Diario de Sesiones 125/2014, de fecha 28/5/2014 - Punto 6

8L/PPL-0015 DEBATE DE TOMA EN CONSIDERACIÓN. PROPOSICIÓN DE LEY, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA CANARIO Y NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC-CCN), DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES MÁS REPRESENTATIVAS DE CANARIAS.

El señor PRESIDENTE: Continuamos entonces con las tomas en consideración: proposición de ley, de los Grupos Socialista Canario y Nacionalista Canario, sobre la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Canarias.

Creo que lo que hay es un turno de fijación de posiciones.

Pues, por parte... No, no, por parte del Gobierno. Sí, sí, perdonen un momento, es cierto (Ante un comentario efectuado desde la Mesa). Primero hay que dar lectura al criterio del Gobierno.

El señor secretario primero, don José Miguel González, tiene la palabra.

El señor SECRETARIO PRIMERO (González Hernández): "Don Javier González Ortiz, secretario del Gobierno, certifica que en la reunión del Gobierno celebrada el día 24 de abril figura el siguiente acuerdo:

Visto el texto de la proposición de ley de los Grupos Parlamentarios Socialista Canario y Nacionalista Canario, de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Canarias, el Gobierno, tras deliberar, y a propuesta del presidente, acuerda:

Primero, manifestar su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Canarias, y manifestar su conformidad a la tramitación de la citada proposición de ley".

El señor PRESIDENTE: No, lo único que hay que aclarar es que si hay una presentación de grupo y después intervienen los grupos, que cabría, o si directamente se pasa a una fijación de posiciones. Yo había entendido que era esto segundo lo que se había hablado en la Junta de Portavoces.

A la Presidencia...

Sí, sí, entonces, empezamos por el Grupo Mixto. No, no, que cabe, tal como está aquí... (Ante comentarios efectuados desde los escaños.)

Sí, dígame, don José Miguel.

El señor BARRAGÁN CABRERA (Desde su escaño): Gracias, presidente.

Es una proposición de ley y lo lógico es que los grupos proponentes la presentemos. En este caso, va a intervenir en primer lugar el Grupo Parlamentario Socialista como proponente, después yo como coproponente, si lo tiene a bien la Presidencia, y después es el turno de los grupos que no son autores de la iniciativa en el orden que les corresponda.

El señor PRESIDENTE: Se han utilizado las dos fórmulas aquí, pero es correcto, sí, sí, es correcto, reglamentario el procedimiento.

Entonces, para la presentación de la proposición de ley, Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña Gloria Gutiérrez, y disculpe, doña Gloria, era para que quedara aclarado.

La señora GUTIÉRREZ ARTEAGA: Gracias, señor presidente.

(Abandona la Mesa el señor presidente. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández.)

Hay dos formas de gobernar: una es no escuchando la participación, no escuchando a los ciudadanos, y otra, la que le gusta al Partido Socialista, que es participativa y escuchando a los ciudadanos y a todos los colectivos.

En este momento de crisis y desigualdad, la participación con interlocutores sociales es básica, más necesaria que nunca; por eso, estamos convencidos de que de este atolladero solo se sale a través del diálogo y de la solidaridad, o se sale junto o no se sale, bueno, o salen algunos y el resto nos quedamos en el camino.

Esta iniciativa estamos seguros de que ayudará a salir de la crisis y fomentará el entendimiento y la participación que tan necesarios son en este momento y que la derecha que gobierna el Estado ha intentado cercenar, por eso es que el Gobierno de Canarias tiene que dar un paso adelante y apoyar toda la legislación que fomente la participación y el entendimiento entre sindicatos, empresarios y Gobierno.

Sinceramente, hoy me siento especialmente contenta porque mi grupo me ha dado la oportunidad de presentar esta ley que para mí siempre ha tenido un contenido especial. Brevemente les diré que han transcurrido diez años desde que aprobó el Gobierno, el 27 de abril de hace diez años, este texto de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Lo cierto es que, por una razón o por otra, no ha llegado al Parlamento, y hoy me toca, pues, el honor de presentarla cumpliendo con los IV Acuerdos de Concertación Social, pero que, a pesar del tiempo transcurrido, hoy está tan vigente o más que en el momento en que se aprobó por el Gobierno de Canarias el 27 de abril de hace diez años.

En el Grupo Socialista, que defendemos y hemos desarrollado el Estado social que proclama el artículo 1 de la Constitución española, creemos firmemente en los valores de igualdad, el equilibrio de poder en las relaciones de trabajo, y es una seña de identidad de nuestro pensamiento político el equilibrio entre empresarios y sindicatos. Esta firme convicción nos lleva a defender la función de relevancia constitucional de los sindicatos, las relaciones laborales que cumplen los sindicatos y el Gobierno, y potenciar la negociación colectiva como factor de igualdad y de distribución de renta y democracia en las empresas, que es tan necesario en este momento de crisis y por lo que apostamos.

La presentación de esta ley da un paso más allá, no nos quedamos en simple proclama o en principios generales, queremos elevar el diálogo social a legislación, y lo queremos potenciar a través de una norma de obligado cumplimiento. Y entendemos, por tanto, que el Parlamento, y así lo entendimos tanto Coalición Canaria como el Grupo Socialista, debe aprobar esta importante ley ya que es de participación, y es importante también que nazca del Parlamento y no sea una propuesta del Gobierno, porque se basa en la participación de los agentes sociales.

Aquí es relevante fijar la posición que debe mantener el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias no puede permanecer o tener un papel pasivo en este tipo de negociación. Con esta legislación lo que pretendemos es que el Gobierno de Canarias cree un clima político que permita a las organizaciones empresariales y sindicales actuar libremente. Y el Gobierno tiene que actuar de dos formas: una, como promotor buscando los espacios de entendimiento entre empresarios y sindicatos; y, otra, como protagonista. Tiene y debe, en estos momentos, buscar el apoyo de sindicatos y empresarios para todas las decisiones que se tomen en materia de política económica y empleo, incluso en políticas sociales. Si no es así, no vamos a salir de la crisis, tanto ideológica, económica, como política, en la que nos encontramos.

Es relevante, porque no podía ser de otra manera, la importancia de las organizaciones empresariales, tanto en su papel a la hora de contribuir a colaborar con mejores condiciones de trabajo como representantes de sí mismas, y buscar también un clima favorable para que se desarrollen las empresas y los intereses que estas defienden.

Las organizaciones sindicales son las organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores, y, en este momento, más importante que nunca, deben tener el apoyo del Gobierno de Canarias, ya no solo un apoyo de principio programático, sino un apoyo institucional adecuado a través de la legislación, que no someta a vaivenes la participación de los sindicatos, como hemos dicho, en las políticas económicas de empleo y también en las políticas sociales.

Les comento una vivencia personal, mi paso fugaz por las tareas de gobierno. Les comento lo fructíferas que fueron las relaciones entre sindicatos y empresarios y la Dirección General de Trabajo, ya no solo, como hablábamos ayer, en temas de accidentes de trabajo y de promover la salud, sino, incluso, en la cuestión de llegar a negociaciones con expedientes de regulación de empleo. Si la administración pone los medios, es más fácil, no digo yo que sea seguro, pero es más fácil llegar a un entendimiento; por eso, con esta ley pretendemos que el Gobierno de Canarias no permanezca pasivo, todo lo contrario, que se implique, que se implique en fomentar el espacio de diálogo -sindicato y empresarios-, y que el propio Gobierno se comprometa a sacarlos adelante. Le digo que si hay voluntad, si el Gobierno muestra voluntad, es muy fácil llegar a acuerdos con sindicatos y empresarios, a pesar de las leyes aprobadas por el Partido Popular, que han roto el equilibrio entre sindicatos y empresarios.

Entendemos que, en la actualidad, en Canarias existen todas las condiciones para que esta ley fructifique. Nos referimos a la existencia de organizaciones empresariales fuertes y sindicales, las más representativas. La voluntad política: el Gobierno de Canarias, la Consejería de Empleo, la Dirección General del Trabajo tienen la voluntad política de que esto salga adelante en este momento. La libertad sindical: la negociación colectiva es posible, a pesar de la reforma laboral, si las partes lo quieren, y el apoyo institucional: está claro que el Gobierno, el Parlamento, están por apoyar esta ley, están por apoyar institucionalizar el diálogo social en esta época donde tan vulnerables se encuentran los trabajadores.

La presentación de esta ley también pretende fortalecer la concertación social. El Gobierno, el pasado 27 de abril, ya inició los VI Acuerdos de Concertación Social. La concertación social es una forma, digamos, preciosísima, por decirlo de alguna manera, de hacer política, porque el Estado, el Gobierno, cede parte de su autonomía, de su responsabilidad, y la comparte y la hace suya con empresarios y trabajadores. Esta es la forma de gobernar que nos gusta al Partido Socialista, ceder lo que es parte del poder para llegar a acuerdos, y luego que asumamos todo y con el objetivo de garantizar una calidad de vida, de garantizar unos salarios justos y decentes y garantizar, pues, todo lo que significa un desarrollo económico sostenible y estable en esta comunidad.

Yo les propongo a sus señorías que seamos islas, esta vez islas fuera de la vorágine y el desequilibrio que nos propone el Partido Popular con sus reformas laborales.

Con lo cual les pido el apoyo a esta ley que con tanto entusiasmo y con tanta alegría traigo a esta sede parlamentaria, convencida de dos cosas: que el diálogo social y la concertación social constituye fórmulas de participación en las políticas públicas y que este grupo estima necesaria hoy más que nunca contar con el apoyo de sindicatos, empresarios, y el Gobierno tiene que encabezar todo lo que es la participación institucional y también la concertación. Entendemos que hoy es un día importante, que después de diez años seamos capaces de aprobar o de tomar, en este caso, en consideración la Ley de participación institucional de sindicatos y empresarios con el Gobierno de Canarias.

Muchas gracias, y espero, pues, el apoyo incondicional de todas y cada una de sus señorías.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Barragán. Por tiempo de quince minutos, tiene usted la palabra.

El señor BARRAGÁN CABRERA: Gracias, señor presidente.

Mi función va a ser complementar las palabras de la compañera en la explicación de esta iniciativa legislativa, pero sí quería dejar algunos matices también sobre cómo ha evolucionado el proceso de colaboración entre sindicatos y empresarios y las administraciones públicas.

Recordar que en el año 2004 hubo una declaración importante, la Declaración para el Diálogo Social, que firmaron UGT, Comisiones Obreras, la CEOE y la Cepyme a nivel del Estado, para hablar de la competitividad, del empleo estable, la cohesión social, y, en su apartado 12, hacía una referencia muy importante a lo que significaba el desarrollo del artículo 7 de la Constitución española. Decía que la Constitución española consagraba en ese artículo la figura de los sindicatos y de las organizaciones empresariales como unas instituciones de derecho privado, portadoras de intereses dignos de tutela, y bajo esa cualidad las dota de relevancia constitucional. Con amparo en este mandato constitucional, es un deber de los poderes públicos reconocer a dichas organizaciones los espacios institucionales necesarios, a fin de que puedan cumplir con la defensa y la promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios, poniendo a tiempo a su disposición los medios e instrumentos necesarios para el logro de los altos fines constitucionales atribuidos.

Y, por lo tanto, hay una voluntad del Gobierno, la ha habido siempre, desde el punto de vista de lo que son los acuerdos de concertación social que se han firmado en esta comunidad autónoma durante todo el proceso autonómico, y ahora una voluntad expresa de los grupos parlamentarios proponentes, y espero que también de los grupos parlamentarios que están en esta Cámara representando a la Oposición para llegar a un acuerdo. ¿De qué se trata? ¿Se trata de que no sirven los acuerdos de concertación social y hay que darles un encaje jurídico en esta cuestión? No, simplemente que creemos que hay que reforzar ese encaje jurídico, y lo podemos hacer a través de esta norma, de una norma legislativa autonómica, de las que ya hay siete legisladas en distintas comunidades del Estado español. Y, por lo tanto, nosotros creemos que es bueno reforzarla.

¿Qué es lo que queremos reforzar? ¿Qué es lo que pretendemos hacer con este proceso, con estos once artículos y estas disposiciones adicionales de esta ley? Pues, primero, revisar el modelo de participación institucional y articular, mediante las correspondientes reformas que proponemos en este cuerpo legislativo, el marco jurídico de la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en entidades y en los organismos públicos de la comunidad autónoma.

Queremos también definir el ámbito subjetivo de la norma, articulando los correspondientes criterios de medición de la mayor representatividad de las organizaciones sindicales y empresariales.

Y también queremos desarrollar en esta norma el contenido de la participación institucional, los procesos de consulta y el diálogo social. Participación institucional que sería a través de los órganos consultivos de la vigilancia y el control de la gestión de las entidades y los organismos públicos que tengan prevista la participación de las organizaciones empresariales y sindicales, y también en el proceso de consulta previo, y estamos hablando de las que tienen carácter preceptivo sobre los proyectos normativos, las consultas previas que tenemos que hacer con carácter preceptivo las organizaciones empresariales y sindicales, y las consultas e informes previos que también requieran de la participación empresarial y sindical a la hora de ejercer nuestra labor legislativa o simplemente la labor de gobierno de forma diaria. Y esto también tiene, desde el punto de vista jurídico, unos derechos y unos deberes.

El derecho, como decía la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de carácter previo de conocer los proyectos normativos, de recibir la información sobre los planes, los programas de actuación, de proponer y participar en la elaboración de criterios, directrices y líneas de actuación. En definitiva, adaptarnos a la nueva situación de transparencia, de mayor diálogo, de mayor consenso, que está demandando la ciudadanía. Pero también tiene deberes, no solamente derechos de la Administración, sino también deberes en la actuación conforme a los principios de buena fe negociadora, para que las cosas vayan correctamente, la confianza legítima entre los actores sociales y quienes estén ostentando transitoriamente responsabilidades de gobierno, asistir a las reuniones de los órganos; no asistir -y tenemos algún ejemplo- como medida de presión, no creo que sea el mejor camino para el diálogo y el consenso; y custodiar los documentos, que parece una cuestión baladí, hoy no lo es tanto; y guardar la confidencialidad debida en las reuniones preparatorias de todos estos debates.

Esto es lo que intentamos instrumentalizar en este proceso que hoy traemos aquí para iniciar esta proposición de ley.

Y por último, también decir, ya lo adelanto, que, efectivamente, nosotros también podemos cometer errores. En la primera redacción hemos detectado que en la disposición cuarta, "La vigencia de los acuerdos de concertación social", es posible que esté mal redactada, desde el punto de vista de lo que pretendíamos con este proceso de ley de participación. Y ya invito a que, sin perjuicio de que otras fuerzas políticas que están representadas también vean alguna mejora que consideren que debemos tratar en el trabajo de ponencia y comisión, ya les anticipo que, efectivamente, nosotros esperamos llegar a acuerdos con ustedes, también en esta mejora de la redacción de la disposición cuarta.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Ahora los grupos no suscribientes de la proposición de ley. En primer lugar el Grupo Parlamentario Mixto. Por tiempo de quince minutos, don Román Rodríguez, tiene usted la palabra.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías.

Un saludo también al numeroso público que hoy nos acompaña, porque no solo discutiremos esta importante ley, la de la participación institucional de sindicatos y empresarios, sino una segunda proposición de ley, en esta ocasión de todos los grupos, sobre un tema que va a suponer un cambio histórico en nuestra comunidad, que es una apuesta efectiva por evitar la discriminación por motivos de identidad sexual, en este caso, de género, y el reconocimiento de los derechos de personas transexuales, que me parece de justicia. Y yo creo que hoy damos aquí un salto importante.

Decirles que estas dos proposiciones de ley surgen de los grupos parlamentarios, y a mí me parece que este es un elemento importante en esta Cámara. Es legítimo, está perfectamente reglado, que los proyectos de ley sean del Gobierno, pero los parlamentos tenemos que intensificar la capacidad legislativa reconociendo de forma directa los problemas de la ciudadanía. Y hoy, con estas dos proposiciones de ley, una sustentada en los grupos que apoyan al Gobierno -nosotros hubiéramos suscrito este proyecto de ley, no hubo opción, no se nos invitó, pero nos parece que ahora tenemos la oportunidad de sumarnos a ello-, y la otra proposición de ley, que surge de la ciudadanía, de la gente, de la gente afectada, de la gente que tiene dificultades y que, contactando con todos los grupos parlamentarios, ha conseguido algo poco habitual en esta Cámara, y es que todos estemos de acuerdo en algo relevante, y hoy, en la segunda proposición de ley, coincidimos todos en un proyecto que -insisto- va a hacer historia y va a hacer justicia.

Y llamo la atención sobre estas dos iniciativas que son de los grupos parlamentarios, no del Gobierno, porque me parece que esta debe ser una línea de actuación de los parlamentos en el futuro, porque nos parece que aquí no solamente se debe hacer lo que conviene al Gobierno de turno, por legítimo que sea, sino tenemos que traer a esta Cámara lo que conviene a la ciudadanía, desde la diversidad de sensibilidades y de problemas. Por eso hoy yo me felicito, por las dos proposiciones de ley, porque vienen de abajo arriba, vienen de los ciudadanos y de las ciudadanas, vienen de las organizaciones de la sociedad canaria.

La segunda ley le corresponderá defenderla, en nombre de Nueva Canarias, a mi compañera Carmen Hernández, y, por lo tanto, me remito a la primera de las proposiciones de ley.

El diálogo social, la concertación, el acuerdo, es parte sustancial de la transición política, del pacto constitucional del 78. Una de las claves fue esta: el pacto entre los sindicatos y los empresarios y, por supuesto, el Gobierno de turno. Esa es una de las bases del acuerdo de la Transición. Hubo otro, un acuerdo también sobre el modelo territorial, y hubo uno que nunca me gustó a mí, que fue el del olvido. La Transición se sustentó en tres pactos: el pacto territorial, hoy en crisis; el pacto social, económico -los famosos pactos de la Moncloa constituyeron una parte clave, y fueron sindicatos, empresarios y el Gobierno de turno-; y luego otra parte del pacto de la transición, que algunos nunca compartimos, fue el pacto de olvidar el pasado, ¿no?

Bueno, pues en esa cultura del acuerdo en Canarias somos pioneros. En Canarias, a lo largo de la historia de la consolidación de nuestras estructuras de autogobierno, hemos cerrado cinco acuerdos de concertación, más que nadie y antes que nadie, ¿no? Y a mí siempre me parecieron un gran acierto, porque era apostar por el diálogo y por el equilibrio de los intereses entre los empresarios y los trabajadores, y la administración, el Gobierno legítimo de turno, mediando, facilitando, dinamizando, generando condiciones para el progreso de todos.

Nos ha parecido bien que se haya abierto la sexta concertación social en Canarias. Cierto es que hemos perdido dos años, dos años y medio. Sindicatos y empresarios venían reclamando al Gobierno la necesidad de retomar el diálogo social, más necesario que nunca en este momento de crisis, yo diría que de quiebra de principios, de acuerdos básicos de la sociedad española y canaria, que, desde nuestro punto de vista, esta crisis y alguna de las llamadas reformas estructurales ha quebrado. El equilibrio entre empresarios y sindicatos, la negociación colectiva, consagrada en la Constitución, y elementos básicos de la justicia social, están razonablemente quebrados, entre otras cuestiones, por una reforma laboral que yo creo que ha roto, digamos, elementos básicos de los equilibrios de una sociedad democrática y justa, ¿no? En cualquier caso, en nuestra comunidad esa tradición se retoma ahora, y esta es una de las iniciativas de ese acuerdo. Venían reclamando sindicatos y empresarios participar en las instituciones de la comunidad, colaborar, asesorar, controlar, opinar, estar con las instituciones de la comunidad en la toma de decisiones de un conjunto de órganos e instituciones del aparato público de nuestra comunidad. Habían puesto esto como condición en el proceso negociador, y seguramente esto también retrasó la decisión, y a lo mejor también justifica que la iniciativa no sea gubernamental -y yo me alegro-, y sea de los grupos, a lo mejor.

De manera que hoy estamos discutiendo una primera iniciativa de muchas iniciativas que teóricamente la concertación social nos va a traer, y son un conjunto de mesas de encuentro, de trabajo, de apuestas, entre los sindicatos, entre los empresarios y el Gobierno. Y nosotros estamos de acuerdo con ello. Nosotros apoyaremos la toma en consideración de esta norma, procuraremos enriquecerla, aunque es una norma sencilla, es una norma que luego es el reglamento, el desarrollo, quien precisará los procedimientos, y nosotros coincidimos con la necesidad, con la oportunidad y con lo sustancial del texto que -insisto- es un texto sencillo. Lo que esperamos es que esto sea solo el primer paso de lo que es más importante, y es que sindicatos, empresarios y Gobierno compartan análisis y compromisos frente a lo que peor tiene esta comunidad en estos momentos, que es una crisis económica que reparte injustamente las cargas de la crisis, y que ha generado tasas de desempleo inasumibles: 356.000 personas en desempleo es inasumible, inaguantable, insostenible. Y en Canarias no será fácil salir de esta, pero hay oportunidades para mejorar, para generar empleo, para generar empleo de calidad, para generar un empleo lo más estable posible. Y tiene que salir de este proceso de concertación, tiene que salir de este proceso de diálogo, tiene que salir de un gobierno inteligente de verdad, que se ocupe de los principales problemas, que atienda las graves carencias que tiene la estructura productiva en Canarias, que apueste por la diversificación, y que apueste por mantener lo que tenemos, porque estamos en algunos ámbitos y sectores de nuestro debilitado sistema económico en situaciones críticas. Y como está el consejero de Agricultura, que siempre está, aprovecho para decir que hay uno de esos sectores, justamente el del tomate, en peligro de desaparición, y un Gobierno no solamente debe estar para reclamar un futuro distinto, diverso, que crezca, que nos garantice bienestar, sino para conservar lo mucho que tenemos y que estamos perdiendo, y hay sectores de la economía canaria consolidados, con historia, con peso específico en el producto interior bruto, en el empleo, en el bienestar, en nuestra historia y en nuestra cultura, con riesgo de desaparición.

La concertación tiene que servir para estas cuestiones. Si la concertación no es capaz de abordar asuntos de este tipo y reconducirlos, serán fotos, serán fotos, si no se dan resultados. El otro día, en la comisión, con la consejera, discutíamos sobre este tema. Sé que hay mecanismos evaluatorios, y es fundamental; sé que de la concertación han salido acuerdos importantes en la historia del proceso de diálogo entre sindicatos y empresarios y Gobierno, y, por lo tanto, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Sí, hemos dicho en la comisión, aprovechando el debate de la concertación, que sería muy importante, en la línea de lo que hoy estamos haciendo aquí, que los grupos parlamentarios, que esta Cámara estuviera también en ese debate, a sabiendas de que el Gobierno tiene una función distinta a la nuestra, a sabiendas de que los empresarios y sindicatos tienen una tarea distinta en nuestra sociedad. Pero sería muy interesante -y se lo propusimos a la presidenta de la comisión, y el Reglamento no da facilidades-, buscar algún encuentro con los sindicatos y con los empresarios en esta Cámara, con todos los grupos parlamentarios, para hablar de estas cosas y, especialmente, para hablar de la crisis económica, de la gravedad de la crisis económica, del injusto reparto de las cargas de la crisis, para hablar del empleo, para hablar de la formación profesional, para hablar del Programa de Garantía Juvenil, para que los que aquí legislamos, para que los que aquí hacemos leyes, también estemos cerca de las realidades organizativas, de las realidades sociales, políticas y económicas. Y hemos dicho desde Nueva Canarias que sería interesante habilitar el procedimiento con la flexibilidad que se quiera, generar algún espacio de trabajo entre los grupos parlamentarios, las organizaciones sindicales y los grupos empresariales para analizar lo que está pasando en materia social, en materia económica, en materia de crisis económica, porque seguro todos aprenderemos de ello, y acertaremos en la capacidad que tiene esta Cámara, que es hacer las leyes, las que propone el Gobierno y las que propone el propio Parlamento.

Por lo tanto, hoy volvemos a hacer una apuesta decidida por el diálogo, por la concertación, por el acuerdo, siempre necesario, ahora más que nunca. Esta ley es un inicio, un compromiso histórico que hoy se cumple. Felicito a los grupos que tomaron la iniciativa, insisto, la hubiéramos suscrito, pero no pasa nada, nos sumamos a ella hoy aquí, seguramente haremos alguna corrección tipo enmiendas y ya se valorará por las mayorías. Pero creemos que el valor que tiene esta norma es que retoma uno de los parámetros clave para interpretar la democracia y la participación, la implicación de las organizaciones sociales, de la gente que tiene criterio, opinión, de la gente que se la juega todos los días en nuestra sociedad y, por lo tanto, me parece muy positivo que hoy estemos en la toma en consideración de esta norma, que la aprobemos pronto.

Y acabo reiterando: también me parece especialmente positivo, yo diría con una especial sensibilidad, la segunda proposición de ley que hoy veremos aquí por unanimidad de todos los grupos y que responde a problemas reales, con respuestas concretas, con respuestas que yo creo que van a ser eficaces, y eso es lo que legitima la política: estar cerca de los problemas y ser capaz de encauzarlos y, cuando lo hacemos por consenso, yo estoy convencido de que la gente lo premia, lo agradece y lo reconoce.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Aprovechar, señorías, para, antes de dar la palabra al Partido Popular, saludar en nombre del Parlamento y de la Mesa a los alumnos y alumnas del centro penitenciario de Tenerife y del Mercedes Pinto que nos acompañan en las tribunas en esta mañana y en este debate que se está desarrollando. Bienvenidos a este Parlamento que es la casa de todos los canarios y que tengan una feliz jornada.

A continuación, por parte del Grupo Parlamentario Popular, para seguir con la toma en consideración de la proposición de ley, la señora diputada, doña Aurora del Rosario, por tiempo de quince minutos tiene usted la palabra.

La señora DEL ROSARIO VELA: Gracias, señor presidente.

Señorías, la proposición de ley a la que nos estamos refiriendo en este debate y cuya tramitación parlamentaria hoy se inicia, o se reinicia, es realmente el texto fruto de los IV Acuerdos de Concertación Social 2002-2006, lo ha reconocido también la portavoz proponente, y es lo que se deduce después de estudiar y contrastar los textos trabajados en su versión de 2005, de 2008 y, finalmente, este texto, presentado como proposición de ley por los grupos Socialista y Nacionalista Canario. Los tres se diferencian escasamente, como habrán podido comprobar.

La Ley de participación institucional, indudablemente, es una necesidad, un instrumento del diálogo social, que ayuda a vertebrar la concertación como un instrumento clave de políticas laborales, sociales, económicas y también de empleo y formación y es, como también se ha dicho, un requerimiento de la concertación laboral.

Lamentablemente, esta ley quedó encima de la mesa, quedó pendiente ya en el Parlamento de Canarias cuando en el año 2005 el Partido Popular, que la trabajó, dejó de participar en el Gobierno de Canarias y dejó de dirigir su departamento de empleo. Lamentablemente no salió adelante. Tampoco en el 2008 salió adelante el anteproyecto de Ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Canarias; confiamos en que a la tercera vaya la vencida. De cualquier modo, pongamos también de manifiesto aquí que el pasado mes de marzo los sindicatos mayoritarios, que llevaban meses denunciando la inexistencia de diálogo social con el presente Gobierno de Canarias, reunidos los sindicatos con las organizaciones empresariales más representativas presentaron un acuerdo bilateral, el acuerdo bipartito para la negociación colectiva, la competitividad, el empleo y la formación. En ese mismo se ponía de manifiesto la necesidad de situar el diálogo social en el ámbito que le es propio, el de la participación institucional, para poder poner así en valor la experiencia y los resultados alcanzados y también dotarlos de consistencia y el reconocimiento preciso para poder seguir impulsando un nuevo modelo de crecimiento y de desarrollo equilibrado y sostenible. El Gobierno de Canarias en ese momento, en el mes de marzo, en vísperas del debate sobre el estado de la nacionalidad en Canarias, se vio obligado a retomar los contactos para la concertación social y se vio comprometido porque -reconozcámoslo si queremos reconocer la realidad para avanzar- se vio comprometido a hacer suyo, como hizo, el documento de las organizaciones citadas a falta de una hoja de ruta propia. Reconozcámosle aquí el mérito que tuvo al tener esa iniciativa que fue el acicate para el Gobierno de Canarias.

Yo tenía preparado un guion amable, del cual no me voy a apartar mucho, pero, dado el tono de la proponente y su gusto por las etiquetas, me voy a permitir una apostilla en contra de esas etiquetas, simplemente, documentándole con algo que no he redactado yo, con algo de la prensa, prensa que muchas veces se deja llevar por esas etiquetas, pero a veces no: "UGT y Comisiones Obreras dan por roto el diálogo social con el Gobierno canario", "UGT y Comisiones Obreras acusan al Gobierno canario de tratar de comprar su voluntad" -no lo he dicho yo-, "el Gobierno de Canarias hace suyo íntegro el texto de empresarios y sindicatos". Quedan contestadas las etiquetas y yo sigo con el discurso amable porque queremos sacar adelante esta Ley de Participación.

Nosotros celebramos que haya venido esta propuesta y lo celebramos porque, a pesar de que podamos o no estar de acuerdo con la totalidad de los contenidos que en unas y otras ocasiones se recogen, fruto de ese diálogo entendemos que este es un buen punto de partida para el inicio de la concertación social que compete a este Gobierno. Y, obviamente, en el mismo se estipula la tramitación de la frustrada regulación de participación institucional.

Las comunidades de Castilla y León, Extremadura, Galicia y Madrid ya tienen aprobada y en vigor su ley; y otras, como Asturias y Cataluña, están trabajando en ella. En Canarias con ella no hubiera sido posible que se abandonara en esta legislatura y hasta el día de hoy, o hasta muy recientemente, el camino del diálogo en el momento en el que Canarias ha alcanzado su récord histórico de paro, en el momento en el que ese diálogo, ciertamente, era el más necesario. No hubiera sido posible que el Gobierno de Canarias, por ejemplo, dejara caducar la Estrategia canaria de prevención de riesgos laborales a la que nos referíamos anoche en este plenario a propósito de otra iniciativa.

El Partido Popular afronta la tramitación de esta norma con un ánimo constructivo y con voluntad de enriquecer el texto propuesto por los grupos que apoyan al Gobierno.

Como les decía, es el mismo texto de 2005, pero hoy es otro el contexto económico que, reconozcámoslo, ha convulsionado la sociedad. Y son otras también las expectativas sociales, y existen preocupaciones que hace nueve años no había o, si había, no eran tan imperiosas, y por ello entendemos que se espera de nosotros, como legisladores, como lo mejor de todo lo que hemos podido venir a hacer aquí en esta legislatura, otra ambición, otra aspiración; una verdadera aspiración de cohesión social y, sobre todo, de transparencia y de cohesión de participación, de la participación, que es también la participación institucional de los agentes sociales, que tiene que estar equilibrada y resguardada por la ley.

Obviamente, también -y por eso quiero incidirlo-, para su aplicación, esta ley va a necesitar de un desarrollo reglamentario que debe cumplirse en plazo, y, puesto que la redacción de esta ley, no así otras leyes de otras comunidades autónomas que hemos estudiado y estamos estudiando para afrontar este debate, que son más explícitas, más actuales, bastante más modernas y más adecuadas a la realidad, pero para eso estamos aquí... Sé que esta voluntad la compartimos todos los grupos y este será nuestro trabajo, por supuesto, el trabajo del Grupo Popular.

Las aportaciones que hagamos irán encaminadas a no volver a los errores de los que ya hemos debido aprender, y para que se superen las desconfianzas, como he tenido la ocasión..., porque me lo han ofrecido en bandeja, desde la proponente, las confianzas que indudablemente están ahí y han estado ahí en esta legislatura en que la Consejería de Empleo la ha dirigido el Partido Socialista.

El Partido Popular cree en el diálogo social como herramienta para participar, como herramienta para disentir, para discutir visiones diferentes, y, sobre todo, para llegar a acuerdos, acuerdos que le permitan al gobierno de turno comunicar sus prioridades y estrategias a los agentes sociales, y enriquecerlas; y acuerdos también, porque también es necesario, que permitan y obliguen a las organizaciones sociales representativas de trabajadores y empresarios a participar inexcusablemente, a impulsar, a no dejarse ir, a no dejar que otros se dejen ir, y a entender también las dificultades de quien tiene la responsabilidad desde el Gobierno de decidir; y, por supuesto, también a negociar.

Cuente, por tanto, el Gobierno de Canarias, y se exponga así al resto de grupos parlamentarios, y cuenten también las organizaciones sindicales y empresariales con el trabajo, con el apoyo y el trabajo constructivo del Grupo Parlamentario Popular para la tramitación de esta proposición de ley y su enriquecimiento en los trabajos que van a tener lugar en esta Cámara.

(Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor presidente.)

Y, eso sí, refiriéndome también a la intervención del portavoz del Grupo Nacionalista, y al hilo de la salvedad que hacía sobre la vigencia de los acuerdos de concertación social, le pediría que, de existir algún informe al respecto en el Gobierno de Canarias -de existir-, sería bueno que lo compartiera con el resto de grupos, y así se lo solicitamos más allá de que lo haremos por el cauce reglamentario, para que fuera algo con lo que ya se pudiera estar trabajando.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Aurora del Rosario.

Vamos a votar, ya no hay más intervenciones (Suena el timbre de llamada a votación).

Señorías, vamos a votar la toma en consideración de la proposición de ley de los Grupos Parlamentarios Socialista Canario y Nacionalista Canario, de Participación Institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Canarias. Comienza la votación (Pausa).

Resultado de la votación: 50 presentes; 50 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

Queda aprobada por unanimidad.

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  • 8L/PPL-0015 Sobre De Participación Institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Canarias.


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