Diario de Sesiones 10/2015, de fecha 13/10/2015 - Punto 29

9L/C-0044 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA CANARIAS (NC), SOBRE MEDIDAS PARA EVITAR LOS DESAHUCIOS DE FAMILIAS O PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL.

La señora PRESIDENTA: Si les parece a sus señorías, damos comienzo al orden del día que tenemos señalado para celebrar en la tarde de hoy con la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, instada por el Grupo Nueva Canarias, sobre medidas para evitar los desahucios de familias o personas en situación de emergencia social.

En nombre del Grupo Nueva Canarias tiene la palabra el señor Campos.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Buenas tardes, señora presidenta.

En primer lugar, decir que uno tiene la sensación de una fijación con uno, es la segunda vez que me toca intervenir justo después de comer, sobre todo cuando veo el entusiasmo del hemiciclo por lo que uno va a decir, pues bien, muy bien.

Señora vicepresidenta, hemos solicitado la comparecencia después de escucharle a través de los medios de comunicación y el otro día también en la comisión la puesta en marcha de la creación de una oficina de defensa del derecho a la vivienda. Nos preocupa especialmente porque tras la suspensión del Tribunal Constitucional de algunos artículos de la Ley Canaria de Vivienda, centrados, fundamentalmente, en medidas antidesahucios, aunque es cierto que Nueva Canarias ya en aquel momento dijo lo que sucedería después, presentamos numerosas alegaciones, ahora haré referencia a algunas de ellas, las que me gustaría que estuvieran incluidas dentro del protocolo de medidas que se pongan en marcha en materia de desahucios, y, desgraciadamente, en aquel instante, como casi todas las enmiendas, las propuestas que desde Nueva Canarias se hicieron en la legislatura anterior fueron rechazadas. Si se hubieran incluido, la ley en este momento tendría sustento a algunas actuaciones para poner en marcha iniciativas contra los desahucios, no ahora, sino ya desde hace algún tiempo, con independencia de la suspensión de estos artículos de la ley canaria.

Para nosotros sigue siendo una prioridad absoluta. Está claro que una de las manifestaciones más claras, más evidentes, más duras de la crisis han sido los desahucios. Que miles de familias -canarias, en este caso, vamos a centrarnos- hayan perdido su hogar para algunos es un elemento fundamental en su proyecto vital, viéndose en la calle, volviendo a la vivienda de sus padres, de sus madres, en situaciones en la mayoría de los casos de hacinamiento, como digo, es una de las manifestaciones más clara de lo que esta crisis ha supuesto. Y los gobiernos han estado muy por detrás -hablo del Gobierno del Estado, hablo del Gobierno de Canarias-, muy por detrás de la ciudadanía, de los colectivos, de las organizaciones que fueron capaces de interpretar esto de una manera más rápida. Las plataformas antidesahucios, las personas que se organizaron viendo la gravedad de este problema, la profundidad del mismo, han sido capaces, han sido motores para muchas de las iniciativas que se han puesto en marcha y que esperemos, por supuesto, vayan a estar presentes, como usted ha anunciado, como la propia ley establece, vayan a estar presentes en cualquiera de las iniciativas que se pongan en marcha, como la anunciada creación de una oficina de defensa del derecho a la vivienda.

Nos gustaría que nos concretara en el día de hoy en lo posible, sé que sigue en un proceso de negociación con cabildos, ayuntamientos y las propias organizaciones sociales, medidas concretas. Esperemos también que algunas de las que nosotros anunciábamos hace apenas un año y medio y que fueron rechazadas, como una oficina, donde una de las funciones de esta oficina fuera la mediación y la intermediación con entidades financieras, pero también en aquel momento pedíamos la creación de un fondo económico, una partida presupuestaria para los casos de emergencia de aquellas familias que se veían forzadas a una situación en necesidad de desalojo forzoso. Esperemos que estén incluidas, entre otras medidas.

Pero vamos a plantear también en el día de hoy una medida que de manera indirecta nosotros defendemos que tiene y ha tenido una repercusión directa en los desahucios pero que puede tenerla también en los desahucios futuros, que es la mala política de vivienda del Gobierno de Canarias en la etapa anterior al no existir ni siquiera en este instante un plan canario de vivienda, al haber abandonado las políticas de creación de vivienda protegida pública o de adquisición ante las miles de viviendas vacías que existen actualmente en Canarias para ponerlas en manos de las familias con menos recursos y que se han visto abocadas a acudir al mercado privado a través de préstamos hipotecarios. Y esos son, en gran medida o en una medida importante, muchos de los desahucios que hemos vivido en los últimos años de manera indirecta, pero que tienen una repercusión directa a través de esa nefasta política de vivienda que hemos vivido en los últimos años. Esperemos que no sea así de aquí en adelante.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campos.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Hernández Gutiérrez): Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Campos.

Le agradezco la oportunidad que me da para comparecer en este pleno y hablar de las medidas que estamos impulsando, no solo para evitar desahucios, si me permite, sino para asegurarle que este Gobierno no se quedará de brazos cruzados ante ningún canario o canaria que necesite ayuda para garantizar su derecho a la vivienda; es decir, no solo en los desahucios sino en el acceso a la vivienda.

Es por eso por lo que hemos cambiado el nombre al proyecto que teníamos de una oficina antidesahucios por otra más amplia, que defienda el derecho de la vivienda, que son como bien saben cosas diferentes, seguro que complementarias, pero diferentes. Estoy dispuesta a ir más allá de lo que era el compromiso de gobernabilidad, y no quedarnos con los ojos tapados solo para evitar desahucios o para evitar desalojos cuando se están produciendo sino también en llevar a cabo acciones para el acceso a una vivienda a aquel que no ha podido tener acceso en ningún momento. Los gobiernos, lo público, señoría, tienen que empoderarse, actuar, llevamos ya demasiados años viendo cómo otros poderes cobraban fuerza para poner sus intereses por delante de los intereses de la ciudadanía. Este juego se ha acabado.

La vivienda es un derecho. Hay quienes han vendido a fondos buitre cientos, miles de esas viviendas para hacer caja con los sueños, con los proyectos y necesidades de las familias españolas. Para ellos una vivienda es una posesión, un bien canjeable, no un derecho. Son quienes consideran que los bancos son ONG y los alquileres sociales caridad en manos de entidades financieras, y, olvidándose de todo aquello que dice la propia Constitución, se empeñan en enarbolarla como un arma en lugar de como un escudo para la defensa de todos y todas.

El Gobierno del Partido Popular durante todos estos años de crisis ha preferido o ha rescatado bancos, olvidándose de las personas, les han regalado o les han prestado -muchos a fondo perdido- 100 000 millones de euros sin pedirles nada a cambio, sin defender a quienes estaban perdiendo sus viviendas en manos de bancos, uno de ellos además de titularidad pública en última instancia, un banco en manos del Estado quitando viviendas a aquellos que habían contribuido a rescatarlo con sus impuestos, ¡un escándalo!, no a los que habían especulado con las viviendas, sino a los deudores de buena fe, a aquellos que dejaron de pagar porque la crisis les llevó a perder el empleo.

Decía que el Gobierno de Rajoy ha mirado para otro lado cuando había comunidades autónomas que vendían a fondos buitre viviendas de protección oficial, hechas con los impuestos de todos, y, sin embargo, ha puesto ante el Tribunal Constitucional las leyes que hacía esta comunidad autónoma para defender a los ciudadanos y a las ciudadanas y su acceso a la vivienda, es decir, nos ata de una mano mientras mira para otro lado cuando las VPO se venden a fondos buitre.

Se tuvo una oportunidad, la de retirar ese recurso, ese recurso que si me permiten es un recurso de la vergüenza, y teníamos un instrumento, la Ley Canaria de Vivienda, que nos permitiría por ejemplo expropiar el uso de viviendas vacías en manos de los bancos.

Canarias no ha vendido ni venderá una sola vivienda a fondos buitre, mi Gobierno no expulsará por motivos de impago en riesgo social a nadie de la vivienda, este Gobierno ha venido a garantizar el derecho a tener un proyecto de vida, y nos vamos a dejar la piel en ello.

Su señoría conocerá que nada más entrar a trabajar en esta consejería tomamos algunas medidas de urgencia, en casos conocidos de personas que necesitaban una alternativa a la vivienda, que directamente se habían quedado en la calle, en otros casos no tan conocidos hemos intervenido directamente, y hemos hecho gestiones oportunas para evitar el desalojo de familias necesitadas, en colaboración con otras entidades públicas y entidades privadas, por no hablar de viviendas públicas que llevaban muchos meses terminadas y no habían sido entregadas, como los casos que ustedes conocen de Jinámar o de Las Torres, que han permitido a más de 115 familias acceder a una vivienda social en régimen de alquiler, y creo que esto demuestra que no solo hay que planificar sino también ejecutar, hay que actuar.

Estamos también trabajando en La Laguna, por ejemplo, en la revisión de las circunstancias económicas de las familias que residen en viviendas de titularidad pública para ayudarles, y hemos impulsado definitivamente, como bien saben, el convenio de Las Chumberas, donde habrá un excedente de viviendas que se pondrán a disposición de las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar.

También trabajamos en la ejecución de aquellas que quedan pendientes, en El Sauzal por ejemplo. Nos hemos ocupado de un acceso digno a la vivienda pública, eliminando el sistema de sorteos por el de baremos, mucho más objetivo, y que tendrá en cuenta la situación real de cada familia; haber sido víctima de violencia de género o haber sufrido un desahucio por no tener dinero para pagar la hipoteca serán situaciones que pasarán a estar protegidas por la baremación, para garantizar esa igualdad entre hombres y mujeres, y sobre todo para proteger a víctimas de violencia de género, es necesario que logremos que más mujeres sean titulares de las viviendas públicas, porque es la única manera de garantizarles la seguridad que necesitan. Fíjense ustedes, pueden ir al Registro de la Propiedad y verán cómo la mayoría de los titulares son varones, cuestión que debemos revertir, si se puede, desde lo público. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Las Torres, yo les invito a que vean las fotos de las entregas de llaves y la mayoría de las que acceden a la vivienda pública son mujeres.

Vamos a ser ambiciosos en materia de vivienda, no les voy a decir que vamos a solucionar todos los problemas que tiene Canarias en esta cuestión porque estaría engañando, haciendo ciencia ficción. Los problemas son muchos pero, si me permite, nuestra ambición es mayor que nuestras necesidades.

Nuestra primera aspiración es que no haya ni una sola vivienda en Canarias propiedad de bancos, de promotores, que se quede vacía mientras haya familias que no tengan un techo. Pretendemos y hemos iniciado conversaciones para ello, para que los activos en manos de la Sareb, el banco malo, se pongan a disposición del Gobierno para darlos a quienes los necesiten en régimen de alquiler social. Es una de las funciones que tendrá la Oficina de Defensa del Derecho a la Vivienda cuyo protocolo, como sabe, hemos presentado a los cabildos y está también a disposición de la Fecam. No habrá ni una sola vivienda de titularidad pública en Canarias que esté vacía ni seguiremos permitiendo que las personas en proceso de desalojo de su vivienda no pueda acceder a una de titularidad pública porque legalmente sean poseedoras de otra, es un sinsentido, es decir, que las personas que están a punto de perder su vivienda por un proceso de lanzamiento de vivienda no pueden, no tienen derecho a ponerse en las listas de acceso a la vivienda pública porque son propietarias de otra vivienda. Esta es una cuestión que debemos revertir cambiando los protocolos.

Tenemos más de 20 000 viviendas públicas en Canarias y todas las semanas con toda rapidez celebramos segundas adjudicaciones para que ninguna de las viviendas quede vacía, por no hablar de los miles de alquileres reducidos que tienen quienes más lo necesitan gracias al Instituto Canario de Vivienda.

Trabajamos también con la justicia para acceder directamente y con todas las garantías a los expedientes de desahucio, sobre todo los más inminentes porque, si me permiten, estamos haciendo un poco de Gestapo, si se quiere, averiguando dónde se va producir un desahucio para intervenir, tenemos un protocolo con las entidades financieras y nos están informando y estamos actuando, pero también hay que actuar, como bien decía, en el caso de alquileres entre particulares, si no para evitarlos, sí para darles una respuesta y que esas familias no se queden en la calle. Estamos intentando firmar un protocolo con la Administración de Justicia para que nos ponga en conocimiento las ejecuciones, los expedientes de desahucio y también para que la gente que está iniciando el proceso sepa que existe la oficina y los derechos que tienen. Esto también se les ha pasado a las plataformas, cuyas denuncias atendemos y tenemos en cuenta. Y es verdad que hay algunos casos en los que no, en que las plataformas no nos están pasando la información o nos llega tarde.

Actualmente tenemos alrededor de 15 000 familias que nos están pidiendo una respuesta y que están apuntadas en el registro de vivienda protegida. Estamos trabajando ya con el Instituto Canario de la Vivienda en la elaboración del nuevo plan de vivienda, al que usted aludía. El que está en elaboración lo damos por superado, tanto por el desfase de las medidas con respecto a la realidad como por su caducidad temporal, quedando solo El Sauzal, al que antes aludía.

El nuevo plan tendrá como objetivo esencial luchar para que las familias accedan a una vivienda con un precio que puedan pagar de manera que sus casas sea un eje vertebrador de sus proyectos de vida y no el problema de su futuro.

Les adelanto que el nuevo plan no se limitará a levantar pisos sino que garantizará el acceso a una vivienda mientras crea puestos de trabajo que no los tienen, no sé si me explico. Nuestro objetivo también es fijar planes con el Servicio Canario de Empleo para llevar a cabo las dos acciones conjuntas: la creación de empleo y la construcción de la vivienda pública. Esta oportunidad nos llevará también a que la rehabilitación de vivienda cuente con parados que están apuntados en el Servicio Canario de Empleo, porque nuestra obligación principal es crear empleo para que la gente...

La señora PRESIDENTA: Un minuto más, señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Hernández Gutiérrez): ...deudores de buena fe puedan hacer frente a los cargos que tenían y que no pagan porque no pueden no porque no quieran.

Estamos trabajando también con el parque público de viviendas y hablando, creando, favoreciendo la creación de cooperativas de viviendas en alquiler.

No tengo mucho tiempo y luego seguro que tengo la oportunidad de contestarle, pero le diré que nosotros no vamos a parar, el protocolo está en manos de los cabildos, le ha llegado a los ayuntamientos y nos parece, por ejemplo, también que en el caso de los ayuntamientos hay que trabajar conjuntamente precisamente para el momento en el que se produzca el desahucio tengan una respuesta por los servicios sociales de los propios ayuntamientos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, vicepresidenta.

Comenzamos con los grupos no proponentes, el Grupo Mixto, señora Melodie Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Señora presidenta. Señorías.

Los desahucios en España han pasado de ser un hecho puntual a ser una emergencia social. Todos los días conocemos más casos y esto no solo produce un aumento de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza sino que fomenta el desarrollo de patologías sociales en la población con todo lo que ello conlleva.

La situación de precariedad económica, social, laboral presente en nuestro país obliga a poner en marcha todos los mecanismos propios de un Estado de derecho, y uno de los ámbitos en los que se hace más evidente la necesidad de garantizar la configuración de un Estado social de derecho es, precisamente, en el de la vivienda.

La Constitución española proclama en su artículo 47 el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada e impone a los poderes públicos la obligación de proponer las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho. Es nuestra obligación estar al lado de las personas y asegurar el cumplimiento de sus derechos.

En el periodo comprendido entre los años 2008 y 2012 más de 10 000 familias han sufrido el alzamiento judicial de sus viviendas a causa de un proceso de ejecución hipotecaria. Dicha situación dista mucho del precepto constitucional anteriormente mencionado. A día de hoy resulta difícil para las familias en situación de emergencia social que se encuentran en peligro de desahucio por las deudas contraídas por impago de cuota hipotecaria o de alquiler de su vivienda habitual poder disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Paradójicamente esta dificultad coincide con el incremento del número de viviendas construidas, habitables y sin ocupar.

Con la suspensión por el Tribunal Constitucional de algunos de los artículos de nuestra Ley de vivienda de Canarias ha desaparecido la seguridad para los más desamparados. Una ley que brindaba la suspensión del lanzamiento o la posibilidad de acceder a una vivienda temporal de entre las desocupadas, todo ello, señorías, con las debidas garantías y con un proceso que garantizaba el derecho del propietario, al que se le expropiaba el uso de la vivienda que mantenía desocupada pero sin quitarle la propiedad del inmueble.

La Ley 1/2013 y el Real Decreto-Ley 27/2012 quedan muy atrás en cuanto a las necesidades reales de los canarios que se encuentran en esta difícil situación. Es cierto que se recoge la posible suspensión inmediata, y por un plazo de dos años, de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión social, pero con una injerencia importante de estas entidades y no por una decisión de utilidad pública.

Desde la Agrupación Socialista Gomera estaremos atentos a las soluciones que desde su Gobierno y su consejería se pongan en marcha, y tenderemos la mano para poder trabajar juntos por y para las familias canarias.

Existen ya precedentes en nuestra comunidad autónoma y estamos seguros de que podemos mediar para que ninguna familia se quede sin hogar. Trabajamos para asegurar el derecho a la vivienda y, llegado el caso, defenderemos...

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendoza. Muy amable. Gracias.

Por el Grupo Podemos, señora Del Río.

La señora DEL RÍO SÁNCHEZ: Bueno. Señora presidenta. Señorías.

El jueves 8 de octubre la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Tenerife -PAH- logró parar el desahucio a cuatro familias del barrio de El Rocío, en La Cuesta, cuatro familias con menores, una de ellas una niña de cinco años con una grave enfermedad crónica. La PAH de Tenerife desde el pasado mes de agosto había pedido ayuda a la Concejalía de Asuntos Sociales del ayuntamiento sin obtener respuesta. Solicitaba un hogar social donde trasladar a las familias evitando así el trauma y el sufrimiento que supone la experiencia del desahucio, un proceso doloroso para cualquier persona pero mucho más grave para las niñas y niños que quedan especialmente dañados.

¿Cómo es posible que habiendo hecho una ley para frenar este drama de los desahucios sigamos estando en esta situación?

La Ley 2/2014, de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda, estuvo ocho meses en vigor hasta que fue recurrida por el Gobierno del Partido Popular, sin que el Gobierno canario demostrara mucho interés en cumplirla; ocho meses en los que se podría haber exigido a los bancos, como mínimo, el censo de viviendas que tienen vacías, la mayoría desde hace años. Para ello no se necesita dinero pero sí voluntad política: una oportunidad perdida.

En el año 2014 hubo en Canarias 4298 desahucios sin que el Gobierno hiciera nada por impedirlo. Ahora dicen que ya no hay desahucios, pero en las noticias los casos visibles, que son los que saltan a los medios, siguen siendo muy preocupantes. No hay que irse muy lejos para encontrar ejemplos de lo que no debería estar ocurriendo y desgraciadamente sigue pasando con demasiada frecuencia. El caso de las cuatro familias del jueves pasado no es el único. Según fuentes de la PAH, hay señalados otros tantos desahucios para este mismo mes, desalojos por ocupación de viviendas de Nazaret, entre los que se encuentra el caso de una señora de 104 años que convive con su sobrina nieta y una menor.

El Consejo General del Poder Judicial señala que los desahucios de alquiler aumentan, superando a la mitad de los desalojos con más del 52,6 %. La comisión judicial sigue saliendo cada semana a ejecutar desahucios. En Lanzarote toca los viernes. Salen a desahuciar familias invisibles, que no existen porque no salen en la prensa, que no acuden a la PAH pero que viven en silencio la humillación y el miedo a ser expulsados del único techo del que disponen. Hoy mismo, Miriam, embarazada de siete meses, se enfrentaba a un juicio en Lanzarote por ocupar una vivienda.

Todas estas familias se irán a la calle sin alternativa habitacional porque hay una ley que, incumpliendo los derechos constitucionales, así lo permite.

Es hora de hacer política valiente y útil, dejar de perseguir a la gente más pobre y emprender la buena batalla, que es contra la pobreza.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Del Río.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Luzardo.

La señora LUZARDO ROMANO: Gracias, señora presidenta. Señorías. Señora consejera.

Yo, en primer lugar, quiero reconocer la importancia que tiene esta comparecencia, porque me parece que es muy oportuna y que desgraciadamente está de actualidad, aunque luego después de escucharla a usted parece que no se entera qué es lo que está sucediendo en esta comunidad autónoma.

Mire, usted ha empezado este gobierno con dos grandes titulares: paralización de los desahucios, uno, y puesta en marcha de una oficina de intermediación hipotecaria. Hoy me entero de que la oficina va a ir mucho más allá, aunque todos sabemos y conocemos que el artículo 47 de la Constitución establece el derecho a una vivienda digna. Hasta ahora lo que tenemos son fotos, una foto con los directivos financieros en el mes de julio y otra foto reciente con algún presidente de los cabildos para poner en marcha o firmar el protocolo de esta oficina de intermediación.

Yo le voy a decir una cosa, señora consejera, no se han ocupado de las familias que más lo necesitan. Ahora hemos tenido un ejemplo de la portavoz de Podemos, yo también le voy a dar algunos ejemplos. Mire, yo creo que usted conoce, o debería conocer, qué están pasando en torno a cuarenta familias que viven en las viviendas de San Matías, que Visocan les puso unos alquileres de 200 y 300 euros. Hay cuarenta familias que llevan veinte meses intentando que Visocan, que creo que usted tiene algo que ver con Visocan, esto lo digo irónicamente, para buscar una fórmula jurídica y cambiar ese alquiler de 200 y 300 euros. ¿Cuántos meses tienen que transcurrir para que Visocan cambie la fórmula jurídica y que, precisamente, estas familias, que son cuarenta, tengan un alquiler social que puedan llevar a cabo?

Le voy a dar dos ejemplos más. El municipio de Telde, ayuntamiento que se dirigió a usted precisamente por eso, porque tiene problemas con algunas viviendas de Visocan, dos familias, en paro, con hijos, ¿sabe qué le ha dicho Visocan? Que cuando llegue a final de año, como se le va a terminar la ayuda que tienen para pagar la vivienda, entonces no van a poder seguir pagando el alquiler, y Visocan le ha dicho que a lo mejor cuando llegue el día 1 de enero tendrán que hacer el lanzamiento de la vivienda. Además tengo los teléfonos, señora vicepresidenta, tengo los teléfonos de estas familias y se los puedo dar, porque además me gustaría que las llamara, porque no hay nada peor que escuchar a una madre con cuatro hijos estar desesperada al otro lado del teléfono. Yo creo que usted lo que debe hacer es tomar medidas y, sobre todo, menos fotos y más resoluciones. Porque hasta ahora la PCI, el plan de dependencia, el plan de choque...; por cierto, ¿qué va a pasar a partir del 1 de enero con la Estrategia contra la pobreza? Hasta ahora mucho titular; así que menos titular, yo lo que sí le pediría es mucha más resolución.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Luzardo.

Por el Grupo Socialista, señora Cruz Oval.

La señora CRUZ OVAL: Buenas tardes. Señora presidenta, señorías.

Paliar el drama social de los desahucios es bastante complicado. Parece que, cuando hablamos de desahucios, exclusivamente estamos hablando de los deudores hipotecarios, y tal vez se nos olvida los desahucios de aquellos que ni siquiera han podido hacer frente a adquirir una hipoteca y poderla pagar, aquellos que tienen en alquiler una vivienda. Como aquí va de ejemplos, yo quiero poner un ejemplo hoy de la isla de Tenerife, donde una familia monoparental, con cinco menores, ha sido desahuciada en alquiler. Y un ayuntamiento, sensible con esta realidad, ha hecho posible que esta familia tenga un techo.

Porque tener vivienda, igual que alimentación, vestimenta, salud, forma parte de los derechos básicos de las personas. Está claro que hay un ordenamiento jurídico claro sobre la función social de la vivienda, nadie lo duda, tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se declara la vivienda como un derecho de las personas, como en el Pacto internacional a nivel de derechos económicos, sociales y culturales, donde también la vivienda se declara como un derecho. En nuestra Constitución -ya hacía referencia la señora representante del Grupo Mixto- en el artículo 47 se declara el derecho la vivienda, y además insta a los poderes públicos para que hagan todas las gestiones oportunas para garantizar ese derecho. Y es eso lo que en el anterior mandato hizo el Gobierno de Canarias, pero encontramos en frente a una Administración central poco sensible a este tema.

Decía en su intervención esta mañana el señor Rodríguez cuándo el Gobierno de Canarias dejará de decir "me han robado el dinero, dennos más dinero". Y yo planteo que es necesario que el Gobierno central permita que los gobiernos autonómicos, en este caso a las que han quedado paralizadas que se iniciaron: la navarra, la andaluza, la canaria, permita de verdad hacer políticas coherentes para hacer frente de una manera eficaz a los desahucios en este caso en la comunidad canaria.

Que no es fácil en el caso de los desahucios por deudores hipotecarios ya lo planteaba la señora consejera en su intervención y estaba planteando las medidas, yo quiero centrarme en los otros porque sí que estamos hablando del...

La señora PRESIDENTA: Señora Cruz, se le ha acabado su tiempo, muchas gracias.

Por el Grupo Nacionalista Canario, señora González Taño.

La señora GONZÁLEZ TAÑO: Buenas tardes, señora presidenta. Señoras y señores diputados. Señora vicepresidenta.

Se estima, ya se ha dicho aquí, que 10 000 personas, familias perdieron sus viviendas en el periodo del 2008 al 2014. La pérdida de la vivienda ha sido una de las consecuencias más visibles y llamativas de la crisis en una sociedad como la española que por tradición e impulso político y fiscal durante años ha impuesto una cultura de compra de vivienda y de hipotecas; cuando lo primero que hace una persona que empieza a trabajar es comprarse una casa, la pérdida de la vivienda se ha convertido en un signo inequívoco de la gravedad de la crisis.

En ese contexto el Gobierno de España, a nuestro entender, lejos de entender el alcance del problema y adaptar una normativa obsoleta a la realidad que se iba imponiendo, se ha ido negando a regular adecuadamente un problema en el sentido en que lo hace la mayoría de los países europeos e, incluso, Estados Unidos, y hoy hemos visto aquí, como no hay una mejor defensa que un buen ataque. La portavoz del Partido Popular plantea casos puntuales de problemas reales, seguro que se están planteando en Visocan y que seguramente no negamos, pero que no pueden esconder la incapacidad que durante estos años ha tenido el Gobierno del Partido Popular para resolver unos de los problemas más graves que ha sufrido este país.

Finalmente, la lentitud en la solución de este problema ha supuesto un parque de viviendas vacías, muchas de ellas en manos de entidades bancarias que más que una solución han supuesto un nuevo problema porque los bancos no solo no se han ocupado de vender o alquilar estas viviendas, sino que en muchos casos han generado incluso un problema con las comunidades de propietarios. Ante esta situación, el Gobierno de Canarias impulsó ante este Parlamento una ley que intentó en la pasada legislatura garantizar en Canarias el derecho a la vivienda de aquellas familias vulnerables en peor situación. Esta ley intentaba incluir en el mercado el parque de viviendas desocupadas propiedad de entidades financieras y filiales inmobiliarias por lo que se contemplaba la creación de un registro de viviendas desocupadas y la coordinación de todas las administraciones para intentar resolver este problema.

Como todos sabemos, esta ley fue suspendida y desgraciadamente no pudo llegar a aplicarse. Sin embargo, la voluntad política de este Parlamento y de los grupos que apoyaban al Gobierno ha sido y sigue siendo clara: más allá del apoyo a las personas que se encuentran en esta situación, por supuesto, deben buscarse medidas legales que garanticen el uso social de la vivienda que la Constitución española prevé. Ahí, señora consejera, señora vicepresidenta, nos va a tener apoyándola en aquellas medidas que estén a favor de cumplir los objetivos expuestos, aquellas medidas que garanticen que en Canarias, como en toda España, la vivienda finalmente consiga tener razón en el uso social que la Constitución desde 1978 le otorgó.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González Taño.

El grupo proponente, señor Campos.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: En primer lugar, me gustaría -no lo hicimos al iniciar la sesión- dar la bienvenida a distintos y distintas miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que decía con anterioridad que han sido protagonistas en muchísimas ocasiones, los verdaderos protagonistas de un movimiento social de manera inicial pero que afortunadamente poco a poco ha ido llegando a las instituciones, a los parlamentarios, para ir cambiando la realidad de manera lenta pero esperemos que podamos ir avanzando en los próximos tiempos.

Señora vicepresidenta, después de escucharla sinceramente, a priori, uno se queda bastante más tranquilo, un paquete de medidas importantes, un elemento esencial, al menos la promesa de que serán consensuadas con las instituciones y con las organizaciones que están trabajando. Nosotros desde Nueva Canarias también criticamos en su momento la actitud del Gobierno de España de llevar al Constitucional una ley, que es verdad que algunas de esas medidas -y lo dijimos, y lo advertimos- eran extraordinarias, por llamarlas de alguna manera, pero es verdad que las medidas extraordinarias deben ponerse en marcha ante situaciones extraordinarias, y esta es una de las situaciones más duras -como decía antes-, y que quizás justifican más la adopción de medidas de este tipo.

Por tanto, que un Gobierno estatal, ante uno de los principales problemas de su población, corriera de la manera en que lo hizo para denunciar ante el Constitucional una ley que lo que buscaba era garantizar el derecho de su gente a la vivienda, a mantener su vivienda, o a rescatar a algunos que las tienen a millares con el único fin especulativo, no nos parece correcto. Porque si es cierto que muchas de estas medidas rozaban, y lo decíamos, de manera clara con la Constitución, ya ha quedado claro aquí también qué garantiza la Constitución a las familias españolas en el caso de la vivienda. No hemos visto la misma necesidad, la misma urgencia o la misma aplicación de medidas para que ese precepto, ese artículo de la Constitución, el derecho a la vivienda, sea una realidad para nuestra gente.

Sí le voy a pedir algo. Nosotros ya en su momento -lo dije antes- pusimos varias enmiendas, que fueron rechazadas, en esa ley. Si esas enmiendas se hubieran aprobado, ya hoy tendríamos en marcha muchísimas de estas medidas. Para Nueva Canarias los desahucios fueron un problema esencial durante toda la legislatura anterior, y lo va a seguir siendo esta, hasta el día que desaparezca el último de los desahucios de nuestra tierra. De hecho ya en el 2011, y lo digo también porque, aunque tengo cierta fijación con el Partido Popular a criticarle muchas de sus políticas, en el año 2011, en noviembre de 2011, Nueva Canarias presentó en este Parlamento una PNL contra los desahucios. Gobernaba en aquel momento Rodríguez Zapatero, el Partido Socialista, por tanto no es una herencia exclusiva del Partido Popular, viene de atrás, agravada en los últimos cuatro años, si bien es cierto, pero que tiene un recorrido mayor. Por tanto, ser capaces de escuchar a los que estando en la Oposición presentamos medidas, con independencia de que a veces no son propuestas por ustedes, pero si somos capaces de entendernos, si desde aquí somos capaces de entender y de reconocer que algunas de las cosas que están proponiendo son correctas, sean capaces ustedes, al menos este nuevo Gobierno, de tener la humildad de aceptar las propuestas acertadas que se van produciendo por parte de la Oposición.

Usted ha anunciado en varias ocasiones que han desaparecido los desahucios en Canarias, al menos desde el día en que llegó este Gobierno, los desahucios al menos por materia económica planteados. Lo que hoy hemos escuchado en casos concretos es lo que también me han dicho muchísimas, bueno, muchísimas, algunas de las organizaciones con las que uno se pone en contacto, personas que trabajan a pie de calle, con la gente que tiene esos problemas. Por tanto, una de dos, o los datos erróneos son los suyos o los datos erróneos son los de ellos, o es falta de comunicación. Si falta comunicación, evidentemente, ese debiera ser uno de los elementos para seguir avanzando, para seguir mejorando por parte del Gobierno.

Algo positivo, nos parece muy bien, es la eliminación, el anuncio que ha hecho usted de eliminar el sistema de sorteos. La necesidad no puede someterse a la suerte, yo creo que lo que hemos vivido en los últimos años con la adjudicación de viviendas realmente ha sido lamentable, ver a familias asistir a un sorteo, esperando que la suerte les correspondiera para tener derecho a una vivienda no puede ser el mejor de los mecanismos, ni el más dignificante para las personas que lo pasan mal. Por tanto, en ese sentido, felicitar esa iniciativa de recuperar ese ámbito.

Plan de Vivienda 2013-2016 del Gobierno de Canarias, no existe. Usted dice que va a preparar, espero que con urgencia, el próximo plan, entiendo que para el 2017-2020, pero nos preocupa. Nuestra propuesta es que traiga, aunque esté desfasado, el del 2013-2016, y que lo traiga a este Parlamento. El artículo 75 de la Ley Canaria de Vivienda establece que si lo aprueba el Gobierno de Canarias tendrá que traerlo al Parlamento. Y digo que sería necesario, porque si esperamos al 2017 a 2020 para poner en marcha el próximo Plan Canario de Vivienda, y digo esas fechas porque entiendo que el plan se pondrá en marcha en función de las aportaciones del nuevo convenio estatal en materia de vivienda con las comunidades autónomas, en este caso con Canarias. me parece excesivamente lejos para una realidad tan acuciante, tan urgente, como la de la vivienda en Canarias, que entendemos no puede esperar al 2017.

Podría ponerse en marcha, aunque quede un año, de manera extraordinaria, con los fondos que hay, con aportación propia del Gobierno de Canarias, el Plan 2013-2016, aunque la aplicación sea solo de un año, e ir avanzando en el del 2017-2020, que sería el siguiente, salvo que usted, pues, tenga otra información en cuanto a los posibles convenios del Estado con Canarias. Y lo digo porque lo hemos anunciado en prensa, y va a ser una de las medidas que nosotros más impulsemos, nos parece genial la oficina, nos parecen genial todas las medidas que usted ha establecido, y veo que tiene inquietud también por recuperar la promoción de nueva vivienda pública protegida, que nosotros incidimos más en la adquisición a partir de la bolsa de viviendas, importantísima, miles en Canarias, que de la construcción de nuevas viviendas. Es cierto que habrá municipios en los que no quedará más remedio, es cierto que hay lugares donde no se podrá llegar a acuerdos o bien con las entidades financieras o con los promotores, en ese caso, sí se justificaría la construcción de nueva vivienda.

Pero en un caso o en otro hay una realidad y es que se necesita financiación, y volvemos siempre al punto de partida, sin recursos, sin medios, las leyes son estériles, son inútiles. Hemos visto crear en este Parlamento leyes que no han servido para nada. Y no han servido para nada fundamentalmente porque no hay detrás recursos económicos. Para poder adquirir y poder fabricar, para poder asistir a concursar o a adquirir viviendas ya finalizadas se necesitan recursos. Y decimos que este es un elemento esencial, y, por tanto, yo digo que el Gobierno de Canarias ha sido responsable de muchos de los desahucios que hemos vivido en los últimos años por la errática ley o por el errático plan de vivienda que hemos tenido. Haber abandonado, es cierto que el Partido Popular a nivel estatal eliminó la construcción o la adquisición de vivienda protegida en los últimos años, priorizando la rehabilitación, y nos parece bien, o recuperar para aquellos que ya tienen vivienda un espacio, su entorno, de una manera cada vez más digna. Pero nos encontramos ante la realidad de los que no tienen vivienda y a esos no les ha quedado más remedio que acudir al mercado privado, al mercado hipotecario, y, por culpa de iniciativas de un gobierno o la falta de iniciativas de un gobierno, ofrecer a las familias que menos recursos tenían la posibilidad de acceder al mismo.

Se ha desahuciado a miles de personas, un porcentaje alto de esta responsabilidad estuvo en manos del Gobierno de Canarias, solo le pido una cosa, usted ha anunciado que va a hacerlo en ese sentido, esperemos y vamos a confiar en que sea así porque hoy en este mismo momento en alguna notaría de nuestra tierra, en alguna entidad financiera de nuestra tierra, se están firmando nuevos contratos hipotecarios, nuevas adquisiciones de vivienda, porque no hay otra opción, no hay una opción de vivienda pública protegida y tengo que acudir al mercado privado.

Por tanto, si este Gobierno no reacciona será el responsable de cientos de desahucios en el futuro.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campos.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Hernández Gutiérrez): Gracias, señora presidenta.

Señor Campos, han sido varias las alusiones a mi intervención en el último pleno y en comisión y yo tengo la sensación de que aquí hablamos mucho y escuchamos menos, y me explico.

Yo he hablado de que no ha habido desahucios de entidades financieras a familias en riesgo de exclusión social. Por lo tanto, no hemos parado muchísimos desahucios que están llevándose a cabo, como, por ejemplo, a los que aludía la portavoz de Podemos, que son desahucios entre particulares, son desahucios de alquiler, en fin, esto es lo otro que nos queda por avanzar, ¿no?, claro, claro (ante gestos del señor Campos Jiménez desde su escaño), lo digo porque cuando hablamos de una cosa, estamos abordando un problema y quedan muchísimos problemas que abordar a los que no damos la espalda ni mucho menos. Lo que pasa es que a mí me sorprenden algunas cosas: me sorprende que este desahucio también haya sido exhibido por la portavoz del Partido Popular, es curioso, es curioso porque una de las cosas que decíamos aquí es que parece escandaloso que una entidad financiera como Bankia rescatada con el dinero de nuestros impuestos esté desahuciando a deudores de buena fe y poniéndolos en la calle, que, por cierto, han pagado los impuestos que han producido el desahucio, es curioso, a mí esto me da la sensación de que la gente fuera no entiende nada, no entiende nada, algunos pudieran decir que es un ejercicio de cinismo sin precedente y a mí desde luego me lo parece, a mí desde luego me parece que hablar de un desahucio, si se me permite, casi hasta parece que celebrándolo, entre particulares, cuando no se es capaz de criticar los desahucios que se están llevando a cabo por Bankia, rescatada con los impuestos de las personas que han sido desahuciadas, me parece un ejercicio de cinismo sin precedente.

En cuanto a San Matías y Telde, porque quiero dejarlo claro y si me pasa luego el teléfono los llamaré personalmente, lo ha dicho Visocan, estaba con el alcalde de La Laguna en Las Chumberas hace poco, lo hemos vuelto a repetir, no se producirán desahucios de Visocan en situaciones, desde luego, de riesgo social. Y en el caso de San Matías y Telde, respuesta a la alcaldesa y al alcalde también de La Laguna, no se van a llevar a cabo, hay quien está diciendo que eso se va a llevar a cabo pero tanto el director de Visocan como el director del Instituto de la Vivienda han dicho que no se van a llevar a cabo. Y a mí sí me gustaría dar un mensaje de tranquilidad, y yo misma, si me deja el teléfono, produciré la llamada si había alguna duda al respecto.

Hay otra cuestión que abordaba y que también la va a llevar a cabo la oficina del derecho a la vivienda que es la cuestión de las nuevas hipotecas que se están firmando o los nuevos alquileres también que se están firmando, que nos parece que tiene que ser un eje central de la oficina del derecho a la vivienda el asesoramiento para que los nuevos contratos que se firmen no tengan, por ejemplo, cláusulas abusivas, que hemos pagado consecuencias de lo que se ha firmado sin el asesoramiento y en condiciones en que la vulnerabilidad era más que evidente, de manera que esta es una de las acciones que la Oficina de Intermediación Hipotecaria, y de Defensa del Derecho a la Vivienda, nos parece que debe llevar a cabo, que, por cierto, señor Campos usted estará conmigo, no es esta la primera vez que lo digo, ¿verdad?, porque en comisión esta es una de las cosas de las que hablamos y escuchamos poco, y la portavoz del Partido Popular no me escuchó en comisión, quizás porque cuando yo hablaba también estaba hablando. Pero ese fue un anuncio de la comisión, que la Oficina de Intermediación Hipotecaria pasaba a ser, porque nos quedábamos cortos, Oficina de Intermediación Hipotecaria y Defensa del Derecho a la Vivienda, pero es imposible estar hablando y escuchar a la vez, es un ejercicio de mucha complicación.

Nuestro objetivo, les decía, es no solo evitar los desahucios de entidades financieras, que es por donde vamos, en riesgo de exclusión; nuestro objetivo es dar respuesta -y es más complejo, ¿eh?- a los desahucios que se están produciendo entre particulares. Es más complejo porque aquí también hay dos derechos que colisionan. ¡Es mucho más complejo! Y por eso es fundamental -les decía antes- la participación, la concurrencia de las corporaciones locales; por eso es fundamental que cuando se produzca ese lanzamiento de vivienda muchas veces..., por cierto aquí se puede hacer toda la demagogia que se quiera pero hay muchas veces que esas personas que son propietarias de esa vivienda que está en alquiler, sino han sido desahuciadas o ya no tienen las circunstancias económicas y tienen que volver a esa propiedad para seguir viviendo, hay que darles respuestas a las dos. Y por eso queríamos, por un lado, que esas personas que están en proceso de lanzamiento pudieran acceder al listado de vivienda pública, de solicitud de vivienda pública, y, por otro lado, hablar con las entidades locales, con las corporaciones locales para, en coordinación con los servicios sociales, poder tener acceso pues a su derecho como ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

Y nos parece que esta coordinación la están viendo muy positiva los ayuntamientos, donde el otro día tuve una reunión con la Fecam y están muy por la labor de, incluso, cruzar datos, que nos parece que es fundamental. Le decía que nosotros muchas veces nos enteramos de esta situación..., bien decía la portavoz de Podemos que no están llegando, muchos no nos llegan, no van, en este caso no a la oficina sino al Instituto de la Vivienda, o no nos llaman, de manera que el protocolo con justicia es fundamental para que a ellos se les pongan los derechos como poco para que le den un listado de los recursos que tienen para poder acceder, en primer lugar. Pero si se pudiera, y vamos a un segundo paso, que nos requirieran de las viviendas o que nos dieran el listado para nosotros, como acción, poder ir a apoyarles, pues, con los recursos jurídicos o con los recursos sociales de los ayuntamientos o con la vivienda pública.

Coincido con usted o coincidimos con usted, mejor dicho -y antes creo que lo pasé muy por encima-, en que la prioridad también es dar salida a las viviendas que están vacías, y le hablaba del banco malo, de la Sareb, pero también de otras entidades financieras que ahora tienen recursos que, bueno, en fin, que están vacíos y seguros... Con la Sareb estamos trabajando en un convenio, en la posibilidad, incluso, de ampliar o de tener un programa piloto de convenio con ella y luego poder hacer otro más amplio, ver cómo está saliendo, pero también estamos intentando firmar otros convenios con entidades financieras privadas, para tener un parque de viviendas de alquiler. Y no sé si le entendí mal o usted hablaba de la adquisición de viviendas, nuestra política va a ser la de alquiler social, no la de dar la vivienda en propiedad como se daba antes. ¡Ah!, me pareció, perfecto, perfecto, me pareció que decía eso (ante gestos del señor Campos Jiménez desde su escaño), siendo así parece que coincidimos. Nuestra política va a ser la de que el derecho a la vivienda sea en situación de alquiler social por si las circunstancias cambiaran que esa vivienda pase a gente que más lo necesite.

Sin más, cuando tengamos todas las aportaciones de las plataformas, de los cabildos, de los ayuntamientos, cuando completemos esta oficina antidesahucios y del derecho a la vivienda, y deseando que el Gobierno de España cambie dentro de poco y ponga todos los instrumentos para evitar los desahucios y la movilización de ese suelo que está en manos, si se quiere, de entidades financieras que están en manos del Estado o del banco malo, que nos ha costado tantos millones a los españoles, y se resuelva por fin un tema de la vivienda o que se quite el recurso ante el Tribunal Constitucional de las leyes de esta comunidad autónoma, me comprometo a estudiar las enmiendas a las que usted aludía, que había presentado aquí, para ver si es posible incorporarlas a nuestras acciones diarias, y, como sabe, este Gobierno está a disposición de su grupo parlamentario para cualquier aportación, en esta o en otras materias.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

Damos por concluida esta comparecencia.

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  • 9L/C-0044 Sobre -Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda-, sobre medidas para evitar los desahucios de familias o personas en situación de emergencia social.


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