Diario de Sesiones 150/2014, de fecha 10/12/2014 - Punto 6

8L/PL-0022 DICTAMEN DE COMISIÓN. DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESARROLLO AUTONÓMICO, SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar, señorías, en el siguiente punto del orden del día: dictamen de la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico sobre el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Que yo sepa, se mantienen unas enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.

Don Pedro.

El señor JUSTO BRITO: Señor presidente, señores diputados.

La ley que vamos a tratar actualmente es una ley muy importante, fundamentalmente porque es una ley que vincula la Administración pública con la ciudadanía, y, como ya hablamos cuando se trató anteriormente en este Parlamento, dada la situación que tiene la ciudadanía con la Administración pública y los políticos en general, es muy importante que este tipo de leyes ayuden a acercar a unos y a otros.

Cuando hablamos inicialmente, dijimos que el Gobierno de Canarias partía de una posición mala, estaba, en un ranking de transparencia, en el puesto 15 de las 17 comunidades autónomas y con un 80% de calidad informativa, y, obviamente, eso nos hacía partir de una mala posición. El otro elemento, que era la demanda social, venía a decir que hay una mala predisposición actualmente de la ciudadanía con respecto a la clase política. Hay que decir, a favor de la Cámara, que ha habido una actitud muy favorable por parte de todos los partidos, y en la comisión, con respecto a la elaboración de la ley, que podemos decir que la ley que tenemos es una ley de primer nivel dentro del resto del Estado, porque, obviamente, hemos estado viendo casi todas las que hay dentro del Estado.

Algunas de las cuestiones que nosotros tuvimos que plantear, porque queríamos darle trascendencia, como era por ejemplo el acceso de la ciudadanía a la información y sobre todo que fuese la Administración pública la que cargase con el peso de buscar la información cuando no es fácil de buscar y no dejarla en el ciudadano, fueron enmiendas que fueron aceptadas sin problemas dentro del trabajo de la ponencia y la comisión, y en ese sentido el tema fue muy positivo.

Nosotros mantuvimos tres elementos en los cuales teníamos discrepancia con el texto que salía: un tema hacía referencia a la insularización de la información, el otro era sobre el volumen de información del que se podía disponer y el otro era el tema del comisionado.

Con respecto al tema de la insularización, la posición nuestra era obviamente clara: nosotros consideramos que en un archipiélago como el nuestro, teniendo en consideración el peso enorme que tienen, tanto a nivel político como a nivel social, como a nivel económico, las islas, era fundamental forzar o determinar que toda la información que fuese disponible se diese de manera insularizada. Yo recordé aquí que, por ejemplo, el Consejo Escolar, que tiene muy buena relación con el Gobierno autónomo, sin embargo, cuando hablaba del tema de la información, decía que la información insularizada de que disponía se la daba el ministerio y que, sin embargo, la consejería no aportaba esa información de manera insularizada. Entonces nosotros considerábamos que era un elemento que era fundamental a corregir. Nosotros lo planteamos como una enmienda básicamente, no declarativa, sino propositiva, en el sentido de que es necesario que se busque esa información. Se nos dijo en comisión que actualmente hay bastantes problemas en ir dando esa información de manera insularizada, pero no es el problema. Yo creo que aquí lo importante es marcar la necesidad de que se llegue a conseguir esa información insularizada para forzar que se trabaje en ese sentido.

El segundo elemento que nosotros pusimos en cuestión fue el tema de la información. Nosotros planteamos que el Gobierno hiciese, en un periodo de tiempo razonable, una especie de catálogo de qué información es la que considera imprescindible para, digamos, para cubrir, tanto al sector público como al sector privado, la gestión de los intereses generales. Entonces nosotros planteamos simplemente eso, que el Gobierno autónomo hiciera una propuesta de mínimos de lo que habría que cubrir. Nosotros sabemos, por un lado, que actualmente la información disponible es escasa -lo sabemos nosotros, en la propia comisión se nos dijo por los diversos grupos que es verdad que en general siempre, cuando ha habido discusiones y planteamientos, muchas veces ha hecho falta que haya más información-, pero todos sabemos que la información está, la información está en los despachos, en las oficinas, en las direcciones generales, etcétera. Lo que hay que hacer es forzar que toda esa información se elabore, se trabaje, se corrija en el sentido de que se homogenice y, sobre todo, se publique y sea accesible. Entonces ¿nosotros lo que queríamos qué era?: una declaración de intenciones claras en el sentido de que se iba a hacer todo lo posible para sacar toda la información que hace falta y que es necesaria. Obviamente, quien mejor sabía eso era el propio Gobierno y por eso era al Gobierno al que se le pedía.

Tanto en un tema como en otro en principio no llegamos a acuerdo y por eso planteamos las enmiendas y las hemos mantenido aquí.

El tercer elemento que nosotros planteamos fue el tema del comisionado. Nosotros planteamos, como hizo originalmente el grupo de gobierno, que la institución ideal para hacer de comisionado era el Diputado del Común. Nos parece que reúne todos los elementos favorables que se buscaban aquí. Es una institución que está asentada, es una institución que, además, se dedica al control de la Administración pública, aunque sea a través de la demanda de la ciudadanía, con lo cual está acostumbrada a tratar con la Administración pública. Es una institución que tiene equipos y tiene técnicos suficientes como para poder encargarse de esa cuestión. A nosotros nos parecía muy positivo consolidar esa institución, que probablemente esté infrautilizada, añadiéndole esta tarea. Y, además, veíamos un elemento adicional muy positivo: si nosotros le dábamos a esta institución el cargo de comisionado, estábamos poniendo la sede del Comisionado de Transparencia en Santa Cruz de La Palma, lo cual nos parecía muy positivo y, desde luego, mucho más positivo que, como se plantea en las propuestas del Gobierno y de la oposición, el que se acabe poniendo en Santa Cruz de Tenerife, porque nosotros consideramos que está habiendo una excesiva concentración de instituciones autonómicas en Santa Cruz de Tenerife. Tratando el tema con el resto de los grupos, los grupos planteaban como un elemento importante el tema de llegar a un consenso general para que se aprobara la ley por unanimidad.

Nosotros diferenciamos en dos los planteamientos que nosotros hacíamos: el tema de la declaración a favor de la insularización de la información y el tema a favor de que se sacase un catálogo con las informaciones mínimas, nos parecía que eran elementos que marcaban el sentido de la propia ley y que lo que demostraban es que la ley se hacía con la mayor voluntad política posible de transparentar y sacar la información adelante. El tema del comisionado, en el cual nosotros seguimos creyendo que es la mejor opción, sin embargo, creemos que tiene un elemento distinto. ¿Por qué?, porque las otras opciones, aunque nos gusten menos, no consideramos que pervierten la ley o van a impedir que la ley funcione bien, sino simplemente es otra solución al tema que había que cubrir. No es la que nosotros consideramos oportuna, pero sí estamos seguros de que tanto en una opción como en otra la ley va a funcionar bien. Entonces, aunque nosotros mantenemos el tema del comisionado, y sobre ese tema no hemos llegado a acuerdo, sin embargo, hablando con el resto de los grupos, hemos llegado a unas transaccionales tanto con respecto al tema de la insularización de la información como al del volumen de la información.

Como consideramos que esto es lo que realmente marca la validez o no de la ley, y nosotros consideramos que lo otro es un debate lícito, que podemos tener opiniones distintas, pero que, en cualquier caso, saliendo con la otra opción, porque sabemos que es la que va a salir casi seguro teniendo en cuenta el número de parlamentarios que lo apoya, la ley va a funcionar bien.

Nosotros, en cualquier caso, queremos recordar que, cuando hicimos el planteamiento inicial, dijimos que esta ley, más que en sí, lo que es importante es la voluntad política de aplicarla. Valoramos que las tres comunidades que en aquella época aparecían como mejor situadas en cuanto a la transparencia, que eran Cataluña, Castilla y León -creo que era- y el País Vasco, ninguna de las tres tenían ley. Entonces nosotros consideramos que lo fundamental es que la ley se aplique, que haya voluntad política para aplicarla. Consideramos que el texto favorece, permite luchar y tener una posición sólida, tanto desde el punto de vista de la ciudadanía como desde el punto de vista de las organizaciones, para exigir que se mejore la transparencia y que se incremente la información actualmente disponible. Y entonces nosotros, en principio, estábamos dudando entre el tema de la abstención y el tema de votar a favor y, como se han arreglado los elementos fundamentales, que son aquellos que ya hemos dicho de insularización y volumen de información, que son los que considerábamos que condicionaban realmente la validez de la ley, nuestro grupo va a votar a favor de la ley.

Muchas gracias.

(El señor Moreno Bravo solicita la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Pedro.

Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Manuel Fajardo...

Un momentito. Dígame, don Emilio Moreno.

El señor MORENO BRAVO (Desde su escaño): Solo por una cuestión de orden, a efectos prácticos.

Se presentó por parte del Grupo Parlamentario Popular una enmienda de subsanación en relación con un artículo del texto, el 19.1 c) y antes de que se proceda al dar el turno de palabra al portavoz del Partido Socialista Obrero Español, como también tendría que manifestarse en relación con esto, porque sería un error, de subsanación del texto, pues, poderlo recoger.

El señor PRESIDENTE: No me consta a mí aquí pero... No me consta porque una cuestión es que usted tenga idea de presentarla en su momento cuando intervenga, pero a mí no me consta enmienda aquí ninguna. No sé. A mí no me consta. No sé si los servicios de la Cámara... No, porque ese tipo de propuestas se hacen cuando toque el turno del grupo...

El señor MORENO BRAVO (Desde su escaño): (Sin micrófono.)

El señor PRESIDENTE: Claro. Lo que le quiero decir es que si no hay constancia aquí no le puedo dar la palabra, si no hay constancia aquí... (Comentarios en la sala). (Pausa).

Es que me están planteando -ahora me lo aclaran- un debate verbal en la comisión del que yo no tengo constancia. Entonces... (Prosiguen los comentarios). Que sí, que se quedó, un debate verbal en el que se quedó que se aceptaba pero que no consta en los documentos... (Rumores en la sala). ¡Por favor!, está el presidente dando explicaciones de por qué no le di la palabra inicialmente. Entonces, cuando él me lo aclara, ahora, como ha sido, tiene usted un minuto para defender esa enmienda, aclararla, y luego interviene en su turno.

Don Emilio.

(La señora Navarro de Paz solicita intervenir.)

Dígame, dígame, doña María Australia.

La señora NAVARRO DE PAZ (Desde su escaño): Presidente, es una cuestión de orden lo que le está planteando el portavoz...

El señor PRESIDENTE: Sí.

La señora NAVARRO DE PAZ (Desde su escaño): Que no es una enmienda in voce, que está presentado un escrito, sellado, en la Cámara, en la Cámara.

El señor PRESIDENTE: ¿Hay escrito presentado y sellado? No hay escrito. Por favor, es penoso tener que estar atendiendo a estas discusiones absurdas. Bueno, pues, si está presentado y no está registrado, es igual. El presidente no tiene constancia y por eso no le dio la palabra. Ahora se la estoy dando. Creo que no hay necesidad de más explicaciones. Y me indican que fue un acuerdo verbal en comisión para incorporarlo en pleno. Es que no se puede hacer un mundo de cada cuestión, bueno, menor, porque es una cuestión menor.

Don Emilio, defienda usted su propuesta, que fue aceptada en comisión, y defiéndala para que el pleno la conozca y quede incorporada al debate aquí.

Tiene la palabra.

El señor MORENO BRAVO (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Pero, aparte de haber sido un acuerdo verbal en la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico, hubo un traslado expreso por parte de este diputado al letrado asesor de este dictamen de la comisión, que se efectuó precisamente en el día de ayer, que se mandó por escrito. Y yo simplemente quería, antes de que se produjese la defensa de posiciones por parte de los grupos no enmendantes -Partido Socialista Obrero Español, Coalición Canaria y un servidor-, en este caso, como se trataba de una enmienda de subsanación al amparo del artículo 135.3, se facilitó este texto escrito y se propuso una redacción que subsanaba simplemente uno de los errores que parecía haberse plasmado en el texto como consecuencia de varias duplicidades en algunos términos gramaticales.

Y así, el 19.1 c) quedaría de la siguiente manera: "Personal eventual que ejerza funciones de carácter no permanente expresamente calificados de confianza o asesoramiento especial en cada uno de los departamentos o consejerías y en los organismos públicos o entidades dependientes o vinculadas, así como de los organismos y entidades privadas integrantes del sector público autonómico, especificando su identificación, nombramiento, funciones asignadas, órgano o directivo al que presta sus servicios y, en su caso, régimen de contrato laboral, especificando -dos puntos, guión- perfil, méritos académicos acreditados y trayectoria profesional; -guión- órganos colegiados administrativos o sociales de los que es miembro; y -guión- actividades públicas y privadas para las que se le ha concedido la compatibilidad".

Esa era la aclaración a efectos de que quedase introducido plenamente en el debate de hoy de las enmiendas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, don Emilio.

Queda aclarado y los demás grupos se irán pronunciando al respecto, porque eso entiendo que es una enmienda in voce aquí, no tiene otro tratamiento, y las enmiendas in voce, claro, las enmiendas in voce son en el momento en que se interviene, no cabe duda. Yo no digo de los errores o de los fallos, pero la Presidencia, el debate lo ha llevado correctamente, que quiero que quede constancia.

Los grupos se irán pronunciando sobre la enmienda in voce que ha sido planteada por don Emilio Moreno, si así lo estiman, evidentemente.

Don Manuel Fajardo, Grupo Socialista Canario, su turno.

El señor FAJARDO PALAREA: Buenos días, señor presidente. Buenos días.

Yo, en primer lugar, querría agradecer a los ponentes de esta ley, que es una ley histórica, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública canaria, el trabajo que han realizado, al señor Moreno, a la señora Zamora, al señor Justo, y también al letrado de la comisión, el señor Aznar, por el trabajo realizado, y porque yo creo que todos, todos hemos puesto de nuestra cosecha para intentar mejorar el proyecto de ley y para intentar consensuar, y ya con las palabras dichas por el señor Justo podemos avanzar que esta ley va a aprobarse por unanimidad.

Y es una ley necesaria, necesaria porque, como se ha discutido en más de una ocasión en esta Cámara, lo que empezó siendo una crisis financiera pasó a ser una crisis económica, luego pasó a ser una crisis social y pasó, finalmente, a una crisis institucional, y la gente que nos está viendo y la gente que nos está escuchando nos demandaban más transparencia, más transparencia en el ejercicio de la función pública, más transparencia en todo lo que tiene que ver con la comunidad autónoma, sus órganos ejecutivos, el Parlamento y todas las personas físicas, jurídicas e instituciones que son afectadas por la ley; y nos pedía también un derecho claro al acceso a la información, una información plural, veraz, porque es un elemento fundamental para apuntalar nuestro propio sistema democrático y un elemento fundamental para intentar recuperar esa confianza que hemos perdido en estos últimos años de los ciudadanos con respecto a la política, a los partidos políticos y a aquellos que ejercitamos temporalmente la noble, aunque muy denostada, misión de estar en política.

Y no es una norma para salvaguardar a los políticos, como alguno podría pensar, ni a lo que algunos denominan casta, sino es una norma que nace de los ciudadanos, que es una petición de los ciudadanos y es una norma participada por los ciudadanos.

Decía anteriormente toda esta Cámara a los medios de comunicación que es una norma viajera. Esta norma ha viajado por las siete islas y ha contado con una participación activa de ciudadanos y ciudadanas de las siete islas canarias, incluida la octava, La Graciosa, que han hecho sus aportaciones para mejorar el texto de la ley. Por tanto, es una norma que nace de los ciudadanos y es una norma para los ciudadanos. No es una norma para blindar la denominada clase política ni los partidos políticos ni las instituciones canarias. Es una norma para transparentar nuestra acción, la acción de las instituciones, y para que todo el mundo sepa que las cosas se hacen bien y que no hay nada que ocultar. De ahí la importancia de esta ley de transparencia, de ahí la importancia, porque dignifica no solamente la actividad que llevamos a cabo, sino que también, de forma bidireccional, nos hace tener una conexión directa con aquellos que son, en definitiva, los que al final depositan la confianza en nosotros para que los representemos en el máximo órgano de representación del pueblo canario, que es este Parlamento.

Con respecto a las enmiendas que ha presentado el Grupo Mixto y que mantiene el Grupo Mixto, decirle, don Pedro, vamos a ver, con respecto a las que tienen que ver con el comisionado, usted bien lo ha dicho, o sea, diferentes formas de abordar el tema. Todos hemos hecho un esfuerzo: el Partido Popular tenía una posición inicial, la ha modificado, se ha avenido a la posición nuestra; usted incluso ha defendido la figura del Diputado del Común como aquella persona donde se ha residenciado o debería residenciarse la figura del comisionado -en este caso comisionado, no comisionada-; y nosotros hemos defendido lo que dice, lo que sostenía el proyecto de ley, con independencia de que después el dictamen del Consejo Consultivo entrara en otras consideraciones que no venían en el proyecto de ley, y creemos que, de alguna manera, desmontaba, en el buen sentido de la palabra, incluso el argumento nuclear que ustedes hacían en defensa de este postulado, de que fuera el Diputado del Común, que era que iba a generar un gran gasto a la Administración pública. No, con la aceptación que hicimos de la enmienda del Partido Popular por parte de los grupos que apoyamos al Gobierno, ha quedado claro que ese órgano va a estar residenciado aquí y que va a tener la colaboración en cuanto a medios humanos y materiales del Parlamento de Canarias.

Hablaba usted de La Palma. Don Pedro, yo también podía pedir que el comisionado estuviera en Lanzarote, porque al fin y al cabo el Diputado del Común está en La Palma, y hablaba de la acumulación de cargos en Tenerife. No sé si a lo mejor... Yo no quiero entrar en los temas del pleito insular, pero, bueno, podría estar, repito, siguiendo su teoría, en Lanzarote, en Fuerteventura o en cualquier otra isla no capitalina.

Con respecto a la enmienda 37, que es de la que hablamos, en cuanto a la publicación de los estudios por parte del Gobierno de Canarias, yo le he pasado una transaccional, le he pasado una transaccional -no sé dónde está don Pedro ahora-, que él no ha leído, que no la ha leído, pero creo que es conveniente que así se haga, más que nada para que quede claro lo que vamos a aprobar. Y es la siguiente, o sea, la enmienda del Grupo Mixto pasaría a tener la siguiente redacción: En el plazo de un año -en vez de seis meses- a partir de, no de la publicación, sino de la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno elaborará y publicará un estudio sobre las estadísticas de elaboración propia mínimas para verificar la calidad de los servicios públicos y el desarrollo económico. Y ahí es donde queda la enmienda transaccional que había admitido don Pedro.

Y con respecto a la enmienda que tiene que ver con la aportación por parte de la comunidad, con carácter insularizado, de determinados datos, la enmienda transaccional que le hemos ofrecido es que, olvidándose del texto propuesto por el Mixto, quedara de la siguiente forma: después del punto y seguido que sigue a "siguiente" -valga la redundancia-, sería "procurándose un tratamiento insularizado cuando la información fuere susceptible de ello".

Esas son las dos enmiendas que hemos transado con el Grupo Mixto y que él mismo, el ponente, el representante del mismo, ha dicho que eran los elementos nucleares que le hacían dudar entre la abstención y el voto a favor. Yo me alegro de que esa duda haya desaparecido y de que, efectivamente, podamos salir hoy de aquí diciendo que la Ley de Transparencia canaria -la primera ley que aborda este tema- y Acceso a la Información Pública se ha aprobado por unanimidad, porque daremos un buen ejemplo a todos aquellos que nos están viendo y que nos están escuchando.

Voluntad política, toda, y aquí tengo que hacer un apartado especial. Permítaseme la licencia, no humorística pero sí de parafrasear: cuando al consejero le hablaban de que vendía humo, en este caso, aparte del fuego, el humo también puede ser purificador y, en este caso, hemos logrado o vamos a lograr que la Ley de Transparencia se apruebe por unanimidad. Y yo creo que hay que agradecer, y lo hago públicamente, al consejero, que se empeñó, y a todo su equipo -Teófilo, Berta, Manuel-, que se han empeñado en que esta ley saliera adelante, y vuelvo a repetir, una ley participada de los ciudadanos de Canarias para los ciudadanos de Canarias.

A mí poco me queda por añadir sino decir que ahora depende... Y hago un ofrecimiento a la Cámara: pongámonos también de acuerdo por unanimidad para nombrar al comisionado o a la comisionada que deberá velar por el cumplimiento de esta ley, porque también podría ser un muy buen ejemplo de que, por lo menos en algunos asuntos, las cuatro fuerzas parlamentarias que estamos representadas en esta Cámara podemos llegar a acuerdos.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Sí, don Manuel, un momentito. Dígame, por favor, el número de las enmiendas del Grupo Mixto que han transado.

El señor FAJARDO PALAREA: 34 y 37.

El señor PRESIDENTE: 34 y 37. Muy bien.

(El señor presidente consulta con el señor Fajardo Palarea.)

Enmienda número 34, sí, artículo 24. Correcto. Sí, la 37 al artículo 33. También correcto.

Muchas gracias, don Manuel.

Por el Grupo Nacionalista Canario, doña María Luisa Zamora Rodríguez. Doña Marisa.

La señora ZAMORA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente. Señorías.

Antes de entrar en el tema que nos ocupa, me gustaría, en nombre de mi grupo, del Grupo Nacionalista Canario, felicitar al Gobierno, especialmente al consejero de Presidencia y Justicia, por cumplir con su compromiso al traer esta ley al Parlamento. Siempre fue un objetivo prioritario para usted transparentar la Administración y hacerla más abierta y más accesible a los ciudadanos. Igualmente felicitar a todos los miembros del Gobierno que han colaborado en la redacción del texto que vino a la Cámara, especialmente al director general de Participación Ciudadana, don Teófilo González, y también, especialmente, a la secretaria general técnica de la consejería, Berta Pérez Hernández, mi alumna preferida, que desde el primer momento nos ha apoyado a todos y ha colaborado con todos nosotros ante cualquier duda o consulta que le planteábamos.

Agradecer también el trabajo realizado por todos los ponentes, por Emilio Moreno, por Manolo Fajardo, por don Pedro Justo, siempre dispuestos al diálogo, hasta el último momento, como han visto, al consenso y a intentar que esta ley se aprobara por unanimidad. Por eso la mayoría de las enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios se han incorporado al texto o se han transado. En algunas hemos sido bastante generosos, tengo que decirles, algunas contenían aportaciones que mejoraban la norma, el texto, pero otras han venido incluso a completar alguna laguna legal que nos encontramos. Pero ha habido en todo momento diálogo, acuerdo, consenso, generosidad, tanto en la ponencia como fuera de ella, porque hemos buscado acuerdos también en los despachos, en los pasillos del Parlamento, nos hemos escrito emails, porque creo que el diálogo es lo que demandan los ciudadanos, que los políticos lleguemos a acuerdos en los grandes temas que preocupan a la sociedad, como es la corrupción, que es, después del paro, el segundo problema que más preocupa a los ciudadanos según las últimas encuestas del CIS.

Por último, también agradecer, como no podía ser de otra manera, a nuestro letrado, Manolo Aznar, la colaboración que nos ha prestado en todo momento.

Y teníamos en este caso que trabajar todos juntos, de arrimar todos los grupos parlamentarios el hombro en la misma dirección y ponernos de acuerdo para dotar cuanto antes a esta comunidad autónoma de su propia Ley de Transparencia. Y hoy nuestro grupo se siente satisfecho, yo creo que todos los que estamos sentados en este hemiciclo tenemos que sentirnos satisfechos porque, a partir de hoy, bueno, al día siguiente al de su publicación en el BOC, Canarias contará con su propia Ley de Transparencia. Una ley necesaria, porque la demandan los ciudadanos; una ley oportuna e inaplazable, dada la situación que vivimos en este momento de desafección, de desapego, de desconfianza de la ciudadanía hacia la Administración y a sus representantes públicos.

El texto que hoy viene al pleno es complementario a la ley estatal, que precisamente entra en vigor hoy, aunque se aprobó en el mes de noviembre, entra en vigor hoy la ley estatal, pero creo que esta ley, esta apuesta que hemos hecho aumenta el compromiso que las instituciones y administraciones públicas asumen ante la ciudadanía.

Esta norma que traemos hoy al pleno responde a una demanda colectiva, una demanda de toda la sociedad de mayor transparencia, de más cercanía, de más información de fácil acceso y comprensión sobre la actividad de la Administración. Una ley que convertirá en hábito dar cuenta a la ciudadanía, de forma accesible y clara, de la tarea que realizamos los responsables públicos y, desde luego, un instrumento eficaz para combatir preventivamente la corrupción y obtener una Administración pública más eficiente.

Con esta ley, como saben ustedes, cumplimos uno de los retos descritos en el acuerdo de gobernabilidad que se suscribió en julio del 2011 por los partidos políticos de Coalición Canaria y Partido Socialista Canario-PSOE.

Como ha dicho el portavoz del Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, ha sido una ley peculiar en su modo de elaboración, porque nunca había venido a la Cámara una ley tan participativa, en la que se ha ofrecido tanto diálogo, como esta que hoy se trae al pleno, que se elabora de abajo arriba, es decir, sin contar con un documento articulado previo, en donde se hicieron esos trece foros en todas las islas y en donde se abrió una página en Facebook para que todos participaran, que los ciudadanos hicieran sus sugerencias y aportaciones. Por lo cual a todos ellos desde aquí también les doy las gracias.

Bien. Al final el resultado ha sido muy bueno. Estamos ante un trabajo bien hecho, estamos ante una buena ley. Una ley que, desde nuestro punto de vista, es más completa y mejor que la ley estatal. Y pongo solamente algunos ejemplos ilustrativos.

En cuanto a lo que llamamos publicidad activa, es decir, en cuanto a los datos, a la información, que se ponen a disposición de la ciudadanía en portales y páginas web, como en este caso nuestro Portal de Transparencia, bueno, pues bien, vemos que hay un abismo, una diferencia notoria entre la ley estatal y la ley canaria. La ley estatal regula la publicidad activa escasamente en tres artículos -los artículos 6, 7 y 8- y solo contiene, además, premisas generales -habla de información institucional, organizativa y de planificación, información de relevancia jurídica e información económica, presupuestaria y estadística-. Pues bien, a la publicidad activa, regulada en la ley canaria, le dedica dieciocho artículos de la norma. Por tanto, supone un notable avance respecto a la legislación estatal. La ley canaria amplía los contenidos de la publicidad activa hasta el punto de que se estructura en materias y habrá, por tanto, información en el portal de transparencia relativa a la información institucional, organizativa, en materia de personal, en materia de empleo, en materia de retribuciones, en materia normativa, de servicios, de procedimientos, de información económico-financiera, patrimonial, de planificación y programación, de obras públicas, contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, es una ley muy completa la regulación que se establece en cuanto a publicidad activa frente a la parquedad de la ley estatal. Y si vamos a otras leyes autonómicas, vemos que la canaria es la más completa de todas.

Además, nuestro Portal de Transparencia se ha puesto en marcha, no como en la del del Estado, que se pone hoy en marcha, el nuestra ya está en marcha hace meses.

En cuanto al régimen sancionador, la ley estatal solo tiene un régimen sancionador referido a las normas de buen gobierno, pero no regula un régimen sancionador para aquellos que incumplen las obligaciones de transparencia. Por tanto, nuestra ley tiene un régimen sancionador para la transparencia que no tiene la ley estatal ni ninguna otra ley autonómica, salvo la andaluza.

En cuanto al Comisionado de Transparencia, que es el garante de proteger la transparencia y el derecho de acceso a la información pública en la comunidad autónoma canaria, bien, este ha sido el punto, como hemos visto, más controvertido, porque el Grupo Popular quería que fuera un diputado de la oposición y el Grupo Mixto, el Diputado del Común. Yo creo que ninguna de estas opciones resultaría correcta, porque el cargo de comisionado de Transparencia es incompatible con todo mandato representativo, con todo cargo político, con la permanencia en el servicio activo de cualquier Administración pública, con la afiliación a un partido político o a un sindicato, con el ejercicio de la carrera judicial y fiscal, etcétera, etcétera. Por tanto, como pretendía el Partido Popular, el comisionado tiene que ser un órgano imparcial e independiente, no puede ser nunca un político. Tampoco puede ser el Diputado del Común, no ya porque lo diga el informe de los servicios jurídicos, sino por simple sentido común, no puede ser el Diputado del Común. El Diputado del Común supervisa la actividad de las administraciones públicas canarias y el comisionado es garante de la transparencia y acceso a la información pública de las administraciones, resolver reclamaciones, etcétera. Pero no se pueden coger las funciones de estas dos instituciones y unirlas en un totum revolutum y hacerlas coincidir en una misma persona. Si un ciudadano no está conforme con una resolución del comisionado, no podrá presentar el escrito de queja ante el Diputado del Común, porque son la misma persona. ¿Se quita el sombrero de comisionado y se pone el de Diputado del Común? Eso es un disparate, tienen que ser personas distintas, porque si lo que se intenta es darle al ciudadano más garantías, se estaría produciendo el efecto contrario, se le estaría hurtando la posibilidad de utilizar su derecho de queja y tendría que ir obligatoriamente al contencioso-administrativo. Por tanto, se le quita o se le sustrae una instancia que sería la de seguir un procedimiento de queja. Por tanto, el comisionado será una persona de reconocido prestigio y competencia profesional.

Y ahora viene algo importante: es esta Cámara la que elige al comisionado de Transparencia, y será elegido, no por las dos terceras partes del Parlamento, sino por las tres quintas partes del Parlamento, es decir, mediante una mayoría reforzada. Se refuerza la mayoría, de tal manera que será imposible elegirlo sin consenso, sin que los grupos parlamentarios lleguemos a un acuerdo. Y en cuanto a la ley estatal, el presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno depende del Ejecutivo, depende y está encuadrado orgánicamente dentro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por tanto, no es un órgano independiente y este punto ha sido muy criticado por la doctrina y por Transparencia Internacional. Creemos que el Comisionado de Transparencia, en este caso, va a ser un órgano totalmente independiente.

Si vamos al derecho comparado, esta es la ley de transparencia autonómica más avanzada de todas las que se han aprobado hasta ahora. Por tanto, hoy es un buen día para todos los canarios y canarias, porque hoy aprobamos una ley muy importante, que, sin duda, no supone una varita mágica que lo vaya a arreglar todo, pero sí es un instrumento extraordinario para mejorar el funcionamiento de las instituciones, de la política y para combatir una lacra que nos preocupa a todos como es la corrupción. Es un instrumento, además, de acercamiento a la ciudadanía y, como he dicho, la aprobación de esta ley no lo va a resolver todo, porque será necesario cambiar hábitos y cultura arraigados durante mucho tiempo para que la ley sea efectiva, y eso, sin duda, es lo más complicado.

Nuestra responsabilidad es recuperar precisamente la credibilidad perdida. No se trata de desmantelar el sistema, porque no hay uno alternativo, sino de transformarlo y adaptarlo a los nuevos tiempos y a las demandas de los ciudadanos. La transparencia es un instrumento fundamental para conseguir este objetivo de profundización democrática. Sin transparencia, no hay información; sin información, no hay debate y sin reglas de debate, el debate se convierte en ruido y precisamente, en la actualidad, lo que queremos todos los ciudadanos, lo último que necesitamos es que haya ruido y que no haya claridad.

El valor de la transparencia, como requisito de la democracia, no es nada nuevo. Sin transparencia es imposible que haya democracia, como sin luz es imposible que se pueda ver.

En la sociedad del papel y de la imprenta, era demasiado costoso copiar y exhibir todos los archivos administrativos, pero actualmente no hay excusas que valgan. Es absurdo que las compañías telefónicas, por poner un ejemplo, puedan detallar en cada factura todas las llamadas que ha realizado el usuario, su duración y los mensajes y que la Administración no pueda informar a un ciudadano de en qué se ha gastado hasta el último céntimo de los impuestos que ha pagado.

Hace más de dos siglos, ya Thomas Jefferson, como saben tercer presidente de los Estados Unidos y uno de los padres, de los fundadores de la nación, defendía como inherente a la democracia la necesidad de que las finanzas de la Unión se plasmaran de forma clara y comprensible, y con la sencillez con que llevaría un comerciante sus libros, para que no solo el Congreso sino cualquier ciudadano pudiera consultarlas y descubrir si se producía algún tipo de abuso. Es cierto que los tiempos actuales no son los de Jefferson, porque además son mucho más complejos y especializados, pero también es verdad que tecnológicamente hemos adelantado mucho y que hoy es muy fácil encontrar métodos para posibilitar que todo lo que hace la Administración se pueda ver, para abrir la Administración y que los ciudadanos puedan mirar. Hoy sería injustificable que los gobiernos hicieran magia, porque la magia es lo contrario de la democracia. En la democracia el ojo tiene que ser siempre más rápido que la mano. Por otro lado, no hay mejor remedio contra la corrupción que anticiparse a ella, que evitarla. Solo se corrompe el agua que está estancada.

Ya dije en otro pleno, cuando tomamos en consideración la ley, que allá donde habita la sombra, el secreto o el exceso de confianza es donde es sencillo que se produzcan favores y arbitrariedades y desfalcos. La única forma de evitar la corrupción es ventilar, es iluminar, es descubrir; en definitiva, dejar que todo se vea. Louis Brandeis escribió: "La luz del sol es el mejor de los desinfectantes". Pues bien, dejemos que entre el sol y que todo se vea mejor. Por eso pienso que estamos en un día muy bueno, un día en que estamos satisfechos. Esta es una ley que ya no es del Gobierno, no es del Parlamento, es una ley de todos los canarios y canarias y espero que contribuya a mejorar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones y en sus representantes públicos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Marisa Zamora. Muchísimas gracias.

Don Emilio Moreno Bravo, por el Grupo Parlamentario Popular.

El señor MORENO BRAVO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías. Señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Es el momento adecuado de dar a conocer a la opinión pública, aquí, en la Cámara legislativa canaria, que durante la tramitación de esta iniciativa parlamentaria el PP ha mantenido siempre, en todo momento, un canal de diálogo con los distintos ponentes de los grupos parlamentarios con el fin de alcanzar un acuerdo lo más amplio posible, con el fin de que se permitiese la aprobación de la Ley Canaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el mayor de los consensos posibles.

Significar que varias de las enmiendas particulares de nuestro grupo parlamentario que se presentaron al texto articulado fueron admitidas tanto -y se incorporaron-, tanto al informe de la ponencia como al dictamen de la comisión del debate que hoy se somete a consideración. Lo que viene a constatar, señorías, sin duda alguna, la intención del Partido Popular de buscar siempre espacios comunes entre todos los ponentes.

Desde el Grupo Parlamentario Popular se entendió que la Ley canaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública debía contar con el máximo consenso posible y más en la situación actual donde debemos trasladar a la ciudadanía que en este tema, en el tema de la transparencia, no hay rivalidades políticas ni rivalidades partidistas, sino la voluntad de sacar adelante una ley con vocación de permanencia que sirva a todos y para todos y que se convierta en un mecanismo real para la transparencia y acceso a la información pública. Recordar: esta es una ley que han hecho los partidos políticos, los partidos políticos clásicos, que han trabajado por que nuestra democracia sea cada vez más real. La democracia, nuestro sistema político, avanza sin remisión, sin que tengamos que acomplejarnos ante opciones populistas que intentan abanderar en exclusiva principios y valores que nos competen a todos. Los canarios deben saberlo: las administraciones y sus políticos se someten a la transparencia con mayúsculas, un deber que se hace hoy más efectivo con la aprobación del dictamen de la comisión que se somete a consideración.

Hoy es también un día para alegrarnos: se ha producido la entrada en vigor, según se establecía en la disposición final novena, del título preliminar, el título I y el título III de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que aprobó un Gobierno del Partido Popular. Una ley, señorías, la primera ley de transparencia nacional aprobada por las Cortes Generales, por un Gobierno de la nación presidido por Mariano Rajoy. Y a la vez nos felicitamos porque se produce o coincide este hecho con la futura ley canaria de transparencia.

Y nos congratulamos además por otro hecho importante, y doblemente: porque contamos con la participación en Canarias del Partido Socialista Obrero Español, que en el ámbito nacional votó en contra de la Ley de Transparencia; y, de otro lado, porque hemos mantenido el compromiso que dimos desde el principio, que dimos desde que se produjo la toma en consideración y debate en primera lectura del proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se trajo a la Cámara, y lo hemos mantenido y lo hemos respetado. Consistía en la voluntad de consenso, compartida por todas las fuerzas políticas sin excepción, con el fin de fortalecer, no solo legal sino moralmente, el futuro cumplimiento de la Ley de Transparencia.

Lo decimos, señorías, y lo entendemos desde el Partido Popular: la transparencia es de por sí un modelo, un modelo del conjunto político y público de la comunidad autónoma y sus obligaciones a partir de este momento obligarán a todos, sin excepciones y sin distinciones. Hablamos no solo de un acceso a la información pública a través de la transparencia sino que hablamos de una nueva forma de hacer política y un ejercicio de salud e higiene de nuestro sistema democrático, y en eso, sin duda alguna, debemos estar absolutamente todos.

Nosotros, el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular del Parlamento de Canarias estamos con la transparencia, siempre, antes y ahora, a nivel nacional y autonómico también.

Desde el principio de la legislatura, hemos impelido al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, con reclamaciones varias, dentro y fuera de esta Cámara, desde el primer borrador de la Ley de Transparencia, con el fin de enriquecer el texto que al final vino como proyecto de ley ante el Parlamento de Canarias. Le exigimos la inclusión en la ley de todos y cada uno de los ingresos que recibían los partidos políticos, asociaciones empresariales y sindicatos, y así se hizo. Le exigimos también que los incumplimientos de las administraciones públicas y de sus obligados por la transparencia fuesen sometidos a un régimen sancionador, y así se hizo, pues esta era la manera de entender la transparencia por parte del Partido Popular. Una ley que contuviese un régimen sancionador y que estableciese consecuencias reales para sus incumplidores, pues ello fortalecía el futuro cumplimiento y efectividad de la Ley de Transparencia.

Y con estas bases, con estos mimbres, iniciamos el debate parlamentario de esta iniciativa, que debíamos y que entendíamos debería incorporar, sí o sí, a las instituciones locales insulares. Los ayuntamientos y los cabildos insulares debían estar en la Ley de Transparencia desde el minuto uno de su publicación en el boletín oficial. Y dicho objetivo se plasmó en el informe de la ponencia a través de una enmienda de nuestro grupo, la número 2, que quedó incorporada por una transaccional con la enmienda de los Grupos Socialista y Nacionalista.

También planteamos la necesidad de que el acceso a la información pública se estableciese con carácter gratuito y que se fijase el carácter potestativo del pago de tasas en los casos de obtención de copias y transposición del formato original de la información, suprimiéndose la obligatoriedad inicial que contenía el artículo 50 del proyecto de ley. Y tal posibilidad se hizo efectiva en el informe de la ponencia a través de la aceptación parcial de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, en consonancia con la transacción a una enmienda de los Grupos Nacionalista y Socialista.

De otro lado, entendíamos que la información del personal de confianza, prevista en el artículo 19.1 c), debía recoger la cualificación profesional y la capacidad para el ejercicio de las funciones del designado, y esto queda a la postre recogido en la aceptación por parte, en el informe de la ponencia, por parte de los restantes grupos de las enmiendas 6, 7 y 8 del Grupo Parlamentario Popular, esta última por transacción a la presentada por los Grupos Parlamentarios de Coalición Canaria y Partido Socialista Obrero Español. En este caso, hago mención a la reproducción antes de la enmienda 19.1 c), que se trasladó como enmienda de subsanación. Y sí un detalle que me ha pedido el portavoz del Grupo Socialista, que por supuesto acojo, es una corrección gramatical: el segundo "especificando" sustituirlo por "detallando".

Además, con las mismas se perfeccionaba toda la información relativa a los cargos, altos cargos y personal directivo de los organismos y entidades públicas.

Y en este devenir, en este camino desarrollado a partir de la ponencia, en un intento de alcanzar, si cabe, mayor consenso, los grupos parlamentarios, a través de los ponentes, la señora Zamora, los señores Justo y Fajardo, así como un servidor, y, cómo no, contando con la acción del consejero del ramo, avanzamos hacia un mayor entendimiento. Y ello permitió que el texto final de este dictamen que hoy votamos incluyese o acogiese cuatro enmiendas, propuestas del Grupo Parlamentario Popular, que consideramos básicas y que han venido a enriquecer el texto final de la futura ley canaria de transparencia.

La primera era tendente a conseguir que el artículo 17.3 de la ley recogiese la publicidad del orden del día del Consejo de Gobierno de Canarias previamente a su celebración, así como los acuerdos del Consejo de Gobierno de Canarias. Todo ello con escrupuloso respeto, cómo no, al ordenamiento jurídico. La razón de esta enmienda estribaba en el conocimiento previo por parte de los medios de comunicación y la ciudadanía del contenido, en la medida de lo posible, de los asuntos a tratar por parte del Consejo de Gobierno, tal como se produce en la actualidad, y tienen en la actualidad, todos y cada uno de los órganos colegiados, ya sean administrativos o judiciales. De este modo, se alcanzaba un nivel óptimo en la información institucional sujeta a publicación.

La segunda enmienda. Considerábamos que debía producirse un endurecimiento del régimen sancionador para quien incurriera en sanciones muy graves, pero perfeccionando el texto primigenio del proyecto, así como del informe de la ponencia. La sanción muy grave, a partir de la nueva redacción que propuso el Partido Popular, incluiría, como las graves, la declaración de incumplimiento, la publicación en el Boletín Oficial de Canarias, el cese en el cargo, pero además -ahí está la novedad- la sanción consistente en la imposibilidad de ocupar cargos similares por un periodo de hasta tres años, según los casos.

La tercera enmienda, sostenida por mi grupo y que también fue aceptada, implicaba que las sanciones graves y las muy graves podrían establecer como sanción accesoria el reintegro total o parcial de la ayuda o subvención pública concedida o, en su caso, la resolución del contrato, concierto o vínculo establecido. Para la imposición de estas sanciones accesorias, se entendía que debía atenderse a la gravedad de los hechos y su repercusión, de acuerdo con el principio de proporcionalidad.

Y con estos parámetros, con estas tres enmiendas que les he expuesto, llegaba la cuarta enmienda, claro está. Y en aras del reiterado consenso y tras el análisis profundo de la normativa comunitaria, que aquí se ha hecho mención, y del sentir público general, se admitió la creación de un comisionado, nombrado por tres quintos de la Cámara, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, por un periodo de cinco años, pero, a cambio, exigimos, con el fin de conseguir que la puesta en marcha de este comisionado o comisionada no fuera onerosa para las arcas públicas, que se aceptase una enmienda del Partido Popular por la que la redacción del artículo 62.2 quedaba del siguiente tenor -y leo textualmente-: "Para el ejercicio de las funciones de transparencia y acceso a la información pública, el comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública contará con el apoyo jurídico, técnico y administrativo del Parlamento de Canarias, así como con los medios personales y materiales del mismo que sean necesarios". Con ello se conseguía moldear un desencuentro entre los grupos Socialista, Nacionalista y Popular. Y está claro que en toda negociación, cómo no, y en todo acuerdo, debe cederse para alcanzarse un rédito, tanto por un lado como por otro, y aquí hemos dado ejemplo de ello.

De ahí consideramos que el texto que hoy vamos a votar ofrece y ofrecerá a los canarios un buen marco de desarrollo y evidencia que, por encima de las rivalidades políticas y partidistas, los grupos de la Cámara hemos sido capaces de ofrecer un texto consensuado, ágil y con vocación de permanencia.

En definitiva, creemos -y voy ya no concluyendo pero casi finalizando-, en definitiva, creemos que se ha hecho un buen trabajo de transparencia y que la transparencia precisa de una norma, de una ley; pero la transparencia precisa fundamentalmente de una voluntad, de una actitud nueva y abierta a la gestión de los asuntos públicos. Con la aprobación de la Ley autonómica de Transparencia y Acceso a la Información Pública no finalizamos ningún camino; al contrario: emprendemos un nuevo camino que todos estamos llamados a recorrer y cuyo éxito dependerá de todos nosotros. Ese es el verdadero desafío de la ley que hoy hemos querido aprobar.

Finalizo agradeciendo a los ponentes, doña María Luisa Zamora, Manuel Fajardo y Pedro Justo y al letrado, don Manuel Aznar, cómo no, y también al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández, la colaboración durante la tramitación de este proyecto de ley.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, don Emilio Moreno.

(El señor Figuereo Force solicita la palabra).

(El señor presidente hace sonar el timbre de llamada a la votación.) (Pausa.)

Sí. Dígame, don Fernando, don Fernando Figuereo, dígame.

El señor FIGUEREO FORCE (Desde su escaño): Sí, gracias, señor presidente.

Quizá me equivoque, pero habiendo presentado una enmienda in voce, el Grupo Mixto no se ha manifestado, había intervenido previo a la...

El señor PRESIDENTE: Sí, sí. Eso lo iba a hacer yo ahora, como procede.

El señor FIGUEREO FORCE (Desde su escaño): Gracias.

Perdone por haberme adelantado.

El señor PRESIDENTE: No, no, no. Gracias. Yo agradezco que me ayuden, contrariamente a lo que se pueda pensar. Lo que no vamos es a abrir un debate por esto.

No, quería decirles que, si están conformes todos los grupos -no solo el Mixto-, porque se tienen que pronunciar formalmente en este momento... ¿Todos los grupos están conformes con la enmienda in voce? (Asentimiento). Entiendo que sí. Queda aceptada la enmienda in voce. Es lo que hacemos habitualmente.

Muy bien y muy agradecido, de verdad, don Fernando, no piense lo contrario.

Ahora vamos a votar precisamente, en primer lugar, la enmienda in voce del Grupo Parlamentario Popular...

No vayamos a complicar las cosas, no vayamos a complicar las cosas (ante un comentario que se suscita en la Cámara). Es una enmienda in voce aceptada ya, ya no es nuestra, ya no es de ninguno, está aceptada por la Cámara. Entonces les agradezco que permanezcan en sus escaños y vamos a comenzar la enmienda in voce del Grupo Parlamentario Popular, de don Emilio Moreno. Comienza la votación (pausa).

Resultado: 48 presentes; 48 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Queda aprobada por unanimidad.

Yo decirles, señorías, que todo lo que no llega por los cauces formales de que ha sido una enmienda presentada o es transaccional o es in voce. No hay otra cosa. Y una enmienda...

El señor MORENO BRAVO (Desde su escaño): (Sin micrófono.)

El SEÑOR PRESIDENTE: Sí. Muchas gracias, don Emilio, muchas gracias. Mire, no tengo ningún inconveniente en pedirle disculpas por lo que haya podido observar, pero el presidente ha aplicado el Reglamento correctamente. Es lo que...

El señor MORENO BRAVO (Desde su escaño): (Sin micrófono.)

El señor PRESIDENTE: Sí, eso no quiere decir que usted haya hecho nada mal. Lo único es que hay un procedimiento para hacer las cosas, don Emilio.

El señor MORENO BRAVO (Desde su escaño): (Sin micrófono.)

El señor PRESIDENTE: Sí, señor, es cierto, cierto, cierto que lo ha respetado, lo hemos aceptado todos.

Disculpen, señorías, y de nuevo le pido disculpas, porque mi intención no es sino aplicar el Reglamento, lo haga bien o lo haga incorrectamente.

Siguiente votación, siguiente votación, de las enmiendas transaccionales, del Grupo Parlamentario Mixto, que las ha transado con el Grupo Parlamentario Socialista, y que ¿las votamos juntas o separadas? Juntas.

Enmiendas al artículo 24 y al 33, enmiendas 34 y 37, del Grupo Mixto, transadas, con texto transado: comienza la votación (pausa). Silencio, señorías.

Resultado: 48 presentes; 48 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Queda aprobada por unanimidad.

Y ahora votamos -que yo sepa no hay más enmiendas-, votamos el conjunto de la ley en bloque, todo el resto de artículos con las enmiendas incorporadas. Comienza la votación (pausa).

Resultado: 48 presentes; 48 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

(Aplausos.)

Sí. La Presidencia, en nombre de la Mesa, también quiere felicitar a todos los grupos parlamentarios, a los ponentes y al Gobierno por el trámite de este proyecto de ley que hemos aprobado hoy para mejorar la transparencia de las instituciones públicas canarias.

Tiene la palabra el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en nombre del Gobierno, don Francisco Hernández Spínola.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola): Señor presidente, señorías, buenas tardes.

La casualidad, la casualidad, ha querido que el Parlamento de Canarias haya aprobado la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el mismo día en el que entra en vigor la Ley estatal de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Para el Gobierno de Canarias este es un día importante, porque el Parlamento culmina una ley que para nosotros constituye una seña de identidad de esta legislatura, y además lo hace por consenso, con el acuerdo de todos los diputados del Parlamento, gracias a un proceso de diálogo y buen entendimiento que asumimos desde el primer momento entre el Gobierno y los grupos parlamentarios y de ellos entre sí. Por ello, mi felicitación por la generosidad y por la altura política demostrada.

Quiero, en ese sentido, resaltar el acuerdo alcanzado con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, doña Australia Navarro, en reuniones celebradas en esta sede parlamentaria, también con el diputado del Grupo Mixto, don Pedro Justo, así como el trabajo llevado a cabo por los ponentes don Emilio Moreno, doña Marisa Zamora y don Manuel Fajardo. Es de justicia resaltar también la tarea realizada por el equipo de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, que desde un primer momento se volcó con entusiasmo en la elaboración de la norma.

Señorías, vivimos tiempos de mayor exigencia de los ciudadanos para con los poderes públicos. Estos demandan un mayor grado de transparencia en la gestión, rendición de cuentas y de acceso a la información y su difusión, lo que se conoce como "publicidad activa". Pues bien, Canarias aprueba hoy una ley que se coloca a la vanguardia de las aprobadas en nuestro país, que amplía de manera notable la información que ha de divulgarse, que excede el marco básico estatal, que extiende derechos de los ciudadanos, que crea un portal de transparencia, operativo desde julio de 2014, lo que da idea del compromiso y de la voluntad política del Gobierno con la transparencia.

Una ley que crea la figura del comisionado, ajena por completo al poder ejecutivo, nombrado por una mayoría cualificada del Parlamento de Canarias y dotado de medios personales y materiales de la Cámara.

Quisiera, igualmente, destacar la genuina tramitación de esta ley, con participación directa de casi dos mil ciudadanos de las siete islas, a través de la celebración de trece foros en los que se realizaron 2.598 propuestas. Estamos orgullosos de la participación activa de la ciudadanía, que ha contribuido de una forma espontánea y desinteresada al alumbramiento de esta norma. Creemos que ha sido el germen idóneo para la justa unanimidad con la que hoy sus señorías han aprobado esta ley.

En tiempos de desasosiego, y siendo la corrupción una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, como recientemente han puesto de manifiesto diversos estudios demoscópicos, esta Ley de Transparencia es una herramienta útil para combatir esa lacra social.

Quisiera, señorías, acabar señalando que la transparencia es sobre todo una cuestión de actitud, de voluntad, más que una ley. Necesitamos tiempo para imbuirnos de su filosofía y que arraigue en el tejido social. Espero que la sociedad pronto interiorice sus ventajas y los principios que la inspiran guíen a todos los responsables públicos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor consejero.

Señorías, buenas tardes. Se levanta la sesión.

Gracias.

(Se levanta la sesión a las catorce horas y cuatro minutos.)

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  • 8L/PL-0022 Sobre De Transparencia y de Acceso a la Información Pública.


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