Diario de Sesiones 117/2014, de fecha 8/4/2014
Punto 24

8L/C-1467 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE LA NORMATIVA CANARIA EN MATERIA DE PATRIMONIO DOCUMENTAL Y ARCHIVOS.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Pasamos a la siguiente comparecencia, del Gobierno -consejero de la Presidencia, Justicia e Igualdad-, instada por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la normativa en materia de patrimonio documental y archivos.

Buenas tardes. Doña Encarna tiene la palabra.

La señora GALVÁN GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes a todas sus señorías y buenas tardes también a los representantes de la Asociación de Archiveros de Canarias, que nos acompañarán en esta sesión.

El pasado año, con motivo de la conmemoración el 9 de junio del Día Internacional de los Archivos, la Asociación de Archiveros de Canarias, Asarca, emitía una declaración pública sobre la importancia de los archivos y el patrimonio documental. En la misma, literalmente, exponían que los archivos y, por ende, los profesionales que trabajan en ellos son los eternos olvidados en las instituciones donde desarrollan su labor; una labor, por cierto, muy poco reconocida, decían. Una afirmación esta tan rotunda como conmovedora, que removió, por supuesto, la conciencia del Grupo Parlamentario Socialista y la mía propia, como usuaria habitual de los archivos, porque habitualmente desarrollamos nuestra vida diaria generando distintos tipos de información en múltiples soportes, y siendo también usuarios de esa misma información, sin percatarnos en muchas ocasiones de la importancia de la labor de conservación y custodia que se realiza en los archivos y por los profesionales que trabajan en ellos.

De ahí que emprendiéramos distintas iniciativas, una de ellas, la comparecencia que hoy le solicitamos al Gobierno para que informe a este Parlamento sobre la labor que vienen desarrollando en materia de patrimonio documental y archivos, concretamente sobre la actualización de la Ley 3/1990, del Patrimonio Documental y Archivos de Canarias.

Señorías, la archivística, y, por ende, los profesionales en que se soporta, desempeña una función fundamental para el desarrollo de cualquier actividad tanto en el ámbito de la Administración pública como en el de la actividad privada o, incluso, en el entorno particular, profesional o familiar de las personas.

Conservar la información que es relevante, sistematizarla, organizarla y disponerla en condiciones para que sea factible su localización supone la base de una actividad sin la que difícilmente podríamos desarrollar actividad alguna en nuestra vida ordinaria, y, por supuesto, también en la administración, donde los archivos suponen uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta la gestión administrativa.

Por otra parte, y también es algo que cada vez adquiere mayor importancia en nuestra sociedad, el acceso de los ciudadanos a la información custodiada en los archivos se reconoce como un auténtico derecho y no, como sucedía hasta no hace mucho, como una función secundaria de los archivos, cuyo uso quedaba prácticamente reducido a los interesados en obtener ciertos datos de carácter histórico.

Este avance en el concepto del archivo y de su utilidad ha motivado que la archivística en general se encuentre en un momento de importancia creciente, lo que, entre otras cosas, como exponía el profesor Cruz Mundet, con ocasión del IV Encuentro de Archiveros de Canarias, celebrado el paso 2010 en Candelaria, se manifiesta en la mejora de la percepción social de los archivos y de sus profesionales reflejada en una presencia cada vez mayor entre las noticias relevantes de los medios de comunicación, en el consumo de servicios y productos archivísticos y en los debates que suscitan cuestiones hoy polémicas que hace unos años pasaban desapercibidas.

Por todo ello, por esta importancia creciente de los archivos y de la función social que representan, es por lo que solicitamos esta comparecencia, y que de antemano le agradecemos al señor consejero, para que nos informe sobre los avances que el Gobierno pueda disponer sobre la nueva Ley de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias, señor diputada, doña Encarna.

Tiene la palabra el señor consejero de la Presidencia, señor Spínola.

Sí. Tiene la palabra.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola): Gracias, señor presidente, y buenas tardes, señorías.

Señora Galván, antes de entrar en materia permítame una breve intervención en orden a los aspectos competenciales.

El Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye a la comunidad autónoma competencia exclusiva en materia de archivos siempre que estos no sean de titularidad estatal, así se recoge en el artículo 30.9 del Estatuto de Autonomía. También tiene la comunidad autónoma la competencia ejecutiva sobre aquellos archivos que son de titularidad estatal pero cuya gestión no se reserva el Estado. Bien.

En ejercicio de esas competencias exclusivas, la Comunidad Autónoma de Canarias en el año 90 dictó la Ley 3/1990, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, que puso en su día, en el año 90, las bases del sistema canario de archivos configurándolo como una red de centros a través de los cuales la Administración de la comunidad autónoma y los cabildos insulares recogen y conservan los documentos producidos en sus respectivos ámbitos.

De esa norma legal del año 90 se ha efectuado un desarrollo reglamentario a través de un decreto que se dictó en el año 2006, el Decreto 160/2006, que aprobó el reglamento del sistema de gestión documental y organización de los archivos dependientes de la Administración de la comunidad autónoma, es decir, que el Gobierno en el año 2006 regula, a través de este decreto, un desarrollo de los archivos del sistema documental de Canarias, pero solo referido a la Administración de la comunidad autónoma, no trata el referido a cabildos y ayuntamientos. Bien.

Esta disposición del año 2006 ha permitido la implantación real de un verdadero sistema de gestión documental y de archivos de la Administración de la comunidad autónoma, y una correcta ordenación y organización de esos archivos como elementos claves de la gestión administrativa de la comunidad autónoma. Y ese marco normativo, ese decreto, se ha ido completando con otras resoluciones, otras órdenes departamentales como, por ejemplo, la reguladora del cuadro de clasificación funcional del sistema de gestión documental, la resolución de la inspección general de servicios que da publicidad al protocolo para la coordinación del procedimiento e identificación, valoración, expurgo y eliminación de las series documentales, o la que aprueba las tablas de valoración documental. Asimismo, también el Gobierno aprobó un decreto, un decreto en el año 2011, en febrero, concretamente, del año 2011, mediante ese decreto se reguló la utilización de los medios electrónicos desde la Administración de la comunidad autónoma, en el que se aborda la política de gestión, conservación y archivo de documentos electrónicos, norma que ha permitido aprobar también un protocolo de digitalización de documentos de la Administración económica.

Con todo este desarrollo normativo, le quiero decir, señoría, y señoras y señores diputados, que Canarias es hoy un referente en el conjunto de las comunidades autónomas, un referente en materia de archivos por los esfuerzos que se han venido realizando. Y así nos lo reconocen, en fin, las personas que tienen relación directa con los archivos y con los sistemas documentales.

Bien, esa es la realidad que afecta a la Administración de la comunidad autónoma, pero no quiero engañar a nadie y como no quiero engañar a nadie también voy a describir la situación que hay en las corporaciones locales canarias, que es muy distinta a la que existe en la Administración de la comunidad autónoma. Bien, es una realidad opuesta porque en el ámbito municipal menos del 60 % de los ayuntamientos canarios disponen de un servicio de archivo y de los existentes la gran mayoría no se presta de forma adecuada porque les faltan medios personales y materiales, esa es la realidad.

En el seno del Consejo de Archivo de la Administración de la comunidad autónoma se ha puesto de manifiesto esta realidad, esta deficiencia y se ha valorado, lógicamente, de forma negativa la existencia de esta situación que afecta a las corporaciones locales canarias.

Por tanto, hay una base en la que coinciden todos los operadores y el conjunto de las administraciones y es en la necesidad de hacer una regulación uniforme que afecte no solo a la Administración de la comunidad autónoma sino también a las corporaciones locales, que permita, en definitiva, una mejora de la situación en el ámbito local y que ese ámbito local esté coordinado y tenga un mismo régimen jurídico que el que tiene hoy la Administración de la comunidad autónoma. Por eso, nos vamos a comprometer, y lo decimos hoy aquí en la sede del Parlamento de Canarias, ante este Pleno, nos vamos a comprometer a modificar la actual ley del año 90 porque la vamos a completar, la vamos a actualizar y la vamos a ampliar en todo su contenido.

Pensemos en que los documentos son hoy fuente de información que utilizan los ciudadanos y, por tanto, es esencial para la seguridad jurídica y para la gestión eficaz y transparente de la administración producir un cambio sustancial, es preciso, es necesario, lo vamos a acometer, ese es un compromiso del Gobierno, un gobierno que, como antes dije, en esta legislatura ha producido un salto cualitativo en la modernización de la administración con la implantación de esta normativa que les he indicado y, desde luego, innovaciones en el ámbito normativo, innovaciones en el ámbito de la innovación tecnológica y han producido un resultado satisfactorio. Por tanto, vamos a cambiar la ley, vamos a cambiar la ley por varias razones, la pregunta que se podría hacer es: ¿por qué se acomete una reforma de la ley del año 90? En primer lugar, por una exigencia, una exigencia que viene impuesta por la puesta en marcha y aplicación de la Ley de Transparencia y el derecho de acceso a la información, por eso es una razón de peso la modificación de la ley del año 90; también porque hemos de definir y precisar las competencias de forma clara, que van a quedar residenciadas en el ámbito de la comunidad autónoma, las que van a llevar a cabo los cabildos y también los municipios; en tercer lugar, porque es necesario establecer mecanismos de colaboración y de cooperación interadministrativa; y, en cuarto lugar, porque esta ley va a venir a impulsar el sistema canario de archivos a efectos de promover un modelo común de gestión de los documentos generados por las administraciones públicas.

En estos momentos, les puedo decir que se está ultimando la elaboración del anteproyecto de ley. Por supuesto, queremos que esta sea una ley consensuada, que logre el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, por eso vamos a tener en cuenta el parecer de todas las administraciones locales, de los cabildos, de los ayuntamientos, también, por supuesto, como he indicado, de los grupos parlamentarios y también, cómo no, el criterio de los profesionales de los archivos para intentar lograr desde su aprobación resultados prácticos que faciliten la accesibilidad de la ciudadanía a los fondos documentales, que garanticen la disposición y conservación de recursos de archivo en el conjunto de las administraciones públicas canarias.

Nada más, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias, señor consejero.

Tienen la palabra ahora los grupos no proponentes, por parte del Grupo Mixto, el señor Fabián.

El señor MARTÍN MARTÍN: Muchas gracias, presidente.

Poco nuevo hay que añadir a lo que ya han comentado tanto la proponente como el señor consejero, sí quizás recordar lo que el preámbulo de la Ley 3/90, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, que también citó el consejero, dice que el Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de archivo siempre que estos no sean de titularidad estatal, es decir, tanto el preámbulo como después los diferentes títulos de la ley vienen a incidir en la responsabilidad, en la capacidad, en la atribución que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias para, entre otras cuestiones, coordinar el trabajo de las diferentes administraciones locales en cuanto a archivo y a patrimonio documental se refiere.

He de felicitar la moción que presenta, en este caso, la diputada del Partido Socialista, porque permite casi veinticinco años después revalorar o valorar una ley que ha quedado anclada, si se me permite la expresión, para el recuerdo, porque no hay más que referirse o echar un vistazo a algunos de los artículos de esta ley.

Así, dice el artículo 8 que el sistema canario de archivos se configura como una red de centros que acogen los documentos en sus diversas edades. Vale preguntarse, señor consejero, si este sistema canario de archivos está constituido como tal, desde el punto de vista administrativo o jurídico.

Dice el artículo 9 que el Gobierno de Canarias, junto con los cabildos insulares, planificarán y coordinarán la organización y servicio de los archivos canarios. ¿Ha existido esa planificación?, ¿ha existido ese trabajo conjunto? ¿Están los archivos insulares recogidos dentro de la red de archivos canarios?

Dice el artículo 10 que el Gobierno de Canarias establecerá mediante decreto las normas generales que regulen los canales de recogida, transferencia, depósito y organización y servicios de los archivos públicos. Como usted bien decía, a través de un decreto del año 2006, se ha regulado, digamos, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, pero el Gobierno no ha facilitado este trabajo a las administraciones insulares o locales.

Dice también el artículo 11 que son órganos del sistema canario de archivos, el consejo regional de archivos. Y me gustaría preguntarle, señor consejero, si está constituido como tal, desde el punto de vista administrativo o jurídico.

Pongo esto como ejemplo de algunos de los artículos que han quedado en el olvido.

Pero, como usted bien decía, hay un artículo final que no debe de pasar desapercibido, y es el de la consulta de los fondos documentales, que se regularán reglamentariamente, reglamento que no existe, pero, además, que coarta de alguna manera el camino de acceso de aquellas personas que en el ámbito administrativo o en el ámbito de la investigación histórica quieran tener acceso a todos y cada uno de esos documentos.

Es por esto, consejero, por lo que espero que esa nueva ley permita aclarar todos y cada uno de estos aspectos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Gracias, señor diputado.

Por parte de Coalición Canaria, doña Flora.

La señora MARRERO RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.

Lo primero, dar la bienvenida a los representantes de la Asociación de Archiveros de Canarias.

Nosotros tuvimos una reunión hace unos meses en sede parlamentaria, y fruto de esa reunión, con la documentación que nos hicieron llegar, que tengo aquí, es lo que quiero trasladarle, señor consejero.

Los archivos, ahora que estamos hablando de la Ley de Transparencia, tuvieron su origen también en la propia transparencia en la época de Egipto y de Mesopotamia, porque cuando se hacían las primeras inscripciones, tanto en papiros como en tablillas de barro, lo que se perseguía era que fuese accesible a todos. Y curiosamente ahora lo que están demandando también los archiveros es que, a través de esta Ley de Transparencia y sobre todo utilizando las nuevas tecnologías, acceda la ciudadanía con mayor claridad.

Ellos señalaban en toda la documentación que nos habían remitido que, en una sociedad democrática, desde que se conocen los archivos, estos son los depositarios tanto de los derechos como de la memoria individual y colectiva, recogidos en los documentos y en la información que contienen.

Este colectivo una de las demandas que nos hizo llegar, y que nosotros apoyamos, es una nueva ley de archivos de Canarias. Han hecho también una pregunta de iniciativa popular, que la ha asumido nuestra compañera Nuria Herrera y que la hará en una sesión parlamentaria. Y también tienen preocupación y piden la participación, y a nosotros nos parece importante, en la futura reforma de la Ley de Patrimonio Histórico, donde, dentro de los archivos y del patrimonio documental, tenemos que diferenciar lo que son los archivos históricos y los propios documentos históricos, que son los que se conservan tanto en los archivos históricos provinciales, -saben que tenemos dos- como en los municipales y en la Iglesia, y los particulares también tienen archivos, y estos tienen que tener un tratamiento específico. Nosotros lo que entendemos es que tiene que seguir la gestión de toda esta parte en la consejería competente en materia de cultura. Y se está haciendo desde el Gobierno de Canarias un proyecto muy ambicioso, de una gran envergadura, que es la digitalización de los fondos, con el objetivo de ponerlos a disposición, por un lado, de los investigadores, que nos parece lógico, pero, por otro lado, de lo que fue el origen de los archivos, de la ciudadanía, estamos hablando del público en general a través de la página web. Está coordinado con la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, con una aplicación específica de gestión de archivos históricos y patrimonio documental, el programa SPERIA. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de 4,5 millones de imágenes digitalizadas, de protocolos notariales desde el año 1505 a 1902, de la digitalización de las actas de los 88 ayuntamientos, ya van por...

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias, señora diputada. Se ha acabado el tiempo.

Por parte del Partido Popular, doña Vicky, desde el escaño.

La señora PONCE PÉREZ (Desde su escaño): Muchas gracias, señor presidente.

Primero que nada, dar la bienvenida a los miembros de Asarca.

La relevancia de los archivos está bien definida en la cita del archivero francés Braibant: "Los archivos son el arsenal de la administración y el granero de la Historia". Como bien ya ha dicho algún compañero, han pasado ya veinticuatro, veinticinco años, desde la aprobación de la vigente Ley de Patrimonio Documental y Archivos, y también, como hemos dicho ya, es necesario actualizar la actual, porque ya no es válida, porque no da respuesta al momento actual. Canarias debe contar ya con una nueva ley de archivos de segunda generación, como han hecho ya la gran mayoría de las comunidades autónomas.

Para que haya una gestión eficaz de los archivos, debe desarrollarse un verdadero sistema de archivo transversal, como ya ha hecho Galicia, que es justamente la última comunidad autónoma que ha llevado a su cámara regional una nueva ley de archivos. También entendemos que debe legislarse sobre los archivos electrónicos y abordar el proceso de digitalización de documentos. Igualmente, es vital, evidentemente, que se contemple la dotación presupuestaria para ejercer esta labor.

Por estas cuestiones, así como por otras que por una cuestión de tiempo no puedo desarrollar, la asociación Asarca ha demandado esta nueva ley para nuestras islas y, como ha dicho también el señor consejero, lo que es muy preocupante es la situación de abandono de los archivos municipales, pues, salvo honrosas excepciones, la triste realidad es que un importante número de estos archivos están en un lamentable estado de abandono. Ahora bien, no es menos cierto que no todas las administraciones cumplen de igual manera con los archivos. Voy a poner un ejemplo: desde el Cabildo de Gran Canaria se han desarrollado acciones encaminadas a mejorar y difundir la labor archivística; por ejemplo, el pasado mes de octubre se organizó en la Casa Museo León y Castillo las I Jornadas de Patrimonio Documental de las Casas Museo del Cabildo de Gran Canaria. El principal objetivo de esas jornadas era acercar a los ciudadanos el valioso patrimonio documental que custodian y conservan las casas museo grancanarias, y por contra hemos analizado y del Ejecutivo autonómico no se ha realizado ninguna actividad similar.

Tampoco el Gobierno de Canarias colabora económicamente como debiera con las instituciones que ejercen las obras archivísticas, y le pongo otro ejemplo, señor consejero: el Museo Canario cuenta con un valioso fondo bibliográfico, documental y de hemeroteca, que es referencia ineludible de la memoria histórica de Canarias. Sin embargo, el Ejecutivo regional no aporta ni un euro al Museo Canario, y el Cabildo de Gran Canaria, consciente de la importante labor que desarrolla esta institución, le destina 380.000 euros.

Finalizo. No cabe duda de que, que por fin se esté acometiendo este necesario, demandado cambio en la ley de archivos, se trata de una buena noticia.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias, doña María Victoria.

Para exponer la diputada proponente, doña Encarna.

La señora GALVÁN GONZÁLEZ: ...(Sin micrófono) Introducíamos antes esta comparecencia resaltando, pues, la función fundamental que la archivística representa para el desarrollo de cualquier actividad pública o privada, y, además, en su necesidad para garantizar ese derecho de acceso de la ciudadanía a la información, sobre todo, en nuestra sociedad actual, que es, como ya se le denomina, la sociedad de la información. Por ello, señorías, señor consejero, nos complace comprobar cómo desde la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias se está siendo sensible ante esta realidad. Se ha comprometido usted aquí esta tarde a trabajar; yo añadiría "a continuar trabajando", más exactamente, en una de las necesidades sobre las que Asarca llamaba nuestra atención, en una nueva ley que supere a la vigente Ley 3/1990, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, para conseguir lo que algunos autores han denominado una ley de segunda generación, tal y como han hecho ya muchas otras comunidades autónomas.

Canarias, por tanto, podemos decir que podrá contar en breve con una nueva ley, más moderna y adaptada a las nuevas necesidades que demanda la sociedad, más consecuente con los avances tecnológicos. Y, para ello, el Gobierno, además, nos confirma, nos anuncia, que se compromete a hacerlo trabajando de manera consensuada, como no podía ser de otra manera, con las entidades locales, que estarán afectadas por esa nueva ley, y también con los profesionales del sector, con la participación de las personas que más pueden aportar, como son los profesionales de los archivos de Canarias. Es una modificación legal necesaria para mejorar la organización del sistema de archivos de Canarias, para establecer el necesario equilibrio entre los subsistemas autonómico y local.

En la propia intervención del señor consejero ha quedado de manifiesto que, si bien en lo que respecta a la Administración autonómica, se ha ido desarrollando toda una normativa archivística que hace que el sistema de archivos de esta administración haya mejorado sustancialmente y se le pueda considerar adecuadamente organizado, como referente ante otras administraciones, como ha dicho el propio consejero, esto no es así en lo que se refiere al resto de las administraciones públicas, sobre todo, en lo referente a la Administración municipal.

En su propia intervención, también ha dejado de manifiesto cómo en Canarias aproximadamente un 40 % de nuestros ayuntamientos carece de un sistema de archivos, y, por otra parte, en muchos de los existentes o bien carecen de técnicos archiveros al frente de su dirección o bien carecen de personal suficiente para atenderlo, y, en ocasiones, el propio personal que atiende al archivo tiene que prestar asimismo sus servicios en otras instancias de la Administración municipal.

Además, también Canarias carece todavía de un sistema que coordine las políticas archivísticas de todas las administraciones, lo decía el propio señor consejero. Y, así mismo, los profesionales responsables de los archivos, como personal especializado, también deberán quedar reflejados en una nueva ley; una nueva ley, por tanto, que confiamos impulsará el desarrollo de este sistema canario de archivos que permitirá unificar los criterios en la gestión de los documentos generados por las administraciones públicas canarias, así como delimitar las competencias de cada una de ellas en relación a la producción y custodia de los documentos, estableciendo los principios de colaboración y coordinación interadministrativos precisos.

Al tiempo, la ley servirá también para adaptar el propio concepto de documento a los múltiples avances que afectan tanto a la producción y a la información como a su propio soporte.

Otra cuestión que, sin duda, habrá de quedar superada con la nueva ley canaria de archivos es su relación con la Ley de Transparencia, ya que nuestra actual ley no se corresponde con el espíritu de aquella. También lo citaba el señor consejero en su detallada intervención.

La vigente Ley canaria del Patrimonio Documental y Archivos es una de las más restrictivas de todo el Estado español, pues establece unos plazos de acceso a la información más amplios: treinta años una vez concluidos los procedimientos, e, incluso, cien años en otros casos. En la nueva ley, estos procedimientos de acceso deberán ser, sin duda, revisados, convirtiéndose en más eficientes y sencillos, y garantizando así el derecho de acceso y la accesibilidad de los ciudadanos a la información.

Pero los archivos no son solo esto, no son solo, como decíamos, pilares para la gestión administrativa; también juegan otro papel igualmente importante, que es el de hacer posible la investigación y el conocimiento de la historia. Son los guardianes de los datos sobre los que se construye nuestra memoria, son, por lo tanto, también instituciones culturales, como lo son otras instituciones como puedan ser los museos o las bibliotecas. Y también en este aspecto, en su dimensión como instituciones de cultura, se hace precisa una revisión del papel de los archivos en nuestra sociedad de la información y el conocimiento.

Debemos destacar en este punto -y ya lo hacía la portavoz del Grupo Nacionalista- el esfuerzo que se viene realizando en Canarias, donde, a pesar de las dificultades económicas, el Gobierno viene aplicando recursos para la digitalización de los fondos documentales al objeto de garantizar, por una parte, su conservación y, por otra, para hacer más accesible su contenido aprovechando las oportunidades que ofrece Internet.

Hace pocos días se cerraba el plazo de licitación para un servicio de digitalización de los fondos documentales de los archivos históricos provinciales de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife por más de 111.000 euros, y a finales del mes de enero asistíamos a la noticia de que el Gobierno entregaba al Ayuntamiento de Teguise los protocolos notariales digitalizados. Pero, también en este sentido, cabe mejorar en algunos aspectos, como es en la relación que el patrimonio documental tiene con nuestro acervo histórico, algo que, sin duda, ninguno de nosotros pone en duda en este momento, pero que, sin embargo, no se corresponde con lo expresado en nuestra normativa vigente al respecto.

Tal y como también Asarca ha puesto de manifiesto en ocasiones, la vigente Ley 4/1999, de Patrimonio Histórico de Canarias, aparta del objeto de la ley la documentación canaria. En el título preliminar de la ley, en el artículo 1.2, deja clara la excepción del mismo, pues reza literalmente "Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado anterior el patrimonio documental, que se regirá por lo dispuesto en la Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias". Por lo tanto, no debemos dejar pasar la oportunidad que nos brindará la modificación de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, que hace poco tiempo terminaba su período de exposición pública, para cuidar que en el trámite parlamentario el patrimonio documental quede también recogido dentro del objeto de esa ley y que se le incluya entre los bienes del patrimonio histórico de Canarias, junto con los bienes muebles e inmuebles de interés histórico, arquitectónico, arqueológico, etnográfico, paleontológico, científico o técnico, que ahora mismo lo integran. El patrimonio documental deberá también quedar incluido o reflejado en esa nueva ley, respetando su propia normativa.

Deseamos que todas estas modificaciones normativas lleguen a buen puerto y sirvan para situar a Canarias en condiciones de igualdad e, incluso, superar a las de otras comunidades autónomas. Sin duda, resultará muy beneficioso para la mejor organización de los archivos de Canarias, para un adecuado funcionamiento de nuestras administraciones públicas y también para que no se pierda nuestra memoria. Y, al tiempo, también, sin duda, servirá para expresar un mejor reconocimiento a la figura de los profesionales que hoy trabajan en los archivos de nuestra administración, tanto regional como de las entidades locales.

Termino, muchas gracias, señor consejero.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias, señora diputada.

Para concluir el debate tiene la palabra el señor consejero, el señor Spínola.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola): Señor presidente. Señorías.

Bueno, antes que nada, lo que quiero es congratularme, congratularme de la intervención que han tenido todos los portavoces de los grupos parlamentarios porque todos coincidimos, todos coincidimos en la necesidad de revisar esta ley, una ley que está en vigor desde el año 90 y que hoy, 2014, se plantea lógicamente su actualización, su revisión, su mejora, su modificación, es necesario y creo que es un buen paso contar con la unanimidad de la Cámara para llevar a cabo esta iniciativa del Gobierno de reforma de la ley de archivos del año 90, lo vamos la llevar a cabo y ya disponemos de un primer borrador y vamos a trabajar intensamente, porque la actividad legislativa de esta Cámara es muy intensa, hay muchos departamentos que van o que quieren remitir a la Cámara proyectos de ley, también hay otras iniciativas en forma de proposiciones de ley y, sin duda, el último año del Parlamento se va a caracterizar por un notable incremento de la actividad legislativa. Eso requerirá, sin duda, un trabajo continuo y un esfuerzo que tendremos que hacer todos los parlamentarios si queremos de verdad que solucionemos muchos de los problemas que hay hoy en Canarias y que precisan de reformas de ámbito legislativo. Por eso, el papel del Parlamento de Canarias se torna, desde mi punto de vista, desde el punto de vista del Gobierno, en fundamental. La actividad de control es una actividad, sin duda, muy importante, de control del Gobierno, pero también la tarea legislativa, la acción legislativa es en este último año creo que fundamental.

Bien, yo quiero agradecerle a la señora Galván sus palabras, el reconocimiento hecho a la Consejería de Presidencia, la sensibilidad que ella también ha mostrado por estos asuntos relativos a los archivos porque, en fin, por su propia profesión y por su trabajo cotidiano en esta Cámara y antes de esta Cámara y seguro que después de que deje de ser parlamentaria. Y también esa sensibilidad la ha demostrado en las reuniones que hemos tenido con la asociación, con Asarca, una asociación que ha estado siempre muy preocupada en la mejora de los archivos no solo en la Administración de la comunidad autónoma sino en el conjunto de Canarias y creo que esta iniciativa, esta comparecencia que hoy se celebra en el Pleno va a tener un efecto positivo, va a tener un efecto positivo más allá de sus señorías, más allá del propio Gobierno, porque antes pusimos énfasis en situar el problema donde realmente está y el problema que hay en la gestión documental y en los archivos en Canarias no está en el Gobierno que, como dije, el Gobierno, desde ese punto de vista, referente en el conjunto de las comunidades autónomas españolas, el problema está en las corporaciones locales y esta comparecencia tiene que servir para concienciar a las corporaciones locales canarias de mejorar sus sistemas documentales y de archivos y la necesidad que tienen de reforzar mediante más recursos materiales y humanos, que tienen que dedicarlos, que tendrán que dedicar a los archivos. Y ese creo que es ya de por sí un logro de esta comparecencia.

Bien, dicho esto, quisiera referir también que ha habido solicitudes al Gobierno de ampliar el ámbito de aplicación del Decreto del año 2006 que es el que establece el sistema de aplicación, el sistema de gestión documental y de los archivos de la comunidad autónoma. Antes dije que estaba referido solo al ámbito de la Administración de la comunidad autónoma y nos han pedido extenderlo, extenderlo al conjunto de las administraciones públicas, esto es, una petición que ha hecho Asarca, también se ha recogido en reuniones del Consejo de Archivos de la Administración de la comunidad autónoma. Y creo que todo esto debe resolverse, sin ninguna duda, pero a través de una modificación legal.

Antes me preguntaba el portavoz del Grupo Mixto, don Fabián, si se había creado el consejo regional, los consejos insulares, pues mire, no, esto no, realmente no viene en función o no han funcionado a lo largo de estos años, no ha existido una verdadera coordinación entre la comunidad autónoma y los cabildos y ayuntamientos. No, todo esto hay que cambiarlo. El sistema lo vamos a modificar, vamos a crear un órgano nuevo, que es un órgano de archivo, un consejo de archivo de las administraciones públicas canarias, donde estemos todos, y que se reúna de forma periódica para ver si logramos concienciar y sensibilizar al resto de corporaciones y administraciones públicas canarias para que el sistema de gestión documental funcione de una manera coordinada.

Quiero agradecer también la intervención de doña Flora Marrero en nombre del Grupo Nacionalista, que ha destacado el proceso de digitalización que se ha llevado a efecto, la modernización de la administración a través de determinadas aplicaciones, y ha citado la aplicación SPERIA; creo que ha dado todo esto muy buen resultado.

Quiero también hacer referencia a la intervención de la portavoz del Grupo Popular, que también aboga, como todos, por la revisión de la ley, para que tengamos una ley de segunda generación. Ese es el objetivo del Gobierno, eso lo vamos a hacer y lo vamos a discutir y a debatir aquí en sede parlamentaria.

Habla de tratar de instaurar sistemas de gestión de archivos transversales, por supuesto, así será la línea que se plasmará en ese proyecto de ley. Ha hecho una alusión al abandono de los archivos de las administraciones locales. Lo siente, ha quedado de manifiesto que es algo que preocupa a todos los grupos parlamentarios como al Gobierno. Y, por último, ha hecho alguna referencia también a la falta de compromiso del Gobierno con subvenciones a museos. Yo esto se lo quiero dejar muy claro, la Consejería de Presidencia no tiene entre sus funciones dar subvenciones a los museos, que quede eso claro, ni a los archivos. Nosotros lo que hacemos es dictar las normas y, en este caso, a través del impulso de un proyecto de ley, y luego el desarrollo reglamentario a través de decretos y órdenes departamentales, pero la consejería no dispone de recursos para dar subvenciones a ningún cabildo, sea de Gran Canaria, sea de La Palma, sea de Lanzarote o de cualquier otra isla, por no citarlas a todas.

Por consiguiente, esta ley es importante, especialmente en este momento. ¿Por qué? Porque en este momento en Canarias vamos a aprobar una ley de transparencia y de acceso a la información. El derecho de acceso a la información es fundamental y está conectado, por tanto, con esta ley de gestión documental y de archivo.

Por tanto, aprovechemos el momento, el momento es oportuno. Tramitemos las dos leyes, tramitemos la ley de transparencia, de acceso a la información, regulémoslas con detalle, se va recoger una regulación precisa, detallada, concreta sobre estas materias. Eso es algo que va a beneficiar, sin ninguna duda, a los ciudadanos de Canarias. Creo que también se va a ver recompensado el trabajo de los archiveros, que, en fin, quizás, a lo largo de estos años no han tenido el reconocimiento profesional, como funcionarios que se dedican a una tarea a la que quizá no se le ha dado la importancia que merece. Nosotros vamos a procurar enaltecer la función que llevan a la práctica.

En definitiva, creo que, para concluir, esta comparecencia, señora Galván, ha sido muy oportuna, muy oportuna por las razones que antes indicaba, no solo para conocimiento de los parlamentarios y del propio Gobierno sino de las corporaciones locales. A ver si logramos sensibilizarlas de la importancia que tiene que exista un buen sistema de gestión documental y también de buenos archivos. Y vamos a procurar, que se me olvidaba, vamos a coordinar esta ley con la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. Estas dos leyes también las vamos a coordinar. Es importante referir que en ese anteproyecto de ley de patrimonio histórico, que está sometido a información pública, se incluye una definición del patrimonio cultural de Canarias.

En definitiva, señorías, el compromiso del Gobierno queda explicitado en esta comparecencia a elaborar y remitir al Parlamento de Canarias en esta legislatura ese proyecto de ley de patrimonio documental y de sistemas de archivo de Canarias.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias, señor consejero.

Con esta intervención suya termina esta comparecencia.