Diario de Sesiones 99/2013, de fecha 13/11/2013 - Punto 8

· 8L/PNL-0296 Proposición no de ley, de los Grupos Parlamentarios Socialista Canario y Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre el personal de dirección de los centros y establecimientos sanitarios.

El señor presidente: Vamos con la última proposición no de ley, proposición no de ley, de los Grupos Socialista Canario y Nacionalista Canario, sobre el personal de dirección de los centros y establecimientos sanitarios.

¿Quién interviene? Don Ignacio Álvaro.

(Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández.)

El señor Álvaro Lavandera: Buenas tardes, señorías, de nuevo.

Voy a procurar ser breve, no solo porque vamos a compartir el tiempo entre los Grupos Nacionalista y Socialista, sino porque este tema se debatió ya hace un mes, y yo tengo la absoluta seguridad de que, dado el interés que mostraron todos, todos se habrán leído la proposición no de ley.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública identifica ocho principales problemas de ineficiencia del Sistema Nacional de Salud. Ellos identifican los siguientes: primero, la subfinanciación del sistema sanitario y la falta de asignación finalista de los fondos; el gasto farmacéutico excesivo; la sobreutilización tecnológica; la gestión politizada; la escasez de camas de media y larga estancia y de atención sociosanitaria; la marginación de la Atención Primaria de salud; la privatización progresiva de la provisión sanitaria; y la falta de planificación e integración de las actuaciones del Sistema Nacional de Salud.

Muchas de estas cuestiones se están intentando resolver con determinadas acciones: reclamando mayor financiación y mayor porcentaje del gasto del PIB en sanidad; en cuanto al gasto farmacéutico, pues, todos sabemos que se está trabajando en la receta electrónica, índices sintéticos de calidad en la prescripción, el principio activo...; la sobreutilización tecnológica, cada vez más se evalúan las tecnologías antes de incorporarlas al sistema sanitario; en cuanto a la gestión politizada, tal vez el término sea un poco fuerte, pero se refiere a la profesionalización de los directivos en el ámbito sanitario; en cuanto a la escasez de media y larga estancia y atención sociosanitaria, pues, el consumo de recursos de pacientes crónicos se intenta evitar que esté en los hospitales agudos; la marginación de la Atención Primaria, pues, se está abordando por la coordinación entre ambos ámbitos de atención, en especial en los propios, por ejemplo, programas de gestión convenida del Servicio Canario de la Salud, pues, se establecen diferentes criterios de coordinación entre Primaria y Especializada; la privatización progresiva de la provisión sanitaria, un aspecto que sobre todo se da en algunas comunidades donde gobierna el Partido Popular y que no hay evidencia científica de que sea mejor, más eficaz y más eficiente que la pública; y la falta de planificación e integración de las actuaciones del Sistema Nacional de Salud, que... bueno, en los últimos años han salido diferentes normativas para intentar mejorar esa coordinación.

Como ya saben, la proposición no de ley lo que viene es a abordar uno de estos problemas, que es la profesionalización de la figura de los directivos de los centros sanitarios, desarrollando, además, lo ya previsto en la Ley Orgánica de las Profesiones Sanitarias, estableciendo procedimientos para la selección, nombramiento o contratación del personal de dirección de dicho centro, encargando, además, para este proceso, un informe a un comité de expertos; y, además, también, que, desde luego, la formación sea impulsada en el ámbito de Canarias, para que haya oportunidad para los canarios para acceder a ese puesto, porque, en definitiva, lo que se va a valorar es la experiencia y la formación y criterios absolutamente objetivos.

Yo creo que no hay mucho más que decir, salvo que sí me gustaría hacer constar que este es un tema que a todos nos preocupa; abrió el debate el Partido Popular... sinceramente, creemos que debería haber el consenso necesario y suficiente para que esto, si se aprueba, se desarrolle en un futuro gobierno o en un futuro cambio de colores en el arco parlamentario, no vaya modificándose de nuevo y volvamos a tiempos pasados; y, en definitiva, que todos vayamos avanzando en algo en lo que creo que todos deberíamos apostar.

Ciertamente, hay ocasiones en que la falta, a lo mejor, de objetividad y de transparencia en el nombramiento de gerentes o directores gerentes ha supuesto problemas. Yo no quiero entrar, como el otro día, a sacar algunos ejemplos, porque me gustaría hacer un debate sosegado en búsqueda de ese consenso.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Grupo Nacionalista Canario, don José Luis Perestelo.

El señor Perestelo Rodríguez: Gracias, señor presidente. Señorías.

Brevemente, para compartir el criterio expuesto por el diputado Iñaki Lavandera, en relación con esta iniciativa, permítanme que agradezca el trabajo realizado por el diputado, sobre todo en lo que es la elaboración de esta iniciativa, y justo es reconocer el esfuerzo y la colaboración también del departamento del Gobierno, de la consejera Brígida Mendoza, y su actitud positiva ante la iniciativa que se planteaba. Sin ninguna duda, hay que reconocer también una iniciativa que surgió en un pleno anterior, a iniciativa del Grupo Popular, la señora Pulido planteó una iniciativa similar, compartíamos, y lo dijimos en aquel momento, la filosofía de la señora Pulido en cuanto al planteamiento del objetivo final de profesionalizar la gestión sanitaria, nos parece un objetivo importante, y creemos, porque hoy estoy seguro que vamos a conseguir el consenso de todas las fuerzas políticas, que va a marcar un antes y un después en lo que es la gestión sanitaria, y que, sin ninguna duda, va a contribuir a mejorar la eficiencia de los centros de salud, de los hospitales, y, en definitiva, va a mejorar la atención a la ciudadanía, que, en definitiva, es lo que nos preocupa a los diputados y diputadas.

Por lo tanto, ya digo, agradecer el trabajo de Iñaki Lavandera porque yo creo que ha plasmado el sentimiento del que habíamos hablado en los dos grupos parlamentarios, y, sobre todo, también agradecer y valorar la predisposición. No es fácil cuando uno tiene responsabilidades de gobierno entender que la profesionalización, la convocatoria objetiva de puestos, con valoraciones de capacidad, mérito, en definitiva, estar en consonancia con el artículo 7 del Estatuto Básico del Empleado Público no es fácil. Lo solemos decir, lo solemos hacer cuando tenemos responsabilidades en la oposición, pero no solemos hacerlo cuando tenemos responsabilidades de gobierno.

Por eso, más importancia, más trascendencia a esta iniciativa, porque existe ya la voluntad por parte del Gobierno de aceptar esta proposición no de ley, que estoy seguro, como decía antes, surgirá con el apoyo unánime de la Cámara.

En aquel pleno, hace dos plenos, decíamos que, compartiendo la filosofía de la proposición no de ley, entendíamos que las propuestas de resolución que planteaban no se adecuaban a conseguir el objetivo que planteaban, no estaban acordes con ese artículo 7 del Estatuto Básico del Empleado Público, y que no compartían los criterios de objetividad, y, sobre todo, de control y de fiscalización, que establece también el propio Estatuto del empleado público.

Por eso, señorías, les animamos a participar de esta iniciativa, les animamos a votar esta iniciativa, porque creemos, como decía antes, que puede marcar un antes y un después en lo que es la gestión sanitaria en Canarias, que está acorde con lo que se está diciendo en estos momentos por todos los responsables sanitarios. Recientemente el presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud se quejaba de la no existencia de continuidad en la función directiva, hablaba de los efectos perversos y la inestabilidad y provisionalidad que produce la libre designación en determinados puestos fundamentales, que evitan la continuidad de los programas, que evitan un... que producen cortes en muchos programas, que, en definitiva, van en detrimento de la eficiencia del sistema sanitario.

Señorías, nosotros tampoco vamos aquí a denostar el sistema de libre designación y lo que es el personal de confianza, que tiene que estar establecido, pero yo creo que no podemos confundir nunca, y lo decía en el pleno anterior, lo que es la confianza personal con la confianza profesional. Es importante que tomemos conciencia, y esto es lo que plantea esta iniciativa, de lo que es relevante, que es la formación profesional, la capacidad profesional, independientemente que es necesario trabajar las aptitudes, la confianza a nivel personal y, sobre todo, la disponibilidad a trabajar con el mejor servicio.

Como digo, podemos hacer referencia otra vez al Estatuto Básico, al propio artículo 13, o podemos establecer relación al capítulo VI del propio Estatuto Básico del Empleado Público. Como conozco que sus señorías conocen perfectamente el contenido, me ahorro, por la hora también, leerles lo que se recoge directamente en relación con este asunto en ese artículo 13 o en el capítulo VI, y, por lo tanto, pedimos el apoyo a esta iniciativa.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

A esta proposición no de ley se le ha presentado una enmienda, que ha sido admitida por la Mesa, del Grupo Parlamentario Popular.

Para la defensa de la misma, la señora Pulido tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

La señora Pulido García: Gracias, presidente.

Señorías, como ya debatíamos el 16 del pasado mes de octubre, a propuesta del Grupo Popular, desde hace más de veinticinco años viene siendo habitual la preocupación por la profesionalización de los gestores sanitarios y su papel en la gestión de las organizaciones sanitarias.

Todos los expertos en gestión sanitaria y algunos dirigentes políticos han expresado la necesidad de una profesionalización de la gestión sanitaria, y acabar así con la inestabilidad y provisionalidad creada por la libre designación por el gobierno de turno y la politización de los cargos directivos. Todos estamos de acuerdo en mejorar la gestión de la sanidad pública para alcanzar los mejores resultados posibles al menor coste, porque de eso se trata, señorías, sin eficiencia no hay sostenibilidad.

La estabilidad, legitimidad y autoridad que precisa la dirección de la sanidad pública requiere el cumplimiento estricto por parte de gerentes, directores médicos, directores de gestión y directores de enfermería de las leyes y las normas obligatorias para todos, de su lealtad a los valores del servicio público y el compromiso estricto de neutralidad política en el desempeño de sus funciones, independientemente, señorías, del color político del momento.

Esto ahora mismo es imposible, es imposible con el sistema de elección a dedo de esta y otras muchas comunidades autónomas, y todos los grupos políticos aquí representados. Así lo reconocimos en la proposición no de ley debatida sobre profesionalización de la gestión sanitaria pública canaria, a propuesta del Grupo Popular, que fue rechazada con los votos del Partido Socialista y del Partido Nacionalista, a pesar del intento de consenso de mi grupo, del Partido Popular.

La sanidad pública canaria debería dotarse de directivos cualificados, expertos en gestión sanitaria. Estos directivos deberían contar con una regulación específica para su selección, atribuciones, condiciones de empleo, cese, reconocimiento de trayectoria directiva, código de conducta y evaluación de resultados adaptada, por supuesto, a cada situación, y tomando como referente las prácticas que ya otras comunidades autónomas han iniciado.

Sabemos, señorías, todos lo sabemos, que el buen directivo es aquel que posee los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes pertinentes y que, además, logra resultados a través de sus colaboradores en condiciones de eficiencia, y se siente satisfecho y reconocido. Es evidente que no basta con que sean buenos técnicos, que lo han de ser, por supuesto, sino que también han de saber gobernar, gobernar, como ya les decía en la anterior proposición no de ley, en el sentido estricto del término: servir, diseñar, dirigir proyectos y programas, trabajar por presupuesto, usar el control económico-financiero o manejar indicadores asistenciales y económicos, evaluar políticas públicas, negociar, elegir socios y dirigir la comunicación. Y eso, señorías, no se puede conseguir sin formación.

La arbitrariedad en la designación de directivos perjudica su imagen. Están ausentes del prestigio y el reconocimiento profesional porque no tienen una formación y, a veces, incluso, son considerados equivocadamente cargos políticos por la manera en que se les designa. No podemos seguir permitiendo, señorías, la excesiva dependencia de los ciclos políticos, ni que la evaluación del trabajo no se haga en razón de los resultados, sino con criterios excesivamente subjetivos.

Respecto al punto uno de su proposición no de ley, no solo mi grupo no tiene ningún inconveniente, sino que lo compartimos plenamente, porque el Grupo Parlamentario Popular está a favor del desarrollo de las normativas.

Respecto al punto número dos, ya lo dije en otra ocasión sobre unas enmiendas que presentó el señor Lavandera, al cual hoy agradezco el cambio de actitud, ese tono conciliador, porque la verdad que en la anterior proposición no de ley no utilizó ese mismo tono, mi grupo parlamentario sinceramente... yo ya le he manifestado que me dan repelús los comités de expertos. Para seleccionar a los mejores profesionales no hace falta pedir informes, ni crear comités de expertos, ni elaborar normativas, hace falta seleccionar a los directivos a través de convocatorias públicas abiertas de concurrencia competitiva y resolución transparente del proceso de selección, como bien apunta usted, ustedes, señor Lavandera, señor Perestelo, en el apartado a) de su punto número dos.

Ustedes en el apartado b) de su punto número dos hablan de regular la función directiva con contratos y objetivos explícitos, cosa que en nuestra comunidad autónoma y en muchas otras está perfectamente recogido a través de los planes de gestión convenida, los PGC, que se firmaban cada año, antiguamente, y ahora se están firmando cada dos años entre el gerente, el director o directora del Servicio Canario de la Salud y el director de área. Por lo tanto, se supone que ya existe una evaluación periódica de los resultados, que hasta ahora realmente se ha regulado simplemente en el cobro de los incentivos, pero que está descrita en la normativa del plan de gestión convenida: los equipos directivos de los hospitales que no cumplan con los objetivos recogidos en el plan de gestión convenida, pues, deberían ser cesados porque incumplen el contrato de gestión que han firmado con la consejería. Por lo tanto, no hacen falta más órganos de gobierno, no hacen falta comités de expertos, no hacen falta más normativas, ni gestores, ni órganos de gobierno ante los que rindan cuenta los gestores. Lo que hace falta es que se cumpla la norma que tiene la comunidad autónoma. Mire, el PGC establece todo este contrato de servicios, como ustedes bien saben.

El reto es conseguir que la profesionalización de la gestión sanitaria, a través de la adquisición de conocimientos en gestión económica y financiera, en herramientas de gestión y en mejora de las habilidades de comunicación. La formación a recibir debe ir basada en la adquisición de conocimientos técnicos, habilidades directivas y actitudes que sustenten en habilidades sociales tolerancia y flexibilidad, también en competencias tales como liderazgo, trabajo en equipo, integridad, ética, comunicación, dirección y desarrollo de personas, orientación a resultados y, cómo no, a los pacientes. También se precisa experiencia y, en este sentido, es necesario establecer tramos de experiencia en razón de la complejidad de las instituciones sanitarias.

A mi grupo le parece bien que se fomente la oferta formativa a través de la ESSSCAN, de las universidades canarias y de cualquier entidad, como bien le he manifestado, señor Lavandera, que cumpla con las garantías y el programa curricular que las sociedades de expertos tienen ya establecido, y, por eso, nuestra enmienda número 3.

Respecto a la acreditación académica, debería ser obtenida en aquellas instituciones, escuelas de negocios, universidades, entidades, en cualquier entidad, pero debidamente acreditada para realizar cursos que puedan homogeneizarse. Se deben fomentar programas básicos de formación en gestión sanitaria que se apoyen en los actualmente reconocidos por los expertos, que ya los hay, el señor Perestelo nombraba un organismo -SEDISA- la Sociedad Española de Directivos Sanitarios; y que hayan sido esos programas avalados y acreditados.

Se trata no solo de avanzar en el establecimiento de los itinerarios curriculares de los directivos sanitarios, sino también en los criterios con que han de evaluarse, señor Lavandera.

Canarias, señorías, no puede quedarse atrás, y no podemos dejar en manos de inexpertos las empresas más complejas y más grandes de nuestra sociedad. Mi grupo cree en el sistema sanitario público, en un sistema sanitario público de calidad y complementario a la medicina privada, por supuesto. Y el peor servicio que podíamos hacer a la sanidad pública es dejarla falta de gestión.

La sanidad es de todos y, por tanto, tenemos la obligación de cuidarla porque la pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Aquí no se trata de ideología, señorías, sino de obligación de los representantes públicos por mejorar la gestión de los recursos de todos los ciudadanos.

Mire, hace un mes terminé mi exposición, en la proposición no de ley de mi grupo, con unas declaraciones del señor Rafael Bengoa, experto en sanidad, asesor ahora de Obama, y, en su momento, consejero del País Vasco, hoy la voy a terminar con las palabras de un socialista más cercano, me voy a permitir nombrar las palabras del anterior pleno suyas, señor Lavandera, textualmente: "desde una convicción de responsabilidad acepte las enmiendas, súmese a un consenso siempre deseable, y más en temas como este, de interés y trascendencia para la sanidad pública". Espero y deseo que esta sea su última opción, hoy es el Grupo Popular el que, por coherencia, le pide que acepte nuestras enmiendas, señor Lavandera.

Gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por los grupos proponentes de la proposición no de ley para fijar posición en relación a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, don Ignacio Álvaro Lavandera, por tiempo de cinco minutos tiene usted la palabra.

El señor Álvaro Lavandera: Bueno. Gracias, señor presidente.

Bueno, primero voy a intentar continuar con el tono sosegado, a ver si llegamos al consenso. Antes que nada, gracias por compararme con el señor Bengoa, es para mí todo un honor que me pueda comparar con ese, como usted lo denomina, experto, me gusta que lo haya nominado experto, me gusta que en su enmienda número 2 derive el que la oferta formativa tenga garantías de calidad establecidas por expertos, pero después parece que le vuelve a molestar que haya un comité de expertos en el otro lado, ¿no?

Entonces, como el consenso se habla que es una habilidad entre ceder entre unos y otros, y quedarse en el camino de en medio y ganar ambos, yo... por lo menos, hemos hablado el Grupo Socialista y el Grupo Nacionalista que aceptaríamos la segunda, en cuanto a que los expertos opinasen o acreditasen el sistema formativo, pero la primera no. Y le digo por qué.

Primero, porque los programas de gestión convenida, que, por cierto, no son planes de gestión convenida, son programas de gestión convenida, sería una cuestión que también debemos a acostumbrarnos a hablar directamente, pueden ser o no los documentos eficaces o precisos... lo suficiente para evaluar la función directiva. En los programas de gestión convenida se pactan los servicios centrales del Servicio Canario de Salud y la gestión que deben desarrollar los centros, pero la función directiva puede tener otro tipo de contrato de gestión, otro tipo de evaluación, que, evidentemente, tendrá que estar relacionada con el PGC, al igual que los objetivos de una unidad de gestión clínica o un servicio sanitario tienen que estar alineados con los objetivos del PGC, que, a su vez, están alineados con los objetivos del plan de salud. Alineados tienen que estar pero no tiene por qué ser ese documento.

Mire, le voy a hacer, a ver si así logramos evitar esa alergia repentina a los comités de expertos, le voy a citar algunos titulares de prensa, que tienen de fácil localización haciendo una búsqueda en internet.

11 de febrero del 2013: el grupo municipal del Partido Popular en Pontevedra considera que debe ser una comisión de expertos la encargada de fijar los lindes entre Pontevedra y Poio.

25 de febrero del 2013: el ministro Gallardón encarga a una comisión de expertos la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

16 de septiembre de 2013: las Cortes valencianas presentan el informe de la comisión de expertos sobre financiación autonómica.

12 de abril del 2013: el Consejo de Ministros acuerda constituir un comité de expertos a fin de emitir un informe sobre el desarrollo del factor de sostenibilidad del sistema de pensiones.

17 de noviembre del 2010: Arenas propone que una comisión de expertos haga un balance sobre el funcionamiento del Estado de las autonomías.

Mayo del 2013: el Consejo de Ministros acuerda la creación de una comisión de expertos para definir el nuevo marco legal del gobierno corporativo en las sociedades cotizadas.

2 de marzo del 2012: el Consejo de Ministros nombra una comisión de expertos para la nueva Ley de demarcación y planta.

24 de febrero del 2008: el PP propone la constitución de una comisión de expertos que estudie y revise el sistema electoral para su modificación.

3 de julio del 2013: Rajoy desafía a Aznar, el Gobierno convoca sus propios expertos para diseñar la reforma fiscal.

23 de septiembre del 2013: el Ayuntamiento de Málaga constituye el comité de expertos para asuntos tributarios. El Partido Popular, evidentemente.

29 de agosto del 2013: los músicos callejeros del centro de Madrid serán evaluados por un comité de expertos.

30 de noviembre de 2005: el vicepresidente del cabildo, Miguel Jorge Blanco, creará una comisión de expertos para estudiar el futuro del Dedo de Dios.

Yo, sinceramente, les digo -bueno, así salía, evidentemente, en la prensa (Ante gestos negativos del señor Jorge Blanco desde su escaño.)-, lo del comité de expertos no es una cuestión de devaluar ningún tipo de propuesta, ni de dilatar innecesariamente en el tiempo. No creo que ni usted, ni yo, ni ninguno de los que estamos sentados aquí tengamos la verdad absoluta para proponer una reglamentación de cómo debe ser esa normativa de selección. Si usted no acepta lo del comité de expertos, al final será la consejería la que saque un decreto, una orden. Y yo creo que el que la consejería tenga la herramienta de que sea un comité de expertos, de una forma técnica y objetiva, al igual que se pide para esa selección de directivos, no es nada deleznable. Por lo cual, ese punto no se lo aceptamos, pero el otro sí, para que vea que estamos buscando el consenso.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Para, razón, dígame a cuál objeto, señora Pulido.

La señora Pulido García (Desde su escaño): ...(Sin micrófono.)

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Pero, señora diputada... Señora diputada, no hay inexactitudes. Fija una posición en relación a una enmienda, y no hay turno en ese... Usted lo sabe.

Lo único que ha dicho es que es el Plan de Gestión Convenida, no son planes, sino que son programas. Por lo tanto, es una... simplemente es una corrección de error, y todos sabemos que son programas. Por lo tanto, señora diputada, lo siento mucho, pero no tiene la palabra.

Vamos a fijar la posición en relación a la proposición no de ley. Por el Grupo Parlamentario Mixto, en relación a la proposición no de ley admitida con la enmienda número 2, de supresión, por el cual se propone la sustitución, no es de supresión como dice, sino que es de sustitución, el punto tercero de la proposición no de ley, por la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Popular. Para fijar posición en relación a esa proposición, don Román Rodríguez, por tiempo de cinco minutos, tiene usted la palabra.

El señor Rodríguez Rodríguez (Desde su escaño): Señor presidente. Señorías.

Vamos a ver, yo he... estoy de acuerdo en la búsqueda de la profesionalidad, en la capacitación, el desempeño de la organización y la gestión de un servicio sanitario, de una organización sanitaria. Es un tema complejo, que necesita conocimientos específicos, habilidades y capacidades. De lo que estoy en contra, y hay un tufillo de eso en este debate, es que eso no sea de libre designación, porque entonces estamos en la siguiente tesitura. Solo faltaba, solo faltaba, que quien gana las elecciones democráticamente, quien tiene un programa que ha ganado democráticamente, no pueda designar a las personas capacitadas, y para eso hay que exigir una formación básica para el desempeño, decidir quien pone al frente del tema.

No es lo mismo ser jefe de Cirugía que gerente de un hospital. Eso no son cosas homologables. Es que si es así, yo estoy en contra, radicalmente en contra, porque el mejor de los partidismos es el que deciden los ciudadanos. Eso de que la técnica esté por encima de la política y por encima de la democracia, yo no lo comparto, lo combato.

De manera que lo que habría que hacer para desempeñar la gerencia de un hospital, por ejemplo, hablemos del Doctor Negrín, que tiene un presupuesto de 300 millones de euros, más que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria... El Doctor Negrín, o el Hospital Universitario, o el Hospital de la Candelaria, o el Materno Insular tienen más presupuesto que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y supongo, porque debe ser más pequeña, que la de Santa Cruz de Tenerife. Entonces digo yo... (Ante rumores en la sala.) Oiga, describo la demografía, ¿no? El planteamiento es: quien esté al frente del Hospital Universitario tiene que ser una persona capacitada, con formación específica, puede ser sanitario o no, pero tiene que tener habilidades, capacitación, formación contrastable y medible. Pero lo tiene que designar el poder político. Solo faltaba que el puerto de La Luz y de Las Palmas tocara en una oposición gestionarlo. Lo designan los poderes políticos y democráticos. Si eso está así de claro el otro día yo apoyé la iniciativa del Partido Popular, porque esencialmente reclamaba niveles de capacitación de formación profesional, mecanismos razonablemente controlados para seleccionarlos, y aquí también, esta propuesta de hoy tiene bastante de parecido a la del otro día; el otro día votamos a favor, y votaremos a favor de esta, pero dejando claro que la designación es del legítimo poder político y democrático. ¡Solo faltaba!, ¡solo faltaba!

De manera que, entendiendo que el comité de expertos lo que haría sería establecer una especie de normativa, porque, claro, los jefes de servicio, la normativa la tenemos. No se puede ser jefe de servicio de Neurocirugía si no eres neurocirujano. Eso es imposible. No, no, no se puede ser. Ahora, hoy se puede ser gerente de un hospital sin saber nada de hospitales. Y esto es lo que tenemos que evitar. Para desempeñar esa función, hay que tener una solvencia y una capacitación mínima. Pero decide el que gana las elecciones, ¡solo faltaba!, y puede remover los puestos de libre designación en función de las discrepancias que, en términos políticos también, se puedan decidir. Yo no voy a soportar un gerente que haga lo contrario al Gobierno que lo ha designado. Tiene que haber complicidades, capacitación y complicidad. Tiene que seguir la línea política. Y seguir la línea política no es un pecado. Se supone que quien establece la línea política es quien gana las elecciones, y algo tiene que ver con la democracia eso. De manera que, de acuerdo en la capacitación, de de acuerdo en las reglas, de acuerdo en la publicidad de este procedimiento de contratación, pero también absolutamente de acuerdo en que la designación es del gobierno de turno, o del jefe de servicio, o del consejero de turno. Si eso queda claro, el otro día y ahora nosotros estamos de acuerdo; si no fuera así, evidentemente, no estaríamos de acuerdo y cuando llegásemos al Gobierno cambiaríamos esa norma.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado. Todo se andará.

(El señor vicepresidente primero, Cruz Hernández, hace sonar el timbre de llamada a la votación.) (Pausa.)

Vamos, señorías, a votar la proposición no de ley...

(La señora Pulido García solicita intervenir.)

Doña Maite, dígame a qué efecto. Dígame.

La señora Pulido García (Desde su escaño): Señor presidente, como nosotros los comités de expertos no los queremos aquí ni en Honolulú, queríamos pedir votación por separado para poder apoyar parte de esta proposición no de ley, que nos parece interesante, pero que no vamos a admitir comités de expertos innecesarios, los hagan en Madrid, en Barcelona o en Honolulú.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias.

Señoría, como sabe, determinar si se vota por separado o en unidad de criterio queda en manos de los grupos proponentes.

¿Los grupos proponentes? ¿Don Ignacio?

El señor Álvaro Lavandera (Desde su escaño): Señor presidente, Gran Canaria queda más cerca que Honolulú, pero sí, sí lo aceptamos. Gracias.

El señor vicepresidente primero (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por lo tanto, votamos... ¿qué punto quiere votar por separado? ¿Los tres, o...? Los tres. Los tres por separado. De acuerdo.

Votamos en primer lugar la proposición no de ley... Bien. (Ante un comentario que se efectúa en la sala.) Votamos, por lo tanto, en primer lugar la proposición no de ley con el punto número 1 original, el punto número 3 conforme a la enmienda admitida, y después votamos el número 2.

Para esa primera votación... Comienza la votación. (Pausa.)

46 presentes.

Queda aprobado por unanimidad el punto 1 y 3 de la proposición no de ley.

Votamos a continuación el punto número 2 conforme al texto original de la proposición no de ley.

Comienza la votación (Pausa.)

48 presentes; 30 votos a favor, 18 votos en contra, ninguna abstención.

Queda aprobada, consiguientemente, por 30 votos a favor.

Habiendo terminado el orden del día, se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las diecisiete horas y cuarenta y dos minutos.)

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