Diario de Sesiones 149, de fecha 9/12/2014
Punto 11

8L/PO/P-1708 PREGUNTA DE LA SEÑORA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL MAR JULIOS REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC-CCN), SOBRE EL TRATO RECIBIDO POR ABOGADAS EN LA CÁRCEL DE LAS PALMAS II, DIRIGIDA AL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD.

El señor PRESIDENTE: Siguiente pregunta: de la señora diputada doña María del Mar Julios Reyes, del Grupo Nacionalista Canario, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Doña María del Mar.

La señora JULIOS REYES (Desde su escaño): Muchas gracias, señoría.

Hablando de machismo, me pregunto: ¿ha explicado el ministerio correspondiente las razones de por qué han recibido un trato vejatorio las abogadas en el ejercicio de su actividad profesional en el acceso a la cárcel de Las Palmas II?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña María del Mar.

Don Francisco Hernández Spínola, señor consejero de Presidencia.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola) (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Señora diputada.

No hemos recibido ninguna explicación. Estamos a la espera de una respuesta de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dependiente del Ministerio del Interior tras remitirle una solicitud de información al respecto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Francisco Hernández Spínola, señor consejero.

Doña María del Mar Julios.

La señora JULIOS REYES (Desde su escaño): Muchas gracias.

Asombroso, y asombrosa también la noticia que conocíamos: la denuncia de las abogadas, que, desde hace más de un año, eran obligadas a quitarse la ropa interior para pasar el detector de metales en la cárcel mencionada. Denunciaron que, desde que los servicios de seguridad, dejaron de estar en manos de la Guardia Civil y pasar a una empresa privada, además de lo ya mencionado, sufren un humillante trato discriminatorio frente a otras trabajadoras judiciales. Es inaudito e inadmisible y, además, absurdo desde el punto de vista de la seguridad, porque ni abogados ni abogadas tienen contacto directo con sus clientes, los presos, puesto que lo hacen a través de un cristal y en presencia de funcionarios.

Apoyamos y tenemos conocimiento de que el Instituto Canario de Igualdad, en el ejercicio de su responsabilidad, ha pedido explicaciones sobre lo ocurrido, porque, además, ¿solo ocurre esto en esta prisión y no se conoce ninguna explicación sensata que justifique dicha medida? Es inaudito e indignante que se permita, desde una Administración pública, dar un trato discriminatorio y vejatorio como este. Las administraciones públicas son las primeras que tienen que dar ejemplo para ser creíbles en la lucha contra la discriminación de género, que tenemos que seguir manteniendo en esta sociedad. Hoy hemos mantenido aquí un minuto de silencio por las consecuencias de esta discriminación.

Y, señor consejero, con independencia de que dicha atención, actuación, mejor dicho, parece que se ha corregido -dice la delegada del Gobierno: esto no va a pasar más-, no es suficiente y es necesario seguir exigiendo que se aclare lo ocurrido, que se transparente lo ocurrido, que se investigue. Es necesario tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir, ni en esta prisión ni en ninguna otra. Y, además, que se investigue cómo es que estas actuaciones se sucedieron durante un año y no se hizo nada. Y desde luego, identificar responsables de quién tomó esta decisión y no la corrigió a lo largo de un año.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña María del Mar.

Señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola) (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Señora diputada, efectivamente, como usted bien ha relatado, en cuanto tuvimos conocimiento de la denuncia presentada, esa denuncia pública, sobre un posible tratamiento discriminatorio hacia las abogadas en el centro penitenciario Las Palmas II, el Instituto Canario de Igualdad, dependiente de esta consejería, se dirigió a todas las partes, a todas las partes concernidas. Nos dirigimos, en primer lugar, el 4 de diciembre, al secretario general de Instituciones Penitenciarias, lo hicimos también al decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, la directora se puso en contacto con las abogadas denunciantes, incluso también llamó por teléfono al director del centro. Bien. La directora ha pedido explicaciones sobre el carácter de esa medida de seguridad, bajo qué criterio se lleva a cabo y si es algo general o propio únicamente de ese centro penitenciario.

Como digo, no hay respuesta todavía, pero sí que hemos acudido a lo preceptuado en el reglamento penitenciario, en el que se especifica que las medidas de seguridad se regirán por los principios de necesidad y proporcionalidad y se llevarán siempre a cabo con el respeto debido a la dignidad y a los derechos fundamentales de las personas.

Por tanto, esperemos la respuesta, pero sí que me voy a permitir hacer una valoración política, que es la siguiente: el Gobierno considera lo sucedido un hecho lamentable, una medida vejatoria, innecesaria y desproporcionada hacia las abogadas, que espero que no vuelva a ocurrir nunca más y que además se den las explicaciones oportunas y se adopten las medidas consiguientes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero, don Francisco Hernández Spínola.