adelante con este despropósito.

Por otro lado, las ofertas técnicas presentadas por los licitadores, a las que se han de aplicar los criterios de adjudicación para seleccionar a los contratistas, se realizaron teniendo en cuenta las circunstancias jurídicas, técnicas y económicas del momento de su elaboración. Pero todo eso ha cambiado; después de siete años estas ofertas se encuentran absolutamente desfasadas. Después de siete años concurre una serie de aspectos, que la Ley General de la Comunicación Audiovisual puede afectar a esta futura adjudicación que ustedes pretenden llevar a cabo del concurso. Mire, la vigencia de la licencia, que ya no es concesión, es licencia, es de quince años y las ofertas se plantearon con un plan de negocio a diez años, por poner un ejemplo.

En relación con los posibles negocios jurídicos a realizar una vez obtenida la licencia, en los proyectos presentados con la antigua normativa se afirmaba que no se transmitiría o arrendaría la concesión. ¿Sabe usted que la nueva ley, con el fin de garantizar el pluralismo y la libre competencia en el mercado televisivo, dada la importancia que estos medios tienen en la formación de la opinión pública, ha modificado y ha flexibilizado los criterios para la realización de dichos negocios? Atendiendo a la finalidad pública del servicio de radiodifusión televisiva digital por ondas terrestres, es razonable pensar que este se sirve mejor con proyectos actualizados que no con proyectos que profundicen en los aspectos que se presentaron en su día, hace siete años.

Podríamos hablar de la incompatibilidad que tienen los pliegos tanto con la normativa canaria como la estatal, pero, debido a que me queda poco tiempo, me gustaría ir a las conclusiones, señor Ortiz. Y la conclusión no es otra sino que reconsidere su postura, que el Gobierno reconsidere esta huida hacia adelante con un único y solo intento de controlar los medios de comunicación. Eso lo único que ha hecho es que acabe con el sector audiovisual en Canarias, que usted acabe con toda posibilidad de futuro negocio audiovisual.

Por lo tanto, como conclusión, nos gustaría volver a recordarle que la publicación desde el año 2006 y la valoración de las ofertas desfasadas por el transcurso del tiempo no garantiza la selección de los contratistas más idóneos. Resulta obvio que la satisfacción del interés público requiere efectuar una nueva convocatoria regida por una nueva legislación audiovisual, que permite la actualización de las anteriores ofertas.

Señor consejero, resolver este concurso conforme a los anteproyectos actuales, se limitarían los derechos de los licenciatarios.

Y por todo lo anterior, en base a las razones de interés público que les he expuesto y para proteger la seguridad jurídica de cualquier posible licitador o adjudicatario de las licencias para la adjudicación de concesiones para la explotación de canales digitales del servicio de televisión digital terrestre de ámbito local y a la vista de la disposición derogatoria única del Decreto 80/2010 y las demás normativas vigentes anteriormente señaladas, se hace preciso, señor Ortiz, que el Gobierno renuncie a adoptar una medida estratégica de tales características. Por lo tanto, le proponemos la renuncia del concurso; le proponemos que empecemos un concurso de nuevo, que garantice la pluralidad, que garantice que esas son las mejores ofertas que hay en el mercado, adaptadas no solamente a los nuevos medios técnicos audiovisuales sino a las nuevas características económicas.

Por lo tanto, señor Ortiz, el Gobierno, si sigue adelante, va contra sus propios actos, siembra descontento en el sector y, si lo que pretendía era acabar con el sector audiovisual, a mí, pues, no me cabe otra que terminar felicitándoles, porque han conseguido acabar con el sector audiovisual de Canarias.

Pero me gustaría terminar hoy aquí pidiéndole, señor Ortiz, que reconsidere su posición, que el Gobierno reconsidere la posibilidad, como lo han hecho otras comunidades en el caso de las licencias de FM. Por ejemplo, en los razonamientos jurídicos que motivaron a declarar el concurso de la FM de Valencia y Murcia desierto, la resolución argumentaba la disminución o desaparición de la capacidad y la solvencia de las licitadoras y la existencia de proyectos obsoletos de emisoras de radio FM. Nos encontramos en la misma situación. Tenemos razones más que suficientes para que este Gobierno demuestre que le interesa la pluralidad, que apuesta por el sector audiovisual de Canarias y, lo más importante, que apuesta por una gestión transparente.

Un concurso que...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí, señora diputada, tiene usted un minuto para concluir, por favor.

La señora Montelongo González: Gracias, señor presidente.

Señor Ortiz, un concurso que se inició hace siete años, que un tribunal lo tumba, que le obliga a volver al principio, que esas condiciones económicas en las que se presentaron las ofertas y, sobre todo, el abrigo jurídico al amparo del que se presentaron, todo ha cambiado. Por lo tanto, ese concurso nace viciado, no puede continuar adelante, y por eso le pedimos de verdad, desde el Partido Popular, que abandone este concurso, que inicie uno nuevo y que defienda al sector audiovisual de Canarias, que ustedes han conseguido situarlo hoy en día en el limbo de la comunicación de Canarias.

Muchísimas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Gobierno, el señor consejero de Economía y Hacienda, don Javier González Ortiz, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz): Gracias, señor presidente.

Señora Ramírez, decía usted, preguntaba usted sobre el proceso, que cuándo finalizaba el proceso. Es imposible saber cuándo va a finalizar el proceso. Ya le he dicho, depende de múltiples circunstancias, en cuanto a las notificaciones que hay que realizar a unas ciertas empresas, y, por lo tanto, está en ese proceso para poder culminarlo definitivamente.

Y, claro, el problema es que todo esto ha derivado, según la lectura de la señora Montelongo, en una cuestión de discusiones jurídicas. Por cierto, he de reconocer que es un buen informe el que se ha realizado por parte de algún catedrático de Derecho Administrativo referente a las distintas opciones para actuar con respecto a este concurso.

Pero, mire, señora Montelongo, para dejar claro la primera, ¿vale?, sobre la que ha girado el conjunto de su intervención hoy, y es la solicitud al Gobierno de que desista. Luego podemos ver cuáles son esas consecuencias, porque, claro, usted habla de unas consecuencias, repito, derivadas del informe del catedrático de Derecho Administrativo, que está bien fundamentado pero dirigido a un aspecto. Porque, mire, vamos a ver, ¿qué diría usted de un gobierno... -ya no por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como hizo referencia la diputada señora Herrera-? Pero, vamos a ver, la sentencia, se la leo, porque parece que usted la obvia una y otra vez, dice claramente: procederá -fundamento sexto-, con retroacción de las actuaciones, se emita un nuevo informe ajustado al pliego de condiciones, con el grado de motivación exigible por los técnicos que se estimen convenientes, pero distintos -pero distintos- de los que emitieron el informe anterior, y siempre que su elección respete los criterios expuestos antes -se refería a los criterios de baremación-, y se eleve de nuevo a la mesa de contratación que sustituya a la anterior -mesa de contratación que sustituya a la anterior-. Lo digo porque ya está bien de infundios, decir, "no, es que han cambiado la mesa pretendiendo controlar". Mesa de contratación que sustituya a la anterior. Es que lo dice hasta la sentencia, señora Montelongo, para dejar claras algunas de las cosas. Para que a su vez formule la propuesta correspondiente al órgano de contratación. Eso es lo que dice la sentencia. Es decir, que lo que dice la sentencia es, mire usted, retrotraiga las actuaciones, que se haga un informe por unos técnicos distintos a los anteriores, para que la mesa que sustituya a la anterior eleve la propuesta al órgano de contratación.

Y digo yo: después de todo este proceso, por una sentencia clara del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ratificada, como dice la señora Herrera, por el Tribunal Supremo, entonces el Gobierno, la actuación que usted le pide al Gobierno es, muy bien, el anterior Gobierno -del que formaba parte el Partido Popular, diga usted lo que diga- llegó a una solución, publicó un decreto y se hizo una adjudicación de determinadas licencias de TDT; ahora hay una sentencia judicial que obliga a retrotraer las actuaciones para hacer una nueva valoración con unas determinadas condiciones; y ahora usted lo que le pide al Gobierno es que, pudiendo salir, porque evidentemente habrá que cumplir la sentencia, y si hay que cumplir la sentencia, habrá que hacer la valoración y, si hay que hacer la valoración, habrá que hacer el proceso. Luego, se sabrá, teóricamente, quiénes son los propuestos para la adjudicación. Es decir, usted le está pidiendo al Gobierno que, recibida esa sentencia, ejecute la sentencia, convocando la mesa y haciendo una nueva valoración, y que, como el resultado puede o no ser distinto, pero vamos a suponer que sea distinto, que entonces tome la decisión de desistir del concurso. ¿Y eso cómo se llama, y eso cómo se llama, señora Montelongo, para yo saberlo?

O sea, que usted le pide al Gobierno que sí, que ejecute la sentencia -supongo que no dirá que no la ejecute-, y cuando la ejecute y salga una propuesta de valoración que puede ser distinta, "¡ah!, entonces el Gobierno que diga, 'no, no, ahora no lo adjudico, por razones de interés general". Pero, señora Montelongo, ¿cree usted que eso es serio? Claro, el problema es que usted cree que eso es serio porque le importan muy poco las posibles indemnizaciones que tuviera que pagar el Gobierno de Canarias en ese sentido. A la experiencia me remito, de cuál es su actuación con el intento de pagar determinadas sentencias.

Es que esa es la diferencia de actuación. Porque, ¿usted quiere hablar de términos jurídicos?, léase la sentencia, léase usted, la sentencia, y a partir de ahí... Pero es que léase usted cuáles son las posibilidades que tiene el Gobierno de Canarias para, por tanto, aplicar y cumplir. Pero es que además, como bien dijo la señora Herrera, es que se ha instado a la ejecución forzosa de la misma. Es decir, que hay alguien que ha ganado una sentencia, porque ha presentado un recurso, y lo que exige es que se cumpla. ¿Y usted pretende que hagamos lo contrario? Ese es el problema, señora Montelongo, ese es el auténtico problema.

Pero, mire, señora Montelongo, intentó usted hacer, al inicio de su intervención, un conjunto de señalamientos de situaciones, intentando enmarañar la situación. Lo digo porque es que dice: "está siendo investigado". Mire usted, como toda denuncia. ¿Hay algún procedimiento judicial? ¿Va a volver usted aquí a cambiar de opinión cuando habló de ilegalidades en la gestión de la tele y ha cambiado por irregularidades, señora Montelongo? ¿Va usted a cambiar de opinión? ¿Va usted a tener que volver a desdecirse, señora Montelongo, una y otra y otra vez? Plantéese usted qué mal están haciendo encargándole a usted, señora Montelongo, este conjunto de actuaciones.

Porque, mire, hablaba usted, en palabras de la señora Gutiérrez, sobre el amaño. Es decir, que el señor Soria, si está usted de acuerdo con el amaño, participó en un Gobierno... ¿Levantó la mano en ese Consejo de Gobierno? ¿Asintió o no en ese Consejo de Gobierno en la aprobación de ese decreto? ¿Asume, asume el señor Soria en ese supuesto, decisión colegiada del consejo, ese amaño, señora Montelongo? ¿Está usted diciendo que los miembros sentados en esa mesa...? No, yo creo que no está diciendo eso, yo estoy seguro de que usted no está diciendo eso. Yo estoy seguro de que usted no está acusando a sus propios compañeros de amañar un concurso. Estoy absolutamente seguro de que usted no está queriendo decir eso, pero las palabras la han traicionado.

Pero es que es más, señora Montelongo: habla usted de la pluralidad. ¿Y se consigue más pluralidad con la reducción de los grupos empresariales dispuestos o que emiten en las distintas cadenas de televisión? Porque es que no me quedó muy claro cuando hizo usted referencia a que la acción llevada a cabo por el Gobierno central para mejorar la pluralidad de la oferta televisiva, cuando permite la concentración de grupos de comunicación. Creo que nuevamente las palabras la traicionaron.

Mire, señora Montelongo, por que quede claro, las cosas a veces no salen como uno pretende, no salen como uno quiere. La situación audiovisual en Canarias no es, ni mucho menos, la deseada y por supuesto que todo es susceptible de mejora. Sabe usted, porque lo sabe, que en los concursos de adjudicación de licencias para emisión de televisión o radio, donde existe una limitación del espectro, y dado que el periodo de adjudicación es por diez años, o quince en este momento, por tanto, una empresa que no tiene el resultado es perado o deseado en ese concurso, pues, no tiene nada más que perder, una vez que ya no ha obtenido el lote, la cadena o la posibilidad de emisión para lo que quiere, no tiene nada que perder y por eso es lógico y natural que presente un recurso. Está en su derecho, para eso están los tribunales. Una vez fallado el tribunal, una vez aplicada, por tanto, una sentencia y una vez llegados a este punto, el Gobierno, por lo menos este Gobierno, lo que intenta hacer es cumplir la sentencia, es cumplir la sentencia de la mejor forma posible. Eso sí, intentar evitar males mayores; repito: igual hay otras personas que están acostumbradas o a las que les importa muy poco cuáles sean las consecuencias de eso. Nosotros medimos muy mucho lo que hacemos.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.

(La señora Montelongo González solicita la palabra.)

Doña Águeda, ¿a qué efectos, por favor? Dígame.

La señora Montelongo González (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Pido la palabra por inexactitudes vertidas por el consejero en su última intervención hacia lo que yo he expuesto.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): ¿Inexactitudes, señora diputada...? He visto que hay contradicción entre lo que usted señala y lo que señala el señor consejero, pero a qué inexactitudes se refiere concretamente del señor consejero en relación a su...

La señora Montelongo González (Desde su escaño): Bien, pues, ¿se lo puedo explicar?

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí, sí.

La señora Montelongo González (Desde su escaño): Gracias.

Señor Ortiz, mire, cuando...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): No, dígame sobre qué es la inexactitud.

La señora Montelongo González (Desde su escaño): Bien. Bueno, la inexactitud diciendo que los amaños...; yo simplemente me limité a leer unas declaraciones de la señora Gutiérrez; y, aparte, con relación a lo que en el Tribunal de Cuentas...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Tiene un minuto.

La señora Montelongo González (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Mire, señor Ortiz, debe ser que se excitó. ¡Mire que le dije que no lo hiciera! Yo le leí lo que dijo la señora Gutiérrez y donde se produjo...; y lo que quería que resaltara es que el señor Soria y los miembros de mi Gobierno se alejaron de ustedes cuando vieron el tremendo amaño que denunciaba la señora Gutiérrez.

En segundo lugar, el Tribunal de Cuentas...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señora diputada, no tiene nada que ver con el asunto.

La señora Montelongo González (Desde su escaño): Bien. Con respecto...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Bien. Gracias por la...

La señora Montelongo González (Desde su escaño): No he terminado, señor presidente. No, no... (Rumores en la sala.)

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Sí, señora diputada, señora diputada, pero no hay esa inexactitud.

Señorías, ruego guarden silencio, por favor. Señora diputada, sabe que...

La señora Montelongo González (Desde su escaño): Calladita... (Ante un comentario que se efectúa en la sala.)

Termino...

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Señora diputada, primero, no se dirijan la palabra entre unos y otros. La inexactitud no tiene ninguna razón de ser, usted lo ha señalado en relación...; ha aclarado lo de la señora Gutiérrez y, por lo tanto, creo que debe concluir ahí su intervención.

Gracias.

La señora Montelongo González (Desde su escaño): ...(Sin micrófono.)

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias.

Señor consejero. Señor consejero, solo a los efectos planteados por la señora diputada en relación con lo expresado, tiene usted la palabra.

Tiene usted la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad (González Ortiz) (Desde su escaño): Gracias.

Solo a dos efectos.

Sobre la excitación, señora Montelongo, lo cual es una absoluta inexactitud, tenga usted por seguro que no me excito en eso en absoluto.

Y, segundo, señora Montelongo, sobre la falsedad, y la falsedad es que cuando uno asume una decisión, en ese momento la asume y es una decisión colegiada del Consejo de Gobierno, no es cierto eso que usted dice, que se apartan. No es cierto en absoluto. Repito: ya le dije antes, pregunte a sus compañeros.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.

(Rumores en la sala.)

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