Diario de Sesiones 108, de fecha 11/2/2014
Punto 16

8L/PO/P-1281 PREGUNTA DEL SEÑOR DIPUTADO DON FABIÁN ATAMÁN MARTÍN MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE INFORMES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO RESPECTO DEL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE VIVIENDA DE CANARIAS, DIRIGIDA A LA SEÑORA CONSEJERA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA.

El señor PRESIDENTE: Siguiente pregunta, del señor diputado don Fabián Atamán Martín Martín, del Grupo Parlamentario Mixto, dirigida a la señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

Don Fabián.

El señor MARTÍN MARTÍN (Desde su escaño): Muchas gracias, presidente.

Buenos días, señorías.

Señora consejera, ¿qué valoración hace el Gobierno de los informes desfavorables que la Dirección General de Planificación y Presupuesto ha emitido respecto del proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y de Medidas para Garantizar el Derecho a la Vivienda?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Fabián.

Doña Inés Rojas de León, señora consejera de Cultura.

La señora CONSEJERA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Rojas de León) (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

El Gobierno valora los informes técnicos, toma decisiones y fija su posición. Y ya decidido envía la modificación de la Ley canaria de Vivienda al Parlamento para su debate y posterior aprobación, de tal manera que lo hace, además, en base a criterios sociales y a criterios económicos reales.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Inés, señora consejera.

Don Fabián.

El señor MARTÍN MARTÍN (Desde su escaño): Señora consejera, pensaba que la formulación por tercera vez de la pregunta nos llevaría aunque sea a todos los diputados de esta Cámara a esclarecer una respuesta, pero la respuesta todavía no llega.

Tuvo entrada hace doce días en esta Cámara un dossier con todos los informes emitidos por diferentes centros directivos y direcciones generales referentes al proyecto de ley al que hacía alusión en mi pregunta. Son, en concreto, tres informes de fecha 4, 12 y 16 de septiembre, firmados por el director general de Planificación y Presupuestos de su Gobierno, que emiten un dictamen desfavorable al proyecto de ley. Una de las conclusiones más llamativas es la que, basándose en lo argumentado desde la Oficina Presupuestaria de su consejería y desde el Servicio de Gestión Económica del Instituto Canario de la Vivienda, admite que -y cito literalmente- "los efectos y las repercusiones de la norma proyectada no tienen cabida dentro del marco presupuestario de la comunidad en el periodo 2014-2016".

Con todo ello, señora consejera, se suscitan algunas dudas que espero sepa y tenga a bien responder. ¿Por qué no se acompañaron estos informes con la presentación del proyecto de ley el 8 de noviembre? ¿Cuál es el efecto de estos documentos en la aplicación futura de la ley, si es que llega? ¿Habrá que esperar al 2017 para que surtan efectos reales, en el caso de que prospere? Si el anteproyecto incorpora dos grandes objetivos, -estos son, fomentar la ocupación efectiva de las viviendas y evitar las dificultades sociales derivadas de los procedimientos de ejecución hipotecaria-, ¿tiene el Gobierno diseñado un plan alternativo antes de 2017 para lograrlo? A la vista de los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, que suspenden cautelarmente la aplicación de normas similares en Andalucía, ¿ha estudiado el Gobierno de Canarias la aplicación de otras medidas para conseguir los efectos que persigue?

Decía usted, señora consejera, en la respuesta de la diputada del Partido Socialista, que el Gobierno de Canarias ha fijado una posición, la de aplicar los créditos necesarios. A este respecto me gustaría, si es posible, que nos dijera a todos los diputados cuándo y de qué manera tiene previsto el Gobierno de Canarias aplicar esos más de 20 millones de euros que los propios servicios económicos y de gestión financiera de este Gobierno han cifrado para la aplicación total y con plenas garantías de este anteproyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Fabián.

Señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, doña Inés Rojas.

La señora CONSEJERA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Rojas de León) (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Sí, señor diputado. Vamos a ver, los informes, como usted bien dice, de la dirección general, se conocen, están en el Parlamento, y, efectivamente, dicen eso. El Gobierno, a pesar de que los informes digan eso, en una aclaración posterior sobre qué significaban le explicó lo que a continuación le digo.

Lo que prevé la ley es que, desde luego, se dé o se cree un registro de las viviendas que estamos diciendo que están en el mercado libre y que, desde luego, está cifrado en un millón, en 1,1 millones de euros, y que esto cuesta ese dinero porque se haría a través del registro de viviendas que ya tenemos en el Gobierno de Canarias y no hay necesidad de crear uno nuevo. Por lo tanto, ahí tenemos una salida absolutamente importante que nos permite llevar a cabo la ley.

La otra es que, además, se habla de la creación de un órgano inspector y sancionador de la propia ley, y que el Gobierno ha decidido que, en lugar de crear ese organismo nuevo con personal contratado externo o nuevo, lo que haríamos es reajustar con trabajadores de la propia comunidad autónoma. Por lo tanto, otra posibilidad para la ley.

Y lo que dice la memoria económica de esos 17 millones de euros lo dice basándose en un estudio del año 2012 sobre cuántos desahucios hubo en Canarias y cuánto supuso eso. Si el Gobierno pretendiese, con la modificación de esta ley, expropiar eso, pues, estaríamos hablando de unas cantidades importantes, como se habla, de 17 millones de euros. Pero no es el caso, señorías, primero que este dato sale de todas las expropiaciones, de locales, de fincas, de comercios, de viviendas de segunda residencia, y estamos hablando de que el Gobierno, primero, no va a desahuciar viviendas, va a desahuciar el uso por tres años y a familias en exclusión social; por lo tanto, no es una generalidad y, desde luego, no se puede estar hablando entonces de estas cantidades.

Por eso, esta es la situación de la que el Gobierno de Canarias está hoy en disposición. Además, están los créditos en el presupuesto del 14, y hubo una modificación de crédito en el 13 para precisamente el registro de viviendas, con lo cual hoy el Gobierno está en disposición de esta ley, que tiene y que establece una función social, como nunca, de la vivienda; está en disposición de poder...

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora consejera, doña Inés Rojas, muchas gracias.