Diario de Sesiones 109/2014, de fecha 12/2/2014
Punto 8

8L/PL-0014 DEBATE DE PRIMERA LECTURA. PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE EDUCADORES Y EDUCADORAS SOCIALES DE CANARIAS.

El señor PRESIDENTE: Último punto del orden del día. Debates en primera lectura. Proyecto de Ley de Creación del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias.

Para la presentación del proyecto de ley, el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.

(Pausa mientras se marcha el público de la tribuna).

Señorías, por favor, último asunto del orden del día. Les agradezco silencio, les agradezco que estemos atentos al orador para poder continuar.

Señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola): Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

El Gobierno de Canarias presenta hoy en este Parlamento el proyecto de Ley de Creación del Colegio Oficial de Educadores y Educadoras de Canarias. Este texto legislativo es el fruto de la solicitud cursada por las dos asociaciones de profesionales existentes en el ámbito de la comunidad autónoma que, formalmente, siguiendo el procedimiento previsto en la normativa que rige los colegios profesionales en España y en nuestra comunidad autónoma, solicitaron la constitución de un colegio profesional.

De llegar a constituirse este colegio oficial, Canarias sería la decimocuarta autonomía en contar con esta corporación de derecho público con personalidad jurídica para ordenar, regir y defender los intereses de este colectivo y de los profesionales libres, así como garantizar la calidad de los servicios que prestan a los usuarios. Se trata, por tanto, de atender la demanda concreta que los profesionales de la educación social en Canarias han trasladado al Gobierno y para la que llevan trabajando años, internamente, desde estas dos asociaciones.

La actividad en educación social es una profesión libre cuyo origen es relativamente reciente. Forma parte de las actividades profesionales que han ido surgiendo al albur del estado de bienestar y del desarrollo de los servicios públicos y privados de atención social. El campo principal en el que se desarrolla la actividad de los educadores sociales está vinculado a la educación no formal, atendiendo con gran parte de su acción a las necesidades educativas de colectivos en riesgo de exclusión social o para la educación de adultos que en su día no tuvieron la oportunidad de acceder a formación académica. En las últimas décadas ha sido un trabajo que vino desarrollándose por titulados de diversas carreras vinculadas a la pedagogía, la psicología, la enseñanza y la asistencia social, pero que se instaura como titulación propia desde el año 1991, en el que se crea la diplomatura de Educación Social. Esta titulación está incorporada a la oferta académica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde el curso académico 1998-1999.

Este colegio, que nacerá si el Parlamento tiene a bien aprobar este proyecto de ley, integrará tanto a quienes tengan el título universitario formal de educador o educadora social como a quienes con titulación académica o experiencia suficiente han ejercido la actividad de educador social. Concretamente, admite la integración el colegio oficial de aquellos profesionales que estén en posesión de la titulación universitaria de grado medio o superior y acrediten al menos tres años de experiencia en tareas propias de educación social durante los diez años anteriores a la presentación de su solicitud. También a aquellos profesionales que, sin titulación universitaria, acrediten diez años de experiencia como educador social en los quince años anteriores a la presentación de su solicitud.

El proyecto de ley refleja así una realidad consolidada respecto del desarrollo de las tareas propias de la educación social por parte de otros profesionales, que merece ser reconocida mediante su integración en el colegio profesional. Ahora bien, llega abierto al debate y a la decisión final de este Parlamento si finalmente se establece un periodo limitado de tiempo para la integración de los profesionales sin titulación universitaria en Educación Social, tal y como solicitan sus promotores y apoya el Consejo General de Colegios Profesionales, o si, por el contrario, queda sin limitación temporal esa integración habilitante para el ejercicio de la profesión por personas no tituladas en esta especialidad.

El proyecto de ley consta de un preámbulo, cuatro artículos en los que se crea y se determina el ámbito territorial del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias, así como la titulación académica y la experiencia profesional habilitante para la colegiación y el carácter voluntario de la misma. El texto se completa con una disposición adicional única en la que se establece la capacidad de obrar del colegio profesional cuando se constituyan sus órganos de gobierno; y una transitoria que dispone la actuación de la Asociación Canaria de Educación Social y Asociación Profesional de Educadores Sociales de Canarias como comisión gestora para la constitución del colegio.

El Gobierno de Canarias considera oportuna la creación del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias, que permitirá dotar a estos profesionales de una organización capaz de ordenar el ejercicio de dicha profesión, regulando su ordenación, representación y defensa.

Todo ello desde la perspectiva del interés público, entendiendo que este se ha de contemplar, por un lado, como al defensa de los intereses de los profesionales y en general en la mejora de sus condiciones profesionales, sociales y económicas; y, por otro lado, como la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios que prestan estos colegiados.

El Gobierno, señorías, por último, expresa su satisfacción por que hoy, por fin, se debata este proyecto de ley, y espera de la Cámara una tramitación diligente para que el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales en Canarias sea una realidad cuanto antes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muy bien.

El turno para los grupos parlamentarios.

Grupo Parlamentario Mixto.

Señorías, señores portavoces, no hemos hablado del tiempo, pero creo que con cinco minutos hay para todos los grupos. José Miguel, sí. Cinco minutos.

La señora HERNÁNDEZ JORGE: Gracias, señor presidente.

Efectivamente compartimos con el Gobierno que hablamos de un proyecto de ley necesario, usted la calificaba de oportuna la iniciativa y yo añadiría también necesaria.

Aunque muchos pudiéramos pensar que los colegios profesionales son organizaciones modernas, la realidad es que su existencia es tan antigua como la de las propias universidades; se remontan a la Edad Media, por lo que su origen va más allá del Estado constitucional y del moderno liberal. Que hayan sobrevivido hasta nuestros días desde esta época medieval está estrechamente relacionado -y este elemento me gustaría resaltarlo- con la necesidad de la vertebración social.

Europa, con el propósito de convertirse en una potencia económica, acordó seguir la Agenda de Lisboa para garantizar el liderazgo de los colegios a través del desarrollo del conocimiento, dando el protagonismo que tienen las profesiones en estos menesteres. Para sacar el máximo beneficio social de los profesionales surgen las modernas organizaciones colegiales, en consonancia sociedad de servicio y tutelares de los derechos fundamentales. Ya la Constitución española en su artículo 36 reconoce la existencia de estos colegios, exige su regulación y la de las profesiones tituladas mediante ley; y, además, impone que la estructura interna y el funcionamiento de los colegios sean democráticos.

La actividad de los colegios profesionales persigue, por tanto, la promoción de los legítimos intereses de los profesionales titulados que las componen y también busca esencialmente controlar la formación y la actividad de aquellos, para que la práctica de cada profesión colegiada responda a los parámetros deontológicos y de calidad exigidos por la sociedad a la que sirven.

Hay que destacar que esta iniciativa trae la formación de un colegio profesional en una actividad, en una profesión que yo destacaría por su importancia. Lo ha sido siempre, pero destacaría que, en los momentos que vivimos, los educadores sociales desarrollan una importantísima labor social. Debemos recordar que su actividad está basada en el trabajo, en la intervención y en la prevención en los sectores de la sociedad más vulnerables, como pueden ser las personas en riesgo de exclusión, las personas que viven en situaciones más duras, las personas en situación de dependencia; y hacen una importantísima labor complementaria a otros profesionales del ámbito social. Una labor muy importante, que se desarrolla en las instituciones, en los servicios sociales, y también una labor que yo destacaría, importantísima, en el ámbito educativo. Somos muchos los que defendemos que los centros educativos debieran tener entre los profesionales cualificados perfiles del ámbito social -y entre ellos estarían los educadores sociales-, por la importante labor que han hecho en algunas etapas, cuando existían en Canarias los centros de atención preferente, por la importante labor que pueden hacer en la prevención y en la intervención con los menores, en todo lo que tiene que ver con el absentismo escolar.

Por tanto, hablamos de un colegio que regularía una actividad profesional que para nosotros es relevante. La historia de la educación social como profesión reglada y reconocida académicamente, es bastante reciente -del año 91-, yo no voy a insistir en esos aspectos que recoge la propia ley en su preámbulo. Sí que me gustaría resaltar, por tanto, el interés que tiene para los profesionales su regulación, desde el punto de vista de la defensa; pero sobre todo la perspectiva que tiene esta iniciativa en relación con la defensa del interés público y, sobre todo, a la defensa y a la calidad de la atención que se le presta a los sectores de la población más vulnerables.

Por ello, vamos a aceptar el trámite de esta propuesta legislativa del Gobierno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, doña Carmen Hernández.

Por el Grupo Socialista Canario, doña Rosa Guadalupe Jerez Padilla.

La señora JEREZ PADILLA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes ya, señorías.

Antes de comenzar mi intervención, darles la bienvenida a esos educadores sociales que están hoy en sede parlamentaria. Porque esta es una ley que ha realizado un largo camino de reuniones, y que al final se ha traído aquí este proyecto de ley por parte del Gobierno de Canarias. Ha sido una ley que ha sido consensuada entre el Gobierno y los educadores sociales, como así ha manifestado ya el consejero en su intervención.

Para el Grupo Socialista, la creación del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias es de suma importancia, ya que permitirá dotar a estos profesionales de una organización capaz de ordenar el ejercicio de dicha profesión, regulando su ordenación, representación y defensa. Todo ello desde la perspectiva del interés público, entendiendo que este se ha de contemplar, por un lado, como la defensa de los intereses de los profesionales y en general en la mejora de sus condiciones profesionales, sociales y económicas; y, por otro lado, como la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados. Pero, además, es importante para el Partido Socialista porque esta es una ley que se suma a todas esas leyes autonómicas en las que se reconoce la importancia de la creación de los colegios profesionales de educadores sociales, y donde ya existen, hay comunidades, casi todas las comunidades tienen leyes de educadores sociales. Y es importante también para nosotros porque estos tienen un poder importante en la asignación de los destinos de las personas con las que trabajan, por lo que es necesario introducir los mecanismos de regulación de ese poder, y esta ley lo permite.

Cuando se crea, en su momento, el Plan General de Servicios Sociales de Canarias, donde se determina como específico de este sistema de protección los siguientes ámbitos de intervención: personas mayores, minusválidos, menores, familias exclusión social, juventud, mujer y atención a la drogodependencia; es en este momento cuando se comienza a desarrollar una labor, por parte de los educadores sociales de Canarias, fundamental en la intervención social y comunitaria. Educadores tanto al servicio de las administraciones públicas, en cabildos o ayuntamientos, como en diferentes asociaciones y ONG, que contribuyen al desarrollo profesional del educador social como puede ser, así a grandes rasgos, pues el Proyecto Hombre, la Asociación San Miguel de Drogodependencia o, por ejemplo, Cáritas de Gran Canaria y de Tenerife.

El proyecto de ley consta -ya lo dijo el señor consejero- de un preámbulo y de cuatro artículos en los que se crea y determina el ámbito territorial del Colegio Profesional de Educadores Sociales de Canarias, así como la titulación académica y la experiencia profesional habilitada para la colegiación y el carácter voluntario. Y el texto se complementa con una disposición adicional única que ya yo no voy a decir, porque ya lo dijo el señor consejero. Sin embargo, el texto -hay que decirlo, señoría- tiene algunas deficiencias, y creo, y así lo vamos a hacer en sede parlamentaria, que será mejorado en el proceso de enmiendas en aquellas cuestiones en las que el colectivo vio esas deficiencias y que trasladó a los distintos grupos parlamentarios.

Por lo tanto, yo creo que la ley va a salir una buena ley. Por tanto, señoría, en esta sociedad se necesitan profesionales como el educador social, que por sus competencias y formación específica pueden ayudar, prevenir y buscar soluciones en colaboración con los miembros, por ejemplo, de la comunidad educativa. Es, en definitiva, un profesional de la educación y a la vez un trabajador social, ya que engloba una estrategia especial que contribuye a la inserción en la comunidad. Es decir, facilita la articulación social e impide la marginación y la exclusión a través de un proceso de interacción social para apoyar al individuo y a los grupos de riesgo en cuestión, para que puedan desarrollar sus propios recursos en una comunidad cambiante. Pero, además, con el carácter de interventor que tienen estos profesionales se definen objetivos para el desarrollo de otras personas y de su vida. Por esta razón, señorías, la profesión se basa también en un conjunto de valores éticos que hay que tener en cuenta, y que son fundamentales para nuestra sociedad.

Por tanto, no me queda más que felicitar al señor consejero por implicarse con este colectivo y, desde luego, llevar a cabo una demanda de tantos años que lo que realmente se pretendía era mejorar la situación de los mismos, ¿no?, y sobre todo la coordinación que ha habido entre ambos, y esto es lo que da lugar a buenas leyes. Hay que hacer leyes, señor consejero, con los ciudadanos no a espaldas de los ciudadanos.

El señor PRESIDENTE: Un minuto doña Rosa, sí. Puede seguir.

La señora JEREZ PADILLA: Gracias, señor presidente.

Y felicitar también, como no es menos, a los educadores sociales, porque van a contar con un colegio profesional que va a aunar esfuerzos en defensa y protección de todos los canarios y canarias que los van a necesitar a ustedes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Rosa Guadalupe.

Por el Grupo Nacionalista Canario, doña Flora Marrero.

La señora MARRERO RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero dar la bienvenida, en primer lugar, a don Juan Trujillo Herrera, que es el presidente de la Asociación Profesional de Educadores Sociales de Canarias, de Santa Cruz de Tenerife: bienvenido, y sobre todo gracias por todas las aportaciones que nos ha hecho llegar. Y no está presente, pero quiero que conste en el Diario de Sesiones, a Juan Carlos Rojas, que es un lagunero, educador social -lo conozco desde hace muchísimo tiempo- y es una persona referente y que cree en este proyecto de ley de los colegios de educadores y ha sido -y educadoras- un verdadero impulsor.

Tengo los motivos, que hicieron llegar a mi grupo parlamentario de la Asociación Canaria de Educación Social, sobre la importancia de esta ley que ha impulsado el Gobierno de Canarias, que siempre ha conseguido apoyo. Y, entre los argumentos que señalan, los diplomados en Educación Social se han ido insertando profesional y laboralmente en todos los sectores de nuestra sociedad, donde la intervención del educador social se hace cada vez más necesaria y tiene un reconocimiento social e institucional evidente.

En el Libro Blanco Del Título De Grado en Pedagogía y Educación Social, lo definen como un agente del cambio social, un dinamizador de grupos sociales a través de estrategias educativas que ayudan a los sujetos a comprender su entorno social, político, económico, cultural y a integrarse adecuadamente. Y quiero destacar los colectivos a los que van destinados. Van destinados a las personas mayores -y yo quiero relacionarlo con el envejecimiento activo-; a la educación de adultos; a la marginación y la delincuencia; a los menores; a las personas con discapacidad física y psíquica; a los inmigrantes y refugiados; a la mediación social y familiar; a la acogida en adopción; a la mujer que sufre maltrato, y a mí me parece que estos colectivos son imprescindibles no solo por el trabajo y la función social que desempeñan, sino que van -y conozco muchísimos casos- un poquito más allá. Por ello necesitan el reconocimiento y un apoyo público y administrativo, que le permitan disponer de todos los recursos técnicos, materiales y legales, y que faciliten su función con la mayor eficacia. Ellos señalan que ser un trabajador especializado, por lo tanto, necesita de una preparación -como la tienen- continua y garantizada por la Administración, y unas condiciones laborales adecuadas para el desempeño de su especialidad.

Y hay un aspecto que hay que destacar: en estos momentos ellos no tienen un colegio profesional, pero han sido conscientes de la capacidad y de la importancia de autoorganizarse. Por ello, existe una asociación profesional de educadores en Gran Canaria y otra en Tenerife, y cabe destacar que este colegio profesional -que ya está creado en 13 de las 17 comunidades autónomas-, va a tener un ámbito archipielágico y a mí me parece que eso es importantísimo: no va a haber dos sedes de educadores.

En Canarias es importantísimo además que no existe, frente al resto del Estado, una entidad de derecho público que regule, proteja y vele por los usuarios en los procesos de la intervención socioeducativa y en las profesiones de la educación social, que, además, reconoce, la posibilidad, con la creación de este colegio, de integrar a los educadores sociales que en este momento tienen que colegiarse en otras comunidades autónomas, como ya sucede. Que, además, me parece que es importante el proceso que se va a establecer de la habilitación de la profesión en todos los ámbitos.

Es una ley sencilla, que tiene una gran trascendencia, y yo quiero destacar lo que es la organización del colectivo. Y dos aspectos que me parecen que son importantes. La propia memoria económico-financiera, que, cuando vemos el impacto económico externo, señala que no va a tener ningún tipo de impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración autonómica y, además, tampoco en el resto de las administraciones públicas. Y en lo que es la incidencia fiscal, señala que la creación del colegio profesional también carece de incidencia fiscal, igual que en los programas generales y sectoriales.

Y después, también -que me parece importantísimo-, el impacto por razón de género, que está recogido en este anteproyecto. Señala que, al atender a la universalidad de los que están en posesión del título de Educación Social, beneficia por igual a mujeres y hombres, siendo las oportunidades de aprovechamiento de esta norma por ambos equivalente. Por ello, la norma proyectada no supone impacto alguno por razón de género, ni se prevé que tenga consecuencias discriminatorias ni altere el principio de igualdad de oportunidades. ¿Y por qué quiero destacar esto? Porque yo creo que va a ser pues uno de los primeros colegios profesionales donde está garantizada la equidad de género.

Y quiero terminar con las enmiendas que nos han propuesto los educadores en la reunión que tuvimos en el mes de enero, y nosotros, dentro del encaje jurídico -y sabemos que hay algunas objeciones por parte del Consejo Consultivo de Canarias- vamos a hacer todo lo posible, es el compromiso que tenemos desde el Grupo Parlamentario Nacionalista, de poder recoger esta enmienda, y sabemos que tenemos -porque lo he hablado- el apoyo del señor consejero.

Felicidades al colectivo de educadores y educadoras sociales por el trabajo que han hecho y esperemos que salga adelante lo antes posible porque lo necesitan.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Flora Marrero.

Para concluir, el Grupo Parlamentario Popular. Doña Victoria Ponce.

La señora PONCE PÉREZ: Gracias, señor presidente.

Querría empezar mi intervención, como no podía ser de otra manera, saludando también al representante del colegio profesional que nos acompaña en el día de hoy.

Si hay una palabra que pueda definir todo el proceso que ha llevado para la aprobación de este proyecto de ley no es otra que "consenso". Este proceso, que lo han abanderado los profesionales del sector en las islas, ha contado desde un primer momento con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios.

La figura del educador social surge en España a finales de los años ochenta, pero es realmente en los años noventa cuando se consolida. En la actualidad, es una figura vital en nuestra sociedad por la relevante labor que desarrolla. El educador social, a través de acciones socioeducativas, trata de reconstruir los lazos sociales, la identidad social y acompañar en el proceso de socialización a personas de riesgo o en situación de exclusión social, pero lo hacen siempre sin despojarles de su capacidad de decidir por sí mismas.

Es justo reconocer que si esta iniciativa se debate hoy en esta Cámara es gracias al colectivo de profesionales; todo el mérito es de ellos. Ya era hora de que nuestras islas contasen con el colegio profesional de educadores sociales, pues somos de las pocas comunidades autónomas que no cuentan con uno.

En la memoria justificativa del anteproyecto se mencionan las comunidades autónomas que ya cuentan con un colegio profesional, pero no se mencionan todas. Tengo que corregirle, señor Spínola, porque en su intervención ha dicho usted una inexactitud, no es cierto que seamos la decimocuarta comunidad autónoma, porque hace solo dos semanas que Asturias ha aprobado también la creación de este colegio profesional y, por tanto, no somos la decimocuarta sino que seremos la quincuagésima. Hoy no podemos más que congratularnos... (Manifestaciones del señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Hernández Spínola, desde su escaño) -pequeño error, señor Spínola-. Hoy no podemos más que congratularnos por el debate de primera lectura de esta proposición de ley, tanto por los profesionales del sector como por los beneficiarios de sus servicios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, doña María Victoria (Pausa).

(El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Hernández Spínola, solicita intervenir.)

Sí. Señor consejero, don Francisco Hernández Spínola.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola) (Desde su escaño): No, no. Únicamente, señor presidente, con su permiso, para que no haya ningún tipo de inexactitud en el acta correspondiente de la sesión y en el Diario de Sesiones, que la diputada se ha referido a la quincuagésima, la número 50, creo que quería decir decimoquinta.

El señor PRESIDENTE: Decimoquinta.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola) (Desde su escaño): La decimoquinta, perfectamente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Yo así lo entendí también, muy bien.

Queda corregida la expresión, doña Victoria, queda corregida.

El proyecto, señorías, el proyecto de ley, al no tener enmiendas de devolución continúa su tramitación, ¿de acuerdo? No es necesaria la votación.

Señorías, muchas gracias, buenas tardes.

Se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las trece horas y cincuenta minutos.)