Diario de Sesiones 127/2014, de fecha 10/6/2014 - Punto 23

8L/C-1593 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL.

El señor PRESIDENTE: Siguiente comparecencia. Como habíamos dicho, señorías, es la 1593, 2.4 del orden del día, y es del señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, instada por el Grupo Parlamentario Popular.

Don Emilio Moreno Bravo, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.

El señor MORENO BRAVO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero.

Ya sabemos, señorías -y creo que es bueno refrescarlo-, que en sede parlamentaria el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, el señor Hernández Spínola, nos reconoció hace ocho meses escasos que incumplió su palabra sobre el proceso de implantación de la nueva oficina judicial. Le recuerdo, señor Hernández, su intervención en el pleno de 29 de octubre de 2013. No tiene desperdicio. Decía usted: "Todo está en el aire, absolutamente todo está en el aire. Por eso, por eso, este consejero no ha podido cumplir la palabra que dio. ¡Sí, sí!, lo reconozco". Es decir, señor consejero, venía a corregirse en una de las promesas más repetidas durante toda esta legislatura: la implantación de la nueva oficina judicial a lo largo del año 2013. Compromiso que pasaba a ser papel mojado, como muchas de las cosas de las que usted habla, o tal vez humo, nada más que humo. Señor Hernández, ya lo decían los clásicos, el Derecho romano: fumo punitur qui vendidit fumum; o, dicho en román paladino: 'se castiga con humo el que vende humo'.

Ahora, señor Hernández, fiel a sus galopadas descontroladas, nos sorprende gestando un decreto, de fecha 15 de mayo de 2014, que, por respeto a la inteligencia -hay que reconocérselo, señor Hernández-, no ha incluido en su título denominación alguna sobre la nueva oficina judicial, como aquellos de los años 2008 y 2011, los números 133 y 98, respectivamente. Pero como trabajar era mucho esperar de este Gobierno he aquí que este Decreto de 15 de mayo de 2014, en relación con los artículos que trata, sobre la implantación de la nueva oficina judicial, se dedica sin más a reproducir grosso modo el articulado del Decreto de 2011 y el articulado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Vamos, señor Hernández, que estamos exactamente como al principio.

Pues bien, y siguiendo la ligazón con lo dicho, esta es la primera conclusión que extraigo de este nuevo decreto de oficina judicial: que ni es nuevo ni es oficina ni es judicial.

Pero lo más triste es que con el nuevo decreto no se prevé la implantación efectiva temporal del nuevo modelo que ofrece la oficina judicial de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Y por qué se lo digo, señoría? Muy sencillo: porque el apartado 1 del artículo 4 del decreto aprobado atribuye a la consejería competente en materia de administración de la Administración de justicia la elaboración de una estrategia para la modernización de la Administración de justicia en Canarias, conforme al contenido que se prevé en dicho precepto. Pero esta estrategia, conforme al apartado 2 de este artículo 1, dice que es aprobada por el Gobierno autónomo de Canarias y tendrá una vigencia temporal no inferior a tres años. Pues bien, ¡ahí es donde está la trampa, señor consejero!, la trampa con mayúsculas, así de grande, porque en la disposición final, corrigiendo el proyecto, y ante las advertencias que ya le había hecho el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, incluye que la elaboración de esa estrategia será en el plazo de seis meses, sí, desde la aprobación de la norma. ¿Pero cuándo será la efectiva implantación de la oficina judicial?: ¿un año, dos, tres, cuatro, cinco?

Eso es lo que queremos saber desde el grupo parlamentario: cuándo va a ser una realidad la nueva oficina judicial en Canarias. Porque, señor Hernández, y se lo digo, siguiendo el Dictamen 119/2014, de 7 de abril, del Consejo Consultivo de Canarias, me temo mucho que tengamos que sostener que el decreto no prevé una efectiva implantación temporal de este nuevo modelo de oficina judicial. El nuevo decreto, en lo que a la oficina judicial se refiere, no es más que eso, nuevo en la fecha, porque en lo demás arrastra, copia y pega los decretos de 2008 y 2011. Veo que para este Gobierno no es una prioridad convertir en realidad el pacto de Estado para la reforma de la justicia de 28 de mayo de 2001, que, sin embargo, tan pomposamente cita usted en su preámbulo del nuevo decreto.

Y esta es la razón de la comparecencia a día de hoy: saber dónde está la oculta e inactiva nueva oficina judicial en Canarias. La implantación de la nueva oficina judicial sirvió como una normativa, normativamente, como un cambio revolucionario del nuevo modelo organizativo que modificaba la cultura de trabajo arraigada en los juzgados y tribunales. Y esto es lo que queremos saber, ni más ni menos: ¿cuándo será posible en Canarias?

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Emilio Moreno.

Por el Gobierno, el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola): Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.

Comparezco hoy aquí, en el pleno de la Cámara, para hablar, una vez más, de la nueva oficina judicial, a instancias del Grupo Popular.

Efectivamente, en el mes de octubre del año 2013 tuve ocasión de responder a una pregunta que me formuló el diputado señor Moreno, y en esa respuesta que le di ya dejé claro que la oficina judicial y la oficina fiscal, su implantación, están ligadas absolutamente a las reformas que tiene en marcha el Gobierno de España, el Ministerio de Justicia. Nada más y nada menos que una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todavía en fase muy inicial; un anuncio de una reforma de la Ley de Planta y Demarcación, todavía en borrador, una fase muy inicial. Es que esas leyes son las leyes base, troncales, para desarrollar la nueva oficina judicial y fiscal. Pero es que lo que nos propone el señor Moreno aquí en el día de hoy es empezar la casa por el tejado: "empiece usted por el tejado, haga usted una oficina judicial y fiscal en Canarias, implántela, que ya veremos cuáles son los partidos judiciales, cuál va a ser el ámbito de esos partidos judiciales, ya veremos si va a haber o no juzgado de instrucción o de primera instancia o si va a implantar los tribunales de instancia o vaya usted a saber qué".

Y yo le pregunto: ¿cuánto vamos a tardar, cuánto vamos a tardar, un año, dos, tres, cuatro o cinco, para que el Ministerio de Justicia y el Gobierno del Partido Popular presenten un modelo consensuado de la justicia en España? ¿Cuánto?, ¿me lo quiere responder? Porque lo que sabemos, las leyes que sí que aprueba el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular, las que propone a las Cortes Generales hasta ahora han sido ni más ni menos que la ley de justicia universal, la ley de justicia universal, que ha provocado la excarcelación de los narcotraficantes; la ley de tasas, que es un monumento a la desigualdad; la ley del aborto, la ley del aborto. Cada cual más retrógrada.

Y con este escenario legislativo viene aquí el señor Moreno a plantearme cuándo va a estar la nueva oficina fiscal y judicial, y yo le pregunto: ¿qué ha hecho el Ministerio de Justicia en estos años, que tiene responsabilidad en una parte del territorio nacional? Lo único que me consta es que han empezado a trabajar en Ceuta y en Melilla sobre la implantación de la nueva oficina judicial. En Ceuta y en Melilla: esos son los avances del Ministerio de Justicia.

Bien, voy a hablar ahora de Canarias, voy a hablar de Canarias, y voy a hablar de lo que nosotros estamos haciendo. Efectivamente, nosotros estamos haciendo la tarea, estamos haciendo la tarea y la estamos haciendo bien. En el siglo XXI, lo que los ciudadanos precisan es una justicia moderna, al servicio de los ciudadanos. ¿Y para eso qué hace falta? Nuevas tecnologías, la implantación de nuevas tecnologías, y el Gobierno de Canarias, señorías, tendrá que reconocer que está a la vanguardia de la implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito judicial. Es verdad que hemos aprobado el 15 de mayo un decreto, el Decreto 40/2014, que regula determinados aspectos de esta política, de la política de modernización de la Administración de justicia, referidos a la estructura organizativa, la modernización tecnológica y la mejora de la calidad. Y es cierto también que este cambio normativo que hemos llevado a cabo supone una redefinición y una adaptación de los decretos autonómicos anteriores, el 133, del año 2008, y el Decreto 98/2001, que regulaban la organización y la planificación de la oficina judicial en Canarias.

El nuevo diseño de esa oficina judicial en Canarias tendrá que, obviamente, estar acomodada a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tiene que ser homogénea, su implantación, para todo el territorio del Ministerio de Justicia y también para las comunidades autónomas que tienen transferida la competencia.

Esa uniformidad de modelo, esa uniformidad de modelo, no va a impedir una cierta flexibilidad, que recogemos también en nuestro decreto.

Por tanto, el modelo organizativo tendrá que adecuarse, como he dicho, necesariamente a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley de Demarcación y Planta, a la reglamentación que apruebe el Consejo General del Poder Judicial, pero, como he dicho en mi intervención inicial, el problema está en que el Gobierno de España solamente tiene borradores sobre estos importantísimos proyectos que anunció que iban a estar en vigor a lo largo de esta legislatura.

Nosotros vamos a mantener nuestro trabajo, el que estamos llevando a cabo, que son líneas de coordinación y colaboración con todos los operadores jurídicos afectados. Trabajamos con ellos, con todos los operadores: con los jueces, con los fiscales, con los secretarios judiciales, con los funcionarios. Con todos estamos estableciendo los mecanismos para el diseño y la implantación de la oficina judicial. No entendemos el trabajo de otra manera: o aquí se aúnan voluntades y vamos todos de la mano o esto no avanza. Y quiero decirles y quiero recordar aquí hoy que estamos avanzando, y mucho, y para ello vamos a utilizar los dos nuevos edificios judiciales: el de La Laguna y el de Las Palmas de Gran Canaria. Y en La Laguna vamos a implantar los servicios comunes generales, en un plazo relativamente corto, y luego lo haremos en Las Palmas y luego lo extenderemos al conjunto de los partidos judiciales. Eso significa, supone, una modificación de la relación de puestos de trabajo del departamento. Relación de puestos de trabajo que tenemos elaborada para el caso de La Laguna ya, tenemos elaborada la modificación de la relación de puestos de trabajo, pero que hay que negociar con los representantes de los trabajadores. Y tengo que reconocer que las negociaciones con los representantes de los empleados públicos a veces no son fáciles, y es una realidad.

Bien. Por tanto, nosotros vamos a mantener el calendario, el trabajo. Que no solamente lo ligamos a la nueva oficina judicial, también lo llevamos a la nueva oficina fiscal, y para ello también estamos trabajando directamente con el fiscal superior, con los fiscales provinciales, en grupos de trabajo, y pronto, pronto, en este mismo mes de junio, en una reunión que tendremos el día 27 de comisión mixta Fiscalía-Gobierno de Canarias, presentaremos un diseño de la nueva oficina fiscal.

Por tanto, hay compromiso de avanzar en servicios comunes generales, en una prueba piloto que llevaremos a cabo, en primer lugar, en La Laguna, luego en Las Palmas, en el edificio de Las Palmas de Gran Canaria, y luego lo extenderemos al resto de los partidos judiciales. Y sobre la oficina fiscal, ya he expresado también cuál es el calendario y cuándo presentaremos a la comisión mixta el diseño de esa nueva oficina.

Por tanto, seguiremos desarrollando nuestro trabajo, de forma gradual, con todas las limitaciones que tenemos, que son muchas, y que provienen, provienen, de la ineficacia de un Ministerio de Justicia del Gobierno de España que no termina de avanzar en unas leyes que son básicas, troncales, para la implantación de la nueva oficina judicial en España. Y eso supone, sin ninguna duda, una cortapisa muy importante para el conjunto de las comunidades autónomas. Ni han avanzado en el diseño de la oficina judicial en aquellas comunidades autónomas donde tienen una competencia exclusiva, el Ministerio de Justicia, como he dicho, solo Ceuta y Melilla, y no han hecho absolutamente nada -al menos a mí no me consta, más allá de meras proclamaciones de intenciones- respecto de la oficina fiscal, porque si no dígame usted cuáles son los avances que puede presentar el Ministerio de Justicia en el ámbito de la oficina fiscal.

Nosotros como Gobierno vamos a seguir trabajando. Vamos a desarrollar el decreto, vamos a poner en marcha y a ejecutar todas las previsiones que están contenidas en ese decreto, y habrá resultados, con las limitaciones que nos impone la política del Gobierno de España.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero, don Francisco Hernández Spínola.

Los grupos no solicitantes de la comparecencia. Doña Carmen Hernández, Grupo Mixto.

La señora HERNÁNDEZ JORGE (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Nosotros reconocemos que hemos hablado en comisión en varias ocasiones del retraso de la puesta en marcha de la nueva oficina judicial, pero yo no voy a insistir en este punto, porque entiendo, o nosotros creemos, no tenemos claro hasta qué punto, con la que está cayendo, esa puesta en marcha de la nueva oficina judicial nos va a garantizar lo que nosotros sí tenemos claro que es fundamental, que es que Canarias no recorte ni un solo euro en el ámbito, en la Consejería de Justicia. Se lo hemos aplaudido en la comisión, porque también tenemos claro que es fundamental tener una dotación de jueces suficiente, una formación de esos jueces, la incorporación de las TIC -de las tecnologías de la información y de la comunicación-, que permitan de verdad que la justicia canaria sea una justicia moderna, sea una justicia ágil y, por tanto, sea una justicia eficiente.

También tenemos claro que el marco en el que se mueve la Consejería de Justicia canaria es un marco absolutamente de contrarreformas judiciales, de auténtica tormenta legislativa que nos trae el Partido Popular desde el Estado. Usted ha nombrado algunas: la ley de justicia universal, la ley de tasas, la ley del aborto, le llueven las críticas por parte de todo el poder judicial hacia ese anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial... Por tanto, con esta yo definiría tormenta judicial o legislativa yo creo que el Gobierno de Canarias lo que tiene que hacer es esperar a que la tormenta amaine, que esperemos que sea más pronto que tarde.

Y mantener esas cuestiones que para nosotros son fundamentales, para que la justicia sea de verdad justa, sea ágil, dé una respuesta pronta a la ciudadanía. No podemos olvidar que parte del desafecto de los ciudadanos en la calle, que parte de la crispación en la calle tiene que ver con el hecho de que la ciudadanía empieza a cuestionar las respuestas judiciales por ser tardías, porque la justicia no tiene los recursos necesarios y por esas contrarreformas que, lejos de proteger a los más débiles, a la población más desfavorecida, está claro que protegen a las personas con mayores recursos.

Y, por tanto, insistir en la necesidad de resistir, que la justicia en Canarias resista al temporal legislativo y a las contrarreformas del Partido Popular y que, cuando los tiempos amainen, pues, esa oficina judicial, que nosotros queremos creer que va a aportar modernidad a la justicia en el Estado y también en Canarias, pueda ser una realidad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Carmen Hernández.

Por el Grupo Socialista Canario, don Manuel Fajardo. Desde el escaño.

El señor FAJARDO PALAREA (Desde su escaño): Buenos días, señorías.

Mire, señor consejero, como bien ha dicho quien me ha antecedido en el uso de la palabra, justicia de calidad, eficiente, eficaz, moderna y ágil para que realmente sea justicia es lo que piden los ciudadanos. Cada grupo es libre de presentar las iniciativas que quiera.

Pero es cierto que la oficina judicial tiene sus bases en otras leyes que están en borrador y que la compañera definía como tormenta. Yo hablo de avalancha, una serie de leyes retrógradas, pero además las dos leyes fundamentales, las reformas, los borradores que hay de reforma de la Ley del Consejo General del Poder Judicial o la Ley de Demarcación y Planta han puesto en pie de guerra a jueces, a fiscales, a secretarios judiciales, a funcionarios. Basta ver, basta ver las noticias para poder llegar a esa conclusión. Difícilmente se puede apostar o se puede avanzar en la implantación de la nueva oficina judicial si efectivamente de donde trae su raíz, en donde hunde, donde hunde la reforma su origen, resulta que está viciada porque todavía está en borrador y está cuestionada por los propios operadores jurídicos.

Mire, yo, en base a esas necesidades de los ciudadanos con respecto a la justicia, a lo que le animamos desde el Partido Socialista es a que usted siga desplegando una estrategia que intente alcanzar objetivos, como son la interoperabilidad de todo el sistema, de la mano de los operadores jurídicos, de aquellos que sufren -entre comillas- el sistema de justicia que tenemos en España, potenciando todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, y somos pioneros, hemos hablado aquí en más de una ocasión del sistema Lexnet, etcétera; y además que no se deje usted vencer por esa especie de clima negativo que se nos intenta hacer ver desde alguna fuerza política a la que yo respeto, pero, sinceramente, después de lo que he oído en el día de hoy, veo difícil que sea justificable un ataque desmedido a su consejería cuando precisamente quien ataca es un mal ejemplo para cómo deben llevarse las cuestiones de justicia.

Aquí se ha hablado de revolución. Mire, quien tiene revolucionada la justicia en Canarias es el ministro Gallardón, en Canarias y en España. Y, por favor, señor consejero, no le diga usted al interpelante, al compareciente, que va a esperar usted uno o dos años, tres, cuatro o cinco, porque no van a durar más de un año y seis meses.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Manuel Fajardo.

Por el Grupo Nacionalista Canario, doña María Luisa Zamora.

La señora ZAMORA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente. Señor consejero.

Evidentemente todos los que estamos sentados aquí, en esta Cámara, somos partidarios de una justicia mucho más eficaz, más cercana, más moderna, más ágil y desde luego es necesaria. No es el único instrumento pero sí es un instrumento importantísimo: la implantación de la nueva oficina judicial. No el único instrumento, pero es muy importante.

Y nosotros pensamos que la nueva oficina judicial, el nuevo modelo está agotado, que es un modelo del siglo XIX que no puede seguir en pleno siglo XXI. Pero eso de decir que no ha hecho nada el Gobierno de Canarias en modernización, eso es muy fuerte. Es decir, que llevamos muchos años en plena crisis invirtiendo en infraestructuras, tenemos dos sedes judiciales magníficas, dos edificios -en La Laguna y en Las Palmas de Gran Canaria-, que son perfectamente modernas, adaptables a la nueva organización, y de eso no dicen nada, eso no es importante. El expediente electrónico, eso no es importante. Resulta que somos premiados por un sistema de innovación tecnológica pionero en toda España, que quieren copiar el sistema Atlante II, que además ha recibido un premio del ministerio por la integración de toda la plataforma de notificaciones telemáticas y que ha supuesto que los órganos de justicia en Canarias han hecho más de un millón de notificaciones por vía telemática, y eso no es importante, eso no es modernización.

Entonces vamos a ver la cara contraria, vamos a ver el ombligo del PP. Eso era lo que usted decía. El ministro Gallardón entró como un elefante en una cacharrería en el ministerio y resulta que fue en dirección contraria a todos los operadores jurídicos. Se puso a todo el mundo en contra. Propuso una serie de reformas y utilizó el dicho de Juan Palomo: "yo me lo guiso y yo me lo como", porque no consensuó con nadie. Propuso reformas que hoy están o en un cajón o en el limbo o están en trámite. ¿Qué es lo que pasa, señor Moreno, con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la del Código Procesal Penal?, ¿dónde están? En un cajón, están en un cajón. ¿Dónde está la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial?: en trámite, no se sabe ni dónde está. ¿Dónde está -que es muy importante- la nueva reforma del Código Penal? Está en debate de primera lectura -me parece que fue-, debate a la totalidad. Nada más. ¿Dónde está la Ley de Demarcación y Planta Judicial?, ¿dónde está?, que es tan importante porque tenemos que saber cómo incardinamos los tribunales de instancia, qué abogados van a desaparecer, qué partidos judiciales están. Lo que usted dice, empezamos la casa por el tejado. Me gustaría saber cuál es el grado de implantación de las nuevas oficinas judiciales en toda España, en todas las comunidades autónomas. Yo lo quiero saber, porque es de justicia que yo también quiero saber cómo están los demás y compararlo.

Lo que yo sé es que el ministro Gallardón lo único que ha hecho es aprobar la ley de tasas judiciales, el tasazo, es decir, romper el principio de la accesibilidad de los ciudadanos a la justicia. Eso es lo que ha hecho el ministro Gallardón, el más criticado por sus compañeros del Partido Popular y por todo el ámbito judicial. Ha sido criticado porque España en estos momentos está a la cola de la justicia en la Unión Europea, a la cola, en el último informe estamos a la cola.

Por tanto, siga su camino, siga trabajando. Sabemos que es un camino difícil, que lo vamos a apoyar, y que la España de hoy necesita trabajar no con la justicia de ayer sino con la justicia del futuro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Marisa Zamora.

Por el grupo solicitante de la comparecencia, don Emilio Moreno Bravo, Grupo Parlamentario Popular.

El señor MORENO BRAVO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías.

Señor consejero, yo no le voy a animar a que trabaje como han hecho los restantes grupos parlamentarios, porque si esta es su manera de trabajar, es mejor que siga sin hacer nada.

Y le voy a decir una cosa: nadie, ninguno, ni doña Carmen ni don Manuel ni doña Marisa ni usted, ha hablado de la nueva oficina judicial. ¡No quieren hablar de la nueva oficina judicial! Seguramente porque ustedes no saben lo que es la nueva oficina judicial. Hablan de una ley del aborto, que no existe, estamos hablando de un borrador de anteproyecto de ley del aborto; hablan del Código Penal, que nada tiene que ver con la oficina judicial; hablan de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que nada tiene que ver con la oficina judicial; hablan de la ley de jurisdicción universal, que nada tiene que ver con la oficina judicial... ¿Le pongo más ejemplos?

Mire, esto es simplemente echar un mito, que es lo que a usted le gusta y es en lo que usted es un gran experto: humo, humo y nada más que humo.

Y voy a hacer, fíjese, un ejercicio básico de comprensión. Estoy seguro de que ustedes lo van a entender y podremos a lo mejor arrancarle a usted, a lo mejor, una posibilidad de que me informe y nos informe a este grupo sobre cuándo va a ser la implantación, diseño, organización, de la oficina judicial en Canarias. Y voy a omitir en esta segunda intervención el uso de "nueva", porque ya es un eufemismo; voy a decir solo oficina judicial. Y le digo la verdad, se lo repito: su decreto no es más que nuevo en eso, en que es de fecha 15 de mayo de 2014, porque no hace más que copiar el del 2011 y el del 2008.

Ha dicho usted -y es verdad- que ha traído, en una integración, el decreto nuevo con el del 2008, en cuanto a que ha supuesto la desaparición de la Comisión Técnica de Coordinación, aquella que se había creado para la coordinación del diseño, creación, organización e implantación de la nueva oficina judicial -ese era el título que rezaba en el decreto del 2008-, y que se integra, según parece, a la vista de la nueva regulación, en la Comisión de Participación y Asesoramiento. Aunque eso sí, no me parece mal que desaparezcan comisiones, sobran muchas y bastantes, y más en Canarias. Pero le voy a decir, echo en falta una cosa en el tema de la definición de los integrantes de esa comisión; por ejemplo, se ha excluido de la composición ni más ni menos que a los que creo que son los mayores expertos en el diseño, creación, organización e implantación de la oficina judicial, como son los secretarios coordinadores provinciales, cuyas funciones vienen referidas y concretadas en el artículo 467 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que sí estaban en el anterior decreto.

De otro lado, mire, su nuevo decreto es de una práctica defectuosa legislativa inconmensurable, como todo creo que es lo que hace esta consejería en los temas de justicia. Está usted muy mal, pero que muy mal asesorado, se lo digo de verdad. ¿Usted se cree que es de recibo venir a decir que no va a implantar la oficina judicial en un primer momento, cuando me discute, porque cree que las reformas del Partido Popular...? La ley de tasas, que se me olvidaba, que la ha mencionado usted, por Dios. La ley de tasas influye en la oficina judicial: ¡no sabe usted cuánto, un montón!, ¡un montón!

Y, fíjese, ahora se lo voy a explicar, porque además quiero que usted lo conozca, porque ya se lo he dicho en la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico, pero se lo quiero decir otra vez. En el resto del territorio nacional, incluso en comunidades autónomas donde hay transferidas materias de justicia, competencia en materia de justicia, están implantando la oficina judicial, señor Hernández, y viene usted aquí además, lo niega de antemano y luego viene a reconocer que está haciendo todos los pasos para instalar la nueva oficina judicial, y añade "y la fiscal". ¿Pero en qué quedamos? ¿Sí o no? ¿Pa'lante o pa'trás? ¡Porque esto es lo que hay!

Señor Hernández, voy a seguir con el análisis de este decreto, pero veo que la efusión a veces me embarga, ¿verdad? Le voy a decir más, fíjese, usted es el mentor, el padre de la criatura, de esta amorfidad de decreto en lo que a la oficina judicial se refiere. Nada más me estoy concretando en eso y luego, si quiere, con la nueva oficina fiscal, porque ya buen varapalo le metió a usted y a su Gobierno el Dictamen 113/2014, del Consejo Consultivo de Canarias, que tampoco ha querido hacer mención. ¡Les pega un viaje en el proyecto de decreto tremendo! Y luego, encima, la mayoría de los reparos que les recogen los omiten ustedes también.

Y como su técnica legislativa es la de malos alumnos, aquella que se limita a elaborar normas repetitivas, pues, ya está. Se lo decía el dictamen, como observación general, fíjese, decía el dictamen: cabe indicar ante todo que en lo que se refiere a la oficina judicial la mayoría de los preceptos referidos a la misma son reproducción literal de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Yo le voy a añadir más, que no lo puso el Consejo Consultivo, esta pretendida novedad -valga el eufemismo- no es más que una reproducción, un corta y pega, de los siguientes artículos del Decreto 98/2011. Se los expongo: 6.3, 7.3, 8.1, 8.3, 9.1, párrafo primero y párrafo segundo. ¡Qué manera de repetir, señor Hernández!

Y mientras tanto seguimos como al principio, como en el año 2008, cuando se aprobó el Decreto 133/2008, de 10 de junio, que empezó tímidamente, tímidamente, a abordar el diseño, creación, organización e implantación de la oficina judicial en Canarias; decía el texto, el título del texto: la nueva oficina judicial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Y, mientras tanto, fíjese, pese a las reformas del Partido Popular, esas reformas que le impiden a usted acometer la implantación de la nueva oficina judicial -qué mal asesorado está usted-, fíjese, lo que ha pasado en España, en el resto del territorio nacional, con la ley de tasas, con la ley de justicia universal, con los proyectos de modificación del Código Penal, con los proyectos de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la ley orgánica, fíjese, pese a todo eso, en el resto de España, ni más ni menos, poquito a poquito, pero poquito a poquito por lo menos, van convirtiendo en realidad el Pacto de Estado para la reforma de la justicia, de 28 de mayo de 2001, que usted tan pomposamente cita en el preámbulo de este Decreto de 15 de mayo de 2014.

Se lo he dicho miles de veces en las comisiones de Presidencia, Justicia, Desarrollo Autonómico, territorio del Ministerio de Justicia, Burgos, Murcia, Cáceres, Ciudad Real, León, Cuenca, Mérida. Y en esta legislatura, Ceuta y Melilla. Sí, pero se le olvidó Ponferrada y Palma. Ahí se le ha olvidado Palma de Mallorca. ¡Sí! ¡Se le ha olvidado y eso no se lo han dicho!, porque usted se limitó a tener la contestación de la pregunta de 29 de octubre de 2013 y no le han ampliado más la información. ¡Qué mal asesoramiento! Ceuta, Melilla, Ponferrada y Palma de Mallorca. Y es más, se ha iniciado el proceso y ampliación de la implantación de la oficina judicial en Murcia. Cinco más. ¿Vale? De hecho, fíjese, en Burgos, Murcia, Cáceres, Ciudad Real, pese a las reformas del Partido Popular, esos -que anuncia su compañero de escaño que se van dentro de un año y seis meses; habrá que verlo, a lo mejor se van ustedes antes-, esos, fíjese, ya cuentan con la implantación de los tres servicios comunes procesales, que es oficina judicial, que es oficina judicial, y que usted nos anuncia además que los va a implantar en el territorio de Canarias -pues no sé si va... si está usted con la oficina judicial o no, todavía no lo sé-. Pero, bueno, esos ya cuentan con la implantación total de los tres servicios comunes procesales, en Burgos, Murcia, Cáceres, Ciudad Real y León. Eso en territorio del Ministerio de Justicia, y ya están en una segunda fase de implantación de la nueva oficina judicial, perdón, de la oficina judicial -que he prometido no utilizar "nueva" en esta segunda intervención, por eso del eufemismo-.

Es verdad, fíjese, le voy a dar la razón, tal como pone en el decreto este de corta y pega del 2014, que la implantación de la oficina judicial en las distintas sedes del territorio debe efectuarse de un modo ordenado y gradual, contando siempre con el consenso pleno de los operadores jurídicos implicados. Es verdad. Pero también es verdad -y le cojo aquí el guante- lo que ha dicho usted en relación con la negociación de las RPT con los sindicatos, que usted reconoció en dos comparecencias, la de 29 de febrero de 2012 y 5 de marzo de 2013, en la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico, que poco puede hacer usted con la negociación de las RPT ante la reivindicación permanente por parte de los sindicatos y un complemento específico suspendido, que aprobó su antecesor, el señor Ruano. Y evidentemente es difícil que usted quiera empezar la casa, no por el tejado, por los cimientos, si no va usted ni siquiera a poder negociar estas RPT.

Una cosa más: le he hablado del territorio de justicia, pero para que no diga usted que no hablamos también de aquellos supuestos de comunidades autónomas con transferencias en materia de justicia, la Generalitat de Cataluña -que tanto les gusta a ustedes y a sus compañeros de banquillo-, vamos a ver, han aprobado, fíjese, un proceso de despliegue de la oficina judicial en tres fases o etapas, que han empezado en el 2012 y acaban en el 2019. En colaboración el departamento de justicia de la Generalitat con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El País Vasco, que también me ha contestado usted por escrito que estaban pendientes de las experiencias de Guecho e Irún.

Es decir, señor Hernández, vemos que en el territorio nacional, Ministerio de Justicia, así como comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia, como es Canarias, se va avanzando poco a poco, pero poco a poco, en la instalación de la oficina judicial, con el fin de ofrecer...

El señor PRESIDENTE: Un minuto, don Emilio.

El señor MORENO BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.

...a la ciudadanía, con el fin de ofrecer a la ciudadanía una justicia ágil, de calidad, una justicia mejor, una justicia con mayúsculas.

Por favor, no escuche ni se detenga en aquellas afirmaciones que dicen que debemos paralizar la instalación de la nueva oficina judicial, porque usted sabe como yo que es necesario para un mejor desarrollo y actividad de la Administración de justicia.

Y acabo, voy a acabar. Me quedo muchas cosas en el tintero, pero voy a acabar. Porque lo ha mencionado usted, la nueva oficina fiscal, yo no quería ni mencionarla, y me remito a lo que le dijo el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias: que llegaba, ni más ni menos -ahí queda la cosa-, a poner en duda la viabilidad jurídica de la regulación propuesta para la implantación de la nueva oficina fiscal.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Emilio Moreno.

Para concluir la comparecencia, por el Gobierno, el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola): Señor presidente. Señorías.

Quiero, en primer lugar, agradecer las intervenciones de los portavoces del Grupo Mixto, del Grupo Socialista y del Grupo Nacionalista. Creo que han hecho unas intervenciones centrando el problema.

En España hay un problema nuclear, que es la necesidad de reformar la justicia, y este Gobierno del Partido Popular se ha comprometido a impulsar esas reformas, y lo puede hacer, lo puede hacer porque tiene mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. La reforma de la justicia, desde nuestro punto de vista, siempre debe hacerse por consenso y buscar el acuerdo entre todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. No es esa, no es esa la forma de trabajar del ministro Gallardón ni del Gobierno del señor Rajoy. Lo han demostrado en estos dos años que llevan. No quieren acuerdos en materia de justicia y, lejos de avanzar, hemos retrocedido como nunca, hemos retrocedido más allá del siglo XX. Porque ¿cómo es posible, en una situación de crisis económica como la que tenemos, que hayan aprobado una ley como la ley de tasas? Esto es lo que interesa a los ciudadanos. A los ciudadanos les interesa una justicia ágil, rápida, cercana y, sobre todo, que les permita acudir a los tribunales de justicia, pero eso se les ha vedado a los ciudadanos de España, y por eso el Gobierno de Canarias ha planteado un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley.

Pero, miren, les voy a decir algo muy importante: en el discurso del Partido Popular y del Gobierno de España, cuando aprueban la ley de tasas, la justifican porque los recursos que afloran con la ley de tasas, más de 300 millones de euros, iban a repercutirse en las comunidades autónomas para afrontar el pago de la asistencia jurídica gratuita. ¿Saben ustedes cuánto hemos recibido las comunidades autónomas del Gobierno de España, de esos más de 300 millones de euros? Cero euros. ¡Cero euros! Se ha quedado con todo el dinero el Gobierno de España. Una ley, una ley que se justificó para financiar la asistencia jurídica gratuita. Esto son temas muy serios, son temas muy importantes, estos son de verdad los asuntos que en materia de justicia interesan a los ciudadanos.

¿Qué pasa con la Ley de Planta y Demarcación? ¿Cuántos partidos judiciales va a haber en Canarias? ¿Van a respetar la insularidad o no la van a respetar? ¿Afecta eso a la nueva oficina judicial, sí o no? Evidentemente, claro que sí. Pues todo eso está en el aire, aunque ha habido una posición nítida y clara del Gobierno de Canarias en mantener en cada isla partidos judiciales. Estamos en contra de la centralización que quiere llevar a cabo el Gobierno del Partido Popular de únicamente instalar partidos judiciales en las capitales de la provincia. Eso no sirve para Canarias, ese modelo no nos sirve, lo rechazamos, y lo hemos dicho por activa y por pasiva y por escrito al Ministerio de Justicia.

Y nosotros, a pesar de todo, a pesar de todo, estamos satisfechos del trabajo que estamos haciendo en el Gobierno. No solamente estamos satisfechos nosotros como Gobierno, es que lo están también -y quiero que lo sepan, señorías-, también lo están los operadores jurídicos, lo están los jueces, lo están los fiscales, lo están los secretarios judiciales. Hay paz, ha habido paz estos tres años con los representantes de los empleados públicos. Ha habido avances muy notorios. La única persona que en Canarias no reconoce los avances de justicia está aquí, está en esta Cámara, está en esta Cámara, y ha hablado antes que yo, me ha antecedido en el uso de la palabra. Es la única persona que oigo del ámbito de la justicia absolutamente crítica con un Gobierno que ha hecho en esta legislatura avances muy importantes. Y voy a decir cuáles.

En el ámbito de las plantillas, hemos incrementado, se han incrementado, se ha incrementado el número de jueces en Canarias. Recientemente se han incorporado 12 nuevos jueces. Las plantillas de los fiscales, de la Fiscalía en Canarias, están cubiertas al cien por cien. Hace unos días se han incorporado 10 nuevos secretarios judiciales y, en el ámbito de la Administración de justicia, los empleados públicos, hemos mantenido absolutamente toda la plantilla y estamos incrementando por refuerzos para atender a los nuevos jueces que han llegado. Eso en el ámbito de las plantillas.

En el ámbito de las infraestructuras judiciales, ¿qué hemos hecho en esta legislatura? Bueno, pues, hemos culminado dos obras que ya venían, desde hace años se habían puesto en marcha, en el Plan de infraestructuras judiciales, y se han inaugurado: el palacio de La Laguna y la Ciudad de la Justicia en Las Palmas. ¿Cómo se ha implantado, cómo se ha llevado a cabo? Con una minuciosidad, con un acierto reconocido por los operadores jurídicos, que nos lo han dicho, no aquí, públicamente, en los medios de comunicación. No ha habido que paralizar la actividad judicial de ningún juzgado ningún día. Por tanto, la mudanza ha sido ejemplar. Eso es en el ámbito de las infraestructuras.

Y en el ámbito tecnológico, muy ligado, por supuesto, a la nueva oficina judicial, las nuevas tecnologías, esta es una comunidad autónoma puntera. Lo ha dicho la portavoz del Grupo Nacionalista, también el portavoz del Grupo Socialista: nos han premiado, nos han premiado, porque tenemos un sistema, el Atlante II, que ha evolucionado y que hoy es probablemente el mejor sistema, la mejor herramienta de gestión procesal que hay en España. Esa es la verdad, esa es la realidad. Somos la primera comunidad autónoma que tenemos el test de compatibilidad con el Consejo General del Poder Judicial. Esa es otra realidad. Nos han dado el premio en el SIMO de interoperabilidad. Tenemos en marcha un conjunto de aplicaciones informáticas -que vamos a desarrollar de aquí al final de esta legislatura- espectaculares, que las voy a detallar ahora. En esta legislatura hemos puesto una herramienta informática, que es el aplicativo Lexnet, que nos ha permitido hasta este momento que 2 millones, 2 millones de notificaciones judiciales se realicen telemáticamente. Ya no existe el papel en los juzgados. Esta es la realidad. Y nada de esto se reconoce en la intervención del portavoz del Grupo Popular, que aquí todo lo ve absolutamente negro. Pero les quiero decir que solo es él, solo es él en toda Canarias quien lo ve así. Afortunadamente es muy elogioso, y se elogia por todos los operadores jurídicos, el trabajo. Hablen, si no, con los abogados. Asistencia jurídica gratuita: en muchas comunidades autónomas tardan años en cobrar los abogados y los procuradores el dinero, los recursos que les corresponden por virtud de la asistencia jurídica gratuita; Canarias es la comunidad autónoma que está al día, que les paga a los abogados y a los procuradores al día. Estamos al día. Esa es la realidad. Hablen con los procuradores, hablen con los graduados sociales, qué relación tienen con esta consejería.

Por tanto, frente a estos hechos, frente a estos hechos, nos encontramos con un discurso absolutamente irracional, un discurso negativo, un discurso que no reconoce absolutamente nada. Ya sabemos que no van a colaborar, no quieren colaborar con el Gobierno de Canarias. Da igual, nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho, vamos a seguir progresando, vamos a seguir poniendo en marcha la oficina fiscal y judicial, diga lo que diga el señor Moreno, aquí o en comisión. Da igual. Lo que nos interesa son los ciudadanos y los operadores jurídicos, y hay una mejora sustantiva en Canarias en esta legislatura, reconocida por todo el mundo, menos por el Partido Popular. Los retrata, se retratan ustedes cada vez que vienen aquí a hablar de justicia. Se retratan.

Y luego me vienen a comentar, vienen a comentar que en el dictamen del Consejo Consultivo, el Consejo Consultivo dice que de 37 artículos que tiene el decreto en 3 de ellos no era conveniente o no es conveniente reproducir lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es verdad que en esos 3 artículos de 37 reproducimos lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque entendíamos que era mejor, mejor, más útil para el ciudadano que lo leía, pero aceptamos sin ningún problema la recomendación del Consejo Consultivo y de los 37 artículos, en 3 de ellos esa mención que repetía algún precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial la suprimimos. ¡Vaya crítica tan acerada! No voy a dormir esta noche por la crítica que me ha planteado el señor Moreno.

Y luego, "no le han dicho, a usted no le han informado de que en Palma también estamos desarrollando...". Mire, la nueva oficina judicial, donde se ha implantado ha sido, por el anterior Gobierno del Partido Socialista, en todas las...

El señor PRESIDENTE: Un minuto, señor consejero.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola): ...excepto Ceuta y Melilla, se lo dije antes y se lo reitero ahora, excepto Ceuta y Melilla. ¡Y en Palma de Mallorca no han terminado el trabajo, no lo han terminado! ¿Está avanzado, están trabajando en Palma? ¡Sí, es así!

Señor Moreno, señor Moreno, yo lo que le pido, lo que le pido es que usted actúe de otra manera, actúe de otra manera. Sí, de otra manera; y de otra manera es, primero, reconocer el trabajo bien hecho y, en segundo lugar, colaborar con el Gobierno y con todos los operadores jurídicos, porque usted está solo, absolutamente solo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señorías, se levanta la sesión hasta las cuatro cuarenta y cinco, cinco menos cuarto, cinco menos cuarto. Cuatro cuarenta y cinco.

(Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta y ocho minutos.)

(Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cincuenta y un minutos.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, muy buenas tardes.

Reanudamos la sesión.

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  • 8L/C-1593 Sobre -Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad-, sobre la nueva Oficina Judicial.


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