Diario de Sesiones 119/2014, de fecha 22/4/2014 - Punto 25

8L/C-1529 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE ACCESO A LA HISTORIA CLÍNICA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA CAC PARA CONTROLAR EL ABSENTISMO Y LAS INCAPACIDADES LABORALES.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre acceso a la historia clínica de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias para controlar el absentismo y las incapacidades laborales.

Para la primera intervención, por parte del grupo solicitante de la comparecencia, el Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez, por tiempo de cinco minutos, tiene usted la palabra.

Señorías, guarden silencio, por favor. Ocupen los escaños (Pausa).

Tiene usted la palabra.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ...(Sin micrófono.) ...de esta institución, del Gobierno de Canarias.

Vamos a ver, entre los muchos damnificados de esta crisis está el sector público. Ha habido un discurso dominante en Europa, en España y también en Canarias de que lo que nos pasa tenía que ver o tiene que ver con el tamaño de lo público, y se ha logrado generar una cierta penetración en la colectividad, en la ciudadanía, de que lo que le pasaba a la crisis económica es que los responsables de la misma..., que estaba vinculada al tamaño del Estado, a la presencia de los servicios públicos, a lo malos que son los trabajadores públicos. Y esta es una idea conservadora que ha movido a los poderes fácticos internacionales, europeos, españoles y canarios, ¿no? Y desde Nueva Canarias estamos enormemente preocupados de que, sin más reflexión, nos sumemos a ese discurso fácil de cuestionar lo público, de criminalizar lo público, de pensar que el tamaño del Estado en España está por encima de nuestras posibilidades, o que las funciones que desempeña el aparato público están por encima de lo que ocurre en países homologables.

Y nosotros hemos de decir que todo esto es pura ideología, ¿no? Y que detrás de este ataque a lo público y a los trabajadores públicos solo hay ideología, la de los que quieren que pase a la esfera privada lo que hoy es esfera colectiva. Y digo esto, señor consejero, porque lo que está pasando en relación a este tema no es ajeno a esta reflexión y a esta línea de pensamiento.

Nosotros somos plenamente conscientes de que un Gobierno con 60.000 trabajadores públicos tiene que, en su dimensión de gobierno, pues, tener claro cuál es la situación de su personal, de sus condiciones, y hay un parámetro, que hubo momentos en que, pues, tuvo dimensiones preocupantes, que era el absentismo, y es razonable que el Gobierno se dote de unidades, de expertos, que analicen la situación del absentismo, en unos casos por incapacidad temporal y en otros porque había gente que no cumplía, ¿no? De manera que evaluar el absentismo o tratar de actuar sobre él, pues, es razonable, e, incluso, disponer de información administrativa sobre esta situación, si es en términos cuantitativos también es razonable, de forma que en un momento determinado se puedan establecer estrategias para contener, para paliar, para reconducir.

Hombre, es menos razonable que desde la entidad Gobierno de Canarias se actúe como juez y parte, ¿no? Por ejemplo, hay una prestación de la Seguridad Social, que es la incapacidad temporal, que es una prestación económica del sistema de Seguridad Social, por cierto, sistema de titularidad exclusiva del Gobierno de España, según la Constitución y las leyes orgánicas que lo desarrollan, y esta prestación económica, pues, dice que cuando te enfermas tienes derecho a una prestación económica, porque la gente tiene que vivir también cuando se enferma. Cierto es que se han producido enormes retrocesos en esta materia, recortando las compensaciones económicas a los trabajadores enfermos, y generando ya no un problema de absentismo sino de presentismo, ahora hay gente que va a trabajar enferma, entre otras cuestiones, porque hay mucha gente que no se puede permitir los recortes en sus retribuciones. Hemos pasado del absentismo, de aquello que había que combatir, a que la gente vaya a trabajar arrastrándose, y hemos visto gente con enfermedades en su puesto de trabajo, en el sistema sanitario, en el sistema educativo y seguro que en el resto de la Administración.

Entonces, el Gobierno ha ido generando condiciones para tener una unidad, que inicialmente tenía el sentido de medir el absentismo actual, y sobre él establecer estrategias y programas, a tener una estructura de poder paralelo sobre el sistema reglado de control de las prestaciones económicas de la Seguridad Social. Y lo que empezó siendo una unidad para esto se ha convertido en una unidad que interviene sobre el control y la gestión de la IT, que es una competencia exclusiva de la Administración General del Estado, y que se convenia con los servicios de salud territoriales para el control y la gestión, y los médicos de Atención Primaria y las médicas, los inspectores de los sistemas de salud de España, del Sistema Nacional de Salud, y los médicos inspectores y evaluadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social son los que establecen los mecanismos.

Hubo un momento en el que hubo algunas desviaciones, y el propio ministerio puso en marcha programas conveniados justamente con las comunidades autónomas, incluso con unos objetivos económicos, y hay una compensación económica a esta comunidad, a los servicios de salud, en virtud de los objetivos.

Pero ahora se ha producido una situación que nos sorprende, que nos asombra, que nos inquieta, y es que esta unidad pretende no solamente gestionar y controlar la IT, que no tiene competencia, sino acceder a la historia clínica de los trabajadores públicos, generando una clara discriminación y violando uno de los elementos básicos de la convivencia y de la democracia que son los derechos individuales, es una idea terrible, ¿no?, yo no acabo de entender quién ideó este asunto. La historia clínica es personal, no es de la familia, no es de los amigos, no es de los médicos, es de la persona, y solo se interviene en la historia clínica, si eres médico que actúas en el diagnóstico y en el tratamiento del problema de salud de esa persona, y los jueces, en situaciones determinadas y de forma proporcionada. Y ahora resulta que la patronal, la empresa, tiene una unidad que no solamente interviene en la gestión de una prestación que no es del Gobierno de Canarias, que es de la administración de la Seguridad Social, sino que van a entrar en la historia clínica de los trabajadores públicos con una grave discriminación.

Lo que le pedimos es: qué sustenta idea, señor consejero, y si está dispuesto a rectificar.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Señorías, por parte del Gobierno, el señor consejero de Presidencia, don Francisco Hernández Spínola.

Tiene usted la palabra por tiempo de diez minutos.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola): Señor presidente, señorías, buenas tardes a todos y a todas.

Antes de entrar en el fondo de la cuestión, y ante la notable confusión que han suscitado ciertas interpretaciones del contenido de un artículo de un anteproyecto de ley del Gobierno, objeto de esta comparecencia, relativo al acceso a las historias clínicas de los empleados públicos por la inspección médica, quiero hacer varias aclaraciones: la primera, el Gobierno, entendido como los miembros del Consejo de Gobierno y sus altos cargos, no puede ni pretende acceder a datos clínicos de ningún empleado público; segundo, el Gobierno de Canarias ha respetado, respeta y respetará escrupulosamente el derecho a la intimidad de sus empleados públicos y las reservas legales existentes en materia de protección de datos; tercero, nadie pretende aumentar ahora el control de los empleados públicos, solo garantizar que el existente ya, el control que existe ya, siga siendo factible técnicamente. ¿Cómo? Garantizando el acceso a las herramientas adecuadas a nueve inspectores médicos de la comunidad autónoma, titulados en Medicina, que ocupan plazas específicas en el cuerpo de inspectores y en la escala de inspectores médicos. No seré yo quien dude de la profesionalidad, del rigor técnico, del celo por el secreto profesional que están obligados a respetar estos nueve profesionales de la medicina y en cumplimiento de su código deontológico y de las leyes vigentes, ¿lo va hacer alguien?, ¿hay alguien aquí que lo ponga eso en solfa, en cuestión?

Si esto es así, por qué estamos hoy afrontando esta comparecencia. Creo que porque se ha malinterpretado o se ha magnificado lo que viene a ser solo un artículo de una ley que modifica otro artículo de otra ley en vigor, la Ley 8/2012, aprobada por este Parlamento, un texto que viene a garantizar que sea materialmente viable la ejecución del trabajo que le corresponde realizar a los inspectores médicos de la Inspección General de Servicios de la comunidad autónoma, en tanto que tienen reconocida legalmente la competencia para la verificación, el control, la confirmación y la extinción de las IT, de las incapacidades temporales del personal al servicio de los departamentos y organismos autónomos del Gobierno desde el año -y esto es importante-, desde el año 2002.

La encomienda de este trabajo a la Inspección Médica adscrita a la Inspección General de Servicios no ha sido, por tanto, capricho de este consejero que les habla, ni mucho menos, ha sido la voluntad directa de este Parlamento, que se ha plasmado, como digo, en varias leyes que han ido aprobándose a lo largo de varias legislaturas.

Ya en el año 2002 se permitió a los inspectores médicos acceder a ficheros personales con datos clínicos de los empleados públicos, cosa que es totalmente imprescindible para que esos inspectores médicos, y solo médicos, puedan realizar su trabajo. Sí, señor Rodríguez, fue en el año 2002 y usted era presidente del Gobierno y don Julio Bonis, entonces, era el consejero de la Presidencia, y fue por la Ley 2/2002 que se permitió el acceso a datos clínicos de los empleados públicos, al cuerpo de inspectores médicos del que hoy hablamos y que ya entonces estaba, como digo, adscrito a la Consejería de Presidencia. Y sí, también fue usted quien creó un sistema que mantuvo en el tiempo una desigualdad entre distintos empleados públicos, porque hay que decir que el sistema que usted ideó y creó siendo presidente del Gobierno es el siguiente, había entonces no una, tres inspecciones: una en la Consejería de Presidencia, donde había inspectores médicos con capacidad para dar altas y hacer el seguimiento de las IT de los funcionarios y del personal laboral de la Administración general, por tanto, excluyendo a los sanitarios y a los docentes; en segundo lugar, había una segunda inspección en la Consejería de Educación, donde habían inspectores médicos para evaluar las IT y expedir altas de personal docente; y había una tercera inspección médica en el Servicio Canario de Salud que era seguida en cuanto a las convalecencias y a las IT del personal adscrito al Servicio Canario de Salud. Esa era la situación.

Desde entonces y hasta ahora, lo que ha habido son varias modificaciones legales que han venido aplicándose con un objetivo en el tiempo que es unificar ese servicio y propiciar sobre todo un trato igualitario al conjunto de los empleados públicos, estuviesen en Educación, en Sanidad o en la Administración general, ese es el objetivo.

Fue este Parlamento y no otro el que en el año 2001, siendo usted presidente, creó el Cuerpo de Inspectores Médicos para la evaluación y seguimiento de las IT de los empleados del sector público. Fue este Parlamento en el año 2010 el que igualó los efectos que produce la actuación de verificación y control, confirmación y extinción de la IT entre los inspectores que prestaban servicio en la Consejería de Educación, en la Consejería de Presidencia con los que prestaban servicio en la Consejería de Sanidad, en el Servicio Canario de Salud. Fue este Parlamento el que en el año 2012 y -y esto es importante- sin enmiendas parciales, sin ningún comentario, sin ningún objeción alguna, unificó la inspección médica de la Consejería de Presidencia y de la Consejería de Educación, año 2012, configurando esta unidad, y esto es importante, como una unidad desconcentrada de la Inspección Sanitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias integrada por funcionarios inspectores médicos que son los únicos que tienen acceso -y esto es importante y lo reitero- a los datos de salud de ese personal.

Fue una ley del Parlamento de Canarias, también en el año 2012, la que modificó el sistema de evaluaciones individuales para crear unas comisiones de evaluación de forma tal que ahora están integradas estas comisiones de evaluación que hacen la verificación de la confirmación o extinción de las IT por una comisión donde hay tres médicos, uno de ellos del Servicio Canario de Salud.

He de suponer, por tanto, que este Parlamento, cuando asigna todas estas atribuciones y cuando ha regulado esto de esta manera, lo que pretende es que se ejecuten luego los efectos derivados de esas normas aprobadas por este Parlamento, y para eso es imprescindible darles los medios y las herramientas y darles la cobertura legal suficiente a los inspectores médicos, que es lo que se ha pretendido, no otra cosa. ¿Es que alguien cree de verdad que algún médico puede decidir sobre una persona si se debe reincorporar o no a su puesto de trabajo sin saber qué dolencia le aqueja? ¿Alguien puede imaginar que un inspector médico valore una patología solo viéndola un día sin consultar su situación real, con informes, con datos...?

El artículo del anteproyecto de ley que ha suscitado tanta controversia solo pretende garantizar la funcionalidad de ese sistema de seguimiento para las IT, permitiendo que solo los tres inspectores médicos hayan de evaluar esa situación de esos trabajadores para que la decisión sea fundamentada y médicamente rigurosa. Ese es el objetivo, lo que se pretende.

Por tanto, buscamos una situación para los empleados públicos donde todos estén en una situación de igualdad, donde todos se sientan seguros y donde haya y prime un criterio fundamental, que es la objetividad, que no haya ningún tipo de subjetividad en la decisión que pueda adoptar un médico, y qué mejor que esa comisión de evaluación que hemos creado.

Por tanto, quiero explicar y reiterar que lo que hacemos ahora con la tramitación de esta modificación, que se va a proponer al Parlamento cuando llegue, es producto únicamente de un cambio de denominación de los ficheros a los que accedía la inspección médica, porque la ley del 2012 dice que los inspectores médicos tienen acceso a unos archivos que se llaman UVMI, y esos ficheros ya no existen; y, por tanto, para darle cobertura legal a los inspectores médicos para que hagan su trabajo, el que vienen desarrollando creo que satisfactoriamente, necesitamos una cobertura legal, porque hoy dejarían de tenerla en la medida en que esos ficheros UVMI han desaparecido. Y por eso hemos tramitado este proyecto de ley, que desde luego va a garantizar a todos los empleados públicos objetividad, que únicamente tendrán acceso a esas historias clínicas para determinar una situación de incapacidad y no en ningún otro momento, solo para ese caso concreto, aquellos que sean médicos y que pertenezcan al cuerpo y a la escala de inspectores médicos de la comunidad autónoma. Y están obligados esos médicos a respetar la intimidad, la confidencialidad de los datos de todos los empleados públicos, sobre los que rige la más alta protección de datos.

Por tanto, esta es la situación...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Vaya concluyendo, señor consejero.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola): Sí.

Y estos son los deberes y las obligaciones que tiene el personal integrado en ese cuerpo de inspectores médicos, que son, repito, profesionales de la medicina obligados al máximo respeto y al secreto profesional. Si alguien duda, si alguien tiene una duda de la profesionalidad de cada una de esas personas, que lo denuncie, que lo denuncie públicamente ante las instancias que correspondan. Yo no seré, desde luego, quien cuestione la capacidad y el rigor profesional de ningún profesional de la comunidad autónoma mientras no se demuestre lo contrario, y si hay pruebas, que se lleven donde se tengan que llevar, a las instancias correspondientes y se actúe en consecuencia.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.

Señorías, pasamos a las intervenciones de los distintos grupos no solicitantes de la comparecencia.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Manuel Fajardo, por tiempo de tres minutos tiene usted la palabra.

El señor FAJARDO PALAREA: Buenas tardes, señor presidente, señor consejero, señorías.

Efectivamente nos encontramos ante una comparecencia eminentemente informativa, donde se solicita por parte del solicitante de la comparecencia, el señor Rodríguez, que usted informe, y, pues, prácticamente, al resto de grupos se nos hace difícil tener una intervención que no sea más allá de lo que voy a decir.

Es cierto que el señor Rodríguez en su solicitud de informe lo que le pide es que usted explique la pretensión del Gobierno sobre acceder a determinada documentación bajo el pretexto del combate, del absentismo y las incapacidades laborales. Es decir, tal como se formuló en su día la comparecencia parecería que estamos ante una situación novedosa -usted acaba de aclararlo hoy- e innovadora en la Administración con respecto a los empleados de la comunidad autónoma, dejando entrever que una medidas de este tipo pudieran vulnerar la intimidad de los afectados por la misma, constituyendo una intromisión prohibida por el Derecho bajo la coartada de perseguir el absentismo laboral y la incapacidad laboral injustificada.

Pues bien, yo creo que usted ha explicado de forma pormenorizada el iter que se ha seguido desde el punto de vista legislativo desde el año 2002 hasta esta fecha. Y ha hecho referencia -no tengo tiempo de hacer referencia a las diferentes leyes-, a un decreto -por cierto, las primeras cuatro fueron aprobadas bajo la presidencia del señor Rodríguez- que tiene que ver con esto.

De todas maneras, coincido con el señor Rodríguez en que, yo no voy a poner ni en duda la profesionalidad, ni honestidad de los inspectores médicos de la comunidad autónoma, ni desde luego voy a poner en duda la honestidad, capacidad y entrega de la inmensa mayoría de los funcionarios de esta comunidad autónoma, jamás, no saldrá de mi boca ninguna frase como la dicha en su día por alguna persona que hoy es ministro, que llegó a afirmar en medios de comunicación que se iban a acabar las incapacidades laborales para ir a la playa. Hay que recordar esto, pero es cierto que yo creo que se debe de respetar, con escrupuloso y exquisito sentido de la responsabilidad, la normativa legal, que yo creo que hace conciliable perfectamente, y lo sabe el señor Rodríguez, la posibilidad de respetar el derecho a la intimidad de los funcionarios y trabajadores de la comunidad autónoma, y la Ley de Protección de Datos, con la posibilidad de que la comunidad autónoma se dote de los mecanismos de los que hablaba el señor Rodríguez para llevar a cabo la inspección y poder combatir, en el supuesto de que lo hubiera, ese absentismo laboral.

Yo creo que se han dado buenos frutos, y no es una situación novedosa, señor Rodríguez, es que lo aprobamos en el 2012. Y, por cierto, como le ha recordado el señor consejero de la Presidencia, no se presentó ninguna enmienda al articulado en este sentido.

Nada más.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Grupo Nacionalista Canario doña Marisa Zamora, por tiempo de tres minutos, tiene usted la palabra.

La señora ZAMORA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente. Señorías, buenos días.

Señor consejero, antes de darle las gracias por su explicación que me ha parecido muy didáctica, sigo teniendo mis dudas, tengo que reconocer que sigo teniendo mis dudas.

Al igual que el señor Fajardo y todos los que estamos aquí, pues, me he leído prácticamente toda la normativa, las distintas leyes autonómicas que han regulado esta materia, desde el año 2000 hasta la actualidad, sobre todo la Ley 4/2012, y la Ley 8/2012, que es complementaria de la anterior.

Efectivamente, señor Román Rodríguez, cuando era presidente del Gobierno, se aprobó en esa época una ley, la que ya comentó el consejero, la Ley 2/2002, por la que ya se autorizaba en este momento a este cuerpo de inspectores médicos, del que ya hablamos, de que se le autorizara para acceder a las historias clínicas de los empleados públicos. Y este cuerpo de inspectores estaba en ese momento adscrito a la misma consejería que hoy lleva el señor Spínola. O sea que ya desde aquel momento estamos hablando de lo mismo. Y además estableció tres regímenes de inspección, que yo creo que ha sido malo, porque ha creado desigualdades en el personal de la Administración pública canaria. Y que desde entonces lo que se ha hecho es diferentes leyes que se han ido aprobando en esta Cámara para intentar unificar los tres servicios de inspección y dar uniformidad al marco normativo que regula esta materia, para que los trabajadores de la comunidad autónoma tengan un trato igualitario, con independencia del puesto de trabajo de la consejería que estén o el puesto que desarrollen.

Desde luego en la Ley 4/2012 me extraña que el señor Rodríguez no haya presentado en su momento enmiendas, porque viene a atribuir al personal, a la inspección de la Función Pública, la posibilidad de acceder a los ficheros y de coordinar las labores de control de la IT con la Consejería de Sanidad.

Pero yo tengo algunas dudas. Por ejemplo, me pregunto si estas comisiones de evaluación deben de estar en la Inspección General de Servicios, es decir, de Función Pública, o en la Consejería de Sanidad. Porque me he mirado y en todas las comunidades autónomas, en todas, dependen de los servicios de salud. Y hay convenios con el INSS, ¿qué va a decir el INSS de esto? Hay sentencias como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que dice que el control del absentismo del personal funcionario y laboral ha de ejercerse por la inspección médica del Servicio Canario de la Salud, y no debe ser encomendada a un organismo extraño al ámbito sanitario.

Después el programa Drago, no sé si sabe el señor consejero que no separa las historias clínicas de los empleados públicos de las del resto de los ciudadanos de esta comunidad autónoma. Eso es un gran problema.

Este es un tema delicado, yo no pongo en duda para nada la profesionalidad de ningún médico, ni de ningún inspector médico, pero, por ejemplo, una empleada que tenga un esguince y tenga una IT, ¿por qué tiene que saber el inspector médico que ha sido sometida a un proceso de fecundación in vitro? No lo entiendo. Necesitará un informe del traumatólogo. Incluso, la señora Becerril tiene en estos momentos un informe sobre la posibilidad de que los médicos residentes, es decir, los que están haciendo la docencia, si pueden entrar o no en las historias clínicas. Por tanto, es un tema muy delicado. Yo...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, doña Mercedes Roldós, por el mismo tiempo de tres minutos, tiene usted la palabra.

La señora ROLDÓS CABALLERO: ...(Sin micrófono.) ...los empleados públicos de esta Comunidad Autónoma de Canarias.

Señorías, señor consejero, detrás de todo esto lo único que subyace es la intención de este Gobierno, de su Gobierno, de restringir la aplicación de la mejora voluntaria por parte de la comunidad autónoma en la prestación de la Seguridad Social, cuando un funcionario público está de baja laboral. Y eso nada más que lleva, ¿sabe usted a qué?, a desigualdades improcedentes y a inseguridades jurídicas. Se lo ha dicho muy bien el señor Román Rodríguez: los únicos competentes son las entidades gestoras de la Seguridad Social y el cuerpo de inspectores sanitarios de los servicios de salud para el control y el seguimiento de las incapacidades laborales.

Y esto, señorías, lo viene a hacer el Partido Socialista, el que se abandera de defensor de los empleados públicos. Mire usted, señor Spínola, a usted se le está viendo el plumero. Se le está viendo el plumero porque tiene una visión soviética o castrista de la administración pública, y usted se quiere convertir en el gran ojo del gran hermano, puesto sobre los empleados públicos. Y esto, señor Hernández Spínola, usted lo hace ahora porque ya lo intentaron en su día, lo hace ahora porque en la mesa del Consejo de Gobierno se sienta una consejera que se deja, que no tiene peso específico dentro de este Gobierno. Porque se lo ha dicho el señor Rodríguez: los convenios para el control y seguimiento de la IT se suscriben entre la Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo y los servicios de salud, en este caso, de la Comunidad Autónoma de Canarias. Pero es que mire, usted sabe que su consejería viene a ser el empresario de los funcionarios públicos, de los trabajadores públicos, y usted se quiere convertir en parte y en juez a la vez de esos empleados públicos que están de baja laboral.

Mire, esto no lleva más que a discriminación y a una desconfianza implícita en el Servicio Canario de la Salud, en sus inspectores. Eso solo pasa en Canarias, como le ha dicho la señora Zamora. En el resto de comunidades autónomas, esa competencia sigue residenciada en los sistemas de salud, y no va al gran hermano de la función pública.

Mire, usted ha hecho caso omiso en todo ese itinerario legislativo que nos ha relatado, ¿sabe usted a quién? Al Consejo Económico y Social, que le ha dicho que es mentira, que es más ineficiente y más ineficaz ese modelo al que ustedes nos quieren llevar. Le ha hecho caso omiso al Consejo Consultivo de Canarias, que se lo ha dicho por activa y por pasiva, ley tras ley que han traído a este Parlamento. Y, además, se lo ha dicho la señora Zamora muy bien, y le voy a hacer referencia a la sentencia que marca jurisprudencia en este...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del grupo solicitante de la comparecencia, el Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez, por tiempo de diez minutos tiene usted la palabra.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías.

Yo no tengo ningún inconveniente en asumir todo lo que pasó del 99 al 2003, todo. También las carreteras, los hospitales, los centros de salud, las universidades, las leyes, las tasas de paro, ningún inconveniente, pero también le digo con la misma firmeza que las leyes, si se hacen y no responden al interés general, se cambian. No son, las leyes no son para siempre: si en el 2002 se creó una unidad porque entonces había un problema de absentismo, y el absentismo no siempre está asociado a las bajas por enfermedad. Hubo épocas en la función pública que estaba asociado a más cosas, y se hizo para interpretar, lógicamente, que los recursos públicos son limitados, y hacer una gestión eficiente de ese tema, eso estuvo bien; pero estos diez años, lo que empezó siendo una unidad para medir este problema, entre otros, de los empleados públicos, se ha convertido en un poder paralelo, que solo existe en Canarias. No hay ninguna comunidad autónoma en España, ninguna, donde esta unidad no vinculada al sistema sanitario se encargue de las incapacidades temporales, y los ficheros, los que tenían acceso al principio, no eran ficheros sanitarios, eran ficheros administrativos, era tarjeta sanitaria, lo conozco perfectamente, como usted comprenderá, perfectamente.

Y ahora ustedes quieren entrar en el programa Drago, en la historia clínica, y mire usted, yo también soy médico, y hay 5.000 médicos en Canarias, y todos tenemos que guardar el secreto profesional, pero eso no le da derecho a nadie a entrar en mi historia clínica. En mi historia clínica solo entran los médicos que interpretan mis problemas de salud y la respuesta, si los tengo, en el tratamiento. Solo eso, y nadie más, y nadie más.

Le voy a decir una cosa para que comprenda la gravedad de la situación: cuando los médicos, en el ejercicio de nuestra función de atención primaria, consideramos que un ciudadano tiene un problema de salud y hay que darle una baja, la notificación a la empresa va sin diagnóstico, va sin diagnóstico, ¿sabe para qué?, para proteger al trabajador, y en esta empresa de Canarias no solamente va con diagnóstico, sino va con derecho a entrar en la historia clínica. Eso es ser juez y parte. ¿Por qué El Corte Inglés no consigue lo mismo? ¿Por qué los que trabajan en hostelería, su empresa, tienen un médico profesional, colegiado, que respeta la deontología, y por qué este no puede conocer el diagnóstico de los trabajadores de esa empresa? ¿Sabe por qué?, porque la tendencia es a instrumentalizarlo. Y por eso nadie lo ha hecho, y por eso solo se ha hecho aquí. Pero ustedes han ido dando una vuelta de tuerca poco a poco, y ahora entran en la historia clínica. No en los ficheros administrativos. El fichero de tarjeta sanitaria es una cuestión, y este es el Drago, ¿sabe usted quién entra en el Drago? El médico, no los médicos: el médico, el médico de cabecera. Si va al hospital, el médico del hospital; los inspectores del Sistema Canario de Salud, que para eso están conveniados por una delegación, y los inspectores médicos evaluadores del Instituto Nacional de la Salud, nadie más debe entrar en la historia clínica, por supuesto el Gobierno no, por supuesto, solo faltaba, es que entonces van ustedes a la cárcel, van ustedes a la cárcel.

Y luego decir que lo de que "como las leyes se hacen, las leyes son", pues, depende. Aquí se han hecho leyes que si el Gobierno de España se ocupara de verdad del seguimiento de las leyes, esta sí que es, vamos, seguro, inconstitucional, porque las prestaciones de la Seguridad Social son exclusiva competencia del Estado, y las desempeñan los servicios de salud a través de convenios, y nadie puede gestionar la IT. La IT, las altas y las bajas, las da el médico de cabecera, el inspector médico del Sistema Canario de Salud y el inspector médico evaluador del INSS, y nadie más; es falso eso que ustedes pusieron en la ley de presupuestos, que nosotros no votamos. Nosotros no presentamos más enmiendas porque tenemos límites y capacidades, pero aquí le discutí yo ese tema, está en las actas, se lo discutí, lo recordarán porque se lo saqué, porque me llegaron tarde las protestas sindicales, nosotros una parte de las reclamaciones que aquí hacemos la hacemos en interacción con la ciudadanía, y nosotros no podemos estar en todo, por ahora somos solo tres (El señor vicepresidente primero, Cruz Hernández, abandona su lugar en la Mesa. Asume la Presidencia el señor vicepresidente segundo, Fernández González), por ahora, pero hacemos lo que podemos, y presentamos enmiendas, y aquí yo le saqué ese debate, porque cuando los trabajadores vinieron a plantearnos este tema, pues, se había cerrado el plazo de enmiendas, pero lo que digan nuestras leyes no va a misa, depende de si las leyes se adecúan a la Constitución y al respeto a los derechos de los individuos. No se puede entrar en la historia clínica, por muy médico que se sea, y menos si es de la empresa en la que trabajo, y menos, el resto. Mire usted, aquí hay 665.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, y los médicos del Servicio Canario de Salud atienden las IT de los 665.000 trabajadores. Y aquí se hace una discriminación con los trabajadores públicos, sometiéndolos a un control por encima del que tiene, de su médico de cabecera, que también es un profesional del que habrá que fiarse, no solamente de los suyos, también del médico de cabecera, de los médicos de cabecera, de los médicos de atención primaria, de los dieciocho inspectores médicos que tiene el Servicio Canario de Salud para 660.000 trabajadores, escuche bien, hay dieciocho médicos inspectores para controlar las prestaciones económicas de la Seguridad Social, un médico por cada 43.000 trabajadores. Y ustedes han montado un aparato paralelo, usted lo heredó, de nueve inspectores para 33.000 trabajadores, uno por cada 4.300.

Esto es una discriminación intolerable para los trabajadores públicos, pero la vuelta de tuerca la dan ustedes con ese proyecto de ley. Yo espero, por eso se lo planteé, conociendo el andar de la perrita, es bastante probable que ustedes traigan la ley, apliquen el rodillo y lo saquen adelante, y lo que espero es que los del PP, tan puestos en los recursos de inconstitucionalidad, vigilen esta, porque esta va para el Tribunal Constitucional con seguridad absoluta, porque nadie se ha atrevido a hacer esto en ninguna parte de España, nadie. La IT es una prestación básica del sistema de Seguridad Social, y los inspectores de la Función Pública, los inspectores de la empresa, no pueden entrar ahí, solo pueden dar altas y bajas los médicos de cabecera, solo; y los inspectores del Servicio Canario de Salud, porque tienen un convenio que les delega esa responsabilidad -y, por cierto, recibimos compensaciones económicas si se consiguen los objetivos-, y los inspectores del INSS, y nadie más. Y esas bajas colectivas que ustedes metieron en la ley de presupuestos... Nosotros no votamos esa ley de presupuesto, ni por esto ni por muchísimas otras cuestiones, nosotros no la votamos la ley de presupuestos, no la votamos, no hemos votado ninguna ley de presupuestos de ustedes, hombre, ninguna.

Esos inspectores no pueden entrar en la historia clínica del paciente, es una intromisión intolerable, y lo lamentable es que ustedes, los socialistas por lo menos, no sean capaces de identificar estas cuestiones, no sean capaces de poner límites a este tema. Es más inviolable la historia clínica que el domicilio, no se puede tocar, es que no lo debe saber ni tu familia, y la empresa no puede disponer de esa información, es una información que introduce un sesgo intolerable en las relaciones laborales, por eso las empresas no saben el diagnóstico de sus trabajadores cuando están de baja, ¿por qué se creen ustedes que se hace eso?, ¿y por qué va a tener ese privilegio, o ese control, la comunidad autónoma y no lo van a tener El Corte Inglés, los hosteleros o la gente de agricultura, por qué? Porque se pretende con este instrumento paralelo de poder, que empezó para analizar una problemática y se ha convertido en un intento de sustitución... Ustedes tenían otra ley, que al final se logró parar, que era incorporar a esta inspección a los del Servicio Canario de Salud, y el Consejo Económico y Social dice: "pero, bueno", primero, por legalidad, pero también por razones económicas, ustedes intentaron desmontar la inspección médica del Servicio Canario de Salud y llevársela a Función Pública, en una ley ómnibus del año pasado, y luego se paró. Y colocaron lo que colocaron en la ley.

Señor consejero, yo le pido que rectifique, que reconsidere este tema, nos parece bien que ustedes manejen los datos cuantitativos del absentismo, que, por cierto, los datos que manejamos son pocos, los pediremos oficialmente. El absentismo en el sector público está por debajo de la media del sector privado, me han dicho, en los datos provisionales, de manera que ¿qué necesidad tiene usted de meterse en el berenjenal de introducir gente extraña en la historia clínica de los pacientes, de los trabajadores públicos? Ninguna, pues quítelo, quítelo, no siga haciendo caso a algún iluminado que anda por allí, que se cree el padre de la patria.

La IT es una prestación de la Seguridad Social, los trabajadores públicos son igual de responsables que los privados, los médicos del Servicio Canario de Salud son profesionales como la copa de un pino, los inspectores también y también los del INSS. Existe un sistema de control exhaustivo, importante, eficiente, que funciona, no necesitamos más controles y más desconfianzas hacia los trabajadores públicos porque en el fondo se les demoniza, se les culpabiliza y, en este caso, nosotros entendemos que se violan sus derechos individuales.

Si esta ley sale adelante, que espero que no, al menos en los términos en que conocemos la redacción, le tengo que decir que eso nos lo hacen llegar los trabajadores de la Función Pública que para eso estamos: para escuchar a la ciudadanía y, si alguien viene con un problema y parece razonable, lo traemos aquí que es nuestro deber y traerlo antes de que ocurra la cosa mejor porque prevenir vale más que curar. De manera, señor consejero, que yo le pido que rectifique, que reconsidere esta posibilidad, una cuestión es entrar en los datos administrativos, una cuestión es conocer los datos cuantitativos y otra es entrar en la historia del funcionario A o B por muy médico que se sea, solo faltaba que no fueran médicos ya entonces sería, bueno, no digo la calificación. Nadie puede entrar en mi historia clínica, señor consejero...

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Señor Román.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ...que rectifique esta situación porque es una cuestión grave. Además, usted tiene la responsabilidad en su departamento de la Ley de Protección de Datos. La democracia tiene muchos componentes, el más importante son los derechos individuales, ese es el más importante. Cuando se violan los derechos individuales cabe todo y yo creo que debe reflexionar, saber que no tenemos un problema de absentismo que nos deba preocupar, que los trabajadores públicos son esencialmente honestos y utilizan responsablemente sus derechos que bastante penalizados están los trabajadores cuando enferman porque, como le decía al principio, ahora no tenemos un problema de absentismo sino de presentismo, la gente va a trabajar en el sector público y en el sector privado enferma, ¿por qué?, porque se recortan las prestaciones y la economía no puede penetrar, el economicismo no puede llegar a cuestionar los derechos individuales y con esta propuesta se cuestiona.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias, muchas gracias, señor Román.

Tiene la palabra el señor consejera para concluir la comparecencia.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola): Señor presidente. Señorías. Quiero empezar esta segunda intervención saludando también a los representantes de los empleados públicos con los que tengo la oportunidad de compartir muchas reuniones en la medida en que lógicamente la Función Pública es un área que está en mi departamento.

Voy a empezar esta segunda intervención respondiendo, en primer lugar, a la portavoz del Partido Popular, y lo voy hacer de una forma muy rápida y concisa. El Partido Popular dice que ha llegado este Gobierno a restringir derechos de las IT, solo les voy a poner un par de ejemplos: ¿quién en el año 2010 restringió los derechos de los empleados públicos restringiendo las prestaciones de la IT a tres meses cuando no había ninguna necesidad ni ninguna regulación?, el señor Soria y usted, y usted miembro del Gobierno, a aquellos trabajadores, y eso afectaba a aquellos trabajadores enfermos de larga duración, ¿y cómo le explicaron a la ciudadanía? Diciendo: se acabaron las bajas para ir a la playa, aquí está, aquí está el señor Soria, vicepresidente del Gobierno (Enseñando un documento a la Cámara). Esto es lo que ustedes han hecho, ¿eh?, restringir derechos de los trabajadores en el año 2010 en la ley de presupuestos. ¿Qué más han hecho?, ¿qué más han hecho? Sí, sí, han hecho otra cosa mucho más grave, mucho más grave, por medio de un real decreto-ley estatal del año 2012, el Real Decreto-Ley 20/2012, el artículo 9. ¿Qué ha supuesto? Un recorte brutal a los empleados públicos. ¿Ahora si un trabajador está enfermo los tres primeros días qué le pasa? Que le reducen su sueldo en un 50 %, ¿y si sigue enfermo qué le pasa entre los días cuatro y veinte? Que le restringen el sueldo un 25 % y solo recuperas el cien por cien a partir del día 21 hasta el día 90, y eso es legislación básica del Estado que nosotros hemos tenido que aplicar porque estamos en un Estado de derecho. Sí, lo hemos tenido que aplicar, pero ¿cómo lo hemos aplicado? Ahora se lo voy a explicar cómo lo hemos aplicado, luego lo voy a explicar.

Con esto me parece que no tengo más que decirle que usted ahora viene a rechazar un modelo y a criticar a la consejera de Sanidad cuando usted ha sido consejera de Sanidad de un Gobierno donde exigía esta inspección en la Consejería de Presidencia, ¿y usted qué hizo?, ¿y usted qué hizo? Nada, mire, su grado de incoherencia, de verdad, es máximo y a lo mejor por una mera prudencia parlamentaria se debería a lo mejor de abstener de intervenir en determinados asuntos en los que usted ha conocido como consejera del ramo, sí, sí (Dirigiéndose a la señora Roldós Caballero), es una recomendación que puedo hacer, es una recomendación que le puedo hacer como otras que me hacen a mí, ¿no le gusta?, bien.

(Rumores en la sala.)

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Silencio.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola): Segunda interviniente a la que también le voy a contestar, a la portavoz del Grupo Nacionalista. Mire doña Marisa, dice usted que cuestiona que estas comisiones de valoración estén coordinadas por la Inspección General de Servicios. No es una cosa novedosa de este Gobierno, este es un sistema que ya está implantado, y no se ha implantado en esta legislatura, ha venido funcionando desde hace muchos años, usted ha sido también consejera del Gobierno con un sistema donde esto estaba así de instaurado. Y, desde luego, coincido con el señor don Román Rodríguez, en que nada es inmutable, nada es permanente, todo se puede cambiar. Y este Gobierno está dando pasos, porque, vamos a ver... Es que esto es muy curioso. ¿Con qué nos encontramos nosotros cuando llegamos al Gobierno en el año 2011? ¿Cuántas hay hoy? Dos inspecciones. Hemos reducido, estamos cambiando el modelo de forma gradual, ¿y en qué terminaremos, cuál es el objetivo del Gobierno? El objetivo es que haya una única inspección médica. Ese es el objetivo del Gobierno. Y hemos pasado de tres a dos, y de dos iremos a una, y lo haremos, lo haremos gradualmente, por supuesto, respetando a los empleados públicos. ¿Quién viene a dar lecciones de respeto a los empleados públicos?, ¿usted?... ¡Hombre, por favor!

Mire, mire, sencillamente voy a explicar qué hemos hecho para proteger la cobertura de las prestaciones en favor de los empleados públicos, para que se vea la diferencia de lo que representa un partido de derechas como el Partido Popular y un Partido Socialista y un gobierno integrado por Coalición Canaria y PSOE, y eso ahora se lo voy a explicar.

Quiero decir sobre la legalidad o las dudas de legalidad que todas las normas, todas la leyes, han pasado por filtros jurídicos, que aquí no se improvisa, que aquí hay una Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno que ha validado la legalidad de todas las disposiciones que se han traído aquí; y hay un Consejo Consultivo de Canarias que una, dos, tres y cuatro veces ha analizado esta cuestión y la ha bendecido desde el punto de vista de la legalidad. Es así, es así. Léase los dictámenes de la Ley 4 y de la Ley 8. Es así, don Román.

Mire don Román, yo tengo que decirle que a usted no le he oído ni una sola crítica al sistema de incapacidad temporal y al brutal recorte de prestaciones que aplicó el Gobierno de España en el real decreto-ley del año 2012: ni una sola, ni una sola, no se la he oído, no, no... A usted aquí en este Parlamento no le he oído una crítica, usted ha permanecido en silencio. Usted hoy viene a plantear este debate, y me parece muy bien que haya un debate y que aclaremos las cosas, para eso está el Parlamento, ¡me parece muy bien!, pero usted lo verdaderamente importante no lo ha atacado, que es el recorte brutal de las prestaciones de IT que ha llevado a cabo el Gobierno del Partido Popular. Esa es la cuestión de fondo, esa es la cuestión de fondo; esa política de austeridad, eso. Y ¿qué ha hecho el Gobierno de Canarias frente a esa política? Pues, se lo voy a explicar.

Nosotros hemos tenido que aplicar la legislación básica del Estado, como antes expliqué; ahora bien, hemos ampliado la cobertura a favor de los trabajadores, y lo hemos hecho, y lo hemos hecho en una orden de 19 de julio del año 2013 -del año pasado- en la que hemos determinado supuestos excepcionales que dan derecho a cobrar el cien por cien de las retribuciones para los trabajadores públicos. ¿En qué casos? Además de los que establece el Estado, que es hospitalización, intervención quirúrgica, riesgo durante el embarazo y lactancia natural, para los siguientes supuestos ampliados por el Gobierno de Canarias; en caso de IT durante la gestación, en casos de IT víctimas de violencia de género, y además -y esto es muy importante- noventa y una patologías que el Gobierno ha considerado como graves. En esas noventa y una patologías, cuando se dan esas noventa y una patologías, los empleados públicos cobran el cien por cien de la prestación. ¿Porque lo ha querido el Gobierno del PP? No, porque lo ha querido este Gobierno. Y eso es lo que diferencia un Gobierno de otro, las cosas bien claras, las cosas bien claras.

Por tanto, segunda cuestión, este Gobierno garantiza la máxima protección a la intimidad, la máxima, y la garantiza, ¿y cómo la garantizamos? Pues, sencillamente, no hay más que leerse la normativa que está..., léase el Boletín Oficial de Canarias, léase el Decreto 113 del año 2013, decreto reciente que regula en su artículo 3 lo siguiente -y lo voy a leer-: "Los reconocimientos médicos previstos en este decreto se llevarán a cabo respetando, en todo caso, el derecho a la intimidad y a la dignidad de las personas, y garantizando la confidencialidad de las informaciones referidas a su salud. En todo caso, los reconocimientos se llevarán a cabo respetando su carácter confidencial, el deber del secreto profesional, la no utilización con fines discriminatorios en perjuicio del trabajador o para fines distintos de los previstos en este decreto". Esta es la normativa que ha dictado este gobierno y que está en vigor y que se respeta escrupulosamente. Entonces yo pregunto: ¿ha habido algún caso?, ¿hay algún problema?, ¿hay alguna denuncia?, ¿hay un problema real en la comunidad autónoma en torno a supuestos de IT?, ¿hay alguna violación de la intimidad de algún trabajador público? No, no la hay, no la hay. Estamos aquí creando de verdad un problema artificial, no se ha planteado el problema, y el Gobierno garantiza, no de palabra, con las normas que están en vigor, con las leyes, con los decretos, garantiza la confidencialidad de las actuaciones.

Dice usted: "¿quién da las altas y las bajas?" Todos lo sabemos, todos sabemos quién da las altas y las bajas, las dan los médicos, los médicos de atención primaria, lo que están... ¿Y qué hacen los inspectores? ¿Dan las altas y las bajas? No, lo que hacen es la confirmación, la extinción, eso sí que lo hacen, el control. Y lo hace no un médico, ahora lo hacen tres, garantizando la objetividad. ¿Pero de qué estamos hablando aquí? Parece que estamos diseñando un sistema nuevo a partir de hoy, pero si es que venimos funcionando así hace años y años y años.

Y que quede claro que en mi intervención, ni antes, ni ahora, he hablado de un problema de absentismo. No, no he hablado, porque hoy no hay un problema de absentismo, no lo hay, no lo hay.

Y ha quedado también claro, y lo he dicho, cuál es el objetivo último del Gobierno. Pasar de tres inspecciones, que creó usted, responsable, padre de la criatura, usted es el padre de la criatura...

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Señor Spínola, tiene un minuto para concluir.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola): A dos, hemos pasado de tres a dos, y acabaremos en una, una inspección médica. Una inspección médica que será lo que tiene que ser. Y será una inspección médica, como es, solvente, profesional, objetiva, y al servicio de los empleados públicos y al servicio de los ciudadanos.

Esto es todo lo que tengo que decir, señoría. El Gobierno respetará escrupulosamente los derechos de los empleados públicos y la confidencialidad de las actuaciones de los inspectores médicos. Y quien viole esa norma, se encontrará de frente con la ley y con el Gobierno.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias, señor Spínola.

Señor Román.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Desde su escaño): ...(Sin micrófono.)

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Yo no sé si usted querrá aclarar...

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Desde su escaño): ...(Sin micrófono.)

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Perdón. ¿Contradicho o alusión?

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Las dos cosas.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): En lo contradicho, yo no lo he visto. La alusión, sí. Entonces, tiene de todas formas un minuto.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Mire, señor consejero, al partido que represento nadie le puede reprochar no haber endurecido el discurso desde el primer minuto del volantazo de su partido. Porque aquí el volantazo en los recortes se da en mayo del 2010, y se ratifica en una reforma constitucional, infame, que está detrás de todos los recortes. Y eso lo hemos denunciado desde el primer minuto, con contundencia y reiteración. Si se lee usted las enmiendas a la totalidad de este grupo a las leyes de presupuestos, verá que siempre contextualizamos esas cuestiones.

De manera que usted nos podrá acusar de lo que sea, pero no de no haber discutido la política de austeridad, los recortes. La infame política que ustedes empezaron, que continuó el PP, estuvieron de acuerdo en modificar una Constitución que hoy nos compromete.

Y decirle, señor consejero, que yo tengo tres hijos, aquí me han salido unos cuantos últimamente, yo no tengo ningún problema, ningún problema. Lo que le digo es que cuando los hijos se equivocan, hay que rectificarles. Y esa no...

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Señor Román, señor Román, para la próxima vez... No ha sido una contesta a alusión concreta, pero usted ha abierto un debate, y tiene la palabra el señor consejero para replicar a la apertura de debate con un minuto de tiempo.

¿Señor consejero, quiere usted la palabra o...?

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola) (Desde su escaño): En primer lugar, le quiero hacer al señor don Román Rodríguez una sugerencia.

Sugerencia. No, una sugerencia (Ante comentarios del señor Rodríguez Rodríguez desde el escaño). No levante la voz, no levante la voz. Mejore sus argumentos, mejore sus argumentos.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Señor consejero, conteste a los argumentos, pero no dé consejos. Eso ya se los dará otro.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola) (Desde su escaño): Sí. Le estoy contestando... Le estoy contestando a su reflexión.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): No. Usted conteste al debate, pero consejos no. Si no, le quito la palabra.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola) (Desde su escaño): Es que su reflexión es muy genérica.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muy bien, adelante.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola) (Desde su escaño): Mire, don Román ha dicho que con este asunto alguien ha perdido el tino. Y yo no tengo ninguna duda, tiene razón, alguien ha perdido el tino. ¿Sabe quién ha perdido el tino? Usted, usted, porque usted ha venido hoy a criticar desde la desmemoria lo que usted creó.

Y usted creó un sistema de tres inspecciones, que nosotros estamos rectificando y que hemos dejado en dos, y que finalmente tendremos una única inspección médica...

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias, señor consejero.

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  • 8L/C-1529 Sobre -Gobierno-, sobre acceso a la historia clínica de los empleados públicos de la CAC para controlar el absentismo y las incapacidades laborales.


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