Diario de Sesiones 129/2014, de fecha 17/6/2014 - Punto 24

8L/C-1572 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y CONSEJERO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC-CCN), SOBRE ELIMINACIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN.

El señor PRESIDENTE: Continuamos con las comparecencias. En este caso, comparecencia del señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, instada por el Grupo Nacionalista Canario, sobre eliminación de barreras físicas y de la comunicación en los centros de educación.

Doña Nieves Rosa Pulido tiene la palabra.

La señora PULIDO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Hablar de igualdad de oportunidades es hablar de accesibilidad universal, entendida como la condición que deben cumplir los entornos, bienes y servicios para que puedan ser practicables y utilizables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone, por tanto, la estrategia de diseño universal o diseño para todas las personas y se entiende sin los perjuicios de los ajustes razonables que deban adoptarse.

Un campo, señor consejero, en el que nos queda aún mucho por hacer, aunque es verdad que a nivel legislativo se ha avanzado muchísimo en los últimos años, debiendo destacar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que se reconoce que las barreras y los perjuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad. Según la convención, es deber de los poderes públicos identificar y eliminar los obstáculos y las barreras de acceso que las personas con discapacidad puedan tener para acceder en igualdad de condiciones que las demás personas a su entorno físico, al transporte, a las instalaciones y a los servicios públicos y a las tecnologías de la comunicación y de la información, así como asegurar el derecho a la educación, haciéndolo efectivo, sin discriminación, y sobre la base de la igualdad de oportunidades, mediante un sistema inclusivo a todos los niveles, desde la educación primaria, secundaria, de calidad y gratuita, así como el acceso general a la educación superior, a la formación profesional, a la educación para adultos y al aprendizaje durante toda la vida.

Esta convención fue ratificada por España en el 2008 y, fruto de la misma, para cumplir con el mandato de su trasposición a nuestro ordenamiento jurídico, se aprueba en noviembre del 2013 el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social. Dicho texto, en su artículo 18, recoge que corresponde a las administraciones educativas asegurar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles de la educación, así como la enseñanza a lo largo de la vida, y garantizar un puesto escolar a los alumnos con discapacidad en la educación básica. Y recoge además que la escolarización de este alumnado en centros de educación especial o unidades sustitutorias de los mismos solo se llevará a cabo cuando, excepcionalmente, sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de la atención a la diversidad en los centros ordinarios y tomando en consideración la opinión de los padres o tutores legales.

Por tanto, señor consejero, el mandato legislativo es la educación inclusiva, el de ponerle fecha de terminación a la educación especial y establecer el proceso de migración de la una a la otra. Y para hacer posible esta educación inclusiva hay que cumplir con la accesibilidad universal en todos y cada uno de los centros de enseñanza de nuestra comunidad, pues sin ello la educación inclusiva, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, es simplemente una quimera.

Por tanto, con esta petición de comparecencia, pretendemos que pueda explicarnos con detalle la situación en que se encuentran nuestros centros de enseñanza en cuanto al grado de cumplimiento de la legislación vigente en materia de accesibilidad y eliminación de barreras físicas y de la comunicación y los programas, medidas o actuaciones que está llevando a cabo o que tiene previsto implementar para revertir la situación en los casos de incumplimiento.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Rosa Pulido.

El señor vicepresidente del Gobierno, don José Miguel Pérez.

El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y CONSEJERO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD (Pérez García): Buenas tardes, señor presidente. Señorías.

Bien. Como sabemos, la respuesta a la cuestión que nos plantea la señora diputada es compleja, porque, si bien es verdad que puede hacerse una afirmación genérica, de tal manera que en la actualidad ningún alumno, independientemente de las dificultades motóricas, auditivas o de otra índole que tenga en Canarias, está fuera de la escolarización -por tanto, podemos decir que al 100% la comunidad canaria garantiza la escolarización de las personas que tengan estas circunstancias-, también es cierto que la realidad de los centros educativos es muy dispar y diríamos que tiene un doble perfil. De un lado, encontramos aquellos centros que están construidos después de la legislación que se citaba. La primera ley que nuestra comunidad autónoma aprueba es la ley del 95 y el reglamento es prácticamente de dos años después. A partir de ahí la totalidad de los centros construidos incorporan todos los requisitos correspondientes a las necesidades que puedan presentar las personas con las dificultades señaladas. El problema no lo tenemos ahí, el problema lo tenemos en la cantidad de centros que están construidos con anterioridad a esas normativas, que tienen titularidad del Gobierno o que son también de titularidad municipal, porque de todo hay. Estamos hablando de centenares de centros en los que esto ocurre y en los que a veces ni siquiera es posible actuar con soluciones técnicas adecuadas a las demandas que se efectúan.

¿Qué es lo que se ha hecho a lo largo de estos años y cuál es la realidad con la que nos encontramos? Creo que la realidad es francamente mejorable. Quizá sería esta la calificación que más se ajustaría a la situación actual. En realidad nunca se ha dejado de intervenir, nunca se ha desestimado intervenir -es verdad que, según las épocas, en distinto grado-, y siempre es verdad que ha sido un gasto de funcionamiento que ha contado con dotaciones de toda índole, específicas, especiales a veces. Y ante esta enorme dificultad para afrontar la reforma de los centenares de edificaciones, insisto, anteriores a la ley del 95, y a las exigencias de construcción, el Gobierno llevó a cabo un planteamiento que consistió en la creación de la red de centros públicos para los niveles de la enseñanza obligatoria, que, cubriendo la totalidad de las islas, fueran capaces de atender las demandas del 100% de la población estudiantil en esos centros y que, efectivamente, se trata de una red que ha ido creciendo ampliamente. Esa red se distribuye hoy en un montante de 99, casi cien, centros educativos, distribuidos por todas y cada una de las islas, tanto buscando dar respuesta a los que tienen dificultades motóricas como a los que tienen dificultades auditivas, siendo más los que presentan, lógicamente, soluciones para la dificultad motórica.

Estamos también trabajando, fuera ya de estos centros, en el ámbito de los lugares en los que se imparte formación profesional, donde el trabajo esencial se está produciendo, una vez que conocemos la demanda correspondiente de los estudiantes, en la colocación de los correspondientes avisadores de situación, bien sea de emergencia, de orientación, así como de la maquinaria industrial que en su utilización pueda dar problemas para determinado tipo de situaciones.

Y también se está atendiendo a la realidad del personal educativo, de tal manera que las personas que tengan restricciones de movilidad y que presten sus servicios en los centros públicos que no estén plenamente adaptados tienen a su disposición un procedimiento establecido, a través de los comités insulares de seguridad y salud, para buscar soluciones favorables en materia de reubicación de su puesto de trabajo.

Bien. Esta es la realidad con la que nos encontramos. En materia de lo que va de legislatura, tenemos que prácticamente estamos hablando del plazo posterior a la ley que cubre el 12,5% del tiempo cronológico relacionado con el tiempo de cumplimiento de la ley. No debemos olvidar que nos encontramos además en un periodo desconocido, de restricciones económicas para inversiones en infraestructuras educativas. Nosotros y los propios ayuntamientos, porque estamos hablando de muchos centros -en este caso la mayoría de los centros de primaria- que son de titularidad municipal.

Insisto en que la realidad que tenemos es que hay centros nuevos en los cuales no hay problemas, centros que se han ido adaptando y luego tenemos esta red de centros de atención que constituyen una oferta en estos momentos de más de 17.000 plazas de educación infantil y primaria y más de 23.000 de educación secundaria, en centros que han de ser considerados como centros completamente adaptados y/o practicables. Esta red de centros se ha adaptado incluso a las nuevas exigencias territoriales cada vez que hemos ido detectando alguna realidad. Podría poner ejemplos en Fuerteventura, en Gran Canaria, en Tenerife, etcétera.

Hemos visto al mismo tiempo que en las más de 500 intervenciones que se llevan efectuadas en obras RAM en esta legislatura se ha producido una clara priorización en las actuaciones destinadas a remover y a eliminar los obstáculos cuando la zona o el lugar a reparar lo permitan, y el resultado es que hasta el día de la fecha en estas obras ninguna solicitud donde se ha podido intervenir ha sido no atendida. Todas las solicitudes que nos han llegado y donde hemos podido actuar porque técnicamente es posible, hemos atendido la solicitud correspondiente. Pondría como ejemplo, entre otras cuestiones, las dotaciones que han permitido una política, sobre todo en temas de movilidad, de mantenimiento, revisión y nueva puesta en marcha de todos aquellos ascensores que encontrábamos que no estaban adecuados en los diferentes centros.

Por tanto, y resumiendo, la situación, insisto, es manifiestamente mejorable. Manifiestamente mejorable desde el punto de vista de los centros antiguos, pero no por ello se está dejando de actuar. Nuestra política, desde un punto de vista práctico, es no abandonar las reformas que se tengan que hacer. Sabemos que además es imposible hacerlo en todos los casos para todos los centros, porque hay muchísimos centros que requerirían actuaciones de gran envergadura, para los cuales no hay recursos, pero sí la estrategia de esta consejería -y de la anterior, y de las anteriores-, creo que acertada, fue la profundización en una red canaria de centros adaptados que, insisto, dan hoy respuesta a miles y miles de estudiantes que lo puedan demandar, en las plazas que tienen.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, muchísimas gracias, señor vicepresidente, don José Miguel Pérez.

Los grupos no solicitantes de la comparecencia. Grupo Parlamentario Mixto, doña Carmen Hernández.

La señora HERNÁNDEZ JORGE (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Efectivamente, la realidad, que la accesibilidad sea una realidad y sea un derecho efectivo y universal nos queda lejos, no solo en los centros educativos sino en general. Solo hace falta pasearse por las calles canarias, por las aceras, intentar acceder a edificios públicos para percibir cómo diecinueve años de vigencia de una ley...; porque efectivamente la ley, el amparo legal, la normativa que regula este derecho está clara. Hemos avanzado mucho en la normativa pero, como en otros casos, la práctica y la realidad, pues, no han ido acompañando a ese marco legal.

Eliminar totalmente las barreras físicas y de comunicación para garantizar la accesibilidad universal, como planteaba la proponente de esta comparecencia, nos parece un objetivo que por supuesto no aceptamos que sea una quimera, aunque hoy parezca una utopía. Tiene que ser una realidad más pronto que tarde.

Este tema se agrava aún más en el ámbito educativo, en los centros educativos. Quienes hemos tenido responsabilidades en infraestructuras en el ámbito local sabemos que es una de las demandas más generalizadas por todo ese grupo de centros que su origen, que se fabricaron en la etapa del 76, en el 78, en los 80, donde por supuesto no se cumple ninguna normativa en materia de accesibilidad. De esos centros quedan muchos en Canarias. Y es una de las demandas más frecuentes por parte de la comunidad educativa: adaptar los centros para evitar la exclusión de un alumno y verse abocado a ir a un centro específico para personas con dificultades motóricas, porque el centro que le queda más cercano, que le toca por distrito, no puede, no puede ir el alumno por esta cuestión.

Quizás el día en que más se expresa lo poco accesibles que son nuestros centros educativos son los días electorales. Ahí es cuando la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos se dan cuenta de lo difícil que es acceder a un centro educativo. Empezando por la acera de la calle, que, por cierto, no es competencia del Gobierno de Canarias, es de ámbito local. Yo les invito a intentar entrar a muchos centros y verán que la acera que te da acceso al centro no cumple la normativa; no hay una rebaja ni un acceso vía rampa. Y, por lo tanto, ahí en esos días.

Compartimos totalmente el objetivo, necesidad urgente de garantizar la accesibilidad, y, bueno, intentar que ese fondo que existe en la ley, que viene recogido en el artículo 23 para la supresión de barreras arquitectónicas y de accesibilidad, ese fondo económico que se supone se obtiene a partir de las multas y de las sanciones a la gente que no cumple -cuando digo a la gente me refiero a las instituciones o a las entidades privadas que construyen y no cumplen-, pues, que haya una parte destinada específicamente. Y eso es algo que está dentro del marco competencial del Gobierno, que una parte del fondo se dedique a los centros educativos, porque realmente es un elemento básico de la inclusión verdadera, de la inclusión real.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Carmen.

Por el Grupo Socialista Canario, doña Rita Gómez Castro.

La señora GÓMEZ CASTRO (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Efectivamente, el tema de la accesibilidad en los centros públicos o la accesibilidad en cualquier ámbito de la vida sigue siendo un objetivo, y sigue siendo un objetivo porque todavía no es una realidad. No significa esto que estemos negando los esfuerzos de las distintas administraciones o los distintos gobiernos, en este caso, en materia educativa, pero esos esfuerzos no han cubierto y son insuficientes para conseguir la plena accesibilidad de cualquier persona con discapacidad física, con cualquier tipo de discapacidad, y eliminar, de una vez por todas, las barreras físicas y las barreras de la comunicación.

Yo creo que aquí hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Ningún alumno, como ha dicho el consejero en su primera intervención, ningún alumno con ese tipo de discapacidad está excluido en el sentido de no escolarizado, está garantizada la escolarización, pero no es cierto o no es real todavía que cualquier alumno con una discapacidad pueda acceder al centro que le corresponda o al centro que tenga en su municipio o localidad. Se ha creado, se ha ido creando una red de centros preferentes para las distintas discapacidades.

Y una pregunta y una cuestión que quería plantear el grupo parlamentario es, sobre todo, señor consejero, ese plan de actuación que se ha fijado el Gobierno de Canarias, la Consejería de Educación, sobre todo con los centros construidos antes de la legislación que solicita la eliminación de esas barreras, porque ahí hay dificultades, dificultades de todo tipo, que no tenemos tiempo para entrar, y sobre todo el tema de la eliminación de las barreras en los centros de enseñanza profesional o, mejor dicho, para acceder a las enseñanzas de formación profesional, porque sabemos que en primaria y secundaria prácticamente están los centros, en cada localidad, en cada municipio, en cada isla, que atienden a las distintas discapacidades, pero se podía plantear en un momento determinado el acceso de esos alumnos con discapacidad a las enseñanzas de formación profesional.

Por lo tanto, seguimos necesitando esfuerzo y compromiso de las administraciones públicas, porque el derecho de esas personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad que tengan, pues, no lo tenemos garantizado aunque sí lo tienen contemplado en la ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Rita.

Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Milagros Bethencourt.

La señora BETHENCOURT AGUILAR: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Señor consejero.

Este, sin duda, es un tema para la reflexión: cómo en el siglo XXI hay colectivos, en este caso menores y sus familias, que continúan en la lucha por combatir las barreras y obstáculos que impiden su desarrollo social integral. Hay legislación; por tanto, hay obligación: por qué entonces los poderes públicos son tan laxos en su cumplimiento.

Señor consejero, lo corriente y sencillo para un niño cuando empieza el colegio se convierte en un drama, con mayúsculas, para muchas familias con hijos que tienen dificultades de movilidad. Y es que los padres a la hora de buscar el colegio no solo chocan con las barreras sino que también muchas veces chocan -y esto es lo más triste- con la desidia de las administraciones públicas. Y su consejería, señor Pérez, ha tenido casos sangrantes de menores en esta situación, y yo tengo que recordarle el caso de un menor en Valle Gran Rey, en el año 2012, donde la única solución que le daba la consejería era que se trasladara a la capital de la isla, a 40 km, con muchas y muchas curvas, señor consejero.

Sigue usted hablando de dos situaciones o de dos velocidades en el cumplimiento de la legislación: los centros anteriores y posteriores a la entrada en vigor de la legislación, que data además del año 95. Mis preguntas son sencillas, señor consejero: qué ha hecho usted para que se cumpla la normativa y erradicar esta situación para siempre y cuántos colegios ha hecho usted accesibles en estos tres años que lleva al frente de la consejería.

Creemos, señor consejero, que es preocupante que siga habiendo centenares de colegios con dificultades en la accesibilidad. Veinte años de vigencia de la ley es tiempo razonable para que estos colegios se hayan ido adaptando y, si no han podido adaptarse, sí que contemplen soluciones rápidas a las situaciones sobrevenidas. Enviar al menor a otro colegio es romper con el grupo, enviar al menor a otro municipio es simplemente condenarle al fracaso y al abandono y a la familia, a la frustración.

Señor consejero, es un tema sensible, es una cuestión legal y moral, y usted y su consejería suspenden en esta asignatura. Ni un solo niño puede quedar fuera del sistema educativo por culpa de las barreras. Usted nos ha hablado, nos ha dicho que están todos garantizados, pero no todos en cercanía, en su municipio, en su zona. Por lo tanto, tiene usted que trabajar para que estos niños tengan acceso al sistema educativo, es un derecho constitucional, pero además de la manera más digna posible.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Milagros.

Por el grupo solicitante de la comparecencia, doña Nieves Rosa Pulido.

La señora PULIDO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

La verdad, señor consejero, es que no iba a hacer referencia a esto, pero después de alguna de las intervenciones, pues, lo quiero hacer. Hay que recordar que el Gobierno del señor Rajoy incumplió el Convenio de Infraestructuras Educativas: 50 millones de euros que estaban viniendo anualmente a Canarias y que se empleaban justamente en hacer este tipo de obras y hacer nuevos colegios que cumplieran totalmente la normativa.

Pero, bueno, pasemos a lo que yo le quería decir. Por una parte es que valoramos positivamente lo que se está haciendo desde su departamento en aras de garantizar la educación obligatoria a todas las personas con discapacidad, al establecer la red de centros que garantiza que el cien por cien de la población estudiantil con discapacidad pueda acceder a la misma, así como haber dado cobertura a los gastos derivados de la revisión y mantenimiento de los ascensores o actuaciones que ha tenido en el Instituto Alonso Pérez Díaz de Santa Cruz de La Palma o el centro de La Herradura, en Telde, etcétera. Pero estamos con usted, señor consejero, en que la realidad es francamente mejorable, yo diría que muy mejorable, y por ello le decimos que hay que redoblar los esfuerzos, pues tenemos que conseguir que todos y cada uno de los centros en que se imparta formación, sea reglada o no, sea pública o privada, cumplan con la legislación sobre eliminación de las barreras físicas y de la comunicación, para lo que tenemos un plazo máximo fijado por ley de hasta diciembre del 2017.

Le decía en mi anterior intervención que solo será posible la educación inclusiva, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, si todos y cada uno de los centros de enseñanza son, de nuestra comunidad, son accesibles. Y le digo por qué: porque de otro modo no se está garantizando la elección del centro al alumnado con discapacidad en igualdad de condiciones que al resto y en muchos casos se le está alejando de su entorno inmediato, a diferencia del resto de los alumnos, que sí pueden elegir el centro más próximo a su residencia, o directamente se le ofertan centros de educación especial, donde se imparte una educación segregadora.

Y sabemos que hablamos de políticas transversales, que corresponden a varios departamentos gubernamentales o a varias administraciones, como usted antes se ha referido. Y en el caso al que usted se refería, a las obras de reforma, ampliación y mejora de los centros de educación infantil y primaria de titularidad municipal, que son competencia de los ayuntamientos, pero también es verdad que estos vienen siendo cofinanciados con recursos del Gobierno de Canarias, por lo que yo le digo que podríamos contemplar como recursos afectados estas cantidades que se destinan desde el Gobierno de Canarias y que vayan exclusivamente, en estos dos años, bueno, en el caso de usted, en el año que le queda de gobierno, para este tipo de obras de eliminación de barreras y que no se pueda permitir su gasto en otro tipo. Lo mismo podría hacerse con los recursos que el Gobierno de Canarias aporta a las universidades; o sea, destinar una parte de los fondos que se destinan a las universidades como afectada para obras de accesibilidad y eliminación de barreras.

Por otra parte, también somos conscientes de que los centros que imparten cursos de formación para el empleo son en su mayoría centros privados y no corresponden a su consejería; por eso le decíamos que son políticas transversales. Y en el caso de estos centros, quiero recordar que en noviembre pasado presentamos una proposición no de ley instando al Gobierno de Canarias a que se exija como requisito para ser admitidos en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo, por tanto, para que se puedan impartir cursos del Servicio Canario de Empleo, el que todos estos centros tengan que cumplir con las normas de accesibilidad, y esta proposición no de ley fue aprobada por unanimidad por toda la Cámara.

En cuanto a los centros privados y concertados, como ya antes había dicho una de las diputadas, pues, aquí solo tenemos que contamos con lo dispuesto en el título III del texto refundido en lo referente a las infracciones y sanciones, aunque es verdad que el órgano competente para imponer las sanciones por infracciones graves, entre las que se encuentra, pues, el incumplimiento de la materia que hablamos, corresponde a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad; o sea, que tampoco es competencia de su departamento.

Pero lo que sí es competencia de su departamento, señor consejero, son las obras de reforma de los centros de educación secundaria y de formación profesional, y es para acometer las obras de accesibilidad en estos centros para lo que le pedimos que en los próximos presupuestos se habilite una partida económica concreta destinada a tal fin, pues estamos hablando de dar cumplimiento a una ley que, como ya también se ha dicho aquí, es de abril de 1995. Una ley que diecinueve años después aún no se cumple. Y no olvidemos que el texto refundido al que hacía referencia anteriormente, en su disposición adicional tercera, dice que para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizables y las edificaciones el plazo de adaptación finalizará el 4 de diciembre de 2017. Es decir, el 4 de diciembre de 2017, por imperativo legal, todos los edificios públicos y todas las zonas urbanizables, todo en esta sociedad tendría que cumplir con la ley de accesibilidad y eliminación de las barreras arquitectónicas.

Por lo que usted nos acaba de facilitar, la información que nos acaba de dar, pues, nos acaba de decir que todos los centros de educación en Canarias de nueva construcción, 34 creo que son, cumplen la normativa de accesibilidad, pero que la mayoría de centros construidos con anterioridad a la ley del 2005 la incumplen, por lo que podríamos estar hablando -corríjame si me equivoco- de unos 900 centros que no cumplen la ley de accesibilidad, aunque si bien en algunos de ellos se ha hecho o ya se acometido alguna obra que en parte, en algunas de las zonas, puede ser que sí sean accesibles.

Por ello, señor consejero, le vuelvo a decir que es necesario y urgente destinar fondos para acometer este tipo de obras en todos aquellos centros en los que, por sus características y antigüedad, sea posible realizar los ajustes necesarios para que se cumpla la legislación en este aspecto y también destinar fondos para la reposición de aquellos centros en los que, por su estructura y antigüedad, no sea posible la realización de dichos ajustes razonables, pero también... Y en esto me gustaría que si puede ampliara la información, porque creo que estos son pocos, son escasos los centros, que en la gran mayoría sí se pueden hacer los ajustes necesarios y podrían cumplir la normativa (El señor presidente abandona su lugar en la Mesa, ocupa la Presidencia el señor vicepresidente segundo, Fernández González).

Sabemos que estamos en una situación difícil en la que las administraciones públicas tienen pocos recursos para acometer las obras de construcción de nuevos centros o rehabilitar los existentes, pero también tenemos que decirle, señor consejero, que es una cuestión de legalidad, como ya le he dicho, de igualdad, de justicia social, que es lo principal, creo yo, desde el punto de vista de esta diputada, pero también, si se quiere, de rentabilidad social y económica. Y le digo esto porque en estos momentos en que impera este tipo de políticas neoliberales, que vienen impuestas desde la troika, pero que al final están siendo aplicadas por algunos gobiernos, donde se antepone el objetivo del déficit a la atención a las personas y donde las políticas se hacen en base a la rentabilidad económica y no en base a la justicia social, podemos demostrar que es rentable social y económicamente para los gobiernos garantizar que las personas con discapacidad puedan vivir su vida en plenitud en la sociedad. Y le digo por qué, señor consejero: pues porque hay varios estudios realizados para poner valor económico a la política de integración laboral y social, con la dificultad que entraña poner valor económico a un derecho humano, pero se han hecho y son estudios serios, y han concluido que es rentable para los gobiernos realizar políticas encaminadas a tal fin, porque cuando las personas con discapacidad no tienen obstáculos en su camino son empleados, empresarios, consumidores y contribuyentes, como todos los demás, pasando de ser personas que reciben prestaciones y servicios a cargo de los recursos públicos a personas que contribuyen a la economía y al desarrollo de manera económicamente activa. Por tanto, para todos aquellos que entienden la política desde un punto de vista economicista... también es rentable para los gobiernos hacer este tipo de política.

Por todo ello, señor consejero, se deben implementar las políticas necesarias para garantizar que todos los centros educativos cumplan esta legislación, pues solo...

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Perdón, tiene un minuto para terminar.

La señora PULIDO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Les decía que solo así podemos seguir hablando de igualdad de oportunidades en el acceso a la formación, al empleo y, por tanto, a la integración social.

Y lo que quería también resaltar es que en estos momentos de crisis económica, de altas tasas de paro, la formación juega más que nunca un papel clave a la hora de acceder al empleo y que, en el caso de la formación, las personas con discapacidad en Canarias, un 60% de ellas, está apostando por la formación en estos momentos, cifra superior a la del resto de la población canaria, que es de un 48%; y un 16% ha ido más allá, ha abandonado la búsqueda de trabajo en aras de centrarse exclusivamente en su formación. Por tanto, es de tanta importancia para este colectivo el que se cumpla la normativa vigente en materia de accesibilidad en todos los centros formativos de Canarias...

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Gracias, señora diputada.

Tiene la palabra el señor consejero para concluir.

El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y CONSEJERO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD (Pérez García): Gracias, señor presidente.

Voy a reiterar una afirmación que hice antes, para contrarrestar también la afirmación que hice de que estamos ante una situación que debe ser manifiestamente mejorable, y es la siguiente: no existe constancia ni petición de escolarización alguna en los niveles obligatorios de la enseñanza en Canarias, es decir, en la enseñanza primaria y en la enseñanza secundaria obligatoria, que pueda constar como desatendida. ¡No existe! Lo digo para evitar cualquier otro equívoco. De tal manera que en la actualidad, en el plano de la escolarización, todas las personas que presenten algún tipo de problema tienen plaza. ¿Tienen plaza en el centro que desean? Evidentemente no. No la tienen porque, como he dicho, ni los ayuntamientos ni el Gobierno de Canarias pueden garantizar que todos los centros que en estos momentos están abiertos en Canarias pueden acometer los cambios que requiere la normativa, como se ha dicho, la ley del 95 y el decreto del 97, incluso la orden que hicimos para ponerles un sello de calidad a los centros de perfecta adaptación, la orden del 2013.

Por tanto, estamos hablando de una realidad que no es de ahora, no es de hace un año, una realidad de largo recorrido, y que exige no solamente inversión, por cierto, en infraestructuras, que también, es que exige un personal especializado, donde no hemos bajado la guardia en absoluto, y es muy distinta la demanda que puede presentar un tipo de dificultad, como puede ser motórica o puede ser auditiva, o puede ser de otra índole. Todo se atiende.

E insisto: ¿en qué centros se está atendiendo? 17.000 plazas en los centros que están plenamente adaptados para alumnos de primaria, 23.000 para alumnos de secundaria. Esa es la realidad. ¿Que no está en el lugar concreto, ese centro, o que no está en todos los centros? Es cierto ahora, era cierto antes y les puedo asegurar que no va a ser fácil que no sea cierto en el curso que viene o dentro de dos o tres cursos. Será así. Pero el resultado es que a día de hoy todos los alumnos que solicitan ser escolarizados en la enseñanza obligatoria, independientemente de estas dificultades, tienen la plaza asegurada. Y es verdad que tendrán que trasladarse en algunos casos, lo menos lejos posible, también en algunos casos. Pero pensemos por ejemplo en dificultades auditivas: ¿es posible concentrar o no concentrar personal, en este caso, personal que trabaja junto con el profesorado de las asignaturas académicas? Evidentemente, no. Evidentemente, no.

En esta legislatura, en lo que va de legislatura, hemos, entre centros nuevos, ampliaciones y uno que no sé cómo llamarle, que es el Alonso Pérez Díaz, de Santa Cruz de La Palma, llevado a cabo 15 nuevas construcciones... perdón, 14 nuevas construcciones, 14, 14 nuevas construcciones. En todas ellas se ha garantizado, a pesar de que en alguna, y hablo de Santa Cruz, del Alonso Pérez Díaz, la dificultad era extrema, porque escogieron el lugar más difícil de todos para poder remodelar un centro. No solamente de cara a este fin, de cara a todo lo demás, pero, en fin, finalmente se ha hecho y está, en mi opinión, bien resuelto.

Hay más de 500 obras que lógicamente han sido subvencionadas por la consejería y algunas de ellas, muchas de ellas, en los centros de titularidad municipal. Prioridad en cada una de esas obras cada vez que se producía la correspondiente inversión: que la obra que vaya a procederse a efectuar, primero, se centre en derribar barreras y, segundo, que allí donde se tenga que actuar, aunque no sea con el objeto preferente de derribar barreras, que no se ocasionen nuevas barreras. Esto se ha hecho también y se sigue haciendo. Insisto, son más de 500 obras en lo que va de esta etapa reciente.

La pregunta es, ¿se puede intervenir en todos y cada uno de los centros educativos? No. Pero no solo por razones económicas, que también; es porque los centros, técnicamente, sobre todo determinados centros que han quedado absolutamente obsoletos, no lo van a poder permitir, no lo permiten de hecho. Y lógicamente no podemos hacer centros nuevos allí donde estos centros tienen estas circunstancias. Supongo que todas las edificaciones que hay por ahí se enfrentan a problemáticas similares, digo yo, digo yo. Pero hasta ahora, insisto, primera afirmación, en esto queda mucho por hacer, queda mucho por hacer.

El número de centros nuevos después de la ley -que me preguntaba la titular de la comparecencia- es de 41 centros, hasta ahora, de los que se han puesto en marcha desde la ley para acá. Todos estos están absolutamente adaptados, pero efectivamente hay centenares de centros que no lo están plenamente. Es verdad que en algunos de los centros antiguos se ha intervenido, y se ha intervenido y se han adaptado, pero quedan muchos donde esto no se hace.

Pero en el plano que nos toca a nosotros, que es garantizar la escolaridad, garantizar la escolaridad con el centro, con la plaza y con el personal correspondiente, la afirmación que he hecho la mantengo: no hay un solo caso en Canarias en que hayamos detectado que una solicitud de escolarización haya sido desatendida. Tal cosa no ocurre hoy, afortunadamente.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias, señor consejero.

(El señor secretario primero, González Hernández, ocupa un escaño en la sala.)

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