Diario de Sesiones 121/2014, de fecha 24/4/2014 - Punto 2

8L/IDC-0003 INFORME SOBRE LA APLICACIÓN EN CANARIAS DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN A LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Señorías, pasamos al siguiente punto del orden del día: informe del señor diputado del Común sobre la aplicación en Canarias de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción a la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Para la exposición general sobre este informe especial, el señor diputado del Común tiene la palabra.

El señor DIPUTADO DEL COMÚN (Saavedra Acevedo): Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados.

He presentado este informe extraordinario o especial -al respecto hay algún debate doctrinal para ver las diferencias entre uno y otro- con una consideración previa, comparativa acerca de la actuación de los colegas de otras comunidades autónomas en la realización de estos informes especiales. Ha hecho un estudio precisamente el Defensor del Pueblo Andaluz el pasado año -va a hacer poco más de año y medio- del 2012, donde analiza todos los informes extraordinarios que se han presentado a lo largo del periodo constitucional y la existencia de la institución. El Defensor del Pueblo, de España, ha presentado 27; el Justicia de Aragón, 36; el Defensor del Pueblo de Navarra, 36; el Síndic de Greuges de Cataluña, 22; el Ararteko vasco, 26; y el Defensor del Pueblo de Andalucía, 51. El Diputado del Común, en estos veintisiete o veintiocho años de existencia, solo ha presentado cuatro. De ellos, dos relacionados con la situación de menores, en cierta manera el absentismo escolar, la situación también de los menores de nacionalidad extranjera en los CAI; uno sobre servicios sociales en relación con las situaciones de exclusión social extrema, que se ha referido con anterioridad algún portavoz; y uno de justicia, sobre la situación de la tutela jurisdiccional en Canarias.

Bien, yo creo que, en manifestación y redundando en el principio de actividad con la que concibo la institución, se hacía imprescindible elaborar este informe para hacer un análisis objetivo de la evolución de la situación del tratamiento de mayores y discapacitados hasta que aparece la palabra "dependiente" en la legislación española y que ha generado una serie de problemas que se reflejan en este informe especial.

Entendemos que lo que ha dicho la defensora del Pueblo en la sesión del 18 de marzo -no en la sesión mencionada anteriormente porque fue en la intervención ante la Comisión Mixta Congreso y Senado previa al informe ante el Pleno del Parlamento, y que ha sido reiterado hoy aquí- lo que dice acerca de la actitud entorpecedora y perseverante por parte de la consejería, dice que "además el Diputado del Común coincide conmigo"; esto está en la página 3 del Diario de Sesiones de comisiones mixtas. Ella no me llamó, pero ella sí ha tenido conocimiento de la presentación a finales del mes de febrero de este informe que vamos ahora a analizar, y, en consecuencia, ha tomado la actitud que ella estima oportuna refiriéndose a la consejería y al Ayuntamiento de Teguise.

El tema de la remisión a la Fiscalía es una cuestión que no trato de salirme de la cuestión, sino simplemente que serán los tribunales los que ponderen y valoren la desobediencia grave que señalan los que envía a la Fiscalía a los obstruccionistas. Hasta ahora la jurisprudencia es muy escasa, y por eso pues decía con anterioridad que pondero muchísimo y evito la judicialización en temas de gestión, en temas de actitud política, que es lo que aquí vamos a analizar.

La razón para la presentación de este informe es que se trata de garantizar el reconocimiento de los derechos de los dependientes y a que sean incorporados al nuevo Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, al igual que lo han hecho, con los ciudadanos del resto del Estado, las comunidades autónomas. Esa es la razón fundamental, junto a la existencia de un número muy importante de quejas que se han venido reflejando en los informes anuales relacionados con esta cuestión. Pero además efectivamente también se ha hablado aquí la frecuencia con que en esta Cámara se ha debatido el tema de la dependencia. Desde el año 2005 o 2006 hay intervenciones de diputados que hoy están en el Gobierno, de otros diputados que estaban en el Gobierno y hoy están en la Oposición,... En definitiva, es un tema al que no ha sido ajena esta Cámara; pero lo que ocurre es que los problemas siguen estando ahí y el deber como Diputado del Común es facilitar la reflexión y tomar medidas. A mí no me corresponde dar respuesta, hay unas conclusiones que son las que tienen que valorar sus señorías, pero corresponderá en unos casos a medidas legislativas, en otros casos a medidas ejecutivas, que no se han adoptado hasta el momento; y eso es lo que nos ha llevado a la situación en que nos encontramos y que, claro, no satisface a nadie que nos reiteren y repitan continuamente que somos la comunidad autónoma que ocupa el último lugar de todas en la atención a los dependientes.

En este informe se hace un estudio de la evolución del tratamiento de los servicios sociales porque hay mucha confusión en la sociedad, mucha confusión en la clase política y es necesario que clarifiquemos de una vez temas competenciales, temas de coordinación de administraciones, temas de gestión eficaz y eficiente, y por eso arrancamos recordando que fue el año 85, en la I Legislatura, cuando se produjo la transferencia del Inserso -que era el instituto con "n", entonces Instituto Nacional de Servicios Sociales, hoy es con "m" por migraciones-, y esa transferencia supuso muy poco desde el punto de vista de instalaciones de infraestructuras, porque recordarán ustedes que los servicios sociales en Canarias, y al igual que en otras comunidades autónomas, se venían prestando en la Península por las diputaciones y en nuestra comunidad por parte de los cabildos

De forma que había algunas instalaciones que eran inversiones recientes del Estado -recuerdo la instalación de Taliarte, y en Tenerife creo que también había otra- que se tardó en conseguir la transferencia por considerar el Ministerio de Trabajo de entonces que era una institución ejemplar, por parte nuestra también que se consideraba muy costosa, y que, en consecuencia, había que meditarlo; pero al final ese traspaso también se produjo. El resto de las instalaciones han sido obra de la inversión de los cabildos, casi exclusivamente. Esto es conveniente recordarlo a la hora de tomar, en el año 2002, la decisión de transferir a los cabildos las políticas en torno a los mayores, los discapacitados y la mujer. Y, en consecuencia, ese traspaso competencial del año 2002 solo fue firmada la transferencia, las actas de transferencia, por tres cabildos. Es un dato que ahí está, muchas veces se habla, se reclama protagonismo, se reclama protagonismo, se les otorgan competencias y luego no se es coherente en la actuación mínima que corresponde firmar el acta de traspaso de las competencias. Solo Fuerteventura, La Palma y El Hierro firmaron dichas actas de transferencia. Y cuatro cabildos siguieron funcionando ajenos a los acuerdos y a la racionalización en la gestión administrativa en relación con discapacitados dependientes.

Esto es lo que justifica que nosotros nos arranquemos desde el año 2007, para intentar comprender -si está justificado, no está justificado eso tendrán que evaluarlo ustedes-, si el sistema que tenía Canarias era mejor que el que establece el sistema de dependencia como, al parecer, ha sido el criterio que ha llevado a mantenernos ajenos, extraños, al sistema y, consiguientemente, a la aportación de financiación que el Estado ha realizado, con uno y otro Gobierno, a las comunidades autónomas en materia de la atención a la dependencia.

En ese periodo, después de que aparecen los cabildos como titulares en materia de mayores, de discapacidad y de mujeres, la medida que más importancia tiene es la aprobación por parte del Gobierno canario en el año 2001 del plan de infraestructuras sociosanitarias para mayores dependientes a través de unos convenios, en el que se financia el 50 % entre el Gobierno de Canarias y el cabildo correspondiente.

El informe del Diputado del Común del 2004 ya señala la preocupación por que este sistema lleve a, si no hay la cooperación adecuada, que puede haber instalaciones de residencias en algunas islas que superen la demanda, las necesidades, como efectivamente ocurre actualmente con la isla de El Hierro, que dispone de plazas vacías en residencias porque el cabildo decidió en su momento adoptar y pensar que la población en la isla de El Hierro y el envejecimiento de la isla de El Hierro iba a ser tan grande o que se podría convertir en la residencia para el resto de los canarios. Se puede optar, evidentemente, por trasladar a los ancianos o a los discapacitados o los dependientes, pero eso es una cuestión que hay que valorarla y definir si ese sistema establecido al comienzo de la década de 2000, antes de la ley de dependencia, de vigencia desde el 1 de enero del 2007, ha sido efectivamente mejor o peor que el que operaba en materia de servicios sociales en el resto de las comunidades autónomas.

El informe del Diputado del Común de nuevo en el 2005 reconoce retraso en la construcción de nuevas plazas, especialmente grave en la isla de Gran Canaria, señala. En el 2005 se hace un plan de apoyo a las personas con discapacidad.

El Diputado del Común, en el informe del 2006, señala la falta de coordinación y que, viene a decir, cada uno cada cabildo a su aire, funciona en materia de inversiones en plazas de residencia o en atención a las personas mayores y con discapacidad.

Y por el desarrollo normativo que no se ha hecho desde entonces, que entra en vigor la ley de ayuda a los mayores y a la autonomía de la dependencia, la falta de desarrollo normativo adecuando a esa nueva norma de ámbito estatal, es lo que ha hecho que nos mantengamos en una situación de ambigüedad que ha generado una serie de problemas y de efectos negativos para parte de los ciudadanos canarios. En cuanto a la financiación, también se recoge en este informe cuándo aparece... cuándo no, cómo se produce la financiación estatal y la financiación autonómica.

En 2006 la conferencia sectorial es la primera aportación que se hace ya para la entrada en vigor, se anticipa el Gobierno de la nación, aportando 7.363.000 euros para la Comunidad Autónoma de Canarias. Y el año 2007 ya ese convenio a tres partes: ministerio, Imserso y comunidad autónoma canaria, que aporta 16.512.000. Y el año 2012 se produce el decreto-ley 20, que rebaja los derechos con carácter general, y al que me remito en la página 12, sobre esa evolución normativa.

La financiación autonómica también está reflejada en los cuadros, año a año, y vean ahí la diferenciación entre lo que se aporta para mayores y discapacitados y lo que empieza a aparecer como aportación a la dependencia. En relación con estas aportaciones, la Audiencia de Cuentas en alguna ocasión se solicitó en esta Cámara, y no fue aceptado, que hiciera un control de las aportaciones de los años 2005, 2006 y 2007, y no sé si el año 2008, 2007, y eso fue rechazado por esta Cámara. Yo el pasado año me dirigí a la Audiencia de Cuentas pidiendo que se entre a controlar el uso de las partidas presupuestarias del Gobierno canario, si se han dirigido al objetivo que establecía el presupuesto o por el contrario se han destinado a otros fines. Porque hay que tener la transparencia al máximo en el funcionamiento y en el uso de los recursos, para que si es un finalista sean finalistas y vayan efectivamente al objetivo que la Administración ha determinado. Yo espero que en los próximos años este control se haga también en relación con la financiación y el uso de la financiación en materia de dependencia.

En cuanto a la implantación en Canarias del sistema de dependencia, los convenios aparecen en el año 2011; la ley entró en vigor el 1 de enero, como les decía, de 2007; y los convenios con los cabildos surgen desde 2011 y se dice que se van a ir incorporando al SAAD -al Sistema de Autonomía y Ayuda al Dependiente- el de Gran Canaria y el de Tenerife. Y los demás han ido firmando convenios anuales, algunos con retrasos derivados del retraso, a su vez, derivado de la fecha de la celebración de las elecciones nacionales generales y del cambio de Gobierno de la nación, ha hecho que, en el año 2013, los convenios se celebraran con un retraso considerable, pero que no es imputable, evidentemente, a la Administración autonómica.

En estos momentos, para que vean, la situación sigue siendo confusa. Se acaba de firmar el convenio con el Cabildo de Gran Canaria, fue hace... el 4 de abril, tengo apuntado aquí, convenio para el año 2004. Beneficiarios son 3.736 plazas para mayores discapacitados y enfermos mentales. De esos beneficiarios -las 3.736 plazas- suponen un incremento -son nuevas- 108, de las cuales 72 son en centros de día, 22 en residencias y 14 de enfermedad mental.

Bien, la aportación económica supone en su conjunto 115 millones de euros, la cifra viene por la prensa y confirmada por el Cabildo de Gran Canaria. Estos 115 millones de euros son, aportados por el cabildo, 85 millones, y, de estos 85, cede al Gobierno canario 15 para destinarlos, junto con los 30 millones de aportación del Gobierno canario, al área de la dependencia. De manera que esa situación es, hoy, la misma que viene de atrás y al no estar integrado plenamente en el sistema estatal de la dependencia, como no lo estamos en las prestaciones de teleasistencia o de ayuda a domicilio, no podemos incorporar y obtener financiación, aunque se haya reducido, evidentemente, como consecuencia de las medidas de estabilidad presupuestaria por parte del Gobierno de la nación, no hay posibilidad de obtener recursos de procedencia estatal para complementar los que ponga la comunidad autónoma. Es cierto que la aportación del Estado se ha venido reduciendo paulatinamente en los últimos años y que la aportación del Gobierno canario -se refleja también en las tablas- ha ido incrementándose, pero no en la manera necesaria para la situación de la dependencia en Canarias.

En cuanto al Cabildo de Tenerife, sé que el Pleno ha aprobado ya la propuesta de convenio que estará pendiente de firma con el Gobierno canario y que ahí son 3.781 las plazas que existen, pero todo esto viene acompañado en el reconocimiento por parte del Cabildo de Gran Canaria de que hay un déficit o lista de espera de 1.500 ciudadanos que, en el caso de Tenerife, son 2.860.

Esa es la situación en estos momentos y toda esa situación ha generado una abundancia de quejas relacionadas ya con la gestión por parte de la consejería del tema, al margen de la gestión que haya podido tener en los cabildos en la medida que les corresponda, pero no toca aquí hacer ese análisis ahora.

Las actuaciones del Diputado del Común a lo largo de estos últimos años de vigencia de la ley, como saben, han sido de 495 quejas generadas por el tema de la dependencia: el año 2012, 120; año 2013, 125; años anteriores al 12, 250. Ese hace el total de 495 quejas.

Los datos que tenemos de este mes, incluso, actualizados, el año 2013 se produce un hecho que agrava, por lo menos desde el punto de vista humano, el problema, que es el fallecimiento de 8 personas que han presentado quejas, que habían presentado quejas, solicitando la valoración del grado de dependencia y posteriormente el establecimiento de un PIA, es decir, de un programa individual de asistencia a esas personas. Estaban pendientes de respuesta, de esas 495 quejas de todos estos años, 170; y ya hemos recibido, como consecuencia, probablemente, de la presentación de este informe a finales del pasado mes de febrero, ha habido un dinamismo mayor y que hay que sentirse por lo menos atenuado en la preocupación de que se han resuelto, se han respondido en 2014, en lo que llevamos de 2014, 35 de esas quejas pendientes de respuesta.

El informe del Tribunal de Cuentas está ahí, acerca de lo señaló en su pleno de 21 de marzo de 2013, analizando la aplicación en las comunidades autónomas de la ley de dependencia desde 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2010, y al informe, que todos ustedes habrán leído, me remito acerca de la posible pérdida de algunos millones de procedencia estatal en la financiación del sistema, como consecuencia de la ambigüedad de ese doble sistema que durante todo este periodo hemos mantenido en Canarias.

El Consejo Económico y Social, igualmente, dos dictámenes del 2005, otros del 2008, aplicación en Canarias aparte, señalando la preocupación al respecto, en el 2010 habla de incapacidad manifiesta para la gestión, en 2012-2013 continúa en la misma dirección. En conclusión, tenemos diez como propuestas, y no voy a ir analizando algunas a otras, y espero, con la benevolencia del presidente, si considerase oportuno y necesario participar en el debate con el fin de corregir posibles defectos en la elaboración de este informe porque no venimos aquí en plan dogmático, sino dispuestos a escuchar con el fin de avanzar en la solución del problema. Hay conclusiones que afectan a todos, pero a mí sobre todo me parece que por encima de los recursos disponibles lo que hay que preocuparse es de la eficiencia en el uso de los recursos disponibles y sacar el máximo provecho de lo existente, al margen o con la consideración y valoración -es evidente- de las restricciones presupuestarias que ha habido en estos últimos años como consecuencia de la crisis.

Lo segundo, que hay que definir de una vez la competencia, qué órgano debe gestionar. Hay partidos, que están hoy presentes aquí, que cuando estaban en un cabildo, en el Cabildo de Gran Canaria, me hicieron un informe hablando y señalando que a lo mejor no era conveniente la creación de una unidad de gestión, como se creó a nivel de la comunidad autónoma, y que fuesen los cabildos directamente los que hiciesen esa gestión y obtuviesen la financiación, que pasara por la comunidad autónoma, pero fuera directa a los cabildos, y en la valoración y el establecimiento del PIA correspondiente también pudiese haber una cooperación, pero una gestión mucho más dinámica que no este sufrimiento en la larga espera de los ciudadanos que han transmitido la queja.

Esa es, diríamos, la obsesión: apliquemos criterios empresariales en la gestión de los asuntos públicos, seamos racionales, seamos eficientes y seamos también comprometidos, porque estamos con un problema de una humanidad tremenda, y es lo que a mí me ha llevado... Yo soy de los viejos políticos que aparte de principios y aparte de ética pues tengo también una sensibilidad que los años no me lo han quitado, me lo han incrementado. Yo cuando me encuentro con una persona que plantea o me leo una queja como las que les voy a leer no estoy haciendo demagogia ni haciendo dramatismo, en absoluto, estoy transmitiendo la sensación como ciudadano que he asumido cargos públicos durante muchos años de mi vida y que entiendo que la política está, por encima de todo, estableciendo prioridades, y las prioridades en este momento no son carreteras, no son puentes, no son grandes edificios, sino que son resolver el problema de los ciudadanos, eso es lo que esta Cámara tiene que fijar los criterios con toda exactitud y con toda precisión (Aplausos). Y esa es la razón de este informe.

Y decía que, antes de leerles esta última queja, que es del año 2014 -la 0435-, yo quería expresar el agradecimiento a los colaboradores de la institución, en particular al asesor técnico don Víctor Padrón, porque si él habría sido imposible realizar estos frecuentes contactos personales y excelentes que mantiene con los distintos directores generales de la consejería para elaborar, con la mejor buena voluntad, como aquí estamos poniendo de relieve, en la solución de un problema grave. Grave y que no da honra ni dignidad a esta comunidad y tenemos que actuar para ocupar ese último puesto en el escalafón que desgraciadamente venimos ocupando.

La queja 435/2014 es la siguiente. Una vecina -no voy a decir nombres, evidentemente- de Breña Baja -el único dato que voy a dar-, con procedimiento iniciado el 2 de diciembre del 2009. Se dicta resolución el 15 de noviembre de 2010 en la que se le reconoce una gran dependencia en grado III y nivel 2. Se le hicieron dos requerimientos de documentación, 28 de julio de 2011 y 4 de julio de 2012, a partir de ese momento el expediente se paraliza hasta la fecha. Pero la interesada falleció el 24 de marzo de 2014 sin tener aprobado el programa individual de atención. Esa es la situación, y a esa es a la que hay que poner remedio y hay que establecer las prioridades presupuestarias, yo no sabía que el presidente en el debate de la nación -de la nacionalidad, perdón- asumió el compromiso del 10 % de lo que se incremente el sistema de financiación dedicarlo a resolver y a financiar el tema de la dependencia, bien; pero si la financiación no lo resuelve, porque ese es un tema todavía por ver, los presupuestos del año que viene tienen que reflejar que este problema es un problema de primerísima importancia y estamos para servir a los ciudadanos, no para servir al territorio, no para servir al medio ambiente, que también, pero sí sobre todo a los ciudadanos.

Nada más, muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado del Común.

A continuación, señorías, para fijar posición por los distintos grupos parlamentarios con relación a este informe extraordinario, por el Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez. Por tiempo de diez minutos, tiene usted la palabra.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, señor diputado del Común.

Cuando tuvimos conocimiento de este informe extraordinario, el Grupo Mixto, Nueva Canarias, se alegró, por dos razones: porque estaba informando, analizando un problema relevante, sentido y mal resuelto en nuestra comunidad; y por una segunda razón: porque las instituciones de Canarias, todas, tenemos que mejorar, ser autocríticos y poner el valor del papel de lo que representamos, desde el Diputado del Común a cada uno de nosotros, a cada institución financiada públicamente. Y yo creo que legitiman a la institución del Diputado del Común los informes extraordinarios sobre situaciones que afectan a la ciudadanía, elementos sensibles como este.

Cuando tuvimos conocimiento y leímos el informe solicitamos a la Mesa de la Cámara que se trajese a un pleno porque el Reglamento lo permite y hay que decir que todos los grupos cooperaron en que hoy, además del informe ordinario, estemos viendo aquí en la Cámara el informe extraordinario sobre la aplicación de la ley de la dependencia.

Nada de lo que dice el informe del Diputado del Común nos ha sorprendido a nosotros. Nada. Algunos hemos denunciado este proceso, este mal proceso de gestión de esta responsabilidad desde el primer día. Por cierto, gobernábamos en Gran Canaria los socialistas y Nueva Canarias, gobernaban ustedes con el Partido Popular, como casi siempre, y apuntamos desde el Gobierno insular de Gran Canaria que aquella ley importante, en la que también fui ponente porque tenía la condición de diputado, introducía un valor estratégico y era incorporar como derecho subjetivo lo que hasta ahora eran prestaciones graciables de las administraciones públicas. Se incorpora, además de la sanidad, la educación y la justicia, la prestación a una ciudadanía que tenía limitaciones para tener una vida digna, que se dio en llamar la dependencia.

En aquel momento, algunos dijimos que había que respetar la estructura competencial que nos habíamos dotado en esta comunidad, porque esta comunidad tiene competencias exclusivas en los asuntos sociales desde el año 82 -¡exclusivas!- y decidimos en el 87 un modelo de atención de servicios sociales con la siguiente estructura: los niveles primarios, a los ayuntamientos, los niveles especializados, a los cabildos y el Gobierno planifica y esta Cámara legisla. Esa fue la estructura competencial con la que nos dotamos en el año 87, será acertada o desacertada, dijimos: "atención a los problemas básicos los ayuntamientos porque tenían tradición con los planes concertados, los servicios sociales especializados, estos a los cabildos insulares, y aquí legislamos para Canarias, ordenamos, defendemos, dirigimos el proceso". Bueno, pues cuando aparece esta ley -(Al ujier que le alcanza un papel.) muchas gracias-, cuando aparece esta ley, esa estructura competencial no se respeta y se genera una estructura paralela en el Gobierno de Canarias para evaluar los nuevos, digamos, usuarios del sistema. Y ahí empieza el error. Empieza el error, primero, ineficiente, porque teniendo una estructura competencial descentralizada se duplica, digamos, no se pone en valor las estructuras que teníamos y empezamos con el lío, y empezamos con un lío que hoy sigue estando casi igual.

Hay que decir que cierto es que habíamos avanzado en esta comunidad, como algunas otras, no solo nosotros. Porque, ya que se ha puesto de moda de esto de hablar del pasado, ¿eh?, hay que decir que el Gobierno que yo presidí y el consejero del ramo, Marcial Morales, el actual alcalde de Puerto del Rosario, sabíamos que en el área de los servicios sociales especializados teníamos enormes deficiencias, en el área de discapacidad y en el área de mayores y entonces no nos fuimos a Estados Unidos, que de esto nos enseñan poco, ¿eh? Nos fuimos al resto de España, y resulta que los vascos, los gallegos y los catalanes habían avanzado y habían generado planes sociosanitarios y de discapacidad y lo que hicimos fue copiar y adaptarlo y dijimos: "en Canarias necesitamos desarrollar unas infraestructuras en manos de los cabildos, que eran los competentes, con un dispositivo sociosanitario y un dispositivo de atención a la discapacidad" y creamos el instrumento para hacerlo: los planes sectoriales. ¿Recuerdan los planes sectoriales que luego alguien se cargó? Bueno, pues estos eran dos de los nueve planes sectoriales. Y estos planes sectoriales venían destinados a dotar de infraestructuras para prestar esta atención. Afortunadamente, la Administración General del Estado, no competente en la materia, en la etapa de Zapatero recupera este elemento e introduce como derecho subjetivo la atención a la dependencia y está dispuesto a hacerlo poniendo dinero. Y ahí se comete un error de libro que nos ha llevado hasta aquí.

No ha habido liderazgo, no ha habido una estructura organizada para dirigir la prestación de la dependencia a la ciudadanía. Se ponen con retraso en marcha los programas y ayuda que el Gobierno español pone al servicio de todas las comunidades autónomas, y además no se escucha a nadie, a nadie, porque esto que dice el señor diputado del Común y su equipo en ese informe lo han dicho los cabildos insulares con más estructura desde el primer día, lo han dicho los trabajadores del área social desde el primer día, lo han dicho los directores y los gerentes, lo dicen los sistemas de información, lo dice todo el mundo. Ahora hay un valor añadido en el informe del Diputado del Común, que no se puede decir que es de p'allá. Que yo no sé si es de Vegueta o de La Palma, pero es de aquí. -¿Dónde nació, don Jerónimo?- Es decir, porque cada vez que aparecía aquí un informe del ministerio o de los directores y gerentes dicen que es que no nos comprenden, ¿eh?, que no saben la complejidad de Canarias, el territorio y las singularidades. Ahora este informe lo hace una institución de este Parlamento, presidida por una persona de aquí, que, además, no es cualquiera, que ha tenido responsabilidades en todos los ámbitos institucionales. De manera que tiene un gran valor lo que ha hecho el Diputado del Común, hacer un informe sobre un tema sentido, necesario y mal resuelto; pero esto solo servirá si le escuchamos, si hacemos caso a estas consideraciones. La ley de la dependencia en Canarias se gestiona tarde y mal, no se respetan las estructuras competenciales y existen unos damnificados, que son 12.400 personas que tienen el derecho reconocido y no reciben prestación, que son treinta y pico mil personas que están solicitando el tema y tardan una media de 300 días en responderles, que hemos perdido dinero efectivo para gastar en este asunto tan sensible... Y solo cabe, solo cabe una solución a esto: la rectificación, reconocer las cosas no se han hecho bien y cambiar, porque son siete años de errores en una de las prestaciones más sensibles que esta ciudadanía nos exige, y más en este momento de crisis total. La crisis no reparte las culpas por igual. Pagan los más pobres, pagan los mayores, pagan los enfermos, paga la gente más desvalida y esta ley viene a responder a eso. No se puede tolerar que tengamos 12.400 personas esperando esta prestación con el derecho reconocido y no se reconozca este tema después de siete años denuncias reiteradas de instituciones, de profesionales, de técnicos y aquí todo el mundo se equivoca menos los del Gobierno.

Pues yo le agradezco muy sinceramente, porque es su obligación, pero también viene muy bien a esta sociedad nuestra, que esa institución se legitime, y en vez de tener 1.500 quejas tenga 10.000, porque hay razones para tener 10 no, 50.000. Pues hagamos el esfuerzo para que cumpla esa institución la función que le corresponde que es defender a los ciudadanos, porque en esta casa a veces nos olvidamos que aquí estamos también nosotros para eso. Pero, justamente, como a veces nos olvidamos e influyen más los asuntos de los partidos que los asuntos ciudadanos, se crean este tipo de instituciones para que, desde una cierta neutralidad, sin el sometimiento a la disciplina de turno, pues se interprete, se analice y se exija a los poderes públicos rectificación.

Y yo creo que este informe lo que viene es a poner, digamos, un elemento más de crítica constructiva a que, en esta materia, en Canarias no lo hemos hecho bien, que estamos a tiempo de rectificar, que hay que aprovechar las estructuras que tenemos, que los cabildos insulares no son menores de edad, que tienen estructuras para gestionar estos asuntos y que debemos hacer el esfuerzo necesario para priorizar el gasto público sobre los problemas sociales... Y algunos aquí nos hemos desgañitado en esta legislatura defendiendo esto, y otras cosas, pero esto defendiéndolo de forma reiterada.

Y yo me alegré mucho en ver ese informe y por eso, inmediatamente, solicitamos que viniera usted aquí a presentarlo, y hay que decir que la Mesa y los grupos facilitaron que hoy tengamos este segundo informe en Pleno, porque creo que tenía entidad.

Acabo reiterando que sirva a todos los representantes del pueblo de Canarias que este informe dice algo sensible e importante y que debemos mejorar, y al Gobierno que escuche, por fin, que esto tenemos que cambiarlo, porque la gente de fuera no lo va a perdonar.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Doña Rosa Guadalupe Jerez, por tiempo de diez minutos, tiene usted la palabra.

La señora JEREZ PADILLA: Gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. Señor diputado del Común, buenos días y bienvenido a esta Cámara.

Lo primero que quiero decirle, señoría, es que este tipo de informe es bueno que se traiga a sede parlamentaria y se conozcan las causas por las que las personas se quejan por sentirse desatendidas por las distintas administraciones. Por lo tanto, lo felicito otra vez, porque es una de las fórmulas para que la consejería, en este caso implicada, así como otras administraciones, den solución a las demandas de esos ciudadanos que no se encuentran atendidos y, sobre todo, garantizar los derechos de los dependientes, como usted bien ha dicho hoy en esta sede.

Señorías, la ley de dependencia fue bautizada desde su aprobación como el cuarto pilar del Estado de bienestar y fue una ley que vino a solucionar la situación por la que estaban pasando personas dependientes que no estaban siendo atendidas por las administraciones y que necesitaban, en ese momento, unas prestaciones especiales.

Señorías, a los socialistas nos preocupa, nos preocupa cómo se ha desarrollado la ley de dependencia no solamente ya en Canarias, sino en todas las comunidades autónomas. Por eso decía que es bueno que se traiga este tipo de informe aquí, porque nos abre el camino para darnos cuenta de dónde se está fallando, dónde están fallando las administraciones.

Antes de continuar, sí me gustaría decir un apunte, señoría, y es que hemos oído continuamente a los portavoces del Partido Popular cuando hablan del Diputado del Común dicen que este no sirve, que debe desaparecer la figura. Y ahora, últimamente, dicen que hay que transformar la figura -no sé en qué o en cómo-, pero, desde luego, sí utilizan este tipo de informe, de una manera torticera, para atacar al Gobierno. Con lo cual no entiendo si hay que hacerlo desaparecer o solamente para este tipo de informe.

Adentrándonos, señorías, en el informe que trae hoy el Diputado del Común, en el punto 4, sobre financiación estatal y autonomía, nos encontramos, con respecto a lo recogido en el informe, sobre la financiación del Estado, señor diputado del Común, solo vemos cuando gobernaba el Partido Socialista, las partidas. Con lo cual queda claro, señorías, que la ley nació con una partida presupuestaria; en contra, en contra, de esas voces que dicen y que continúan diciendo que no, que la ley no tenía partida presupuestaria y no había dinero. Sin embargo, señorías, no vemos, o no aparecen para nada, los presupuestos del Estado desde el 2011, 2012, 2013 y 2014 en este informe. Que han sido, señorías, las causas de un proceso de desmantelamiento del sistema, mediante continuos recortes y modificaciones, que han supuesto la eliminación de derechos que estaban disfrutando las personas en situación de dependencia y la exclusión -¡la exclusión!- de miles de beneficiarios del sistema. Tal es así, señorías, que, según los directores sociales -de ayer, de ayer es la noticia-, en el último mes de marzo, dicen, cada día el sistema perdió 346 beneficiarios. Según ellos, hoy se atiende a menos personas que cuando Ana Mato fue nombrada ministra.

Respecto a la financiación autonómica, vemos en su informe, señor diputado, que desde que gobiernan los socialistas en esta comunidad autónoma los presupuestos aumentaban o aumentan o han aumentado considerablemente con respecto a otros años en la política de dependencia, donde gobernaban otros. Es verdad, y tengo que decirle, que para que esta ley funcione es necesaria su financiación; por tanto, la financiación de la ley es una responsabilidad compartida. Y, sin embargo, en los últimos años, señorías, esto no lo hemos visto por parte del Gobierno del Partido Popular. Lo que sí, lo que sí hemos visto ha sido el desmantelamiento de la ley, de una forma descarada e inhumana.

Con respecto a la implantación del sistema para la autonomía y la atención de la dependencia en Canarias, otro punto del informe. Es verdad que Canarias debe mejorar, sobre todo en los reconocimientos y en la resolución de los PIA. Y quiero decir con esto que la gestión de la ley no ha sido quizás la adecuada o no ha sido la adecuada, y, por tanto, se tiene que mejorar, aunque sea con los recursos con los que cuenta Canarias y, sobre todo, ser eficaz en la respuesta a las personas, que son las que realmente nos interesa. Habla también de que hay que incorporar nuevas personas al sistema. Estoy totalmente de acuerdo con usted; pero, como usted ya conoce, hay un compromiso del presidente, y usted lo dijo, creo, en unas declaraciones, hay un compromiso del presidente del Gobierno de que se incorporarán alrededor de 2.000 personas más al sistema. Con lo cual esperamos que esto sea así.

Con respecto al punto de actuación realizada por el Diputado del Común, le felicito, señoría, ya que se ve que se ha asentado usted y se ha coordinado con los entes encargados de llevar a cabo la ley de la dependencia y, por supuesto, por la predisposición de los mismos.

Señoría, señor diputado, lo que no entiendo, lo que no entiendo o no sé es con respecto a los datos que son 495 informes desde el año 2007. En los dos últimos años, es decir, los años que usted está como Diputado del Común, pues, ha aumentado, dice en su informe, el 49 % de las quejas recibidas. Por tanto, esto sí que debe llevar a una reflexión. Sobre las conclusiones del informe, señoría, estamos totalmente conformes y de acuerdo con lo que se dice, pero hay algunas de las conclusiones en las que la consejería ya está trabajando, como es que ya Canarias ha adaptado su normativa a la ley de dependencia, como así lo ha manifestado en sede parlamentaria la consejera encargada de este tema. Estas conclusiones, señorías, deben servir, al igual que las propuestas de resolución aprobadas en el último debate de la nacionalidad sobre dependencia, deben servir como hoja de ruta a seguir por la consejería, para mejorar el sistema, señora consejera, de la dependencia, para mejorar el sistema, como así, desde luego, lo esperamos todos.

Señorías, Canarias se está esforzando, mientras que el Estado hace todo lo contrario. Marzo fue el mes en que más gente ha sido expulsada, desde el Real Decreto-Ley 20/2012. Aun así, el ministerio sigue insistiendo, una vez más, en que los datos son provisionales -fíjense ustedes- y están sujetos a ajustes -vamos a ver a qué ajustes- y, para tratar de lavar la cara, recuerda -es decir, de lavarse la cara-, por un lado, que la responsabilidad es exclusivamente de las comunidades autónomas: ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad.

Señorías, un dato. En el primer trimestre del 2014, casi 30.000 personas que recibían un servicio o prestación de la dependencia han dejado de ser atendidas bien por fallecimiento, bien por revisiones de oficio del grado de dependencia y expulsión del sistema. Esto es lo que están haciendo las políticas del Partido Popular a nivel nacional.

Por tanto, señorías, y para finalizar, señor diputado del Común, no me queda más que felicitarlo, agradecerle su informe, porque puede servir para proyectar aquellas mejoras de la ley de dependencia en Canarias, que es lo que esperamos todos los canarios y canarias y, por supuesto, le animamos, desde el Grupo Parlamentario Socialista, a que en el próximo año traiga usted otro informe también sobre la dependencia, para ver en qué hemos mejorado y dónde podemos, pues atender a esas personas que realmente lo necesitan.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Tiene un minuto para concluir, señora diputada.

La señora JEREZ PADILLA: No me hace falta casi el minuto.

Simplemente decirle, señor don Jerónimo, que felicidades por el informe, que esperamos que siga trabajando en la ley de la dependencia, ver dónde se puede mejorar, porque, como decía, esto puede ser la hoja de ruta para mejorar, pues el sistema que está llevando ahora mismo Canarias con respecto a los dependientes.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Grupo Nacionalista Canario, doña Flora Marrero. Por tiempo de diez minutos, tiene usted la palabra.

La señora MARRERO RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.

Señor diputado del Común, presenta usted este informe extraordinario sobre la aplicación en Canarias de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, a los siete años en vigor, y nosotros, desde luego, lo ponemos en valor, porque nos parece que es importante que venga este informe extraordinario a esta Cámara.

El año pasado, yo recuerdo, en comisión parlamentaria, cuando estábamos analizando el informe del Diputado del Común que le preguntábamos si tenía previsto, pues traer algún informe extraordinario, y usted nos contestó que sí, pero que todavía no sabía cuál. Y en la dependencia nosotros entendemos, desde el Grupo Parlamentario Nacionalista, que no hay que estar a la defensiva, sino que se debe ser proactivo, pues, aunque no haya dinero -y está recogido en el informe y lo hemos debatido muchísimas veces en esta Cámara, ha habido una reducción sustancial, de casi 400 millones de euros en relación a la ley de la dependencia en Canarias-, sabemos que la dependencia es necesaria y hoy, al día de hoy, desde el Grupo Parlamentario Nacionalista, entendemos que es el mayor problema que tenemos en estos momentos en Canarias. Y, dicho esto, en este informe hace usted una serie de recomendaciones a lo largo del mismo, y diez conclusiones que nosotros vamos a analizar. Conclusiones que compartimos, se lo adelanto, y que lo hemos expuesto, si lo vemos el Diario de Sesiones y la Estrategia de la pobreza, lo que es las propuestas de resolución, están recogidas, es decir, se recoge todo lo que se ha hablado en esta Cámara. Usted refleja datos de una realidad y, sobre todo, explica las circunstancias de la misma, hace una relación cronológica muy buena de todo lo que ha sucedido y de por qué estamos en la situación que estamos.

Usted, muchas de estas aseveraciones, señala, y muchos de los problemas que tenemos, que son por falta de financiación por parte del Estado, se ha hablado, además, reiteradamente en esta Cámara, y así además lo expuso el presidente del Gobierno en el último debate sobre el estado de la nacionalidad.

Este informe responde a una etapa determinada, que nosotros esperemos que, en los próximos informes del Diputado del Común y a lo largo de los próximos meses, se mejore. Se mejore sustancialmente, porque, como usted mismo dijo en la pasada comisión, ha encontrado muchísima receptividad por parte de la consejería a las recomendaciones que usted ha hecho como diputado del Común, y este mismo informe, lógicamente, ha tenido y ha sido elaborado con la colaboración de la propia consejería, con relación a toda la documentación aportada. Es decir, si me permite, esto ha sido un informe que usted ha tenido la iniciativa, una buena iniciativa, pero que ha tenido toda la colaboración del Gobierno, y nosotros, esta conjunción y este trabajo conjunto, lo ponemos en valor.

En relación a las conclusiones, muchas de ellas están recogidas en las propuestas de resolución, por ejemplo, cuando dice que "el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que la estructura orgánica y de personal del área de servicios sociales sea reforzada urgentemente mediante el procedimiento de reasignación de efectivos -usted lo recoge en este propio informe- o cualesquiera otros, hasta tanto se redefina en la nueva legislación general de cabildos y de ayuntamientos -o en la sectorial de Servicios Sociales- un nuevo modelo de reparto funcional de esta materia entre las administraciones públicas canarias". Está incluida en las conclusiones esta aprobación de las propuestas de resolución.

Compartimos la primera conclusión cuando dice usted que se debe reducir el tiempo de los procedimientos iniciados a instancia de parte. Cuando vemos los datos en esa cronología que usted expone, en el año 2008 había 13.826 solicitudes. En el año 2014 van ya por 40.390 solicitudes, prácticamente se ha triplicado el número de solicitudes y también se ha incrementado el número de dictámenes. No voy a entrar, porque se ha hablado en alguna ocasión, en el informe del Tribunal de Cuentas, pero sí que dice, y usted lo define en el propio informe, que en esta situación ha habido, como usted bien la define, un desbordamiento.

En la conclusión número 2, señala usted que se debe evitar que las personas afectadas deban acudir al procedimiento de responsabilidad de las administraciones públicas, y nosotros añadimos "porque esto significa que el derecho subjetivo no ha sido reconocido". Y, lógicamente, estamos totalmente de acuerdo y se está trabajando por parte del Gobierno de Canarias. Lo ha dicho la consejera en este estrado, inclusive ponía en valor el propio informe que usted ha presentado, que estamos debatiendo en estos momentos, y está recogido así en el Diario de Sesiones.

Estamos totalmente de acuerdo, y acabo de leerlo en las propuestas de resolución, en optimizar los recursos de los ayuntamientos, de los cabildos y de la propia comunidad autónoma. Ya se han firmado varios convenios y se van a seguir firmando convenios con los cabildos; existe, y me consta, un diálogo permanente con la Fecam. Por cierto, echo de menos en este informe el cómo va a afectar la reforma de la ley de las administraciones locales, porque va a afectar a los servicios sociales.

En el punto quinto, habla usted de los dos sistemas que han estado en Canarias y el presidente del Gobierno hizo referencia al mismo en el último debate sobre el estado de la nacionalidad. Me parece contundente la conclusión número 6, cuando usted dice que no pueden negarse a esta comunidad autónoma "los recursos de la financiación de una Ley estatal"; totalmente de acuerdo. Y en el punto 7, mandata usted convocar una conferencia sectorial para reordenar, en base a la demanda, en los mismos términos de la reasignación de los propios recursos humanos. Desde luego, nosotros apoyamos eso y estoy convencida que esa conferencia sectorial se va a convocar.

Igual que dice usted de convocar a las universidades, a los colegios profesionales y a las entidades; y es verdad. Nosotros sabemos de esas reuniones, pero entendemos que serían buenas también estas reuniones monográficas. Y, por cierto, la Universidad de La Laguna, en relación con bienestar social, en el pacto que se está haciendo de las diferentes jornadas de pacto desde Tenerife para Canarias, recoge muchos aspectos de la ley de dependencia, que están recogidos en la propia página web.

A mí me parece que también es importante este informe contextualizarlo a lo que ha sido el último informe del dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, que es demoledor -usted lo conoce perfectamente- donde dice que cada vez menos personas se incorporan al sistema de atención a la dependencia y señala de una manera y de una dureza tremenda que se tardarían "83 años para acabar con el actual limbo de la dependencia". Y esto yo lo relaciono, me vino automáticamente a la memoria el informe de Intermón cuando decía que a raíz de los recortes y de este retroceso tremendo que por parte del Estado está sucediendo en el estado de bienestar se va a tardar 25 años en recuperar el estado de bienestar que hemos conocido hasta hace unos años.

Habla del dramatismo que supone el nuevo baremo en la dependencia, que supone un endurecimiento para la entrada de los beneficiarios al sistema, porque aquí volvemos a hablar con otro ejemplo. Quien tiene dinero no tiene problemas para pagar un centro que le cueste 1.000 euros, pero estamos hablando de las personas que no tienen recursos y este informe afecta a las personas que no tienen recursos, porque quien tiene dinero tiene una señora 24 horas en su casa, con turnos, o en una residencia de lujo; pero aquí estamos hablando de atender a las personas de la dependencia de los que menos tienen, que es lo que parece olvidarse. Y por eso digo que es tremendo lo que ha sucedido.

Y, después, señala en este informe, textualmente, el incumplimiento clamoroso de las "obligaciones legales en materia de financiación del Sistema de Atención a la Dependencia", afirmando que "el Estado no realiza ninguna inversión efectiva en el Sistema de Atención a la Dependencia", y señala que el "modelo de financiación continúa siendo tramposo y asfixiante para las comunidades autónomas" y recomienda replantear las políticas sociales, que formen parte de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas igual que la sanidad y que la educación. Y nosotros entendemos que hay que empezar a replantearse un montón de cosas, porque la situación, lógicamente, no puede seguir igual; y usted ha señalado que la sensibilidad se le ha ido incrementando con los años, lo comparto completamente, porque cuando estamos hablando de cifras y cuando estamos hablando... a mí no me gusta. Porque ayer mismo conocíamos un ejemplo de un matrimonio que venía a esta Cámara, que se va a arreglar el asunto, pero le iban a quitar la custodia de sus...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Sí, señora diputada, tiene usted un minuto para concluir, por favor. Prosiga.

La señora MARRERO RAMOS: Son situaciones que es duro mirar a unas personas a la cara y, además, conocemos amigos, conocemos familias y sufrimos día a día estas situaciones. Por eso ponemos en valor este informe y, desde luego, tiene el apoyo del Grupo Parlamentario Nacionalista y también del Gobierno.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular. Doña Milagros Bethencourt, por tiempo de diez minutos, tiene usted la palabra.

La señora BETHENCOURT AGUILAR: Muchas gracias, señor presidente, señorías, señor diputado del Común, buenos días.

El reiterado menosprecio de las diferentes administraciones canarias a sus constantes requerimientos, además de un desprecio directo a los ciudadanos, demuestra la importancia que dan al Diputado del Común y, sin duda, contribuye a debilitar aún más el prestigio de la institución que usted preside. Por eso, señor Saavedra, los ciudadanos dejan de acudir cada vez más a su institución, no por desconocerla, al contrario, por conocerla y saber que sus problemas tampoco aquí se van a resolver. Buscaba usted una respuesta por el bajo número de quejas, esa es la respuesta. Ahora bien, mientras la institución exista, y a pesar de ser claros en nuestra postura hacia la misma, desde el Partido Popular, a diferencia de otros, respetaremos sus informes y seguiremos dándole el crédito que merecen, a pesar -y tengo que decírselo- del sesgo ideológico que aún se desliza en alguna de sus páginas y en sus propias declaraciones en los diferentes medios de comunicación. He tenido ocasión de escucharle en diversas ocasiones, señor Saavedra, y una institución como la que usted representa debe ser escrupulosamente neutral, tanto en sus valoraciones como en sus opiniones si quiere mantener la credibilidad. Cuídese, cuídese de no caer en la tentación de ser un portavoz camuflado.

Entrando en el informe, recoge usted el drama que viven miles de familias canarias por la aplicación de la dependencia en Canarias. Miles de familias que peregrinan impotentes, desesperadas en los pasillos de la Consejería de Políticas Sociales demandando lo que son sus derechos. Miles de personas esperando por el reconocimiento de su grado, por el dictamen, y desesperando y falleciendo esperando sus PIA. Esa es la realidad de la dependencia en Canarias: impotencia y desesperación.

Justifica usted la elaboración de este informe extraordinario precisamente por esa gravedad y por la falta de respuesta a la ciudadanía, a los dependientes. Resume usted la situación en una palabra: "gestión" y, siendo sinceros, sobre su informe y sobre su intervención de hoy subyacen dos palabras que usted no ha tenido el valor de repetir juntas: "mala gestión". Así es, una deficiente gestión que ha tenido a Canarias colista en la aplicación de la dependencia durante años. Una deficiente gestión, con mayúsculas, que el Grupo Parlamentario Popular trajo a reprobación el pasado pleno y que solo los 21 diputados populares apoyamos, mientras los grupos que apoyan al Gobierno hacían un tour buscando culpables fuera. Porque la clave, señorías, está en la gestión y en ese empecinamiento del Gobierno de Canarias y de los grupos que apoyan al Gobierno en no reconocer los errores, y, claro, no se puede corregir lo que ni siquiera se reconoce previamente.

Porque señorías, señor Saavedra, por mucho que se esfuercen en desviar la atención hacia la financiación, el itinerario es claro: primero, el reconocimiento; lo siguiente, la resolución del PIA; y, automáticamente, la financiación del Estado. Ese es el itinerario; así de claro, les guste o no les guste. Por lo tanto, señores diputados nacionalistas, señores diputados socialistas, dejen de escudarse en el Partido Popular para tapar la incompetencia de la responsable de Políticas Sociales y de quienes la amparan. Si no hay reconocimientos, si no hay PIA, es decir, si el Gobierno de Canarias no hace previamente su tarea, imposible que se incrementen las transferencias del Estado. Y dejen de esconderse en el Real Decreto-Ley 20/2012; por cierto, no se ha mencionado aquí el Real Decreto-Ley socialista 8/2010, un real decreto que sí que restringió derechos a los dependientes. Dejen de confundir a los miles de dependientes canarios atribuyéndoles una merma de prestaciones. Ustedes saben que es falso, saben que solo modificó algunos preceptos, simplificó los procedimientos con las mismas coberturas prestacionales y mandató, mandató la atención prioritaria en el plazo de seis meses a los más débiles, a los grandes dependientes. Seis meses, señorías, un plazo que sistemáticamente se incumple en Canarias. Un plazo de seis meses que en Canarias llega en muchas ocasiones a seis años. Usted, señor Saavedra, lo recoge en el informe en la primera conclusión. Un verdadero abuso, señoría, que no tienen en cuenta el dolor y el sufrimiento que hay detrás del retraso de cada reconocimiento, el dolor que hay detrás del retraso de cada PIA; pero que tampoco miden las consecuencias jurídicas y económicas que, como usted señala en su informe, estos retrasos pueden costarnos muy caro en el futuro. Habla de usted de responsabilidad patrimonial, le voy a añadir una información: 53 expedientes hay en la Consejería de Políticas Sociales de responsabilidad patrimonial, 7 sentencias firmes ya... En definitiva, si todos los afectados acudieran a pedir la responsabilidad patrimonial, nos veríamos en una auténtica ruina de la hacienda canaria.

Señor Saavedra, la baja aplicación, la falta de previsión denunciada en su informe deja en evidencia que aquí en Canarias se trabaja sin rumbo, se trabaja sin plan, se trabaja sin estrategia y se recurre a lo más fácil: a buscar culpables fuera. Es una falacia culpar a la financiación. ¿Cómo se dejan de recibir si no 3 millones de nivel mínimo por no justificar los 722 millones?, ¿cómo se desvían 6 millones al Icavi? Las transferencias del Estado llegan en tiempo y forma, es el propio Tribunal de Cuentas del reino quien lo afirma. Dice el Tribunal de Cuentas que el importe de la financiación total aportada por la Administración General del Estado en el año 2013 fue superior que en el año 2011 -gobierno socialista-. Frente a los 3.610 millones del año 2011 -año socialista-, están los 3.679 millones del año 2013; lectura del informe que le recomiendo a la portavoz socialista para que salga ya de su discurso enlatado. Y se ha mantenido, se ha mantenido la financiación en el año 2012, una vez presupuestada y cancelada una deuda socialista de 1.034 millones por las cuotas de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales que el Partido Socialista, que el gobierno socialista, nunca, desde el inicio, abonó; ya está abonado.

Por lo tanto, la financiación del Estado en ningún momento, en ningún momento ha mermado. El problema está aquí en Canarias, señorías. No vamos a negar que atravesamos malos momentos, momentos difíciles económicamente, pero tampoco podemos negar que los recursos son escasos para todas las comunidades autónomas, y no solamente para la comunidad autónoma canaria. Por eso, la propia situación de otras comunidades como Madrid, como Castilla-León pone en evidencia la mala gestión de Canarias. Y ustedes, señorías que apoyan al Gobierno, prefieren mirar para otro lado, como lo han hecho en anteriores debates, pero la situación de la gravedad de los dependientes en Canarias es una situación real, y la solución pasa -lo apunta usted en su informe y lo dice el Partido Popular- por cambiar de gestor, por poner en marcha medidas urgentes, como las que usted presenta en su informe en sus conclusiones, como las que mi grupo parlamentario ha traído en diferentes ocasiones a esta Cámara y han sido rechazadas reiteradamente por las señorías que apoyan al Gobierno.

Por ello, desde el Grupo Popular entendemos su incomodidad, señor Saavedra, a la hora de defender hoy aquí un informe que ni los propios grupos que le auparon a su cargo hoy respaldan. Un informe que ha molestado y ha levantado ampollas, hasta el extremo de también pedir su sustitución. Una utilidad, que demuestra el informe que hoy nos presenta, lamentablemente nula, señor Saavedra. ¿De qué ha servido aflorar las deficiencias en la aplicación de la dependencia en las islas? ¿De qué ha servido? De nada. ¿De qué ha servido este informe a los miles de dependientes canarios que esperan día tras día las prestaciones del señor Rivero por la ley de la dependencia? De nada.

Mañana, señor Saavedra, a pesar de usted, todo seguirá exactamente igual. Y esa, esa es la utilidad de la institución que usted preside.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Aprovecho el momento para saludar, en nombre de la Mesa y de sus señorías, a los alumnos y alumnas de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna que nos acompañan desde hace unos momentos en esta tribuna.

Señorías, habiendo con esta fijación de posiciones del Grupo Parlamentario Popular y habiéndose acabado el orden del día, se levanta la sesión.

Gracias.

(Se levanta la sesión a las doce horas y trece minutos.)

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  • 8L/IDC-0003 Sobre Informe sobre la Aplicación en Canarias de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción a la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.


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