Diario de Sesiones 129, de fecha 17/6/2014
Punto 9

8L/PO/P-1496 PREGUNTA URGENTE, DEL SEÑOR DIPUTADO DON JOSÉ MIGUEL BARRAGÁN CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC-CCN), SOBRE DESARROLLO NORMATIVO EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA, DIRIGIDA A LA SEÑORA CONSEJERA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA.

El señor PRESIDENTE: Siguiente pregunta. Del señor diputado don José Miguel Barragán Cabrera, del Grupo Nacionalista Canario, dirigida a la señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

Don José Miguel Barragán.

El señor BARRAGÁN CABRERA (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Señora consejera, los beneficiarios de las prestaciones de dependencia dice la ley que participarán en la financiación de las mismas en función "del tipo y coste del servicio y de la capacidad económica personal". Esta capacidad económica de la persona beneficiaria "se tendrá también en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas". Dice también que ninguna persona "quedará fuera de la cobertura del sistema por no disponer de recursos económicos", la capacidad económica se determinará en función de la renta y el patrimonio.

Con el cambio de la ley, de la ley de dependencia, por parte del gobierno del Partido Popular, y el acuerdo del Consejo Territorial posterior del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia, el apartado 6.5 de ese acuerdo dice que "las comunidades autónomas o Administración competente, podrán establecer una mayor participación del beneficiario en el coste de los servicios y de las prestaciones económicas". Y el 7.5 dice que se puede establecer de forma general una reserva del 19 % del Iprem para gastos personales, añadiendo, sin embargo, la coletilla de que las comunidades autónomas podrán establecer cuantías más pequeñas, no sé si superiores pero, en principio, más pequeñas.

Parece que había un plazo hasta el año 2015 para que esto se pudiera producir por todas las comunidades autónomas y, en este sentido, señora consejera, la pregunta que le hago es: ¿en qué situación se encuentra el desarrollo normativo de la ley de dependencia, y, concretamente, de ese acuerdo del Consejo Territorial?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José Miguel Barragán.

La señora consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, doña Inés Rojas.

La señora CONSEJERA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Rojas de León) (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Señorías.

Toda la normativa que corresponde ir adaptando, en ley de dependencia, por esa ley estatal, en Canarias ya se ha ido resolviendo. Como saben, desde el 2008 el decreto de acreditación, el decreto de intensidad del servicio, el decreto de acreditación de centros, el decreto, además, de regulación de procedimientos y, como he dicho en alguna oportunidad, faltarían dos decretos para cumplimentar, amén de que los anteriores necesitan modificación porque, como bien dice usted, se ha modificado la ley de dependencia en los últimos tiempos. Uno de los que nos falta es el decreto de acceso, que está en ciernes para su próxima publicación, y el decreto de capacidad y de participación económica, que está en estos momentos en el Consultivo.

Tengo que decirle, señoría, que nosotros hemos cogido el mandato del Consejo Territorial de la Dependencia. No vamos a subir esa capacidad que nos propone el decreto, la vamos a dejar en el mínimo, de tal manera que en estos momentos lo que haríamos es regular la situación para que sea homogénea en toda Canarias y, por lo tanto, el sistema sea más justo y mucho más equilibrado. Y también hacemos lo que nos proponen a raíz de las personas que tengan de ingreso. Primero, el decreto regulará la capacidad económica, los criterios por los que se regula la capacidad económica o se establece la capacidad económica, y, además, la participación económica por el servicio que se reciba. Esto es lo que ha acordado el Consejo Territorial de la Dependencia; a nosotros no nos parece que sea un mal sistema, y lo que sí estamos estableciendo nosotros es que las personas que tengan como ingresos un Iprem... es decir, 549-550 euros, por debajo de esos 550 euros, las personas estarían exentas de participar en la prestación de servicios y por encima de esos 550 euros se establecen unas tablas y unos baremos en función también de la capacidad económica del usuario.

Es decir, señorías, realmente estamos en el último tramo de la normativa de dependencia acordada, como digo, o hecha por mandato del Consejo Territorial de la Dependencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora consejera, doña Inés Rojas.

Don José Miguel Barragán.

El señor BARRAGÁN CABRERA (Desde su escaño): Sí. Gracias, señor presidente.

Simplemente, para terminar, recordarles, señorías, el informe del Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, en su examen de junio del 2012 -un mes antes de aprobarse ese cambio- de las recomendaciones que se le hacían a España. Decía el comisario en ese momento que "la aplicación de la Ley de Autonomía requiere la financiación conjunta de las autoridades centrales y regionales, no obstante, la financiación ha sido limitada por ambas". En julio del 2012 el Gobierno central adoptó un decreto que, entre otras cosas, reduce un 13 % el coste que le correspondía asumir al sistema de dependencia, de hecho, los copagos para acceder a los servicios se han incrementado considerablemente en algunas regiones, alcanzando a veces el 90 %. Al comisario le preocupa que las personas con discapacidad deban pagar un porcentaje considerable de las prestaciones sociales a las que tienen derecho con el fin de cubrir el coste de los servicios, lo que en realidad se traduce en una pérdida considerable de autonomía para ellas.

Téngalo en cuenta, señora consejera, en el caso de Canarias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José Miguel Barragán.

¿Desea intervenir? Sí, señora consejera, doña Inés Rojas.

La señora CONSEJERA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Rojas de León) (Desde su escaño): Sí, lo hemos tenido en cuenta, señoría, precisamente acogiéndonos a esos mínimos de que las personas que reciban un ingreso de menos de 550 euros pues no copaguen por determinados servicios, salvo en el caso residencia, que, como saben, es excepcional.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora consejera, doña Inés Rojas.