Diario de Sesiones 137/2014, de fecha 24/9/2014
Punto 10

8L/IAE-0006 INFORME A EMITIR POR EL PARLAMENTO. ANTEPROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO; LA LEY 20/1991, DE 7 DE JUNIO, DE MODIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS FISCALES DEL RÉGIMEN ECONÓMICO FISCAL DE CANARIAS; LA LEY 38/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DE IMPUESTOS ESPECIALES; Y LA LEY 16/2013, DE 29 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): A continuación, pasamos al siguiente punto del orden del día, que, tal y como se informó inicialmente, es "Informes y audiencias a emitir por el Parlamento", el IAE-6. Para la defensa de la propuesta de los grupos, don José Miguel González. Por tiempo de diez minutos, tiene la palabra.

El señor GONZÁLEZ HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Le pediría al presidente cierta flexibilidad en el tema.

Yo creo que, a veces, este tipo de informes pasan por aquí como una cosa de rutina y nadie presta atención. Y si no, no se les da la verdadera importancia que tienen. Porque el Régimen Económico y Fiscal de Canarias comenzó con una carta otorgada, pero ha sido conseguido a base de la lucha y de la defensa de los canarios frente a una política que, a lo largo de la historia, ha pretendido homologarnos con el resto de España. Y solo algunas personas especiales tuvieron en cuenta las condiciones que incurrían en Canarias. Y hubo que plantear temas muy serios, como pasó cuando se intentó establecer el arancel aduanero común, y de ahí nacieron el Decreto de Puertos Francos, la ley y el régimen. Ahí tuvieron su origen.

Y, ese régimen, dice la adicional tercera en la Constitución que tiene que ser tenido en cuenta. Y, dentro de la propias constitucionales, en el Estatuto de Autonomía, en el artículo 46, dice que "solo podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Constitución, previo informe del Parlamento de Canarias, que, para ser favorable, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus miembros".

Señorías, ustedes son los que tienen encomendado por la Constitución el fijar la posición sobre los intentos de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, es una gran responsabilidad.

Nosotros hemos recibido un texto, hay que agradecer al ministro Montoro su intento de mandarlo en tiempo y forma, algo ocurrido, porque lo hemos recibido con un escrito que tengo delante de mí que está fechado en Madrid a 1 de julio de 2014 y que habla del acuerdo del Consejo de Ministros del 1 de agosto de 2014, un mes después de cuando está teóricamente firmado -yo creo que es un error-, pero hay que agradecer al ministro Montoro que, por primera vez, ha tenido un intento, no realmente completo, de enviarnos un texto con tiempo suficiente, con antelación suficiente. Se habla en el escrito de anteproyecto y resulta que lo que realmente nos manda es un proyecto, algo ha ocurrido, pero bueno, lo importante es que está en estos momentos en nuestras manos informar.

Señorías, el problema que se nos plantea a los canarios, es decir, con los textos de los proyectos de ley que se nos envían, se respeta lo que es el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y si se tiene en cuenta -y con qué valor- el informe que hace este Parlamento. El Grupo Nacionalista entiende que ese es un texto que hay que reforzar en la modificación del Estatuto, porque está claro que aquí nosotros hablamos en nombre del pueblo de Canarias, y el pueblo de Canarias tiene que ser atendido en aquello que le es singular y especial, y no puede pasar por que se modifiquen sus esquemas y su sistema sin la debida atención a lo que es. (Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor presidente.)

Y ¿dónde está el régimen, dónde está en este momento el Régimen Económico y Fiscal? Como ustedes saben, es un proceso evolutivo, empezó desde la época de la reina Juana, pero ha ido evolucionando hasta lo que hoy tenemos. Y hoy tenemos nuestro Régimen Económico y Fiscal dentro del bloque de constitucionalidad establecido en el artículo 46.1.º del Estatuto, que dice que "goza de un Régimen Económico y Fiscal especial, propio de su acervo histórico y constitucionalmente reconocido, basado en la libertad comercial de importación y exportación, no aplicación de monopolios y las franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo".

Y dice, además, que "dicho Régimen Económico y Fiscal incorpora a su contenido los principios y normas aplicables como consecuencia del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea, con las modulaciones y derogaciones que permitan paliar las características estructurales permanentes que dificultan el desarrollo".

Y esta es la perspectiva que tenemos que poner aquí, en este Parlamento, cuando analizamos la normativa. ¿Se cumplen estos principios? Y, señorías, algo hay que decir. Ustedes saben perfectamente que, cuando Canarias se integró junto con el resto de España en la Unión Europea, en el acta de adhesión, había algunos preceptos singulares para Canarias -además del Protocolo 2, sobre el que no voy a hablar- que decían, por ejemplo, que Canarias estaba exenta de la aplicación de la sexta directiva: o sea, Canarias no puede tener la aplicación del IVA. El IVA en Canarias no se puede aplicar, porque está en los tratados internacionales que no se aplica. También se decía que no se aplicaran los impuestos especiales, si bien hay un sistema que vendría después, que podrían ser impuestos, pero con un procedimiento bastante complejo.

Se nos trae un proyecto de ley que, en primer lugar, incide sobre la aplicación del IVA; o sea, una modificación del IVA. Y se nos aplica diciendo: "bueno, sería conveniente, es interesante -dice el proyecto- que en Canarias el IGIC, que es un impuesto estatal que se aplica solamente en Canarias y que corresponde precisamente a que no se aplica el IVA, se module o se acerque al contenido de las modificaciones que ejerce sobre el IVA, porque eso es conveniente para el tráfico comercial y para evitar dificultades". Nada que objetar a este asunto, no tenemos nada que objetar; si acaso, habría que ver qué pasa con el tema de la aplicación de los servicios que se hacen vía telemática, quién es, dónde está el sujeto pasivo. Pero no vamos a entrar en ese tema.

Se dice en la exposición de motivos de este proyecto que se justifica, como ustedes saben, se elimina el impuesto sobre la producción eléctrica, y se crea un nuevo impuesto sobre la electricidad que se justifica para adaptar la normativa española a lo establecido en las directivas de la Unión Europea. Se hace referencia a la Directiva 2008/168/CE del Consejo, pero parece olvidar, en su propósito de adaptación, una vez más, en un intento de homogeneizar, que la propia directiva prevé la exclusión del ámbito de esta directiva canaria.

Así, en su artículo 5, dispone: "que la presente directiva y, lo más importante, las directivas a que hace referencia el artículo 1 -o sea, los productos energéticos y de electricidad, el alcohol, las bebidas alcohólicas y labores de tabaco- no serán de aplicación en las áreas comunitarias del 345 y 365, apartados del Tratado de Funcionamiento, ni en Canarias"; luego ¿cómo se va a homogeneizar en Canarias una que la propia directiva dice que no le corresponde?

Pero es que, además, cuando se establece en la propia directiva, como decía el tratado de adhesión, que Canarias, mediante una declaración, puede notificar la aplicación, las islas Canarias, de la directiva y las directrices, se refiere al apartado anterior, o sea, a lo que se refiere a este tipo de tributos, sin perjuicio de las medidas de adaptación, "a la situación ultraperiférica de dicho territorio, por lo que respecta a la totalidad o a alguno de los productos sujetos a impuestos especiales, contemplados en este mismo artículo a partir del primer día del segundo mes". Es decir, en su hipotética aplicación, obliga al Reino de España, de modo previo, a notificar la aplicación y a adaptarse, además, a la situación ultraperiférica que claramente Bruselas plantea, pues lo hace con carácter general de no aplicación.

Pues, bueno, no voy a referirme aquí al artículo, usted lo conoce perfectamente, lo que dice sobre las singularidades canarias, y ¿con qué proyecto de ley nos encontramos? Una primera parte, ya lo dije, adapta el IGIC para intentar modificar este tema: no voy a entrar en ese asunto, me parece que es más correcto, no hay problema; pero el capítulo II no, porque, cuando habla del impuesto sobre la electricidad, dice: "Ámbito de aplicación. El nuevo impuesto se aplica en todo el territorio nacional, sin perjuicio de los regímenes tributarios de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra", y olvida y prescinde de la singularidad canaria, establecida a través del Régimen Económico y Fiscal del Estatuto de Autonomía que forma parte del bloque constitucional y por las directivas europeas.

Luego, lo considera como un impuesto especial, claramente sobre el consumo, y dice que, bueno, que intenta conseguir con ello aplicar en Canarias realmente hechos imponibles, como son el suministro de energía eléctrica a una persona o entidad que adquiera para su propio consumo, e incluso -sorpréndase- al consumo por los productores de energía eléctrica de aquellas que sean generadas por ellos mismos, o sea, al autoconsumo. Por la vía directa o por vía indirecta, plantean un impuesto sobre el consumo, y ya hemos dicho que el Estatuto de Autonomía de Canarias dice que no son aplicables los impuestos sobre el consumo. Por lo tanto, nosotros consideramos que el pretender esta aplicación y, además, lo que es más grave, señorías, el intentar homologar a través de los llamados tributos, los accisas comunitarios, los tributos especiales, lo que plantea de cara al futuro es una peligrosísima tendencia.

Si la evolución de los tributos va hacia los tributos medioambientales, como parece ser, nosotros tenemos que tener, todos los que estamos aquí, tenemos que defender lo que dicen nuestras normas, lo que dice el bloque constitucional y, lo que es más importante, el futuro de nuestra comunidad.

No podemos dar sino un informe negativo. No, no aprobar este proyecto de ley, porque incide directamente, porque difiere del Estatuto de Autonomía, porque crearía el precedente peligrosísimo de que Canarias vuelva otra vez a pasar por ese periodo histórico donde las tensiones desde el centro son homologarnos con todos, ponernos de la misma manera y olvidar que aquí somos diferentes porque estamos en situaciones mucho más desfavorables; no por que queramos ser diferentes, sino porque la naturaleza, la situación, la geolocalización y nuestros recursos naturales nos sitúan aquí y ahora, y con lo que tenemos. Todos ustedes, señorías, tienen en su mano defender lo que Canarias ha defendido siempre, a lo largo de la historia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José Miguel González.

Hay un turno en contra, tengo entendido. Don Miguel Cabrera Pérez-Camacho. No, bueno, ahora lo explica, sí (ante las manifestaciones del señor Cabrera Pérez-Camacho, desde su escaño), pero, por el... (Sin micrófono.)

El señor CABRERA PÉREZ-CAMACHO: Señor presidente, señorías.

Al igual que las cosas son lo que son y no lo que parecen ser, las leyes son lo que mandatan y no lo que sus legisladores han pretendido mandatar. De poco nos vale que el legislador estatal pretenda crear un tributo que sea conforme, de plena conformidad con el REF, si lo que se grava es una manifestación plena, clara y terminante de consumo.

Nosotros, al considerar este informe, como siempre, todos los diputados tenemos que ir a la voluntad de la ley, a analizar la voluntad de la ley, y a considerar si el mandato que la misma establece es ajustable y conforme a los principios inspiradores del Régimen Económico y Fiscal.

Y prescindir de la voluntad del legislador, porque la voluntad del legislador, en estos casos, se presume en cuanto a su buena fe; más cuando el legislador estatal lo que hace es justificar su postura fundamentándose en una sentencia, la única que hay del Tribunal Constitucional, la sentencia de 30 de enero de 2003, en la cual el más alto intérprete de la Constitución estableció como razonamiento que la franquicia fiscal sobre el consumo en Canarias no puede considerarse con carácter absoluto. Y es cierto, es cierto, pero el más alto intérprete de la Constitución debió decir -y no dijo- que, de la misma manera que eso es cierto, tampoco es admisible que se relativicen los principios inspiradores del REF hasta un punto tal en que el REF desaparezca. Eso no es admisible.

Y en este supuesto nos encontramos. Nos encontramos con un impuesto sobre la electricidad -en lo demás estoy totalmente de acuerdo con las exposiciones que ha hecho don José Miguel González; ya luego haremos algunas salvedades-, pero en todo caso nos encontramos con un impuesto sobre la electricidad que no grava la fabricación: grava el consumo, grava el consumo, y eso es lo peligroso, el precedente que se sienta gravando el consumo.

Y nosotros no solamente somos conscientes, como grupo parlamentario, de que se infringen los principios esenciales del REF, sino que también estamos de acuerdo en que se conculcan dos directivas, y, especialmente, una de ellas, la directiva 2003/96, del Consejo de la Unión Europea, que establece un procedimiento peculiar para las regiones ultraperiféricas, procedimiento que no se ha respetado.

Bien, en ese sentido, consideramos que son razones más que suficientes la salvaguarda de nuestros fueros y las infracciones de preceptos legales concretos, así como la posible desaparición, si pervive esta teoría jurisprudencial y legal de los principios inspiradores del REF, para que nuestro grupo haya decidido apoyar el informe desfavorable que, posiblemente, va a emitir esta Cámara.

Y consideramos que ese es nuestro deber. No ha sido siempre así, yo puedo recordar -porque soy ya de los mayorcitos- cómo, cuando el Partido Socialista gobernaba España, sistemáticamente, el Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara, sumiso siempre, era incapaz de votar en contra del parecer del Ministerio de Hacienda, que es lo que vamos a hacer nosotros hoy. Jamás lo hizo. Nosotros actuamos en conciencia, en este asunto y en todos, siempre considerando los intereses que debemos preservar para el pueblo que nos ha elegido, con los ojos abiertos y con los ojos cerrados.

Tampoco -quiero que quede claro- compartimos todos los argumentos que se han vertido por parte de Coalición Canaria, y uno en particular: pienso que ha sido un error, un error, mezclar en la misma propuesta, en el mismo documento y como mismo fundamento, la pérdida de la recaudación que se obtenía cuando el impuesto sobre electricidad gravaba la fabricación.

Yo entiendo que no es el momento ni es el lugar: hoy estamos defendiendo el fuero económico y fiscal; lo otro es un tema de financiación de la comunidad autónoma que habrá de ser tenido en cuenta cuando se discuta sobre la financiación, pero no ahora. Son frentes distintos y batallas distantes.

Ahora, insisto, defendamos nuestro fuero. Y nosotros confiamos en que el Ministerio de Hacienda, ante un voto unánime de los sesenta diputados de este Parlamento, cambie de criterio o permita que el grupo parlamentario presente alguna enmienda. Lo vamos a intentar. Pero, aun así, si ello no ocurriera, tengan por seguro que los servicios jurídicos de este Parlamento van a defender ante el Tribunal Constitucional los pilares fundamentales del Régimen Económico y Fiscal, y lo harán con mucha más solvencia y credibilidad contando con el apoyo unánime de los sesenta diputados que sin él.

Nada más, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Miguel Cabrera Pérez-Camacho.

Turno de fijación de posiciones. Don Román Rodríguez, Grupo Parlamentario Mixto.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente. Señorías.

Aprovecho, como siempre lo hago, esta tribuna para resolver todos los problemas que puedo. Entre ellos, voy a pedir al presidente de este Parlamento que la información de la que disponen unos diputados la dispongamos todos. Yo no tengo información del Comité de Inversiones porque el Comité de Inversiones no publica su información, y hay diputados que la tienen y diputados que no la tenemos, de manera que seremos exigentes, ¿cómo que no?

En cualquier caso, la pediremos. Porque algunos aquí confunden el Gobierno con el Parlamento, y nosotros no. Y vamos a ser exigentes con ese tema. Hablando de la razón de esta presencia, primero quiero agradecer a José Miguel González, como siempre, el estudio, la conciencia firme de la defensa de nuestro fuero. Y también reconozco que el Partido Popular, en este asunto, a sabiendas de que no será, digamos, una buena noticia para la Administración General del Estado, para el ministerio de turno, hoy aquí ha hecho una clara defensa de nuestro Régimen Económico y Fiscal.

Nosotros no tenemos ninguna duda de que aquí tenemos una de las claves de nuestro futuro. Somos plenamente conscientes de que las políticas fiscales y las políticas económicas que hemos consolidado a lo largo de la historia son parte importante de los intereses generales y del futuro de Canarias. Y tampoco tenemos dudas de que vamos a recibir los próximos años dificultades y ataques con respecto a este tema.

Yo sé que no se le ha dado demasiada importancia al informe de las balanzas fiscales, pero estaba hecho por un intelectual, por un profesional para el ministerio; y, en sus opiniones, y esto no es neutral, pues, ponía sobre la mesa poco menos que los privilegios fiscales del archipiélago, ¿eh?, expresando un desconocimiento de la historia y de la razón de ser de la fiscalidad diferenciada que tenemos en Canarias. De manera que es muy importante que nos armemos, y este Parlamento es la institución más relevante, para defender con uñas y dientes el Régimen Económico y Fiscal, porque sabemos -y va a ser así, desgraciadamente- que vamos a recibir ataques, en un intento de homogeneizarnos, cuando las circunstancias que determinan nuestro presente y nuestro futuro son distintas a los territorios continentales y precisamos de esa conquista o de esa consolidación del fuero económico y fiscal.

De la misma manera digo que la gestión de las ventajas fiscales, de las ayudas, de las políticas económicas, hay que hacerla de forma eficiente, transparente y sobre el interés general. Ha aparecido una información -pediremos una comparecencia del consejero al respecto- en los medios de comunicación sobre aclaraciones de la Dirección General de la Competencia sobre el posible uso -o la falta de control sobre el uso- de ayudas y ventajas fiscales sobre determinadas actividades. Eso es lo que se ha publicado.

Como aquí hay que sacarle las cosas al Gobierno como hay que sacárselas, pediremos una comparecencia del consejero para que nos aclare, porque debemos defender nuestro Régimen Económico y Fiscal con firmeza, si es posible con consenso total, como el que se va a conseguir hoy, pero también luego debemos gestionar las ventajas fiscales y las políticas económicas para que favorezcan el crecimiento económico, para que favorezcan la productividad, para que generen empleo y para que las ayudas económicas lleguen al común de los ciudadanos.

Sería nefasto -y no lo doy por hecho, lo digo por lo que se ha podido trasladar a la opinión pública- que estas ventajas fiscales y estas ayudas económicas no se utilizaran basadas en estos principios -el del interés general, el de la defensa de la mayoría social, el de la economía productiva, el de que se repartan estas ventajas en el conjunto de la ciudadanía-. No doy por sentada ninguna de las críticas que pudieran estar en estos momentos sobrevolando en ese tema. Lo que digo es que el Gobierno nos tendrá que informar en qué consiste esa situación de discrepancia. Esas aclaraciones. Y nosotros tenemos que ser absolutamente transparentes para que nuestras ventajas fiscales y nuestras ayudas económicas lleguen al común y no ocurra, que no lo sé, porque sería gravísimo, que algunos, aprovechando estas ventajas, se estén beneficiando más allá de lo que las reglas establecen.

Dicho eso, creemos que la resolución hoy del Parlamento es oportuna y necesaria. Meterse con el derecho que tenemos de la franquicia al consumo no es de recibo. Vulnera el REF de Canarias, nuestro Estatuto, el marco constitucional, las directivas europeas, y no es baladí, aunque igual habrá que discutirlo más tranquilos, la eliminación del impuesto especial a la producción, porque representa 59 millones para esta comunidad. Y esto, si desaparece, lo tienen que compensar; en cualquier caso, habrá que defenderlo, 59 millones de los impuestos especiales, pudiera ser el más importante -estoy mirando para usted, que se lo sabe-, 59 millones podemos perder si se aplicara esto a rajatabla, y es inaceptable en este contexto de...

El señor PRESIDENTE: Sí. Un minuto...

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: No me acordaba del minuto.

Este contexto de los 59 millones entiendo lo que dice el señor Miguel Pérez Cabrera de que es un asunto vinculado a la financiación autonómica, pero es muy importante. Solo faltaba que, con los déficits, con los problemas financieros que tenemos, desapareciera el impuesto especial a la producción de electricidad, que hoy recaudamos 59 millones de euros, que en este contexto es un dineral; de manera que solo faltaba que tengamos la financiación que tenemos, solo faltaba que tengamos la ley de presupuestos que algunos sospechamos que vamos a tener, como para que en las arcas depauperadas de esta tierra perdiéramos 60 millones de euros, que son muchísimos recursos.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Manuel Marcos Pérez Hernández.

El señor PÉREZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidente. Señorías.

Desde luego, suscribimos la defensa que ha hecho de nuestro acervo don Miguel González, no tenemos nada más que añadirle. Sí hacerles algunas consideraciones, señorías, ya que en el pleno anterior tuvimos ocasión de analizarles algunas de las incidencias de la reforma fiscal planteada por el Gobierno de España en el presupuesto de la comunidad autónoma.

Y, en el día de hoy, y en virtud de previsiones constitucionales y de nuestro Estatuto de Autonomía, debatimos el texto de un proyecto de ley no ya en términos de oportunidad, sino de incidencia en nuestro Régimen Económico y Fiscal. Una incidencia que, tal y como ya se ha manifestado y explicado, es notable; y, por lo tanto, no voy a reiterarme en las cuestiones que ya se han avanzado aquí.

Si hay algo, señorías, que ha caracterizado a esta Cámara desde sus inicios es el consenso en todas aquellas materias que tienen que ver con cuestiones como nuestro estatus en la Unión Europea o el REF. Un consenso que ha ido más allá, señorías, de las lógicas vinculaciones políticas de los partidos de ámbito estatal con representación en el Parlamento.

Y tengo que corregir, por lo tanto, a mi compañero don Miguel Cabrera Pérez-Camacho. Le voy a poner un ejemplo, un ejemplo en el que estuvimos todos a una en la pasada legislatura, cuando los tres grupos parlamentarios presentamos y decidimos plantear un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Economía Sostenible por entender que afectaba a determinadas cuestiones del REF. Y aquí el Grupo Socialista apoyó ese recurso, a pesar de que afectaba a una ley bandera del Gobierno de aquel momento.

Por ello, con la misma responsabilidad, hoy nos sumamos al informe negativo a este proyecto de ley, porque entendemos, señorías, que existen argumentos jurídicos y políticos más que suficientes para que, durante el trámite parlamentario en las Cortes, sean tenidos en cuenta y se modifique, consecuentemente.

Señorías, el REF es un instrumento con dos notas características: una vertiente fiscal que nos reconoce un diferencial más bajo al resto de las comunidades autónomas; y una vertiente económica que trata de equiparar nuestros servicios a los del resto del territorio, es decir, para compensar de alguna forma las desventajas de la lejanía y de la insularidad.

El proyecto de ley hace todo lo contrario: trata de homologarnos al resto de las comunidades autónomas en presión fiscal, y olvida homologarnos en recursos para superar las barreras que tenemos por nuestra insularidad y nuestra lejanía.

Hay una errónea aplicación de una directiva, como ha dicho don José Miguel, que nos aplica un impuesto al consumo eléctrico que nos podrían excluir y que no establece ningún diferencial fiscal para las islas. Y, por otro lado, también se refirió don Román Rodríguez -y creo que es importante que lo destaquemos aquí- que se suprime el impuesto especial sobre la electricidad, cuyos rendimientos estaban cedidos a la comunidad autónoma y suponían en torno a cincuenta y nueve, sesenta millones de euros. Dos cuestiones, señorías, de enorme trascendencia que no podemos pasar por alto.

Y no podemos pasar por dos motivos: primero, por las propias implicaciones de este proyecto de ley, que ya se han explicado aquí, en esta tribuna. Y, el segundo, porque supondría crear un precedente para futuras reformas que no podemos aceptar.

Por todo lo señalado, nuestro grupo va a dar también nuestro apoyo al informe y, en consecuencia, el voto negativo al informe, a la modificación de este proyecto de ley.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Manuel Marcos.

(La Presidencia acciona el timbre de llamada a la votación.)

(El señor Cabrera Pérez-Camacho solicita el uso de la palabra.) Sí, don Miguel.

El señor CABRERA PÉREZ-CAMACHO (Desde su escaño): Sí, señor presidente.

Lo que vamos a votar -y si no, que me aclare don José Miguel González- son los considerandos y la resolución final, nada más; o sea, la página 6 y la página 7.

El señor PRESIDENTE: Sí.

El señor CABRERA PÉREZ-CAMACHO (Desde su escaño): Nada más.

El señor PRESIDENTE: Además, siempre es así.

El señor CABRERA PÉREZ-CAMACHO (Desde su escaño): Son tres considerandos y la resolución final.

El señor PRESIDENTE: Sí, sí, siempre es así.

El señor CABRERA PÉREZ-CAMACHO (Desde su escaño): Ah, pues aclarado.

El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de votar, saben que se requiere cuórum especial, de acuerdo con nuestro Estatuto de Autonomía.

Entonces, comienza la votación para emitir el informe solicitado por las Cortes Generales sobre el anteproyecto de ley que modifica la Ley 37/1992, del impuesto sobre el valor añadido, y la ley de 1991, es decir, los que afectan a las leyes de nuestro Régimen Económico y Fiscal, de acuerdo con el informe presentado. Comienza la votación. (Pausa.)

Resultado: 54 presentes, 54 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Por lo tanto, señorías, es preceptivo que conste en el Diario de Sesiones, por lo tanto, que se cumple lo establecido en el artículo 46 de nuestro Estatuto de Autonomía, y se dará cuenta al Gobierno de Canarias, a las Cortes Generales, como establece el propio estatuto de este informe.

Continuamos.