Diario de Sesiones 144/2014, de fecha 11/11/2014 - Punto 26

8L/C-1723 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE PRIORIDADES EN LA APLICACIÓN DEL PLAN DE CARRETERAS.

El señor PRESIDENTE: Comparecencia del señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, instada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Don Román Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, muy buenas tardes. Señor consejero.

Yo creo que coincidimos en la importancia estratégica de las infraestructuras que determinan el desarrollo de cualquier comunidad, de cualquier territorio. Puertos, aeropuertos, carreteras, el transporte guiado donde sea posible, las telecomunicaciones constituyen infraestructuras que determinan, determinan absolutamente el desarrollo de cualquier comunidad. En nuestro caso, las carreteras fueron infraestructuras no reconocidas en el compromiso de financiación por parte de la Administración General del Estado durante casi década y media, por el hecho de que aparecían en nuestro Estatuto como competencias propias por la circunstancia territorial de Canarias. Afortunadamente, la presión que se ejerció permitió que el Gobierno de España entendiera que la competencia era nuestra, pero la obligación de financiar las carreteras era suya, y arrancamos un convenio al Gobierno de entonces que permitió un gran avance en estas infraestructuras porque andábamos a la cola de la cola. Se consiguió renovar ese convenio, como bien se sabe, y en el marco de la crisis, que sirve de pretexto para casi todo, el Gobierno de España recorta de manera brutal y unilateral el Convenio de Carreteras con Canarias. En eso, el Gobierno sabe que hay una parte importante de la opinión pública, desde luego el Grupo Mixto no tiene ninguna duda en la exigencia de que el Convenio de Carreteras se cumpla, porque estamos hablando de infraestructuras que no son lujos, que son infraestructuras básicas para el desarrollo. Esos recortes han supuesto, aproximadamente, el 75% de lo comprometido cada año. Llevamos cuatro años, con el año 2015, con esos recortes. Sabemos que eso representa 628 millones de euros menos de lo que se convenió, de lo que se programó, de lo que se adjudicó incluso. De manera que en ese terreno va a tener el Gobierno, este y cualquier Gobierno, el apoyo, desde luego, de Nueva Canarias a favor de reivindicar el derecho que tenemos a que se restituya el cumplimiento del convenio o al menos se negocie cómo se va a financiar cara al futuro.

Dicho eso, señor consejero, somos conscientes de que 54 millones, la cuarta parte, es poco dinero. Somos conscientes de que en el presupuesto del próximo año, además de estos 54 millones, captamos 9,5 millones de fondos estructurales, el Cabildo de Gran Canaria va a aportar 11 millones de euros y la aportación de recursos propios va a ser de 6 millones de euros. Pocos recursos para tan importante tarea. Pero podíamos hasta entender esto.

Planteamiento, por lo tanto: escasos 80 millones para acometer la tarea de obras, todas relevantes, porque todas las obras de interés general que aquí se identificaron no se hicieron por casualidad, se hicieron después de un análisis de necesidad y, por lo tanto, se planearon con criterios y con rigor. Por eso fueron aceptadas por el Gobierno de España como infraestructuras de interés general. Pero ya sabe el señor consejero...; que él nos ha explicado en varias ocasiones los criterios para asignar los escasos recursos disponibles y ha dicho que hay obras que hay que finalizar porque si no se pierden, hay obras que es necesario conservar porque si no se deterioran, los temas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero aquí, en junio del año 2013, hicimos un esfuerzo todos los partidos aquí representados, los cuatro grupos parlamentarios, y presentamos una proposición no de ley en relación con una carretera que tiene una singularidad especial, que es la carretera de La Aldea, concretamente el tramo de La Aldea al Risco.

Y en aquel esfuerzo de consenso -que agradecemos y que estuvo liderado también por todos los partidos, los mismos que aquí representados, que gobiernan o que están representados en el Ayuntamiento de La Aldea-, hicimos un esfuerzo de consenso y aprobamos una proposición no de ley medida, ajustada, intentando que todo el mundo se sintiera razonablemente cómodo, pero dice cosas y se insta al Gobierno de Canarias, en primer lugar, a que dentro de las carreteras de interés general en Gran Canaria esta sea la prioridad. Este Parlamento insta al Gobierno de Canarias para que, entre las carreteras de interés general de la isla de Gran Canaria, esta sea una prioridad por los antecedentes que todos hemos compartido.

En segundo lugar, pide al Gobierno de Canarias que se haga un esfuerzo presupuestario para que esta pudiera ser una realidad en el año 2015, es decir, el próximo año.

Se dice que, en caso de que el Gobierno de España no cumpla con su deber en el año 2013, 2014 y 2015, el Gobierno arbitre los mecanismos pertinentes que estén en sus manos de financiación, respetando la legalidad, para hacerla posible.

Y, en cuarto lugar, se plantea la necesidad de que el Gobierno de España cumpla con el Convenio de Carreteras.

Señor consejero, ¿qué margen, qué puede hacer usted más allá de lo que dice la norma presupuestaria en estos momentos?, porque la norma presupuestaria en tramitación no nos permite vislumbrar una salida a esa importante obra prioritaria por razones no solo de comunicación sino por razones de seguridad.

Le diría más, cuéntenos, porque esta explicación la vamos a pedir también en otro ámbito institucional, cuál ha sido la letra pequeña del proceso negociador de una propuesta que surgió de todas las fuerzas políticas de Gran Canaria, que fue la prefinanciación de esta obra.

Y díganos si existen, yo no tengo dudas de que existen posibilidades para dar cobertura a ese convenio, de prefinanciación, sin que eso suponga ningún incumplimiento por parte de nadie. Yo no tengo dudas. Creo que si hubiera la voluntad política pertinente, esto sería posible.

Lo que le planteo es, ¿puede usted o su Gobierno buscar un mecanismo que nos permita, con el esfuerzo modesto que está haciendo el Gobierno de Canarias de 5 millones y previsiblemente otros 5 en el año 2016, buscar la cobertura legal para el convenio de prefinanciación?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, don Domingo Berriel.

El señor CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL (Berriel Martínez): Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.

Empezaré de forma muy concreta a contestarle a esta pregunta concreta que usted me formula y luego quizás, en la réplica, podemos profundizar más.

Para aceptar la propuesta que hace el cabildo, es muy sencillo. No puede ser un préstamo, no puede ser una aceptación, con una obligación concreta y determinada de devolución, documentalmente hablando, tiene que ser un acuerdo institucional, como se le ha ofrecido al cabildo; un acuerdo institucional político por el cual, cuando se pueda tener presupuesto para ello, y los cabildos, lógicamente, como instituciones de la comunidad autónoma tienen bastante audiencia en materia de presupuestos de la comunidad autónoma, tan pronto como fuese posible, desde el punto de vista presupuestario, devolverlo en forma de cumplimiento de una obligación, que sea directamente del cabildo y no de la comunidad autónoma. Señoría, cualquier otra cosa, nos ha dicho por activa y por pasiva la Intervención General del Estado, el Ministerio de Hacienda, que es déficit y, por tanto, da igual que lo preste el cabildo, que lo preste un banco o que lo saquemos a deuda pública, exactamente igual. Y la comunidad autónoma no tiene ningún problema en pedir crédito siempre y cuando sea dentro del margen de estabilidad presupuestaria, y la estabilidad presupuestaria se marca en el presupuesto, y el presupuesto está limitado ya con la capacidad que tiene.

Por tanto, solo cabe esa fórmula, que la hemos ofrecido al cabildo, y que finalmente, ya le diré, se ha llegado a ese acuerdo, en lo que el cabildo ha podido o ha querido poner y donde ha querido y ha podido poner, con esa matización.

Como todos ustedes saben, señorías, como ya conocen y como usted mismo dijo, la comunidad autónoma tiene competencias exclusivas en el desarrollo de la red de interés general del Estado, pero el Estado tiene la obligación de financiarla, y esa obligación de financiación deviene precisamente de un incumplimiento de esa dotación, cuando se hicieron las transferencias de carreteras a Canarias, que no tuvieron en cuenta que el Estado sí financia en el resto del territorio nacional las carreteras de interés general. Las financia por aquello de que unen dos comunidades autónomas. Evidentemente, al no poderse unir aquí por carretera dos comunidades autónomas, quedaron al margen de toda financiación las carreteras en Canarias. Esto es un asunto harto conocido por todos los que ya tenemos alguna edad en estos lares públicos, ustedes lo conocen muy bien.

Pues bien, efectivamente, se ha conseguido que eso sea reconocido a través de un sistema de financiación de la comunidad autónoma, de una parte, que es precisamente a través de los convenios con el Estado. Pero eso no es ninguna graciosa concesión, eso es cumplir con compromisos, cumplir con principios consagrados en la Constitución española, el principio de igualdad, consagrados también en el marco jurídico europeo y en el marco jurídico canario, en nuestro Régimen Económico y Fiscal.

Desde la consideración de región ultraperiférica del archipiélago presente en el Tratado de Ámsterdam de la Unión Europea hasta las disposiciones del Estatuto de Autonomía de Canarias y, como decíamos, ante la Ley de Régimen Económico y Fiscal de Canarias, desde ahí se ha ido consolidando un sistema global de financiación de la comunidad que, en el caso de las infraestructuras viarias, se ha traducido precisamente en la aportación por parte del Estado, cuya obligación, reconocida por la ley, es que se invierta el promedio, al menos el promedio de lo que se invierte por habitante en el resto del territorio peninsular, excluyendo los sobrecostes precisamente del hecho insular, cuestión a la que no se ha llegado nunca ni por asomo. Sin embargo, sin embargo de esto, el Gobierno central completará el año 2015 con una legislatura de recortes en ese compromiso, en esa obligación del Convenio de Carreteras, que, como usted bien ha reconocido, es de 628 millones de euros menos en estos cuatro años, una reducción que para el próximo ejercicio supone pasar de 220 millones a 54,19 millones.

Analizando entonces estrictamente el presupuesto para la red viaria de Canarias, sin tener en cuenta los 44 millones de euros que se transfieren a los cabildos insulares, vía la Sección 20 - por tanto, no están en el departamento-, que son para conservación, cantidad lógicamente muy modesta pero que sirve para la conservación, se invertirán en infraestructura viaria en las islas el próximo año, como ya les adelantaba el otro día en comisión, 96 millones de euros, por diferentes vías. A los citados 54,19 millones procedentes del Convenio de Carreteras se suma el esfuerzo presupuestario de 21,8 millones de euros que aporta la comunidad autónoma y se prevé añadir al total los casi veinte millones de euros que anticiparán los cabildos insulares de Gran Canaria y Tenerife para el adelanto de determinadas partes de las obras que ellos han decidido en sus respectivas islas.

Así, la Consejería de Obras Públicas prevé abonar este año 6,35 millones de euros por diversos conceptos, como intereses financieros, transferencias a otras administraciones por obligación de compromisos alcanzados para la conservación de vías en el pasado o el desarrollo de obras incluidas en el plan cofinanciado de mejora de la red viaria, sin tener en cuenta aún el grueso de inversión del departamento, que, como todos conocen, se centra en las obras incluidas en el Convenio de Carreteras.

¿Y cuáles son las prioridades de ejecución de estas? La inversión total prevista en el año 2015 en lo que respecta a esas obras del Convenio de Carreteras ascenderá a poco más de 89,65 millones de euros, de los que 54,19, como he dicho, provienen del convenio del Estado, 15,4 la aportación de la comunidad autónoma y cerca de veinte millones los anticipos de los cabildos de Gran Canaria y Tenerife.

¿Cómo es la aplicación concreta de esos fondos? De esas partidas, casi 20 millones de euros corresponden a compromisos inaplazables por liquidación de obras realizadas y expropiaciones, con la consiguiente disminución de los recursos para afrontar obra nueva; obras en curso en las que también existen obligaciones contraídas. Así, por ejemplo, es obligatorio finalizar las dos obras para las que el Gobierno de Canarias ha conseguido financiación adicional, por su elegibilidad, a través de fondos Feder correspondientes al programa 2007-2013, y que, por lo tanto, deberán estar concluidas y abonadas antes de diciembre del año 2015, si no queremos arriesgarnos a tener que devolver las partidas europeas por incumplimiento de los plazos de conclusión establecidos en la regla N+2.

En el caso de la obra entre Costa Calma y Pecenescal, se presupuestan, por tanto, 9,25 millones de euros, que tras la aprobación del modificado número dos previsto se podrá finalizar dentro del año.

Más avanzada está aún la obra del desdoblamiento de la circunvalación de Arrecife, cuya previsión es finalizarla en el primer trimestre del año 2015, con una inversión que incluye la liquidación en ese ejercicio por 9,8 millones de euros.

Además del cumplimiento de aquellas obligaciones del programa Feder, la reasignación de los escasos fondos disponibles, tal y como tuve ocasión de explicar en la comisión parlamentaria, obedece a diversos criterios. En primer lugar, se atiende al progreso de las obras, cuyo principal objetivo es la mejora de la seguridad vial. En ese contexto, en efecto, se encuentra La Aldea-el Risco y Adeje-Santiago del Teide. Para la primera de ellas se destinan 5,7 millones de euros y se espera que el Cabildo de Gran Canaria anticipe otros 5 millones, ofrecidos, como máximo, para el año 2015. Lo que propiciará así un ritmo de certificación de obra de casi un millón de euros al mes, teniendo en cuenta que la última certificación de los dos últimos meses prácticamente se paga en el año 2016. Además, esa ejecución de la obra se centrará en el tramo entre el Risco y el Andén Verde, priorizando la terminación de uno de los dos túneles ya perforados, con la intención de ponerlo en servicio cuanto antes con tráfico bidireccional, lo que podría lograrse con una inversión de otros 10 millones de euros más, para sustituir la funcionalidad del citado tramo de mayor peligrosidad. Es decir, además de casi el millón mensual de producción que tendríamos que hacer en este año, habría que buscar otros 10 millones más para poder ya transitar por esa nueva vía y, por tanto, eludir los peligros a los que su señoría ha hecho referencia. En el caso del tramo de Adeje-Santiago del Teide, contamos también con la aportación acordada con el Cabildo Insular de Tenerife, posibilitándose una inversión total de la anualidad de 2015 de 10,1 millones de euros: 6,1 presupuestados por la comunidad autónoma y 4 millones aportados por el cabildo. Con ello se pretende poner en servicio cuanto antes el tramo principal entre Armeñime y Santiago del Teide.

El tercer criterio empleado para la asignación de créditos de obras en curso para el próximo ejercicio es el de dar continuidad a la ejecución de aquellas más avanzadas con mayor incidencia en la movilidad con el objeto de lograr la mayor eficacia de los recursos económicos empleados y la mayor cohesión territorial. Así, tenemos Caldereta-Corralejo, que solo se han podido consignar 1,6 millones de euros, una obra que viene realizándose durante ya muchos años, y se precisa al menos otro millón y medio más para poder hacer la terminación del tramo hasta Lajares. No lo tenemos.

Para la anualidad de la obra Los Sauces-Cruz Castillo, en La Palma, se han presupuestado 5,5 millones de euros, lo que permitirá abrir al tráfico todo el tramo desde cueva de la Virgen hasta el barranco de los Gallegos y se concluirá la travesía urbana de Los Sauces, quedando pendiente la variante de Barlovento y el pequeño tramo comprendido entre la travesía de Los Sauces y cueva de la Virgen.

En el caso de Bajamar-Tajuya, se cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros, que es el mínimo para la producción económica de esta obra, manteniendo cierto nivel de empleo, y para la finalización del tramo San Simón-Los Canarios sería necesaria la consignación de hasta 6 millones de euros.

La travesía de Hermigua, en La Gomera, está prácticamente terminada, aunque no podremos aportar lo suficiente como para dejar liquidados todos los pagos de la obra. 1.500.000 euros presupuestados servirá para acometer las obras complementarias de reposición de la carretera de las Poyatas, 0,5 millones, y el abono de la revisión de precios, un millón, precisándose al menos 1,7 millones más para su terminación...

El señor PRESIDENTE: Prosiga. Un minuto.

El señor CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL (Berriel Martínez): Gracias, señor presidente.

Para el proyecto denominado vía litoral de Santa Cruz de Tenerife, vía de servicio portuario, solo se han podido consignar 1,1 millones de euros, cuando la conclusión precisaría de otros 2 millones de euros más para el engarce con el tramo que ejecuta la Autoridad Portuaria.

Y, por último, en la fase IV de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, se han invertido ya unos 81 millones de euros hasta la fecha, lo que supone un grado de ejecución de en torno al 68%. Y con el objetivo de poner en funcionamiento el tronco de la vía en el tramo comprendido entre Tenoya y Arucas, la inversión prevista durante el próximo ejercicio será de 13,07 millones de euros, de los que 10,97 corresponden a anticipos dispuestos por el Cabildo Insular de Gran Canaria y 2,1 millones a créditos de la comunidad autónoma, además del abono más perentorio de las expropiaciones, cuyo importe en esta obra totaliza 51 millones de euros, de los que 20 millones están aún pendientes de pago.

Así, señorías, la limitación de los recursos disponibles por el drástico bloqueo obligará a tener paralizadas otras obras, como Ofra-El Chorrillo, que estaba a mitad, el acceso al puerto de Tazacorte e, incluso, no empezar ni siquiera otras obras que estaban programadas y también eran prioritarias.

Esta es la conclusión, señoría. En Gran Canaria la inversión del cabildo se hace donde haya dicho el cabildo que está dispuesto a financiar.

Nada más, señor presidente, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Domingo Berriel, señor consejero.

Los grupos no solicitantes de la comparecencia.

Grupo Socialista Canario, don Julio Cruz.

El señor CRUZ HERNÁNDEZ: Señorías, señor presidente, muy buenas tardes.

Señor consejero, es evidente que ahora podemos hablar mucho de carreteras concretas. Es evidente que la carretera concreta que plantea don Román Rodríguez, la de La Aldea-el Risco, es una prioridad absoluta dentro de esta comunidad autónoma, lo que hace falta también es que sea una prioridad en Gran Canaria, una prioridad por el cabildo insular, porque, claro, si pone 10 millones de fondos propios para la V fase de la circunvalación y solo 5 para La Aldea, la prioridad no se ve muy bien, no se capta muy bien.

Pero, en todo caso, señorías, yo creo que el gran problema que tenemos es el Convenio de Carreteras. Tenemos un Convenio de Carreteras, firmado en el 2007, donde hay obras que venían desde el 2006 y estamos en el 2014 y todavía están en fase de ejecución. ¿Y quién es el responsable de este desaguisado tan alto, tan grande que se ha producido en la comunidad autónoma en los últimos cuatro años? Tiene nombre y apellidos: Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Generales, con el Gobierno del Partido Popular, el señor Rajoy a la cabeza y el señor Soria como comandante en Canarias.

En definitiva, señorías, tenemos un problema gordo en materia de carreteras, que es que el Partido Popular se ha olvidado de Canarias, porque 628 millones de euros, 628 millones de euros en carreteras nos hacen cada vez más desiguales, nos colocan en una situación muy comprometida. Y el convenio que se tenía que acabar en el 2017, establece el mismo convenio, "oiga, puede ser deslizado en el tiempo si fuera necesario, si no se ejecutaran las obras, deslizado en el tiempo hasta dos años más después del 2017". Y, además, prevé otra condición curiosa, dice, "oiga, si el gasto es mayor, lo tiene que poner la comunidad autónoma, porque el Estado garantiza al cien por cien los dos mil ciento cuarenta y pico millones de euros conveniados". Pero, claro, una cosa es lo que se firma, otra cosa son los contratos y otra cosa es la palabra dada y la buena fe de los contratos administrativos y de los convenios administrativos, con un gobierno y con otro, porque estamos hablando de que ha llegado al Partido Popular y pasa ampliamente, no le importan los convenios, no le importa el derecho, no le importan los contratos, no le importa absolutamente nada y donde dije digo dice Diego, donde están firmados los contratos... Le da lo mismo. ¿Por qué?, porque no son recursos de ellos, ellos no los van a pagar. Cuando el tribunal correspondiente, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo condene al Estado a pagar a la comunidad autónoma ya el Gobierno del Partido Popular no será el responsable del Gobierno de España, pero a ellos eso no les importa, han fastidiado a Canarias cuatro años. Y lo triste, señorías, es que en Canarias el Partido Popular no apuesta por Canarias. Hoy subirán aquí y dirán que La Aldea-el Risco es prioritaria y que hay que poner muchos recursos de la comunidad autónoma, pero son incapaces de presentar una sola enmienda a los presupuestos generales del Estado para que el Estado, no ponga más, no ponga más, sino que cumpla lo conveniado. Y no ya los...

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Julio Cruz.

Por el Grupo Nacionalista Canario, don José Luis Perestelo Rodríguez.

El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente. Señorías.

En primer lugar, decir, en nombre de nuestro grupo parlamentario, que agradecemos la comparecencia y las palabras del señor consejero y, por supuesto, compartimos los criterios que ha expresado en esta tribuna en relación con las prioridades sobre carreteras para este año 2015.

De verdad que llevo bastante tiempo pensando qué, un palmero, un día de san Martín, a las ocho de la noche, en el Parlamento, qué puede decir sobre carreteras, qué puede decir, algo nuevo, y sobre todo después de haber preparado la intervención, por supuesto. Y yo creo que a estas horas, en función de las señorías que nos puedan seguir o quien nos pueda seguir a través de las nuevas tecnologías, sí hacer una reflexión sobre la situación en que nos encontramos.

Señorías, los recursos públicos son de los ciudadanos, que con sus impuestos permiten a los Estados resolver los problemas de educación, de sanidad, de servicios sociales, de infraestructuras, y los ciudadanos quieren que esos recursos estén ubicados en aquella administración que tiene las competencias para ejercer o para prestar esos derechos a los ciudadanos.

En nuestro Estado autonómico, indudablemente las carreteras son una competencia que es de las comunidades autónomas, pero, sin embargo, existen una serie de carreteras de interés general que unen dos comunidades autónomas que, lógicamente, en Canarias o en Baleares no existen. Por eso existen mecanismos, desde la Unión Europea, como bien expresaba el señor consejero, en función de nuestra situación de región ultraperiférica, e instrumentos como es el Régimen Económico y Fiscal. Fundamentalmente porque en un momento determinado para gobernar en España eran necesarios los votos de Coalición Canaria y precisamente por eso se genera un Convenio de Carreteras que permite una inversión compartida entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado, permitiendo ejecutar una serie de obras que se consideraban de interés general, a pesar de no estar afectadas a dos comunidades autónomas.

¿Qué ha ocurrido con ese convenio? Pues lo conocen perfectamente sus señorías -aquí se ha dicho también esta tarde-: que en los últimos cuatro años, por iniciativa unilateral del Gobierno de España, se ha incumplido lo firmado con el Gobierno de Canarias, en un marco de financiación que todo el mundo conoce el que es, y se han dejado de percibir por parte del Gobierno de Canarias 628 millones de euros en estos cuatro años; 628 millones de euros, señorías, es lo que ha invertido en carreteras el Gobierno de Canarias en estos cuatro años en la inversión territorializada por islas, que daba cuenta el señor consejero hace unos días.

Por lo tanto, señorías, debemos entender, la ciudadanía tiene que entender cuál es la situación que vive la Consejería de Obras Públicas para poder ejecutar esas prioridades que se plantean en carreteras. Y, por tanto, compartimos los criterios que ha dicho muchas veces el consejero: garantizar la seguridad de las carreteras, garantizar que no se deterioren para que, cuando tengamos recursos, las podamos ejecutar y, sobre todo, garantizar que los servicios a los ciudadanos, que puedan ser puestas en funcionamiento de manera inmediata. Esas son las prioridades, esas son las prioridades que apoya el Grupo Nacionalista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José Luis Perestelo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, don Miguel Jorge Blanco.

El señor JORGE BLANCO (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Señor consejero, cuando no se pagan facturas del Ministerio de Fomento por 40.000 millones de pesetas, pasa lo que pasa; cuando se gastan 90.000 millones de euros, en el año 2011, en el anterior Gobierno del Partido Socialista, 90.000 millones de euros más de lo que estaba inicialmente presupuestado y se eleva el déficit público al 11%, pasa lo que está pasando ahora. Y le digo, señor consejero, vergüenza torera deberían tener los dirigentes del Partido Socialista de echarle las culpas al Partido Popular frente el ajuste presupuestario que están teniendo en el Convenio de Carreteras, vergüenza torera porque para lo que tendrían que subir al estrado es para pedir perdón.

Pero eso, siendo importante, señor consejero, lo importante de hoy es cumplir un mandato parlamentario. El mandato parlamentario que todas las fuerzas políticas de este Parlamento suscribieron a favor de una carretera que es urgente. No urgente por capricho, no es urgente porque haya un número elevado de vehículos que pasen por esa carretera, sino que es urgente porque en esa carretera pueden perder vidas muchas personas, por motivos de seguridad. Y me refiero, lógicamente, a la carretera de La Aldea hacia Agaete.

Hay una proposición no de ley de este Parlamento, señor Berriel, donde se establece y se le reclama al Gobierno de Canarias que haga todos los esfuerzos posibles para que esa carretera quede financiada. Esfuerzos que, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de mi grupo parlamentario, no se han producido.

Se le dice, además, que arbitre todas las medidas necesarias para que se pueda producir la ejecución de las obras, medidas que a nuestro juicio, señor Berriel, no se han producido.

El Cabildo de Gran Canaria ha tenido la generosidad de financiar una carretera que no es de su obligación o de su competencia. Es cierto que es una carretera de Gran Canaria, pero es una carretera de interés general, y la responsabilidad le corresponde al Gobierno de Canarias. Pone más, pone más, señor Berriel, en el presupuesto del 2015 de la Comunidad Autónoma de Canarias, pone más de fondos propios el Cabildo de Gran Canaria que el Gobierno de Canarias. Esa es la realidad y esa es la foto fija, y ese, señor Berriel, es el interés que el Gobierno de Canarias ha puesto en la ejecución de una carretera vital para la seguridad de los aldeanos y para la seguridad de los grancanarios.

Le pido, en su segunda intervención, señor Berriel, que nos diga cómo está el trámite de estos dos convenios, del convenio de La Aldea y del convenio de la IV fase de la circunvalación, cuándo piensan aprobarlos por parte del Gobierno y del Cabildo de Gran Canaria y cuándo piensan acometer o acelerar las obras previstas en ambos convenios, especialmente la de la IV fase, porque parece ser que tiene problemas o debe ejecutarse una parte importante en...

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Un momentito. Perdónenme una interrupción, ¿se podrían acercar los portavoces, por favor? La señora portavoz y los señores portavoces (los señores portavoces atienden el requerimiento de la Presidencia). (Pausa.)

Señorías, muchas gracias.

Ocupen sus escaños, por favor. Continuamos.

Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra para el turno de réplica.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente.

Señor consejero, vamos a ver, una aclaración por si hay alguien que se olvida aquí de la realidad política de esta tierra, ¿no?: en Gran Canaria gobierna el PP gracias a Coalición Canaria. ¡Para que quede claro! El Partido Popular ganó las elecciones pero no tenía mayoría absoluta, de manera que conservó la posición política porque hubo otra fuerza política que, un cuarto de hora después de cerrarse las urnas, firmó. De manera que gobierna en Gran Canaria el Partido Popular gracias a Coalición Canaria. Lo digo porque he visto, no lo digo por usted, pero he visto algún desliz de memoria. Punto uno.

El Cabildo de Gran Canaria, al margen de quien lo gobierne, tiene sus responsabilidades y competencias, como les pasa a esta comunidad y al Gobierno de España. Los gobiernos y las instituciones no son de quien en un momento le toca esa responsabilidad, son de los ciudadanos. Y el color político no debiera determinar la orientación de las decisiones políticas, porque, si no, estamos perdidos. Algo de esto pudiera estarnos pasarnos a nosotros en relación con el Gobierno de España. Yo tengo la impresión, no la certeza absoluta, pero tengo la impresión de que si el color político del Gobierno de Canarias fuera otro, el trato del Gobierno de España hubiese sido otro. Yo puedo concluir eso sin ser un mal pensado, ¿o no, señor consejero, a que se le pasó a usted también por la cabeza esta idea? Bueno, pues, a algunos en Gran Canaria se nos pasa por la cabeza que, si no fuera la circunstancia del color político del cabildo, a lo mejor este Gobierno hubiese sido más sensible. Y no habría que ser muy mal pensado tampoco, habría que simplemente lanzar la imaginación al vuelo.

Lo que le quiero decir, señor consejero, es que yo reconozco, conozco y peleo igual o más que usted por los derechos de esta tierra desde hace muchísimo tiempo y es un derecho que se cumpla el Convenio de Carreteras. Las carreteras no son un lujo, son una inversión estratégica, tiran de la demanda y mejoran las condiciones para competir, para crecer, para generar bienestar, para progresar. De manera que en ese terreno siempre estaremos juntos, o al menos espero yo eso, defendiendo los derechos que nos corresponden. Y es un derecho que se financien las carreteras en nuestra comunidad y rechazamos de manera categórica al Gobierno que sea que incumpla con nuestros derechos. Y fuimos críticos durante décadas con el Partido Socialista Obrero Español, que no reconocía la financiación de nuestras carreteras, porque decían que, como la competencia era propia, acarreáramos nosotros con su financiación, y fueron un conjunto de circunstancias de presión política las que posibilitaron que el Gobierno de España comprendiera por fin que el archipiélago balear y el canario, aunque tuvieran las competencias en sus estatutos, la financiación de las infraestructuras de interés general era su obligación. De manera que en eso coincidimos de forma categórica, sin fisuras, sin problemas, y además no hay que bajar la guardia en ningún momento porque, desgraciadamente, el daño está siendo muy relevante.

Dicho eso con claridad y con contundencia, lo que hemos planteado aquí es, en una proposición no de ley de todos los grupos parlamentarios, que tardamos unas cuantas semanas en negociar y que me consta que le consultaron a usted porque yo comprendo que los grupos que soportan al Gobierno no puedan tomar decisiones sin tener en cuenta al Gobierno que mantienen -yo eso lo entiendo, o sea, alguna experiencia tengo en la materia-... De forma que parece razonable que la PNL que aquí propusimos tenía el sentido político de interpretar que en esta obra, en las circunstancias que se dan, había que hacer un esfuerzo especial y yo, sinceramente, creo que no se ha hecho ningún esfuerzo especial. Siendo benévolos, se ha hecho el mismo esfuerzo que con cualquier otra vía o menos, y es lo que nosotros creemos que hay que intentar hasta el final. En esta vía, por las circunstancias que le acompañan, merece la pena hacer un esfuerzo especial, y esta PNL lo dice de forma categórica, y la aprobamos aquí hace año y medio después de un proceso de negociación y de consenso, y es que para el Gobierno de Canarias esta tiene que ser la prioridad. Debiera serlo para todo el mundo pero para el Gobierno de Canarias, porque ya hablaremos de los asuntos del cabildo insular.

Y, en segundo lugar, en previsión, porque no había que ser un genio para concluir que si en el año 2012 nos trataron como nos trataron, en el 2013 como nos trataron, el 2014 y el 2015 iban del mismo tenor, y no nos equivocamos, y al final, desgraciadamente, lo que nos hicieron en el 2012 se hizo en el 2013, en el 2014 y se hará en el 2015 con la ley en tramitación en las Cortes Generales... Y por eso dijimos: si esta circunstancia se repite, debemos hacer un esfuerzo, el Gobierno de Canarias debe hacer un esfuerzo para buscar los resquicios, los mecanismos, y yo creo que ahí no se ha hecho el esfuerzo debido. Lo digo honesta y sinceramente: ¡no se ha hecho el esfuerzo debido! Solo 5 millones para esta vía es poco dinero, incluso en el marco presupuestario restrictivo que estamos sufriendo. Es poco dinero, es un dinero insuficiente.

Y le digo una cuestión, insisto, quien gobierna en Gran Canaria no tiene nada que ver con quien les habla, tiene más que ver con usted y con su partido. Mucho más, aunque luego se viraron las tornas. Pero el Cabildo de Gran Canaria no puede ser el malo de esta película. El Cabildo de Gran Canaria, al margen de su color político, entendiendo la importancia de esta y de la otra vía, hace un esfuerzo sensible, relevante. Tan sensible y tan relevante que invertirá en carreteras de interés general el doble que la comunidad autónoma, que es la competente. Desde luego generosidad no se le puede negar al Cabildo de Gran Canaria, yo diría que responsabilidad.

Y digo también una cuestión: el Cabildo de Gran Canaria también se somete a las leyes de estabilidad y a lo que dice su interventor y su servicio jurídico. Yo no tengo esos informes, los hemos solicitado, pero me dicen que la Intervención del cabildo también cree que no se puede invertir en obras de otra administración si no existe un mecanismo de reversión. De manera que allí también hay que atenerse a las leyes. Yo no estoy aquí para defender al Cabildo de Gran Canaria, pero sí me parece de justicia que reconozcamos que, al margen de su color político, que va a durar lo que va a durar, reconozcamos que está haciendo un esfuerzo. Y no le vayamos a endosar las culpas, que, en todo caso, tiene el Gobierno de España y en menor medida, pero también, el Gobierno de Canarias.

Creo que hay un margen. Dice usted: el único inconveniente para firmar ese convenio es que estemos dentro del déficit autorizado. Bien, me parece que no pasaba nada, como se ha demostrado reiteradamente en el conjunto del Estado español, pasarse dos décimas del déficit. Lo ha hecho todo el mundo y no me constan grandes problemas. Bueno, mañana hablaremos de eso y tengo unos cuantos datos.

Hagamos lo siguiente: si ustedes, creo que viendo los antecedentes del año 2012 y 2013, no van a consumir todo el déficit autorizado de este año, una décima del déficit autorizado de este año, si no se utilizara para gasto, podía dar cobertura a este convenio; si del 1% del PIB previsto y autorizado, y por lo tanto con capacidad de gasto que tiene esta comunidad, llegamos a final de año y estamos en el 0,9, esa décima de déficit autorizado daría cobertura al convenio con Gran Canaria, sin ningún problema. No violentaría el cumplimiento del déficit, daría cobertura al problema y resolveríamos en estas circunstancias que el Cabildo de Gran Canaria pudiera adelantar los 30 millones que completarían los solo 10 millones que pondría el Gobierno de Canarias en el año 2015 y 2016. Con esos 40 millones -usted tiene más experiencia y conocimiento de causa- podíamos acabar la primera fase razonablemente, igual quedaba algo de liquidación y algún problema.

Mañana, no sé si tendremos tiempo, pero este sería el reto: si ustedes no utilizan el déficit autorizado a 31 de diciembre del año 2014, como les pasó en el año 2013 y en el 2012, lo que les pedimos es que una décima, o menos de una décima del déficit, dé cobertura al convenio que firme Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria, con el Gobierno y permita que el cabildo pueda, sin problemas de su Intervención ni de sus servicios jurídicos, razonablemente comprometer ese gasto, con un convenio de devolución a medio plazo, a medio plazo, pactado en el tiempo. Me parece que si ustedes hicieran este gesto algunos nos creeríamos que de verdad les ha animado la voluntad de hacer todo lo que se pueda, no en cualquier carretera sino en esta, porque, como le decía el otro día en la comisión, esta no es una carretera cualquiera, esta carretera mata, esta carretera mata. Y, por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo suplementario y el Cabildo de Gran Canaria lo hace en la circunvalación, pone 5 millones para esta y pone otros 5 millones para el enmallado, que es discutible quién es el competente, pero va a dedicar a cosas que no son de su estricta responsabilidad 15-16 millones y 5 millones para el enmallado; 21 millones que se los tiene que quitar al resto de sus responsabilidades y competencias. Los ayuntamientos de Gran Canaria, que tenían en el proceso negociador con el cabildo previsiones de inversión, las están recortando para dedicarlas a este tema.

De manera que el planteamiento sería, hagan ustedes un esfuerzo adicional, el que aquí comprometimos entre todos, un esfuerzo... (Se produce el corte del sonido por el sistema automático de control del tiempo y la Presidencia le concede un minuto adicional) porque las circunstancias son especiales. Y yo les hago ese reto: menos de una décima del déficit autorizado, menos de una décima daría cobertura a este problema. No tendrían ustedes ni un solo argumento, no lo tuvieron en el año 2013, en el año 2012 no estaba planteado en estos términos y no lo voy a utilizar, pero en el año 2012 y 2013 a ustedes les sobró déficit y tiene pinta de que les sobre este año. Y con 0,75, con 50 centésimas, con 60, se puede cubrir este convenio, sin problemas para ustedes, sin problemas para el cabildo y salvando una obra que es distinta. Ya nos gustaría que fuera igual que otras, es distinta. Esa comarca no solamente la necesita por la economía sino la necesita por la seguridad, y usted lo conoce perfectamente porque me consta.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, don Domingo Berriel.

El señor CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL (Berriel Martínez): Gracias, señor presidente. Señorías.

Vamos a ver, señorías, vamos a ver si nos aclaramos con esto definitivamente, porque...

Mire, si hubiera más déficit, evidentemente, estoy convencido porque lo hemos hablado muchísimas veces, el Gobierno trataría de resolver problemas que tiene y, evidentemente, problemas sociales y problemas de todo tipo, pero evidentemente de aumentar las inversiones. Y nos da igual que fuera el cabildo banco que el banco banco, nos da exactamente igual. Podemos pedir el dinero a cualquier banco, exactamente igual. En los intereses podemos discutir si el del cabildo es más alto o más bajo, lo que sea. Nosotros agradecemos mucho la aportación del cabildo, pero, mire, la aportación del cabildo es válida en los términos en los que nosotros le estamos diciendo: que no figure como crédito, como crédito que ocupa déficit, sino que sea un acuerdo institucional donde el cabildo, que parece ser que puede asumir todavía más déficit, más deuda, aporte para algo que es en su isla y luego será devuelto en otras obligaciones que él tiene que cumplir.

Yo agradezco mucho y aquí, desde luego, no me habrán oído ustedes nunca criticar la decisión que ha tomado el cabildo de invertir más en una carretera o menos en otra. Eso es un problema del cabildo. Lo que sí le digo es que de este asunto se está hablando porque el cabildo ofertó, ha hecho ofertas públicas, cincuenta veces, a la comunidad autónoma diciendo "le puedo prestar, prefinanciar -prefinanciar, porque, si nos dice prestar, ya de entrada prestar nos puede prestar el banco todo lo que queramos-, prestar, prefinanciar 26 millones de euros a La Aldea de San Nicolás". El cabildo ha decidido que ahora no puede 26, que ahora puede lo que puede, que ahora puede 10,7 o 10,1, o algo así, por un lado, y 5 por otro. A nosotros nos parece bien. Y el cabildo ha dicho: 10,7 para la circunvalación, IV fase de circunvalación de Las Palmas, que es nuestra prioridad -ha dicho el cabildo, que es la prioridad del cabildo-, por eso le pone 10,7, y a la otra le vamos a dedicar, le podemos a usted prefinanciar 5 millones. Y si me dicen 50 los cojo también, en los mismos términos, evidentemente, pero si solo me puede aportar 50 para La Aldea, pues, cojo 50 para La Aldea, que con otros 5,7 que pone la comunidad autónoma, insisto, son 10,7 millones de euros. Que, insisto, es una producción de casi un millón de euros al mes, que no crea usted que es cualquier cosa en una obra, en una obra complicada como esta de ejecutar un millón de euros de producción al mes requiere un trabajo intenso de producción. No es cualquier cosa. Ahí no es llegar, poner todo el dinero del mundo, apretar un botón y tener la carretera al día siguiente. Es que hay que ejecutarla, hay que hacerla. ¿Que cabe más, que puede haber una producción de 1.500.000, de 2 millones, a todo reventar?, puede ser, pero que no son desdeñables, 10,7 millones de euros en producción en una carretera que tiene una gran complicación de ejecución, es muy importante esa ejecución.

Por tanto, el cabildo ya no puede poner 26 millones de euros, que ahora lo que puede poner son 5 millones de euros. ¿Y por qué?, porque se lo ha dicho el interventor. Pues si hubiera consultado al interventor antes, no hubiera ofertado los 26 millones y no estaríamos creando falsas expectativas a los ciudadanos. Eso es lo que no se puede hacer con estas cosas, crear falsas expectativas. Hay que ser serios en esto. 26 millones, si no se podían poner, no se pueden ofrecer. Eso es lo que hay que hacer.

Ahora, muy bien, nosotros aplaudimos 26, 5, 1 o lo que sea, pero está claro que las reglas de juego son las que son. No puede ser un préstamo y, por tanto, ya nos pueden decir que nos prefinancian lo que quieran. Con un crédito, con un préstamo, no se puede. Si hay más capacidad de déficit, estoy convencido de que el Gobierno lo destinará, como ya lo hizo en un momento determinado con una ley de presupuesto extraordinario, a las carreteras.

Ahora se hace otra afirmación aquí: es que usted no está cumpliendo la PNL que se ha hecho aquí. ¡Es que con la PNL no se genera crédito, amigo! Es que ese es el problema. Con la PNL no se tiene dinero. Y claro, claro que estamos cumpliendo con la PNL; estamos haciendo todo lo posible, que es lo que dice la PNL que hagamos. Pero, miren, si todos los partidos políticos aquí presentes, si todos los diputados que se sientan en el parlamento nacional hicieran lo que pueden, yo diría que hicieran lo que deben, se pondrían todos a una a exigirle al Gobierno, y entonces sí es verdad que dependería el Gobierno seguramente de ello, a exigirle al Gobierno que cumpla con Canarias su obligación, que es financiar las carreteras de Canarias.

Y no debemos perder el norte y pelearnos nosotros aquí diciendo... No, no, tenemos que apuntar la batería donde es el objetivo, y el objetivo es que quien incumple es el que tiene que cumplir, porque aquí, por mucho que digamos, nosotros no podemos. ¿De dónde quita usted el dinero para priorizar más dinero a La Aldea? Dígame una. De todas las obras que he citado yo aquí, lo he hecho precisamente para que vean el esfuerzo y el problema que hay en cada obra. Porque aquí se dice: "es que la carretera de La Aldea es muy peligrosa". Es que aquí hay muchas carreteras peligrosas, claro que sí, unas por unas cosas y otras por otras. Hay carreteras, por ejemplo, que por las rasantes que tienen o por la visibilidad, por el tráfico que tienen, son tan peligrosas o más que la de La Aldea, ¿sabe?, porque no se le caerá una piedra pero se lo lleva un camión por delante, y es igual de peligroso una cosa que la otra. O sea, los índices de siniestralidad de las carreteras no se miden por una apreciación subjetiva, se miden midiendo precisamente los accidentes que hay, midiendo precisamente el índice de siniestralidad. Y le puedo garantizar que el reparto, la distribución que se ha hecho aquí se ha hecho analizando absolutamente todo eso.

Ahora yo les pregunto, yo les digo, señorías, digan aquí, digan de dónde se quita un poco más de dinero para poner más dinero en La Aldea. Díganlo de dónde. ¿De cuál, por ejemplo, de la IV fase de la circunvalación?, pues lo tiene muy sencillo: dígale al Cabildo de Gran Canaria que cambie los cromos, que en lugar de poner 10,7 millones en la IV fase de la circunvalación ponga 10,7 en La Aldea de San Nicolás y ponga 5 en la circunvalación, y entonces si tan prioritaria es La Aldea de San Nicolás para Gran Canaria, es tan prioritaria, el cabildo, dando su ejemplo, hace ese cambio, y todos contentos y tiene más.

Se dice aquí que hay que tener vergüenza torera, y yo digo: hay que tener vergüenza torera, sí, sí, pero antes se cumplían los convenios, con vergüenza torera o sin ella, pero es que ahora no se cumplen los convenios y resulta que cargos del partido que gobierna, quien incumple el convenio, se ponen delante de la manifestación en contra precisamente para protestar, en el Gobierno de Canarias, por qué no se hace la carretera de La Aldea. Eso no es vergüenza torera, eso es no tenerla, no tener ni vergüenza torera ni vergüenza de nada, y eso no puede ser, eso no puede ser porque eso es engañar a los ciudadanos.

Por tanto, lo que hay que hacer aquí es decir las cosas por su nombre y decir la verdad. La verdad es, y no es otra, no que el Estado, porque el Estado somos todos -no es que el Estado nos haya quitado, el Estado somos todos-, el Gobierno central, que gobierna el Estado, nos ha quitado algo que nos corresponde, que conquistamos durante muchísimos años con mucho esfuerzo, y que fue convencer del derecho que tenemos a recibir, por un trato igualitario, por un principio de igualdad, el dinero necesario para hacer las infraestructuras en Canarias. Y, señorías, esto es muy serio. Si eso no se vuelve a recuperar, si no se recupera de nuevo la obligación del Estado de invertir en carreteras en Canarias, Canarias no tendrá nunca más carreteras, porque aquí no hay capacidad, con los presupuestos generales de la comunidad autónoma, con un setenta y pico por ciento de los presupuestos, un 72,6% de los presupuestos en políticas sanitarias, políticas educativas y políticas sociales, es absolutamente imposible sacar el dinero que necesita Canarias para tener una red de carreteras homologables a las del resto del Estado, al menos proporcionalmente, porque las del resto del Estado se pasan, aquí sería al menos homologables proporcionalmente.

Y, mire, señoría, no es por la crisis, por el déficit, por nada de eso; no, señor, es porque no se quiere entender, porque se quieren desentender de esa obligación del Estado. Lo ha dicho la ministra muchísimas veces: nosotros damos lo que podemos, subvencionamos lo que podemos... No, señora ministra, usted tiene que cumplir con su deber, y su deber es pagar lo que tiene que pagar, lo que le corresponde pagar.

Y no es verdad eso de que esto sea por ese problema presupuestario de ahora, porque, por ejemplo, este año el presupuesto, señorías, crece un 3,7%, el presupuesto de inversiones del Estado, y si crecen un 3,7% las infraestructuras, ¿por qué aquí bajan un setenta y pico por ciento? ¿No comprenden que eso no puede ser? Si suben un 3,7% en el Estado, ¿por qué bajan aquí un setenta y pico por ciento? ¿Por qué aquí se invierten por parte de los ministerios solo 25 millones de euros? Porque se dice, "no, es que aquí han crecido las inversiones, se invierten cuatrocientos y pico millones". No, no, perdón, eso son... -doscientos y pico millones, 240-, eso son los entes de presupuesto estimativo, son los aeropuertos, los puertos, que generan aquí los recursos, pero de los ministerios -mírense el presupuesto- solo invierten 25 millones de euros aquí. Y en total, con los entes estimativos, apenas llega a un 2,4% la inversión del Estado cuando aquí la población supera el 4%. Luego, si aquí supera el 4%, ¿por qué se invierte 2,4? Tendrá que invertirse al menos el 4%. Esto es lo que hay, señorías, lo demás todo son...

El señor PRESIDENTE: Don Domingo, tiene un minuto.

Bien, muchas gracias, señor consejero, da por concluida su intervención.

Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve treinta, hasta mañana a las nueve treinta.

(Se suspende la sesión a las veinte horas y diez minutos.)

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  • 8L/C-1723 Sobre -Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial-, sobre prioridades en la aplicación del Plan de Carreteras.


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