Diario de Sesiones 118/2014, de fecha 9/4/2014 - Punto 11

8L/PNL-0335 PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DEL ESTADO EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE LAS ENTIDADES LOCALES DEL PLAN DE PAGO A PROVEEDORES.

El señor PRESIDENTE: Siguiente proposición no de ley, del Grupo Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con las condiciones de las operaciones financieras de las entidades locales del plan de pago de proveedores.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Manuel Marcos Pérez Hernández... ¡Ah, no! Disculpe. Don Julio Cruz. Disculpe, don Manuel Marcos, vi que se levantaba...

El señor CRUZ HERNÁNDEZ: Señor presidente, muy buenas tardes.

Dada la complicada situación financiera de nuestro país, donde existía una gran dificultad para acceder al crédito para todas las administraciones y, en caso de acceder al mismo, los costes del dinero eran muy elevados cuando se podía o se lo daban, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de dos reales decretos, estableció en el 2012 un mecanismo de pago a proveedores para comunidades autónomas y entidades locales -ayuntamientos, cabildos, diputaciones, etcétera-. Su objetivo era suministrar liquidez a las empresas y apoyar financieramente a las administraciones territoriales afrontando el pago a largo plazo de sus deudas. En el 2013 se puso en marcha la tercera y última fase de este instrumento a través de un real decreto, concretamente el Real Decreto 8/2013.

Señorías, este mecanismo de pago en tres fases, que era a unas deudas primero, en una segunda deuda la menos importante, en función de la importancia se establecieron esas fases, ese pago a proveedores ha significado transformar básicamente la deuda comercial de ayuntamientos en deuda financiera.

En mayo del 2012 se formalizaron muchos préstamos a largo plazo -diez años con dos de carencia- para el pago y cancelación de las deudas contraídas por los proveedores. Realmente, los cabildos, los ayuntamientos tenían que aprobar unos planes de ajuste, planes de ajuste que debían ser aprobados por el Ministerio, en este caso, de Economía y el de Hacienda y Administraciones Públicas.

Las condiciones financieras de estas operaciones se fijaron por acuerdo de la comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos, del 1 de marzo del 2012, publicado ese acuerdo mediante una orden del 16 de abril. En dicha orden se recogía que el criterio para determinar el tipo de interés para los ayuntamientos, cabildos insulares y otras entidades locales se identificaba con el equivalente al coste de financiación del tesoro público a los plazos señalados más un margen -plazo señalado, es decir a diez años-, más un margen máximo de 115 puntos básicos, al que se añadiría un margen de intermediación de 30 puntos básicos. Este tipo de interés se estableció, además, que se revisará trimestralmente en cada fecha de pago, conforme a las cláusulas que se contienen en los contratos que se fijaron en esa fecha. Así, el primer tipo de interés que se fijó en abril del 2012 fue del 5,93 %.

Como conclusión, podemos decir que los ayuntamientos y cabildos insulares canarios, entre otros, se han visto obligados a formalizar unas operaciones de crédito a largo plazo a un elevado tipo de interés y con una exigencia añadida de cumplir con unos planes de ajuste aprobados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Una política del Gobierno del Partido Popular establecida y exigida sin que intervinieran en ningún caso, y ni siquiera fueron oídos, los ayuntamientos y cabildos insulares. Una decisión del Partido Popular que es un hito más en esa batalla contra los ayuntamientos y que cuestiona permanentemente el principio de la propia autonomía municipal y que supone de rondón un coste considerable para los propios ayuntamientos y, por ende, para los servicios públicos que prestan esos ayuntamientos.

En las dos primeras fases del plan de pago a proveedores se acogieron 3.777 entidades locales en toda España, por un importe, nada más y nada menos, que de 9.598 millones de euros. La tercera fase, la última, del año 2013, los datos provisionales son que se acogieron 282 entidades locales por un importe de 215 millones de euros.

Señorías, como he señalado anteriormente, como las operaciones se formalizaron en mayo del 2012, contando con dos años de carencia, será a partir de mayo del 2014 -es decir, el próximo mes- cuando los ayuntamientos y cabildos insulares tengan que comenzar con la amortización de los préstamos. Esto supondrá que tendrán que hacer frente a un pago bastante mayor del que venían haciendo en los dos primeros años. Sirva como ejemplo el ayuntamiento de la capital, de la ciudad, donde está radicado este Parlamento, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 54 millones de euros tiene que pagar el próximo mes; nada más y nada menos, 54 millones de euros. Por lo tanto, 54 millones de euros que va a significar que no están al servicio de otras cuestiones más importantes o de mayor necesidad en esta ciudad, igual que en toda Canarias, en estos momentos.

Esto supone, señorías, esta amortización, tal como está establecida, que tendrán que hacer frente a un pago bastante mayor del que venían haciendo, y que algunos de ellos tendrán enormes dificultades para pagar. Algunos podrán pagar y otros, la inmensa mayoría, tendrán muchas dificultades, sobre todo los pequeños, para pagar. No obstante, el pago está garantizado. Porque el mecanismo funciona de que la detracción de esos recursos se hace del PIE por el Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas. Por lo tanto, se hace una detracción manu militari y, por lo tanto, ahí la Administración, los ayuntamientos, los cabildos, se quedan sin unos recursos importantes.

Esto es un problema serio que va a suponer el pago de cuotas de amortización para muchos ayuntamientos y cabildos insulares y, sobre todo, señorías, lo que nos preocupa, sobre todo, es la repercusión que va a tener en la prestación de servicios públicos para los ciudadanos, en un contexto y en un momento de que la recesión sigue, la situación económica no ha mejorado, los ciudadanos no perciben esa situación y, sobre todo, los ayuntamientos no tienen otras fuentes de ingresos distintas a las que tenían hace dos años que pudieran paliar o que pudieran permitirles hacer frente a esa amortización sin detraer de los servicios públicos que se prestan.

Por todo ello, señorías, nosotros proponemos una solución que creemos razonable y acorde con las distintas situaciones de las entidades locales. Que es que el Parlamento insta al Gobierno de Canarias para que inste al Gobierno de España a revisar las condiciones establecidas en las operaciones financieras formalizadas por las entidades locales en el plan de pago a proveedores con la articulación de las siguientes medidas.

Una, la ampliación del periodo de carencia de dos años. Una carencia de otros dos años, aproximadamente, sería lo ideal, lo necesario, a ver si repuntan los ingresos en las corporaciones locales.

La ampliación del pago del plazo de amortización. Es decir, de diez años, si ampliamos dos años de carencia, ampliamos el plazo de amortización a, en vez de diez años, pues a doce años, catorce años, de tal manera que las corporaciones tengan un mayor margen.

Y, sobre todo, la reducción del tipo de interés. Porque el tipo de interés no es el que recibe el Banco de España, no es el que recibe los recursos del Gobierno de España, sino que recibe, el Reino de España, en estos momentos, recibe un tipo de interés a muy bajo precio -prácticamente al 1 %- y lo está poniendo a las entidades locales, en el primer pago, al 5,5 %; es decir, estamos muy por encima de lo que está el tipo de interés en esa situación. Y, además, con la agravante de que las entidades locales no pueden ir a la entidad privada, a la banca privada, a obtener esa financiación, porque la banca privada no tiene financiación para corporaciones locales. No tiene ni para las empresas, no tiene para las corporaciones locales y no fluye el crédito. Por lo tanto, tenemos, hay una dificultad importante, aparte de que las entidades locales tienen, por ley, prohibido ir a préstamos para este tipo de cuestiones.

Y, en definitiva, señorías, esta propuesta, que es una propuesta que creemos muy constructiva, es que todo esto se haga en consenso -como no se hizo anteriormente, pero que ahora se haga en consenso-, con la convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En definitiva, que el ministerio convoque la comisión existente en este país de cooperación entre el Gobierno de España y las corporaciones locales y, en ese contexto, acuerden plazos de amortización, ampliación, modificación de los tipos de interés y, en definitiva, se trabaje en colaboración con los ayuntamientos, porque eso significa, desde el Gobierno de España, aunque no están acostumbrados, significará que trabajan también por el bien de los ciudadanos en este contexto.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias, don Julio.

Hay dos enmiendas a esta proposición no de ley, una del Grupo Popular. Tiene diez minutos, don Fernando.

El señor ENSEÑAT BUENO: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores diputados.

Señores parlamentarios del Partido Socialista, resulta difícil subirse hoy a este atril y exponer con cierto sosiego el posicionamiento del Grupo Parlamentario Popular respecto a esta proposición no de ley que ustedes traen hoy a este Parlamento. Porque detrás de las bondades que puede parecer que presenta esta PNL, detrás de esta repentina preocupación por la salud financiera de nuestras administraciones locales, se esconde un alto grado de cinismo político; un episodio más, en esa espiral de demagogia y de enfrentamiento continuo con el Gobierno de la nación en la que ustedes se van hundiendo más y más a medida que este país, España, va saliendo de la crisis económica y social que ustedes nos dejaron. Y me explico: en el año 2012, a los pocos meses de acceder el Partido Popular al Gobierno de la nación, el presidente del Gobierno, el señor Mariano Rajoy, pone en marcha un conjunto de medidas de ayudas y préstamos para sanear, proporcionar liquidez y rescatar a las distintas administraciones públicas que así lo demandasen. Probablemente, el conjunto de medidas más ambiciosas por el volumen de recursos movilizados, casi 103.000 millones de euros, y más exitosas, por los resultados obtenidos, de la historia de nuestra democracia. 103.000 millones de euros entre los años 2012 y 2013 a los que hay que sumar 23.000 millones más del Fondo de Liquidez Autonómica del 2014, que se han destinado desde el Gobierno de la nación a los ayuntamientos, cabildos y comunidades autónomas para que puedan afrontar sus obligaciones de pago, el saneamiento de sus cuentas y cumplir con el objetivo del déficit marcado. Porque es verdad que el Estado, con una mano, ha impuesto la rigurosidad en el gasto y en el control del déficit público porque este se estaba comiendo literalmente nuestro Estado del bienestar; pero con la otra mano ha puesto las herramientas y los recursos financieros necesarios para que las administraciones puedan cumplir con esos objetivos. Por cierto, recursos económicos, préstamos, prestados y financiados a tipos de interés muy inferiores a los del mercado y a los que era libre y voluntaria la adhesión por parte de las administraciones públicas.

Pues bien, dentro de ese conjunto de medidas puesta en marcha por el Gobierno del señor Rajoy, una de ellas, la más importante, o de las más importantes, ha sido el plan de pago a proveedores, plan que, junto con un porcentaje del FLA, ha permitido a comunidades autónomas, cabildos y ayuntamientos disponer de más de 43.500 millones de euros para el pago a sus proveedores, 43.500 millones con los que se han abonado más de 8 millones de facturas. Algunas de ellas incluso en pesetas, algunas de ellas llevaban años en los cajones, algunas de ellas ni siquiera contabilizadas ni reconocidas; pero todas ellas, todas ellas, eran de obligado pago por las administraciones públicas deudoras. Facturas que no se abonaban por los efectos de la crisis, pero también por la injusta relación de fuerzas entre los agentes implicados. Cuestión esta última atajada por el Gobierno de la nación al obligar a las administraciones públicas a cumplir que, a partir del 1 de enero, el periodo medio de pago sea de 30 días. 43.500 millones que han permitido pagar a más de 230.000 proveedores, el 98 % de ellos, autónomos y pymes, que no cobraban sus facturas a pesar de haber prestado el servicio o realizado la entrega de bienes contratada. 230.000 proveedores sometidos a eternos impagos, los cuales, en muchas ocasiones, les habrían conducido al cierre de sus negocios y a proveedores que han sufrido la injusticia de tener que pagar impuestos por facturas emitidas a las mismas administraciones que se las adeudaban. Pues bien, el plan de pago a proveedores, o el plan de empleo a proveedores, como lo denominan las asociaciones de trabajadores autónomos, ha permitido pagar a esos 230.000 autónomos y pymes y salvar unos 400.000 empleos; pero también ha permitido ahorrar a las comunidades autónomas y a las entidades locales adheridas, en todo el plazo de la operación, más de 1.700 millones de euros de intereses. Ahorro producido gracias a sus condiciones financieras con tipos de interés por debajo del mercado y a que el Estado ha podido abrir mercados crediticios que las comunidades autónomas y las entidades locales tenían cerrados.

En cuanto a Canarias, el plan de pago a proveedores en sus tres fases ha permitido pagar 155.000 facturas a más de 1.000 proveedores y por valor de 823 millones de euros; 823 millones de euros de los que 447 correspondían a deudas de los ayuntamientos, 55 millones de los cabildos y 322 de la comunidad autónoma. Además, a esos 322 de la comunidad autónoma debemos sumarle otros 783 millones provenientes del FLA del 2012 y de 2013, autorizado para el pago de facturas -por cierto, el 80 % de esas facturas, sanitarias-. Lo que hace un total de 1.100 millones, 1.100 millones, para la comunidad autónoma, y unos 1.600 millones, 1.600 millones, para el conjunto de las administraciones canarias, solo para el pago de facturas a proveedores.

Esta es la realidad del plan de pagos a proveedores. Estos son sus números, que refrendan su éxito. Realidad y éxito que ustedes, señores del Partido Socialista, omiten y ocultan en los antecedentes de su proposición no de ley. Cómo se puede entender, si no es desde el cinismo político, que presenten una PNL sobre el plan de pago a proveedores y no mencionen ni uno solo de estos datos, ni uno solo de estos éxitos, no mencionan ni uno solo. Sin embargo, se atreven a introducir afirmaciones como que las entidades locales se han visto obligadas a formalizar operaciones de crédito, que se les ha impuesto elevados tipos de interés, que el plan de pago a proveedores vulnera la autonomía municipal y supone un coste considerable. ¿Cómo se pueden realizar estas afirmaciones tan alejadas de la realidad, por decirlo de una manera suave, tan alejadas de lo que ha supuesto el plan de pago a proveedores para las administraciones locales y para la economía de este país?

Señor Julio Cruz, usted se atreve a calificar, en esta PNL y en los medios de comunicación estos días, que un interés al 5,9 es abusivo, elevado e injusto. Pues, entonces, ¿cómo calificamos el 9,25 que este Gobierno de Canarias hace pagar a los jóvenes empresarios canarios cuando piden un crédito a los Jeremie? Microcréditos que, a un 9,25, ustedes se atrevieron a incluir en el plan de la lucha contra la pobreza. Pero es que, además, debería de saber que el tipo de interés de demora para operaciones comerciales que marca la ley de morosidad de las administraciones públicas no ha bajado del 8 % en todos estos años; tipo de interés que los ayuntamientos se verían obligados a soportar si no se hubiera creado el plan de pago a proveedores... 5,9 frente a un 8 %.

En cuanto a la repentina preocupación que les ha entrado por la salud financiera de nuestras administraciones locales, sosiéguenla ustedes, tranquilos; porque, desde que hace dos meses el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Santander, del Partido Popular, el señor Íñigo de la Serna, solicitara al Gobierno de la nación flexibilizar las condiciones de devolución del primer pago del Plan de proveedores, el Ministerio de Hacienda se ha puesto a trabajar. Por lo tanto, además de los pecados referidos, esta proposición no de ley llega tarde, señor Julio, de hecho, el ministro ya ha anunciado que se va a permitir el aplazamiento de la devolución de la deuda que tienen los ayuntamientos y que en las próximas semanas se convocará la Comisión Nacional de Administraciones Locales para, conjuntamente con el FEMP, acordar, establecer y promover las condiciones de ese aplazamiento.

No quiero terminar mi intervención sin poner sobre la mesa dos cuestiones en referencia a la enmienda presentada por Coalición Canaria, que luego se presentará. La primera: cuántas veces hemos oído en este Parlamento al señor Ortiz decir que Canarias no acudiría ni al FLA ni al plan de pago a proveedores si estos no proporcionan mejores intereses del mercado, las mejores condiciones del mercado, y si no son completamente transparentes todas sus condiciones. Pues bien, Canarias ha acudido todos los años y, es más, solamente 9 comunidades autónomas de las 17 lo han hecho. Y la segunda cuestión: flexibilizar las condiciones de devolución del plan de pago a proveedores no es gratis. Esto va a repercutir y va a hacer que el Estado tenga que hacer un gran esfuerzo económico para poder cumplir con ello, y reclamar ahora que las comunidades autónomas, que tienen más recursos financieros, y que por ejemplo esta es de las menos endeudadas, reclamar ahora que se incluyan también puede ser quitárselo a los ayuntamientos, y es profundamente insolidario con esos ayuntamientos que tienen dificultades.

Pero miren, como no hay mal que por bien no venga, y aprovechando la sensibilidad mostrada en el día de hoy por el Partido Socialista con las dificultades financieras de las entidades locales canarias, mi grupo parlamentario presenta una enmienda de sustitución, con un primer punto donde reclamamos la creación de un fondo de liquidez para ayudar a los ayuntamientos que lo necesiten, en la línea del que solicitó mi compañero Jorge Rodríguez, hace apenas dos meses, en una proposición no de ley que ustedes rechazaron poniendo mil excusas, incluso, que no entendían el texto de la proposición no de ley, ¿se acuerdan ustedes? Ese día la preocupación por las dificultades financieras de nuestro ayuntamiento no fue demasiada elevada, ¿verdad? Ese primer punto... bueno, ya lo he dicho -como tengo un minuto más, ¿verdad, señor presidente?-. Bien, pues ese primer punto dice que "el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a crear un fondo de liquidez para facilitar financiación a todas aquellas entidades locales de la Comunidad Autónoma de Canarias que presenten dificultades para afrontar la evolución de la deuda correspondiente al plan de pago a proveedores". Y digo un primer punto porque quiero presentar in voce un...

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Perdone un momentito. Sí, tiene usted un minuto más, señor Enseñat.

El señor ENSEÑAT BUENO: Como digo, quiero presentar in voce un segundo punto a esa enmienda de sustitución. En el segundo punto dice: "Instar al Gobierno de la nación para que, lo antes posible, se aprueben las medidas que se están estudiando para mejorar las condiciones de devolución establecidas en el plan de pago a proveedores, revisando el plazo de amortización y el tipo de interés de los préstamos concedidos a las entidades locales".

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias, señor diputado.

Hay otra enmienda por parte de Coalición Canaria. Tiene la palabra.

Tiene la palabra, doña Nieves.

La señora PULIDO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Como saben sus señorías, el plan de pago a proveedores, al igual que el Fondo de Liquidez Autonómica, fue vendido a bombo y platillo por el Gobierno del Partido Popular como la panacea para ayudar a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas a pagar sus deudas con los proveedores. Escuchando aquel anuncio y lo manifestado por algunos dirigentes del PP, del que se hizo buen eco en esta misma sede parlamentaria, alguien podría pensar que se trataba de una ayuda del Estado para que las administraciones pudieran hacer frente a las deudas comerciales contraídas y nada más lejos de la realidad, puesto que se trata de préstamos que se concedieron a estas administraciones a un alto interés -casi a un 6 %- para facilitar sus pagos a proveedores, lo que supuso transformar la deuda comercial en deuda financiera, en deuda a la banca, incrementando de manera significativa esta última. Y, así, hace ahora dos años, las entidades locales se vieron obligadas a formalizar unas operaciones de crédito a largo plazo con una amortización a diez años y dos de carencia, y afrontando un elevado tipo de interés además de obligar a cumplir con unos planes de ajuste que debían contar con la aprobación del Ministerio de Hacienda. De este modo, la participación en el sistema se convirtió en obligatoria para las entidades locales, puesto que, aunque no concertaran las operaciones financieras, en el caso de mantener deuda pendiente con proveedores que cumplieran los requisitos establecidos por el plan, el propio fondo de pago asumiría el pago de forma obligatoria para las entidades locales -señor Enseñat, de forma obligatoria, aunque usted diga lo contrario-, detrayendo su importe de la participación de los tributos del Estado. Y le digo que de forma obligatoria; cuando me iba a preparar esta intervención, hablé con un interventor de una administración local y no se acogieron a la segunda fase de este mecanismo y, ¿sabe qué les ha sucedido ahora? Que llevan tres meses sin cobrar la participación en tributos del Estado. ¿Y sabe qué les está pasando? Que apenas tienen dinero para pagar la nómina de sus empleados. Entonces no me diga usted a mí que no es obligatorio para las administraciones locales: "o pides el préstamo y te doy diez años para que lo pagues, o no lo pides, yo pago la deuda por ti y te detraigo, en el mismo momento en que pago la deuda, el dinero de la participación en tributos del Estado". ¿Es obligatorio o no es obligatorio? Por tanto, lo que nosotros cuestionamos es que sea un mecanismo impuesto por el Estado de manera que vulnera la autonomía local y en la que no se les dio participación en su definición a las entidades locales.

Desde nuestro grupo no cuestionamos, por supuesto, señor Enseñat, la necesidad de reducir la morosidad de la Administración, sobre todo en lo que atañe a las pequeñas y medianas empresas y autónomos, puesto que muchas de ellas han visto peligrar su solvencia e, incluso, su propia existencia por los drásticos efectos de la crisis económica, por la restricción en crédito y de la caída de la demanda interna fundamentalmente, pero que también jugaban en contra, por supuesto, los retrasos en los pagos de las distintas administraciones públicas. Pero, sin embargo, también quiero añadir, o también tenemos que decir, que solo diez grandes empresas -¡diez grandes empresas!- se llevaron el 25 % del importe total del fondo. Lo que cuestionamos, lo que cuestionamos, es la otra cara de la moneda, los efectos perversos sobre las entidades locales y comunidades autónomas, administraciones que, no olvidemos, son las prestadoras de los servicios esenciales y las garantes del Estado del bienestar y que se han visto obligadas a disminuir, a suprimir los servicios esenciales que venían prestando. El resultado es que, dos años después de haberse puesto en marcha este mecanismo de pago, las entidades locales continúan con grandes problemas para hacer frente a su deuda. Y si ahora ya tienen problemas cuando solo están pagando los intereses de esta deuda, imaginemos lo que va a pasar dentro de unos meses cuando, además del pago de intereses, tengan que afrontar la amortización del capital. En consecuencia, esta dificultad para afrontar los pagos de la deuda financiera conllevará a políticas de mayores recortes, pues, al estar garantizado el pago preferente de la deuda financiera a través de la retención en la participación de los tributos en el Estado, a las entidades locales les quedará como única alternativa para afrontar el pago de la deuda no financiera, sus nóminas, a sus proveedores, etcétera, el tener que recurrir a recortes, a nuevas privatizaciones, a la supresión o disminución de servicios, a la enajenación patrimonial, a la subida de impuestos, a realizar expedientes de regulación de empleo y recortes salariales en sus empleados. En fin, una situación insostenible que vuelve a cargar el peso de la crisis sobre los mismos. Sí, señorías, sí, señorías, sí, señor Enseñat, sobre las personas más castigadas por esta crisis, que ya no pueden más. No se merecen el castigo de estas políticas neoliberales que siempre atacan al más débil socialmente.

Cuestionamos, por tanto, las condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento, su inadecuada rigidez del periodo de amortización y, sobre todo, el abusivo tipo de interés. Sí, abusivo, señor Enseñat, tipo de interés abusivo, condiciones que fueron fijadas por el Estado estableciendo un criterio para determinar el tipo de interés que solo se justifica en que el Gobierno lo convierte en un mecanismo para seguir ayudando, con nuestro dinero, a las entidades bancarias, a los que más tienen y mayores beneficios están sacando de esta crisis económica. Y, si no, ¿cómo se explica que se haya comunicado un primer tipo de interés del 5,9 % cuando el Banco Europeo les presta el dinero a la banca a poco más de un punto porcentual? Por eso le digo que el tipo de interés es abusivo. ¿Por qué no se canalizaron estos créditos a través del Instituto de Crédito Oficial, prestando el dinero a las entidades locales al tipo que le prestaba el Banco Europeo, añadiendo un pequeño diferencial sobre el interés? Solo hay una explicación, señorías: el Gobierno del Partido Popular utiliza este mecanismo para obligar a las corporaciones locales, e indirectamente a sus ciudadanos, a financiar con ese diferencial el rescate bancario; es decir, el dinero sale de los bolsillos de los ciudadanos y, vía tipo de interés, se va a engrosar las cuentas de resultado del sistema financiero, de los responsables de la crisis.

Tampoco consideramos adecuada la rigidez del periodo de amortización a diez años, en lugar de establecer una horquilla de cinco y veinte años como piden las entidades locales, para posibilitar una adecuación a las necesidades y posibilidades que están sufriendo.

Por eso vamos a apoyar esta PNL, puesto que lo se pide es razonable: que se aplique una solución acorde a las circunstancias de cada entidad local, instando al Gobierno a revisar las condiciones establecidas mediante la ampliación del periodo de carencia, del plazo de amortización y, lo que es más importante, a través de la reducción del injusto tipo de interés. Ahora bien, el Grupo Nacionalista presenta dos enmiendas de adición a la misma puesto que entendemos que esta revisión de las condiciones establecidas debe extenderse también a las comunidades autónomas.

Y efectivamente, señor Enseñat, en estos días hemos leído que el señor Montoro, como consecuencia de la presión ejercida, como consecuencia de la presión ejercida, de las PNL que ya se venían presentando en todos los ayuntamientos por el Partido Socialista en toda España y algunas con el apoyo de alcaldes de su propio partido, va a aplazar la devolución de los créditos concedidos a los ayuntamientos, dice "para no asfixiar". Esperemos que así sea, pues ahora los tiene con la soga al cuello y asfixiados. Y para terminar, señorías, quiero hacer una breve referencia -veo que me queda tiempo- al cumplimiento de los objetivos de déficit que el Estado vuelve a incumplir.

En el pasado ejercicio, a pesar de la reducción de sus ingresos, las corporaciones locales han rendido sus cuentas con superávit, pasando de un déficit del 0,39 del PIB nacional en 2011 a un superávit del 0,41 en 2013. Por otro lado, la mayoría de las comunidades autónomas ha cumplido rigurosamente con sus objetivos de déficit, pasando de un déficit del 3,41 % en 2011, a un 1,54 en 2013. Sin embargo, la Administración central no solo no lo ha reducido, sino que lo ha incrementado, pasando de un 5,27 % del producto interior bruto en 2011, a un 5,42 en 2013. Pero lo que a mí me llama la atención es cómo el ministro alardea del superávit de los ayuntamientos, de ese 0,41 % de superávit, lo que supone unos 40.000 millones de euros. Y se lo digo porque, al contrario que el señor Montoro, creo que, en esta situación...

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Tiene un minutos más para concluir.

La señora PULIDO RODRÍGUEZ: ...creo que, en esta situación de crisis económica, con una insostenible tasa de paro y de pobreza, tan malo es una cosa como la otra, tan malo es tener déficit como superávit. Porque esos 4.000 millones tenían que haberse invertido para generar empleo y mejorar las condiciones de vida de la gente que lo sigue pasando mal, muy mal, aunque el señor Montoro nos hable de lo bien que va la economía. Y yo le digo que sí, que puede que vaya bien para unos pocos, pero, por supuesto, no para la gran mayoría.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Gracias, señora diputada.

Tiene ahora, el señor proponente, para manifestarse si acepta o no las enmiendas propuestas.

Don Julio Cruz.

El señor CRUZ HERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías.

Señor portavoz del Partido Popular, venir aquí y hablar de cinismo político, ya, la verdad, es que raya un poco el esperpento, ¿no? Porque, mire, de hundimiento, usted habla aquí de rescate de las administraciones públicas, 103.000 millones. ¿Pero usted sabe cuál ha sido el rescate de la banca? Lo decía ayer el Tribunal de Cuentas: 108.000 millones de euros, el rescate de la banca. ¿Y sabe a qué tipo de interés? Al 0,5 %. Y de esos 108, ¿sabe cuánto le han regalado, regalado, literal, sin tener que devolver? Más de 53.000 millones de euros. Regalado a la banca. ¡Ese es el cinismo del Partido Popular! A la banca, manga ancha; a la banca, ni interés. Pero, claro, a los ayuntamientos sí, porque los ayuntamientos son unos manirrotos. Evidentemente, hay algunos que sí son manirrotos, porque, si nos fijamos en todo ese cuadro de deuda bancaria, o de deuda con proveedores, mejor dicho, de las administraciones públicas, ¿saben cuál era quien más debía? Pues el Ayuntamiento de Madrid, que, por casualidad, creo que es del Partido Popular, gobernado por un tal Gallardón, por una señora Botella, creo que muy cercanos a ustedes, ¿eh? Y estos debían un montón de dinero. Y los otros ayuntamientos, los pequeñitos, esos no debían tanto, en Canarias no se debía tanto; pero, claro, es que la banca es la banca, y el cinismo político está en que a los ayuntamientos hay que darles el préstamo al 5,9 % y, si no nos lo devuelve, se lo quitamos de los recursos, pero a la banca, por supuesto, a la banca, gratis. "No lo devuelvan, guárdenselo ustedes, banqueros, no hace falta que nos lo devuelvan porque todos los españoles lo van a pagar sin ninguna dificultad". Claro, lo vamos a pagar todos los españoles, esa es la realidad, bien con los impuestos bien, además, con la financiación, como ha señalado la portavoz del Grupo Nacionalista, con la obligatoriedad de pedir los préstamos a la banca española.

Porque, mire, y aceptamos por supuesto la enmienda del Grupo Nacionalista, en relación con las comunidades autónomas, porque aquí debatimos, cuando la Comunidad Autónoma de Canarias pidió un préstamo, para no acogerse al FLA, de 500 millones de euros. Y a los 500 millones de euros, ¿qué le dijo el ministerio? "No, no, no. Usted no vaya a esa banca americana que le da 500 millones de euros a un tipo de interés más bajo que el español, que el de la banca española. No, no, usted, a la banca española y usted paga 7 millones de euros más al año de intereses porque usted lo tiene que pedir en España". Como si los 7 millones de euros los pagara el señor Ortiz o el Gobierno de Canarias: lo pagamos todos los canarios. Pero ustedes prefirieron que, 7 millones de euros, todos los canarios los pagáramos al año, porque se los pagamos a la banca, a la gran banca española, pero no a la banca americana, en este caso, que nos lo daba más barato. Esas son las prioridades de ustedes. Y como son las prioridades de ustedes, no me venga aquí a hablar de cinismo en este tema, porque, mire, y si el Gobierno suyo, porque al final dice: "usted es tan cínico pero al final estoy de acuerdo que hay que modificar esa propuesta". ¿Y hay que pagar a los proveedores? Claro que hay que pagar a los proveedores, pero lo que pasa es que hay que tener también la misma manga para los ayuntamientos y corporaciones públicas que para la banca, al menos. Porque, al final, la banca no presta servicios públicos, los ayuntamientos, sí. Y como los ayuntamientos prestan servicios públicos, le quedan veinte días. Usted dice que el Gobierno lo va a arreglar: le quedan veinte días al Gobierno del Partido Popular, al señor Cristóbal Montoro, para modificar esas órdenes y decir: oiga, donde decía diez, vamos a poner quince, y donde decía el tipo de interés del 5,9 o al 8,6, que usted señala que es el comercial, claro, pero es que la banca lo tiene al 1 % y el Gobierno de España lo recibe del Banco Central Europeo al 0,5 %. Claro, el Gobierno de España al 0,5, y "tú, ayuntamiento, porque eres menor de edad, porque me tienes que financiar, al 5,9". ¡Por favor, por favor! Tiene que equilibrar. Y, encima, yo tengo mayor déficit, como tengo el mayor déficit de todos, no cumplo; porque el único que no cumple aquí en este país es el Gobierno de España, el Gobierno central. Las comunidades autónomas cumplen sí o sí; los ayuntamientos, ya se lo han dicho, incluso con superávit; pero el Gobierno de España tiene un margen de un porcentaje de déficit, ¿y qué hace el señor Montoro? Pues del 5,27 sale al 5,42: ni siquiera cumple; es decir, aumenta el déficit, no cumple con la Unión Europea, por lo tanto, los márgenes que tenemos ante la deuda son mayores, encima, el Gobierno nos castiga.

En definitiva, señorías, no aceptamos en ningún caso las enmiendas del Partido Popular, que pretenden escurrir el bulto y no afrontar el problema. Porque el problema es sencillo, y lo he planteado sencillamente en mi primera intervención y no he aludido para nada a todo esto que le estoy señalando anteriormente, que lo sabíamos y lo sabemos todos. Le estoy diciendo que le pedíamos al Gobierno de España: "oiga, siéntese usted con las corporaciones locales en el organismo que está establecido para eso y establezca unos mecanismos mejor para que los ayuntamientos -los suyos, los de todos- puedan prestar mejores servicios públicos y puedan devolver esos préstamos leoninos que ustedes les han impuesto y que están repercutiendo en los servicios públicos. Sí, la han impuesto, porque...

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Sí, perdón. Que tiene un minuto para también fijar posiciones, que es para lo que es este tiempo y no para discutir de la banca, para hablar del tema de la PNL de Coalición Canaria.

El señor CRUZ HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

El tipo de interés, que lo ponen ustedes, el tipo de interés lo pone el Gobierno de España, léanse la orden. La orden establece que es el Gobierno de España el que establece el tipo de interés y el tipo de interés lo fijan ustedes al cinco y pico, pero, claro, ustedes lo reciben al 0,5 y lo incrementan.

Mire, a las enmiendas del Partido Popular, a las que están por escrito: ¡no! A la que está in voce, ni la discutimos: ¡no!, tampoco, evidentemente. A la del Grupo de Coalición Canaria, el Grupo Nacionalista, por supuesto que sí, porque, además lo hemos comprobado, que el cinismo del Partido Popular quiere más que paguemos los canarios 7 millones de euros más anuales de intereses, porque no nos dejan financiarlos fuera de nuestro país. Y creo que debe incluirse también a las comunidades autónomas y, en esa comisión de política fiscal y financiera, las comunidades autónomas, con el Gobierno de España, establecer un mecanismo; porque al final, señorías, cuando estamos hablando de esto, de recursos, de estos recursos, son los que se le quitan a los ayuntamientos, los que se le quitan a las comunidades autónomas, para que la ley de la dependencia se preste como se preste, la sanidad se preste como se preste y la educación se preste como se preste. ¿La culpa? Del Partido Popular.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Gracias, señor diputado.

Señor Román, que tiene la palabra para fijar posiciones.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Desde su escaño): (Sin micrófono.) oportuna, cierto es que hay alguna noticia favorable en que se va a considerar este retraso o ampliación del periodo de carencia; retrasar, por tanto, los periodos de amortización del dinero prestado, y esperemos también que se revisen los intereses a la baja, porque se ha modificado el mercado financiero, al menos en estos elementos, ¿no? De manera que eso es razonable.

Y que se haga con las corporaciones locales es de justicia. Las corporaciones locales españolas aportan el 4 % de la deuda pública, representando el 12 % del gasto. Es decir, de toda la estructura de las administraciones públicas, las que -no ahora, desde antes de la crisis- han sido más respetuosas con los ingresos y gastos son las corporaciones locales: 4 % de la deuda pública española achacable a la deuda de las administraciones locales, 12 % del gasto. De manera que esta es una razón que justificaría, sin duda ninguna, un trato especial, pero es que, además, el ajuste ha sido tan brutal que han tenido 4.000 millones de superávit en el año 13. Cierto es que cuando se habla de superávit hay que añadir "a costa de servicios públicos". A ver si se creen que esto sale gratis, ¿no? Esto del ajuste, lo haga la Administración central, las autonómicas o las locales, tiene consecuencias sobre la calidad de vida de la gente, sobre los derechos, sobre los servicios, sobre la inversión pública. Por eso algunos la hemos cuestionado en los términos yo creo que absolutamente desaforados que se han impuesto, por parte de la troika, el ajuste fiscal. Eso tiene impacto en la economía, tiene impacto en los derechos y tiene impacto en la demanda.

De manera que, como hoy no toca hablar de eso, sino de la proposición no de ley, nos parece bien que se amplíe el periodo de carencia, sobre todo para aquellas administraciones locales más ajustadas en estos momentos, que hay unas cuantas, y en Canarias especialmente. Que se amplíe el periodo de amortización y se revisen los intereses. Es una buena noticia que Montoro, en un acto del partido el pasado fin de semana, prometiera -de su partido-, prometiera este tema. Lo suelen hacer todos, ¿no?, lo suelen hacer todos.

El planteamiento, por lo tanto, eso está bien; sería deseable también que el Fondo de Liquidez Autonómica pudiera flexibilizarse en los periodos de carencia y de amortización y en los propios intereses y, por lo tanto, nos parece bien, positivo, y creemos que el momento lo posibilita. Los tipos de interés han bajado a nivel global, no por mérito del Gobierno de España, sino porque, por una vez, el Banco Central Europeo ha actuado y ha parado la especulación en Grecia, en Portugal, en España y en otros países del sur. Es una decisión del Banco Central Europeo, que no siempre ejerce su función, y esto es lo que ha posibilitado un ajuste del precio del dinero menos especulativo, y no es mérito de ninguno de los gobiernos del sur, sino de la presión social, política e incluso del Fondo Monetario Internacional, que ha cuestionado esta política del propio Banco Central, que es la que ha permitido rebajar la prima de riesgo. Que se sepa. También se ha rebajado en Portugal, en Grecia, en Irlanda, etcétera, etcétera, porque, por fin -ya iba siendo hora-, el Banco Central Europeo empieza a cumplir alguna de sus funciones.

De manera que nuestro voto es afirmativo. Nos parece oportuno y razonable y seguramente posible, porque el Partido Popular también está en ello.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias. Terminó el debate.

(El señor vicepresidente segundo, Fernández González, hace sonar el timbre de llamada a votación.) (Pausa.) (Se reincorpora a su lugar el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández, y asume la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Señorías, se vota la proposición no de ley con la adición de la enmienda del Grupo Nacionalista.

Comienza la votación (Pausa).

45 presentes, 28 votos a favor, 17 votos en contra, ninguna abstención.

Queda aprobada.

No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las diecisiete horas y cincuenta y cinco minutos.)

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  • 8L/PNL-0335 Sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con las condiciones de las operaciones financieras de las Entidades Locales del Plan de Pago a Proveedores.


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