Diario de Sesiones 132/2014, de fecha 9/7/2014 - Punto 8

8L/PL-0017 DICTAMEN DE COMISIÓN. DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS, ECONOMÍA Y HACIENDA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE LA AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA.

EL SEÑOR PRESIDENTE: Vamos a ver a continuación, que es corto, el proyecto de Ley de creación de la Agencia Tributaria Canaria, el dictamen de la comisión. El procedimiento acordado para el trámite de este proyecto de ley es el siguiente: hay siete enmiendas que permanecen para pleno, del Grupo Mixto, y entonces todos los grupos tendrán un tiempo de diez minutos para defender las enmiendas y fijar la posición, u oponerse a las enmiendas y fijar la posición, de manera que empieza el grupo que tiene las enmiendas y después, de menor a mayor, continuamos debatiendo los turnos de enmiendas y fijando posiciones.

Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías.

Del proyecto de Ley de la Agencia Tributaria, que hemos trabajado desde su toma en consideración a esta parte, nosotros compartimos el objeto, la razón de ser, lo que pretende, y es tener un instrumento, compartido razonablemente con el resto de los cotitulares de la imposición fiscal canaria, que sea capaz de gestionar de manera eficiente la capacidad recaudatoria y de gestión de los tributos de nuestra comunidad. Este es un organismo reclamado en el ámbito de la política desde hace décadas por distintas opciones políticas; desde luego, la nuestra siempre ha reclamado la necesidad de una Agencia Tributaria Canaria, y esta, sin colmar todas las expectativas, creemos que cubre el objetivo que hemos defendido hasta ahora. Se trata de un organismo, por tanto, con capacidad para recaudar las potencialidades fiscales de nuestra comunidad, que, como saben, son los impuestos del REF, los impuestos cedidos y los impuestos propios. Una capacidad recaudatoria que ronda los 2 000 millones de euros/año, y que ahora hacía la Dirección General de Tributos y que pasará a hacer, en la medida en que se ponga en marcha el organismo, la Agencia Tributaria Canaria. Nosotros, por tanto, el objeto, la razón de ser la defendemos. Creemos que va a costar dinero, todas las cosas nuevas cuestan dinero, eso es verdad, nosotros no hemos puesto en duda ese tema.

Y decirles varias cuestiones: cierto es que hablar de la Agencia Tributaria Canaria no es hablar de la fiscalidad ni del modelo fiscal. Son cosas distintas. Es esta agencia la que se encargará de recaudar, esperemos que de manera eficiente, transparente y pensando en los contribuyentes, los impuestos que dependen de la estructura competencial de Canarias, bien sea porque son impuestos propios, bien sea el bloque de impuestos del REF, que son cotitulares las corporaciones locales, ayuntamientos y cabildos, o los impuestos cedidos. No estamos en ningún caso, lo digo porque a veces se confunde, validando el sistema fiscal vigente, que nosotros discutimos. Nosotros sostenemos que el sistema fiscal español debe ser reformado en profundidad para hacerlo más progresivo, para que paguen más los que más tienen, y que se deben instrumentar todos los medios disponibles para la persecución del fraude fiscal, que es uno de los males de la sociedad española, y eso significa perseguir y facilitar la colaboración de los contribuyentes, porque nos parece esencial. No habrá una sociedad democrática totalmente consolidada hasta que esto de pagar impuestos no se convierta en un valor social y forme parte de las inquietudes de la ciudadanía, y no como desgraciadamente en muchas ocasiones podemos ver, que pagar impuestos parece un castigo, cuando los impuestos son los que hacen posible que existan carreteras, que existan aeropuertos, que existan recursos hospitalarios, educativos o que puedan existir los elementos de seguridad o de justicia, porque en ocasiones algunos tratan de disociar los impuestos de los servicios y de las infraestructuras que son los que permiten el nivel de desarrollo y de convivencia que hemos generado.

Aquí hay un asunto en el que nosotros no tenemos una opinión todavía definitiva pero sabemos que es inconclusa, que es lo referido al bloque de financiación de los recursos del REF. Hasta ahora hemos tenido un acuerdo político interesante por el que el 58% de los recursos que se recaudan se repercuten en las corporaciones locales e insulares y el 42% se lo queda la comunidad, el Gobierno de Canarias. Hay tiras y aflojas sobre esta distribución histórica, pero se llegó a un acuerdo en un momento determinado, ha habido modificaciones puntuales en virtud de la crisis y ha habido mucha discusión sobre la gestión de la recaudación que yo creo que se encauzan con la fórmula de la agencia, creo. Ahora, tampoco estamos validando con nuestro apoyo a la Agencia Tributaria que este modelo de distribución de recursos fiscales del REF sea definitivo, nosotros sostenemos que este es un asunto que sigue abierto y que debemos vincular al modelo de financiación autonómica. Si nosotros consiguiéramos un sistema de financiación autonómica que colocara a nuestra comunidad en el acceso a la financiación en la media para los servicios básicos, para la sanidad, la educación y los servicios sociales, tendríamos que discutir o reabrir la discusión sobre dónde deben ir los recursos fiscales del REF y dónde deben ir algunos programas específicos como el Fondo de Cooperación Municipal. Yo creo que ahí hay una parte del ajuste que debemos todavía dejar pendiente. Digo esto porque he escuchado alguna opinión, y no precisamente aquí, confundiendo a la Agencia Tributaria con el modelo fiscal o validando con la Agencia Tributaria la actual distribución de los recursos fiscales del REF, que es un asunto acordado en estos momentos pero evidentemente revisable. De manera que hago esas dos consideraciones, sé que a alguno le sorprenderá porque forman parte del debate político pero quería dejar clara la posición de Nueva Canarias sobre ambas cuestiones.

Con respecto a los contenidos del texto, nosotros mantenemos algunas enmiendas vivas, cierto es que hay dos o tres que consideramos de interés y otras de menos relevancia. La primera, que es la número 3, que sigue viva, está referida a la designación del director de la agencia, sé que sorprende. Sé que no es habitual, pero sé también que modificar estas cosas no vendría de más. Nosotros hacemos una propuesta aquí para que el director de la agencia sea nombrado por el Parlamento con una mayoría reforzada, a propuesta del departamento responsable de la recaudación, sobre profesionales de prestigio. ¿Con qué intención? Con la intención de elevar al máximo el valor estratégico de la Agencia Tributaria Canaria, con la de alejarle, y entiéndanme bien, del partidismo coyuntural, y poner a la Agencia Tributaria como una de las grandes organizaciones, de los grandes organismos del autogobierno, porque, en gran medida, de su prestigio, de su legitimización, de su profesionalidad va a depender su futuro. De manera que nosotros que sabemos que es poco habitual mantenemos la idea de que el director de la Agencia Tributaria, con perfil profesional, pudiera ser decidido en esta Cámara.

Hay una cuarta enmienda que mantenemos un poco seguramente contagiados con la fiebre de la austeridad y del ajuste del gasto, que nosotros si es responsable lo compartimos, y que si es demagógico y oportunista lo rechazamos, como ya hemos expresado en esta tribuna infinidad de veces, y es la eliminación de la designación de órganos unipersonales. Nos parece que con la estructura que diseña la ley hay estructuras suficientes para hacer una gestión adecuada y dejar esta discrecionalidad al Gobierno no nos parece oportuno.

En la enmienda 5 directamente sostenemos que se debiera eliminar el órgano asesor, el comité asesor. Lo creemos innecesario, creemos que las estructuras de dirección son suficientes, amplias, y además participadas, y que no se precisaría este tipo de órgano.

En esa misma línea, en la enmienda 6, volvemos en relación con la estructura orgánica a hacer una propuesta de eliminación de los órganos unipersonales.

En la enmienda número 8 -dicen que reiterativa-, lo que decimos es que el personal de esta entidad tendrá que estar sometido a lo que en la legislación de función pública y de los empleados públicos exista. Lo digo porque ha habido alguna interpretación sobre que pudiera zafarse el personal de esta entidad de la estructura de los empleados públicos y, por lo tanto, la legislación estatal y canaria en la materia, y la hemos mantenido aunque reconocemos en algunas enmiendas que retiramos que el texto introducía alguna valoración en ese sentido.

Y luego las enmiendas siguientes hacen referencia a una preocupación, a una preocupación, y es eliminar algunos párrafos con relación a los incentivos del personal, porque nos da miedo, aunque no es la redacción estricta, que los incentivos al personal que recauda impuestos no se hagan sobre objetivos justos y sobre objetivos, digamos, de recaudación, porque hemos visto en alguna Agencia Tributaria y hemos leído algunas informaciones de que al final termina incentivándose el número de expedientes abiertos, sean o no ratificados o conseguidos. Lo que buscamos es cualquier mecanismo de incentivo, que nosotros defendemos en el sector público los incentivos si son transparentes, si son medibles, si son objetivables y tienen el control pertinente, que estos se hagan, en cualquier caso, que se hagan con base en los resultados, los resultados de verdad del objeto que persigue la agencia.

Aprovecho para agradecer la consideración a otras enmiendas que hemos planteado, como la unidad con relación a los grandes contribuyentes, que parece que ha quedado redactada de manera que se reglamente en su momento, porque nos parece útil de cara a dirigirnos a ese sector de los contribuyentes o, incluso, a la incorporación de una filosofía que en el sistema fiscal español tendremos que ir incorporando, que es cultural, que es de medio y largo plazo, y es que el contribuyente tiene que ser un aliado de la agencia, tiene que ser un aliado del sector público y no, digamos, el enemigo.

Cierto es que nuestra cultura fiscal deja mucho que desear todavía, pero esperemos que una agencia que nazca bien, que nazca con criterio, profesional, independiente, transparente, profesionalizada, contribuya a generar conciencia fiscal, que es un parámetro básico para el desarrollo de una sociedad como la que pretendemos construir.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, don Román Rodríguez.

Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Emilio Mayoral.

El señor MAYORAL FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Señor presidente, señorías.

El Partido Socialista, tal como dijimos en la toma de consideración de la ley, considera un acierto del Gobierno que haya traído a este Parlamento la creación y haya escogido, además, el modelo de agencia entre las distintas alternativas posibles para gestión de sus tributos, al ser precisamente esta última, el modelo de agencia, la que reúne los requisitos de ostentar facultades públicas al tiempo de poseer la suficiente independencia y autonomía para ser más operativa en el ejercicio de sus actividades. Además, este ha sido el modelo jurídico que hace años adoptó el Estado al encomendar a la Agencia Tributaria buena parte de la gestión de sus tributos y ser también el modelo jurídico que se está imponiendo en algunas comunidades autónomas que también han modificado su estructura tradicional para ejercer sus funciones fiscales. Es, por tanto, un modelo contrastado que ha demostrado su eficacia y mejora sobre las estructuras tradicionales, y cuyo coste, a pesar de lo que diga el Partido Popular, se ve ampliamente compensado con los beneficios que se obtienen de su gestión.

Supone la modalidad de agencia una nueva cultura de gestión. Cabe apoyarse en el cumplimiento de unos objetivos claros, medibles y orientados a la mejora en la prestación de servicio con las consiguientes ventajas para los usuarios y contribuyentes. Mediante este modelo se va a dotar a la agencia de una capacidad de decisión sobre los recursos asignados y de un nivel de autonomía en su funcionamiento, que son las premisas necesarias para que se pueda exigir una responsabilidad sobre el cumplimiento de los objetivos que tiene encomendados.

El control y la eficiencia serán ejercidos fundamentalmente a través del seguimiento del plan de acción anual y tendrá por finalidad comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos fijados y la adecuada utilización de los recursos asignados.

La Agencia Tributaria no solo hará aumentar la calidad de los servicios que se prestan a los contribuyentes sino también mejorará la eficacia en uno de los asuntos que más polémica y reproches genera por parte de los ciudadanos: la lucha contra el fraude fiscal. La prevención y la persecución de esos comportamientos insolidarios que lastran principalmente la financiación presupuestaria de los servicios públicos esenciales deben formar parte fundamental de los objetivos de esos planes anuales. Pero también la nueva agencia debe considerar a los contribuyentes como ciudadanos colaboradores para facilitar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias.

Por último, cabe destacar que la Agencia Tributaria Canaria no es solo del Gobierno, es una agencia compartida con cabildos y ayuntamientos, que, como cotitulares de los ingresos del REF, están representados de forma paritaria en el consejo para la dirección y coordinación de la gestión de los tributos integrantes del bloque de financiación canario.

El proyecto de Ley de la Agencia Tributaria Canaria culmina hoy su tramitación parlamentaria después de que en el trámite de ponencia y comisión se incorporaran al texto inicial algunas modificaciones. En este trámite se incorporaron en concreto cuatro enmiendas presentadas conjuntamente por los Grupos Socialista y Nacionalista, la mayoría de ellas para atender a las sugerencias que nos hicieron llegar las corporaciones locales, teniendo en cuenta la especificidad de nuestra agencia se inserta la gestión de los tributos correspondientes al bloque de financiación canario. El texto final de la ley se ve así enriquecido por estas enmiendas, así como algunas que fueron aceptadas o transadas con el Grupo Mixto.

Así, se ha incluido en el artículo 3 que la estructura orgánica deberá atender de forma específica las particularidades del bloque de financiación canario, haciendo hincapié en que se identifiquen en esa estructura las unidades que se dedicarán a gestionar los tributos de este bloque.

En segundo lugar, se ha mejorado la participación de las corporaciones locales. Para ello se da paridad de voto entre la comunidad autónoma y las corporaciones locales en el consejo para la dirección y coordinación de la gestión de los tributos integrantes del bloque de financiación canario, de un modo similar a lo que ocurre también en cuanto a la representación del Estado y las comunidades autónomas en el consejo, también de dirección y coordinación de gestión tributaria, a nivel estatal.

Por otro lado, y de modo similar a lo previsto en el consejo estatal, también se incluye a través de esta enmienda, entre las funciones del consejo, informar la propuesta del plan de acción anual de la agencia, que contendrá de modo específico y separado el plan de acción anual de los tributos del bloque de financiación canario.

Por último, se ha añadido una disposición adicional quinta por lo que en las leyes de presupuestos en los próximos cuatro años se incrementa paulatinamente el presupuesto asignado a la agencia, con la finalidad de reforzar los medios destinados a la gestión y control tributario. Se atiende así también a las sugerencias de las corporaciones locales reforzando progresivamente la gestión y control tributario con cargo a la cantidad que en concepto de cargos de gestión se reserva la comunidad autónoma sobre la recaudación del bloque de financiación canario.

Respecto a las enmiendas del Grupo Mixto, el portavoz del Grupo Nacionalista hará una explicación detallada del rechazo a las que han llegado a esta comisión y que están pendientes, por lo que no voy a entrar en ello. Pero sí brevemente me gustaría destacar los acuerdos a los que se llegó con ese grupo y que se han incorporado al texto de la ley que hoy vamos a votar. Especialmente nos identificamos con la propuesta que el Grupo Mixto presentó relativa a que la Agencia Tributaria incorporara en sus principios de actuación que el servicio a los ciudadanos se realice con una atención especial a las tareas de asistencia de los contribuyentes para facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Se inserta así dentro del modelo de los países nórdicos europeos de fomentar el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias que desde hace años se viene aplicando con gran éxito tanto desde las perspectivas recaudatorias como forma de lucha contra el fraude fiscal.

Y en esta misma línea los grupos Socialista y Nacionalista transamos otras enmiendas relativas también a profundizar en la colaboración social, en la aplicación de los tributos a través de acuerdos con entidades privadas o con instituciones u organizaciones representativas de sectores sociales, laborales, empresariales o profesionales.

Especial consideración tiene también la enmienda transada por la que en una nueva disposición adicional se crea una unidad gestora de grandes contribuyentes cuyas funciones y objetivos serán desarrollados en su estatuto. El objetivo es prestar una mayor atención al cumplimiento de las obligaciones por parte de estos.

El Grupo Popular, por su parte, no presentó enmienda alguna, por lo que no cabe, por lo que no cabe utilizar ningún voto en contra de la nada. Sí que merece la pena, aunque sea brevemente, hacer siquiera una mención sobre el argumento que utilizó su portavoz para justificar su voto en contra tanto en la toma de consideración en el pleno de esta Cámara como el otro día en la Comisión de Hacienda. El portavoz del Grupo Popular en su intervención en el pleno de la toma en consideración manifestó que el expediente que acompañaba a la ley que el Gobierno trajo a este Parlamento carecía de una memoria económica mínima que permitiera calibrar los costes que supondría la puesta en marcha de la Agencia Tributaria. Posteriormente, y tal como reconoció el portavoz en la Comisión de Hacienda, el Gobierno le había remitido un informe económico, si bien este, en opinión del señor Pérez-Camacho, le convencía todavía menos, y, por lo tanto, se ratificaba en su posición.

El señor Pérez-Camacho sabe, porque es un buen conocedor de la materia, que lo importante no es solo el coste que se pueda generar en una inversión sino la rentabilidad que se obtiene de la misma, o, lo que es lo mismo, los beneficios que se producen con el incremento de esos gastos, porque, aunque no está aquí el señor Pérez-Camacho, le hago la pregunta: ¿cree usted que un proyecto empresarial se mide por su coste exclusivamente, su inversión?, ¿o se mide por la rentabilidad que se obtiene de la misma, es decir, por los beneficios que se obtienen? En el caso de la Agencia Tributaria, estará de acuerdo, estaremos todos de acuerdo, en que esa rentabilidad habrá que medirla por el incremento en la eficacia y en la eficiencia que se logre sobre lo obtenido en los sistemas tradicionales.

En un artículo de hace unos años Fernando Díaz Yubero -publicado por el Instituto de Estudios Fiscales- decía, respecto a la eficiencia de las administraciones tributarias, que es una idea ampliamente compartida que un sistema tributario correctamente diseñado no es nada sin una organización capaz de aplicarlo, y señalaba a título de ejemplo, tomando datos contenidos en un informe del Fondo Monetario Internacional, que un mismo tipo de gravamen del IVA del 20 % aplicado sobre una base imponible definida, más o menos homogénea, puede recaudar cifras tan dispares en distintos países como del 2,3 %, del 5,9 % o del 8,14 % del PIB, y ello debido en buena parte a la distinta eficacia de la administración encargada de la gestión práctica del impuesto. En el citado artículo también se realizaba un estudio o se detallaba un estudio realizado por el Ministerio de Finanzas e Industria, de Francia, en el que se determinaba el coste medio de gestión de los distintos sistemas tributarios, donde se establecía una media del 1,21 % del coste entre siete países de la OCDE, y frente a ello aparecían España y Estados Unidos con una media del 0,86 %, es decir, inferior a los costes de otros países que no tenían este sistema de agencia.

Por lo tanto, se debe superar este tradicional modelo burocrático para pasar a una organización con mayor preocupación por los aspectos gerenciales, con eficacia y eficiencia, con una orientación clara hacia la mejora de los resultados y la calidad de los servicios prestados. La creación de agencias con estatus jurídicos diferentes a los tradicionales, departamentos ministeriales, como es el caso, o en el caso canario, la dirección general dentro de la Consejería de Hacienda, se ha generalizado hoy en los países más desarrollados y se ha impuesto como modelo. Si es así será por algo y no creo que Canarias vaya a ser una excepción en la notable mejora tan experimentada de estos países que han adoptado este modelo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Emilio Mayoral.

Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Barragán Cabrera.

El señor BARRAGÁN CABRERA: Gracias, señor presidente.

Me voy a centrar, en primer lugar, en las enmiendas que han quedado vivas del Grupo Parlamentario Mixto para explicar cuál es el sentido de nuestro voto, que va a ser el mismo que en la comisión, en por qué rechazamos estas enmiendas que quedan vivas. Son siete enmiendas exactamente a la ley, el propio Grupo Parlamentario Mixto retiró tres en la comisión y conseguimos transar algunas de ellas.

Nos pide en la enmienda número 3 el Grupo Parlamentario Mixto que nombremos al director de la agencia directamente por el Parlamento. Pensemos un poco en esto. ¿Esto qué es, un tema democrático, va a haber más democracia porque sea elegido directamente por el Parlamento? Si todo el cuerpo legislativo está configurado que hasta el Estado tiene potestad de parar una ley en este Parlamento si afecta a temas económicos y aprobamos un Gobierno para que tenga la responsabilidad y pueda responder solidariamente a este Parlamento, imagínese si abrimos la espita de que, dependiendo de lo que diga uno u otro grupo parlamentario, nos dedicamos a nombrar al director canario de salud, al director canario de empleo, al director de la oficina o de la Agencia Tributaria, y después el Gobierno dice: "oiga, mire, pero es que a este señor lo han nombrado ustedes, no me pidan explicaciones". ¿Y qué hacemos: lo cesamos y lo nombramos aquí, intervenimos como si fuéramos Ejecutivo? No hay sostén para justificar que, efectivamente, en el caso de temas que tienen que ver con el Ejecutivo -y en este caso es un tema de la Agencia Tributaria, de la recaudación, uno de los trabajos principales que debe hacer el Gobierno-, no hay ninguna justificación para mantener que puede ser elegido el director de la agencia por parte de este Parlamento de forma directa.

En el tema de los subdirectores, esto lo estuvimos viendo también con el acuerdo de la Fecai y hay una posibilidad -no es que se creen expresamente-, hay una posibilidad de que el Gobierno, la agencia, pueda crear ese tipo de personas: desde la secretaría general de la agencia, que actuará como secretario general del órgano, hasta algunas subdirecciones si la demanda del servicio lo creyera conveniente una vez puesta en marcha. Lo único que se abre es esa posibilidad. Ya veremos después en el estatuto y anualmente si hay una exigencia o no de mejorar ese personal.

Lo mismo con el tema del comité asesor. Dicen: "oye, elimine usted el comité asesor". Bueno, pero si estamos oyendo permanentemente aquí la necesidad de dialogar, de consensuar, de que estemos lo mejor asesorados posible y resulta que este órgano es un órgano que precisamente abre, desde los contribuyentes hasta otras administraciones, la posibilidad de colaborar, la posibilidad de decir cómo funciona la agencia, ¿cómo pretendemos que este órgano asesor, que se nos pide en tantas otras leyes, no pueda estar en un tema tan importante como la Agencia Tributaria?

Después se nos dice también que se suprima la estructura orgánica completa de la agencia y nosotros, hombre, no podemos estar de acuerdo. ¡Cómo vamos a sustituir la estructura orgánica! Se suprime el artículo 15 completo de arriba abajo, ¿no? Entendemos que hay razones más que justificadas para mantener la estructura, y, además, hay que decir que ni siquiera el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto hace referencia a las observaciones que hace sobre el 15.1 el Consejo Consultivo, pero es que el Consejo Consultivo no hace reservas en términos de legalidad con respecto al citado artículo 15, y, por lo tanto, nosotros ese artículo, el 15, lo vamos a dejar como está.

Nos plantea también la enmienda número 8 todo el tema que estuvo explicando, hay dos enmiendas parecidas, una vinculada al personal funcionario y otra al personal laboral, en relación con la creación de lo que sería la forma en que vamos a contratar, los recursos humanos de la agencia. Nos propone el Grupo Parlamentario Mixto que se adscriba a la agencia en los términos previstos en materia de función pública la normativa básica del Estado y al desarrollo de la dictada por la comunidad autónoma. Nosotros entendemos que es una forma de proveer los puestos de trabajo, que quede supeditada a lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público por supuesto, eso es una obviedad; y este precepto fue adaptado precisamente a la propuesta, el precepto, tal y como está redactada la ley, a la mesa general de negociación; es decir, es un tema que está negociado con los empleados públicos que esta podía ser una buena redacción, en vez de la que nos propone el Grupo Parlamentario Mixto, insisto.

Después tenemos la última, la que comentaba antes, sobre la eliminación de los incentivos, y el Grupo Parlamentario Mixto lo que nos hace es una prevención: "hombre, yo es que temo que puedan ser malos empleados o que esos empleados puedan intentar utilizar el tema de los incentivos de una forma equivocada". Todo depende de lo que se marque anualmente, cuáles son los objetivos y sobre lo que se incentiva; si, efectivamente, vemos el cuadro anual de trabajo que hay que hacer y vemos que hay algún incentivo que puede provocar esto que estaba diciendo don Román Rodríguez, pues, tendremos la oportunidad de decirle al Gobierno que lo corrija. Pero en principio nosotros, como él, nos mantenemos de acuerdo con que haya incentivos, a pesar de su preocupación.

Y estas son las enmiendas que mantenía el Grupo Parlamentario Mixto y que nosotros rechazamos.

Creo que estamos ante una buena ley, vamos a hacer una buena ley. La preocupación que nos decía don Miguel Cabrera Pérez-Camacho, la que ha mantenido el Partido Popular durante todo este tiempo y que voy a aprovechar ahora, dado que va a intervenir en último lugar al no tener enmiendas, con el mismo argumento, ¿no?: esto es caro, no me han dicho cuánto cuesta y esto va a suponer un incremento del gasto. Bien. Hagámonos la siguiente pregunta con la Agencia Tributaria estatal: ¿estaríamos dispuestos a eliminar la agencia estatal, la Agencia Tributaria estatal si en los presupuestos del 2015 apareciera un euro más de lo que costó en el año 2014 o en el 2013?, es decir, ¿estaríamos dispuestos por este argumento de que cuestan más las cosas y que el Estado convirtiera la Agencia Tributaria estatal en una dirección general porque pensamos que va a costar menos dentro de la estructura del Estado?, porque lo que se estaba planteando por parte del Grupo Parlamentario Popular es esto, parece ser que si incrementamos los presupuestos de la Dirección General de Tributos por la dinámica del servicio, por la necesidad..., lo hemos hecho, por ejemplo, incrementando nuevos inspectores en los últimos años en el capítulo I, además por exigencia de este Pleno del Parlamento, y eso conlleva también, pues, la infraestructura que lleve esto o, incluso, una modificación en un sistema informático que mejore la recaudación. Si este es el planteamiento debería ser un planteamiento homogéneo del Partido Popular para toda España, si las agencias que están abiertas supusieran un duro más en los presupuestos venideros no estaría justificada la creación de la agencia. Si no, espero que ahora me explique por qué la preocupación es solo la canaria y no preocupa que haya incremento de gasto en otras agencias, que nosotros justificamos, entendemos que están justificadas.

Pero, mire, el informe, el informe que se intenta hacer valer, el informe decía que no era bueno subirlo, en este caso, no asumir la creación de la agencia, el informe sobre las observaciones efectuadas por la oficina presupuestaria y la Dirección General de Planificación y Presupuesto, el informe asegura que supondrá un incremento de la eficacia liquidadora de los tributos la creación de la agencia, en el apartado 8 -que usted el otro día nos leyó todos los demás y no se leyó ese, o no lo leyó no, lo dijo pero no lo explicitó de forma clara-, cuya gestión corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que implica que tendrá un impacto positivo en los ingresos públicos. Dicho impacto habría de concretarse y materializarse en el momento previo a la aprobación por el Gobierno de los instrumentos de planificación, contrato de gestión de la estructura orgánica de la Agencia Tributaria Canaria y de la relación de puestos de trabajo. Insisto, si en algún momento se nos puede demostrar que las agencias que están creadas en estos momentos, si hay alguna que en el presupuesto del 2014 o que del presupuesto del 2013 a este presupuesto del 2014 no haya incrementado su gasto y que, además, no haya mejorado, que es lo que nosotros defendemos, la eficacia en la gestión de la recaudación, que es lo que valdría la pena justificar, si va a ser eficaz y eficiente en la recaudación de impuestos, si esto es así y usted me lo puede demostrar, y, efectivamente, se va a cargar la agencia, alguna de las agencias creadas, pues, hombre, nosotros no tendríamos más remedio que darle la razón, toda la razón, pero creo que va a ser difícil que pueda justificar eso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José Miguel Barragán Cabrera.

Por el Grupo Parlamentario Popular, don Miguel Cabrera Pérez-Camacho, fijación de posiciones.

El señor CABRERA PÉREZ-CAMACHO: Señor presidente. Señorías.

El Gobierno de Canarias atraviesa por malos momentos, graves preocupaciones atormentan a sus miembros, a algunos consejeros del Gobierno les cuesta, incluso, conciliar el sueño, y en el rostro del presidente, que no está por supuesto, se nota la angustia del que no encuentra la solución a esas trascendentes preocupaciones.

La primera de ellas, la más profunda, la más importante, es cómo ha de deconstruir el concepto de amor romántico, en palabras de la directora del Instituto Canario de Igualdad, que, según sus propias palabras, es un problema importantísimo, tan importante que de los razonamientos que hace llegamos a colegir -de sus propios razonamientos, no de los que digo yo-, llegamos a colegir que esta señora no ha disfrutado en toda su vida de una cena romántica. Tan preocupados están en el Gobierno de Canarias, tan preocupados están que piensan mandar a don Paulino Rivero a Verona para hacer una tesis doctoral sobre el balcón de Romeo y Julieta y así poder fundamentar ese intento de deconstruir el amor romántico.

La segunda gran preocupación del Gobierno de Canarias, la segunda: el Gobierno de Canarias no sabe cómo malgastar los enormes caudales públicos que hemos acumulado. Nos sobra tanto dinero, nos sobra tanta riqueza, tanta riqueza y tanto dinero sin utilizar que el Gobierno de Canarias estaba preocupadísimo buscando una forma que les permitiera derrochar, que les permitiera tirar por la ventana el dinero público, hasta que a algún cerebro brillante se le ocurrió la idea de crear la Agencia Tributaria Canaria.

Señorías, parece mentira, con 270 000 parados, con colas en los comedores de caridad, con muchas familias pasándolo muy muy mal, con muchísimos canarios sin un euro en el bolsillo para poder gastarlo, con el Gobierno todo el día quejándose de lo difícil que es cuadrar las cuentas públicas, con el Gobierno todo el día quejándose de la insuficiencia financiera, con el Gobierno todo el día pidiendo préstamos a diestro y a siniestro, y hoy el Parlamento de Canarias va a proceder a crear una ley que implica un dispendio absolutamente prescindible, absolutamente prescindible, e implica también un paso en falso tanto en una gestión tributaria que no necesitamos como en un derroche de dinero público que hoy, en 2014, no tiene justificación alguna.

El capricho nacionalista nos va a costar un nuevo ente y siete nuevos órganos, y ellos no lo niegan, sus propias enmiendas van por esa línea.

Como ya dije en su momento, esta creación de este engendro va a implicar que todas las promesas de reducción de la administración, de supresión de entes y órganos administrativos, dos mil veces reiterado aquí por el presidente Rivero, cae, como siempre, en la papelera. Ustedes no son gente de fiar, ustedes no cumplen nada de lo que dicen.

Este proyecto de ley, este proyecto de ley ha sido de los peor informados que han venido a esta Cámara en todo el tiempo -que ya son muchas legislaturas- en que yo he estado de diputado. Este proyecto de ley sigue, a fecha de hoy, ocultando a los diputados cuánto va a costar la Agencia Tributaria Canaria. No lo sabemos, no lo sabemos, y se nos pide no solamente que votemos a favor de no reducir la Administración sino de engordarla, pero, además, se nos pide que votemos a favor de darle un cheque en blanco en contra del tesoro público canario.

Yo sigo sin comprender cómo se atreven hoy a aprobar esta ley y a crear la Agencia Tributaria Canaria sin saber cuál va a ser el coste de la misma. Y por mucho que digan, no nos olvidemos, esta ley se crea con la opinión en contra -aunque den al final el informe favorable, léanse primero todos los reparos-, con la opinión en contra del Consejo Económico y Social, que no entiende por qué va a tener que mejorarse la gestión tributaria que hoy realiza la Dirección General de Tributos; con la opinión en contra del Consejo Consultivo, en cuanto a todos esos reparos en los que no atisba a ver por qué hay que cambiar un sistema de administración por un sistema de agencia, y en contra del propio criterio de la Oficina Presupuestaria que no ha hecho más que poner pegas.

Señor Barragán y señor Mayoral, no confundan, no me confundan la eficacia con la eficiencia. Ustedes precisamente apuntan a la eficacia, la eficacia es la consecución de objetivos a cualquier precio; la eficiencia es la consecución de objetivos al menor coste posible. Ustedes van a por la eficacia, mi partido va a por la eficiencia. Por lo tanto, no me vale nada de lo que han dicho, en absoluto. Siete nuevos órganos implicarán un gasto descomunal, un gasto que tendrán que sufrir todos los contribuyentes canarios, esos que hoy muchas veces no tienen un duro incluso para comer.

En el resto del proyecto, ya sabemos, ustedes han presentado una enmienda en la que prevén que en los próximos cuatro años se vaya aumentando paulatinamente -está incorporada al dictamen- el presupuesto de la Agencia Tributaria. Entonces, el reconocimiento no puede ser más explícito.

Y yo no me resisto a terminar sin leer aquella parte del informe de la Dirección General de Planificación que no le gustaba a don José Miguel Barragán. A él le gusta el apartado 8, a mí me gustan los demás, porque el 8 contradice al Consejo Consultivo, contradice al Consejo Económico y Social y contradice a la propia Oficina Presupuestaria.

Pero en el 9 se dice: por otra parte, y respecto a los efectos y repercusiones de la norma proyectada sobre los gastos públicos de esta administración autonómica, se pone de manifiesto en los antecedentes estudiados que la creación de la ATC llevará aparejado un impacto sobre los gastos de la Administración pública autonómica, como consecuencia de la necesidad de dotar al nuevo ente de los créditos necesarios para su funcionamiento y para el cumplimiento de la estructura de la que se parte, de la propia Dirección General de Tributos, que no se extingue y, en consecuencia, sigue estando ahí. Las economías que se proponen como fuente de financiación en la citada memoria no son susceptibles de financiar un nuevo gasto a consolidar, los puestos a crear. Los puestos de nueva creación con los créditos de aquellos puestos que se supriman, además de resultar insuficientes, no son posibles.

Y la más gorda, el 10: en todo caso, con la finalidad de salvaguardar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda fijados para la Administración pública autonómica, de las previsiones normativas del anteproyecto de ley no se podrá derivar ningún incremento de sus gastos para el presente y siguientes ejercicios, sin que quepa recabar por parte del ente a crear asignaciones presupuestarias más allá de las que resulten equivalentes a las que actualmente tiene asignadas la Dirección General de Tributos.

Señores, esto lo dice un órgano del Gobierno, la Dirección General de Planificación y Presupuesto. El que no quiere entender estará en la ceguera pero expliquen ustedes a los canarios de hoy, de hoy, a los que están pasándolo mal hoy, por qué es necesario gastar el dinero en derroche público.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miguel Cabrera.

(El señor presidente hace sonar el timbre de llamada a la votación). (Pausa).

Señorías, vamos a votar, en primer lugar, las enmiendas que se han mantenido para pleno presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto al proyecto de Ley de la Agencia Tributaria Canaria. Entiendo que las votamos en bloque porque el planteamiento había sido que eran rechazadas en bloque por los grupos que se oponían. Entonces, comenzamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Comienza la votación (Pausa).

Resultado: 51 presentes; 2 a favor, 31 en contra, 18 abstenciones.

Quedan rechazadas.

Ahora, señorías, vamos a votar el proyecto de ley con el texto articulado, las disposiciones adicionales y finales, la exposición de motivos y el título de la Ley de la Agencia Tributaria Canaria. Comienza la votación (Pausa).

Resultado: 52 presentes, 33 a favor, 19 en contra, ninguna abstención.

Queda aprobado.

El señor consejero de Economía y Hacienda, don Javier González Ortiz, tiene la palabra.

(El señor Cabrera Pérez-Camacho, desde su escaño, solicita el uso de la palabra).

El señor CABRERA PÉREZ-CAMACHO (Desde su escaño): (Sin micrófono).

Esto ha sido suficientemente aclarado en los servicios jurídicos de la Cámara, la Mesa, en la Junta de Portavoces.

Don Miguel Cabrera Pérez-Camacho...

El señor CABRERA PÉREZ-CAMACHO (Desde su escaño): (Sin micrófono).

El señor PRESIDENTE: Eso lo interpreto yo, ¿correcto?, eso lo interpreto yo, eso es correcto, la interpretación que usted..., esa sí es correcta. El negarle la palabra al Gobierno, como ya lo hicimos en una ocasión, no es correcto, como era la opinión de este presidente, y comprobados los servicios jurídicos, se lo digo para tranquilidad de sus señorías. Lo que le corresponde al presidente es acotarle el tiempo cuando son...

El señor CABRERA PÉREZ-CAMACHO (Desde su escaño): (Sin micrófono).

El señor PRESIDENTE: Don Miguel, por supuesto, deje usted a la Presidencia, se acota el tiempo cuando son intervenciones no previstas y si reabre el debate para todos los grupos.

Cinco minutos, don Javier, tiene la palabra, señor consejero.

El señor CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD (González Ortiz): Gracias, presidente.

Señorías, con la aprobación de esta ley Canarias se dota de una herramienta trascendental para el sistema público, un nuevo modelo para la gestión de los ingresos tributarios, un pilar que sustenta la prestación de los servicios a los ciudadanos. Culmina así, por tanto, un trabajo iniciado en el seno de la Consejería de Economía y Hacienda hace ya bastantes años, desde la pasada legislatura.

La Agencia Tributaria Canaria mejorará la eficacia y la eficiencia de la actual estructura, facilitará en mayor medida el cumplimiento de las obligaciones a los ciudadanos y avanzará de forma notable en la lucha contra el fraude fiscal. Una fórmula cuya efectividad ya ha sido contrastada en otras administraciones y que permitirá una mayor capacidad para la adaptación a los profundos cambios que pueden generarse en nuestro particular sistema tributario, porque si hay una comunidad autónoma que precise un ente específico, esa es Canarias, dado que es la que mayor volumen de ingresos tributarios gestiona. Una relevancia que se sustenta en su mayor autonomía financiera, debido a sus tributos propios, los cedidos por el Estado y los derivados específicamente del Régimen Económico y Fiscal.

Sin duda, con este nuevo órgano nos dotaremos de mecanismos más ágiles y flexibles que repercutirán positivamente en la gestión recaudatoria. También se intensificará la colaboración con el resto de administraciones y supondrá una mayor cualificación de su personal, elemento fundamental para el buen funcionamiento de los sistemas tributarios; aspectos ineludibles en un escenario marcado por los cumplimientos de déficit y consolidación fiscal, mientras que paralelamente tenemos la obligación de garantizar los recursos necesarios para la prestación de los servicios básicos. Para lograrlo, la creación de la Agencia Tributaria representa un cambio de modelo que supone, por tanto, una transformación de los métodos de trabajo y de la cultura administrativa de todos los actores que intervienen en el sistema. La nueva forma organizativa, constatada internacionalmente, permite un mayor grado de autonomía, más descentralización, agilidad en la toma de decisiones y un sistema que vincula la gestión al cumplimiento de objetivos.

De la misma manera, este nuevo sistema será esencial para reforzar la lucha contra el fraude fiscal: su prevención y persecución es una demanda social y una obligación de las administraciones públicas, al tratarse de comportamientos insolidarios que afectan a la financiación de los servicios públicos esenciales y distorsionan la actividad económica. Sin embargo, no solo debemos avanzar en la persecución de las conductas irregulares, sino que también debemos concentrarnos en facilitar, sobre todo, el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales como una fórmula para evitar este fraude.

Por otra parte, la Agencia Tributaria Canaria podrá ser la agencia de todos, incorporando a su gestión y funcionamiento a los cabildos y ayuntamientos, como cotitulares de los ingresos del bloque de financiación canario. Estas instituciones son las principales perceptoras de los ingresos derivados de nuestro Régimen Económico y Fiscal, por lo que su participación en esta nueva estructura no solo es muy valiosa sino necesaria. Reforzar y ampliar su implicación en la toma de decisiones que afecta a sus recursos, por lo tanto, es un compromiso adquirido y cumplido en esta ley.

Por último, me gustaría agradecer a todos y todas el trabajo parlamentario realizado, una labor que ha enriquecido el proyecto inicial para que la Agencia Tributaria Canaria finalmente vea la luz.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.

Señorías, se reanuda la sesión a las cuatro y media. Muchas gracias. A las cuatro y media.

(Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta y un minutos).

(Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y cuatro minutos).

El señor PRESIDENTE: Señorías, muy buenas tardes. Se reanuda la sesión.

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  • 8L/PL-0017 Sobre De la Agencia Tributaria Canaria.


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