Diario de Sesiones 110, de fecha 25/2/2014
Punto 25

8L/C-1393 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC-CCN), SOBRE LA INICIATIVA DE LEY SOBRE MEDIDAS TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Entonces la siguiente, también del mismo grupo, sobre resultados de la reunión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico en Ciudad del Cabo.

(Pausa.)

El señor BARRAGÁN CABRERA (Desde su escaño): ... (Sin micrófono.)

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): No, esta es la siguiente a la que está pasada, es la que hablábamos antes de la estrategia inteligente, y la siguiente es la de la...

El señor BARRAGÁN CABRERA (Desde su escaño): ... (Sin micrófono.)

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): No, perdón.

Del Gobierno... Sí, sí, exactamente, trata sobre medidas tributarias, administrativas y sociales. Sí, señor Barragán, perdone.

El señor BARRAGÁN CABRERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor consejero.

El Gobierno, con la experiencia que tiene ahora mismo en esta legislatura, ya ha planteado en algún momento alguna, alguna ley de medidas especiales, de medidas tributarias, de medidas administrativas y de medidas sociales.

Estamos en el tercer año de la legislatura, y aquí, en sede parlamentaria, han surgido algunas dudas, algunas de ellas expuestas normalmente por el propio Gobierno, sobre dificultades y acciones que tiene que mejorar, que tiene que desarrollar, a la vista de cómo han venido funcionando en este caso los distintos textos legislativos.

El Gobierno ha anunciado que tiene previsto que entre en este Parlamento una ley de medidas tributarias, administrativas y sociales, y según la información publicada en la web, y por lo que sabemos del Consejo Económico y Social, que ahora me dirá también si efectivamente se está reuniendo o no el Consejo Económico y Social para sacar las leyes, y si no está el informe, qué es lo que ocurre, si sigue el trámite normal, pero lo cierto es que en la página web se anunciaba que el anteproyecto de ley de medidas tributarias y administrativas y sociales ya estaba en esa fase del procedimiento, y que, por lo tanto, calculando después los plazos en los que tendría que entrar en el Consejo Consultivo y llegar aquí estaríamos hablando, pues, aproximadamente en el mes de marzo, principios de abril, de ese texto en esta Cámara.

Lo que queríamos hoy, señor consejero, es que usted nos anticipara cuál es el criterio que está siguiendo el Gobierno, qué leyes o qué acciones desde el punto de vista de la mejora de los textos legislativos del Gobierno está planteando, qué es lo que quiere hacer, a qué áreas concretas quiere plantearlo, me refiero a si es política territorial, si es en su propia consejería, si son medidas de carácter social; qué es lo que el Gobierno está detectando que es posible mejorar en esta ley de medidas tributarias, administrativas y sociales.

Nosotros, como sabe, en algún debate parlamentario hemos instado a plantear alguna mejora, y yo le apunto ya una cuestión, esperando a lo que es la segunda intervención, que sabe que le hemos planteado al Gobierno en alguna ocasión, precisamente en los trámites legislativos, es decir, no sé si esto requiere un cambio en alguna legislación o simplemente lo puede hacer el Gobierno motu proprio. Pero nos preocupan los tiempos, los procedimientos internos, que, con carácter obligatorio, se ha impuesto el Gobierno para que una ley llegue definitivamente al Parlamento, todo ese proceso de control es posible mejorarlo por la vía de la ley, es posible que ustedes lo mejoren internamente y no haga falta que se incorpore a este anteproyecto de ley de medidas tributarias.

Y, después, por último, también quería saber si alguna de las cuestiones que planteamos en el texto de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el 2014 va a requerir algún ajuste en función de lo que allí articulamos.

Por ahora, nada más, y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Gracias, señor Barragán.

Señor consejero. Señor Ortiz, tiene la palabra.

El señor CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD (González Ortiz): Gracias, presidente. Señorías.

Buenas tardes a todos y a todas.

El pasado 19 de diciembre la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad presentó al Consejo de Gobierno el borrador del anteproyecto de Ley de medidas tributarias, administrativas y sociales, y fue remitido al Consejo Económico y Social, para que, en este caso, informe; asimismo ha sido remitido también a los cabildos insulares para que presenten las alegaciones que consideren oportunas. Ya se han vencido ambos plazos.

El proyecto de ley se articula como una serie de propuestas, muchas de ellas que modifican normas legales en vigor, otras nuevas, con el fin principalmente de adaptarlas a la realidad actual, y tal como decía usted, señor Barragán, ¿por qué ahora y por qué con una sola ley? Miren, pues, a lo largo de la legislatura, se han aprobado numerosas leyes, casi todas ellas para dar cumplida función a los diversos escenarios que se han ido dibujando mediante la crisis económica y social en la que estamos inmersos, con el fin de conseguir paliar las negativas consecuencias y los efectos en la ciudadanía, aquí hemos traído unas leyes que van en ese sentido, ¿no?, leyes que nos han, por lo tanto, permitido garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales, a pesar del continuo descenso en las aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado y el déficit de financiación que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias.

Ahora bien, después de casi tres años de la legislatura, la experiencia, por lo tanto, nos ha demostrado que hay cuestiones que pese a la voluntad de los legisladores en su momento, pues, no han funcionado en la realidad como se esperaba sobre el papel, y, por lo tanto, consideramos que son mejorables; por ejemplo, agilizar la regularización de las explotaciones ganaderas, ya que la vigente mecánica había generado un problema administrativo, o una modificación puntual de las cuantías de las sanciones a los transportistas para adecuarlos a la reciente normativa. Estos son dos ejemplos tan distintos entre sí que sirven, por lo tanto, para ilustrar la decisión del Gobierno de considerar que todas estas adaptaciones de amplias disposiciones legislativas debían ser acometidas en un texto unitario más que dispensadas en un importante número de leyes independientes y heterogéneas; cambios que afectan, principalmente, a materias de hacienda, agricultura y ganadería, transportes y política territorial, vivienda, asociaciones y juventud, políticas de igualdad, función pública y tasas y precios públicos.

Dicho esto, paso a relacionar someramente algunas de las medidas que en este momento están incluidas en el borrador del anteproyecto de ley, ya que se ahondará en ello cuando sea remitido al Parlamento para que sea tramitado por esta Cámara.

En primer lugar, se centralizan la contratación de los sistemas económicos financieros en la consejería competente en materia de Hacienda con el fin de lograr una mayor eficacia, una reducción de costes y una mejor coordinación. Se modifica la ley tributaria de la comunidad autónoma para reducir a una sola las tres juntas actuales de reclamaciones económico-administrativas que existen, reduciendo así el número de órganos y un alto cargo, e introduciéndose, por tanto, medidas para agilizar su funcionamiento. Se modifica la Ley de Hacienda Pública para dar encaje legal a los distintos fondos financieros que están en funcionamiento, con el fin de resolver el principal problema de financiación de nuestras empresas; se regula, por tanto, su funcionamiento, su sistema de control, que hasta venía haciéndose, anualmente, mediante la Ley de Presupuestos. Asimismo, se centralizan todos los pagos de los entes en la Dirección General del Tesoro como una medida de eficiencia, quiero decir, por ejemplo, al respecto que esta supresión de cuentas y centralización de pagos es una medida en la que llevamos trabajando varios años, que, por cierto, está en este momento adoptando la Administración General del Estado como una novedad. También se propone modificar la Ley de Estadística para mantener su carácter de independencia y centralizar en el Istac las funciones estadísticas, consiguiendo así una mayor especialización, eficiencia y reducción de costes. Con el objeto de agilizar los procesos de planificación, de distribución de los recursos humanos y rebajar las cargas burocráticas, se introducen diversas modificaciones en la Ley de Función Pública para permitir, entre otras cuestiones, una mayor agilidad en la tramitación de las relaciones de puestos de trabajo. Otra de las reformas previstas tiene que ver con la modificación de la actual Ley de la Hacienda Pública que se dirige a introducir una previsión especial en materia de compensación de deudas para atender a las peculiaridades que se usan en el ámbito de las prestaciones sociales, como la dependencia, por ejemplo. De este modo, lo que se pretende es que no se penalice a las familias que tuvieran que hacer alguna devolución de las cantidades recibidas.

Por último, se acometerán diversas modificaciones en varias figuras impositivas sobre las que la comunidad autónoma tiene capacidad legislativa. Una de ellas es introducir un nuevo régimen sancionador en el impuesto sobre las labores del tabaco. Además, y entre otras correcciones de carácter meramente técnico, están la adaptación a la codificación arancelaria actual y el impuesto sobre los combustibles, eso sí sin que ninguna de estas modificaciones suponga ningún tipo de incremento de impuestos.

Según se prevé también en la ley, hay un apartado destinado a las tasas reduciendo el importe de algunas de ellas y creando otras relacionadas, por ejemplo, con la apertura de las casas de apuestas, que no está prevista en estos momentos.

En materia de política territorial, el nuevo texto legislativo intenta eliminar controversias a la hora de interpretar algunas leyes que se generan del procedimiento administrativo, por lo tanto, que se prolongue en el tiempo en demasía o que se llegue, incluso, a los tribunales para resolver discrepancias e interpretación, como ejemplo, se añade un apartado 3 al texto refundido de las leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias para aclarar el contenido que han de tener los planes y normas de los espacios naturales, que tendrán el contenido propio de los planes de ordenación de los recursos naturales requerido por la legislación básica y ordenando así, de forma directa, o, en su caso, en desarrollo y complemento ya establecido en el Plan Insular de Ordenación, es una medida, señorías, acordada con los cabildos insulares y que viene a evitar las sucesivas sentencias que van produciendo o suspendiendo los planes de uso y gestión de los espacios naturales. El legislador en su momento entendió que los planes insulares de ordenación tenían suficiente contenido como para ser considerados planes de ordenación de los recursos naturales y a partir de los cuales hay que, por lo tanto, planificar el uso y la gestión de los espacios naturales, a través de los planes de gestión y uso de cada uno de ellos, pero no así los tribunales que consideran insuficiente el contenido de los planes insulares de ordenación, lo que ha llevado, por tanto, a tomar esta decisión legislativa; por ejemplo, está previsto que se resuelvan unas incertidumbres existentes, para las actuaciones excepcionales, para implantar en suelo rústico infraestructuras, equipamientos y dotaciones educativas y sanitarias de promoción pública. Como ya dije antes, en el ámbito, por ejemplo, de las sanciones de transportes hay una propuesta para modificar y atemperar la respuesta legal ante la grave situación que atraviesa el sector equiparando las sanciones a las que, bueno, se han regulado últimamente el conjunto de las comunidades autónomas, por ejemplo; unas sanciones que, por tanto, se propone que estén graduadas de acuerdo con la repercusión social del hecho infractor, la intencionalidad, la naturaleza de los perjuicios causados, la magnitud del beneficio ilícitamente obtenido y la reincidencia o habitualidad en la conducta infractora; y es que en algunas ocasiones, con la redacción actual de la norma, las sanciones eran tan grandes que las empresas no podían afrontarlas y se veían abocadas al cierre. Por este motivo entendemos que es preferible que se paguen las sanciones y las empresas puedan continuar con su actividad económica, pues en estos momentos de crisis no podemos permitirnos perder más tejido económico y productivo.

Otra demanda que se plantea y soluciona esta ley es agilizar la regularización de las explotaciones ganaderas, ya que, por ejemplo, la mecánica para la aplicación de la ley vigente establece en principio dos vías, en función de la antigüedad de las instalaciones y edificaciones, bien sean anteriores o posteriores al 15 de mayo de 1999. El texto que se trasladaba al Consejo Económico y Social indica, en lo que se refiere a la regularización y registro de explotaciones ganaderas, que podrán acceder a la legalización de las instalaciones anteriores a 1999 aquellas que no hayan incrementado en más de un 40 % su superficie.

Asimismo, por tanto, con este proyecto de ley el Gobierno continúa favoreciendo el asociacionismo, sobre todo el referido a la juventud, por lo que introduce una serie de modificaciones de la Ley Canaria de Juventud del año 2007 ante las dificultades y presupuestarias por las que atraviesa el conjunto de las administraciones públicas. Además, la Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres es puntualmente actualizada para agilizar el proceso de elaboración de las acciones necesarias para incorporar la perspectiva de género en todas las políticas y acciones que desarrolla la Administración autonómica.

Como comprobarán, señorías, el texto es la consecuencia lógica de la experiencia de los tres años que llevamos de legislatura, que ha puesto de manifiesto que este conjunto de modificaciones son necesarias y no pueden ser dilatadas mucho más en el tiempo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias, señor consejero.

Grupos no proponentes: desde el escaño, don Román.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Señor presidente. Señorías.

Pues nada que objetar hasta que no conozcamos la ley. Ha dicho algunas cosas que creo que son muy razonables. Se me han ocurrido algunas cosas que añadir a la ley, y ya lo veremos cuando llegue aquí, pero nada que objetar. Es decir, están ustedes preparando una norma, tiene sentido porque van a tocar ustedes seis o siete normas para adaptarlas al momento, no podemos tener una opinión cualificada sobre ello puesto que no hemos estudiado el texto, de manera que esperaremos a que llegue a esta Cámara para hacer las aportaciones pertinentes, y, si lo consideramos oportuno, pues el apoyo adecuado.

Nada más.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Gracias, don Román.

Por parte del Grupo Socialista, don José Ignacio.

El señor ÁLVARO LAVANDERA: Gracias, señor presidente.

Al igual que mi antecesor en la palabra, evidentemente hará falta hacer una valoración más allá de unas líneas generales como se puede hacer en tres minutos, y cuando tenga entrada en la Cámara el texto legislativo será estudiado con profundidad.

Es una ley que busca en algunos de sus aspectos, pues, simplificar, actualizar y armonizar diversas normas de nuestra autonomía, y a este respecto también tengo que puntualizar que un defecto, no solo de nuestra autonomía, sino en general de todas las autonomías de España y de Europa, yo creo que es la hiperregulación que tenemos, pero bueno, esto no es una falta de este gobierno sino, en general, es algo que deberíamos de canalizar a nivel de Europa mismo, y se está ya estudiando, porque esta ley modifica 23 leyes, 23 leyes nada más y nada menos.

Dentro de esta ley hay muchísimos cambios, unos de carácter organizativo, otros de carácter competencial, dentro de la propia estructura del Gobierno, como pueda ser lo que se dijo antes de la centralización de pagos en la Dirección General del Tesoro... En tres minutos prácticamente es que no me da tiempo ni a nombrar las 23 leyes, cuestión que quería hacer: la Tributaria, la de Hacienda Pública canaria, la de Estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias, la de Medidas urgentes en materia de Ordenación Territorial, el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, la 6/2002, de Medidas de Ordenación Territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma; la de Renovación y Modernización Turística de Canarias; la de Puertos canarios, la de Ordenación del transporte por carretera de Canarias, la de Asociaciones de Canarias, la Canaria de Juventud, la de Igualdad entre mujeres y hombres, la del Cuerpo General de la Policía Canaria, la de la Función Pública Canaria, etcétera, etcétera, etcétera; y sería, vamos, prácticamente hacer un repaso al índice del Libro Azul que tiene publicado el Gobierno de Canarias, que les recomiendo que hagan uso de él, que es de bastante interés, una herramienta muy útil para los que tenemos que consultar leyes.

Bueno, a mí me gustaría destacar la actualización del régimen y procedimiento de las autorizaciones de explotaciones ganaderas, tal y como ha hecho el consejero, un aspecto que agilizará esta problemática; respuestas a la realidad social, como es la posibilidad de compensación de deudas en el ámbito de las prestaciones sociales por dependencia; y también, por qué no, la revisión del régimen sancionador en materia de transporte, una revisión que se hace, al igual que se ha hecho últimamente a nivel del Estado, en consonancia con negociaciones con el sector desde el año 2008, que vienen a rebajar las cuantías de las sanciones, armonizarlas, clarificarlas, y que hacen una valoración más justa de las mismas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias, don José Ignacio.

Don Jorge, por favor, por parte del Grupo Popular.

El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Señor presidente.

Señor consejero, ¿y de la rebaja del IGIC qué? ¿Y de la recuperación de la bonificación del impuesto de sucesiones qué? De nada de eso le hemos oído hablar. O de la compensación de deudas, ¿en el caso de autónomos o pequeñas y medianas empresas qué?

Ya se ha dicho aquí esta mañana que el informe Funcas no deja en buen lugar a la Comunidad Autónoma de Canarias.

Señorías, lo que se nos exige a los políticos en general es que solucionemos el día a día de la gente, que aseguremos su bienestar y que le pongamos las bases para que nuestra comunidad autónoma funcione y podamos garantizar que Canarias sea la tierra de oportunidades que queremos que sea.

Para el Grupo Parlamentario Popular no es posible el progreso económico, señor consejero, sin un marco institucional y político estable, que aporte seguridad a las decisiones que los agentes privados tienen que tomar en cada momento, cada día. La reducción de impuestos y el esfuerzo inversor, señor consejero, deben ser desde ya un estímulo de nuestra economía, y el Gobierno debe liderar esa cruzada.

El Partido Popular, bien lo saben, señorías, es un firme defensor de la iniciativa privada, en el ámbito económico y en todos los ámbitos de la vida. Es esta la que hace crecer la economía y la que crea empleo. Siempre hemos considerado que hay que eliminar todas aquellas trabas que impiden que la iniciativa privada, que las familias, que las empresas, deban tomar o puedan tomar sus decisiones con libertad. De esta forma, solo de esta forma, se pueden crear las condiciones idóneas para que puedan desarrollar su actividad en un entorno de libre competencia y con absoluta autonomía.

Le reto, señor consejero, a emprender una reforma tributaria y administrativa en Canarias, y a hacerlo en beneficio de los contribuyentes canarios. Porque como canario, señor consejero, me rebelo a que el Gobierno de Canarias esté continuamente establecido en la soberbia institucional y en la falta de oportunidades. Le están ustedes haciendo un daño terrible a Canarias al condenarla a no salir de la crisis en tiempo y en igualdad de condiciones que el resto de España.

Nada más, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias, don Jorge.

Señor Barragán, como proponente.

El señor BARRAGÁN CABRERA: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, aunque usted quisiera hacer una reforma fiscal ahora, salvo que rompamos el diálogo y el consenso establecido por el Gobierno de España, en el que hemos pactado que la reforma fiscal del Estado estaría sobre mayo o junio, junto con la reforma de la financiación de las comunidades autónomas, y después de esto ya podríamos afrontar, no nosotros solos en Canarias, sino el resto de las comunidades autónomas, lo que podría ser la adaptación de esa reforma fiscal, que por cierto alguna de esas medidas las ha anunciado esta mañana en el debate del estado de España el señor Rajoy hoy, pero que también anuncia que algunas estarán en el ámbito de esa reforma fiscal y otras para ponerlas en práctica en el 2015, es decir, prácticamente cuando esté acabando la legislatura del Estado. Pero, en fin, siempre es posible que alguna cuestión se pueda recoger en el ámbito parlamentario, si efectivamente estamos discutiéndola aquí y el Gobierno del Estado adelanta su reforma fiscal, podemos ver algunas cuestiones y nos podemos poner de acuerdo.

Pero, en definitiva, señor consejero, ha planteado usted bastantes leyes que se podrían modificar, y en una cosa sí que coincidimos con el Gobierno, con la experiencia que nos ha dicho que ha tenido el Gobierno, y es que tenemos que intentar ver qué elementos son innecesarios, sobre todo en el trámite de los ciudadanos, qué cosas son repetitivas y en que tenemos que ayudar a los ciudadanos a resolverlas. En ese sentido me imagino que algunas de las que ha apuntado desde el punto de vista de economía y hacienda van en esa línea, van en la línea de facilitarle a los ciudadanos su trámite con la Administración pública, en este caso con la Administración pública de Canarias.

Ha comentado que también ha ido esta ley a los cabildos insulares, y me gustaría saber si en el trámite con los cabildos va toda la ley, en el sentido de que todos los asuntos son competencia de los cabildos, o qué elementos tienen que ser necesariamente planteados a los cabildos. En principio, yo he visto aquí algunos, como pueden ser todos los temas territoriales, que efectivamente tendrían que ir a ellos, pero, insisto, me gustaría saber exactamente qué han opinado los cabildos en cuanto a la Ley de medidas tributarias y administrativas y sociales.

Por otra parte, en la parte social, precisamente usted comentaba un tema relacionado con la dependencia. Y, a pesar de la agilización que ha habido en todos los trámites de dependencia, me gustaría saber si en este tiempo también se ha detectado algún elemento que pueda mejorar todavía más lo que son los procedimientos. Sé que el Estado ha hecho cambios a la inversa, me refiero, legisló para que se pudieran ver todos esos listados antes del 2015, parece que ahora ha ampliado dos años más la posibilidad de adaptación a la ley de dependencia, y si nosotros vamos a cumplir el compromiso de adaptarnos antes del 2015, o en el año 2015, o, efectivamente vamos a recurrir a esos dos años de prórroga que plantea la ley del Estado.

Me gustaría que me aclarara exactamente lo que plantea el Gobierno sobre favorecer el asociacionismo, y sobre la referencia que ha hecho a la Ley Canaria de Juventud del 2007, sobre las dificultades financieras y presupuestarias, saber exactamente en qué términos se plantea una mejora de la ley que permita remover esos obstáculos.

Y por último, de las dudas que tenía, señor consejero, también en relación a lo que son todos los temas relacionados con la política territorial, es decir, ha hecho usted alguna observación, imagino que no vienen en la Ley de armonización porque se requiere que esto salga antes que la Ley de armonización, es decir, para dar seguridad jurídica ante la sentencia sobre los planes rectores de uso y gestión, los que están echando abajo en este caso los tribunales, y entendiendo que el PIOT no es instrumento suficiente, o no tienen el contenido suficiente los planes insulares de ordenación, como para que se conviertan automáticamente en planes rectores de uso y gestión, en la parte medioambiental.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias, señor Barragán.

Para concluir, señor consejero, señor Ortiz, tiene la palabra.

El señor CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD (González Ortiz): Muchas gracias, señor presidente. Señorías.

Como bien dijo el señor Lavandera, se trata de un proyecto legislativo que pretende modificar en torno a 23 normas, precisamente, para agilizar gran parte, o para resolver algunos problemas legales o interpretativos que hemos observado a lo largo del desarrollo de la aplicación de las normas.

Es voluntad de este Gobierno, como decía el señor Barragán, determinar qué cuestiones planteamos para resolver el día a día de los ciudadanos. Mire, conté antes que hemos observado que los procesos de legalización de las explotaciones ganaderas, estaban surgiendo, pues, una serie de dificultades. Después de la experiencia, hemos hecho un proceso importante, creo recordar que más de trescientas explotaciones ganaderas ya se han legalizado, hay dificultades en la aplicación que se presenta en alguna de las normas, muy bien, corregida la experiencia, llevamos a cabo el proceso, una modificación para resolver ese problema.

Por ejemplo, para simplificar la documentación que tienen que presentar los ciudadanos a la hora de obtener determinadas prestaciones sociales de la comunidad autónoma, se hace necesario resolver los problemas entre administraciones, y no trasladar los problemas de las administraciones para obtener determinada información a los ciudadanos. Es decir, no tiene sentido que las administraciones hoy en día exijamos o pidamos a los ciudadanos determinados certificados que podemos obtener motu proprio las administraciones mediante las comunicaciones electrónicas que están hoy en día en vigor. Muy bien, se ha de trasladar esa responsabilidad, por lo tanto, a las administraciones y no a los ciudadanos, y simplificar, por tanto, la documentación y la tramitación de mucha de esa documentación que tienen que presentar los ciudadanos a la hora de solicitar determinadas prestaciones en el ámbito social.

Decía el señor Lavandera que existe una hiperregulación. Muy bien, para poder desregular necesitamos establecer una ley; para poder eliminar gran parte de las cuestiones que estamos hablando, que han sido contenidas en las leyes, necesitamos dictar una ley como esta, que simplifique los procedimientos, que elimine algunos de los aspectos que hoy en día son de carácter obligatorio en virtud de la ley. Y eso es lo que hacemos con esta ley: intentamos, por tanto, dar contenido a algunos de los compromisos que hemos obtenido. En esta legislatura hemos adquirido un compromiso de simplificar y reducir aquellas cuestiones de carácter administrativo que no son obligatorias; por ejemplo, no entiendo cómo el señor Rodríguez -entre comillas- no atiende, -don Jorge-, a lo referente a cuestiones que tienen que ver, como le dije, con la reducción de altos cargos creados por las tres juntas de reclamación administrativa. Bueno, eso son actuaciones de este gobierno en aras a la austeridad, a la simplificación y a la mejora de la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos. Para eso necesitamos dictar una ley, porque hay una ley que previamente lo regula. Ahí está el planteamiento que está haciendo este Gobierno.

Señor Barragán, preguntaba usted algunas cuestiones, por ejemplo: decirle que el plazo de información a los cabildos finalizó el 17 de febrero; le puedo anunciar que toda la ley, por supuesto, ha sido sometida a la consulta de los cabildos, independientemente de que fueran competencias o no de los cabildos; así, por ejemplo, hemos recibido dos aportaciones de dos cabildos que tienen que ver con cuestiones de función pública, con cuestiones de ámbito territorial y con cuestiones de la creación o no de las tasas referentes a las reclamaciones en materia de contratación, decisión de este Gobierno. Por ejemplo, tenía dos opciones, crear un órgano que dirimiera las discusiones en materia de contratación o adherirse al acuerdo con la Administración General del Estado mediante una tasa que tenemos que pagar. Muy bien, creamos la tasa en el ámbito tributario, resolvemos el problema de las administraciones porque se les da el servicio por parte de la comunidad autónoma al firmar el convenio con la Administración General del Estado, y no creamos una estructura administrativa nueva para una cuestión que requeriría poco trabajo.

Bien, esas son las cosas que hace este Gobierno en aras de no adquirir compromisos de gastos más allá de los estrictamente necesarios, porque estamos centrados en la prestación de los servicios públicos esenciales, espíritu que ha seguido este Gobierno.

Preguntaba usted sobre los trámites. Bueno, señor Barragán, tengamos en cuenta una cosa, es verdad que tenemos que tener los sistemas de control pertinentes, los sistemas de participación pertinentes, y los informes internos y externos, y eso tiene un proceso largo, es decir, en la medida en que ganamos en transparencia, en la medida en que damos más plazos de participación para que los agentes puedan opinar o aportar soluciones, se retrasa desde el inicio de la ley hasta la aprobación final, no solo tiene que ver con los sistemas internos del Gobierno, que estamos revisando continuamente de la forma en que podemos agilizarlos, sino que tenga usted en cuenta que los informes pertinentes, tanto internos como externos en este caso, por ejemplo la participación que hay que darle a los cabildos, el informe, en su caso, del Consejo Económico y Social; que, por cierto, a su pregunta, no, no se está reuniendo, o se está reuniendo pero no tiene el suficiente quórum para tomar las decisiones, actualmente tenemos el plazo pertinente para tomar los acuerdos o continuar con la tramitación de los proyectos de ley, si pasado el mes no se ha emitido el informe. Creo necesario, por lo tanto, que en esta ley regulemos y demos salida a este impasse, que está produciendo una ralentización en la toma de decisiones, precisamente por la situación actual, pues tenemos la oportunidad en esta ley de corregir esa circunstancia.

Damos, por lo tanto, carácter definitivo a cuestiones que hemos regulado en la Ley de Presupuestos del año 2014, y que, por lo tanto, introducimos en las determinadas modificaciones de las normas. Le contaba antes, por ejemplo, en relación de los fondos de inversión, los fondos que están destinados a la financiación de las pymes, bueno, los tenemos en la regulación actual de la Ley de Presupuestos, modificamos la Ley de la Hacienda Pública para darles carácter definitivo y no tener que estar modificándolos de forma permanente en el ámbito de las distintas leyes de presupuestos.

Señor Rodríguez, tienen ustedes un problema de conciencia, o usted tiene un problema de conciencia, porque claro, si sube aquí habitualmente a hablar de la necesidad de la reforma fiscal, de la necesidad de bajar los impuestos, y su partido lo único que ha hecho es subir los impuestos. Yo reconozco que usted tiene un difícil papel, es decir, ser, como usted dice, defensor a ultranza de la iniciativa privada, y pertenecer al Partido Popular, el partido que más ha subido los impuestos en la historia de la democracia, tiene, por lo menos, una difícil defensa, señor Rodríguez. En eso hay que reconocer que subirse aquí, con ese ímpetu con el que usted lo hace, a defender la actuación del Partido Popular será de lo que querría hacer, a lo sumo de aquello que dijo que iba a hacer y sobre lo que ha engañado al conjunto de los ciudadanos porque no lo ha hecho. ¡Ah, perdón, no, sí! Lo ha anunciado hoy en el debate del estado de la nación, hoy ha anunciado las rebajas impositivas a aplicar en el año 2015, 2016 y futuros, es decir, que la aplicación práctica de esas supuestas rebajas fiscales ¿las veremos cuándo?, ¿en la declaración del IRPF del año 2016? ¿Pasadas las elecciones? ¡Hombre!, vamos a contenernos, señor Rodríguez, entre otras cosas, porque si no me equivoco a finales de este mes, que ya se va venciendo, había comprometido la entrega del informe de la reforma fiscal, que a su vez dará en su caso pertinencia a la reforma del sistema de financiación, y por lo tanto ahí podremos hablar, porque plantea usted una rebaja impositiva, ¿sobre qué impuestos, señor Rodríguez?, ¿sobre la capacidad normativa que tenemos sobre el IRPF, que no sabemos cuál va a ser la decisión que tome el Gobierno central? ¿Sobre el IGIC, cuando el diferencia fiscal que mantenemos hoy en día es mayor que el mantenido anteriormente? ¿Sobre qué capacidad impositiva plantea usted la rebaja de impuestos?

De verdad, yo lo entiendo, señor Rodríguez, entiendo la dificultad que usted tiene al subirse a esta tribuna a intentar defender algo de lo que hacen, cuando hacen completamente lo contrario, día sí y día también, por lo tanto creo que a partir de ahí pocas cuestiones más tenemos que hacer.

Pero eso sí, hablaba usted de lo importante que es mantener y defender la seguridad en la toma de decisiones para asegurarnos que las inversiones se vayan produciendo en Canarias. Mire, señor Rodríguez, pues, por lo tanto, haga usted caso al conjunto de los inversores, y a los operadores turísticos que le dicen que la decisión que ha tomado su partido político de recurrir en el Constitucional las decisiones que ha tomado de forma mayoritaria este Parlamento generan muchas muchas dificultades, inseguridad, y, por tanto, ahuyentan las inversiones. Tome nota, señor Rodríguez, tenga usted más suerte en convencer a sus compañeros, y seguro que ganaría y le iría mucho mejor.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Gracias, muchas gracias, señor consejero.

Concluida esta comparecencia.