Diario de Sesiones 122/2014, de fecha 6/5/2014 - Punto 27

8L/PL-0017 DEBATE DE PRIMERA LECTURA. PROYECTO DE LEY DE LA AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA.

El señor PRESIDENTE: Y, tal como habíamos anunciado, vamos a ver el punto 4: debate en primera lectura del proyecto de ley de la Agencia Tributaria de Canarias.

Tiene la palabra el señor consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, don Javier González Ortiz.

El señor CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD (González Ortiz): Presidente, señorías, buenas tardes a todos y a todas.

Las administraciones públicas estamos inmersas en un continuo y obligado proceso de cambios; modernizar nuestras estructuras para hacerlas más eficaces y eficientes es un deber, una responsabilidad y un compromiso. Y si hay un ámbito en el que estas premisas cobran mayor relevancia ese es el de la gestión de los recursos que aportan los ciudadanos para el sostenimiento de los servicios públicos que provienen de nuestro sistema tributario. Una relevancia que todavía es más intensa en Canarias por su mayor autonomía financiera frente a otras comunidades autónomas debido a la integración de sus tributos propios, los cedidos por el Estado y los derivados del Régimen Económico y Fiscal.

Por tanto, si hay una comunidad autónoma que precise un ente específico para la gestión de impuestos esa es Canarias, y así lo justifica el volumen de ingresos tributarios que gestiona. Además de la Agencia Estatal, cinco comunidades autónomas disponen de una figura similar: Andalucía, Cataluña, Baleares, Murcia y Galicia, las dos primeras fueron creadas en el año 2007, mientras que Baleares lo hizo en el 2008, y las dos últimas, esto es, Murcia y Galicia, iniciaron sus pasos allá en el 2012, hace relativamente poco tiempo. De todas ellas, Canarias es con diferencia la que gestiona un mayor porcentaje de ingresos tributarios, cifrado en un 59 % del total; la siguiente comunidad autónoma que más se acerca es Baleares con un 15 %, seguida de Andalucía con un 12 % y Cataluña con un 9 %; en el caso de Galicia, que se constituyó, como digo, recientemente, en el 2012, su agencia solo alcanza el 8 % del volumen total. Datos, por tanto, que demuestran que las islas, al tener cerca de un 60 % de los ingresos tributarios, tienen más que justificada y acreditada la necesidad de crear un ente de características similares.

En consecuencia, el Gobierno de Canarias trae hoy a esta Cámara la puesta en marcha de un nuevo sistema de organización capaz de responder a estas exigencias bajo la figura de la Agencia Tributaria Canaria. La principal finalidad de este nuevo órgano es dotarnos de mecanismos más ágiles y flexibles que repercutan en la gestión recaudatoria, que intensifiquen la lucha contra el fraude fiscal y que redunden en una mayor participación de cabildos y ayuntamientos en la gestión de los tributos que conforman el bloque canario de financiación.

Con base en estos principios la creación de la Agencia Tributaria Canaria tiene diseñados los siguientes objetivos estratégicos: en primer lugar, mejorar la eficiencia del sistema optimizando la utilización de los recursos disponibles; en segundo término, incrementar la recaudación avanzando en la lucha contra los comportamientos fraudulentos; y, por último, ofrecer a los ciudadanos y empresas un servicio de máxima calidad reduciendo en lo posible sus cargas administrativas; objetivos enmarcados en un escenario donde es indispensable garantizar el cumplimiento de los objetivos de déficit, de deuda, garantizándola con la solidez fiscal de nuestras cuentas, a la vez que asegurar los recursos necesarios para la prestación de los servicios públicos. Para lograrlo este proyecto de ley pretende un cambio de modelo que supone también un cambio en los métodos de trabajo y en la cultura administrativa de todos los actores que intervienen en nuestro sistema tributario.

La nueva fórmula organizativa contrastada internacionalmente es la agencia, una figura que permite un mayor grado de autonomía más descentralización, agilidad en la toma de decisiones y un sistema que vincula la gestión al cumplimiento del objetivo. Sus funciones serán, principalmente: la aplicación, liquidación, recaudación, inspección y potestad sancionadora de los tributos, la lucha contra el fraude fiscal, la colaboración y coordinación con el resto de administraciones tributarias, la asistencia al ciudadano y el impulso a los medios electrónicos, informáticos y telemáticos que mejoren la gestión interna y la ayuda con contribuyente. Para acometer de forma eficaz estas funciones es necesario disponer de una mayor autonomía en el ámbito de los recursos humanos y presupuestarios, circunstancia que solo se obtiene a través de un ente bajo la modalidad de agencia; un nuevo ente que no supondrá sobrecoste alguno para la comunidad autónoma, al contrario, al ganar en gestión y eficacia al tiempo que se incrementen los medios destinados a la lucha contra el fraude fiscal se incrementará la recaudación generando, por tanto, más ingresos.

Además, de forma clara este proyecto de ley establece que la Agencia sucederá en recursos humanos y materiales a la actual Dirección General de Tributos. Desde el inicio de su actividad y en referencia a los recursos humanos, la Agencia Tributaria Canaria se dotará, con el personal que en ese momento esté prestado sus servicios en esa dirección general, sin perjuicio de que se puedan reasignar nuevamente también efectivos de otros departamentos con una relación de puestos de trabajo propia, constituida tanto con personal funcionario como laboral, que dispondrá de empleados públicos más especializados prestando especial importancia a la formación continua con planes anuales específicos elaborados a tal fin, una autonomía que enlaza con unas principales características de este modelo como es la gestión por objetivos.

La Agencia, señorías, deberá suscribir un contrato de gestión que tendrá una vigencia de tres años en los que se fijarán los resultados a obtener, los planes para conseguirlo y los recursos humanos presupuestarios y materiales necesarios. En estos planes se establecerán claramente los objetivos anuales fijando indicadores que permitan su seguimiento y la valoración de su cumplimiento. Este método de trabajo supondrá, por tanto, una importante modificación en la actual gestión de personal, elemento fundamental para el buen funcionamiento de los sistemas tributarios; nos permitirá obtener un personal más cualificado y motivado al incorporar retribuciones variables vinculadas al logro de los objetivos previamente marcados, como así sucede en el resto de entes y agencias de similares características.

De la misma forma, este nuevo sistema será esencial para reforzar la lucha contra el fraude fiscal. Su prevención y persecución es una demanda social y una obligación de las administraciones públicas al tratarse de comportamientos insolidarios que afectan a la financiación de los servicios públicos esenciales y distorsionan la actividad económica. El Gobierno de Canarias ha dado importantes pasos en este sentido, por una parte, impulsando el cumplimiento voluntario de las obligaciones, incrementando, por tanto, de forma significativa, el número de trámites que los contribuyentes pueden realizar por medios telemáticos.

En este esfuerzo por facilitar el cumplimiento fiscal, hemos iniciado, además, varias líneas de asistencias a grupos específicos de contribuyentes y hemos incremento los medios materiales y humanos en todas las oficinas tributarias de las islas. En este sentido, el pasado año dimos un importante avance hacia la gestión integral de los tributos dando por finalizada la encomienda de gestión que venían realizando los registradores de la propiedad para la tramitación de los impuestos cedidos. Además de un sustancial ahorro económico para las arcas públicas ha supuesto la centralización de la información y, por tanto, la disposición de mejores instrumentos para la lucha contra el fraude. Junto al incremento de las labores de inspección y el cruce de información con otras administraciones también están siendo eficaces herramientas los peinados fiscales y las operaciones sobre aquellos sectores de actividad susceptibles de generar un mayor fraude. Durante este año, además, hemos intensificado la colaboración con la Agencia Estatal Tributaria, con los cuerpos y fuerzas de seguridad, con la Tesorería de la Seguridad Social y, por supuesto, con cabildos y ayuntamientos. Gracias al esfuerzo en la dotación de más recursos, al crecimiento y coordinación con el resto de entidades públicas y privadas y a la continua aplicación de nuevas medidas, logramos aflorar un fraude fiscal por importe de unos 160 millones de euros durante el año 2013.

Sin embargo, señorías, debemos seguir avanzando en un proceso donde será fundamental la nueva Agencia Tributaria Canaria. Y lo será en sus dos vertientes: en facilitar aún más el cumplimiento de las obligaciones fiscales como una fórmula para prevenir el fraude, pero también en la persecución de los comportamientos irregulares. Mediante el cumplimiento de objetivos anuales fijados previamente y a través del personal con más cualificación, especializado e incentivado, la Agencia supondrá un sustancial progreso en la lucha contra el fraude fiscal en Canarias.

Pero no solo en esta materia la Agencia abre nuevas posibilidades, también lo hace con nuevas vías de participación, es el caso de los cabildos y ayuntamientos como perceptores de los ingresos derivados de nuestro Régimen Económico y Fiscal.

De esta manera, con esta ley se posibilita su incorporación a través del Consejo para la Dirección y Coordinación de la Gestión de los Impuestos Integrados en el Bloque de Financiación Canario. Dado que la gestión desarrollada por la Agencia Tributaria Canaria afectará a una importante parte de los ingresos de cabildos y ayuntamientos, se pretende reforzar y ampliar su participación en la toma directa de decisiones que afectan a los recursos propios de ambas administraciones. Su intervención se articula a través del citado consejo del que serán miembros natos un representante designado por cada uno de los siete cabildos insulares y dos por la Federación Canaria de Municipios. Una de sus funciones será aprobar el plan anual específico para estos impuestos, que se integrará en el Plan de Acción General de la Agencia, y del que periódicamente se podrá realizar, por tanto, su seguimiento.

Los representantes insulares y municipales también propondrán las líneas de actuación que consideren para mejorar la gestión de los tributos del REF, así como para impulsar el intercambio de información entre estos y la Agencia.

En cuanto al resto de órganos que conformarán la agencia futura se encuentra la Presidencia, la dirección de la misma, el consejo rector, el comité asesor, además del ya mencionado Consejo para la Dirección y Coordinación de los Tributos del Bloque de Financiación Canario.

Por otra parte, los recursos económicos de la Agencia procederán de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, aunque se prevé, en su caso, la posibilidad de establecer un porcentaje de la recaudación para la financiación de mayores gastos de funcionamiento o inversiones que pudieran producirse. Eso sí, estos fondos específicos, que, por tanto, quedan supeditados a la mejora de los ingresos tributarios, no podrán, en ningún caso, destinarse a gastos de carácter estructural sino vinculados a la consecución de determinados objetivos con objeto de ganar en la eficacia y eficiencia recaudatoria.

Por último, se establecen varias medidas de control sobre la gestión, además de la propia agencia, además de claramente someterse a la Intervención General de la comunidad autónoma y al control externo de la Audiencia de Cuentas, la Agencia contará con una unidad de auditoría interna que supervisará su funcionamiento y llevará las investigaciones internas de las quejas de los contribuyentes.

En definitiva, señorías, y para concluir, con la aprobación de esta ley se creará un nuevo modelo de organización que mejorará la eficacia y la eficiencia en la gestión, facilitará en mayor medida el cumplimiento de las obligaciones a los ciudadanos y avanzará, de forma notable, en la lucha contra el fraude fiscal. Un nuevo instrumento organizativo cuya efectividad ya ha sido constatada en otras administraciones y que tendrá una mayor capacidad de adaptación a los continuos cambios que puedan generarse en nuestro particular sistema tributario.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero, don Javier González Ortiz.

Hay una enmienda de devolución del texto al Gobierno presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Don Miguel Cabrera Pérez-Camacho, tiene la palabra.

El señor CABRERA PÉREZ-CAMACHO: Señor presidente, señorías.

Señor consejero, con que poco entusiasmo ha defendido usted su proyecto.

Señorías, la Agencia Tributaria del Estado -la AEAT- se creó por la Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, por el gobierno de Felipe González, y entró en vigor, se constituyó el 1.º de enero de 1992; con ello se consumaba la separación patria del modelo administrativo de gestión tributaria continental para copiar el modelo de agencia autónoma, típicamente anglosajón y con ya bastante tradición en países como el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y algunos países latinoamericanos.

Desde luego, no voy a ser yo quien defienda el viejo chascarrillo de que las tribus más despiadadas y salvajes que en el mundo existen -son la tribu mursi en Etiopía, la tribu de los brasileños y la tributa, que es española-, no voy a ser yo el que lo defienda, pero tampoco, al contrario de lo que me gustaría decir, podría defender el que en estos veintidós años la Agencia Tributaria haya respondido a los objetivos y finalidades con los cuales fue contemplada por el legislador.

Efectivamente, la Agencia Tributaria en estos años, a lo largo de su vida, y se lo puedo decir con cierta auctoritas, que es la que me da ser inspector de los servicios del Ministerio de Hacienda en excedencia, con esa auctoritas, que por lo menos implica que algo conozco la Agencia, les puedo decir que se ha convertido -aparte, insisto, de su elevado coste de funcionamiento-, en un auténtico circo máximo, un auténtico coliseo donde los cuerpos de funcionarios dirimen sus batallas ideológicas y políticas y sus intereses personales. Así ha sido de estos últimos quince años, casi desde el principio del nacimiento de la Agencia. Lo malo es que en estos conflictos y choques, al final, el resultado suele ser siempre el uso mezquino de potestades públicas en perjuicio de los contribuyentes.

Nosotros estamos a favor de la lucha contra el fraude fiscal, por supuesto, así lo hacemos desde el Gobierno y así está en nuestro programa. Lo que no queremos colaborar es en la extorsión a los contribuyentes, y el sistema de retribución de los funcionarios de la Agencia, que el artículo 29 del proyecto del Gobierno quiere copiar, es un sistema de incentivos muy poco éticos que propicia los abusos y atropellos. A lo cual nos negamos, nos negamos terminantemente. Así es fácil de entender cómo las asociaciones de funcionarios de la Agencia Tributaria están todos los días prácticamente pidiendo que se les deje hacer horas extras por las tardes y hasta por las noches, como si fuesen farmacias de guardia, para buscar dinero donde no lo hay.

Ese sistema retributivo provoca abusos y atropellos, porque se aplica el principio de que cuanto mayor sea el acta que levantes, más cobrarás a final de mes. Y eso usted no puede desmentirlo, señor consejero, lo sabe.

Bien. Con estos precedentes, hoy el Gobierno viene al Parlamento a pedirnos que apoyemos con nuestro voto la creación de un nuevo ente público similar. Nos pide el Gobierno a esta Cámara que con nuestro voto apoyemos el incumplimiento del compromiso reiteradamente hecho aquí por el presidente Paulino Rivero de reducir los entes y órganos administrativos, y simplificar la Administración pública de Canarias; compromisos del presidente del Gobierno reiteradamente prometidos y reiteradamente incumplidos, como tantas cosas más.

Señor Ortiz, asombra el atrevimiento del Gobierno, pero aún asombra mucho más, hasta causar perplejidad, que ustedes oculten a los parlamentarios, de manera intencionada, cuánto va a implicar en el bolsillo de los canarios este nuevo capricho nacionalista. La simple omisión de un estudio de costes financieros de lo que va a implicar la creación y puesta en funcionamiento de la Agencia Tributaria es por sí sola causa sobrada y suficiente para que pidamos la devolución del proyecto al Gobierno, sin entrar en otras consideraciones. Nos están pidiendo un cheque en blanco a favor de la Agencia Tributaria Canaria, nos están pidiendo, casi, que prevariquemos con nuestro voto. Porque, seamos serios, en ningún Parlamento europeo no causaría sino risas el que ustedes pretendieran crear un nuevo ente público sin decirnos cuánto va a costar, sin decirnos cómo va a repercutir en el presupuesto de la comunidad autónoma. No me vale que usted diga que nada. Eso tiene que justificarlo, y tiene que traer aquí los costes perfectamente y las evaluaciones globales, cosa que no hace. No lo ha hecho, señor consejero.

Ustedes, evidentemente, no van a tener nuestro voto, ni lo sueñen. Aunque en los parlamentos europeos eso causara risa, ustedes ni se sonrojan. Ustedes, señor Ortiz, cuando entramos en materia de números, no son gente de fiar. Mire, aunque nos lo oculte, el coste financiero, ya de por sí asusta en gran medida que la Oficina Presupuestaria y la Dirección General de Planificación y Presupuestos de su propia consejería, que, por cierto, ha dimitido el titular hace muy poco tiempo, no sé si tendrá alguna relación una cosa con la otra, pero el hecho es que le han dimitido a petición propia, parece ser, ¿no? En todo caso, la Dirección General de Planificación y Presupuestos ha emitido un informe, que le voy a leer a sus señorías, en contra de mi costumbre, para que no se me diga que estoy tergiversando. Textualmente lo que dice la Dirección General de Planificación y Presupuestos es: "No se ha acreditado suficientemente la incidencia económica de la creación de la ATC y su verdadero impacto en el presupuesto de la Comunidad, pues no ha quedado debidamente constatado el importe de los costes de instalación y funcionamiento, ni el ahorro derivado de una supuesta superior eficiencia producto de un mayor rendimiento y utilidad de sus servicios". Eso decía su director general, ya cesante, señor Ortiz.

Es más, el Consejo Consultivo, en su dictamen del pasado 4 de abril, le señala a usted y al Gobierno: "La Memoria [...] señala un equilibrio inicial que es puesto en duda por algunos de los informes obrantes en el expediente, pues se crea una serie de órganos ejecutivos y de asesoramiento que podrían suponer un mayor coste de gasto de personal. Por ello [...] se podría poner en duda el cumplimiento de los compromisos de no elevación del gasto público, mayoritariamente de personal, por la nueva estructura organizativa que se crea, a lo que está sujeta la Administración económica en cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública fijados para la Administración Pública autonómica".

¡Qué necesidad tenemos de hacer esta chapuza, señor Ortiz! ¡Qué manera ligera y poco profesional de hacer las cosas, deprisa y corriendo! Mire, señor Ortiz, las prisas son malas hasta para legislar, y se lo advierte el propio Consejo Económico y Social, también, diciendo -y leo textualmente-: "Nada se aporta -repito, por si no ha quedado claro-, [nada se aporta] sobre la, al parecer, insuficiencia del actual modelo de gestión tributaria, o sus ineficiencias organizativas o estructurales, que harían necesario acudir a nuevos modelos con la creación de la Agencia Tributaria Canaria". Es decir, que su propio director general lo pone en solfa, señor Ortiz, ¡su propio director general! ¡Qué cosa más vergonzosa! El Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social... ¡a mí me daría vergüenza traer aquí este proyecto en esas condiciones!

Porque, señor Ortiz, fíjese en lo siguiente: es imposible decir más de lo que ha dicho el Consejo Económico y Social en cuatro líneas, ¡imposible! El Consejo Económico y Social tiene toda la razón: nada se aporta sobre la mejora de la gestión tributaria, ni usted ha dicho aquí hoy nada en favor de esa gestión, nada que sea convincente, por supuesto. Es evidente que la gestión tributaria que ha desarrollado la Dirección General de Tributos es bastante aceptable y razonable en cuanto a resultados, tanto en el bloque de los tributos propios de la comunidad autónoma, como en los tributos derivados del REF, como en los tributos cedidos, y entonces, ¿a qué viene la creación de este monstruo de siete cabezas que, una vez consumado, no van a saber qué hacer con él? ¿A qué viene, señor Ortiz?

Mire, si en el futuro ocurriera que, por los cambios constitucionales o legislativos, el Estado procediese a ceder a las comunidades autónomas la gestión de los grandes tributos del Estado, el IRPF, el impuesto de Sociedades..., cosa que es una hipótesis o elucubración muy lejana, pero que podría algún día darse, vía modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, o modificación por la generalización de conciertos y convenios económicos, entonces vendría a tener una cierta justificación la creación de una Agencia Tributaria. Yo estaría en contra de esa política, porque esa política implicaría, en todo caso, la división y fracturación de la gestión tributaria, de los grandes tributos, por todo el Estado, pero, si se produjera ese vaciamiento de competencias en la AEAT, yo podría entender que ustedes creasen una Agencia Tributaria, pero lo que es hoy por hoy, señor consejero, hoy por hoy, no hay cama para tanta agencia, se lo garantizo, no hay cama para tanta agencia, y la prueba es que solamente cinco de las diecisiete comunidades autónomas han adoptado este conflictivo modelo tributario.

Señor consejero, de todo el proyecto de ley, por llamarlo de alguna manera, hay una perla escogida. Esa perla escogida la llaman ustedes lista de población y memoria económica. Bien, ¿sabe usted de qué fecha son esos documentos, señor Ortiz? 12 de noviembre de 2012, y estamos en mayo de 2014. ¿Sabe usted, señor consejero, para cuándo se prevé en esos documentos que nos remiten al Parlamento la creación de la Agencia Tributaria Canaria? Pues, aunque le produzca vergüenza, se lo digo, señor Ortiz: 1 de enero de 2013, 1 de enero de 2013. ¿Pero a ustedes no les da vergüenza no revisar los documentos que mandan al Parlamento? ¿No les da vergüenza que vengan documentos a esta Cámara sin revisar siquiera las fechas?

¿Conoce usted, señor consejero, cuántas páginas tiene la memoria económica relativa a la creación de la Agencia? Si no lo conoce, yo se lo voy a decir, aunque me parece que usted lo sabe: tres páginas, tres páginas. ¿Sabe usted, señor consejero, cuántos datos numéricos, cuántas cifras nos da a los parlamentarios para que podamos juzgar sobre la conveniencia de la Agencia Tributaria Canaria? Ninguna cifra, señor consejero, y lo sabe.

¡Ni una sola cifra en la memoria económica! Eso es para pedirle el cese a alguien, digo yo. ¿Sabe usted cuántos argumentos da en ese documento a favor de un nuevo modelo, de una nueva gestión tributaria, argumentos por lo menos que digan algo o que intenten convencer de algo? No da un solo argumento, y lo sabe. No da un solo argumento. No, el PSOE siempre, bueno, pues va a lo que diga Coalición Canaria, ¡qué van a hacer!, pero también a mí me daría vergüenza apoyar lo que ustedes están apoyando, porque esto es absolutamente insostenible, esto no puede llamarse un proyecto de ley.

¿Y sabe usted cuántos órganos nuevos se crean en los artículos 9 a 15? Pues mire, un montón de órganos, ahora vamos a por ellos. Se crean un montón de órganos, porque el Gobierno piensa en este momento "¡qué más da!, ya que vamos a tirar el dinero por la ventana, vamos a hacerlo con amplitud de miras, que al final quienes pagan son los canarios, ¿para qué vamos a andarnos con boberías de crear uno o dos órganos? No, creamos una multitud, la presidencia, la secretaría general..."

El señor PRESIDENTE: Don Miguel, un minuto, para que vaya terminando.

El señor CABRERA PÉREZ-CAMACHO: "...el consejo rector, el consejo asesor para los tributos del REF, el comité de asesores, la asesoría jurídica". ¿Estamos locos, estamos locos, señor Ortiz? ¿Ustedes han reparado en lo que están creando?

Mire, señor Ortiz, para acabar, no le pido que me haga caso a mí, no le pido que me atienda, es más, no pido siquiera que atienda al Grupo Parlamentario Popular, le pido que haga caso a su exdirector general de Presupuestos, le pido que haga caso al Consejo Consultivo, y le pido que haga caso al Consejo Económico y Social. Devuelva el proyecto al Gobierno, devuélvalo, haga el estudio económico, evalúe al euro lo que nos va a costar, un estudio convincente, que nos permita saber lo que va a repercutir en el presupuesto de la comunidad autónoma y en el bolsillo de los canarios, y, después, después de leído, después de estudiado, a lo mejor, con un poco de suerte...

El señor PRESIDENTE: ¿Se hace uso del turno en contra o pasamos al...? Muy bien.

Turno en contra... ¿sí? Don José Miguel Barragán Cabrera, Grupo Nacionalista Canario, para el turno en contra a la enmienda de devolución.

El señor BARRAGÁN CABRERA: Gracias, señor presidente.

Don Miguel Cabrera Pérez-Camacho, antes que nada, antes de entrar en lo que ha sido su intervención para la defensa de esta enmienda a la totalidad, me gustaría, y creo que se sumarán también los diputados y diputadas, hoy ha muerto el historiador de Gran Canaria, o grancanario, José Miguel Alzola, a los 101 años de edad, que fue Premio Canarias en 1999, unirnos a las condolencias a su familia.

Don Miguel Cabrera, la ventaja que tiene cuando usted interviene..., y le voy a recordar una de sus anécdotas en este Parlamento, yo no sé si usted recuerda hace escasamente un año y medio, dos años, la enormidad de recursos que nos iba a presentar el Estado, y usted sentaba cátedra aquí en esta tribuna. Sí, pero se lo recuerdo, se lo recuerdo, precisamente, don Miguel Cabrera Pérez-Camacho, para decirle que una cosa es ser gracioso en algún momento y otra es ser graciosete permanentemente en las intervenciones.

¿Y qué significa gracioso y graciosete en este tema? Que usted sabe de lo que está hablando. Por favor, hemos oído insultos en más de una ocasión de ustedes como para no diferenciar entre gracioso y graciosete, y yo con don Miguel Cabrera Pérez-Camacho, como él me lo ha dicho a mí en alguna ocasión, no voy a tener problemas en este sentido de explicar las cosas.

No, mire, no es seria la intervención que usted ha hecho, porque usted sabe de lo que está hablando aquí, sabe, conoce este tema. Y ha intentado ridiculizar, en primer lugar, lo que es precisamente la Agencia Estatal, diciendo "bueno, de esto ni hablemos", ha intentado decir sobre la Agencia Estatal poco menos que no se sabe si es eficaz o no. Bueno, han tenido una oportunidad tremenda durante el tiempo que llevan gobernando de cortar los incentivos a los inspectores, ¿eh?, y de modificar la Agencia. Pero resulta que la Agencia está avalada en estos momentos, le voy a decir por el organismo que es, está avalada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, me refiero a la Agencia Estatal española, un modelo que se ha elegido como de las más eficaces del mundo, como de las más eficaces del mundo, sí, les da igual, pero es así (Ante los comentarios desde los escaños que ocupa el Grupo Parlamentario Popular). Y para más inri ese modelo del que estamos hablando el mes pasado, podíamos estar hablando de la comunidad autónoma, el mes pasado la Generalitat Valenciana crea la Agencia Tributaria también para gestionar sus impuestos. Si el consejero hubiera leído las declaraciones de Juan Carlos Moragues y no hubiera dicho que estaba en Canarias hubiéramos copiado la misma filosofía del Partido Popular en otra parte, pero ya sé que ustedes tienen un problema con el Mediterráneo, con el petróleo, con las agencias y con todo.

Tienen un problema y el problema es precisamente que son capaces de crear una agencia, defender una agencia en un territorio determinado diciendo lo mismo que decimos aquí en Canarias del valor y la eficacia que tiene esa agencia, y decir todo lo contrario en Canarias porque están en un discurso catastrofista, derrotista, da igual lo que presentemos, da igual, incluso, que esta agencia..., señorías, señor Miguel Cabrera Pérez-Camacho, y esto lo debe conocer usted también como yo porque era portavoz, creo recordar, en el año 2008, si no me equivoco, en el año 2008, gobernando Coalición Canaria y Partido Popular el Partido Popular, al frente de la consejería, presenta el borrador de la Agencia Tributaria Canaria, modelo en que se ha inspirado, precisamente, este en que estamos ahora, más perfeccionado, más vigilado, dígame, ¿hubiera sido usted capaz de decirle a José Manuel Soria la cantidad de burradas que ha dicho sobre la Agencia Tributaria si hubiera visto el proyecto de aquel entonces? Proyecto que, además, debe conocer usted ya que una parte de él estaba avalada también por el Consejo Económico y Social.

Y dice usted: devuélvase el informe por lo que le dice el Consejo Económico y Social, por lo que le dice el Consejo Consultivo, vamos a ver lo que nos dice el informe del Consejo Económico y Social primero: tal y como se recoge en las observaciones de carácter general del presente dictamen ya en el 2005, incluso, porque estábamos trabajando la Agencia desde antes, se pronunció favorablemente sobre la creación de la Agencia Canaria Tributaria, hoy el Consejo se reafirma en esa valoración y recomienda, además, que este proceso avance conjuntamente con el de la creación de un auténtico estatuto de defensa del contribuyente. Esta nueva configuración de nuestra administración tributaria habrá de incrementar la transparencia respecto a la actual situación, optimizar los actuales recursos, recuperar ámbitos externalizados y facilitar los mecanismos de control, supervisión y evaluación de los gestores aprovechando así la mayor flexibilidad y agilidad del nuevo ente. Esto es lo que nos dice el Consejo Económico y Social, que hace una observación de que le gustaría que cuando este y otros informes lleguen al Consejo Económico y Social estén más sustanciados, que haya más documentos, sí lo dice, pero también dice que apoya la creación de la Agencia sin paliativos.

Vámonos ahora al dictamen del Consejo Consultivo, ¿dice quizás que se devuelva el proyecto o que el proyecto no se ajusta? No, no lo dice, pero usted ha querido leernos, como buen jurista, algún pasaje suelto del Consejo Económico y Social, en este caso del Consejo Consultivo de Canarias, a ver si picábamos y, leyendo un párrafo, dar por hecho que esa es la sentencia del Dictamen 118. No, mire, el Dictamen 118/2014 lo que nos dice es que apoya y que cumple todos los requisitos. Y es verdad también lo que usted ha dicho, hace una observación y, además, lo que sí le pido consejero y en eso creo que puede mejorar la tramitación de la ley a partir de ahora, es que cuando se dice que este informe viene sin un informe..., pero don Miguel Cabrera Pérez-Camacho leyó el informe del dictamen y sabe que existen veintipico informes que sustentan este acuerdo; y sabe perfectamente, porque lo sabe, diferenciar lo que es la lista de evaluación para tomar el acuerdo del Consejo con todos los documentos que se elaboran después de la lista de evaluación y toma de acuerdo del Consejo de Gobierno de iniciar el expediente, lo sabe; y usted sabe perfectamente que este Parlamento aprobó hace exactamente un año que le daba tres meses al Gobierno, o se los dio al Gobierno, para que iniciara el procedimiento de la creación de la Agencia, ¡este Parlamento!, ¿o no lo recuerda, en una modificación de la Ley de Medidas Tributarias? "No sabe no contesta". Y están todos los informes después de esa fecha, desde abril del 2013 hasta febrero del 2014: informe de la Intervención General de la Consejería de Hacienda; dictamen del Consejo Económico y Social, que hemos leído; informe de la Oficina Presupuestaria del 29 de abril del 2013; las certificaciones del 30 de septiembre cumpliendo la información pública y la audiencia, en este caso, la audiencia, así como en observaciones presentadas en ese trámite e informe de la Dirección General de Tributos respecto a la misma, del 31 de enero del 2014; informe de la Inspección General de Servicios; memoria económica elaborada por la Dirección General de Tributos; informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto; informe de la Dirección General del Servicio Jurídico; informe de la Dirección General de la Función Pública; informe sobre impacto por razón de género; y certificados de las mesas de negociación de los empleados públicos y del secretario de la Comisión de la Función Pública; informes de legalidad de las secretarías generales técnicas de dos consejerías, de Presidencia y de la Consejería de Hacienda; informe de la Comisión preparatoria de asuntos de gobierno, y todos esos documentos forman parte del expediente.

¿No los ha visto usted? Hombre, tuvo imaginación para escribirnos un folio y decirnos que en eso se basaban sus argumentos, por lo menos por escrito, sus argumentos para oponerse a esta iniciativa.

Pero el Partido Popular presume en España de reformas, "somos los reformistas", claro, a base de decreto-ley. Y usted sabe cuánto se tarda en tramitar un procedimiento en la ley en Canarias, sabe perfectamente, todos los trámites que hay que cumplir. De hecho, mi grupo se ha quejado en más de una ocasión al Gobierno de que tiene que modificar la orden por la que se tramita una ley, para intentar que vengan antes, porque todas las leyes que se están tramitando llevan tiempo tramitándose y concluyen ahora en un proceso determinado; y no son veinte leyes como nos han dicho ustedes en más de una ocasión.

Señorías, deberían ponerse de acuerdo en el discurso porque hasta ahora lo que hemos oído son reproches por una supuesta y prolongada inacción del Gobierno. Ahora el Gobierno trae las medidas después de todo ese proceso y se quejan. Su oposición a este proyecto señorías es precisamente la que no responde a los intereses de los ciudadanos. Saben perfectamente ustedes, perfectamente bien, que la Agencia puede ser beneficiosa para la gestión de los tributos, para el control del fraude fiscal; y saben también perfectamente que los cabildos y los ayuntamientos llevan tiempo buscando un órgano de participación en la gestión, en este caso de los tributos del REF, lo saben perfectamente. Se mejora la estructura, y cuando está diciendo "van a crear otra estructura" está mintiendo, porque usted sabe perfectamente que la disposición adicional dice claramente de qué se va a nutrir la nueva Agencia y es de la Dirección General de Tributos actual, de personal y de los medios materiales que tiene en estos momentos a su alcance; y también lo es cuando gracias a la creación de la Agencia creo que vamos a tener más y mejores instrumentos para luchar contra el fraude fiscal, lo sabe usted perfectamente que es así, que la flexibilidad de la Agencia y la cualificación del personal de esa agencia va a permitir una mejor lucha contra el fraude fiscal, como lo está demostrando también la Agencia Tributaria española. Se opone por oponerse, y en eso quería diferenciar la gracia del graciosete, se opone por oponerse, y como se opone por ponerse, pues, qué más da hacer un chiste más de la intervención de don Miguel Cabrera Pérez-Camacho.

Señoría, dice usted que quebranta el compromiso de reducir el tamaño de la Administración, no hay absolutamente nada, lo he dicho antes. Las dos disposiciones -la segunda y la tercera- dicen perfectamente que "la Agencia sucederá a la Dirección General de Tributos, que sus bienes quedan automáticamente adscritos al nuevo ente y que estará integrada por el personal funcionario y laboral que esté adscrito a esta Dirección General". ¿Dónde está viendo usted el crecimiento de la Agencia?

"Es un capricho del Gobierno...", "esto son cosas de Coalición Canaria que después viene a apoyarle el Partido Socialista Obrero Español", mire esto no lo tenía escrito pero usted demuestra una vez más la frivolidad..., pensé que el que iba a intervenir era otro, poco rigor con el que abordan los grandes asuntos de Canarias.

En cualquier caso, sería un ente tan inútil y caprichoso como lo es la Agencia Tributaria estatal, don Miguel Cabrera Pérez-Camacho, tan inútil como lo es la Agencia estatal. Tampoco lo entienden así los cabildos y ayuntamientos, dos entes, en este caso los cabildos y la Fecam, incluidos los que gobiernan del Partido Popular que también apoyan la creación de los órganos de participación en la Agencia Tributaria. Son también ellos los que consideran que la creación de esta agencia reportará beneficios en la gestión y en la recaudación, y, por lo tanto, en los ciudadanos.

Los hechos y los datos, y no la demagogia, señoría, es lo que debe marcar la diferencia en la gestión. Don Miguel, nos pedía usted que retiráramos ese proyecto de ley, yo le pido encarecidamente que sea usted, don Miguel Cabrera Pérez-Camacho, que sea el que yo conocí hace años: una persona seria, rigurosa, que cuando tratábamos los temas aquí era usted el que me indicaba a mí que teníamos que ser más serios, cuando teníamos que tratar, en este caso, con la oposición del Partido Socialista; que me ilustrara cómo lo hacía cuando podía tener algún problema, no este Miguel Cabrera Pérez-Camacho que ahora lo que usa es la gracia y ser graciosete en la tribuna.

Mientras Canarias reduce los gastos corrientes, señorías, y el de sus empresas públicas, en 240 millones de euros -y lo digo por la balanza, el equilibrio que se está intentando hacer aquí de que un despilfarro...-, el Estado sube 41 impuestos. Si quiere esa comparación, ahí la tiene. Mientras Canarias rebaja el número y presupuesto de sus altos cargos, el Gobierno los sube en 2014 un 7,5 % -datos del presupuesto del Estado-; y mientras Canarias elimina parte de su parque móvil, se compran nuevos coches -hoy salía la noticia que en Canarias subía el aumento de coches, estarán comprándolos aquí-; y mientras Canarias disminuye y acota los salarios de sus sociedades públicas, señorías, ustedes tienen sueldos en esas sociedades -y ya les han sacado lo de la Red-, sueldos que superan los 100.000 euros.

¿Y a esto no le llama usted...? Precisamente por esto, yo prefiero pagarle a un inspector por mejorar la recaudación, una mejora en sus ingresos, que pagarle 100.000 euros a una persona que no sabemos si tiene algún aporte interesante para la comunidad autónoma o, en este caso, para el Estado.

Don Miguel...

El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto, don José Miguel.

El señor BARRAGÁN CABRERA: Yo sé, don Miguel, que de esto entiende, y entiende más que yo, y si yo entiendo la punta del tacón, usted entiende un metro ochenta por encima de mí. Le estoy reconociendo el valor que tiene cuando habla de estas cosas, y por eso no me ha gustado nunca que usted, sabiendo la verdad, sabiendo lo de la Agencia, frivolice con estas cosas aquí, aunque lo saque el Partido Popular solamente para estas cosas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario Mixto don Román Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, muy buenas tardes.

Uno de los pilares institucionales de cualquier país democrático son los mecanismos de recaudación de los impuestos. No existe Estado, no existe función pública, no existe papel de lo público si no se recaudan impuestos. Esto está en la base de la democracia, es decisivo, determinante. No es posible nada de lo que hacemos y representamos si no es porque el contribuyente, en función de su capacidad, de sus posibilidades, aporta. De manera que es una de las claves de la arquitectura institucional de cualquier proceso como el canario. Una de las claves de Canarias tiene que ser los ingresos, y otra de las claves será gastárselos luego bien.

Nosotros no tenemos ninguna duda de la importancia que tienen las organizaciones, las estructuras, la filosofía que están detrás de las políticas de recaudación. Tampoco tenemos ninguna duda de la filosofía del sistema fiscal que sustenta la recaudación. De manera que nosotros aceptamos, entendemos, la necesidad de estructuras eficaces, profesionalizadas, lo más independientes posibles, lo más próximas al contribuyente posible. Y, por lo tanto, siempre hemos tenido en nuestra filosofía, en nuestros programas, la necesidad de una agencia tributaria potente, capaz de recaudar, capaz de tratar al contribuyente como un aliado y no como un enemigo, y también de perseguir a la minoría que defrauda, a la minoría que no cumple, ¿no? De forma que la idea de fondo nosotros la compartimos, la hemos compartido siempre, la hemos tenido siempre en nuestro ideario y en nuestras propuestas.

Cierto es que las cosas evolucionan, y el momento que estamos viviendo debiera hacernos pensar que el contribuyente en el proceso de recaudación tiene que tener un papel más activo, más colaborador, de mayor protagonismo, y no solo de sujeto pasivo y de personaje peligroso y defraudador en potencia. Y se echa de menos en las políticas recaudatorias de los países del sur de Europa una estrategia de ganarse al contribuyente honesto, que es la inmensa mayoría, de buscar la alianza con la mayoría social, que cree que sabe que si no se pagan impuestos no es posible el modelo de convivencia que nos hemos ido dotando. Y no siempre eso se ha tenido muy presente. Para las agencias tributarias territoriales de los países del sur, de entrada, todos los contribuyentes son potenciales defraudadores, y se organizan con esa mentalidad, mientras que en las políticas recaudatorias de los países del norte los contribuyentes son los principales aliados y se organizan con esta mentalidad. Desgraciadamente, esto no se cambia de la noche a la mañana, ni lo cambian las leyes. Es un proceso de cambio también de orden cultural.

De manera que nosotros no tenemos ninguna duda de la importancia, de la relevancia, de las estructuras públicas para captar la recaudación -e insisto-, como no tenemos ninguna duda tampoco del modelo fiscal que está detrás del sistema recaudatorio. Lo que nos parece es que algo tan relevante pase sin pena ni gloria, con tan pocos ánimos y con un procedimiento tan alejado y tan abreviado. Nosotros no hemos presentado enmienda a la totalidad porque creemos en la necesidad de una Agencia Tributaria Canaria moderna, ágil, próxima al ciudadano, eficiente, barata, que incentive el pago de impuestos y que persiga a aquellos que no lo hacen. Somos una comunidad, además, con el modelo fiscal que, después del caso vasco y navarro, más capacidad recaudatoria tiene, en virtud de que tenemos los impuestos del REF que no tiene nadie. Los cálculos que hago yo, que evidentemente no dispongo de los medios que dispone el consejero, es que -porque me fío de la ley de presupuestos-, nosotros, Canarias va a recaudar este año, en el conjunto de los tributos propios, cedidos, y del bloque del REF, unos dos mil y pico millones de euros, es decir, un dinero importantísimo. Yo no sé si eso es el 60 % del total de la recaudación, porque a mí no me salen las cuentas, porque la Agencia Tributaria estatal apunta en sus previsiones de IRPF unos 2.200 en IRPF, un 50 % para cada uno, pero lo recaudan ellos, de manera que no me sale eso: solamente el IRPF representaría más que lo que nosotros hemos calculado aquí. Sé que el 50 % es para nosotros. Pero bueno, este no sería el debate. Seríamos la comunidad más importante desde el punto de la capacidad recaudatoria después de los navarros y vascos, que tienen una capacidad recaudatoria total, por lo tanto, tiene sentido que tengamos estructuras bien profesionalizadas, bien engrasadas, eficientes.

Y a nosotros hay una cuestión que nos gusta de manera especial, de la propuesta gubernamental, porque es una vieja reivindicación: la mitad de esos 2.000 millones, más de la mitad, son los impuestos del bloque de financiación canario del REF, donde la cotitularidad del impuesto está en las corporaciones locales canarias, ayuntamientos y cabildos; y hasta ahora, siendo cotitulares del impuesto, eran convidados de piedra. Pues, una cosa buena que hace esta norma es que incorpora a los cabildos y ayuntamientos, cotitulares de la mitad de la potencia recaudatoria de la Agencia, en el órgano de coordinación de dirección. Esto nos parece muy importante. Algunos esto lo hemos reclamado, incluso, yendo más allá. Y estos son elementos que nosotros, desde luego, vemos como positivos.

Ahora, lo que no podemos aceptar es que algo de esta relevancia, de esta importancia, se haga tarde y por el procedimiento abreviado. La Ley de Medidas Administrativas y Fiscales, lo recordaba el señor Barragán, la apuntó el Gobierno, porque la hizo el Gobierno, la pasó aquí y la aprobaron los partidos del Gobierno, tres meses para traer la ley. Y han pasado, han pasado no, bueno, pero hicieron la ley, cuando uno hace una ley y sabe que las leyes tardan en hacerse año y medio, ¿para qué ponen tres meses? Dijeron tres meses y la traen dos años después, dieciocho meses después. De manera que, primer incumplimiento: ustedes lo que propusieron aquí en la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales y demás no lo han cumplido.

Y luego vienen y someten a los grupos parlamentarios a un ritmo de trabajo difícil de soportar, por procedimiento abreviado de la ley, nosotros lo hemos aceptado, y encima se nos complica porque se cambió el Pleno y nos ha dado menos tiempo de entrar en el fondo. Nosotros habíamos pedido información complementaria de esta ley, y cuando leímos el informe del Consultivo, dijimos: es clave aquí el informe de la Dirección General de Presupuestos, y lo hemos pedido: el día 28 se publica la ley, la discutimos, el día 29 se presenta a la Mesa, queremos el informe de presupuestos, porque está citado de manera relevante por algún informe como el del Consejo Consultivo, y nosotros no disponemos de él.

No es razonable que se llegue tarde, por procedimiento abreviado y sin documentación esencial. ¿Defendemos la Agencia? Sí, pero la Agencia tiene que decir el Gobierno cuánto cuesta, y tiene que tratar de aproximar en qué vamos a mejorar, además de en la teoría: cuáles van a ser las mejoras en la eficiencia, qué valor añadido va a suponer la Agencia tributaria, entre otras cuestiones, para ganarnos a la opinión pública. Esta agencia tributaria debiera nacer con espíritu distinto al sistema recaudatorio tradicional, con prestigio, con solvencia, con imagen corporativa, con estrategia de comunicación, para que eso de que "la Hacienda somos todos" se lo termine creyendo la ciudadanía. Y ustedes se despachan, una agencia tributaria, que es una de las estructuras institucionales más relevantes de cualquier país democrático del mundo, como una ley más, al trancazo, al volantazo, saltándose los tiempos y, además, con escasa información. De manera que esta parte se la criticamos con claridad y con dureza. ¡No se pueden hacer leyes de esta importancia de esta manera, hombre! ¡No se puede! No nos ha dado tiempo: primero, no tenemos toda la documentación, ya te digo, el 29 pedimos por escrito a la Mesa que reclamara al Gobierno el informe de presupuestos de la Oficina Presupuestaria, entre otras cuestiones, porque hemos hecho y hemos aceptado -habrá que oponerse, no servirá de nada- un procedimiento abreviado para esta norma. ¡Ustedes tardan dieciocho meses y nosotros una semana! ¡Pero ustedes son un ejército y nosotros somos tres! ¡Oye, no parece justo!

De manera que no nos gusta el procedimiento, no nos gustan las prisas, no nos gusta la poca importancia que le dan a este proceso, y tampoco nos gustan muchos contenidos de la estructura. Primero, yo no soy un experto en recaudación y en tributación y en fiscalidad, pero un poquito de sentido común sí que hay que ponerle a todas estas cuestiones. A mí me parece que una de las claves de la legitimación de las agencias tributarias -y el caso español no es el mejor- es un cierto estatus de independencia, de profesionalidad, no se puede uno desvincular del poder político y de los ciclos políticos, pero un estatus de independencia y de cierta profesionalidad sí, y el Consejo Económico y Social hace una propuesta, que a mí me parece atractiva, y es el que el director de la Agencia no sea un cargo de designación del Gobierno, sino que pueda tener un espacio de consenso mayor, esto daría un plus de legitimación (Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente segundo, Fernández González), de autoridad, de independencia, que si es un cargo gubernamental más. Porque es muy difícil contrastar gestión con los que tú mismo has puesto, no, es ponerse un gorro aquí la Agencia Tributaria, aquí de consejero del ramo..., esto es difícil, ¿eh? Si usted quiere hacer un modelo de gestión, a mí me parece bien que el Gobierno tenga un contrato de gestión a tres años, y que tenga un plan de acción anual, a mí me parece esto filosóficamente muy interesante, para que los objetivos sean la clave de la acción de las organizaciones públicas, pero me parece que sería interesante reflexionar sobre el nivel de autonomía, de solvencia técnica y profesional de la Agencia, para que sea creíble lo del contrato de gestión, porque si no se convertirá en papel mojado.

Y luego, sinceramente, yo no soy de los que va presumiendo de esto de la austeridad, son ustedes y ustedes los que hablan esto de la austeridad un día, otro día, hasta marear a la ciudadanía, ¿no?, pero hoy aquí me parece que sobran algunos de los órganos que ustedes proponen, y nosotros en las enmiendas vamos a hacer propuestas: desde luego el consejo asesor ese nosotros vamos a proponer que se suprima, creemos que no aporta nada, gasto en todo caso, gasto, de manera que se genera una estructura ahí que uno empieza a puntear las potencialidades y luego caben órganos unipersonales decididos por el Gobierno, al margen del estatuto de la propia agencia, es decir, no nos gusta el procedimiento, no nos gustan los tiempos, no nos gusta la estructura, no nos gusta la mezcla del Gobierno con la entidad, y no nos gustan los incentivos por objetivos de recaudación, ¿eh?, porque es peligroso.

Otra cuestión es que tengamos los inspectores y el personal que se necesite, y que estos tengan el nivel salarial pertinente, pero cuando los..., no lo sé, yo es lo que leo en la prensa, porque los papeles que ustedes mandan son los que mandan, es que para conseguir aquí los papeles que sustenten un proyecto de ley de esta importancia, bueno, primero se necesita tiempo y algo de genialidad. El planteamiento está, no parece razonable que los incentivos sean por objetivos, porque si no el sufridor será el contribuyente, porque ya tenemos este asunto y yo lo deduzco de lo que ustedes van largando a la prensa por ahí.

De manera que habrá tiempo, poco tiempo, para las enmiendas parciales, y nosotros modestamente intentaremos mejorar, en relación a la estructura confusa de esta propuesta, lo que modestamente podamos aportar.

Y ahora, la puesta en marcha. Los vamos a vigilar a ver si tienen ustedes el estatuto en funcionamiento en tres meses, los vamos a vigilar, y en seis meses el contrato de gestión, y la puesta en marcha nos dirán cuándo va a ser, porque, en fin, se integrará la Dirección General de Tributos y Grecasa no se integra por lo visto.

Sinceramente, sinceramente, nosotros no tenemos dudas con el fondo, sobre la necesidad, sobre la importancia de una Agencia Tributaria Canaria, sobre la función relevantísima que tiene, sobre la necesidad de modernizar, de agilizar, de buscar un contribuyente como aliado, ninguna duda sobre el nivel de profesionalidad que debe tener cualquier sistema recaudatorio; sobre lo que tenemos duda es sobre los procedimientos, de los costes, de los niveles de eficiencia que esto pueda aportar, y tenemos dudas sobre la estructura, la relación entre el Gobierno y la Agencia, el nivel de profesionalización, y tenemos dudas sobre algo, que es más de ustedes que nuestro, y es sobre el sobredimensionamiento de la entidad. Nos parece que se pueden hacer organizaciones más sencillas y más eficientes que la ristra de cargos, órganos. Aquí lo que nos parece fundamental, decisivo, y un avance, es que los cabildos insulares y los ayuntamientos se sienten, al menos en el área de dirección referente al bloque de financiación, que les pertenece también, que son los impuestos vinculados al Régimen Económico y Fiscal, porque son copartícipes no, tienen la mayoría de los rendimientos recaudatorios, como ustedes saben, el 58 % en las corporaciones locales, y esas cuestiones nos parecen bien.

Lo único que les decimos con la ristra de leyes, que no caben, en las próximas semanas, es que mejoren los procedimientos, ya nos hicieron esto con la ley de vivienda, nos mandaron un proyecto de modificación de la ley de vivienda, ¿eh?, donde no teníamos el informe de presupuestos, y fue la detección de algún diputado lo que hizo que recuperáramos el informe de la Dirección General de Presupuestos, que ponía a caer de un burro la dichosa ley de vivienda, que ya la veremos aquí. Es fundamental, si ustedes van a proseguir con esta, digamos, brutalidad de iniciativas legislativas, en el último minuto de la legislatura, que los procedimientos y los tiempos se respeten, porque, si no, sufre la democracia, sufre la legitimidad de este Parlamento, no se pueden aprobar leyes a trompicones, a golpe de mayoría, y si lo quieren hacer, allá ustedes.

Nosotros vamos a ejercer nuestra función responsablemente, no estaremos de acuerdo con la enmienda de devolución, por las razones que aquí he dicho, pero no podemos aceptar ni el procedimiento ni una parte de los contenidos de esta norma, porque creemos que no se han seguido ni los procedimientos ni se han manejado, digamos, las propuestas más modernas y eficientes.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias, señor Román.

Falta la fijación de posiciones del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor MAYORAL FERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, buenas tardes.

El proyecto de ley que hoy debatimos sigue la estela de otras comunidades autónomas españolas de crear una agencia tributaria al considerar que este modelo es el que de forma más eficiente puede gestionar los tributos.

Conforme a las comunidades autónomas han ido asumiendo más competencias también han ido recibiendo mayores recursos para poder ejercerlas y esto ha ido generando un progresivo volumen de gestión de los ingresos y de los gastos públicos lo que ha llevado a algunas comunidades autónomas a plantearse si la estructura tradicional de sus administraciones tributarias son las más idóneas para gestionar los distintos recursos que tienen asignados o si, por el contrario, hay que acudir a otras fórmulas menos rígidas y más flexibles.

El Grupo Socialista llevó en su programa electoral de 2011 la creación de la Agencia Tributaria Canaria, y el Gobierno canario estableció su creación en la disposición final cuarta de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales en los términos previstos en el artículo 7.3 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, ley tributaria que en ese artículo hablaba de un organismo público responsable de la aplicación de los tributos, sin especificar el modelo jurídico al cual se pudiera referir. Había que crear, sin embargo, un ente instrumental que cumpliera los siguientes objetivos: a) que permitiese aplicar los tributos con la mayor eficiencia y con el máximo respeto a los contribuyentes; b) que ostentase facultades para desempeñar potestades públicas; y, c) que al mismo tiempo poseyese la suficiente independencia y autonomía para ser más operativo en el ejercicio de sus actividades.

Nuestro ordenamiento jurídico contempla, entre otras, las figuras del organismo autónomo y el de entidad pública empresarial como fórmulas que podrían haber sido utilizadas como alternativas a la de la administración tradicional que se viene usando hasta ahora, y que hubieran dado cumplimiento también al mandato de la Ley 9/2006. Sin embargo, por una parte, la necesidad de ejercitar de modo ordinario facultades públicas hace inadecuada la figura de la entidad pública empresarial; y, por otra, la perseguida autonomía no podría lograrse a través del organismo autónomo, por lo que con ninguna de las dos se cumplen los objetivos perseguidos.

Por lo tanto, rechazadas estas dos clases de organismos públicos, es la agencia el tipo de ente público que mejor parece amoldarse a las particularidades que presenta la gestión tributaria. Este ha sido el modelo jurídico que hace años adoptó el Estado al encomendar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria buena parte de la gestión de sus tributos, y que también haya sido el modelo jurídico que se está imponiendo en algunas comunidades autónomas que han modificado la estructura tradicional para ejercer sus funciones fiscales.

No es de extrañar, por tanto, que nuestra comunidad autónoma haya seguido la misma senda, máxime con la singularidad tributaria canaria, que disfruta de una autonomía financiera de mayor intensidad que la de las comunidades autónomas del régimen común ya que, además de los tributos propios y de los tributos estatales cedidos, dispone de los tributos derivados del REF de Canarias. Por ello, ya la Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales, adoptó la elección del modelo jurídico de la Agencia. Este régimen jurídico se inspira en el previsto en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos que constituye un modelo de gestión y organización basado en la consecución de objetivos en su evaluación y, especialmente, en la responsabilidad por los resultados de la actuación.

El objetivo general de este nuevo marco de actuación es que los ciudadanos puedan visualizar de manera clara cuáles son los fines de los distintos organismos públicos y los resultados de la gestión que se ha encargado a cada uno de ellos, así como la forma en que se responsabilizan sus gestores por el cumplimiento de los objetivos que previamente han sido fijados de forma concreta y evaluada.

La rigidez que presentan los actuales modelos de gestión y la escasa autonomía con que cuentan los organismos públicos, sobre todo en su configuración de organismo autónomo, dificultan en gran medida la consecución de los objetivos antes indicados. Supone la modalidad de agencia una nueva cultura de gestión que ha de apoyarse en el cumplimiento de objetivos claros, mediables y orientados hacia la mejora en la prestación de servicios con las consiguientes ventajas para los usuarios y para los contribuyentes. Se trata de dotar a la Agencia de una capacidad de decisión sobre los recursos asignados y de un nivel de autonomía en su funcionamiento que son las premisas necesarias para que se pueda exigir una responsabilidad efectiva sobre el cumplimiento de los objetivos que tiene encomendado.

El modelo de agencia constituye, pues, una fórmula organizativa dotada de un mayor nivel de autonomía y de flexibilidad en la gestión, pero que al mismo tiempo refuerza los mecanismos de control de eficacia promoviendo una cultura de responsabilidad por resultados. Las agencias son entes de derecho público dotados de personalidad jurídica propia, patrimonio propio, con facultades para ejercer potestades administrativas y cuya principal actividad consiste en la gestión de los tributos. Para desempeñar con eficiencia estas tareas las agencias reclaman mayor grado de autonomía en su gestión, lo cual se traduce en mayores competencias en materia presupuestaria y de personal.

Como contrapartida a la referida autonomía se refuerzan los mecanismos de control que pivotan especialmente sobre el contrato de gestión, la evaluación de los resultados y la responsabilidad de los gestores, en caso de incumplimiento de los objetivos.

Para lograr esa mayor eficiencia que se pretende conseguir cobra especial relevancia la programación de objetivos y el seguimiento de su consecución, de ahí que revistan especial protagonismo los planes de acción anual y sobre todo el llamado "contrato de gestión" mediante el cual se trazan los objetivos que se deben perseguir durante un tiempo de período plurianual -tres años en el proyecto de ley de la Agencia Tributaria Canaria-, así como los medios que se van a emplear para lograrlo.

El control de eficacia y eficiencia será ejercido, fundamentalmente, a través del seguimiento del plan de acción anual, y tendrá por finalidad comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos fijados y la adecuada utilización de los recursos asignados.

En el ámbito orgánico el proyecto de ley estructura la Agencia Tributaria Canaria en un órgano de gobierno encargado por la Presidencia, un consejo rector como órgano colegiado de dirección, del Consejo para la dirección y coordinación de la gestión de los tributos integrantes del Bloque de Financiación Canario, y un comité asesor como órgano asesor de la dirección. Y como órgano ejecutivo de la Agencia Tributaria está la Dirección, y, además, se prevé en el proyecto de ley la posibilidad de crear otros órganos unipersonales subordinados al director.

El informe del Consejo Económico y Social ha planteado algunas dudas sobre la organización de la Agencia Tributaria prevista en el proyecto de ley. Es verdad que si lo comparamos con la Ley de Agencias Estatales observamos que esta solo cita como órgano de gobierno al presidente y al Consejo Rector y deja abierto que el estatuto pueda prever otros órganos de gobierno con atribuciones distintas aunque, en todo caso, subordinadas al Consejo Rector. Asimismo, también introduce en el seno del Consejo Rector una comisión de control, que informe a este sobre la ejecución del contrato de gestión, entre otros.

En el proyecto de ley de la Agencia Tributaria Canaria aparece, por lo tanto, un órgano de gobierno más: el Consejo para la dirección y coordinación de la gestión de los tributos integrantes del Bloque de Financiación Canario. El Consejo Económico y Social también aboga por la creación de un órgano de control, lo que también nos parece oportuno, en el seno del Consejo Rector, no fuera.

En nuestra opinión, también nos parece justificado, por la singularidad de los tributos del bloque financiero del REF, el Consejo de dirección y coordinación de los tributos integrantes del Bloque de Financiación Canario, si bien, pudiera aparecer aquí una bicefalia al integrarse el plan anual de uno de los consejos en el plan anual del Consejo Rector, por lo tanto, pudiera aparecer una contradicción entre dos planes anuales al integrarse uno en el otro, cuestión que, en todo caso, tendríamos que meditar a lo largo de la tramitación de la ley.

Respecto al comité asesor como órgano colegiado de asesoramiento a la Dirección de la Agencia Tributaria, cuyas funciones se remiten al Estatuto, también según nuestra opinión, debe dejarse claro que las mismas no interfieran con los otros órganos colegiados previstos en el proyecto de ley.

También el Consejo Consultivo se hace eco de distintas observaciones de la Oficina Presupuestaria y de la Dirección General de Planificación y Presupuesto. No se ha acreditado suficientemente la incidencia económica de la creación de la Agencia y su verdadero impacto en el presupuesto de la comunidad autónoma, pues no ha quedado debidamente acreditado el importe de los costes de instalación y funcionamiento ni del ahorro derivado de la supuesta mayor eficiencia, eso dice el Consejo Consultivo haciendo mención a las observaciones de la Oficina Presupuestaria.

Pero, señorías, creo que la propia dinámica de creación de este tipo de agencias tributarias, tanto en el Estado como en otras comunidades autónomas que ya vienen funcionando, ha demostrado la utilidad de esta agencia y la mejora en la gestión de los tributos. Serán, en todo caso, estas y otras cuestiones objeto de análisis y debate durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.

Respecto a los principios generales de actuación y las funciones encomendadas a la Agencia Tributaria Canaria, y contenidas en el proyecto de ley, cabe destacar, junto a las propias de aplicación de los tributos y del ejercicio de la potestad sancionadora, asegurando el respeto de los derechos y garantía de las obligadas tributarias, entre otras, la de la lucha contra el fraude fiscal. Si tenemos una asignatura pendiente, esta es la lucha contra el fraude fiscal. No pueden seguir pagando siempre los mismos, los trabajadores sujetos a nómina, es preciso hacer un esfuerzo que haga realidad eso de que "Hacienda somos todos". La lucha contra el fraude fiscal, según declaraciones del consejero de Hacienda de marzo de este año, afloró 615 millones entre 2009 y 2013 -120 millones en 2013-, esta cifra es, sin embargo, tan solo una parte de los miles de millones de euros que se mueven en la economía sumergida, de ahí la importancia que tiene que este nuevo organismo acometa con objetivos claros la persecución de este fraude que se viene produciendo dentro de la economía sumergida en la economía canaria.

Otro aspecto a destacar también del contenido de los principios generales de actuación de la Agencia Tributaria Canaria, que también se hará notar en la mejora de la gestión recaudatoria, es la colaboración y coordinación que se prevé mantener con los restantes órganos de la comunidad autónoma y principalmente con la entidades locales canarias. La reforma organizativa que introduce la presente ley ha de contribuir a la gestión tributaria de las entidades locales canarias en los casos en que la Administración tributaria canaria asuma la gestión de sus respectivos tributos.

En definitiva, señorías, el proyecto de ley que crea la Agencia Tributaria Canaria, inspirado en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, con un modelo de gestión y organización basado en consecución de objetivos, en su evaluación y, especialmente, en la responsabilidad por los resultados de la actuación..., esa responsabilidad queda vinculada a la atribución de los órganos de la Agencia de capacidad de decisión sobre la utilización de los recursos asignados y de facultades que propicien una mayor adaptación a las cambiantes necesidades de la gestión tributaria.

Se incorpora, además, un modelo de gestión pública, basada en la planificación, evaluación y control, instrumentado a través del contrato de gestión.

Esperamos que esta mayor autonomía y flexibilidad de la que va a dotarse la Agencia Tributaria Canaria nos permita prestar un servicio más eficaz a los contribuyentes, así como desempeñar con mayor eficiencia las funciones fiscales, y todo ello con exquisita observancia de los derechos y garantías de los ciudadanos.

No quisiera terminar sin hacer mención, no voy a entrar en un turno en contra, pero sí a la sorpresa que causa a veces ver algunas enmiendas a la totalidad, y lo digo porque me ha sorprendido que un argumento que ha empleado el Partido Popular sea el de la fiebre legislativa de un Gobierno.

Yo creía que las enmiendas a una ley se hacían en base al contenido de la misma, no en función de la cuantía o cantidad de leyes que se van a traer a un Parlamento. Pero, en fin, siempre se aprende algo, señor Pérez-Camacho.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, don Emilio Mayoral.

El señor consejero de Economía y Hacienda y Seguridad, don Javier González, en nombre del Gobierno, ha pedido la palabra.

El señor CABRERA PÉREZ-CAMACHO (Desde su escaño): ...(Sin micrófono.)

(Rumores en la sala.)

El señor PRESIDENTE: Miren ustedes, señorías, el artículo 81.5: el Gobierno puede intervenir cuando quiere. Lo único es que reabre el debate, si reabre el debate. ¿De acuerdo?

La señora NAVARRO DE PAZ (Desde su escaño): ...(Sin micrófono.)

El señor PRESIDENTE: Eso es otra cosa.

(Continúan los rumores en la sala.)

(El señor presidente consulta con el señor letrado-secretario general.)

Bueno, pues, yo tengo que pedirles disculpas. Efectivamente, es un procedimiento absolutamente reglado. No es de aplicación el artículo 81.5, sino el de los proyectos de ley, y dice una intervención.

Bueno, pero, señorías, a todos nos puede pasar, y a mí me ha pasado, yo interpretaba lo mismo (Ante un comentario en la sala).

El artículo, lo digo para conocimiento de sus señorías, que yo también..., el artículo de aplicación en este caso es el 127, de los proyectos de ley, que tiene un debate reglado.

Vamos a votar (El señor presidente hace sonar el timbre de llamada a la votación).

Señorías, vamos a votar la enmienda a la totalidad al proyecto de ley de la Agencia Tributaria Canaria. Insisto, se vota la enmienda de devolución, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación (Pausa).

Resultado: 45 presentes; 17 a favor, 28 contra, ninguna abstención.

Al haber sido rechazada la enmienda de devolución, el proyecto de ley continúa su trámite en ponencia, comisión, enmiendas y debate plenario del informe de la comisión.

(Los señores vicepresidente segundo, Fernández González, y secretario primero, González Hernández, ocupan sendos escaños en la sala).

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  • 8L/PL-0017 Sobre De la Agencia Tributaria Canaria.


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