Diario de Sesiones 136/2014, de fecha 23/9/2014
Punto 23

8L/C-1608 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE EL INFORME DEL COMITÉ DE EXPERTOS EN RELACIÓN CON LA ORDENACIÓN TURÍSTICA.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Señorías, pasamos a la siguiente comparecencia, del Gobierno -del señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial-, instada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre el informe del comité de expertos en relación con la ordenación turística.

Para la primera aproximación por parte del Grupo Parlamentario Popular, don Miguel Jorge Blanco. Por tiempo de cinco minutos, tiene usted la palabra.

El señor JORGE BLANCO: Gracias, señor presidente.

Don José Luis Rivero Ceballos, catedrático de Economía; Santiago Melián González, profesor titular de Economía en la universidad; don José Antonio Duque Díaz, secretario general del Cabildo de Tenerife; don José Juan Sánchez Arencibia, interventor general del Cabildo de Gran Canaria; don Francisco Villar Rojas, catedrático de Derecho Administrativo; doña Carmen Álvarez Mendoza, vicesecretaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; y don Francisco García González, doña María Lourdes Baute Hernández y doña María del Socorro Beato Castellano, que son altos funcionarios de la comunidad autónoma. Todos ellos, señorías, señor Berriel, formaron parte del comité de expertos, ese comité de expertos creado por el Gobierno de Canarias, en noviembre de 2011, para ofrecer propuestas de reforma y de mejora de la Administración pública de Canarias.

Después de dos años de trabajo, estos señores, grandes profesionales y expertos en cada una de sus materias y, fundamentalmente, expertos en Administración pública, ofrecieron al señor presidente del Gobierno un documento, un documento lleno de propuestas y de soluciones para mejorar la Administración pública autonómica. Este es el documento, aderezado con algunos rayones de mis hijos, porque les gusta el arte de la pintura; pero, en definitiva, este es el documento que el comité de expertos le remitió al presidente del Gobierno.

Tienen propuestas de racionalización de sociedades mercantiles, de la Administración pública propiamente dicha, sobre aprobación de los instrumentos de ordenación territoriales, urbanísticos y turísticos; acerca de la modernización de los servicios sociales; sobre la distribución competencial entre las distintas administraciones públicas de Canarias, Gobierno de Canarias, cabildos insulares y ayuntamientos, y también sobre el análisis de la regulación y la carga administrativa de la actividad turística alojativa.

Los expertos podrían haber realizado otros informes, porque otros problemas también existen en la Administración pública canaria. Pero se lo digo de verdad, señor Berriel, me da la impresión de que, a medida que iban llegando esos papeles a manos del Gobierno y a manos del presidente del Gobierno, acerca de las opiniones y acerca de las propuestas, no gustaron mucho en el seno del Gobierno y el señor presidente del Gobierno mandó a parar: "no me traigan, por favor, más papeles, porque entonces aquí vamos a tener un problema".

Y es una pena, de verdad, que no hubieran continuado con su trabajo, terminado a finales del 2013, principios de 2014, porque nos hubieran iluminado con muchas otras propuestas que, sin duda, mejorarían la Administración autonómica del presente y también, sin duda y por supuesto, la Administración del futuro.

Me centro en estos momentos, en esta comparecencia, en la actividad turística, en la regulación de los expedientes de la actividad turística. Y me gustaría, señor Berriel, que en su comparecencia nos informara de qué cosas le gustaron más, qué cosas le han gustado menos, qué cosas va a implementar en el futuro y cuáles va a dejar definitivamente aparcadas.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Gobierno, señor consejero de Política Territorial. Don Domingo Berriel, por tiempo de diez minutos, tiene usted la palabra.

El señor CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL (Berriel Martínez): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, me alegro de que coincida con el Gobierno sobre el acierto de las personas y sus currículos al elegirlos en ese comité.

Señoría, el Comité de Expertos para la Reforma de las Administraciones Públicas fue creado por Decreto 318 del 2011, de 24 de noviembre, con unas funciones bien definidas: en primer lugar, evaluar el funcionamiento y el marco competencial de las administraciones públicas canarias con el fin de identificar duplicidades, ineficiencias y posibles mejoras desde la perspectiva de su financiación y del servicio que se presta a los ciudadanos; en segundo lugar, elevar al presidente del Gobierno propuestas y recomendaciones concretas de actuación que redunden en la mejora del servicio de las administraciones públicas canarias a la ciudadanía y que contribuyan a optimizar y a hacer más eficiente la asignación de recursos públicos a la gestión de sus competencias; y, por último, atender las consultas y solicitudes de informe que puedan realizar a la Presidencia del Gobierno de Canarias.

En virtud, señoría, de estas atribuciones, el comité dedicó parte de su trabajo al sector del turismo, por su importancia estratégica, aprobando sus conclusiones en la sesión celebrada el 19 de octubre de 2012, con el título Análisis de la regulación y carga administrativa de las actividades turísticas alojativas. Como primera valoración de aquel trabajo, considero que sus conclusiones fueron muy útiles en el momento en el que se comunicaron al Gobierno, hace ya casi dos años; contribuyeron al debate interno durante la fase de elaboración de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias; y sirvieron para contar con opiniones cualificadas y contrastables con los condicionantes y la intención del legislador, y en cada uno de los aspectos regulados finalmente en la norma. Por lo tanto, señoría, desde aquí no puedo sino elogiar la labor de las personas consultadas para asesorar al Gobierno y agradecerles su esfuerzo por mejorar el contenido del ordenamiento jurídico canario.

Sin embargo, como ya expuse, las tareas del comité consistieron en evaluar, detectar ineficiencias y posibles mejoras y, en consecuencia, elevar propuestas y recomendaciones al presidente del Gobierno. No fue encomendada al comité la elaboración de propuesta normativa alguna.

Queda, por tanto, para el Gobierno, el asumir su responsabilidad y competencia redactando los textos normativos. En este caso, el proyecto de ley, después del análisis profundo de las recomendaciones de los expertos consultados, de los sectores afectados y de los condicionantes de contorno relativos a la situación territorial y ambiental, a la coyuntura económica y a la coyuntura del empleo, a la jerarquización y coordinación del marco jurídico incidente, etcétera, etcétera.

Así, en el caso de la Ley de Renovación Turística, el análisis del comité fue contrastado y completado a través de una compleja tramitación, desde la elaboración y sometimiento a los dictámenes de otros órganos, como el Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo; y, sobre todo, al debate en esta misma Cámara. Una tramitación en la que su grupo, señoría, y usted mismo han tenido numerosas ocasiones de participar, debatir y contribuir a la mejor regulación del sector. No obstante, se trata de una ley aprobada por este Parlamento, lo cual supera cualquier reflexión sobre su adecuación a una u otra opinión, por muy cualificada que esta sea.

Por lo tanto, señoría, considero que el debate ex post sobre un documento que sirvió de orientación para la gestación de otro, como es la ley ampliamente debatida en el seno del órgano competente para su aprobación, no deja de ser un ejercicio interesante; aunque, en cierta medida, un ejercicio extemporáneo y ocioso por inútil, una vez que la ley ha sido aprobada por la institución democráticamente legitimada en exclusiva para ello.

Pero, entrando en el análisis concreto de su contenido, señoría, he de decirle, no obstante, que la mayor parte de las propuestas y recomendaciones del comité se tuvieron en cuenta y se incorporaron al texto normativo. Las diferencias de criterio son las menos, y fueron ampliamente consideradas y explicadas durante el intenso proceso legislativo, sin perjuicio de que algunas -como la propuesta de eliminación de las autorizaciones previas- suponían una opinión de gran calado; y su rechazo, ampliamente fundamentado en el modelo propuesto por el Gobierno y elegido por el legislador, como veremos.

Así, señoría, en concreto, el comité dividió sus propuestas en tres bloques: sobre el uso del suelo, sobre la actividad y sobre las competencias. Analizaré las que considero más relevantes, señoría, empezando por el bloque sobre el uso del suelo.

El comité propuso, textualmente, "admitir, autorizar cualquier proyecto turístico alojativo que cumpla los requisitos reglamentarios, siempre que lo sea sobre el suelo apto para uso turístico de acuerdo con la Ley 19/2003 y la Ley 6/2009, de medidas urgentes, derogando la moratoria en cuanto limita las autorizaciones previas y solo permite con carácter de excepción la construcción de establecimientos turísticos a determinadas modalidades y tipologías".

Leyendo el desarrollo de la propuesta, encontramos la primera coincidencia con el criterio seguido por el Gobierno: el comité está de acuerdo en que se siga limitando la clasificación de nuevo suelo, al reconocer la importancia de sus valores medioambientales, pero plantea eliminar las autorizaciones previas y acabar con la moratoria. En primer lugar, señorías, he de repetir que la moratoria como tal ha sido superada: la ley actual define un modelo de calidad que permite construir establecimientos turísticos de cualquier categoría.

Donde no coincide el legislador con el comité es en su propuesta de eliminar completamente las autorizaciones previas, y es que precisamente son las autorizaciones las que posibilitan el control administrativo para el cumplimiento del objetivo de renovación de la planta y de la protección medioambiental y optimización territorial que también propugna el comité. Así, en su exposición de motivos, señorías, la ley turística fundamenta el mantenimiento de las autorizaciones previas en el interés general, porque la actividad turística tiene incidencia territorial y el bien jurídico protegido está vinculado a la protección del medioambiente y de los recursos naturales.

Le recuerdo que la única actuación que frenó completamente la construcción de nuevos establecimientos turísticos después de la ley fue el uso que hizo el Gobierno central de su desorbitante potestad para suspender cautelarmente, de forma automática, las normas que recurren, con o sin fundamento, ante el Tribunal Constitucional. Y de este caso resultaron suspendidos los apartados a) y c) del artículo 4.2 de la expresada Ley de Renovación; suspensión, afortunadamente, levantada tan pronto como el tribunal analizó la pretensión del Gobierno central.

La segunda propuesta relevante del comité para este debate fue la de ordenar los espacios turísticos mediante planes especiales de ordenación de carácter integral, tramitación abreviada y ejecutiva, con aprobación municipal o por subrogación insular o autonómica. La ley, señorías, incluye el espíritu de esta propuesta, si bien fruto de un desarrollo más elaborado. Hay coincidencia en la necesidad de procedimientos abreviados, de agilizar el planeamiento y de adoptar otras muchas medidas para agilizar las inversiones y viabilizar la renovación y la inversión. Pero consideramos cuando menos dudoso que el sistema subrogatorio mejore sustancialmente el modelo más perfeccionado de los planes de modernización regulados en la ley. El comité propone, textualmente, "que la intervención autonómica insular en el documento se garantice mediante informes preceptivos vinculantes sobre sus competencias e intereses". Como bien sabe, señoría, tenemos amplia experiencia en las consecuencias de bloqueo de los informes preceptivos y vinculantes, incluso aunque sean extemporáneos, como el caso, por ejemplo, de Aviación Civil, Costas, Defensa, Telecomunicaciones y otros entes estatales con ese privilegio.

Y, realmente, señoría, ninguna diferencia práctica hay entre la potestad de emitir un informe vinculante y una capacidad resolutiva o resolutoria sobre la aprobación de un instrumento de planeamiento. Ninguna. Además, el propio informe propugna la subrogación de competencias por otras administraciones, porque sus miembros fueron conscientes de la realidad, la realidad, señorías, la imposibilidad municipal para la elaboración del planeamiento ordinario especial con la celeridad que propugna. La muestra es que la consejería ha tenido que asumir el trámite, incluso, de los planes de ordenación general de dieciocho municipios. Más aún, se revela la necesidad de la intervención de la comunidad autónoma en la elaboración y aprobación de los planes de modernización, cuestión que se viene abordando con notable eficacia.

Por último, en este apartado, el comité coincide en que estos instrumentos deben ser ejecutivos, de modo que puedan desplazar las determinaciones de la ordenación urbanística que resulte contraria a sus previsiones, y esa es también la previsión que se ha dado a los planes de armonización, mejora e incremento de la competitividad que se han potenciado e integrado dentro del sistema de planeamiento canario, mejorando su contenido y los cauces de participación en todas sus fases, desde la promoción a la ejecución de todas las administraciones -especialmente, de los municipios-, respecto a la regulación que ya venía de la Ley 6/2009, de medidas urgentes.

En tercer lugar, el comité propone promover la renovación de los espacios turísticos consolidados, entre otras medidas, mediante la adaptación de estándares turísticos -en particular, de densidad- para acomodarlos a los condicionantes de cada una de las iniciativas, encomendando ese ajuste de plan especial de ordenación con carácter excepcional. La adecuación podrá consistir en la posibilidad de reconversión del sistema a uso residencial, en las condiciones de calidad que establezca el planeamiento especial -que, en todo caso, deben ser superiores a los estándares residenciales ordinarios, de modo que se mantenga la cualificación del espacio turístico que se localiza-.

La Ley de Renovación -señorías- y Modernización Turística flexibiliza en sus artículos 7 y 12 y la disposición adicional y transitoria tercera, entre otras disposiciones, los estándares de densidad, permitiendo...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Sí, señor consejero, tiene usted un minuto para concluir, por favor.

El señor CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL (Berriel Martínez): Muchas gracias, señor presidente.

...permitiendo aplicar, a través del planeamiento, la adopción de los más adecuados, en función de los condicionantes urbanísticos. Y, en el proyecto de ley de medidas tributarias, se incide nuevamente en esta cuestión, a la vista de la experiencia obtenida en la elaboración de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad. Y, en relación con los cambios al uso de la ley, incentiva la especialización por zonas de los mismos y la reconversión a los usos predominantes.

En definitiva, señoría, quiero decirle que, si bien no hay una reproducción mimética en las normas y acciones del Gobierno en relación con las recomendaciones del comité de expertos -como he dicho-, su informe ha constituido y constituye un serio referente, objeto de la mayor consideración, que ha enriquecido el proceso de la toma de decisiones del Gobierno, por cuyo trabajo el Gobierno -insisto- ha quedado muy agradecido del trabajo del comité.

Nada más. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.

Para contestar, los distintos grupos no solicitantes de la comparecencia. El Grupo Mixto, don Román Rodríguez, desde el propio escaño, tiene usted la palabra, por tiempo de tres minutos.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Señor presidente. Señor consejero.

Nosotros somos partidarios de escuchar a los expertos cuando se hacen normas, cuando se hacen leyes relevantes, y de ahí se pueden extraer ideas, reflexiones y aportaciones; pero quienes deciden las políticas son los representantes de los ciudadanos, y con quienes hay que buscar el espacio de encuentro y consenso es con la diversidad de los representantes de los ciudadanos y con los distintos ámbitos competenciales.

Esa es una ley que responde a una manera de interpretar los asuntos que nosotros respetamos, pero que es del Partido Socialista y Coalición Canaria, no es la nuestra. Nosotros creemos en las limitaciones en el crecimiento, y creemos en la planificación, y creemos en el interés general. No estamos de acuerdo en esto de que el mercado lo regula todo y el mercado es perfecto, esa es una cantinela de la derecha española y canaria que también respetamos, pero que no compartimos en absoluto. Las leyes las hacemos nosotros. Lo deseable es que leyes como esta las hiciéramos de acuerdo, buscando el consenso, y no por mayorías coyunturales, porque son leyes que estructuran el presente y el futuro de Canarias. Y lo deseable es que el negocio turístico se pusiera al servicio de la mayoría social y que, si hacemos un esfuerzo para orientar la economía sobre ese tema y dedicar una parte importante de nuestros recursos naturales, se produzca un crecimiento que genere empleo, que distribuya riqueza, que -en definitiva- nos beneficiemos todos.

De manera, señor consejero, que nosotros sí que creemos en los comités de expertos para alimentar el proceso de elaboración de normas y de planes; pero, sobre todo, creemos en nuestra capacidad de representar los intereses generales. Y lo que hemos pedido aquí, en relación con esas leyes, es que no las hagan ustedes por mayorías coyunturales, porque son leyes que estructuran el futuro, y es muy importante buscar los espacios de consenso; es muy importante respetar las competencias de los demás; es muy importante respetar los planes turísticos de las islas; es muy importante reconocer la diversidad de los territorios del archipiélago, y que hay medidas que pueden venir muy bien a un territorio, porque tiene resueltos determinados asuntos, y mal a otro, porque tiene esos asuntos pendientes. Y estas son las cosas que debiéramos nosotros corregir aquí, en la Cámara de representantes de los ciudadanos, escuchando a los cabildos, a los ayuntamientos y, evidentemente, a los expertos.

Pero, en definitiva, hagamos leyes pensando en el interés general, pensando en la búsqueda del encuentro, para que no sean leyes coyunturales que mañana terminaremos cambiando otras mayorías -porque se producirán otras mayorías, afortunadamente-, y que estas leyes sean parte estructurante de los acuerdos políticos, porque determinan el desarrollo. Y, sobre todo, hagamos que el crecimiento económico nos permita salir de esta crisis social injusta, de estos niveles de paro y de miseria, porque tampoco tiene sentido apoyar a un sector sin condiciones cuando no somos capaces de revertir la rentabilidad en el conjunto de la ciudadanía.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña Dolores Padrón, también desde el mismo escaño, tiene usted la palabra, por tres minutos.

La señora PADRÓN RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Muchísimas gracias, señor presidente.

Desde el Grupo Socialista, apoyamos la ley turística. Y apoyamos porque creemos que, además, tiene una filosofía que combina perfectamente lo que es la conservación de nuestro territorio y la rehabilitación.

Es evidente que desde otros grupos, pues, se entiende el territorio como un elemento para negociar, un elemento donde el libre comercio es lo que prima y donde no debería haber ni autorizaciones previas ni ningún control administrativo previo que facilite y agilice la construcción de determinados alojamientos teniendo en cuenta que se consuma el menos territorio posible. Y que lo que se pretende es, dependiendo no de los intereses de cada isla, porque el discurso aquel al que nos tiene acostumbrados estos últimos meses la derecha canaria es que parece que defiende más los intereses empresariales, y no realmente los intereses del territorio y los intereses de la rehabilitación de la planta turística que tanto se necesita.

Por lo tanto, nosotros creemos que, además, hay como una cláusula de salvaguarda, que es la evaluación, que es la disposición transitoria que permite que se evalúe un instrumento que está hecho realmente porque se quiere rehabilitar sin consumir territorio pero que, además, genere empleo -de eso no se ha oído nada ni por un grupo ni por otro-; y que se controle la generación de empleo y que también se ligue a la rehabilitación de estos espacios turísticos y de aquellas zonas que lo necesiten; y que, además, dentro de la evaluación, que además de las cuatro estrellas famosas -que nos han metido en un discurso y en una vorágine que, desde luego, es más política que real-, que además, se plantee la necesidad de ligar la rehabilitación y el crecimiento a la generación de empleo, porque si no, lo demás no tiene ningún sentido.

Por lo tanto, señor consejero, esperamos a la evaluación. Confiamos en que la evaluación complemente ese informe de expertos que sí que se tuvo en cuenta a la hora de asumir determinadas cuestiones dentro del proyecto de ley que iban en el espíritu del informe -que, además, se complementaba con los informes del Consejo Económico y Social y del Consultivo-.

Es evidente que una ley no es el padrenuestro, y que necesita de evaluación continua. Y, desde luego, lo que sí exigimos, señor consejero, es, para que todas las islas vayan desarrollándose en equilibrio y que realmente no haya ningún instrumento de control administrativo o de planeamiento que dificulte el desarrollo equilibrado de nuestro territorio, que la evaluación venga cuanto antes, para poder hacer los cambios, si hacen falta, necesarios para que el desarrollo de nuestras islas, en materia de rehabilitación, en materia turística y de generación de empleo, sea lo más equilibrado posible.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Grupo Nacionalista, doña Claudina, también desde el propio escaño, por tiempo de tres minutos, tiene usted la palabra.

La señora MORALES RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Gracias, presidente.

Como diría el presidente del Grupo Parlamentario Popular, cómo cambian los tiempos, Venancio. Hace muy poquito tiempo veíamos que el Partido Popular era el único que aquí cuestionó de forma insistente al comité de expertos. Mira que produjo risas el comité de expertos dentro de la bancada del Partido Popular. Y hoy, sin embargo, tenemos al señor Jorge defendiéndolo, valorando su trabajo y, además, diciendo que tenían que haber trabajado más. Pero, bueno, cosas hay que ver.

La verdad es que esta comparecencia a mi me resultó curiosa, porque cuando veo el título digo: pero, bueno, si esto se refiere a un informe que se elaboró hace ya dos años, y después del informe se aprueba en este Parlamento, hace más de un año y medio, la ley turística, donde se recoge la ordenación del territorio. Y, por tanto, digo: ¿por qué esta comparecencia en estos momentos? Y, claro, parece que la comparecencia el único sentido que tiene, señor Jorge, es uno: que podía ser que, como en su momento cuestionó tanto al comité de expertos, no se leyera el informe en su momento, sino que, leyéndoselo ahora, entendiera que hay alguna parte que le viene bien a este discurso que tiene el Partido Popular en estos momentos de que hay que liberalizarlo todo, y que sobre el crecimiento y el desarrollo turístico no hay que poner límite ninguno.

Porque es verdad que el informe dice que hay que derogar la moratoria que limita las autorizaciones previas y que solo permite con carácter de excepción la construcción de establecimientos turísticos de determinadas modalidades y tipologías. Es verdad que lo dice. Pero yo lo que creo, señor Jorge, es que, si bien esto lo dice el comité este de expertos, yo creo que no debe venir aquí aprovechando ello para decir aquí o darnos su mensaje. Primero, porque comparto totalmente lo que decía el señor Román: primero que es una falta de respeto a este Parlamento, puesto que es este Parlamento el que debate y el que tiene la capacidad de decidir sobre las leyes que legislan este pueblo; y no es un comité de expertos, por mucho que a usted le guste alguna de sus conclusiones. Por tanto, ya digo: aprobada la ley hace más de un año y medio, un respeto a este Parlamento.

Y, por otro lado, señor Jorge, también podría enunciar para este argumento al comité de expertos, pero también al Consejo de Estado, que le recuerdo que, en el dictamen previo al recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno central, el señor Soria dice que se justifica el control administrativo del crecimiento a través de las autorizaciones previas porque Canarias tiene una situación territorial y ambiental específica.

Por tanto, señor Jorge, crecimiento económico sí, tenemos que buscar las herramientas; pero no, desde luego, con políticas que hipotequen nuestro presente, nuestro futuro y, además, un bien tan escaso como es nuestro territorio, como es nuestro medioambiente, en unas islas donde nuestro... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo.)

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señora diputada.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, don Miguel Jorge Blanco. Por tiempo de diez minutos, tiene usted la palabra.

El señor JORGE BLANCO: Gracias, señor presidente. Señorías.

Parece que la evaluación de la Ley de Renovación Turística los tiene a todos muy preocupados. Porque se han lanzado a degüello a criticar algunas cuestiones de las que yo, inicialmente, no he hablado. Yo hablaba de los distintos puntos del informe del comité de expertos en relación con la actividad turística, que no solo es actividad legislativa, sino también propuestas de modernización de la propia Administración pública que no tienen o no necesitan ninguna modificación legislativa, señorías.

Y, por tanto, en fin, yo entiendo que el Grupo de Coalición Canaria, que está muy dividido en relación con la aprobación o no de la ley o de la modificación en favor de los hoteles de cuatro estrellas, bueno, pues, esté preocupado y, por tanto, busque al enemigo exterior -en este caso, mi persona- para criticar cuál es la postura del Partido Popular.

E, igualmente, del Partido Socialista, que hace tres o cuatro días vimos que el PSOE de Gran Canaria también propone una modificación profunda de la Ley de Renovación Turística, cosa que el Gobierno de Canarias, por cierto, se niega a realizar, y nos tiene mareando la perdiz. Llevamos esperando por el informe de renovación turística, la evaluación de la Ley de Renovación Turística; y me temo, señor Berriel, en fin, se lo adelanto ya: el informe va a decir que todo está estupendo y que no hay que cambiar ni una coma de la Ley de Renovación Turística, y seguiremos así, esperando a que el nuevo Gobierno, que espero que sea un Gobierno formado por el Partido Popular, cambie las cosas para que, al menos algunas islas, encuentren mejor acomodo que en la redacción de la actual Ley de Renovación Turística.

Mire, señora Padrón, yo sé, en fin, usted habla del desarrollo equilibrado y armónico de las islas del archipiélago. Pues, precisamente, eso es lo que venimos buscando desde el Partido Popular. Porque, con la ley actual, la ley vigente, lo que se produce es precisamente lo contrario: un desarrollo desequilibrado e inarmónico de la ordenación turística canaria. Yo lo entiendo, mire, usted es diputada por Tenerife; probablemente, lo que pase en Gran Canaria le importe a usted un pimiento; a mí no, todo lo contrario: yo quiero que se desarrolle cada isla, que el modelo turístico de cada isla sea el que cada cabildo insular determine. En fin, yo entiendo su postura, pero desde luego que no la comparto, ¿no?

Mire, señor Berriel, de acuerdo con este informe, vamos a centrarnos en el informe, que tiene algunas cosas interesantes. Comparto muchas de ellas, otras no tanto; pero, en cualquier caso, sí que, en fin, le agradezco que continúe después con los siguientes puntos, porque hay cosas que merece la pena discutir, ¿no?

De los primeros puntos, en realidad, bueno, pues, no estamos de acuerdo, evidentemente, en derogar la moratoria turística en cuanto que limita las autorizaciones previas y solo permite, excepcionalmente, la construcción de hoteles de cinco estrellas. Lógicamente, ahí no compartimos, no lo compartimos en la Ley de Renovación con la moratoria que usted dice, la ha denominado, "la moratoria ha sido superada". Esto es de examen final, señor Berriel. Ya no existe, según sus palabras, moratoria turística en Canarias. Pues, mire, yo le digo: la moratoria existía antes, lo que pasa es que era temporal, era cada tres años, y cada tres años se decidía si continuaba o finalizaba.

Lo que han hecho usted y este Gobierno, y los grupos que apoyan a este Gobierno, es crear la moratoria permanente, la definitiva; que, mientras no cambiemos el texto de la ley, no se podrán construir hoteles en Canarias de determinadas categorías, a pesar de que le hemos o le estamos intentando convencer de que, efectivamente, hay determinadas islas del archipiélago que, desde luego, no se ven favorecidas por su decisión. Y, por tanto, no nos venga con el cuento en esta tribuna de que la moratoria turística ha sido superada, ¡es que no es verdad! Es que no es verdad; literalmente, no es verdad, señor Berriel; y, por tanto, en fin, me gustaría que se digan las cosas por su nombre y de verdad.

En segundo lugar, "ordenar los espacios turísticos mediante planes especiales de ordenación, de carácter integral y tramitación abreviada y de naturaleza ejecutiva". Es verdad que tiene cierta similitud con los planes de modernización, es verdad; lo que pasa es que también es verdad que los planes de modernización se están utilizando más para el aspecto concreto, el aspecto del proyecto en sí mismo, y no en una ordenación más general del espacio consolidado turístico que, a lo mejor, a través de estos planes especiales, podría ser. Lo digo como un elemento de reflexión; espero que no sea de polémica, señor Berriel, pero sí como de reflexión.

En tercer lugar, la derogación de los planes territoriales de ordenación turística, la supresión, en fin, de la figura del plan territorial de ordenación turística, en la que podemos estar relativamente de acuerdo con el comité de expertos; pero es verdad, en fin, que es una figura que existe en la legislación vigente y, por tanto, es muy difícil de suprimir.

Flexibilización de los estándares turísticos, fundamentalmente de la densidad, para acomodarlos a los condicionantes reales de cada iniciativa. Entre otras cosas, porque con esto podríamos evitar el recurrir permanentemente a la dispensa que el Gobierno de Canarias tiene. Estamos utilizando la excepción, señor Berriel, como la norma habitual. Como es evidente que los estándares turísticos de los establecimientos antiguos no se pueden, prácticamente, cumplir, bueno, pues, acudimos por la puerta de atrás, acudimos a la dispensa del Ejecutivo, del Gobierno regional, y la convertimos en la práctica habitual para autorizar los establecimientos, que no me parece mal que se les autorice, pero es verdad que no es bueno utilizar los atajos, los atajos de la ley, para convertir en habitual lo que no debe serlo.

Creación de una ventanilla única de la renovación turística -es una propuesta muy interesante, señor Berriel, que no necesita, digo, de modificaciones legales ni de que esté en ninguna ley-, donde se concentren todos los aspectos, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista fiscal, de los beneficios, desde el punto de vista administrativo. Creo que es una propuesta interesante que se concentren en una sola ventanilla y no estemos mareando a los empresarios y a los promotores, acudiendo a unos lugares o a otros para resolver sus expedientes.

No añadir nuevas exigencias edificatorias a las ya previstas en el Código Técnico de Edificación. Reducir los requisitos de equipamiento mínimo fijados en los estándares turísticos. Limitar el principio de unidad de explotación en los establecimientos alojativos hoteleros y extrahoteleros de máxima calidad; y quedando -para los otros, para los que no tienen tanta calidad- que sea como una garantía de calidad. Porque, en definitiva, es adaptar a la realidad, en fin, la norma, de tal forma que hoy en día es muy difícil cumplir lo que la Ley de Renovación Turística dice en relación con la unidad de explotación de determinados complejos, fundamentalmente, en las zonas turísticas obsoletas, en las antiguas, en las más antiguas.

Creación de sistemas de evaluaciones turísticas permanentes que, además, queden vinculadas luego en su resultado en la calificación turística del hotel final, ¿no? Reconocimiento y regulación de la vivienda turística, para que forme parte de la legalidad, para que forme parte de la tributación canaria, en definitiva, ¿no? Esta mañana hubo alguna respuesta a alguna diputada de nuestro grupo, en relación con la regulación de este aspecto, que es importante, que se impone como un nuevo modelo turístico y en que es necesario, desde luego, meterlos dentro, tenerlos dentro del saco -que no fuera, y que no tributen y que sean alegales-, en definitiva.

Otorgar a los ayuntamientos las máximas facultades para evaluar y autorizar establecimientos turísticos y sus proyectos; que la mayor parte de las competencias para construir un hotel o para renovar un hotel residan en el ayuntamiento, y que los promotores y los empresarios no tengan -como dije antes- que estar acudiendo a otras instancias públicas.

Y transferir la inspección y la sanción turística a los cabildos insulares. Cuando se produjo la transferencia -hace ya muchos años- a los cabildos insulares, en relación con las políticas de turismo y, en concreto, con la Policía Turística insular, pues, se les transfiere lo que es la policía, pero no se les transfieren la inspección ni las sanciones, cosa algo incomprensible, realmente. Aquí este Parlamento aprobó hace muchos años la existencia de un informe del Gobierno en relación con la necesidad de que se transfieran bloques homogéneos de competencias a las corporaciones insulares, y este no es un ejemplo de que se hayan transferido bloques homogéneos, porque dejaron la inspección y las sanciones en manos del Gobierno de Canarias.

Otorgar la dispensa de los estándares de calidad a los ayuntamientos -o, en su defecto, a los cabildos- parece también una propuesta razonable, creando, eso sí -pide el comité, y me parece lógico y razonable- un proceso transparente, un proceso público, y que exista una especial motivación para que se pueda otorgar.

En definitiva, señor Berriel, señor consejero, son propuestas interesantes, propuestas que se han incorporado algunas de ellas -lo reconozco, es verdad- a la Ley de Renovación Turística, pero hay otras en que sería bueno aprovechar la evaluación que tenemos en estos momentos de la Ley de Renovación para profundizar en ellas y adaptarlas, porque me parece que, en definitiva...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Tiene usted un minuto para concluir.

El señor JORGE BLANCO: Diez segundos. Pues, van a redundar, sin duda, en una mejora en la tramitación de los expedientes de otorgamiento, en fin, de autorizaciones, y de la renovación de los complejos hoteleros y extrahoteleros de Canarias.

Gracias. (La señora Padrón Rodríguez solicita intervenir.)

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor diputado.

Sí, doña Dolores, ¿a qué efectos?

La señora PADRÓN RODRÍGUEZ (Desde su escaño): A los efectos de ser absolutamente contradicha. He empleado un argumento y se la ha dado la vuelta para decir lo contrario.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Señora diputada, sabe que en una comparecencia es fijar posición en relación con la intervención del señor consejero, y no en relación... Es lógica la contradicción entre los grupos parlamentarios, y no hay ninguna razón para poderle dar la palabra.

La señora PADRÓN RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Pero me ha aludido y me ha, bueno...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Lo siento.

Señor consejero. Por tiempo de diez minutos, tiene usted la palabra.

El señor CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL (Berriel Martínez): Gracias, señor presidente.

Señorías, muy brevemente, porque realmente se trae a colación la Ley de Renovación y Modernización Turística porque fue el instrumento en el que se concentraron realmente las propuestas del Gobierno; y se trajo aquí para ser sancionado, en sede parlamentaria, y, por lo tanto, convertido en ley, digamos, un conjunto de actuaciones relevantes que en esta legislatura, desde luego, han marcado el objetivo del Gobierno en esta materia, que, en definitiva, era impulsar un proceso de renovación de la planta turística como principal objetivo económico, de empleo y también medioambiental.

Y ahí hemos coincidido, en gran parte, con las propuestas del comité. Hay matices. Evidentemente, no hay una traslación mimética de lo que el comité dice; pero, bueno, teniendo en cuenta que no se legisla solo con una opinión, por muy valorada que evidentemente sea, sino que hay una conjunción de cuestiones que se analizan e intereses que concurren, consecuentemente, se dio una respuesta básicamente a casi todas las cuestiones planteadas por el comité.

Por tanto, hay cuestiones como, por ejemplo, pues, que si debe concentrarse la ayuda pública en los procesos de rehabilitación. Tiene respuestas en la ley; todas las plusvalías generadas con los procesos de renovación, como consecuencia de la mayor edificabilidad, que se permite en muchos de los casos, van dirigidas al patrimonio público de suelo, con la obligación de los ayuntamientos de invertir en la renovación del espacio turístico, una cuestión que el comité, pues, yo creo que con acierto, pone el énfasis en esa necesidad.

Por cierto, que eso contrasta, contrasta realmente con lo que ha hecho el Gobierno central de eliminar el convenio para la renovación turística, dejándola en cero, pese a que nuestro Régimen Económico y Fiscal tenía la previsión de que el Estado tiene que invertir en esa cantidad. Pero, efectivamente, esa cantidad ha desaparecido. Y, por tanto, solo el esfuerzo de la propia comunidad autónoma es el que, en estos momentos, pues, puede hacerse ahí.

Se habla también de la necesidad de concentrar ayudas públicas y de coordinarlas todas. El Gobierno, en otro tipo de normas, como son las propuestas de Régimen Económico y Fiscal; las propuestas también de las inversiones en los próximos fondos Feder para 2014-2020; hace también ahí unas propuestas el Gobierno, antes se ha dicho por el consejero de Economía y Hacienda, en materia de innovación; se hace también un esfuerzo para concentrar precisamente todas esas sinergias y permitir que mejore el turismo en Canarias y, por tanto, que sea más competitivo y más respetuoso para que el medioambiente tenga más potencialidad y más capacidad de crecimiento.

Señoría, usted ya revela algo que me preocupa, que es que ya tiene una concepción predeterminada de la evaluación que se hace de la ley. Pues, ¿para qué la hacemos, entonces? Entonces, haga usted la suya, la trae a este Parlamento, hacemos nosotros la nuestra, las contrastamos.

Verá usted, señoría, que se ha hecho un trabajo objetivo con, digamos, acreditación de números y demás, y se hace una reflexión fruto de la cual, evidentemente, las leyes no son infalibles y son siempre perfectibles. Pero, evidentemente, ya le anticipo que gran parte del contenido de la ley es muy positiva o se ha revelado como muy positiva, y otra parte se revelará también como muy positiva.

¿Que hay distintas opiniones?, vamos a ver, aquí se habla mucho, y la verdad es que hay que decir las cosas por su nombre. Se habla mucho de que, bueno, de que una isla, de que... No, no, seamos claros, vamos a ver. No es que una isla no esté de acuerdo con un contenido de la ley; será que a determinados empresarios de una isla no les gusta la regulación que se ha adoptado porque prefieren, porque prefieren, prefieren no tener ninguna cortapisa en la inversión, ahorrarse la reconversión y, por tanto, hacer con la menor inversión el mayor número de plazas alojativas. Pero eso va contra el objetivo de la ley, y como va contra el objetivo de la ley, evidentemente, el Gobierno y los grupos que lo sustentan no han entrado en esa cuestión, porque eso disminuía la potencialidad, disminuía la potencialidad de la renovación, del objetivo principal que dice la ley, que es la renovación.

Miren, vamos a ver, si usted canaliza, las voluntades son como los ríos de agua; si usted canaliza por una sola sección, pues, irá mucho más rápida por esa sección que si abre dos secciones iguales, ¿no?, porque entonces se disipa el esfuerzo y, por tanto, evidentemente, la velocidad disminuye, y esto es lo que pasa. Si usted permite que se hagan atajos a otro tipo de actividades económicas, sin necesidad de encauzar los esfuerzos por la renovación, pues, es muy difícil que la renovación se genere por decisión espontánea.

Tengo que decirle a don Román que el consenso es muy bonito y muy deseable, todos lo deseamos, pero el consenso es como el amor: no puede ser solo de una parte, tiene que haber voluntad de todos en este barco. Amores a la fuerza no pueden ser. Lo que ustedes no pueden es imponer, porque entonces el Gobierno sí tiene la obligación con los grupos que lo sustentan de gobernar y, por tanto, de poner en práctica su obligación, su estrategia; y no por eso, señoría, no por eso puede usted pensar que cuando venga otro Gobierno la ley cambia. La ley cambiará si hay que cambiarla, me imagino. Ningún Gobierno cambia algo que funciona; cambiará lo que no funcione, cuando sea necesario.

En definitiva, señorías, y no voy a ocupar todo el tiempo porque no parece necesario, pero evidentemente sí que coincidimos, coincidimos aquí. Y en esto no coincide el Partido Popular, pero, evidentemente, todos, el resto de los grupos de la Cámara, en que en Canarias la actividad turística es una actividad que tiene que estar ordenada, tiene que estar ordenada y tiene que tener unas reglas claras de juego, porque está el interés general de la principal actividad económica y de los recursos escasos naturales que pueden verse comprometidos. Y, consecuentemente, no puede ser liberalizadora, en un proceso liberal totalmente, en una liberalidad total.

No puede ser, como no puede ser la explotación de los recursos mineros; como no puede ser, por ejemplo, la generación de energía de cualquier manera y contaminando el medioambiente. Esto es así, no hay que rasgarse las vestiduras. Son actividades de interés general y, por tanto, por mucho que les duela a algunos empresarios que quieran que sea totalmente libre esa actividad, pues, no puede ser, porque su libertad coarta precisamente el derecho del resto de los ciudadanos, que tienen derecho a disfrutar de un medioambiente, de una ordenación del territorio, de una optimización de los recursos naturales y de un empleo razonable y adecuado.

Por tanto, señoría, esa es la posición del Gobierno, y eso lo seguiremos manteniendo. Otra cosa es que, evidentemente, buscaremos fórmulas de consenso -que a ver si es verdad, don Román, que podemos llegar a ese consenso, porque vamos a buscar fórmulas-, le vamos a proponer, de tal manera que le va a ser muy difícil decirnos que no y justificarlo, ¿no?

Por lo tanto, señor presidente, señorías, nada más. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, señor consejero.