Diario de Sesiones 99/2013, de fecha 13/11/2013 - Punto 7

· 8L/PNL-0293 Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo.

El señor presidente: Siguiente proposición no de ley, 293, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre -aquí hay que hacer una matización- sobre las condiciones para el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo. ¿No es así?, Porque ponía aquí para el registro, pero es sobre las condiciones para el registro. ¿De acuerdo? Usted lo explica mejor, doña Rosa Pulido. No hay enmiendas; por lo tanto, se debate.

La señora Pulido Rodríguez: Bueno, en realidad lo que traemos es una proposición no de ley, no acorde a lo que especifica el título, sino una proposición no de ley que trata sobre la accesibilidad en los centros de formación, no solo en el primer apartado, que es a lo que se ha hecho referencia en el título.

Es muy preocupante que en todos los informes realizados se concluya que las personas con discapacidad tienen una menor formación académica, que participan en menor medida en la vida social, económica y cultural, y que tienen unas mayores tasas de pobreza que el resto de la ciudadanía. Y todo ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen su acceso a las mismas... entre otras al empleo, a la educación, al transporte o a la información. Por tanto, su integración social y laboral es un aspecto que se debe mejorar desde las administraciones públicas, puesto que los poderes públicos tienen la obligación de establecer los mecanismos para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a participar plenamente en la sociedad en la que viven, tanto en la económica, política, cultural y de ocio, y también a desarrollar una actividad en las mismas condiciones de igualdad que el resto de la ciudadanía.

Y en el caso del Gobierno de Canarias, estas políticas para mejorar la integración social de las personas con discapacidad no dependen exclusivamente de un solo departamento, sino que son transversales y afectan a distintas consejerías, entre ellas -y las más relevantes-, pues, están las de Asuntos Sociales, Educación, Empleo y, como no puede ser de otro modo, la de Economía y Hacienda. Y ello es así porque para conseguir la integración social de las personas con discapacidad, es, sin lugar a dudas, fundamental el acceso al empleo -yo diría que igual que todas las personas-, y el acceso al empleo viene condicionado por el acceso a la información. Pero esto sí que ya atañe solamente a las personas con discapacidad, y es que en la formación de las personas con discapacidad es un factor relevante la accesibilidad, puesto que si no se les garantiza que puedan acceder en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía a los centros de formación, se está poniendo una traba infranqueable de acceso al trabajo.

Por todos es conocido que en la sociedad actual, con unas altas tasas de paro, tendrán mayores oportunidades de conseguir empleo las personas mejor preparadas, las más cualificadas, por lo que para mejorar el empleo de las personas con discapacidad es imprescindible mejorar la formación. La formación, por tanto, juega un papel clave a la hora de facilitar la integración social, evitando el aislamiento, ofreciéndoles condiciones y herramientas para mejorar la calidad de vida y su vida en sociedad, pero, sobre todo, conocimientos y herramientas que las ayuden a encontrar un trabajo y acceder a un empleo normalizado. Y quiero subrayar empleo normalizado, porque de lo que se trata es de que las personas con discapacidad puedan acceder, al igual que el resto de la ciudadanía, al empleo en las empresas o en las administraciones públicas, y no en los centros ocupacionales específicos, porque esto no es lo que permite la integración en la sociedad.

Es este, el trabajo y la integración en las empresas, el trabajo normalizado, lo que les da la independencia, y su participación plena y efectiva en la sociedad, y para ello se necesita mayor implicación de las administraciones públicas, mayor concienciación de la sociedad, y también mayor colaboración de los centros y entidades de formación profesional para el empleo, que, en muchos de los casos, siguen sin estar adaptados, al no cumplir la normativa sobre accesibilidad universal y eliminación de las barreras físicas y de la comunicación.

Por ello, en esta PNL instamos al Gobierno de Canarias a que se lleven a cabo, por un lado, dos modificaciones legislativas: una modificación en el Decreto del 17 de mayo del 2011, por el que se regula la inscripción en centros y entidades de formación profesional para el empleo, estableciendo como un requisito para ser admitidas estas empresas en el registro, y, por tanto, para poder impartir los cursos de formación subvencionados por el Servicio Canario de Empleo, que cumplan con la normativa vigente en materia de accesibilidad y supresión de barreras, pues es lamentable que en el artículo 5 de esta ley, que regula los requisitos obligatorios para la inclusión en el registro, se contemple, entre otros, el reunir las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad, de seguridad y protección de riesgos laborales, según la legislación vigente, así como -y esto ya me parece hasta de chiste- se regula que se... que se... se exija la climatización que permita mantener una temperatura adecuada y constante, y no se exija con la misma exigencia de obligatoriedad que se cumpla con lo recogido en la legislación sobre accesibilidad; o que se exija el tener aseos y servicios higiénico-sanitarios para hombres y mujeres, pero nada se diga de que a esos aseos puedan acceder las personas con discapacidad.

Creo que antes que regular, antes que regular los requisitos que mejoren las condiciones dentro de las aulas, dentro de estos centros de formación, tenemos primero que regular que todas las personas, en condiciones de igualdad, puedan acceder a los centros, y, luego, ya mejoramos las condiciones dentro de los centros.

También instamos a que se modifique la orden, de 5 de octubre de 1998, de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por la que se regula el otorgamiento del símbolo internacional de la accesibilidad, de tal forma que en los espacios edificatorios de concurrencia o uso público en los que se imparten cursos de formación de cualquier modalidad o disciplina, para que se les conceda el símbolo, sea requisito obligatorio contar con equipamientos adaptados para cualquier tipo de discapacidad.

Nosotros, en la PNL, solicitamos que tengan disponibles este tipo de equipamientos para el 10 % del total del alumnado por curso; es decir, la media de los cursos sabemos que suele ser de unas veinte personas, pues, para un curso de veinte personas con este 10 %, saldría que tendrían que tener dos equipos adaptados, dos equipos preparados para todo tipo de discapacidad.

Y, por último, también pedimos al Gobierno, instamos al Gobierno de Canarias a que se habiliten los recursos necesarios para que todos los centros formativos cuyas obras de reforma, ampliación o mejora dependan del Gobierno de Canarias, para que se cumplan los requisitos que establece la normativa vigente en materia de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación, garantizando su utilización autónoma y con comodidad por las personas con movilidad o comunicación... en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, en este caso, que el resto del alumnado.

Sabemos que en este aspecto se ha avanzado mucho en las últimas décadas. A mí no me gusta hacer referencia a mi persona, pero, en este caso, todos sabemos que yo tengo una discapacidad. Si yo hubiese nacido, si yo... si el problema que a mí me produjo la discapacidad me hubiese dejado en una silla de ruedas, yo no podría haber estudiado porque hace treinta años ningún centro o ningún centro que estuviera al alcance de las familias con menos recursos era accesible, ni la universidad, al llegar a la universidad, yo daba clase en la torre de Químicas, con escaleras; por tanto, creo que hay que reconocer el avance que se ha producido al respecto, pero a la vez hay que reconocer que aún queda mucho por hacer. Y, por eso, es por lo que instamos a que se siga caminando en esta vía en la que se ha avanzado, para que en un futuro muy próximo ya podamos decir... o no tengamos que estar en una tribuna como esta hablando de este tema. Y, por ello, lamentamos la supresión del convenio de infraestructuras educativas por parte del Gobierno del Estado, porque este convenio estaba permitiendo un gran avance en Canarias con respecto a las mejoras de los centros de formación que dependen del Gobierno de Canarias.

El señor presidente: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, doña Rosa Pulido.

Fijación de posiciones, Grupo Parlamentario Mixto, ¿va a intervenir?, muy bien, doña Carmen Hernández.

La señora Hernández Jorge: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores diputados.

Quisiera iniciar mi intervención valorando muy positivamente la iniciativa de la señora diputada. Me parece un tema relevante garantizar el desarrollo de una vida plena, en condiciones de igualdad, a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Me parece que es un objetivo en el que debiéramos estar siempre centrados porque todavía queda mucho camino por recorrer.

Hablamos hoy de una proposición no de ley que plantea favorecer o garantizar esas condiciones de accesibilidad a los centros de formación profesional para el empleo, es decir, centros donde se desarrolla algún tipo de actividad formativa dirigida a las personas desempleadas o a las personas con empleo para mejorar su formación, para desarrollar la formación continua.

Pero voy a empezar por donde usted ha acabado. La realidad hoy en Canarias es que muchísimos centros de Infantil y Primaria e institutos de Secundaria todavía hoy no cumplen los requisitos de accesibilidad; de hecho, en Canarias existen centros de atención preferente donde se concentran las personas que presentan algún tipo de discapacidad motórica o auditiva porque ahí en esos centros se les garantiza esa accesibilidad. Esto para nosotros es un mal menor, lo ideal sería que un chico o chica, un niño o niña, que tuviese alguna discapacidad, pudiera ir como cualquier otro niño al centro que le toca por cercanía, y no que tenga que ir a un centro determinado porque es el único donde se garantiza el acceso en condiciones de igualdad.

Los centros a los que hace referencia la proposición no de ley, los centros de formación para el empleo, como todos sabemos, son centros que tienen como objetivo favorecer la formación a lo largo de la vida a los trabajadores desempleados y a los ocupados, mejorando su capacidad, su capacitación profesional y su desarrollo personal. Proporcionan, además, a estos trabajadores los conocimientos y las prácticas adecuadas a las competencias profesionales requeridas en el mercado de trabajo, un mercado de trabajo, además, cambiante; contribuyen estos centros, por tanto, a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas y, en definitiva, mejoran la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de aquellas personas que tienen algunas dificultades de inserción laboral. Y, evidentemente, cuando hablamos de las personas con alguna discapacidad, pues, sabemos que son colectivos que tienen una dificultad extra a la hora de insertarse laboralmente.

Por tanto, compartimos plenamente el objetivo de la proposición no de ley, ese reconocimiento al derecho que tienen las personas con alguna discapacidad a participar de manera plena y efectiva en la vida, un derecho que, por cierto, le reconoce la legislación internacional, y en ese sentido la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada en el 2006 por las Naciones Unidas, lo deja claro, y donde, además, España, y por tanto Canarias, se ha sumado, que ese derecho pleno de integración social de normalización supone también el derecho a acceder al mundo laboral, y para acceder de verdad al mundo laboral es necesario estar formado. Por tanto, compartimos las cuatro propuestas de resolución, no tenemos nada que alegar, la modificación del decreto que regula el registro de centros para instar a que cambien o a que adapten las infraestructuras para garantizar el acceso nos parece bien, además de esos dos años para evitar que haya que frenar esa formación, darle dos años a los centros para que se adapten y para que supriman los obstáculos.

Pero, por supuesto, para que esto sea real tendrá que haber algún apoyo de las administraciones públicas, apoyos económicos, y, en ese sentido, va la tercera propuesta de resolución, y, sobre todo, que no vaya a ser esto un freno en la habilitación del registro de centros, sino, todo lo contrario, que sea un impulso a que cumplan con los requisitos de accesibilidad y que se mejoren las infraestructuras.

Reiterar las felicitaciones, el agradecimiento -creo en nombre de todos- por una propuesta que nos parece necesaria en estos momentos.

Gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Carmen Hernández.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña Rosa Guadalupe Jerez.

La señora Jerez Padilla (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías.

El Partido Socialista va a votar a favor de esta proposición no de ley porque estamos totalmente de acuerdo tanto con la justificación de la misma como con lo que se propone en ella. Y, sobre todo, valoramos positivamente la misma.

Tenemos que tener en cuenta, señorías, que la cultura actual entre los agentes públicos y privados, que cuentan con miles de establecimientos o edificios tanto públicos como privados, así como vehículos de transporte público, máquinas que requieren manipulación por los usuarios con discapacidad, dispositivos para el uso de espacios educativos, de ocio o culturales, elementos de señalización, puestos de trabajo, etcétera, etcétera, aún todavía resulta claramente insuficiente. Aunque hay que decir que Canarias, la comunidad nuestra, ha caminado para eliminar todas estas barreras, pues, con leyes, y ha puesto lo necesario; sin embargo, creemos que aún no es suficiente, aún hay que avanzar más. Por eso estamos de acuerdo totalmente con esta proposición no de ley.

Decir que en el campo de la formación, señorías, nos encontramos, como decía la portavoz del Grupo Mixto, por ejemplo con los jardines de infancia, los colegios, los institutos, las facultades, las academias, las autoescuelas, algunos centros incluso de trabajo, etcétera, que son centros de formación donde habitualmente se desarrolla, y todos lo sabemos, pues, un proceso formativo reglado y, a veces, también no reglado. Y la importancia de estos centros como infraestructuras básicas para el sistema educativo oficial y extraoficial es tal que su diseño debe garantizar que todas las personas puedan formar parte de ese proceso de transmisión y adquisición de conocimiento. Y muchos, desgraciadamente, muchos centros en Canarias, tanto públicos como privados, pues no tienen los requisitos para albergar a estas personas con discapacidad, con alguna deficiencia.

La mayoría de las personas con discapacidad, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística o el Instituto Nacional de Empleo, pues, tienen un nivel de formación bajo, lo cual puede ser debido en gran parte a las dificultades que estas personas tienen para el acceso a los edificios, incluso al transporte, incluso a la información, como usted bien decía, o incluso al conocimiento a través del sistema educativo normalizado.

Señoría, la verdad que el ruido de la Cámara, ante una iniciativa tan importante como esta, es desagradable. Es desagradable porque muchas personas con discapacidad, que no pueden asistir a un centro de formación, ahora mismo nos están mirando en sus casas, y no le estamos dando la importancia que realmente tiene a esta iniciativa.

Señora del Grupo de Coalición Canaria: la felicito. La felicito porque hay muchas personas con una minusvalía que nos están mirando por la televisión, porque es su único medio de acceso a la sociedad; la felicito porque esta es una iniciativa que puede acercar a muchas personas hacia los centros de formación, hacia la educación, hacia la cultura, hacia todo.

Decir, para terminar, que tenemos que tener en cuenta, que el mundo tiene que entender, que la accesibilidad es una acción de mejora de la calidad de vida para todos los ciudadanos, que beneficia a todos y que tiene que estar en la agenda de cualquier gobierno, tanto nacional, como autonómico, de cabildos, o de ayuntamientos. Tiene que estar en todas las agendas porque tenemos que dar respuesta a todos los ciudadanos en general.

Por lo tanto, señorías, apoyamos con rotundidad esta proposición no de ley porque va a beneficiar a muchos canarios, a muchos canarios, que tienen una deficiencia y que actualmente están esperando por este tipo de iniciativas para poder caminar en el mundo en el que están, pues, al que tienen derecho igual que el resto de los ciudadanos.

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Guadalupe.

Grupo Parlamentario Popular, doña Milagros Bethencourt.

La señora Bethencourt Aguilar: Muchas gracias, señor presidente. Señorías. Buenas tardes.

El Grupo Parlamentario Popular apoya cualquier iniciativa que se presente a favor de mejorar la atención a las personas con discapacidad. Vaya por delante, por tanto, nuestro voto a favor de esta proposición no de ley del Grupo de Coalición Canaria, que persigue un ajuste normativo en un decreto territorial en beneficio de un colectivo que cuenta con el apoyo incondicional del Grupo Parlamentario Popular.

Dicho esto, sí que nos sorprende esta proposición no de ley, porque viene a enmendar un decreto que se aprobó apenas hace dos años, siendo consejera de Empleo la señora Julios Reyes y presidente del Gobierno don Paulino Rivero.

Estas carencias demuestran que hay que ahondar en lo establecido en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, del año 2006, que incide en la necesidad de sensibilizar a la sociedad para que tome mayor conciencia respecto a las personas con discapacidad, y fomentar el respeto a los derechos y la dignidad de estas personas.

Aquí está claro, señorías, señores del Gobierno -ausentes la mayoría-, que los primeros que deben cumplir estos mandatos deben ser las administraciones públicas.

Coalición Canaria, por tanto, está enmendando la plana a sus propias disposiciones generales en lo que podríamos llamar "una iniciativa a la carta".

El empleo, efectivamente, dignifica a todas las personas. Es un elemento esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y la participación plena de los ciudadanos en la vida económica, social y cultural, así como el desarrollo personal.

No está de más recordar un aspecto que es parte del ideario del Partido Popular y que el Gobierno de Canarias ha asumido como propio: la mejor política social es el empleo. De hecho, los objetivos en materia de empleo y discapacidad que el ministerio se ha marcado pasan por favorecer la incorporación en el sistema ordinario de trabajo, y si no es posible, hacer su incorporación al sistema productivo mediante la fórmula especial de trabajo protegido. Para ello contamos con acciones positivas, como la reserva de puesto, subvenciones por contratación, bonificaciones en la Seguridad Social, etcétera, etcétera. Y hablando de este extremo, a efectos de políticas de empleo, la normativa estatal, y también la normativa autonómica, reserva un cupo de empleo para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

Y, miren, ¿quién es el responsable de que más de 35.000 canarios estén pendientes de que se les reconozca su grado de discapacidad? ¿Qué institución pública les está vetando el acceso a servicios y, muy especialmente, a un puesto de trabajo, porque los expedientes que reconocen este grado de discapacidad duermen el sueño de los justos en los despachos? Esa responsabilidad, y lo sabe usted muy bien, señora Pulido, proponente de esta iniciativa, corresponde al Gobierno de Canarias.

Está muy bien que modifiquemos la normativa, y vamos a apoyar que así se haga, pero permitan, señorías de Coalición Canaria y del Partido Socialista, que recordemos que la Consejería de Políticas Sociales gasta 95 millones en personal y funcionamiento, y tiene a 35.185 canarios esperando y desesperando por un reconocimiento de discapacidad. Primero, porque es de justicia y, segundo, porque no hacerlo es vetarle el acceso a un empleo o a un catálogo de servicios y prestaciones; acceso a viviendas de protección social; acceso a transporte público abaratado; acceso a cupos de empleo protegido; por no hablar de las pensiones no contributivas.

Por lo tanto, señorías, insistimos, sí a la proposición no de ley. El colectivo de personas con discapacidad de Canarias merece que se modifique este decreto y la orden departamental reseñada, pero también tiene que constar en el Diario de Sesiones, una vez más, que el Gobierno regional, el Gobierno de Canarias, no les está atendiendo con diligencia.

Muchas gracias.

El señor presidente: Muchas gracias, doña Milagros Bethencourt.

(El señor presidente hace sonar el timbre de llamada a votación.) (Pausa.)

Bien, señorías, vamos a votar la proposición no de ley número 293, del Grupo Nacionalista Canario, bueno, como dice aquí, sobre el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo, que no tiene enmiendas. Comienza la votación. (Pausa.)

Resultado: 47 presentes; 47 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

Queda aprobada.

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