Diario de Sesiones 131/2014, de fecha 8/7/2014 - Punto 2

7L/PPLP-0029 DICTAMEN DE COMISIÓN. DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES, SOBRE LA PROPOSICIÓN DE LEY CANARIA DE EDUCACIÓN.

El señor PRESIDENTE: Sin más, comenzamos el debate de la mencionada ley, y hay que comenzar con el debate de un voto particular de supresión de la disposición adicional sexta, presentado por los Grupos Nacionalista Canario y Socialista Canario.

Para la defensa del voto particular, doña Rita Gómez Castro, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora GÓMEZ CASTRO (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Buenos días.

Sí, queríamos presentar y explicar el voto particular que presentan el Grupo Nacionalista Canario y el Grupo Socialista. Es un voto particular a la disposición adicional sexta, consecuencia de una transaccional a la enmienda 19 del Grupo Mixto. Por lo tanto, presentando, explicando este voto particular, queremos presentar también en este pleno una enmienda in voce que dice textualmente, que corresponde a la enmienda 19 del Grupo Mixto, que dice textualmente: "La administración educativa canaria, de forma similar al resto de las comunidades autónomas del Estado, reconocerá y retribuirá al profesorado de Canarias en los términos que se definan en los órganos de negociación correspondientes".

El señor PRESIDENTE: Gracias, doña Rita.

En consecuencia, fijación de posiciones respecto a la enmienda de los grupos parlamentarios.

Grupo Parlamentario Mixto, doña Carmen Hernández.

La señora HERNÁNDEZ JORGE (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas.

Aceptamos la transaccional; es copia, texto literal de nuestra enmienda 19 y, por tanto, la aceptamos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Carmen Hernández.

Grupo Nacionalista Canario, ¿desea intervenir? Porque son firmantes también del voto particular.

Don Nicolás Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ ORAMAS (Desde su escaño): No, simplemente como es una enmienda presentada por los dos grupos, simplemente que la apoyamos, como no puede ser de otra forma.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Nicolás.

Y Grupo Parlamentario Popular, doña María Isabel Oñate.

La señora OÑATE MUÑOZ (Desde su escaño): Gracias, presidente. Buenos días.

Nosotros no nos oponemos a la tramitación de dicha enmienda.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

Bien. Pues entonces tenemos que votar en dos ocasiones: primero el voto particular, que según el debate se debería votar afirmativamente, y luego se votaría la transaccional.

Voto particular de supresión de la disposición adicional sexta de la Ley de Educación. Comienza la votación (Pausa).

Resultado de la votación: 54 presentes; 36 a favor, 18 en contra y ninguna abstención.

En consecuencia, que lo que se está haciendo es pasar al articulado de la ley, la disposición adicional, votando la enmienda 19 del Grupo Mixto, que es la que se plantea en estos momentos como transaccional (Comentarios desde el escaño).

Sí, sí, lo que se está votando, evidentemente, es una enmienda in voce. Comienza la votación (Pausa).

Antes de dar el resultado de la votación, por favor, señor letrado (Pausa).

Resultado de la votación: 53 presentes; 35 a favor, 18 en contra y ninguna abstención.

Es evidente que, si se ha podido votar, es por la conformidad del Grupo Parlamentario Popular, lo cual no quiere decir que no tenga que votarlo, como así ha sucedido.

Bien. Votadas las enmiendas, digamos, a que había lugar, comienza el debate del dictamen de la comisión.

Grupo Parlamentario Mixto, debate del dictamen de la comisión, con la ley ya sin enmiendas.

La señora HERNÁNDEZ JORGE: Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados, medios de comunicación y al público que nos acompaña en su totalidad.

Quisiera hacer mención y dar una bienvenida especial a doña Dolores Berriel, la presidenta del Consejo Escolar de Canarias, y al resto de los miembros de este órgano de participación de la comunidad educativa canaria. También quisiera darle la bienvenida a doña Alicia Reyes, miembro de la promotora de la iniciativa legislativa popular, que ha sido, pues, esa iniciativa la que ha dado pie a que hoy tengamos este debate, y al resto de los miembros de la promotora que nos acompañan, especialmente a don Pablo Santana, que lo veo desde aquí abajo, y si hay alguno más, que me disculpe por no nombrarlo. También la bienvenida a otros representantes, a otros responsables en otras etapas del ámbito educativo y al actual equipo de la Consejería de Educación.

Yo creo que hoy es un día para felicitarnos, me refiero a todos y a todas, a la sociedad canaria en su conjunto, que hoy está representada en este Parlamento. Felicitarnos todos y todas, los sectores de la sociedad canaria, que han participado activamente en la elaboración de esta ley. Estamos ante un día histórico para Canarias, por lo menos así lo vivimos y lo percibimos desde nuestro grupo, desde Nueva Canarias. Primero porque, por primera vez, después de más de treinta años de autogobierno, tendremos una ley canaria de educación, una ley propia; y, segundo, porque además -y me arriesgo y creo no equivocarme- seremos el primer Parlamento que legislará en materia educativa, que tendrá una ley educativa que emana de una iniciativa popular. Y eso yo creo que nos debe llenar de satisfacción: saber que el mandato para legislar, para elaborar una norma propia que regule y que ordene nuestro sistema educativo es un mandato de la sociedad canaria organizada. Así ha sido. Necesario ha sido recabar más de 36.000 firmas para que este Parlamento asumiera la tarea ineludible de legislar en un asunto que la inmensa mayoría de la sociedad canaria hemos venido a definir como relevante. Más de tres décadas de intensa actividad parlamentaria hacen que el día de hoy sea, como decía, un día importante.

Una ley canaria de educación, nuestra ley, una ley que refleje la identidad de Canarias como pueblo, nuestra historia, idiosincrasia; un acervo cultural que es parte de nuestra historia, pero también es parte del legado de la cultura universal. Un territorio, el canario, caracterizado, como todos sabemos, por una serie de condiciones, de singularidades, nuestra condición archipielágica, todo ello conforma un contexto social, económico, también, específico y que redunda en la importantísima tarea de educar.

Puede que esta no sea la mejor ley, es posible, soy de las que creo que todo es mejorable, pero también digo que es la mejor. Y digo que es la mejor porque ha sido, es la única que este Parlamento ha podido redactar, como decía, en más de tres décadas, y yo con eso -permítanme el conformismo-, yo con eso, pues, me conformo para empezar a avanzar. Como texto vivo que es, creo que estará supeditado a un futuro en el que, como toda ley, debe ir amoldándose a los momentos sociales y económicos y a las demandas de la ciudadanía.

Para aquellos que estamos verdaderamente comprometidos con la mejora educativa, formativa y cultural del pueblo canario esta, como decía, es una buena ley. Seguramente para los que vieron en la iniciativa legislativa popular una oportunidad para desgastar a un gobierno no lo sea; o también para otros que no creen de verdad en este principio que defendía, ese principio que muchos hemos defendido desde el aula, en las instituciones municipales y ahora en este Parlamento. Un principio que se basa en el hecho de que la educación es clave para el avance social, económico y cultural de esta tierra. Puede que para quienes no crean en este principio esta ley o no sirva o sea insuficiente.

Quiero también, además, dedicar algo de mi tiempo a una serie de agradecimientos. Primero, a sus verdaderos impulsores, a los padres y las madres, al profesorado, a los sindicatos, a las corporaciones locales, a los ayuntamientos, que tuvimos una actividad intensa en la recogida de firmas y en la promoción de esta ley; también a las organizaciones civiles, que le han dado vida a la iniciativa popular. Sin ellos, créanme, esta ley hoy no sería posible.

Pero yo creo que todos los promotores de esta iniciativa saben, sabemos, que esta no sería una buena ley si no recoge las visiones, las sensibilidades, las propuestas y las demandas del resto de la sociedad canaria, representada en otras instituciones y que nosotros hemos tenido la obligación como diputados de recoger. Por eso quiero darle las gracias, en segundo lugar, al Consejo Escolar de Canarias, máximo órgano de participación y representación de la comunidad educativa canaria. El consejo, como todos saben, ha elaborado recientemente, con el consenso, con el concurso de toda la sociedad canaria ahí representada -sindicatos, profesores, padres, empresarios, organizaciones de toda índole, profesorado de reconocido prestigio-, ha elaborado recientemente un documento llamado Pacto Canario por la Educación, y este pacto quiero compartir con ustedes, que sepan que está incluido en esta ley. De hecho, los principios rectores que alumbran esta iniciativa legislativa así lo recogen.

Pero también quiero hacer una mención especial a las más de 54 instituciones que durante esta legislatura han pasado por este Parlamento: cabildos, ayuntamientos, diferentes departamentos del Gobierno, que inciden de manera directa e indirecta en el hecho educativo, ONG, confederaciones de empresarios, universidades, expertos internacionales, expertos estatales, expertos canarios y un largo etcétera. Todos ellos pusieron su saber, su experiencia, al servicio de la comunidad canaria, con el afán sincero de contribuir en la mejora del sistema educativo canario. Que sepan todos ellos -porque algunos hoy nos acompañan, como el señor Balbuena- que su trabajo no ha sido en balde, que sus aportaciones no han quedado solo relegadas a la historia a través del boletín de este Parlamento, sino que están presentes en todo el espíritu de este marco normativo.

Nosotros, los diputados, hemos hecho el trabajo que nos han mandatado. Hemos dado orden, hemos establecido un formato legislativo y hemos intentado ser, en todo momento -hablo por mí, pero creo que también por mis compañeros-, fieles a ese mandato que nos han enviado.

No puedo evitar también darle un especial agradecimiento a mis compañeros, tanto a doña Rita Gómez, diputada del Partido Socialista, por su tesón, por su empeño, por su compromiso con la escuela canaria, y quiero darle un reconocimiento y además unas gracias especiales; como también a don Nicolás Gutiérrez, yo estoy convencida de que sin su presencia, sin su trabajo, esta ley hubiese sido mucho más difícil de configurar. Por eso les doy, sinceramente, las gracias.

Hay quienes se puedan preguntar si es necesario que Canarias tenga una ley educativa, y yo siempre respondo con la misma pregunta: ¿ha sido necesaria una ley canaria en sanidad?, ¿ha sido necesaria una ley canaria en servicios sociales?, y un largo etcétera de normas que han venido a regular, sin duda, aspectos importantes de la vida pública canaria, y creo que todos contestaremos de manera afirmativa. Parece, por tanto, razonable, ante el hecho tan repetido de que la educación es un pilar fundamental en el desarrollo social, cultural y económico de cualquier sociedad democrática y también en su papel estratégico, que esa importancia que le damos en los discursos y en los posicionamientos se vea hoy traducida en una ley que la ordene y la regule.

El origen de la historia educativa de nuestra tierra nos ha colocado siempre en una posición de absoluta desventaja con respecto a otros territorios y por supuesto con respecto a Europa. Mientras en otros territorios del norte como el País Vasco trabajaban intensamente, allá por los 80 y los 90, para avanzar en la calidad educativa, aquí, en Canarias, construíamos escuelas e intentábamos generalizar la educación de todos los niños y las niñas. Esa realidad histórica no es, diríamos, secundaria y ha generado un contexto en el que nuestros indicadores educativos y culturales siempre han estado por debajo del resto, con una clara influencia en la acción educativa y en nuestras aulas. Esto es reconocido por todos aquellos que trabajan día a día en la educación. Todos los educadores sabemos que los niños y las niñas que proceden de contextos más favorecidos, con más acceso a la cultura y a la formación, tienen mejores condiciones para superar las dificultades cuando las tienen.

Por tanto, garantizar una educación de calidad, entendida como aquella que nos enseña a pensar, a ser críticos y reflexivos con el mundo que nos rodea, que nos ayuda a ser más justos y solidarios, que favorece una convivencia pacífica, a ser más libres y felices, esa es una educación, la única que nosotros entendemos, que nos va a permitir construir un proyecto de sociedad para Canarias. Un proyecto de sociedad canaria que entiendo es tan necesario, y ese debe ser nuestro gran desafío.

Tengo que recordar -estoy obligada a hacerlo- que, ante otras legislaturas donde la educación estuvo envuelta en conflictos continuos, además de en recortes permanentes, en los últimos años se han dado condiciones objetivas que nos han permitido un alto consenso social y político en torno a la necesidad de mejorar el sistema educativo. Esos consensos a los que me refería antes cuando mencionaba el Pacto Canario por la Educación o el dictamen unánime de este Parlamento.

Por tanto, entiendo que hay razones sobradas para tener un marco legislativo propio que adapte el sistema educativo a nuestra compleja realidad, a nuestras singularidades tanto territoriales como económicas, sociales y culturales. Esta será una ley que aporte elementos necesarios para abordar el reto de alcanzar el éxito escolar para todos y todas, en un territorio azotado por múltiples dificultades, por el desempleo, por la pobreza y la exclusión. Son, sin duda, dos de las caras o las caras más amargas de nuestra realidad.

Los retos que tiene la educación pública canaria no son pocos: reducir el absentismo, el fracaso, el abandono escolar, elevar la formación de toda nuestra población, mejorando sustancialmente las tasas de titulación en las diferentes etapas, así como adaptar la escuela de hoy a las demandas de la sociedad del siglo XXI. Creo que las instituciones canarias no pueden contribuir a frustrar la demanda mayoritaria de nuestra sociedad, que aspira a ese gran acuerdo en el marco educativo, en la definición de prioridades, en la concreción de estrategias eficaces pero compartidas y en la implementación de recursos indispensables para mejorar este servicio público fundamental.

El gran desafío de la escuela pública canaria, asumiendo que no es la única responsable de garantizar la equidad social, es superar el determinismo social en los resultados y en los aprendizajes. Esta visión de la educación donde la equidad ocupa un lugar relevante entiendo que es un elemento que queda sustancialmente recogido en esta ley.

Muchos nos hemos temido, nos tememos -y el otro día en el dictamen se hizo evidente-, que el Partido Popular canario volverá a exhibir su soledad social y su soledad parlamentaria, al igual que lo hizo en la aprobación unilateral de la Lomce, con su voto hoy en contra, como así lo hizo en el dictamen a esta ley. Yo quiero tener un discurso positivo, pero hay dos cuestiones que el Partido Popular ha alegado en torno a su voto en contra de esta ley que no puedo ignorar. Primero, ha llegado a decir que no habíamos respetado el espíritu de la ILP. Yo tengo que decir que eso es absolutamente incierto. Tengo, además, que recordar hoy aquí que yo tuve el honor de ser proponente de esta iniciativa en mi condición de concejala y he hecho un esfuerzo monumental para que el espíritu de la iniciativa legislativa esté ampliamente recogido en esta ley, y le reto al Partido Popular a que diga qué aspectos de la iniciativa no están hoy recogidos. Yo diría incluso que esta es una ley que ha ido mucho más allá de los objetivos que nos planteamos como iniciativa legislativa popular. Y no puede el Partido Popular hablar de participación. Un Partido Popular que ha aprobado una ley estatal en la soledad más absoluta. Ya he hecho yo un relato aquí del nivel, del altísimo nivel, de participación y de sensibilidades que quedan recogidas en esta ley y que, por tanto, no voy a volver a mencionar.

Se me acaba el tiempo, para hablar de lo que ha sido nuestra apuesta en esta ley para mejorarla. Hemos hecho una apuesta decidida por la calidad, poniendo en valor que la calidad conlleva excelencia y equidad, y que no son términos opuestos, que se puede trabajar por una escuela que favorezca la equidad pero también se puede trabajar por una escuela que favorezca la excelencia. El alto nivel de participación, como había dicho, y la apuesta por una educación en donde la cultura democrática esté presente en todos sus órganos.

Desde nuestro grupo, desde Nueva Canarias, hemos hecho una serie de enmiendas, once en concreto, que han quedado recogidas en el texto definitivo. Y, como no tengo tiempo, pondré en valor la que para nosotros resulta de mayor nivel de impacto en lo que es la mejora educativa canaria. Hemos apostado por una escuela inclusiva en Canarias, una escuela que incluya a todos y a todas; una escuela en la que la diversidad del alumnado no sea observada como una dificultad sino como una oportunidad y como una característica de una sociedad plural y diversa. Una escuela inclusiva que hemos creído que se puede defender más y mejor desde la óptica de desarrollar un plan estratégico para la atención a la diversidad en Canarias. Un plan que recoge una apuesta definitiva, firme, por, en primer lugar, la educación de cero a tres años, la mejora formativa del profesorado y la dotación de los recursos necesarios a la escuela canaria, del personal necesario para atender a esa diversidad. Y ahí ocupan un papel fundamental los orientadores en los centros educativos, los profesionales de apoyo, los expertos en pedagogía terapéutica, los educadores sociales, la presencia de los profesionales del ámbito de lo social en la escuela canaria...

El señor PRESIDENTE: Dos minutos para terminar, doña Carmen.

Sí, puede continuar.

La señora HERNÁNDEZ JORGE: Gracias, señor presidente.

La presencia del personal, de los profesionales del ámbito social, como vía para mejorar o para superar ese determinismo social del que hablaba.

También hemos hecho una apuesta en nuestras enmiendas por el plurilingüismo, apostar para que la escuela canaria sea una escuela bilingüe, y también por los contenidos canarios, para que de verdad nuestros niños y niñas conozcan esa rica cultura, ese patrimonio cultural inmenso que tiene esta tierra.

Acabo diciendo, además, que es una ley que garantiza una financiación, en un horizonte 2020, del 5% del producto interior bruto. Para aquellos que hemos estado tres años diciendo, por activa y por pasiva, que no podía ser que esta tierra invirtiera en educación el 3,2-3,3, depende del año, de su riqueza, el 3,4, es un gran logro que nos comprometamos todos los que legislamos y los que tendremos que aprobar futuros presupuestos en un horizonte presupuestario del 5%, que nos sitúa además, como mandataba la ILP, nos sitúa en la media de inversión de la Unión Europea.

Y además es una ley que reconoce el valor del docente, en todos sus ámbitos, hasta el punto de que incluye un plan para este reconocimiento, pero además es una ley que aborda ese reto que es la mejora retributiva.

Estoy convencida, señoras y señores, de que esta ley contribuirá a cohesionarnos como pueblo y avanzar en la construcción de ese país canario que muchos y muchas anhelamos; de un pueblo con garantías de progreso económico, social y cultural, de un pueblo que asuma los retos que hoy y mañana nos quedan por delante. Y esta es nuestra tarea, nuestro desafío y nuestro compromiso con la sociedad canaria.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Carmen Hernández.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña Rita Isabel Gómez Castro.

La señora GÓMEZ CASTRO: Buenos días a todos y a todas.

Hoy, en esta mañana, este 8 de julio, ve la luz, en este Parlamento, una reivindicación de Canarias, de toda la sociedad canaria, y una reivindicación también de los socialistas canarios, que durante muchos años hemos defendido y hemos trabajado por que esta comunidad contara con una ley canaria de educación, por un modelo educativo en Canarias plasmado en singularidades, en sus singularidades. Por lo tanto, vamos a aprobar hoy una ley que no lleva el sello absolutamente de nadie, sino que es una ley de todos, de todos los que creemos en la educación como prioridad para el desarrollo y no de aquellos que no consideran la educación necesaria, una ley necesaria, fundamental, en esta comunidad autónoma.

La realidad presente y el futuro nos ha obligado, y nos exige, a un esfuerzo mayor, a un esfuerzo real para dotarnos de un sistema que dé respuesta a los cambios permanentes. Algo que solo es posible en un marco legal estable y asumido por todos y que solo una ley como la que vamos a aprobar ahora, la Ley Canaria de Educación, puede proporcionar. La primera ley canaria de educación tras más de treinta años de autonomía y después de que en el año 83 asumiera esta comunidad las transferencias de los servicios educativos. Tiempo más que suficiente -creemos los socialistas- para que este Parlamento le diera respuesta a la sociedad canaria. Le dé respuesta, como le está dando en esta mañana, con una ley cuyo objetivo último es el éxito educativo de los canarios y canarias. Un éxito que va más allá del estrictamente académico y para el que Canarias ha de emplear a fondo todas sus potencialidades y poner sobre la mesa todos sus esfuerzos.

No sé, siento a veces un poco de pudor al tildar este día como histórico, porque es un término muy manido y muchas veces se suele utilizar para hechos que no son realmente importantes y significativos, pero sí creo que este día va a tener, va a significar un antes y un después y por lo menos este día sí es emocionante. Para mí es muy emocionante personalmente y para los socialistas canarios también lo es. Es un día emocionante porque, por primera vez, Canarias va a contar con una ley de educación y porque, por primera vez, vamos a ser valientes con esta ley y vamos a situar ya, fuera de los discursos pero sí en la realidad, a la educación como una prioridad.

Por eso, porque yo creo que es un día importante, nos acompaña esta tribuna tan repleta de gente que ama, que valora y que trabaja por la educación. Está la presidenta del Consejo Escolar de Canarias y miembros del Consejo Escolar de Canarias. Veo a un joven, el representante de Udeca; veo a sindicatos, distintos sindicatos que nos acompañan, a federaciones y a asociaciones de padres; veo a la Consejería de Educación, dirigida, en la tribuna, no en el escaño, por su viceconsejera, Manuela Armas, y veo a exconsejeros de Educación. Todos ellos, absolutamente todos ellos, han trabajado por ir avanzando en la educación. Tenemos al primer consejero de Educación de esta comunidad autónoma, Luis Balbuena, al que quiero felicitarle una vez más por su trabajo y agradecerle todo lo que hizo en el momento de asumir las transferencias de los servicios educativos. Y, por tanto, también -no se me podía quedar- a la comisión promotora.

Hoy es un día importante, no solamente por la prioridad, educación, sino porque la Ley Canaria de Educación parte de la iniciativa popular. Esta ley, en ponencia, la hemos trabajado de manera intensiva por los grupos parlamentarios. Más de cinco meses, más de cinco meses, seis meses, se ha iniciado el trámite parlamentario, y hemos trabajado y hemos llegado a los acuerdos necesarios, que no nos costó llegar a acuerdos, porque todos defendíamos y perseguíamos el mismo objetivo.

La Ley Canaria de Educación debe ser entendida como la consolidación de un modelo educativo, el canario, como una manera de entender la educación desde sus singularidades y adaptada a las características de Canarias y su territorio. Tres singularidades que quedan claras en la exposición de motivos de esta ley: la de la fragmentación de su territorio, nos obliga a dar una respuesta diferenciada a cada isla de este territorio; las condiciones sociales y económicas, que nos obligan a acciones positivas para superar los efectos negativos de la desigualdad; y la historia y cultura de nuestro pueblo, el pueblo canario, que se siente cercano a tres continentes, obligándonos por ello a considerar la integración social, cultural y educativa como una seña de identidad.

Esta ley, la Ley Canaria de Educación, responde, asimismo, a la convicción compartida por muchos, por muchos que situamos y defendemos la educación, no por aquellos que no defienden la educación y consideran la política como un juego exento de responsabilidad y de seriedad; la Ley Canaria de Educación, responde, como decía, a esa convicción compartida por muchos de que para el desarrollo y el porvenir personal, para el futuro de Canarias, es imprescindible, absolutamente imprescindible, un compromiso firme y estable para la educación; y una convicción que se fundamenta en tres premisas: la participación, el consenso y que se dé respuesta y solución a los problemas que siempre ha tenido históricamente nuestro sistema educativo.

Ha sido una norma altamente participada, no solamente por las 36.000 firmas registradas en este Parlamento sino participada también en la comisión de estudio de este Parlamento, en el dictamen de conclusiones aprobado por unanimidad por las cuatro fuerzas políticas de esta Cámara y en la que intervinieron más de 54 comparecientes. Ha sido participada también en el acuerdo del Consejo Escolar de Canarias. Un acuerdo social, un acuerdo político y un acuerdo institucional; y ha sido participada en el último tramo de esta ponencia, de este trámite parlamentario, por todas aquellas aportaciones que nos han hecho llegar a los grupos parlamentarios sindicatos, asociaciones de padres y el propio Consejo Escolar, que nos han hecho llegar, y los grupos parlamentarios que hemos presentado enmiendas las hemos asumido. Por lo tanto, participada al cien por cien sin ningún tipo de duda ni fisura.

Consensuada, ha sido consensuada. En esta legislatura se ha trabajado desde el acuerdo y desde el consenso. Hay unos que, porque tocaba el guión, se han descolgado al final. Se repite la historia del Pacto Social por la Educación de Gabilondo, que su guión les obligaba a descolgarse al final. Y va a dar solución, va a dar solución a los problemas, a los retos que tiene la educación en Canarias.

La ley, por tanto, es el último punto de estos años de esta legislatura. Es el último punto que mandata todas aquellas conclusiones, todas aquellas líneas estratégicas que en el año 2012 y en el año 2013 se acordaron por toda la comunidad educativa canaria. Nace, por tanto, la ley de la voluntad de la sociedad canaria de alcanzar un ordenamiento del sistema educativo que, en lo principal y en lo esencial, hemos tenido la suficiente responsabilidad de dejarlo fuera del debate político. Una ley que hay que recordar que nace de abajo, de una iniciativa popular del año 2010, y que el Parlamento de Canarias asumió, hizo suyo ese reto social de esas 36.000 firmas, de asumir la educación como piedra angular de un cambio estructural para el progreso de nuestra sociedad, ese reto de prestar especial atención al conocimiento, a la formación y la educación como determinantes del progreso y del bienestar social.

Y en este punto nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, quiere agradecer y felicitar a la Comisión Promotora por una Ley Canaria de Educación, por habernos hecho a los grupos parlamentarios ponernos las pilas, por habernos encendido la luz de mirar y de tener claro que hay que cambiar algunas cosas y volver la mirada a lo importante, y lo importante es la educación.

Siendo fieles, absolutamente fieles a los principios y a los puntos de la iniciativa popular, el Grupo Parlamentario Socialista, junto con el Grupo Nacionalista, le hemos dado estructura de ley. Había que darle una estructura de ley a esos principios, a esas actuaciones, a esas líneas que pedía la comisión promotora por una ley. Por lo tanto, tenemos la filosofía, los principios, los valores de la ILP ya en un formato, en un cuerpo de ley.

Y una ley que -aquí está la última premisa, la de solucionar- materializa políticas, medidas, programas, proyectos, para alcanzar los grandes objetivos europeos y estatales, como son la reducción del abandono escolar, alcanzar el éxito escolar y mejorar nuestras tasas de titulación; que materializa acciones para avanzar en el plurilingüismo, en la formación profesional, en la evaluación de nuestro sistema, en la educación infantil, en las tecnologías de la información y la comunicación, en la corresponsabilidad y cooperación institucional, en el reconocimiento de las escuelas unitarias, en la diversidad, en la educación permanente, en el papel también de los medios de comunicación; que materializa, en definitiva, un amplio número de compromisos para el futuro de la política educativa canaria.

Una ley -ya concluyendo- cuya finalidad es la de un sistema educativo de calidad, plural, democrático -hay algunos a los que se les ponen los pelos de punta cuando utilizamos "sistema educativo democrático"-, participativo en y para Canarias, compensador de desigualdades e integrador de la diversidad. Una ley cuyos valores son la equidad y la calidad para intentar llegar a todos en las mismas condiciones y con la máxima calidad posible, que incorpora las mejores disposiciones legislativas europeas, estatales y autonómicas y actualiza la normativa de carácter propio, y asegura un sistema educativo estable, apoyado en un consenso social y sostenible desde el punto de vista financiero. En todos estos acuerdos subyace la necesidad de unir la consecución de objetivos canarios, una mayor implicación de la sociedad, un creciente esfuerzo inversor por parte de la Administración y la activa participación y compromiso de los docentes, pieza clave en el éxito educativo y que esta ley reconoce y dignifica. No es coherente ni posible recabar buenos resultados con menos recursos. Estamos ante una inversión a largo plazo y la ley fija la voluntad política para la inversión en educación, fija el compromiso de que somos conscientes de que el fracaso y la falta de formación sí que tienen un elevado coste social y económico.

La educación es un bien público. No es ni del anterior Gobierno ni de este ni del próximo Gobierno, es de toda la sociedad. Y es en épocas de crisis como esta cuando estamos obligados a preservar las prioridades, y la educación es una prioridad. En poco tiempo ha habido voluntad colectiva y ha habido voluntades individuales, gracias a los compañeros portavoces de educación con los que hemos trabajado en esta legislatura, para acordar la mejora de la educación. Hemos sumado esfuerzos, hemos restado muchísimas desconfianzas, hemos compartido responsabilidades. Y sumando esfuerzos, restando desconfianzas y compartiendo responsabilidades hemos llegado aquí: a ser coherentes entre el discurso y la acción, a pasar de la política de los discursos a la política de los hechos, a generar confianza, motivación y credibilidad.

Este Parlamento hoy también da un paso más cercano a la ciudadanía, por dos hechos: porque esta ley nace de una iniciativa popular; y cuando las fuerzas políticas queremos hacemos nuestra la voluntad de la sociedad. Hoy aquí, en este Parlamento, las tres fuerzas políticas que en comisión apoyamos el dictamen y apoyamos esta Ley Canaria de Educación hemos asumido la voluntad de la sociedad canaria. Por lo tanto, hoy no hemos definido solo cómo será el futuro de la escuela, hoy hemos definido entre todos cómo será la sociedad canaria del futuro. Creo que es un hecho que nos tiene que satisfacer a todos los canarios, a todo este Parlamento, por lo menos a mí me satisface enormemente, y como me satisface le doy las gracias a toda la comunidad educativa canaria, con la que he trabajado codo con codo y mano a mano para lograr que la educación hoy sea el centro de la agenda política en esta comunidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Rita Gómez Castro.

Por el Grupo Nacionalista Canario, don Nicolás Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ ORAMAS: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Y especialmente buenos días a las personas, a los invitados, que nos acompañan. A los promotores de la iniciativa popular, quisiera nombrar, no sé si están todos, a Alicia, a Enrique y a Pablo; a los representantes del Consejo Escolar, a doña Dolores Berriel, a don Francisco Viñas y al resto de miembros del Consejo Escolar; a las organizaciones sindicales que nos acompañan y organizaciones de estudiantes; a los representantes de padres y madres de alumnos y especialmente también a los exconsejeros de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias: a don Luis Balbuena, a don Juan Manuel García Ramos, a don Isaac Godoy -gracias, amigo- y a don José Miguel Ruano, diputado y compañero en estos quehaceres; y también a todos los representantes de la comunidad educativa. Su presencia aquí hoy nos habla de la relevancia e importancia que tiene este hecho histórico para nuestro pueblo, para nuestro país canario.

Destacar que no puede estar aquí, como nos ha comunicado, la consejera Milagros Luis Brito y don José Mendoza; y un recuerdo especial también para don Enrique Fernández Caldas, fallecido.

Bien. En primer lugar, señorías, quisiera reconocer la labor desarrollada por los promotores de esta iniciativa de ley popular y también de cada uno de los que la apoyaron con su firma. No podemos infravalorar la aportación de 36.070 firmas que, una vez depuradas por los servicios jurídicos y aprobadas por la junta de control, quedaron en 29.376 firmas, cantidad muy superior a la necesaria para su presentación. Estos datos nos indican la importancia de la participación. Desde el Grupo Nacionalista Canario valoramos que en estos momentos, donde se pone en duda la participación de la sociedad en aquellos temas que afectan directamente a los servicios básicos, léase sanidad, servicios sociales y educación, hayan sido ustedes capaces de ponerse manos a la obra y poner en marcha esta iniciativa ciudadana. Ahora que tan importante es la participación de todos y todas en defensa del Estado del bienestar, que tanto trabajo nos ha costado conseguir.

Señorías, señores invitados, no nos confundamos, que no nos confundan, porque no es justificable que se aproveche esta crisis para debilitar derechos esenciales de los ciudadanos, como se está produciendo en estos momentos con los continuos recortes que se están imponiendo desde el Gobierno del Partido Popular. No se pueden estar imponiendo estos recortes y pensar que no van a afectar a la calidad de la prestación de los servicios.

Hoy asumimos aquí, en este Parlamento, con valentía un reto importante por parte de los grupos parlamentarios, en el que mandatamos al Gobierno a que en los próximos ocho años se suba la inversión en educación al 5% del producto interior bruto. Señorías, debatimos hoy en este Parlamento la Ley Canaria de Educación no Universitaria, una iniciativa que emana de aquella proposición de ley de iniciativa popular, como he señalado anteriormente, y que comenzó a andar el viernes 9 de julio de 2010 con la entrada en el registro general de este Parlamento.

No ha sido un camino sencillo hasta llegar al momento en el que nos encontramos hoy. El primer rechazo del Gobierno a su tramitación nos dejó a todos un amargo sabor de boca y más que nadie a ustedes, a los promotores de esta iniciativa, y también a los firmantes de la misma, pero también a nosotros, los representantes de los grupos parlamentarios en esta Cámara. Ustedes nos hicieron llegar el malestar a través de distintos medios, así como a otras instituciones que se manifestaron en contra de la negativa a su tramitación, y pongo por ejemplo la moción que se presentó en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, entre otros. El Grupo Nacionalista Canario quiere agradecer al Gobierno que, con fecha 11 de octubre de 2012, tomara el acuerdo de examinar nuevamente el informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto para dar su conformidad a la tramitación.

Influyó positivamente... y así se indica en la certificación remitida a este Parlamento, y leo textualmente: "teniendo en cuenta, además, el interés que socialmente ha suscitado la mencionada iniciativa, no menor al expresado por los distintos grupos parlamentarios". Entre esos grupos estaba, como no podía ser de otra forma, el Grupo Nacionalista.

Señorías, en las últimas cuatro décadas, la educación en Canarias ha pasado de ser un privilegio a un derecho universal de todos los canarios y las canarias, pese a que a alguien le pese. No podemos olvidar el retraso con el que España llegó a Europa, por culpa de aquellos que impusieron un régimen dictatorial ante el legalmente constituido. Retraso que influyó negativamente en nuestra sociedad. Los niveles de analfabetismo, unidos al alto grado de subdesarrollo que sufrió Canarias durante décadas, han ocasionado que el punto de partida en la formación de la población canaria estuviera por debajo de la media del Estado, y no digamos nada de la media de los países europeos. Los avances de la educación en Canarias tienen su punto de partida en el traspaso de las competencias educativas a nuestra comunidad educativa. Todos los anteriores gobiernos han colaborado para que ello, para que este avance, sea posible. Hoy tenemos aquí el orgullo de tener prácticamente a todos los consejeros que han luchado para que nosotros estemos donde estamos en este momento.

Aunque algunos no lo quieran aceptar, no podemos negar los avances producidos durante estos últimos años: en infraestructuras -los que llevamos muchos años en esto recordamos cuando en algunos sitios se daba clase en campos de lucha y en garajes-, en la formación del profesorado, en la ampliación y la universalización de lo que es la enseñanza, en las redes de centros, cuando existían las residencias escolares y necesitábamos alojar allí a aquellos alumnos que no tenían el resto de centros en sus lugares de residencia. Señorías, los que llevamos muchos años trabajando en esto hemos sido testigos de estos cambios, pero también hemos sido testigos de los muchos avances que se han producido.

Nos acusaba el PP en la Comisión de Educación el pasado viernes de haber pasado por arriba de la ILP, destrozando su articulado y el espíritu de la propuesta presentada por la promotora. Cosa totalmente incierta, y ellos lo saben. Hablaban de que hemos cambiado la exposición de motivos, que nos cargamos el articulado y que hemos descafeinado la propuesta. Como bien ha sido comentado, la ILP no tenía una estructura de ley, una exposición de motivos y seis artículos, siendo el quinto el de mayor desarrollo, con 29 medidas orientadas a lograr el desarrollo de la equidad, la eficiencia, la eficacia y la calidad. Con estos mimbres, la promotora nos proponía que el Parlamento aprobase un conjunto de mejoras que incidan en lo señalado con anterioridad: la equidad, la calidad, la eficiencia y la eficacia.

Partiendo de esta propuesta, hemos venido trabajando los grupos que apoyamos al Gobierno con las propuestas y la colaboración del Grupo Mixto. Teníamos dos posibilidades de trabajo en ese momento. Una era presentar una enmienda a la totalidad a la ILP, con lo que la propuesta hubiese sido del Partido Socialista y del Partido Nacionalista, teniendo, eso sí, como base el texto de la ILP. La segunda opción era la de trabajar enmiendas conjuntamente y que se encajaran dentro de la propuesta de la promotora, con el fin de que esta fuese la protagonista real de esta ley. Esta última opción, a pesar de ser la más complicada y en coordinación con los letrados del Parlamento, es la que, entendíamos, daba más libertad al resto de los grupos para que presentaran enmiendas a esta ILP y a su articulado, cuestión no fácil, como he señalado anteriormente.

Nuestra propuesta de enmiendas ha convertido las aportaciones de la promotora en un documento estructurado. Nace, nace, por lo tanto, esta proposición de Ley Canaria de Educación no Universitaria que hoy debatimos.

Hemos contado con la colaboración y aportaciones, a través de enmiendas, del Grupo Mixto, pero no del Partido Popular, que una vez más se queda solo, aislado, a pesar de haber tenido la posibilidad de presentar al menos un documento alternativo para el debate. Sentimos que hayan desaprovechado la oportunidad de participar en lugar de criticar.

Quiero destacar aquí en este momento el trabajo que hemos desarrollado los grupos que hemos apoyado esta Ley Canaria de Educación. Me ha tocado una tarea muy difícil, muy complicada, igual que a mis compañeras, estoy convencido de que así también les ha pasado, pero especialmente a mí, trabajar con Rita, trabajar con Carmen, que no me permitían ni un respiro siquiera para poder sacar la ley en el tiempo en que teníamos previsto y queríamos que saliera, es bastante complicado, pero tengo que decirles que gracias. Me decía, señora Oñate: es que ustedes a lo mejor -en la comisión-, ustedes a lo mejor se alegran de haberse conocido. Yo tengo que decirles que sí, que me alegro, no solo de haberlas conocido sino de haber trabajado con ustedes.

Con honestidad, creo que en la ley se recogen y reconocen acciones puestas en marcha para su defensa, pero también se han reflejado documentos de mucha importancia, entre los que quiero destacar el dictamen de la subcomisión creada en el seno de este Parlamento para estudiar la situación de las islas, con más de 50 participantes; el documento base del Consejo Escolar para un Pacto por la Educación. El Consejo Escolar saben ustedes que representa, están representados todos los miembros de las comunidades educativas y otros representantes. También hemos aportado o tenido en cuenta el informe que el Consejo Escolar de Canarias realizó sobre la ILP. También otras aportaciones realizadas por distintos sectores, como sindicatos o asociaciones profesionales. Y también hemos trabajado mucho con distintas leyes del Estado: la ley andaluza, la ley de Extremadura, la catalana y la vasca.

Por lo tanto, señorías, señoras y señores invitados, invitadas, que no nos engañen, no nos engañemos: que nadie se arrogue la autoría de esta ley. Esta no es la ley del Gobierno de Canarias, esta no es la ley del consejero de Educación, esta no es la ley de don José Miguel Pérez, como se señala aquí. Wert impone la ley: aquí no se impone nada.

Esta no es la ley de ningún partido político: ni del PSOE ni del Mixto ni de Coalición Canaria. Ni siquiera es la ley de los grupos parlamentarios que la hemos estado trabajando. Esta es la ley de todas y todos los canarios, de los que han colaborado trabajando y aportando algo para que lleguemos a este día en el que Canarias contará con una Ley Canaria de Educación no Universitaria.

Señalaba la señora Oñate en la última comisión que yo les había faltado al respeto, a ella y a su Partido Popular, diciéndoles que eran unos gandules y que no habían trabajado. He analizado minuciosamente y he oído la grabación de esa comisión, y tengo que decirle lo que le dije en aquel momento: ni le he faltado al respeto a usted ni le he faltado a su grupo. No suelo faltar al respeto, ni en la actividad política ni en la actividad particular, pero, como la boca es una escopeta, digo: "voy a oírla, porque puede ser que me haya, en el fragor de la... eso, me haya entusiasmado y le haya dicho algo que no es". Señora Oñate, si usted lo ha oído, sepa que no le falté al respeto, ni a usted ni a su grupo.

Finaliza hoy, señorías, un trámite parlamentario que culminará con la publicación y comienza una nueva etapa en la que esperamos avanzar hacia un nuevo modelo, más sostenible, poniendo especial atención en el conocimiento, la formación y la educación, como factores determinantes del progreso y bienestar social, con el objetivo fijado por Europa 20, de mejorar los resultados de éxito escolar y reducir el abandono escolar.

Señorías, estoy en esta tribuna como si fuese el primer día, con nervios. Se me habrá notado un poco, pero creo que la situación así lo merece. Creo que es una situación, los que llevamos trabajando muchísimos años en esto de la educación y que ya hemos llegado a la edad de la jubilación, como ustedes bien saben, creo que es un orgullo que hoy podamos, este Parlamento, si fuese posible con el apoyo de todos los grupos y, si no, con la aportación y el voto favorable de tres grupos: el Grupo Nacionalista, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Mixto.

Muchas gracias a todos y enhorabuena a todos, y a todos los canarios, por esta ley.

(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Nicolás Gutiérrez.

Doña María Isabel Oñate, por el Grupo Parlamentario Popular.

La señora OÑATE MUÑOZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bienvenidos a todos los invitados que han venido hoy a presenciar esta sesión.

El Grupo Parlamentario Popular quiere dejar bien claro desde el principio nuestro apoyo a la iniciativa legislativa popular y a las ideas que en ella se recogen. Compartimos su contenido original y compartimos sobre todo la preocupación ciudadana que inspira esta actuación de nuestra sociedad civil. Ciudadanos que ya en el año 2010 manifestaron su preocupación por la situación de la educación en Canarias, ciudadanos que hoy contemplan atónitos cómo las cosas no han hecho más que empeorar.

35.000 firmas son muchas firmas y merecen un trato mejor que el recibido por parte del Partido Socialista y Coalición Canaria en esta Cámara. Quiero dejar bien claro que respetamos esas firmas y respaldamos sus propuestas originales. Por esta razón precisamente vamos a votar en contra del texto que nos propone el Partido Socialista y que secunda inexplicablemente Coalición Canaria, porque a nuestro modo no cumple con lo solicitado por la iniciativa popular. Es más, la propuesta de los grupos que apoyan al Gobierno pervierte la esencia misma de la participación ciudadana en el proceso legislativo, al utilizar el recurso de la enmienda para sustituir por completo el texto de la iniciativa popular, imponiendo de rondón un texto sectario que solo representa lo más caduco del socialismo español.

Recordemos el recorrido de esta iniciativa: se presentó en el año 2010 apoyada por 35.000 firmas; primero rechazaron su admisión a trámite, luego cambiaron de estrategia al ver la presión popular y, por último, han pegado el cambiazo. Lamentablemente, lo que hoy se trae a este pleno no es una proposición de ley de iniciativa popular; lo que hoy se quiere imponer es un fraude, un fraude consumado, de mala manera y a última hora. Lo que no han hecho en tres años lo han querido zanjar en tres semanas. Han esperado ustedes el tiempo de descuento para intentar ganar el partido y, cuando se han visto agobiados, han cogido el balón con la mano, cambiando caprichosamente las reglas del juego.

No es cierto que lleven ustedes tres años trabajando esta ley, llevan tres años intentando quitársela de encima. Estamos ante un ejercicio de cinismo como nunca se ha visto en esta Cámara: aprovechar una iniciativa popular para imponer, con prisas y sin consenso, el viejo modelo educativo socialista, que nos ha llevado al más absoluto fracaso.

Lo que hoy traen a esta Cámara no es la iniciativa popular, no se engañen, lo que se trae a la Cámara es un fraude de ley. Esta ley la presentan como un desarrollo de la iniciativa popular después de haber cambiado el título, haber sustituido la exposición de motivos por la suya, haber sustituido los artículos 1, 2 y 3 por un título preliminar y haber suprimido el artículo 4, sustituido el artículo 5 y sustituido el artículo 6. Así, de la exposición de motivos y de los seis artículos propuestos en el texto original no dejan nada en pie y, como coartada, dicen contar con el apoyo del Consejo Escolar de Canarias, cuya presidenta reconoció en sede parlamentaria el pasado viernes que no había leído esta ley.

La iniciativa popular parte de un diagnóstico de la realidad educativa -tasas de abandono, idoneidad, tasas de población que se gradúa, porcentaje de titulaciones, etcétera- y nos muestra las debilidades del sistema y nos hace propuestas para que la formación sea integral; marca objetivos de bienestar social y libertades individuales; nos pide mejorar nuestras fortalezas y que todo ello se haga con la máxima participación de todos los sectores y de la comunidad educativa. Pero ¿dónde está esta participación?, si han dejado a la mitad el Pacto por la Educación, si hace dos años escucharon a 50 personas representativas y no les han vuelto a decir nada más, ni siquiera les han enseñado el texto que iban a sacar. Les dejaron en su primera iniciativa y no han vuelto a contar con ellos. ¿Dónde está la iniciativa de la participación que nos dice la iniciativa popular?, ¿dónde está? ¡Si aquí se ha intentado correr en dos semanas y meter aquí una ley sin tener debates ni con los profesores ni con los alumnos ni con nadie! ¿De qué están hablando?

Nos marca, la iniciativa nos marca promover la inclusión social y el empleo. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra "empleo" en esta ley educativa? Una, una, en la línea de la formación profesional. Evitan la palabra "empleo". Hablan de procesos laborales, entornos laborales, el empleo lo borran; es decir, los alumnos están estudiando para nada, para acabar en la nada, porque el empleo no lo asocian a la formación, no lo quieren asociar. Eso les parece que es muy conservador, quizás, pero sí hablan de proyectos de vida, proyectos de vida sociales, proyectos de vida individuales. ¿Dónde acaban los proyectos de vida, señores? ¿Es que un proyecto de vida se puede mantener sin tener el pan de cada día? A eso ustedes no le dan importancia.

También nos habla la iniciativa de la cultura del trabajo, del esfuerzo, de la exigencia y de la competitividad. A ustedes eso no les gusta, les da alergia el esfuerzo. Ustedes prefieren un aprobado general mediocre y están tan contentos. Ustedes a las altas capacidades les han estado negando el pan y la sal continuamente. Señores de la ley educativa, la escuela no es un espacio terapéutico, ¡no lo es! Está muy bien que la escuela compense, está muy bien que la escuela sea equitativa, que es de lo que se les llena la boca, pero la escuela es además, además, conocimiento. Y la Lomce lo dice claramente, y lo defiendo con mucho orgullo: la fractura social viene por no tener los conocimientos. Y todos esos jóvenes que están sin titulación, esperando en una cola del desempleo sin esperanza, es por la fractura social, por la fractura del conocimiento, que ustedes les niegan a los alumnos, se lo niegan. Ustedes, mucha equidad, mucha compensación; oiga, no se olviden de que existe una consejería de bienestar social, no se olviden. Ya la presidenta del Consejo Escolar, en el año 2005, cuando estaba preparándose el anteproyecto de la ley educativa, que nunca llevó a término, dijo: nunca la escuela podrá subsanar los problemas sociales y económicos de las familias. ¡Nunca!, porque no es su labor. Podrá complementar, podrá compensar, y está muy bien que lo haga, pero ese no es su objetivo principal. El objetivo principal de la escuela es formar a gente capacitada y con conocimientos, y eso ustedes lo olvidan. Ustedes están todo el día con la dichosa equidad, que está muy bien, pero la equidad tienen que asociarla a los conocimientos, a saber desenvolverse en la vida en el futuro, en un empleo, que es lo que les va a dar a ellos el margen para desarrollar sus familias. Sin embargo, ustedes eso lo borran porque les parece que no es ajustado a su mentalidad socialista que tienen. Y es la realidad. Y entonces ustedes condenan a todos los alumnos a tener mucha equidad y a estar sin títulos. Pues, muy bien, esa es una manera de ver la realidad, pero el que yo la vea de otra manera no me hace menos demócrata, señor Nicolás, no me hace menos demócrata, no me hace menos demócrata. Y la democracia es aceptar, aceptar que pensemos de forma diferente, porque esto es lo que hace avanzar una sociedad, las diferencias, y lo que ustedes quieren es toda una uniformidad, hasta que nadie diga una voz en contra de lo que ustedes opinan. Y no nos vamos a callar, porque no estamos de acuerdo.

Las claves de la ley de iniciativa popular son libertad, equidad, excelencia y cohesión social. La excelencia ustedes, si pueden, si pueden, en una línea la ponen ahí como de pegote. La excelencia... "eso es una cosa de derechas"; el ser excelente, el que toda Europa esté en la excelencia, que esté China, que esté Estados Unidos... Ustedes, no; nosotros, no; nosotros nos tenemos que conformar con poquito y los que saben mucho, que no avancen mucho tampoco.

Es un tiempo nuevo y la ley de iniciativa popular habla de tiempo nuevo, cosa que ustedes no nombran, porque no les interesa. El tiempo nuevo, es muy importante un tiempo nuevo, porque nosotros estamos actuando con unos chicos que están en el siglo XXI y nosotros seguimos todavía con la mentalidad del siglo XX. Los chicos necesitan, se merecen un tiempo nuevo; los profesores se merecen un tiempo nuevo; las metodologías tienen que cambiar; los métodos didácticos tienen que cambiar; la relación del alumno con el profesor y con la sociedad tiene que cambiar; las familias tienen que intervenir más, porque son las primeras responsables, y en eso ustedes también pasan de soslayo.

Por lo tanto, creo que los alumnos deberían ser, señorías, interactivos, diversos, curiosos, emprendedores. Que la ley de iniciativa popular sí habla de emprendeduría, sí habla, pero ustedes la emprendeduría la ven solo para la FP, la ponen solo en la FP. Es decir, un chico de básica, un chico de primaria, no tiene por qué ser emprendedor. Pero por qué, si la emprendeduría es un estímulo al ser individual, que tiene que salir adelante en su vida y tiene que saber cómo reaccionar ante las situaciones que llegan. ¿Cómo es posible que ustedes le nieguen que haya emprendeduría, que sea emprendedor el chico desde pequeño y lo limiten, lo enclaustren únicamente para la formación profesional? Ese es otro hándicap que presenta la ley.

Y los profesores deben adquirir nuevas metodologías para tener nuevos incentivos económicos, señorías; la tutoría hay que revalorizarla. Al tutor se le piden muchas cosas, se le pide que actúe mucho, que sea casi el responsable de los alumnos. A las tutorías hay que darles valor. Igual que a los profesores, a la tutoría también.

Y los centros, la autonomía de los centros. Pero, señores, ¡si la autonomía de los centros la recogía la LOE, que tanto han defendido ustedes, y eso no se ha tocado! Y la Lomce sigue diciendo, y Europa y Pisa y los internacionales creen en la autonomía de los centros, confían en la autonomía de los centros. No es lo mismo un centro en un sitio que en otro, no es lo mismo los alumnos de un centro que de otro, ni las dificultades ni los entornos. El centro tiene que tener una capacidad. Y ustedes ahora se descuelgan diciendo que de aquí a un año, pues, les darán autonomía a los centros o que trabajarán eso. ¿Y por qué no lo han hecho antes, si estaba en la LOE, que ustedes defendían a capa y espada, y la Lomce no lo tocó? ¿Cómo es posible que la autonomía de los centros siga tan atada a leyes burocráticas, bueno, y a toque de corneta con las rúbricas -que no voy a contar eso-, a toque de trompeta con las rúbricas, y todo el mundo tiene que hacer las rúbricas igual? Porque eso es lo que se impone: pensamiento único.

La ley que ustedes traen hoy al Parlamento no desarrolla nada de esto, es una ley plúmbea, gris, sin creatividad ni esperanza, refleja un modelo estancado, atrapado, es más de lo mismo, repitiendo lo que ya sabemos, lo mismo de siempre. Un texto que repite reiterativamente los derechos que ya tenemos conseguidos y otorgados. ¿Pero qué me va a dar usted ahora en derechos? Pero si yo estoy en una democracia hace mucho tiempo, ¿qué derechos me va a dar? ¿Usted me va a dar en esa ley derechos que yo ya tengo? Miren, por favor, pueden ahorrarse veinte páginas de la ley.

Y no se centra en lo que le compete a la comunidad canaria, que es lo que tienen que desarrollar y que lo hacen otras leyes que tanto admiran ustedes y leyes que yo también. Por ejemplo, la ley extremeña, y habla muchísimo más del desarrollo de las particularidades de Extremadura, de cómo hacer las cosas y cómo llevarlas a cabo, cosa que ustedes por ahí no pasan. Por ejemplo, la iniciativa -les voy a poner dos ejemplos-, la iniciativa popular da importancia a la comprensión lectora en la que salimos malparados en los informes internacionales. Recomienda la utilización de las bibliotecas escolares -lo pone específicamente, ustedes lo borran de la ley- como núcleo generador de mejora en ese ámbito. Hay que recordar que la lectura constituye la competencia imprescindible para la adquisición y dominio de las restantes competencias básicas. De la misma manera que solicita ampliar la oferta de actividades complementarias y extraescolares, porque un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que lo encargó el señor consejero, decía que las actividades extraescolares son importantísimas para ir contra el absentismo escolar.

¿Qué respuesta da el PSOE y CC a todo esto? Ninguna, todo lo remiten a un año más tarde: dentro de un año que se haga el mapa de educación infantil, el plan para tener la escolarización, la regulación de las ludotecas, el plan que facilite las titulaciones, el plan de reducción del absentismo, el Mapa escolar, etcétera; y dentro de dos años las actividades extraescolares, el sistema de becas, el plan de modernización tecnológica, una plataforma digital, el plan del plurilingüismo, el plan de atención a la diversidad. La pregunta clave sería, ¿qué han hecho ustedes en tres años que llevan gobernando, qué han hecho, para que todo esto quede para dentro de un año o dos? ¿Qué han hecho...? Aparte de una medida buena y necesaria como son los comedores escolares, pero con deficiencias, ejecutada; o la duplicación de plazas online, que le falta infraestructura, etcétera; o poner las primeras piedras de quince centros, que los privados complementarán los servicios educativos... En San Bartolomé de Lanzarote llevan cinco años los niños en barracones, y eso no se ha cambiado.

En la ley dice: el apoyo al personal no docente justifica que tienen que tener una dignidad, que hay que apoyarlos, y luego ustedes los cambian para que los atiendan, para que dependan de un catering... En fin, quiero decir con esto, con estos ejemplos, que la ley dice una cosa y ustedes hacen otra. Es decir, es papel mojado y no tiene credibilidad.

Cuando el actual consejero se hizo cargo del departamento hace tres años, gracias a su pacto con Rivero, el número de jóvenes canarios que no estudiaba ni trabajaba era de 30.716; ahora son 38.422. Es decir, son 7.000 jóvenes más en estos tres años que se han quedado excluidos del sistema educativo y del mercado laboral, a más de treinta... tres mil ochocientos cincuenta jóvenes canarios. Pregúnteles a esos jóvenes o a sus familias qué les parece la equidad y qué les parece la escuela inclusiva, pregúnteles. Y pregúnteles también a los 16.000 jóvenes que dicen los sindicatos que se han quedado sin plaza para la FP, pregúnteles si es equitativo y si es inclusivo.

No quisieron que Pisa los evaluara este último año, pero no han puesto en marcha ni una sola de las 40 recomendaciones que nos dieron.

No, señorías, esta no es la ley que necesitamos y, si verdaderamente les importasen tantas miles de personas que están implicadas en la educación, las escucharían y tendrían en cuenta sus aportaciones antes de imponerles este fraude, que nada tiene que ver con la legítima iniciativa popular. La pregunta clave es por qué las prisas: ¿qué prisas le han entrado de repente al consejero de Educación? Y yo le pregunto, señor consejero, me gustaría que me dijera si usted va a terminar de consejero de Educación hasta mayo del 2015 o si tiene pensado marcharse antes, por alguna cuestión que no conocemos en estos momentos pero que se rumorea en la calle.

La propuesta socialista que hoy secunda Coalición Canaria nace de la confrontación, no respeta el espíritu de la iniciativa legislativa popular. Se ha tramitado mal, con prisas, con oscurantismo y sin la participación de la comunidad educativa. Es una oportunidad perdida, porque en lo que se había trabajado con los acuerdos han roto ustedes el consenso. Les ha importado más anteponer sus intereses partidistas que integrar a toda la comunidad en la educación...

El señor PRESIDENTE: Dos minutos, doña Maribel.

La señora OÑATE MUÑOZ: Apuestan como siempre por el regate corto, por la jugarreta de última hora y la triquiñuela para tener los titulares. Y mientras, el fracaso, el abandono, el absentismo siguen creciendo en una sociedad que contempla atónita cómo se manipulan de forma perversa sus demandas.

Lo vuelvo a repetir: lamentablemente lo que hoy se trae a este pleno no es una proposición de ley de iniciativa popular, lo que hoy se quiere imponer es un fraude, el fraude del dictamen, y el Partido Popular no respaldará ese fraude. De ahí nuestro voto negativo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, vamos a proceder a la votación.

(El señor presidente hace sonar el timbre de llamada a la votación.)

Señorías, por favor, ocupen sus escaños. Vamos a proceder a la votación del dictamen de la Comisión de Educación y Universidades sobre la proposición de Ley Canaria de Educación, con la incorporación de la enmienda in voce que se votó esta mañana. Habrá una única votación, en la que se incluye, como es evidente, el texto, como es preceptivo, el texto articulado, las disposiciones adicionales, finales, derogatorias, la exposición de motivos y el título de la ley. Comienza la votación (Pausa).

Resultado: 55 presentes; 37 a favor, 18 en contra y ninguna abstención.

Queda aprobado.

(Aplausos.)

Había pedido la palabra el señor vicepresidente, el consejero de Educación, don José Miguel Pérez.

Tiene la palabra.

El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y CONSEJERO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD (Pérez García): Señor presidente, señorías.

Antes que nada, quiero expresar mi más sincero agradecimiento y el de todo el Gobierno de Canarias a quienes han hecho posible que nos encontremos en este momento. Creo que tanto los partidos políticos como las organizaciones sociales y educativas han puesto en evidencia una capacidad de diálogo y una enorme voluntad de entendimiento. A todos, a quienes nos acompañan hoy desde la tribuna de este Parlamento y a quienes han hecho posible esta ley, expreso nuestro profundo reconocimiento. Estamos ante un momento histórico, porque Canarias, después de transcurridas varias décadas, efectivamente, desde la aprobación de su Estatuto de Autonomía, podrá contar con su propia ley de educación. Esto significa que nuestra comunidad autónoma dispondrá, por primera vez en su historia, de un modelo educativo propio, con capacidad para adaptar a sus singularidades el sistema educativo estatal y a la vez desarrollar iniciativas propias. Todo el ordenamiento del sistema educativo en Canarias, siendo respetuoso con la normativa básica como garantía de unidad, ha sido diseñado para adaptar esa normativa a las singularidades propias de Canarias. Asimismo, ese ordenamiento facilitará que dicho sistema pueda contribuir activamente al logro de un modelo social y económico inteligente y sostenible, a la vez que orientado hacia una mayor cohesión social en todas y cada una de las islas.

Quisiera recordar que el texto que ahora hemos aprobado, como se ha dicho, nace de una iniciativa popular presentada en el año 2010 y que el Parlamento de Canarias tuvo a bien aceptar y desarrollar. Ahora bien, en el transcurso de su elaboración, la ley ha sido objeto de un amplio consenso social y político, expresado en cuatro documentos. La ya mencionada ley de iniciativa popular fue el primero; en segundo lugar, el dictamen de la comisión de estudio que aprobó, por unanimidad de todas las fuerzas políticas, este Parlamento de Canarias; en tercer lugar, la propuesta de bases para el consenso que presentó el Gobierno de Canarias; y, en cuarto lugar, el Pacto Social, Político y Económico por la Educación en Canarias, que han suscrito todas las organizaciones que forman parte del Consejo Escolar de Canarias. Todos estos documentos ponen de manifiesto la firme voluntad de la sociedad canaria de alcanzar un ordenamiento del sistema educativo que, en lo sustancial, quede fuera de las disputas partidarias.

Dado que en este tipo de intervenciones es de agradecer tanto la claridad como la concisión, centraré en dos aspectos el texto sometido hoy a la consideración de este Parlamento y que acaba de ser aprobado. Por un lado, trataré de explicitar algunas de las claves que ayudan a entender la singularidad de esta ley. Por otra parte, expondré, aunque sea brevemente, las principales novedades que se incorporan al sistema educativo una vez que se desarrolle la misma.

La Ley de Educación no Universitaria de Canarias nace con una cuádruple finalidad. Primero, preservar el mayor logro alcanzado hasta el momento en Canarias: la equidad del sistema educativo. En segundo lugar, incorporar las mejores disposiciones legislativas europeas, nacionales y autonómicas que están presentes en el ordenamiento de los sistemas educativos a los que nos vinculamos. En tercer lugar, actualizar la normativa de carácter propio que actualmente está vigente en Canarias. Y, en cuarto lugar, asegurar un sistema educativo estable, con vocación de duración y apoyado sobre un amplio consenso social, al tiempo que sostenible.

Como se nos recuerda en la exposición de motivos de la ley, la educación, entendida como un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida, es el factor decisivo para alcanzar una sociedad más culta, más justa, más tolerante y solidaria, una sociedad con más oportunidades para que cada persona pueda desarrollar plenamente sus capacidades.

Pues bien, para la sociedad canaria la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover también la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social.

La sociedad canaria, los sucesivos gobiernos autonómicos y las diferentes administraciones educativas, así como el profesorado y las familias, han realizado durante décadas un esfuerzo en todos los ámbitos, sobre todo en el de las inversiones, que nos ha permitido superar el elevado grado de subdesarrollo y analfabetismo que sufrió tradicionalmente Canarias.

Por fortuna, esta ley, y a pesar de la coyuntura actual, nace en un contexto diferente. Los progresos educativos se han hecho palpables y también la necesidad de seguir avanzando. En este nuevo contexto, necesitamos reforzar el valor de la educación mediante un nuevo reparto de responsabilidad entre los agentes educativos. El tradicional reparto de roles entre la familia y la escuela -una educa mientras la otra enseña- ha quedado superado por la realidad. Los cambios que han alterado las condiciones de vida requieren la construcción de una sociedad educadora, en la cual el sistema educativo se convierta en el depositario de expectativas de igualdad, de equidad, de crecimiento personal y de desarrollo social que los poderes públicos deben atender y garantizar.

Hoy más que nunca es evidente que la educación, siendo como es un derecho humano universal, solo puede garantizarse si la entendemos como un servicio público esencial, sustentado por la corresponsabilidad y la cooperación. La educación no es un bien más que pueda ser comprado o vendido libremente en un mercado. Si mercantilizamos la educación, corremos el riesgo de desvirtuarla.

Como todos sabemos, vivimos en una sociedad abierta y plural, con muchos puntos de vista, ideas y valores. Por tanto, desde el reconocimiento de la diferencia, es necesario definir consensos que faciliten la cooperación en un ámbito tan importante como es el de la educación. El límite al pluralismo debe estar en los principios y normas fundamentales de una sociedad democrática y solidaria. El consenso social que haga posible la cooperación y el compromiso de todos en la construcción de una sociedad educadora requiere que normativamente se establezca un reparto justo tanto de las responsabilidades como de las oportunidades y de los riesgos. Corresponsabilidad y consenso son el fundamento de esta ley y también el sostén que nos permitirá atender a las singularidades propias de nuestro sistema educativo en Canarias. Son estas singularidades las que justifican tanto la necesidad de la ley como los cambios que propone, de modo que ahora me detendré brevemente en cada una de ellas.

Hay tres singularidades que en gran medida condicionan el desarrollo de cualquier sistema educativo en el archipiélago: por un lado, la fragmentación del territorio, que obliga a una adaptación de la respuesta educativa en cada una de las islas; por otra parte, las condiciones sociales y económicas del archipiélago, que obligan al desarrollo de acciones positivas para superar los efectos negativos de la desigualdad sobre los resultados educativos; y, por último, la historia y la cultura de un pueblo que se siente próximo a tres continentes y que nos lleva a considerar la integración social, cultural y educativa como una seña de identidad. Pues bien, el ordenamiento del sistema educativo que esta ley propone para Canarias responde eficazmente a estas singularidades, haciendo de cada una de ellas una fortaleza y a la vez trata de alcanzar la convergencia en las condiciones, los procesos y los resultados educativos con los mejores sistemas educativos europeos.

De entre las novedades que presenta la ley me gustaría destacar algunas muy relevantes. La ley fija un conjunto de principios y objetivos que deben constituir las guías esenciales de la política educativa en las próximas décadas. En este sentido me gustaría resaltar que los objetivos que la ley define para el sistema educativo expresan normativamente las aspiraciones de la sociedad canaria y de su comunidad educativa.

La ley hace de la corresponsabilidad, la cooperación y la participación tres ejes esenciales para lograr que el sistema educativo atienda las necesidades educativas del alumnado, pero también las características y condiciones de los centros y de las familias. Estos tres pilares definen lo que en la ley se reconoce como una sociedad educadora.

En este nuevo marco en el que se refuerza el valor de la educación, la ley establece la necesidad de que el Gobierno de Canarias y las corporaciones locales coordinen sus actuaciones, llegando incluso a establecer convenios que permitan la delegación de competencias de gestión de determinados servicios educativos en los municipios o agrupaciones de municipios que figuren al efecto, a fin de propiciar una mayor eficacia, coordinación y control social en el uso de los recursos.

La ley incorpora una concepción del espacio educativo que ya no se identifica solo con el espacio físico de los centros educativos, sino que incluye, de un modo significativo, los nuevos entornos digitales para el aprendizaje. Canarias, siguiendo aquí las recomendaciones de la Unión Europea, dispondrá de su propio entorno educativo, que integrará a todos los centros en un espacio virtual único. Se rompen los límites de los espacios y de los tiempos para la tarea de aprendizaje con ellos.

Además de esta nueva concepción de los espacios educativos, esta ley introduce un nuevo ordenamiento de los espacios físicos tradicionales, los centros educativos, definiendo con claridad tanto el concepto de mapa escolar como el de tres nuevos espacios: las áreas territoriales, es decir, las islas, los distritos escolares y las zonas educativas. Estos nuevos espacios se convertirán en las unidades que permitirán adaptar las distintas ofertas educativas a las singularidades de las islas y en este nuevo marco territorial se reserva, además, un tratamiento singular para las escuelas rurales.

La nueva escuela canaria, definida por la ley, es la que mejor responde a las necesidades educativas de nuestro tiempo. Se trata, sí, de una escuela inclusiva, respetuosa con las diferencias y enfrentada a la desigualdad, en la medida en que esta puede afectar gravemente al desarrollo, al desarrollo humano; una escuela comprometida, con una equitativa distribución de las oportunidades de aprendizaje.

Todo nuestro sistema educativo se orientará hacia el aprendizaje a lo largo de la vida. Por eso esta ley, en consonancia con las orientaciones de la Unión Europea, facilitará tanto el desarrollo...

El señor PRESIDENTE: Siga.

El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y CONSEJERO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD (Pérez García): ...así como su integración y el reconocimiento y valoración de los aprendizajes adquiridos en cada una de ellas.

La enseñanza de idiomas y el bilingüismo ocupan un lugar muy destacado dentro de esta ley, lo que exigirá un fuerte compromiso de toda la sociedad para alcanzar y superar un gran reto: llegar a ser una sociedad bilingüe.

Voy concluyendo. Pero no quisiera acabar mi intervención sin resaltar, por su especial importancia, lo que esta ley contempla como parte de la función docente y de la carrera docente. Esta ley refuerza la libertad de enseñanza del profesorado, reconociendo su autonomía, así como la autoridad derivada de su dominio del conocimiento que debe transmitir. Pero además favorecerá la promoción profesional de los docentes en los centros públicos, sin necesidad de cambio del cuerpo docente al que se pertenece. Asimismo, auspiciará la promoción profesional del profesorado de los centros docentes públicos que solicite cambiar del cuerpo docente al que se pertenece.

Por último, la ley permitirá poner en marcha un amplio conjunto de planes destinados a mejorar el sistema educativo: el plan de modernización tecnológica del sistema educativo, el de la mejora en las enseñanzas de idiomas, el estratégico de atención a la diversidad, etcétera. Son un conjunto de planes que marcarán, seguramente, la agenda de la próxima legislatura.

Quiero terminar mi intervención como empecé. Decía al comienzo que hoy estamos viviendo un momento histórico. Uno de esos momentos en los que los pueblos forjan su futuro mediante la elección de un camino, o de otro camino. Pues bien, creo que con esta ley la sociedad canaria ha elegido el camino del progreso, un camino que se fundamenta en los logros alcanzados y en el imperativo de una mejora continua. No podemos permitirnos desandar el camino andado ni recorrer atajos o vías muertas que nos conduzcan al sufrimiento.

Con esta Ley de Educación no Universitaria de Canarias creo que se ofrece, desde esta Cámara y de todos los que la han auspiciado y han participado en su elaboración y en su gestación, un futuro esperanzador para las generaciones venideras de las islas.

Muchas gracias a todos ustedes.

(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente, don José Miguel Pérez.

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