Diario de Sesiones 13/2015, de fecha 28/10/2015 - Punto 1

9L/C-0135 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC), SOBRE DESARROLLO DE LA LEY CANARIA DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA.

La señora PRESIDENTA: Si les parece a sus señorías, y me lo permiten, vamos a continuar con la comparecencia, solicitada por el Grupo Nacionalista Canario a la consejera de Educación y Universidades, sobre el desarrollo de la Ley Canaria de Educación no Universitaria.

En nombre del grupo proponente, señora García -discúlpeme, estoy todavía..., disculpe-. Cuando quiera.

La señora GARCÍA MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, consejera, buenos días.

Señora consejera, el objeto de solicitud de esta comparecencia es profundizar en algunos aspectos que usted ya ha apuntado en distintas intervenciones previas más genéricas, pero sobre las que desde el Grupo Nacionalista Canario creemos necesario que se concrete más.

Nos preocupa mucho el proceso de aplicación del contenido de la Ley Canaria de Educación, sus plazos, herramientas y eficacia. Esa es la finalidad última de esta comparecencia: aclarar el camino que entre todos tenemos que impulsar, para alcanzar el mayor éxito posible en esta norma.

Evidentemente, hay competencias claras del Ejecutivo en relación con su aplicación, pero desde el Parlamento también podemos aportar y contribuir en aras de obtener una mayor eficacia. La actual Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, comenzó a fraguarse a partir de una iniciativa legislativa popular en el año 2010, y llevó a que el Parlamento de Canarias asumiera el reto social de abordar la educación como eje central de un cambio estructural para el progreso de la sociedad canaria, de prestar especial atención al conocimiento, a la formación y a la educación como factores determinantes del progreso y del bienestar social. La ley contó con un amplio consenso social y político, expresado en tres documentos: la iniciativa legislativa popular, el dictamen de la comisión de estudio del Parlamento de Canarias, y el documento de acuerdo del Consejo Escolar de Canarias por un pacto por la educación.

Con respecto a sus objetivos, en la propia exposición de motivos se apunta que la Ley Canaria de Educación no Universitaria nació con una cuádruple finalidad: la primera, preservar el mayor de los logros alcanzados hasta el momento, esto es, la equidad del sistema educativo; segunda, incorporar las mejores disposiciones legislativas europeas, estatales y autonómicas, actualizar la norma sobre la materia hasta entonces vigente en el sistema educativo, y asegurar un sistema educativo estable, apoyado en un consenso, en un amplio consenso social y sostenible desde el punto de vista financiero. Todo ello en el marco del contexto de estas cuatro últimas décadas, en el que la educación en Canarias pasó de ser un privilegio a ser un derecho universal, de manera especial a partir del traspaso de las competencias educativas a la comunidad autónoma.

Como decía, usted ya ha avanzado algunas de las grandes líneas de trabajo relacionadas con esta ley, estructurando la tarea en planes específicos, si nos referimos a etapas de enseñanza obligatoria.

Planes como el plan de idiomas, para mejorar las competencias plurilingües y pluriculturales; el plan de modernización, mejorando la conectividad entre los centros y la incorporación de los centros a la banda ancha; el plan estratégico de atención a la diversidad y de la compensación educativa; el plan de financiación, con un incremento progresivo de la dotación presupuestaria hasta que se reciba como mínimo un 5 % del producto interior bruto en los próximos siete años; el plan de formación del profesorado, con programas adaptados al desarrollo de las competencias que vaya demandando la actividad; el plan de reconocimiento social del profesorado, veo que es algo fundamental, todos hemos estado de acuerdo ya con ello; el plan de la igualdad de género en el sistema educativo, algo también imprescindible; y el plan de lucha contra el absentismo, para reducir la tasa de abandono escolar temprana.

Todo esto nos parece muy bien, señora consejera.

Sé que compartimos la preocupación por que estos objetivos se acaben materializando de forma eficaz, creemos que la ley está preparada e ideada para ello, pero también nos preocupan los plazos. Sabe usted mejor que nadie las complicaciones que la falta de estabilidad y consenso en la normativa estatal ha generado y está generando en el profesorado y prácticamente en el conjunto de la comunidad educativa. Por eso creemos necesario profundizar en la aplicabilidad de la ley y su estado actual.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García.

Señora consejera.

La señora CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Monzón Cabrera): Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.

La Comunidad Autónoma de Canarias, según el artículo 32.1 de su Estatuto de Autonomía, tiene competencia plena en materia de educación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27 de la Constitución y las leyes orgánicas que lo desarrollen. En este sentido, se dictó la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. Una ley que, según establece el propio texto, tiene por objetivo regular el sistema educativo canario y su evaluación, de modo que pueda convertirse en un instrumento eficaz para hacer efectivo el derecho a una educación de calidad, inclusiva e integradora, que garantice la equidad y la excelencia, la prestación de un servicio público esencial y convertirse a la vez en uno de los motores del desarrollo social, económico y cultural del archipiélago.

El ámbito de aplicación de la ley es todo el sistema educativo canario, a excepción del universitario, en consonancia con las competencias asumidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias y en el desarrollo de las normas básicas aprobadas por el Estado.

Por otro lado, la disposición final segunda del texto establece que la ley entrará en vigor el 1 de septiembre de 2014, siendo, por tanto, esta la fecha que señaló el inicio de las acciones a desarrollar.

En general, a través de su articulado, la ley, en algunos casos, señala plazos de uno, dos o tres años para su aplicación; en otros, no hace referencia temporal, lo que interpreta como el plazo máximo de tres años para su logro.

Si bien la propia ley establece, en su disposición adicional primera, que el Gobierno, sin perjuicio de la entrada en vigor de la presente ley, debe aprobar un calendario de aplicación que comprenda un periodo de tres años, una medida que debe aprobarse vía decreto y que no se ha formalizado aún. No obstante, según establece la norma, a partir del citado 1 de septiembre de 2014 y, en el plazo de tres años, habrá de haberse desarrollado en su totalidad, a excepción de lo referido a su financiación, que plantea un total de ocho años, hasta el 2022, tal como se recoge en el artículo 72.3, que dice textualmente: "A estos efectos, el presupuesto educativo deberá situarse progresivamente, dentro de los ocho años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, como mínimo en el 5 % del PIB".

Tenidas en cuenta estas consideraciones, el actual equipo de dirección de la Consejería de Educación y Universidades creó, coincidiendo con el inicio de la legislatura, un grupo de trabajo cuyo objetivo es el de establecer el grado de cumplimiento de la Ley Canaria de Educación no Universitaria y el de planificar su aplicación, cumpliendo con los plazos que ella establece.

La primera labor de este órgano ha sido la de analizar el texto legislativo, con el fin de categorizar todas las medidas contenidas en él y proceder a priorizar aquellas que se puedan implantar con la mayor agilidad y, como ya he comentado, planificar el desarrollo del texto en su totalidad.

De este estudio, y sin entrar en especial detalle, se puede afirmar que la ley establece una serie de grandes planes y de líneas estratégicas de intervención que permiten agruparse en varios planes de carácter genérico, con plazos de implantación tasados, y que son: plan de atención a la diversidad, con un plazo de tres años; plan de aprendizaje de idiomas, con un plazo también de tres años; plan de formación del profesorado, que también alcanza un plazo máximo establecido en la norma, aunque en este caso se plantea una subdivisión relativa a la profesionalización y reconocimiento del profesorado, con un año de plazo; el plan de modernización tecnológica y de conectividad por banda ancha y acceso a los nuevos entornos, por igual periodo; el plan de igualdad de género, con dos años de plazo; la elaboración del Mapa del primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años y disponer de las medidas para posibilitar una mayor oferta en este periodo educativo, dentro del primer año de aplicación de la norma; el plan de revitalización de las residencias escolares, también con doce meses de plazo; al igual que el plan contra el absentismo, que dentro de las medidas para educación de toda la población se deberá completar con el plan contra el abandono escolar temprano, en el máximo plazo que marca la ley. Dentro de estos tres años, también se deberá aumentar la oferta de servicios complementarios y ayudas al estudio, reorganizar el Mapa escolar, revisar y adecuar la infraestructura educativa. Y, por último, la norma impone el análisis de la situación de las enseñanzas artísticas y la presentación de un informe al Parlamento con la posibilidad de desarrollo de una ley específica en dos años.

Una vez revisado el contenido de la ley, se procedió a comprobar cuáles de las medidas que contiene se han ejecutado ya o están en desarrollo. Así, el fomento del aprendizaje de las lenguas extranjeras es una de las áreas donde más se ha actuado con programas como el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, más conocido entre la comunidad docente por su siglas en inglés, CLIL. Este programa de aprendizaje integrado de lengua y contenido de otras áreas o materias se desarrolla actualmente en 493 centros de educación primaria y secundaria de la comunidad. Tiene como principal objetivo el incremento de las horas en lengua inglesa que el alumno recibe en la enseñanza básica, convirtiendo a la lengua extranjera en un medio de comunicación que favorezca la adquisición y el desarrollo de las competencias a través de situaciones de aprendizaje integradas, con el fin de promover el enfoque comunicativo orientado a la acción.

Con carácter aún experimental, se desarrolla también el Programa Bachibac. Este programa experimental permite al alumnado obtener la doble titulación del Bachiller español y el Bachiller francés, cursando materias del currículo integrado como Lengua y Literatura Francesas e Historia de España y Francia, que se desarrollan en francés, junto con otras materias no lingüísticas. El programa brinda al alumnado la posibilidad de alcanzar simultáneamente los dos títulos nacionales al término de los estudios secundarios, abriendo así a los poseedores de esta doble titulación, tanto en España como en Francia, el acceso a los estudios superiores, a la formación y a la actividad profesional.

Al margen de las enseñanzas de idiomas, se desarrolla también multitud de acciones formativas del profesorado. Solo en el primer trimestre un total de 627 centros educativos públicos han comenzado a desarrollar su plan de formación, en una convocatoria en la que participan más de 13 000 docentes.

También se viene desarrollando un especial esfuerzo en la atención a la diversidad, con experiencias para ofrecer modelos organizativos para el aprendizaje de alumnos y alumnas que presentan dificultades de éxito escolar, armonizando la respuesta a sus necesidades con la dotación de recursos humanos, organizativos o metodológicos para la consecución de los objetivos de cada una de las etapas educativas o con la detección temprana tanto en altas capacidades como de las dificultades, cuyos protocolos debemos generalizar entre el profesorado y los equipos de orientación. Además se brinda apoyo idiomático al alumnado no hispanohablante matriculado en secundaria y se desarrollan acciones como el Programa para la Mejora de la Convivencia -Promeco- o los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.

Todas estas acciones, y más, que acabo de resumir se aplican en el día a día en los centros escolares de Canarias, contribuyen indiscutiblemente a la consecución de los objetivos marcados por la Ley Canaria de Educación no Universitaria. Sin embargo, el grupo de trabajo, constituido por personal de todas las áreas de la consejería, ha constatado que falta una sistematización de todas ellas en torno a los planes concretos a los que hace referencia la norma, por lo que es necesario realizar una planificación adecuada para ordenar todo ese esfuerzo y añadir las medidas que sean necesarias para contar con ellos en los plazos fijados.

Y es en este punto, señorías, en el que nos encontramos en la actualidad, con la dificultad de que aquellos planes cuyos plazos de ejecución fijaba la ley en un año, aun teniendo numerosas actuaciones en marcha, no cuentan con la mencionada sistematización, por lo que no pueden ser considerados como tales. Además, se suma el trabajo a realizar para alcanzar en tiempo y forma aquellos planes cuyo plazo se estipuló en dos años desde la entrada en vigor de la ley.

El Gobierno de Canarias debe aprobar aún el decreto por el que, sin perjuicio de la entrada en vigor de la ley, establezca un calendario de aplicación que comprenda un periodo de tres años. Es por esta razón por la que quiero aprovechar mi comparecencia de hoy para impulsar la aplicación de la norma, con el mayor consenso posible de la Cámara que la aprobó, e iniciar un proceso de diálogo que ha de ser necesariamente rápido para establecer las prioridades y aprobar un nuevo calendario que nos permita contar con una Ley Canaria de Educación no Universitaria plenamente desarrollada en este trienio.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, consejera.

Comenzamos las intervenciones. El Grupo Mixto, señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Gracias, presidenta.

Señora consejera, Canarias se fijó el reto de tener una ley actualizada de educación conforme a la normativa europea, estatal y autonómica; una ley creada con consenso y que regulaba todo el sistema educativo canario, a excepción del universitario.

Por una iniciativa legislativa popular del año 2010, y a través de la colaboración con la comunidad educativa y fuera de las disputas políticas, se materializó la Ley de Educación no Universitaria en julio del 2014. En su disposición final primera se indicaba que se daba autorización al Gobierno de Canarias para que creara las normas de desarrollo de la ley, pero sí en un horizonte temporal. Eso es lo que nos trae hoy al presente debate.

Esta ley describe no solo el sistema educativo propio de Canarias, también regula los sistemas de evaluación. Nos permite una visión integradora del modelo que quiere Canarias para su educación. Describe materias tan importantes como los derechos y deberes de la comunidad educativa. Una ley, en definitiva, que no la podemos dejar coja o vacía de contenido.

Desde la Agrupación Socialista Gomera, le pedimos al Gobierno que afronte el desarrollo reglamentario establecido en la ley y que lo ponga en la agenda para realizarlo a la mayor brevedad posible. Es una ley creada con el esfuerzo y la colaboración de mucha gente, además de que responde a la necesidad de regular esta materia tan importante para el desarrollo de la ciudadanía canaria.

Cuando hablamos de una materia transferida como es la educación, tenemos que ser, si cabe, más exigentes con la creación de una regulación autonómica. Es parte importante de nuestro autogobierno y de nuestra responsabilidad con nuestros ciudadanos.

Una vez más, pedir el desarrollo del reglamento de la ley, al igual que en la creación de este esperamos que todas las fuerzas políticas y colectivos implicados podamos ofrecer nuestra ayuda en todo aquello que lo necesite.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendoza.

Por Nueva Canarias, señor Campos.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Señora presidenta. Señora consejera. Buenos días.

Hoy no vamos a hablar de la Lomce, aunque alguna referencia haré con posterioridad. Vamos a hablar de la Ley Canaria de Educación, una ley buena. Pero buena fundamentalmente por dos elementos, por dos puntos de partida. Primero, porque se aprobó con consenso, con el consenso de la mayoría de los que estamos aquí. Solo los de la derecha, que se sientan a mi izquierda, decidieron no apoyarla en aquel momento. ¡Qué diferencia con respecto a la Lomce, en el Congreso, donde fue justo lo contrario! Solo ellos apoyaron una ley, en contra del resto de los representantes de la ciudadanía. Pero no solamente en el Parlamento, no solamente en el Congreso; allí también hubo un rechazo generalizado por parte de toda la comunidad educativa. Y ese es el segundo elemento que cualifica a esta ley, que le da un valor esencial. Quien trajo a esta Cámara la ley, a través de una iniciativa legislativa popular, apoyada por más de 35 000 firmas, fue precisamente esa comunidad educativa. Desgraciadamente, en un primer momento, recordaremos que los del centroizquierda, que se sientan a mi derecha, decidieron no admitirla a trámite, aunque luego con posterioridad hay que reconocer que rectificaron y se terminó aprobando una ley tan importante como esta.

Una ley que apuesta por una educación inclusiva, una ley que apuesta por una educación equitativa, que apuesta por la formación y por la permanencia del profesorado; una ley que apuesta de manera clara por la participación democrática dentro de los centros; una ley que apuesta por la formación profesional, creando más plazas y cualificándolas; una ley que apuesta por la educación de 0 a 3 años, pero de eso hablaremos en los próximos días, en la próxima comisión. Una ley que apuesta por el plurilingüismo; una ley que apuesta por diversas facetas, que son fundamentales en el ámbito de la educación.

Y ni siquiera he nombrado hasta ahora las infraestructuras educativas. Y lo digo porque hay otro elemento esencial en la ley, y es el de la financiación. Una ley que dice que la educación en Canarias tendrá que financiarse como mínimo con el 5 % del producto interior bruto. Y digo esto porque ayer teníamos un debate interesante. Y en la presentación de los presupuestos el otro día decían que el apartado de educación solamente crecería en un 1 % y la previsión de crecimiento del PIB en Canarias para el 2016 es del 2,9 %. Como comprenderán, aunque sea a ocho años, no nos estamos acercando progresivamente como dice la ley, sino lo que estamos haciendo es alejándonos de ese objetivo mínimo del 5 %.

Decíamos ayer, cuando hablábamos de ITE, que vamos a hacer un gran plan para Canarias de desarrollo. No hay un elemento más sustancial de desarrollo en ningún pueblo que no sea el de la educación. Tenemos el plan, tenemos la ley, tenemos el nivel de financiación que nos dice cómo alcanzar todo eso que usted ha dicho y, sin embargo, no nos acercamos hacia ahí, sino todo lo contrario, nos alejamos.

Para terminar, simplemente -y eso sí le pediría-, en Canarias, por favor, señora consejera, ni tauromaquia ni labores domésticas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campos.

Señora Del Río, por Podemos.

La señora DEL RÍO SÁNCHEZ: Señorías.

La Ley Canaria de Educación no deja de presentarse como una suma de buenas intenciones, limitándose a establecer recomendaciones y principios, redactados algunos con calculada ambigüedad, sin llegar a concretar ni compromisos ni planes de ejecución.

De una vez por todas, Canarias debe asumir el reto de hacer de la educación pública el eje central del necesario cambio de nuestra sociedad. Si queremos alcanzar como valores definitorios la libertad, la equidad y la cohesión social, debemos poner el acento en la educación inclusiva, coeducativa, intercultural y plural que nuestra sociedad demanda.

No obstante, una vez aprobada, el Gobierno tiene la obligación de poner en marcha medidas para cumplir esos objetivos que la ley propugna. Repasemos los más importantes con respecto a los principios rectores, características y objetivos.

Principios rectores. Se pide un sistema educativo de calidad que garantice la equidad y la excelencia, con las siguientes características: que sea inclusivo, orientado a garantizar a cada persona la atención adecuada para alcanzar el máximo nivel de sus capacidades y competencias; y equitativo, para evitar que las desigualdades socioeconómicas impidan el éxito escolar. Con la finalidad de hacer efectivo el derecho a una educación de calidad.

Y, entre sus objetivos, garantizar el desarrollo integral de todas las personas, universalizar la educación preobligatoria y posobligatoria.

Pues, señora consejera, no ha empezado usted el curso con buena letra. No parece que estos principios y objetivos se puedan lograr con horarios ponderados de veinte horas lectivas en aulas masificadas, con profesorado de apoyo insuficiente e incluso inexistente, como en la Formación Profesional Básica, con importantes listas de espera para especialidades de Formación Profesional, con la imposibilidad de acceso a los servicios complementarios de transporte y comedores escolares para una parte del alumnado más vulnerable.

Repasemos algunos de los objetivos con plazos. La educación de 0 a 3 años. Usted ya lo ha dicho: ley y plan para atender a las necesidades de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil. Teníamos el plazo de un año pero está sin resolver.

Reducir la tasa de abandono y absentismo escolar. ¿Qué hay del plan de reducción del absentismo escolar, comprometido en la ley a elaborarse en un plazo no superior a un año?

Igualdad de género. ¿Cómo va el plan de igualdad de género, con medidas específicas para igualdad, prevención de violencia de género y discriminación positiva, que debe presentarse en el Parlamento en el plazo máximo de dos años? Recordemos que ya ha pasado casi uno.

Esta ley, pero sobre todo su desarrollo, con garantía de aplicación, ficha financiera, podría servir para minimizar los efectos nocivos de la Lomce. Tiene usted y el Gobierno al que pertenece la oportunidad de hacer real lo prometido, pero para ello es necesario aumentar progresivamente durante esta legislatura la inversión pública educativa hasta... nosotros reivindicamos el 7 % del producto interior bruto. Lo contrario sería tener de nuevo una ley como tantas, que se queda en papel mojado. La ciudadanía ya no quiere más brindis al sol. Hagamos de las leyes en general y de la...

La señora PRESIDENTA: Señora Del Río, ha consumido su tiempo.

En nombre del Grupo Popular, señora Montelongo.

La señora MONTELONGO GONZÁLEZ (Desde su escaño): Gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera, ciudadanos de Canarias.

Hoy estamos aquí porque Coalición Canaria ha traído una comparecencia para conocer el desarrollo de la Ley Canaria de Educación no Universitaria. Sorprende.

Señora consejera, decirle que hasta aquí usted nada tiene que ver. Me ha gustado el compromiso de futuro en el que nosotros vamos a trabajar conjuntamente para que esto sea una realidad. Y sobre todo me ha gustado el que usted haya reconocido que Canarias es competente para hacer leyes de educación, pero también para dotar a la educación con ficha financiera presupuestaria y también para hacer las infraestructuras. Lo digo por los discursos de los que tiran balones fuera.

Ahora bien, yo me quiero dirigir hoy a los grupos de esta Cámara, fundamentalmente a los grupos que han apoyado esta ley: a Coalición Canaria, al Partido Socialista y también a Nueva Canarias. ¿Quieren conocer el desarrollo de la ley? Miren, es que esto se termina muy rápido: ¡no se ha hecho nada! Había un compromiso y decían ustedes que esto era muy importante para el éxito educativo. Ha pasado un año, donde se exigía que debía existir un plan de educación infantil, al año de aprobación de la ley, nada, no hay nada. Dijeron ustedes, en la disposición vigésima primera, que había que hacer, en un plazo no superior a un año, un plan para la conectividad entre los centros educativos, la banda ancha, la plataforma digital única. ¡Nada!, no se ha hecho nada. Dijeron ustedes también que en un plazo no superior a un año, y ya la ley ha pasado de ese año, un plan del absentismo escolar. Islas como Fuerteventura tienen el récord de tener el mayor índice de absentismo escolar. No se hecho nada. Dijeron ustedes también que había que hacer un Mapa escolar de Canarias al año de introducción de la ley, y los veo tan contentos, señor Campos, porque tienen papel.

Yo también quiero que esto no se quede en papel mojado. Yo también quiero que la educación en Canarias deje de ser el pimpampum, señora consejera, y por eso le ofrecemos el que esto sea una realidad. Tenemos que dignificar al profesor, tenemos que convertirlo en un cuerpo de élite, sobre todo a ese profesor que está con los niños, al maestro, al que está cuidando de nuestros niños, que mañana serán los hombres que estarán defendiendo a Canarias. Eso es lo que pretendemos nosotros hoy aquí. No queremos soflamas, "¡qué bien, tenemos una ley!", y un montón de datos y un montón de planes a un año, pero no hemos hecho nada, ¡Canarias no ha hecho nada! Y ustedes -los grupos que apoyaban al Gobierno- tampoco lo exigieron.

Vamos a hacer una reflexión: ¿para qué sirve este Parlamento, para qué sirven las leyes que aprobamos aquí? ¿Para apoyar a un Gobierno y que luego tenga un balance de resultados, como fue el anterior Gobierno, que hizo una ley simplemente para hacer un balance, "tenemos una ley", pero sin hacer nada? Me gustaría que hiciéramos la reflexión de para qué sirve este Parlamento. Y este Parlamento no sirve para aplaudir a un Gobierno, este Parlamento es el que tiene que velar y exigir para que se cumplan las leyes que aquí se aprueban, y solo de esta manera los ciudadanos volverán a creer en la política.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Montelongo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña Ana): Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.

Señorías, si hacemos un poco de memoria, en el mes de julio del año pasado el Parlamento de Canarias aprobó la Ley Canaria de Educación no Universitaria, sin el apoyo del Partido Popular, configurándose el nuevo sistema educativo de las islas a raíz de una iniciativa popular, apoyada por más de 35 000 firmas, que entraron en la Cámara en el 2010, por lo que su aprobación obtuvo un amplio consenso social y político, como demuestra el dictamen de la comisión de estudio del Parlamento de Canarias y el documento de acuerdo del Consejo Escolar de Canarias para un pacto por la educación. Ya muchos diputados aquí lo han nombrado en la mañana de hoy.

La ley entró en vigor el 1 de septiembre de 2014, cuyo objetivo es facilitar al sistema educativo que pueda contribuir activamente a desarrollar un modelo social y económico inteligente y sostenible, orientado hacia una mayor cohesión social en las islas. Por lo tanto, señorías, Canarias se ha dotado de una ley de educación no universitaria propia, que facilitará la adaptación a las singularidades de nuestra tierra y de sus habitantes del sistema educativo nacional.

Como ya dije antes, la Ley Canaria de Educación no Universitaria inició su desarrollo en la pasada legislatura, siguiendo un calendario previsto en el decreto de implantación. En este sentido, señora consejera, el Grupo Parlamentario Socialista quiere saber en qué grado de cumplimiento, de aplicación o elaboración se encuentran los grandes planes estratégicos que contempla la ley. Me refiero al Mapa escolar de Canarias, en el que se definirán las áreas educativas, así como las zonas y distritos escolares; el plan de atención a la diversidad, con el fin de proporcionar respuestas diferenciadas y ajustadas a las características de cada alumno y alumna y a sus necesidades educativas; el plan de aprendizaje de idiomas, defendiendo un modelo de aprendizaje de las lenguas; y, por último, el plan de modernización tecnológica, el cual dotará a los centros educativos con el equipamiento necesario, así como con la conexión a internet.

Señora consejera, señorías, para finalizar, el conjunto de estos cuatro planes estratégicos sobre el sistema educativo en Canarias nos dotará de un impulso necesario para lograr la convergencia con el resto de territorios nacionales y con los mejores sistemas educativos europeos, por lo que es necesario impulsar la aplicación de esta ley para que, en la medida de lo posible, se desarrolle en su totalidad.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González.

Por el grupo proponente, señora García.

La señora GARCÍA MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.

Muchas gracias, señora consejera, por sus aportaciones, que contribuyen a aclarar muchas dudas.

Antes de seguir, sí me quería parar y aclarar. Hemos hecho lo que hemos podido con los presupuestos que nos dan. Si nos recorriéramos los colegios, veríamos que el Plan de Infraestructuras Educativas -el PIE-, que el Estado mandaba desde el 2012, ya no está llegando a Canarias. No podemos hacer colegios. El Plan Educa3, que era para también ayudar a la colaboración de los colegios de infantil, tampoco está llegando a Canarias, por si alguna diputada se olvida. Tiene mucha experiencia, pero se está olvidando de todo eso. ¡Mira tú cómo una novata tiene que recordarlo!

Las pizarras digitales en los centros. Sí hay, señora consejera, sí hay pizarras digitales y hay ordenadores en los centros, y los profesores nos estamos formando -nos estábamos formando, porque yo formaba parte de eso- en todo este tema de la informática, precisamente para ese alumnado, que no cuidamos, educamos y enseñamos, que son cosas diferentes. Los estamos también incorporando a esas nuevas tecnologías. Entonces a veces tendríamos que visitar un poco más los centros y saber la realidad. Precisamente en Fuerteventura tiene usted el Cristóbal García Blairzy, puede ir perfectamente.

Sigo. Miren, en los ámbitos políticos estamos relativamente acostumbrados a proponer, a debatir, elaborar, aprobar y aplicar reformas legislativas, reglamentos, nuevas leyes, etcétera, todas ellas, estoy segura, elaboradas con la mejor de las intenciones, aunque algunas con evidentes problemas de contenido y eficacia. Y sí, me estoy refiriendo otra vez, señor Campos, a la Lomce. Nos guste o no la tenemos que nombrar, porque con graves carencias ideológicas y finalista.

Hablar de los problemas con la dotación presupuestaria que ya he dicho para estas medidas en plena crisis como la que sufrimos y hemos sufrido estos años creo que es hasta una obviedad. Todos coincidimos en que la situación ha sido muy complicada en esta materia y si nos castigan de la manera que había dicho antes, más todavía. Pero permítanme que intente explicarles qué significan todos estos cambios legales para los que tienen que trabajar a diario desde el otro lado del Boletín Oficial, es decir, para el profesorado, el alumnado también e incluso las familias. Les haré un breve recorrido.

La primera norma con la que la mayoría de nosotros convivimos como alumnado fue la Ley General de Educación, en 1970; en 1980, ya en democracia, y con el Gobierno de la UCD, la sustituyó la denominada Ley Orgánica del Estatuto de los Centros Escolares -la Loece-, aprobada el 19 de junio de 1980; cinco años más tarde, con el Gobierno del PSOE, la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, del 3 de junio de 1985, y van tres leyes educativas en quince años; en 1995, y de nuevo con el Gobierno del PSOE, llegó la Logse -la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo-, aprobada el 20 de noviembre del 95; la quinta ley llegó en el 2002, fue la Ley Orgánica de Calidad de la Educación -la Loce-, elaborada por el Gobierno del PP y aprobada el 23 de diciembre de 2002; cuatro años más tarde, y de nuevo con el Gobierno del PSOE, la Loe -Ley Orgánica de Educación-, del 3 de mayo de 2006; y a la séptima, llegó la ley que hasta el momento ha generado más rechazado en todas estas cuatro décadas, la Lomce -la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa-, elaborada y aprobada en solitario por el PP en diciembre de 2013, pese a la firme oposición de la mayoría de entidades educativas y las comunidades autónomas, y que, por cierto, ya cuenta con el propósito firme de su derogación tras el 20 de diciembre por parte de muchos partidos políticos. Con lo que, por lo tanto, hablaremos también en su momento de una octava ley. Esto es lo que no podemos permitir y por eso tenemos que tener en cuenta esta Ley Canaria de Educación. Necesitamos estabilidad en la educación. Ya lo decía el otro día: con la educación no podemos jugar; la educación tiene que estar por encima de todos los gobiernos.

¿Se imaginan ustedes los cambios que han tenido que afrontar los docentes en este tiempo? ¿Saben las modificaciones que ha implicado, en cuanto a la definición de objetivos, en la planificación de actividades docentes, evaluación, promoción del alumnado y hasta en la impartición de contenidos? Ha habido múltiples cambios, hasta de terminología, que desde luego no son los peores pero nos da una idea de cómo ha variado y hasta qué punto en estos años.

Señorías, ¿entienden que esta sucesión de cambios genera una seria distorsión en la actividad escolar que al final acaban pagando el alumnado y sus familias? Difícilmente encontraremos otro país del ámbito europeo que en tan poco tiempo haya tenido siete leyes, que se han ido sucediendo, pretendiendo siempre marcar un territorio nuevo que las diferencie de lo anterior, con las consecuencias que todos sabemos que ello implica. Ahí reside buena parte del valor de la ley canaria, en la búsqueda de una estabilidad en el sistema educativo. Ese quizá sea uno de los grandes retos: aportar serenidad en el ámbito educativo local ante la tumultuosa vida de la legislación educativa estatal. Por supuesto que no es nada sencillo, pero coincidiremos todos en que sí que es necesario.

Me parece muy importante volver a señalar que la ley canaria nació de una comisión de trabajo que respondía a la iniciativa popular y que fue esa amplia y diversa comisión la que fijó las líneas estratégicas de desarrollo en las que Canarias debería profundizar dentro del marco estatal. Se coincidió entonces, casi unánimemente, en señalar cuatro líneas estratégicas. Primera, en relación al profesorado, por supuesto con la formación, la vocación, la motivación... Ahí está, en recuperar el prestigio social y el respaldo a su labor profesional, pero también el compromiso que el docente tiene que adquirir con la mejora del sistema educativo y con el progreso del alumnado. La segunda con respecto al alumnado, se vio la necesidad de favorecer su participación en el proceso educativo. Para ello hay que centrarse no solo en los contenidos, en los conocimientos, sino en la adquisición de recursos y destrezas para interpretar esos conocimientos. En el ámbito familiar, todos sabemos la necesidad que nos lleva, de la participación de la familia en el colegio, en los centros educativos. Sabemos que la comunicación con los maestros, con los docentes, es fundamental, porque eso hace que lleve al éxito educativo. Y, finalmente, con respecto a los centros educativos, es imprescindible profundizar en la autonomía de los centros en el ámbito curricular, en el ámbito organizativo y en el ámbito de gestión, sin olvidar, por supuesto, la mejora de las infraestructuras educativas.

Nos encontramos ahora con una amplia lectura de la corta vida de esta ley canaria, de la que podemos extraer varias conclusiones. Como me queda poco tiempo, remito a lo que decía la consejera. Somos conscientes de que es necesaria esta Ley Canaria de Educación. Lo que necesitamos es tiempo y lo que nos está pidiendo es tiempo... Dinero, sí, también, señor Campos (ante un comentario que efectúa el señor Campos Jiménez desde su escaño). Todo lleva su... en un plazo de siete, ocho años, como decía la consejera. Confío, confío plenamente en que se va a llevar a cabo eso. Entonces, en este marco, quizás el diseño de un nuevo calendario podría ser la solución.

Sea como fuera, señora consejera, lo cierto es que las herramientas de diálogo y el intercambio amplio de puntos de vista deben seguir marcando la forma de proceder en lo que a la aplicación de la Ley Canaria de Educación no Universitaria se refiere. Sé que ese es también su punto de vista, señora consejera, y hasta ahora lo ha demostrado de forma reiterada en otras cuestiones. Cuente para ello con toda la ayuda que desde el Grupo Nacionalista Canario podamos aportar.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García.

Para cerrar, la consejera.

La señora CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Monzón Cabrera): Gracias, señora presidenta. Señorías.

Algunos de ustedes creo que han atacado, con mayor o menor dureza, el trabajo que se realiza por muchos profesionales que están volcados en la mejora del sistema educativo de toda Canarias, porque al fin y al cabo quienes tienen que poner en marcha todos estos planes no son los diputados que están en esta Cámara, que aprobaron en el año 2014 esta ley o el calendario de la ley, porque la ley no tiene nada que cuestionar. De lo que estamos hablando aquí es de los plazos que se han marcado. Cuando se afirma que no se han cumplido los objetivos de la ley, estamos hablando de de ese trabajo.

Hay muchas más cuestiones que se han hecho y que sí quiero enumerar, porque los diez minutos de la primera intervención no llegan y hay muchas más cuestiones que se han hecho, que se están trabajando, que tienen que ver con los objetivos de la ley, pero que, como decíamos, no están sistematizados en los planes tal cual se planteaba en el texto de la ley.

En cuanto a la atención a la diversidad, por ejemplo, además de múltiples acciones, el decreto de atención a la diversidad está en desarrollo y ya ha pasado incluso el trámite del Consejo Escolar de Canarias.

El plan de formación del profesorado, que tenía un plazo de tres años, ya existe en la práctica, lo que pasa es que no recibe ese nombre; le faltan algunos aspectos de planificación, pero ya existe una planificación anual.

Con respecto al de profesionalización y reconocimiento social del profesorado, la Dirección General de Personal ya tiene una programación hecha para esta revalorización en su función. Es una de las acciones que debían haberse aprobado en un año, por lo que dependen de la decisión que adopte el Parlamento y el Gobierno con respecto al calendario.

Con respecto a la conexión tecnológica de los centros, se trabaja en la firma de un convenio con el ente público Red.es, que permitirá contar con un mayor presupuesto para instalar la banda ancha. Es un factor clave para poder planificar una acción que también tenía un plazo de un año.

Este curso se recupera una persona en exclusiva que trabajará como coordinadora de igualdad desde la consejería. Se había perdido esa figura y la recuperamos, en un curso en el que, además, contamos con un número significativo de docentes en los centros acreditados para la igualdad.

Con respecto al Mapa de escuelas infantiles, estos últimos años han sido de reconversión de la oferta privada, que con el apoyo y la supervisión de la consejería se ha completado en un 90 %. Además, se está ultimando la reconversión de aquellos centros que, habiéndola solicitado en plazo, no la han terminado aún y que pueden quedarse en el camino o solicitar su inscripción como escuela infantil de nueva creación. Una información necesaria para diseñar un plan acertado.

En cuanto a la revitalización de las residencias escolares, el decreto que las regulará ya está siendo sometido a consulta de las distintas áreas de la consejería para elevarlo al Gobierno y que esta pueda solicitar el informe del Consejo Consultivo, por lo que podremos tenerlas plenamente reguladas muy pronto. Además, al Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la Orden de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación en los centros educativos de enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, se unirá en breve la orden de prevención del absentismo escolar, que se está ultimando junto con el área de bienestar social del propio Gobierno, al tratarse de una materia que excede del ámbito puro de la educación.

En cuanto a la infraestructura educativa, ya tenemos en la consejería una planificación inicial que nos permitirá tener en esta legislatura una revisión completa de los inmuebles del sistema educativo canario y el que tendremos que empezar a priorizar.

Por último, en cuanto a la regulación de la educación artística, se está trabajando en la redacción del diagnóstico e informe posterior, que esperamos poder presentar a esta Cámara en el primer cuatrimestre del 2016.

En cuanto al absentismo y abandono escolar -que además hoy tenemos una noticia positiva: hemos bajado, seguimos en la tendencia de descenso, hoy estamos en el 22,7-, de forma global se ha registrado un descenso del absentismo escolar en las enseñanzas obligatorias y en las de infantil, según los parámetros que emplea la OCDE para medirlas. También han mejorado los índices de idoneidad en todas las enseñanzas: el porcentaje de repetición desciende ligeramente, aumenta el nivel de titulados y tituladas y, según la EPA, que recoge el dato, Canarias ha disminuido notablemente en los últimos años el abandono escolar temprano, lo que nos acerca a la media del Estado, siendo de las comunidades autónomas que más rápidamente mejoran en esta tasa.

Como apreciarán, señorías, por el grado de avance en muchas de las líneas de actuación fijadas, la petición de que se revise el calendario de aplicación de la norma no responde a una incapacidad por implantar todas sus disposiciones, sino a la paradoja real de que hemos de desarrollar un decreto para regular unos tiempos de actuación que en algunos casos ya están caducados. Es, además, una oportunidad para que los grupos políticos que compondrán la Cámara durante los cuatro próximos años puedan tomar parte en el desarrollo de una norma que sí es fruto del consenso, como tanto hemos demandado en otras muchas leyes. Podrá dar una estabilidad mucho mayor a todo el sistema educativo canario, un factor fundamental para su éxito.

Agradezco a todos los grupos parlamentarios, que creo que en general reconocen que es necesario modificar el calendario. Al Partido Popular quiero decirle que tiene que mantenerse en su posición crítica, evidentemente, porque no apoyó esta ley en el año que se aprobó, en el 2014, pero creo entender que puede haber una diferencia en esta legislatura, por lo menos por las intervenciones que oigo a la portavoz de educación, y que podemos llegar al consenso. Les anuncio que el pacto por la educación que se promueve desde el Consejo Escolar de Canarias, y que fundamenta esta ley, va a seguir su curso, seguirá por las instituciones de Canarias, y espero encontrar al Partido Popular en ese pacto por la educación y en ese avance del pacto por la educación, porque también espero que con la educación no hagamos política y nos dediquemos a gestionar, que es lo que tenemos que hacer.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora consejera.

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  • 9L/C-0135 Sobre -Consejera de Educación y Universidades-, sobre desarrollo de la Ley Canaria de Educación no Universitaria.


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