Diario de Sesiones 12/2015, de fecha 27/10/2015
Punto 5

9L/PO/P-0205 PREGUNTA DE LA SEÑORA DIPUTADA DOÑA NOEMÍ SANTANA PERERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS, SOBRE LOS CONTRATOS DE ALQUILER DE VISOCAN DE LAS VIVIENDAS DEL BARRIO DE SAN MATÍAS, DIRIGIDA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO.

La señora PRESIDENTA: A continuación, señora Santana Perera, doña Noemí, del Grupo Podemos, sobre los contratos de alquiler de Visocan de las viviendas del barrio de San Matías, dirigida al presidente del Gobierno.

La señora SANTANA PERERA (Desde su escaño): Señor presidente: ¿qué medidas va a tomar su Gobierno en relación a la situación de los casos denunciados públicamente, afectos a los contratos de alquiler de la empresa pública Visocan, por los inquilinos de las viviendas del barrio de San Matías?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Santana.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Clavijo Batlle) (Desde su escaño): Muchas gracias.

A mí me gustaría que concretase un poquito más la pregunta, porque es que no sé exactamente a qué problema es ni a qué se refiere, porque yo, claro, denuncias públicas, pues, no sé. Si usted me la concreta, igual yo puedo acertar a contestarle.

La señora PRESIDENTA: Señora Santana.

La señora SANTANA PERERA (Desde su escaño): Si se hubiera reunido, como así lo han solicitado los afectados, por la plataforma de afectados por Visocan, tal vez fuera usted más conocedor del asunto.

Mire, señor Clavijo, ¿puede una empresa pública incumplir la legalidad? Evidentemente, la respuesta debería ser que no. Entonces ¿por qué la empresa Visocan está ejerciendo como inmobiliaria gestionando contratos de alquiler cuando esto no aparece dentro de su objeto social?

Cuando quebró la empresa Alonso Garran, dejando además 2 millones de euros de deuda al Instituto Canario de la Vivienda, el Ejecutivo traspasa estas gestiones a la empresa Visocan, a través de una encomienda de gestión directa, sin pasar por ningún concurso público, ni siquiera por ningún proceso negociado. Es más, ni siquiera se publica en el Boletín Oficial de Canarias. Un auténtico dislate.

Mire, señor presidente -tengo poco tiempo-, le voy a explicar solo algunos de los ejemplos de los despropósitos que contienen esos contratos. Entre otras cosas hablamos de aval solidario, obligatoriedad de tener aval solidario en los contratos, cuando todos y todas conocemos sentencias, tanto a nivel local como a nivel estatal como a nivel europeo, que declaran este tipo de cláusulas como abusivas. Una empresa pública debe ser ejemplarizante. Nosotros por lo que debemos apostar es por el derecho de las personas a tener una vivienda digna y no velar por intereses empresariales.

Por otro lado, vemos contratos en los cuales a un beneficiario de la PCI se le otorga este tipo de contrato de alquiler, en el cual la cuantía del alquiler supera la cuantía recibida por la PCI. Esto es real: una persona la cual tiene que pagar 3.600 anuales cuando sus ingresos no superan los 1.800. Lo que demuestra esto es la incapacidad de la jefatura del Servicio de Promoción Privada para evaluar la situación económica de nada ni de nadie.

¿El Instituto Canario de la Vivienda está velando por el interés de todos? Pues va a ser que no. Y esto no lo dice Podemos, lo dice el propio Diputado del Común en sus informes, que dice que hay falta de transparencia y de colaboración en la gestión.

Señor Clavijo, deje usted de gobernar para unos pocos y empiece a gobernar para todos. Y, por favor, haga caso a los afectados, por la plataforma de Visocan, y reúnase de una vez por todas con ellos.

Muchas gracias.

(Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Santana.

Ruego al público se abstenga de hacer manifestaciones a favor o en contra de las intervenciones de sus señorías. Muchas gracias. No se puede hacer.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Clavijo Batlle) (Desde su escaño): Muchas gracias.

Vamos a ver, yo le pido que actúe con rigor en esta Cámara, doña Noemí. Vamos a ver, no hay nada ilegal en esos contratos. El contrato de alquiler de vivienda es un contrato privado, porque la vivienda es en este caso privada, no es una vivienda pública la de las viviendas de San Matías. Actúe con rigor, doña Noemí, porque es que está usted en una Cámara que representa la soberanía popular.

En segundo lugar, en este caso las circunstancias a las que usted hace referencia vienen del Gobierno anterior, no son de este Gobierno, son del Gobierno anterior. Luego, en este caso... (Se efectúa un comentario desde el escaño). No, no, yo no me lavo las manos. En este caso, la crítica entiendo y la asumo como presidente del Gobierno, pero no haga referencia a la actuación de este Gobierno. Esos afectados se han reunido con el director general de Vivienda y, cuando tenga toda la información, por supuesto que los recibiré, junto con la vicepresidenta, como recibo a todo el mundo.

En tercer lugar, usted aquí arroja sospechas de circunstancias que pueden ser sobrevenidas. Un momento es cuando se firma un contrato. Que no actúa como inmobiliaria Visocan, en todo caso como arrendataria, porque es la propietaria Visocan de los pisos, no como inmobiliaria, que las inmobiliarias actúan como intermediarias y, en este caso, cobran una comisión. Para hablar con rigurosidad. Y en ese caso las circunstancias que se puedan dar son sobrevenidas. Por eso se ha firmado con el alcalde de La Laguna un acuerdo, primero para que no haya desalojos, porque también han sido atendidos por el ayuntamiento. Para analizar cada uno de los casos y las peculiaridades de cada uno de esos casos: si la circunstancia de la PCI es con posterioridad a la firma del contrato, si es la misma persona la que ha firmado o no... Porque es muy fácil venir aquí a hacer demagogia y no ocuparse de los asuntos. Con lo cual cada uno de los casos va a ser analizado de manera individual, no solo por Visocan sino por el Gobierno de Canarias, con el alcalde y con los afectados. En primer lugar.

Y, en segundo lugar, no arroje sospechas sobre la gestión de una empresa absolutamente pública, que actúa acorde al Derecho, sin tener ni una sola, sin tener ni una sola prueba de lo contrario, porque está perfectamente capacitada para firmar esos contratos privados y está actuando además, en este caso, velando por que no se quede nadie en la calle por un desahucio.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.