Diario de Sesiones 147/2014, de fecha 26/11/2014
Punto 13

8L/PNL-0399 PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DEL ESTADO EN RELACIÓN CON LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS.

El señor PRESIDENTE: Bien. Entonces proposición no de ley -si hay alguna duda...-, proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Don Ignacio Álvaro tiene la palabra.

En definitiva, que las tres leyes quedan para mañana.

El señor ÁLVARO LAVANDERA: Gracias, presidente. Buenas tardes de nuevo, señorías.

La vigente Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 impuso una moratoria para la finalización de los locales arrendados bajo el auspicio de la Ley de Arrendamientos de 1964 por un plazo de veinte años, a contar desde la entrada en vigor de la actual ley, con algunas excepciones muy tasadas. El próximo día 1 de enero de 2015 se va a cumplir aquel plazo, lo que supone la finalización de la mayoría de estos contratos de arrendamiento de locales y con ello cientos de empresas y comercios consolidados de nuestras ciudades se verán forzados a negociar un nuevo contrato de alquiler con un más que probable incremento de renta, cuando no a un traslado o al cierre, por las deficiencias de liquidez en el contexto actual de profunda y persistente crisis económica y escasa actividad comercial. En Canarias se calcula que serán alrededor de siete mil los establecimientos mercantiles que están regidos por un contrato de arrendamiento anterior a 1985, es decir, se encuentran bajo esta moratoria legal a punto de finalizar, en muchos casos regentados por trabajadores autónomos o de carácter familiar; se trata de establecimientos arraigados y consolidados, en su mayor parte pequeños comercios.

Nos preocupa, señorías, la destrucción de empleo que pueda producirse, la disminución de la actividad económica, el abandono, la desertización y degradación de los barrios históricos. No estamos, pues, únicamente ante un problema tan solo económico sino también social y urbanístico, ya que el cierre masivo de empresas localizadas en estas áreas de las ciudades podría desembocar en una desertización de los centros históricos y su posterior degradación urbanística o en un desequilibrio descompensado en la oferta comercial urbana, entregada a una competencia de comercios emergentes proclives a ocupar más espacio que el que sería razonable desde el punto de vista de una ordenación hecha a la medida de las necesidades de la población urbana.

Estamos ante la posibilidad de un desahucio masivo de comercios tradicionales y el Gobierno del Partido Popular sigue mirando para otro lado.

La presente iniciativa, por tanto, no pretende sin más proteger a una parte contractual frente a otra, sino procurar que la inevitable transición desde un modelo proteccionista hacia un modelo de mercado se produzca en las condiciones más favorables para la supervivencia del tejido empresarial y, especialmente, del comercio de proximidad.

Aunque la finalidad del legislador del año 1994 era acabar con una distorsión que existía en el mercado de arrendamiento de locales y que debía en justicia ser corregido, poco podía prever la situación económica que atraviesa nuestro país: la mayor y más prolongada crisis económica de las últimas décadas.

Estamos, por tanto, enfrentados a un conflicto de intereses: por un lado, los del arrendador, el cual tiene derecho a recuperar la posesión de su inmueble, así como a conseguir la máxima rentabilidad posible de su propiedad; y, por otro lado, el interés del arrendatario de continuar con su actividad económica en unas circunstancias que hagan su empresa viable. Ese conflicto de intereses quedó compuesto de manera aparentemente equilibrada con la transición retardada, gracias a la moratoria que ahora se acaba.

Cierto es que el interés del propietario no puede sacrificarse infinitamente. El sentido de esta propuesta, sin embargo, es posponerlo en un periodo adicional dada la situación económica del país y a la vez equilibrar intereses entre las partes, ya que entre los cambios propuestos está el que, al inicio de este nuevo régimen transitorio, se proceda a una actualización de la renta por la diferencia entre el incremento de los últimos veinte años del IPC de arrendamientos urbanos y el incremento del IPC general, utilizándose como índice corrector el referido IPC de arrendamientos urbanos anual corriente a partir de esa fecha, así como establecer beneficios fiscales a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas para los arrendadores de los locales afectados, con el objeto de obtener una compensación por su colaboración al mantenimiento de las pymes, al comercio de proximidad y a la economía en general.

En otro orden de cosas... -perdón, yo creo que esta es la primera vez que uso el vaso-, en otro orden de cosas, también se hacen necesarias otras modificaciones exigidas por la aplicación de principios de igualdad. En este sentido, es necesaria una mejor compensación del fondo de comercio derivado de la correcta explotación de un negocio en local largamente arrendado, del que no puede apropiarse sin más el arrendador por la extinción del arrendamiento, utilizándolo como factor en exclusivo beneficio al cambiar a rentas de mercado y, sin embargo, indemnizar con la referencia de las rentas actualmente vigentes. Compartirán que no es lo mismo el valor de un local vacío durante treinta años o que ha sufrido muchos cambios de actividad sin que llegara a consolidarse ninguna que un local donde se ha venido ejerciendo una actividad económica de forma continuada durante más de treinta años. Es esta actividad económica la que ha revalorizado el local y, por extensión, la zona comercial donde se asienta, y lo ha hecho más rentable. Por ello, consideramos que es necesario introducir algún mecanismo para hacer al arrendatario partícipe de ese enriquecimiento. En particular, que la indemnización por clientela en caso de abandono forzoso del local por el antiguo arrendatario se calcule sobre la renta del nuevo contrato, para que el arrendatario pueda participar en ese aumento del valor del local, consecuencia de su actividad económica ejercida durante más de treinta años.

Para concluir, entendemos que el mantenimiento del empleo debe ser el objetivo final de toda la acción política en las circunstancias a las que nos enfrentamos hoy en día, como son la crisis económica, el descenso del consumo de las familias, la falta de financiación de las empresas y las altas tasas de desempleo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, don Ignacio Álvaro.

Turno de fijación de posiciones. Don Román Rodríguez, Grupo Parlamentario Mixto.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Señor presidente.

Esta es una iniciativa que tiene un sentido económico y creo que razonable, pero es compleja, porque en última instancia este mismo análisis se hizo hace veinte años y veinte años después volvemos al punto inicial. Cierto es que aquí está el añadido de la crisis que ha complejizado la situación, porque aquí se enfrentan derechos individuales, el que es titular de la propiedad y tiene un alquiler de escasa renta, por las circunstancias históricas, que se dio un plazo de veinte años para resolver este tema y, cuando se cumplen los veinte años, se vuelve a redefinir la posición originaria.

Entiendo que lo que motiva al Grupo Socialista es una razón económica. Es cierto que los locales con renta antigua en las zonas urbanas de las grandes ciudades son muchos, que un cambio de ese alquiler a estas alturas, a precios de mercado, seguro que multiplicaría por muchas cifras el precio actual, que eso generaría un daño a los negocios y, por tanto, a la actividad urbana y social que se genera en los cascos antiguos.

De manera que aquí se enfrentan intereses legítimos de las dos partes, del arrendador y del arrendatario, y una nueva prórroga generaría también un problema de seguridad jurídica, porque entonces se dio un plazo de veinte años para revisar el tema y ahora se vuelve a discutir. ¿Qué garantía tenemos de que dentro de cinco años no se reproduzca de nuevo la situación, bien porque la crisis persista o porque tengamos otra crisis, que no está descartado en el horizonte?

De manera que entiendo la iniciativa, nosotros la vamos a apoyar. Creo que los legisladores a nivel estatal tienen que hacer un esfuerzo de conciliar los intereses de ambas partes. Lo que persigue la iniciativa es claro: es preservar el tejido, la actividad económica y el empleo de esos núcleos, pero, insisto, también habrá que garantizar el derecho de los arrendadores, porque, si no, puede haber aquí un problema de legitimidades o de legalidades que es discutible.

En cualquier caso, por la razón que sustenta la iniciativa, nosotros vamos a apoyar la iniciativa, con las dudas jurídicas que el legislador estatal tendrá que aquilatar para que la seguridad jurídica sea también un elemento que identifique nuestro Estado de derecho.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Román Rodríguez.

Por el Grupo Nacionalista Canario, doña Nuria Herrera Aguilar.

La señora HERRERA AGUILAR: Gracias, señor presidente. Buenas tardes ya, señorías.

Obviamente, en mi intervención voy a hacer referencia a argumentos ya esgrimidos, tanto por el portavoz del Partido Socialista, que trae aquí hoy esta iniciativa, como también por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

La primera pregunta que cabría hacerse, relacionada con la intervención y con la iniciativa que plantea, y a colación de lo presentado por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, es por qué se estableció esta disposición transitoria, excepción, como ustedes saben, a la regla general establecida en el derecho civil. Se entendió que era necesario...; no voy a entrar a reproducir los duros enfrentamientos que se produjeron en su momento, pero sí, finalmente, las formaciones políticas entendieron que era necesario establecer un periodo transitorio que diera tiempo a la adaptación de pasar de un modelo establecido en la anterior Ley del 64 a la modificación de la iniciativa que se operaba con la Ley del 94. Esa moratoria que se estableció, centrándonos en la presente iniciativa, porque, como ustedes saben, señorías, la disposición transitoria tercera abarca otros supuestos... Con respecto a la presente iniciativa, los contratos de arrendamiento de local de negocios celebrados antes del 9 de mayo de 1985 finalizan este año, como bien ha expuesto el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. A partir del 1 de enero de 2015, las condiciones de los citados contratos de arrendamiento ya no serán los de la citada disposición transitoria sino conforme a la regla general que establece el Código Civil: la libertad de las partes conforme a la normativa legal vigente, claro está. ¿Pero qué ha ocurrido?, pues que ha coincidido la finalización de esta prórroga de esta moratoria con una situación económica de crisis brutal, afectando de lleno a la situación personal de muchísimas familias. Desde el punto de vista temporal, entiendo llega un poco justa en el tiempo, pues ya muchas partes han llegado a acuerdos, han negociado nuevas condiciones, aunque también es verdad que muchos estaban pendientes del día a día, de poder subsistir a los efectos de la crisis y por ello la finalización de la presente moratoria les ha sorprendido, aunque, recordemos -también lo ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-, el plazo de la moratoria era de veinte años.

No obstante, compartimos la finalidad, el objetivo de la presente iniciativa, pues su intención es positiva y buena. No debemos obviar, ya se ha dicho aquí, que la situación es compleja desde el punto de vista de los intereses que entran en juego: por un lado los arrendatarios y, por otro, los arrendadores. Todo ello en el marco económico actual, que ha afectado a la creación y al mantenimiento del empleo.

Por todo ello, entendemos que es necesaria, por la situación excepcional existente, una flexibilización, establecer unos mecanismos correctores. El facilitar ese tránsito de aplicación, pero, obviamente, debemos también estar de acuerdo en que la solución debe ser la más justa, transando ambos intereses, intentando respetar y velar por ambos, pues la casuística, señorías, con la que nos podemos encontrar es muy variada. No todos los propietarios son personas pudientes, muchos por la situación actual también tienen problemas. También hay arrendatarios que han encontrado otro local con mejor renta, que van a desempeñar la actividad anterior a pocos metros, no pierden clientela y, además, tendrían que, conforme a la propuesta, recibir indemnización del anterior arrendador. Luego también nos encontramos con arrendatarios que se encuentran que los dueños anteriores ya no son personas físicas, estamos hablando de fondos buitre o incluso de entidades financieras. Lo ideal, realmente lo más sensato, sería la negociación entre arrendadores y arrendatarios, teniendo en cuenta la situación económica actual, manteniendo el empleo y la obtención de una renta razonable antes de tener un local vacío.

Todo ello -bien lo ha expuesto el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista- tiene una enorme repercusión en el comercio minorista en todas las ciudades y municipios. Especialmente afecta a los centros antiguos con carácter histórico o a los centros más comerciales de nuestros municipios. En Canarias la mayor parte de estos negocios los podemos encontrar, entre otros, en Santa Cruz de Tenerife, en Santa Cruz de La Palma, en La Laguna, en La Orotava, en el centro de Arico, Las Palmas, zona de Vegueta o en Telde. En ese sentido, nos parece acertada y razonable la existencia de un plan integral de patrimonio comercial histórico.

Por todo lo expuesto, realmente, y cuando busqué información para la presente iniciativa, no entendí muy bien por qué, cuando se presenta esta iniciativa por el Partido Socialista en el Senado, apoyada por Coalición Canaria y por todas las formaciones políticas, exceptuando el Partido Popular, se debatió el pasado mes de junio, no contó con el apoyo del Partido Popular para que se tramitara la iniciativa, la tramitación de la misma. Porque es verdad que hay aspectos, matices, con los cuales podrían existir discrepancias -yo misma tengo algunos matices o discrepancias en algunos aspectos-, pero entiendo que sí era imprescindible y necesaria una actuación legislativa, pues la situación actual así lo exigía.

También he de indicar que tenía que haberse abordado antes por quienes tenían la competencia y capacidad para hacerlo en el ámbito de Estado, pues es competencia estatal. Nadie quiso asumirlo, nadie lo pensó con tiempo razonable y suficiente.

Por todo lo expuesto, y aunque he manifestado anteriormente la...

El señor PRESIDENTE: Un minuto, doña Nuria.

La señora HERRERA AGUILAR: Gracias, señor presidente.

... la posibilidad de realizar una serie de matizaciones en la tramitación de la presente iniciativa en aras de intentar conseguir un equilibrio real entre los intereses afectados, francamente decir que no tenemos mucha esperanza desde el punto de vista temporal, especialmente por la negativa del Partido Popular, ya manifestada el pasado mes de junio... Las situaciones excepcionales exigen soluciones excepcionales, más flexibles, sensatas, acorde con lo que está aconteciendo actualmente. La crisis económica afecta tanto a los arrendadores como a los arrendatarios, a la sociedad en su conjunto.

Por eso, señorías, por lo expuesto, este grupo parlamentario apoya la iniciativa, porque coincidimos con el espíritu de la misma.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Nuria Herrera.

Grupo Parlamentario Popular, don Fernando Figuereo Force.

El señor FIGUEREO FORCE: Gracias, presidente. Buenas tardes ya.

Señor don Ignacio, yo esperaba otra cosa de usted, porque, si bien cuando leí su proposición no de ley ya me asombré del copia y pega que hizo usted de todas y cada una de las iniciativas presentadas en todos los parlamentos autonómicos -Asamblea de Madrid, Parlamento de Andalucía-, además no se cortó usted en cambiar nada, hizo un copia y pega total de la iniciativa, pero ahora, escuchándolo, he visto que no solo el copia y pega de la iniciativa sino también de las intervenciones que tuvieron sus compañeros en los respectivos parlamentos.

Mire, aun estando de acuerdo con el contenido, que no lo estoy, evidentemente nuestro grupo no lo está, sí le tengo que decir que se equivoca usted en las formas y en el momento. Se equivoca en las formas -vuelvo a decir- por el copia y pega y porque ya se ha debatido en el Congreso, ya se ha debatido en el Senado, y además en el Senado se ha debatido como proposición de ley, y usted sabe cuáles han sido los argumentos que se han dado allí. Por lo tanto, tarde. ¿Por qué tarde?, porque, mire, no puede usted pretender -y si no pregúnteselo a su portavoz- hacer una modificación legislativa cuando queda un mes, justo un mes ahora, para que ese derecho que tienen los arrendatarios desde el año 1994 -por cierto, con una ley aprobada por el Partido Socialista y por CiU-...; digo, veinte años esperando a que se consolide ese derecho que les otorga para poder, de una vez por todas, recuperar lo que es su propiedad y no estar soportando lo que la ley del año 1964 les obligaba, como el arrendamiento casi de por vida.

Yo creo que los principios que avalaron la ley de 1994, y que reitero que fueron dados, fueron dichos y sustentados por el Partido Socialista, en los cuales se pretendía terminar con una desigualdad existente, yo creo que se siguen dando en este momento y el hecho de que haya ahora una situación económica que pudiera influir en esos arrendamientos, también la había en ese momento, y yo le quiero decir cuál era la situación económica en que se encontraba España en el año 1994. Por lo tanto -reitero-, si antes era válida esa reforma de la ley de l964, sigue siendo válida ahora. Pero es que, además, han pasado veinte años, veinte años, donde los arrendatarios han podido negociar, no solo con los arrendadores, sino buscar otro establecimiento para, en cualquier caso, a la vista de la obligatoriedad de abandonar el local, "oye, pues, mira, vamos a buscar otro sitio o vamos a llegar a un acuerdo con los arrendadores". Lo que usted no puede es volver a castigar a los arrendadores a un mes de que se consolide esa perspectiva de derecho que están esperando desde el año 1994.

Señor Lavandera, le recuerdo la existencia en este momento de la línea ICO de empresas y emprendedores del año 2014, que permite a autónomos y empresas no solo financiar la rehabilitación de los locales comerciales, sino también acceder a la financiación en concepto de liquidez, con un plazo de devolución de hasta tres años. Por lo tanto, no vamos a insistir otra vez en nuevos créditos cuando realmente sí están ahí.

Y termino. Nuestro grupo, eso sí, está de acuerdo, pese a la específica protección contenida en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y de las respectivas normas autonómicas, en la necesidad de elaborar, en un plazo breve de tiempo, un plan de protección del patrimonio comercial histórico, en eso sí que estamos de acuerdo, para poner en marcha las acciones de defensa de esa actividad comercial que ayuden a conservar un paisaje comercial urbano, por lo que le invito a usted y al resto de las formaciones políticas para que nos pongamos de acuerdo los respectivos portavoces en la materia para presentar una iniciativa común en aras de poder llegar al fin de este punto, que está reflejado en su proposición no de ley y que nosotros no vamos a apoyar, porque entendemos que está fuera de lugar, fuera de tiempo y perjudicaría a los arrendadores, que en este momento se les va a consolidar un derecho que están esperando desde el año 1994.

Por lo tanto, nuestro voto va a ser en contra.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Fernando.

(El señor presidente hace sonar el timbre de llamada a la votación. Pausa.)

Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la Ley de Arrendamientos Urbanos. Comienza la votación. (Pausa).

Resultado: 43 presentes; 26 a favor, 17 en contra y ninguna abstención.

Queda aprobada.

(El señor secretario primero, González Hernández, ocupa un escaño en la sala).