Diario de Sesiones 148/2014, de fecha 27/11/2014 - Punto 3

8L/PPL-0020 DEBATE DE TOMA EN CONSIDERACIÓN. PROPOSICIÓN DE LEY, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC-CCN) Y SOCIALISTA CANARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE CANARIAS.

El señor PRESIDENTE: Siguiente proposición de ley, de los municipios de Canarias. También propuesta por los grupos Nacionalista Canario y Socialista Canario.

En esta ocasión la presenta, por parte del Grupo Socialista Canario, don Manuel Marcos Pérez Hernández.

¡Ay, perdón, sí! (Ante un comentario efectuado por el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández.) Quédate, Manolo, pero hay que leer el informe del Gobierno.

El señor SECRETARIO PRIMERO (González Hernández): Gracias, señor presidente.

En el expediente del pleno existe un acuerdo del Gobierno del día 6 de noviembre de 2014, donde al final se concreta que "el Gobierno, tras deliberar, y a propuesta del presidente, acuerda manifestar su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de Ley, de los grupos parlamentarios Nacionalista Canario y Socialista Canario, de los Municipios de Canarias -PPL-20-, en la medida en que, en primer término, constituye un cuerpo normativo armónico con el ordenamiento básico que, sin reproducirlo, lo completa en aquellos aspectos que precisan de regulación, concreción o especificación en materia de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades que integran el sector público municipal de Canarias; y, en segundo lugar, trae causa de la comunicación del Gobierno sobre la propuesta legislativa de los municipios de Canarias, instada por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, y valorada favorablemente por el Parlamento de Canarias.

Y manifestar su conformidad a la tramitación de la citada proposición de ley".

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José Miguel González.

Como habíamos dicho, para la presentación de la proposición de ley, en nombre de los grupos proponentes, don Manuel Marcos Pérez Hernández, del Grupo Socialista Canario.

El señor PÉREZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidente. Señorías, buenos días.

Como ya se señaló en el pleno en el que debatimos la comunicación del Gobierno, este texto legislativo supone un acontecimiento en la historia democrática de Canarias, pues es un texto, que tiene 136 artículos, que viene a desarrollar, de manera detallada y completiva, la regulación del régimen y funcionamiento de los ayuntamientos y el conjunto del sector público municipal en Canarias.

Una propuesta legislativa que nace tras la aprobación por parte del Gobierno del Partido Popular de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración. Una ley que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por miles de ayuntamientos y que ha originado numerosos problemas por su aplicación en el funcionamiento municipal, que han venido resolviéndose a través de actuaciones coyunturales.

Hemos defendido un sí a la reforma local, para que actualice el mundo local, pero no una reforma como la que ha impuesto el Partido Popular, que ha supuesto un ataque demoledor a la Administración local. No se han resuelto los problemas de las entidades locales sino que, al contrario, se han propiciado muchos más. Una ley que ni ha clarificado competencias ni ha evitado duplicidades ni ha simplificado la estructura administrativa.

Esta proposición de ley que hoy debatimos llena esas lagunas y resuelve dificultades diarias que se les habían planteado a los ayuntamientos como consecuencia de tal aplicación. Dota, señorías, a los municipios de una normativa que garantiza la capacidad y la suficiencia financiera en la prestación de los servicios públicos municipales, como administraciones más cercanas y próximas al ciudadano.

Esta ley, señorías, aborda el régimen jurídico de los municipios y de todos los entes que forman el sector público local: mancomunidades, consorcios, fundaciones y los organismos autónomos.

Igualmente, aborda la realidad de una Administración pública más ágil y moderna potenciando la administración electrónica, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta a las solicitudes y prestación de servicios a los ciudadanos. Y ello se logra manteniendo inalterable el principio de autoridad municipal, mediante la regulación del marco normativo al que los ayuntamientos deben acogerse cuando quieran implementar todo lo que conlleva la administración electrónica.

A la vez que se incorpora, señorías, la transparencia, como exigencia fundamental para garantizar la prestación de los servicios y la gestión de lo público, tal y como demanda la ciudadanía.

En el título preliminar, recoge el objeto de la norma, su ámbito de aplicación, el régimen jurídico en función de la distinta naturaleza. Regula el municipio tal y como se ha defendido en esta negociación, cuyo fruto es este texto consensuado; consensuado, como hemos dicho, con el Gobierno, con la Federación Canaria de Municipios, planteando la necesidad de mantener los ochenta y ocho municipios existentes. Siempre hemos defendido la continuidad en Canarias de la actual distribución municipal, no solo por motivaciones demográficas y geográficas sino también por las históricas. Pero, en cualquier caso, de producirse algún cambio en las delimitaciones actuales se reserva la iniciativa de cualquier procedimiento para la fusión o segregación a los propios municipios y sus habitantes. (Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente. Ocupa la presidencia el señor vicepresidente segundo, Fernández González).

La proposición de ley también establece como principios de atribución de competencias a los municipios la garantía de la autonomía municipal, consagrada en los artículos 137 y 140 de la Constitución, máxima proximidad, igualdad en el acceso a los servicios públicos y suficiencia financiera para darles cobertura, además de aquellas que les sean atribuidas por las leyes sectoriales de la comunidad autónoma, entre las que se encuentran consumo, educación, empleo, formación, desarrollo económico, social, juventud, igualdad, servicios sociales, vivienda y urbanismo, entre otras.

En su título II se abordan los principios de transparencia y de acceso a la información y el fomento de la participación ciudadana. El primero de estos principios se articula determinando la responsabilidad en su ejercicio, que recae en el alcalde o alcaldesa, si bien su contenido fundamental, como saben sus señorías, será desarrollado por la ley de transparencia que se encuentra en estos momentos en tramitación en esta Cámara.

En cuanto al fomento de la participación ciudadana, la ley transpone una parte importante de la Ley Canaria de Participación Ciudadana al plano local, situando a los municipios como sujetos activos en el fomento y la participación vecinal en los asuntos de su competencia.

En el título X se contienen los principios de financiación municipal, con el compromiso de proceder a la revisión del sistema de financiación de las competencias municipales, fijándose un plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley. Señorías, uno de los problemas más importantes que afectan a la calidad en la prestación de los servicios por parte de los ayuntamientos es el de la suficiencia financiera. De ahí la importancia de este título. Los ayuntamientos se ven en la obligación de prestar determinados servicios sin contar con la financiación suficiente. Los ayuntamientos, señorías, han hecho los deberes en esta crisis. Los ayuntamientos dedican, como ya se ha señalado, un 12% del gasto total del Estado a la prestación de los servicios públicos, han llevado a cabo un esfuerzo enorme para cumplir con los principios de exigencia de la Ley de Estabilidad en un marco complicado de crisis y han ajustado sus presupuestos y han cumplido como nadie con el objetivo de estabilidad. No obstante, tal y como señaló el señor consejero el día en el que debatimos la comunicación, no podemos abordar la revisión del sistema de financiación local sin la revisión del sistema de financiación autonómica. Revisión que tendría que haberse abordado y que ha sido un incumplimiento más de los compromisos adquiridos por el Partido Popular y que a Canarias, como saben sus señorías, supone un déficit anual de financiación de 800 millones de euros, que están suponiendo un deterioro en la prestación de los servicios públicos y que están obligando a detraer fondos propios de la comunidad para mantener la educación, la sanidad y los servicios sociales.

En este contexto, señorías, el Gobierno de Canarias viene manteniendo el Fondo de Financiación Municipal, que se consiguió en su día tras una larga lucha de todo el municipalismo. Hoy se cuenta con un Fondo de Financiación Municipal que tiene un suelo de 206 millones, como consecuencia del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Fecam en el año 2012.

Nuestro grupo, señorías, considera que estamos ante un debate de la máxima importancia.

Una ley de municipios que contiene también otros hechos novedosos, como, por ejemplo, el carácter especialmente significativo en el caso del reconocimiento de La Graciosa, sin dejar de formar parte del municipio de Teguise, o la creación del Consejo Municipal de Canarias, como órgano de participación y de colaboración permanente entre municipios y Administración autonómica.

Nuestro grupo considera, por tanto, que estamos ante una norma que va a resolver los problemas del día a día de la Administración municipal, mejora la transparencia y el acceso a la información, garantiza la suficiencia financiera e impulsa la descentralización, en el marco del respeto institucional. Y a la vez, señorías, con esta ley se resuelve una cantidad inmensa de lagunas que tiene la legislación básica de régimen local.

Con la toma en consideración de esta proposición de ley, cumpliremos con el consenso alcanzado entre el Gobierno y la Fecam, consenso que es preciso resaltar aquí hoy porque no es fácil alcanzarlo en estos momentos.

Estamos, por lo tanto, y por eso esperamos que los grupos políticos apoyen esta toma en consideración, en consonancia con el acuerdo alcanzado ya, previamente, entre los municipios y el Gobierno...; decía que estamos ante una ley que dota a los municipios de las herramientas para garantizar la eficiencia en la prestación de los servicios que estos prestan a los ciudadanos y ciudadanas. Los servicios, señorías, más próximos, los más sensibles. Por eso los Grupos Nacionalista y Socialista pedimos a sus señorías, a los demás grupos de la Cámara, la toma en consideración de esta proposición de ley.

Muchas gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias, señor diputado.

Ahora toman el turno los grupos parlamentarios. Grupo Mixto, señor Román. Señor Román, Grupo Mixto.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ... (sin micrófono) estructurante, determinante, decisiva. Por supuesto, fuera de este hemiciclo, estoy seguro de que nadie nos sigue, que nadie se entera de lo que estamos discutiendo, y aquí, con la presencia limitada de diputados y diputadas y un cierto despiste, yo creo que escasa atención estamos prestando a normas que determinan absolutamente todo. Hay tres normas que son decisivas para esto que hacemos, que son el Estatuto de Autonomía, la ley de cabildos y la ley de ayuntamientos, y nos las estamos despachando como si fueran asuntos menores, asuntos secundarios, como si no estuvieran relacionados con la política, con la economía, con la democracia, con el bienestar. Así no avanzamos. Esto va a tener poco impacto histórico, muy poco impacto histórico van a tener estas leyes, porque no responden a un debate, no responden a la discusión, porque no responden al momento de la política, porque no responden a las demandas de los ciudadanos.

A nosotros no nos ha gustado nada forzar la máquina legislativa al final de la legislatura sobre asuntos trascendentes y, además, con un Gobierno que además no está sobrado de fuerza, que le quedan pocos meses porque la legislatura tiene tiempos, pero además que no está sobrado de fuerza, no está sobrado de liderazgo, de capacidad de interpretar los problemas de la ciudadanía en este momento tan difícil.

Insisto, así no avanzaremos, así la gente no sabrá que hay un estatuto, así la gente no sabrá que los cabildos son estructuras determinantes del poder político y que ahí se resuelve una parte de los intereses de los ciudadanos, que se responde a sus necesidades y a sus derechos. Así no avanzaremos para que los ayuntamientos sean percibidos como lo que son: la Administración más próxima, más capaz de interpretar los problemas cotidianos. Porque esto no responde a las necesidades ciudadanas sino sencillamente a cumplir con el compromiso del programa de gobierno y a hacer currículum. En fin, estas son formas de interpretar la política que yo creo que están en desuso, pero que a mí no me convencen, no me gustan, me parece que no nos van a ayudar.

De forma que hemos dicho que, si de verdad quisiéramos hacer un nuevo estatuto político para Canarias, que nosotros lo creemos necesario, si de verdad quisiéramos una distribución del poder político y competencial y de financiación en los territorios insulares, que nos determinan siempre, y si de verdad quisiéramos potenciar y mejorar el ámbito municipal, teníamos que haber promovido, provocado, incentivado, facilitado, un debate. Un debate que llegara más allá de los límites del Parlamento, suponiendo que esté llegando a los límites del Parlamento, que es mucho suponer. Teníamos que haber provocado espacios de encuentro, de discusión, de jornadas, con los partidos políticos, con las organizaciones sindicales, con los intelectuales, con la gente de la economía, en definitiva, con lo que se mueve en nuestra sociedad, y de eso no hay nada. Los que nos movemos en el ámbito de la política y hablamos con unos y con otros sabemos que esta ley no está siendo sentida ni comprendida ni compartida. Eso no quiere decir que formalmente las direcciones de la Fecam y de la Fecai no estén en ello, no digo que no. También pasa esto con los partidos políticos y con los sindicatos, que a veces nos creemos que, como nos pongamos de acuerdo nosotros, el pueblo y la ciudadanía y la militancia lo han comprendido, ¿no? Yo, sinceramente, creo que se ha elegido un mal momento para debate tan relevante.

Y luego no aceptamos o nos parece mal que el Gobierno no haya presentado esto como proyecto de ley y asumir su propia responsabilidad, y haber dispuesto aquí de los informes jurídicos que nos orientaran sobre la adecuación de estas normas al ordenamiento jurídico estatal y canario. Yo tengo serias dudas. Yo creo que el marco constitucional debe ser reformado. Es más, estoy seguro de que se va a reformar en los próximos años de manera inevitable. Y ese nuevo marco constitucional condicionará el estatuto político y condicionará el papel de los ayuntamientos y de los cabildos, y si no, al tiempo.

Y, por lo tanto, nosotros no entendemos ni el momento ni el procedimiento seguido. El procedimiento seguido traslada a este Parlamento responsabilidades que no le son propias. Debíamos tener aquí los informes de los departamentos del Gobierno evaluando el impacto de estas leyes. Debíamos tener los informes de los servicios jurídicos del Gobierno para que nos digan si esto se adecua o no al marco estatutario y al marco constitucional, debíamos tener aquí los informes del Consejo Consultivo. Es verdad que esto es legítimo, ¡solo faltaba! Los grupos del Gobierno pueden sustituir al Gobierno en su tarea de plantear proyectos de ley replicando milimétricamente las propuestas gubernamentales. Lo pueden hacer, pero a mí me parece que ese no es el camino más adecuado y más pertinente.

Yo soy presidente de un partido político pequeño, que tiene una base municipal muy potente, una cultura municipal enraizada. Creemos que el municipalismo ha tenido una gran capacidad para transformar las condiciones de vida, la democracia, el bienestar de nuestra gente, y creo que ese ámbito institucional es muy relevante, responde bien a las demandas ciudadanas, se adecua bien a los momentos cambiantes de las sociedades complejas como la nuestra.

Y hablo con los que se dedican a esto -y que además son buenos alcaldes, son buenos concejales. Son tan buenos que algunos llevan treinta años con mayorías aplastantes, aplastantes porque la gente confía en ellos- y no comprenden esta ley. Solo están interesados, y es lo que ha sustentado en gran medida el acuerdo con la Fecam, en resolver el problema que creó la ley estatal en materia de sostenibilidad y racionalización del régimen local. Una ley que está en el Tribunal Constitucional y que algunos creemos que va a tener problemas en el Tribunal Constitucional, y que, por lo tanto, condicionará también esta ley. Esa espera a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de sostenibilidad tendrá consecuencias, creemos muchos, porque parece que el Gobierno español se extralimitó en esa materia.

Pero lo que les inquieta a los ayuntamientos en estos momentos -y yo no hablo en nombre de todos, creo que poca gente puede hablar en nombre de todos los ayuntamientos, poca- es cómo garantizan la continuidad de los servicios que prestan a los ciudadanos después de que la ley de régimen local nueva, la ley de racionalidad y sostenibilidad, ha trastocado, ha condicionado, ha limitado la prestación de servicios. Y esto había dos caminos para hacerlo: lo que ha hecho la mayoría de las comunidades, que es una ley específica para tratar de dar continuidad a esas prestaciones y servicios que desempeñan los municipios, y que con la ley de sostenibilidad pueden tener fecha de caducidad el 1 de enero en unos casos y el 1 de enero del año siguiente, del año 2016, en otros. Y esto es lo que pretendían los ayuntamientos. El Gobierno dijo: "eso hay que resolverlo, pero se resuelve en un paquete completo". Eso me lo han confesado algunos de los alcaldes. Y como hay que resolverlo en un paquete completo, si ustedes quieren resolver ese tema, que es un problema de todos, pues, pasa por este tema.

Podíamos haber elegido el otro procedimiento, sin duda, lo ha elegido la mayoría de las comunidades autónomas de España. Han hecho una ley para resolver la continuidad, especialmente, de las competencias llamadas ni propias ni delegadas, sino de las otras, las que prestan los ayuntamientos sin tenerlo expresamente delegado ni estar expresamente en su competencia, pero que desempeñan funciones con los ciudadanos y que ahora la nueva ley les obliga, primero, a tener un informe que demuestre que no hay duplicidad en los servicios y, en segundo lugar, a tener la financiación garantizada, con recursos propios si hay solvencia económica, y si no a través de convenio con la comunidad autónoma en este caso o con el cabildo.

Y esta es la razón por la que nosotros vamos a apoyar la toma en consideración, porque, si no, no lo haríamos. Solo porque aquí sí que hay un asunto que merece respuesta rápida, y es adaptar la normativa para garantizar la prestación de los servicios de nuestros ayuntamientos, después de que la ley estatal haya hecho lo que haya hecho, y ese es el asunto que a nosotros nos parece más relevante.

Debiera resolverse este tema el 1 de enero para un conjunto de competencias, el 1 de enero del próximo año. Yo creo que no llegamos y menos cuando la vigencia de la ley entra dos meses después. Habrá tiempo de modificarlo en la tramitación parlamentaria, porque tenemos que esperar al informe del Consultivo. Espero que tengamos tiempo para discutir tranquilamente las enmiendas parciales y no les entren las prisas también en este tema. Y la ley dice que entra en vigor dos meses después de su aprobación, de manera que el 1 de enero seguro que no está y para algunas competencias, para algunas, no de los asuntos sociales, que ahí hay un año de adecuación, para algunas competencias podemos tener algún problema.

De manera que, señoras y señores de los grupos que apoyan al Gobierno, a nosotros nos parece que así no se cambian las cosas, así no se legisla, así no se mejora, así no se transforma, sino sencillamente así se cumple, así se cumple con lo que dijo el programa de gobierno, con lo que dijo el presidente, con las previsiones y currículos de algunos, pero así no se cambian las cosas. Las cosas se cambian cuando se interiorizan, cuando se creen, cuando se discuten, cuando se es de verdad partícipe. Yo les puedo asegurar, les puedo asegurar, que esta ley la conoce muy poca gente, muy poca gente, es más, les puedo asegurar que hay muy poca gente que sabe que hoy estamos debatiendo la toma en consideración de ley tan importante, y ni les cuento la ley de cabildos. Pero esto es lo que ustedes han dispuesto en esta recta final de legislatura y a nosotros no nos queda más remedio que aceptarlo y, en este caso, incluso votar a favor de la toma en consideración por el hecho que les he anunciado: porque los ayuntamientos necesitan resolver un problema operativo importante.

El resto de los...

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): ¿Cuánto necesita, señor Román, para terminar? ¿Uno o dos?, ¿dos? Vamos a darle dos minutos.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Y después, y después hay una cuestión: yo creo que el título competencial remitido para el desarrollo de esta ley, que es bastante escueto, el 32.4, la ejecución de la legislación de régimen local -punto, dos palabras-, yo tengo alguna duda. Por eso me hubiera gustado tener los informes de los servicios jurídicos del Gobierno, que me consta de su solvencia, y los informes del Consejo Consultivo sobre algunos de sus contenidos. Aquí hay elementos en relación con el funcionamiento de los plenos, de los grupos, de los órdenes del día, de las fundaciones, de los consorcios, del régimen patrimonial, del régimen de personal, del estatuto de los secretarios, de los interventores, de sus funciones... Yo, por intuición, también se lo aclaro, por intuición, creo que aquí va a haber asuntos complejos jurídicamente. Tengo esa impresión, pero, como yo no soy jurista, aunque pueda tener alguna intuición y algún sentido común, tengo la impresión de que vamos a tropezar también con la letra chica en asuntos de dudosa competencia autonómica, porque nuestras limitaciones en la legislación de régimen local son las que son.

En cualquier caso, señorías, acabo reiterándoles la posición de Nueva Canarias con claridad: no estamos de acuerdo en tramitar a estas alturas de la legislatura un Estatuto de Autonomía que no se sabe a qué responde, no estamos de acuerdo en tramitar una ley de cabildos que no se sabe a qué responde, ni es sentida ni ha sido compartida ni discutida en la profundidad que normas de este calado deben tener, y aceptamos esta norma solo porque ustedes han impuesto incorporar en su texto un asunto que podíamos haber resuelto rápidamente, y desde hace tiempo, que es garantizar la continuidad de los servicios básicos. En cualquier caso, haremos nuestro modesto esfuerzo, como siempre, en mejorar la ley en su tramitación.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias, don Román.

Por parte de Coalición Canaria, José Miguel Barragán.

El señor BARRAGÁN CABRERA: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Señorías, antes comentaba el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, haciendo referencia a la ley de cabildos, que hay que conocer la historia, de dónde venimos, cuando estábamos legislando en el tema de cabildos. Y en el tema de los ayuntamientos ustedes saben que no se forman de forma inmediata después de la conquista sino que es después de la Constitución de Cádiz de 1812 donde adquieren forma los ayuntamientos en este archipiélago y que vienen a ser un reflejo más moderno de lo que existe hoy en día a partir del siglo XIX, principios del siglo XX, que conformamos prácticamente el mapa municipal que conocemos hoy.

Para mí hay datos importantes. ¿Estamos legislando -y esto es una referencia también a una de las críticas que nos hacen también desde el Grupo Mixto-, estamos legislando para los ayuntamientos o estamos legislando con los ayuntamientos? Y esto es importante, porque ¿quiénes son los representantes municipales que mejor podrían entender esta ley?: ¿los que trabajan día a día al frente de esas corporaciones para llegar y atender a los ciudadanos o nosotros aquí, en este Parlamento? Siempre se nos critica -no solamente en esta ley sino en otras leyes, o incluso cuando se presentan proposiciones de ley de los grupos de la oposición o de los grupos del Gobierno- : "¿con quién han consensuado ustedes esto?, ¿quién está detrás de esta ley?, ¿esto a quién se le ocurrió?". Y esta ley viene, lo conocemos, es conocido públicamente que el Gobierno ha estado discutiendo este texto con la Fecam y han llegado a un acuerdo sobre este texto. ¿Que la totalidad de los alcaldes y la totalidad de los concejales no conocen el texto en profundidad?, seguramente, no lo hacen. Tampoco conocíamos el texto de la ley aprobada por el Estado y la vinimos a conocer en el trámite parlamentario.

Pero también se ha hecho referencia en torno... la crítica que se hace para que esta ley se pueda valorar. Y no estamos en nada de acuerdo con lo que ha dicho don Román Rodríguez al respecto. Es que la legislatura, por lo visto, en este Parlamento debe terminar a los tres años, tres años y medio, ¿no?, y por lo visto en los otros seis meses tenemos que estar aquí dedicados a las comparecencias de la oposición y a atender a la oposición, y el Gobierno y los grupos, por ejemplo, al Partido Popular, si se le ocurriera presentar una proposición no de ley, "oiga, estos no son los tiempos". Los tiempos son cuatro años. Estamos elegidos por cuatro años y, que yo sepa, a ninguno le quitan el sueldo en enero, que yo sepa. Todos estamos aquí hasta el último minuto, aprobando lo que sea conveniente, haciéndole la crítica al Gobierno en lo que sea conveniente; y, por lo tanto, estamos aquí para trabajar hasta el último minuto. Las legislaturas duran cuatro años y en cuatro años tenemos que trabajar desde el día uno hasta el último día.

Decían también que esto tiene escasa atención, que los ciudadanos no saben ahora mismo lo que estamos debatiendo. Hombre, es una ley de municipios, quienes deben estar más atentos son los que están trabajando y nosotros nos tenemos que ocupar y preocupar de que, efectivamente, efectivamente, lo que vayamos a legislar vaya a favor de la ciudadanía. Y eso es lo que vamos a hacer.

El otro día, en la comunicación, el Partido Popular hacía una referencia sobre un tema que aparecía en la ley de cabildos y en la ley de ayuntamientos, y es una preocupación que nosotros podemos compartir y estamos de acuerdo, y así se lo expresó también el consejero, estamos de acuerdo en valorar si las competencias que están enumeradas en ambos textos legales, cuáles deben ser realmente compartidas, es decir, que haya cosas que deben hacerse por ambas administraciones, y cuáles deben residir exclusivamente en una de esas instituciones. Estamos completamente de acuerdo en hablar y llegar a pulir esas diferencias que pueden existir o esa confusión que puede existir en cuanto a las competencias. Como ustedes recordarán, en el caso de la propuesta para los municipios, había dieciocho materias concretas y algunas de ellas, efectivamente, aparecían también en el texto de la ley de cabildos. Por supuesto que estamos dispuestos a trabajar esa cuestión.

Después hay otro elemento que se ha lanzado aquí y que es preocupante que lo digamos aquí. Una proposición de ley, señorías -y lo digo para quien tiene dudas-, parece que una proposición de ley viene y que, por lo tanto, este Parlamento va a aprobar una ley, como consecuencia de que es una iniciativa de los grupos, sin las debidas garantías jurídicas y de los informes del Gobierno. ¿Cuándo ha ocurrido eso? ¿En qué momento de esta legislatura o de pasadas legislaturas ha ocurrido eso? Don Román, de verdad, si usted quiere tener alguna credibilidad, no diga algunas cosas, ¡no las diga!, por lo menos para darle credibilidad. Usted sabe perfectamente que todo proyecto de ley, toda proposición de ley, tiene que venir aquí, cuando empezamos el trámite, con un informe del Consejo Consultivo. Usted sabe que cuando hay una proposición de ley tiene que venir un informe del Gobierno, del Gobierno, sabe que hay que pedirlo y tiene que emitirlo, y sabe además -si estuvo atento al debate del otro día-, que además pactamos una propuesta de resolución con el Partido Popular, que en ese informe, que en ese informe, que podía ser un informe de un folio, pactamos con el Partido Popular que ese informe, insisto, decía que debe venir acompañado, según el artículo 138 de este Reglamento, que garantice el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad y que en ningún caso suponga un mayor gasto de las administraciones públicas canarias, de las administraciones públicas canarias en su conjunto. Y, por lo tanto, no solamente va a venir el informe que estime conveniente emitir el Gobierno sino que además va a venir con una recomendación aprobada en la propuesta de resolución de la comunicación del otro día.

Por lo tanto, no estemos lanzando una idea, primero, de que aquí solo se trabaja tres años y medio; segundo, que una proposición de ley tiene deficiencias jurídicas y que, por lo tanto, "vete tú a saber lo que va a salir de este Parlamento"; y, tres, también le negamos la mayor, diciendo que la Fecam, que han estado discutiendo este texto con el Gobierno, que también nos hemos apoyado en los textos de la comisión técnica, o del grupo de expertos, que algunos de los textos están incorporados aquí, que se ha venido trabajando, y que esto poco menos que viene aquí sin el consenso adecuado.

Después la otra cuestión, dice: oiga, es que los grupos del Gobierno han cogido el texto. ¡Es que nosotros somos el grupo de gobierno! Por supuesto. ¿Quién ha nombrado al presidente de este Gobierno sino este Parlamento y los grupos que apoyan al Gobierno? ¿Es que usted piensa que, si fuera así, nosotros somos unos entes independientes y que no apoyamos las políticas del Gobierno? Cuando eso ocurra, cesamos al presidente.

Lo digo porque los argumentos que usted ha expresado, más los que dijo el otro día, son tan pobres como... Porque el otro día dijo más cosas, el otro día dijo, por ejemplo, que era un problema de que su grupo no tenía capacidad para trabajarlas. Oiga, ¿qué me cuenta?, ¿qué me cuenta? Oiga, pues, haga usted lo tenga que hacer. ¿O es que ahora resulta que todo este Parlamento nos tenemos que adaptar a su ritmo de trabajo? Será al contrario: usted se tendrá que adaptar al ritmo de trabajo que marque este Parlamento. ¡Faltaría más que lo tuviéramos que hacer al revés!

Termino, señor presidente, haciendo una referencia también a la ley. Lo digo porque el otro día tuvimos una amplia discusión sobre los contenidos de la ley. He expresado algunos de los puntos donde deberíamos llegar a acuerdos, en el tema de las competencias, y hemos llegado también, he comentado también otro de los asuntos relevantes del proyecto de ley, que es cómo se va a encuadrar todo el tema de la financiación con respecto a las corporaciones locales y, en este caso, a los municipios canarios.

Creo que es una ley que tiene también algunos aspectos importantes en el acuerdo, y es que hay cierto consenso en mantener la actual estructura municipal, es decir, los ochenta y ocho municipios existentes en Canarias, aunque la ley también abre la posibilidad a las fusiones y a las segregaciones, si así se decidiera, en los términos que está planteados en la ley o en los que salgan definitivamente de aquí, de la Cámara. Y que la máxima prioridad está en la calidad de la prestación de los servicios, en la igualdad al acceso de los ciudadanos a lo que son las coberturas que dan, en este caso, los ayuntamientos de atención a la ciudadanía, de la suficiencia financiera o de la insuficiencia financiera, para ser más exactos.

Y el título X de la ley, que también habla de los principios de la financiación municipal, que, obviamente, será objeto de discusión profunda en este Parlamento cuando lleguemos a debatirla, en ponencia, en comisión, y, en definitiva... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un tiempo adicional) debemos hacerlo. Y si tenemos que dedicarle tiempo y hacer más ponencias para hacerla, debemos hacerla, porque lo importante...; y no nos olvidemos nunca de que nosotros estamos aquí para trabajar, insisto, hasta el último día para los ciudadanos. El que no tenga tiempo de trabajar o que no quiera trabajar, que lo diga, que no vaya a las ponencias y no vaya a las comisiones, como ya ha ocurrido en alguna ocasión, pero el resto del Parlamento lo va a hacer.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias, señor Barragán.

Por parte del Grupo Popular, don Emilio.

El señor MORENO BRAVO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías.

Yo creí, señor Barragán, que esto era un debate de toma en consideración de una proposición de ley y que nos querían convencer a los grupos no proponentes. Yo creía que nos querían convencer, no atacar, pero, bueno. Nosotros creemos que nadie debe enfadarse por los argumentos ni de unos ni de otros, estamos en la mera tramitación de esta toma en consideración, pero, bueno.

Reiteraré muchos de los argumentos que he dicho antes, van conexos, ley de municipios, ley de cabildos, proposiciones de ley. Por tanto, debatimos, como ya hemos dicho antes, en este Parlamento la toma en consideración de sendas proposiciones de ley del régimen jurídico de municipios. Proposiciones, volvemos a reiterar, pese a lo dicho antes, instadas por los grupos parlamentarios de Coalición Canaria y Partido Socialista Obrero Español, que son, lo reiteramos, consecuencia mecánica e instrumental de la comunicación que el Consejo de Gobierno trajo a esta Cámara el pasado mes de octubre. De hecho, el texto articulado sigue siendo como antes, si no idéntico, casi idéntico, entonces y ahora, por lo que estamos ante una mera traslación de la voluntad del Gobierno a través de los grupos que lo respaldan.

Como entonces denunciábamos, el procedimiento emprendido por el Gobierno para la reforma del régimen jurídico local de Canarias, primero en la comunicación de octubre y ahora con esta proposición de ley, huye, por razones de urgencia política, del control legislativo previo que necesita todo proyecto de ley y entendemos que se está cercenando en ese caso lo que tendría que haber venido como un auténtico proyecto de ley. Pero posibilidades, por supuesto, desde el punto de vista formal, y democráticas, son posibles plantearlas hoy a través de esta proposición de ley. Eso no lo vamos a discutir.

Por eso hoy volvemos a esta Cámara con una iniciativa de enorme relevancia, desde el punto de vista legislativo y económico, pero que, como en octubre, la comunicación del Gobierno carece de varias cosas, que ya se ha puesto de manifiesto por parte del portavoz del Grupo Mixto. Carece de informe de necesidad y de oportunidad, como exigiría un proyecto de ley, carece de informe del servicio jurídico, carece de informe del área de Economía y Hacienda sobre su impacto presupuestario y, finalmente, carece también de la exigible memoria económica que requiere una ley de este tipo, a Dios gracias.

La previsible toma en consideración, que nosotros apoyaremos en aras del debate democrático, de la proposición de ley activará, como hemos dicho también antes en la ley de cabildos, el correspondiente informe del Consejo Consultivo de Canarias, que, en su caso, si hubiese sido un proyecto de ley, ya tendríamos y estaríamos debatiendo o no la correspondiente enmienda a la totalidad.

La conclusión de mi grupo, del Partido Popular, sobre este proceder es que abordamos una modificación del régimen jurídico de los municipios de forma atropellada y sin las garantías jurídicas y presupuestarias que se hubiesen requerido en una empresa de esta naturaleza.

Con esta proposición de ley, el Gobierno seguramente contará y podrá ofrecer a los municipios una nueva ley de municipios canarios antes de que finalice esta legislatura, sin duda alguna, pero con esta proposición de ley en la mano nadie de los aquí presentes, repito, absolutamente nadie, podrá garantizar su cumplimiento, podrá garantizar su suficiencia financiera, podrá garantizar su sostenibilidad y podrá garantizar la prestación de los servicios públicos afectados en términos de universalidad y calidad. ¡Nadie!, repito, absolutamente nadie. El proyecto de ley -lo voy a definir así, porque en el fondo vino como comunicación en octubre y hoy se nos camufla en una proposición de ley- será inoperante y, por tanto, estará condenado a la melancolía, a la más triste y absoluta melancolía, mientras no haya ni garantías jurídicas ni garantías económicas. Garantías económicas y presupuestarias para financiar la reorganización competencial que exige una ley de esta naturaleza. Y garantías jurídicas, porque, sin duda alguna, hasta que no se resuelva por el Tribunal Constitucional el correspondiente dictamen del alcance de las competencias municipales, en consonancia con lo dispuesto en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, poco más podemos hacer.

Y la verdad, señorías de Coalición Canaria y Partido Socialista Obrero Español, es que tampoco hay garantías, y ustedes lo saben. Viven presos de ese atropello que nos criticaba, que denunciábamos, el señor Barragán, de iniciativas de última hora, con el fin de justificar la desidia de estos tres últimos años. Y es que ustedes han vivido todos estos años, los de esta legislatura, muy entretenidos en asuntos ajenos a los intereses de Canarias y, cuando llega el momento de hacer balance a la ciudadanía, al electorado, poco o nada hay que mostrar. (Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor presidente).

Señorías, a fuerza de ser sinceros, hemos de reconocer que esta reforma, o esta propuesta legislativa, es una auténtica contrarreforma de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que entró en vigor en enero de este año. Es una auténtica contrarreforma. No desean acotar ni racionalizar competencias. Ustedes no se comprometen con un mapa competencial austero y sostenible, ustedes no garantizan, en consecuencia, la prestación de los servicios públicos. Esa es la verdad. Es justo la filosofía contraria de la ley nacional de Administración local. Esa ley que todos ustedes vituperan, critican, negando incluso, como se oye en esta tribuna por uno de los grupos proponentes, se le llega incluso a negar la participación de la Administración local en la lucha contra la violencia de género. Yo creo que es que no se han leído ustedes la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 27/2013, de 27 de diciembre. Miren -lo dije ayer en el debate de la proposición no de ley sobre la violencia de género-, los ayuntamientos, las administraciones locales, siguen teniendo competencia en relación con las personas de riesgo, entre las que se encuentran ni más ni menos que las víctimas de violencia de género. Lo único que exige la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local es que, cuando asuman competencias delegadas, haya ficha financiera. Por tanto, lo reitero, abandonen sus falsas obsesiones contra el Partido Popular, más propias a lo mejor de sus confusiones dogmáticas y simbólicas, señores socialistas.

Pero es que, además, se equivocan ustedes en hacer creer que esta reforma es la reforma de los municipios, porque va a satisfacer a los ayuntamientos, cuando la reforma debe estar al servicio de los ciudadanos. No podemos plantear estas reformas o estas modificaciones en clave de política local sino en clave ciudadana, en interés general. No quieran confundir las administraciones para lo que queremos con los ciudadanos canarios. No basta con que con esta reforma se satisfaga a los alcaldes, es preciso que se satisfaga a los ciudadanos canarios, al servicio de los cuales están todos y cada uno de los concejales y alcaldes de nuestros municipios.

Con esta proposición de ley no es posible avanzar de verdad. Lo he dicho: no hay garantías económicas, no hay seguridad jurídica y es un ejercicio estéril de pretendidas buenas intenciones sin consecuencias en la práctica. Piensen en la gente, díganme, señorías: ¿están o no están dispuestos a racionalizar las competencias?, ¿están o no están dispuestos a suprimir duplicidades?, ¿están o no están dispuestos a simplificar la Administración pública?, ¿están o no están dispuestos a ahorrar muchos, muchos, millones de euros a los ciudadanos? Nosotros, el Partido Popular, sí estamos dispuestos; sí estamos dispuestos a ofrecer a los canarios las administraciones públicas que se merecen, y, por supuesto, las administraciones locales, y no las que merecen o dejan de merecer los que nos dedicamos a la política, sino las que merecen de verdad y exigen los ciudadanos canarios.

En consonancia con esta posición, esta voluntad, les ofrecemos a partir de hoy abrir un diálogo sobre el contenido de esta proposición de ley, que hasta ahora con nosotros no se ha producido. Un diálogo en sede parlamentaria tendente a mejorar notablemente el contenido y el texto de esta proposición de ley, pero, como dije antes, sin imposiciones y sin urgencias políticas.

Señorías, el Partido Popular -voy acabando ya- les desafía a hacer las cosas bien, a dar a este Parlamento la autoridad legislativa que le corresponde, apartando el ordeno y mando de un Gobierno que...

El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto, don Emilio.

El señor MORENO BRAVO: Gracias, señor presidente.

... y que lejos de tener un interés genuino en los municipios los utiliza como coartada para justificar su pasividad en estos años.

Como en la anterior proposición de ley, no nos opondremos a la continuación del procedimiento legislativo, pero haciéndoles saber, como hemos hecho ahora, las muchas objeciones que hemos denunciado.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Emilio.

(El señor presidente hace sonar el timbre de llamada a la votación. Pausa.)

Señorías, vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de la ley de los municipios de Canarias, presentada por los Grupos Nacionalista Canario y Socialista Canario, votación de toma en consideración. Comienza la votación (pausa).

Resultado: 46 presentes; 46 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Queda aprobada por unanimidad.

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