Diario de Sesiones 164/2015, de fecha 26/3/2015 - Punto 3

8L/PPL-0021 INFORME DE PONENCIA. DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA LA PROPOSICIÓN DE LEY DE CABILDOS INSULARES.

El señor PRESIDENTE: Siguiente asunto: informe de la ponencia para la proposición de Ley de Cabildos Insulares.

El formato del debate es el mismo. Grupos que tienen enmiendas, que es solamente el Grupo Parlamentario Popular.

¿Quién interviene? Don Miguel Jorge Blanco.

El señor JORGE BLANCO: Gracias, señor presidente. Señorías, señores diputados y diputadas.

Este es el último trámite para la aprobación de la ley de cabildos insulares, una vez producida su toma en consideración y una vez producido también el debate de la ponencia parlamentaria surgido al amparo de ella, y en nombre de mi grupo quisiera hacer una serie de reflexiones y de consideraciones.

En primer lugar, el Partido Popular considera estas dos leyes, la que hemos aprobado en estos momentos y la ley de cabildos, como parte esencial de la arquitectura legal de nuestra comunidad autónoma. Las normas que regulan el funcionamiento, la organización de los ayuntamientos canarios y de los cabildos insulares, que son las instituciones más queridas y respetadas por los canarios, deben ser normas que nazcan con el acuerdo político más amplio posible, porque, en definitiva, son como las reglas del juego que de antemano se producen antes de que el juego comience y que nos damos todos los contendientes.

Cabildos y ayuntamientos, islas y municipios merecen toda nuestra consideración como tales. A pesar de ser el grupo principal de la oposición y no compartir ni el procedimiento inicial de tramitación ni siquiera el tiempo escaso que hemos tenido para analizar y valorar la propuesta ni las premuras que el Gobierno ha querido tener a última hora en el impulso y en la aprobación de estas dos normas, a pesar de todo ello, insisto, nos hemos puesto a disposición de los grupos parlamentarios que conforman la mayoría en esta Cámara para encontrar los puntos de acuerdo necesarios para votar favorablemente esta proposición de ley.

¿Cuáles eran esos puntos claves que, a nuestro juicio, tenían que incorporarse al proyecto de ley? En primer lugar, el respeto absoluto a la legislación básica del Estado, que para nosotros era clave.

En segundo lugar, consideración explícita en el texto de la suficiencia financiera para poder ejercer las competencias y funciones que, determinadas por ley, les corresponderían a los cabildos insulares o a los municipios, refiriéndome a la ley de municipios.

En tercer lugar, la inexistencia de duplicidades administrativas en el ejercicio de las competencias, de tal forma que dos administraciones no presten el mismo servicio público a los ciudadanos.

En cuarto lugar, la austeridad y la eficiencia en la utilización de los recursos públicos como un ejemplo de una Administración pública ágil, sencilla y eficaz que demandan estos tiempos de escasez de recursos económicos.

Los cabildos insulares son, a juicio del Partido Popular, piezas esenciales en Canarias. El Partido Popular cree en los cabildos insulares, si me apuran, más que en el propio Gobierno de Canarias y está de acuerdo, pero de verdad, en que aquellas funciones eminentemente insulares, aquellas que por ejemplo afectan al territorio y al medio ambiente, que afectan a la atención a las personas que tengan o no tengan dificultades, al desarrollo de nuestros equipamientos e infraestructuras o, por ejemplo, a la promoción y al desarrollo turístico, por citar algunas, sean ejercidas en plenitud por parte de los cabildos insulares, y para ello trabajamos en la ponencia y así lo haremos en el futuro si los canarios nos dieran su confianza en las próximas elecciones. No queremos cabildos solo con capacidad de decisión administrativa, queremos cabildos con influencia y decisión política para poder articular una Canarias diversa y múltiple en la unidad territorial del archipiélago.

Y así han sido nuestras aportaciones que básicamente han sido recogidas en el texto.

En el trámite de enmiendas, señorías, se han resuelto algunas cuestiones que puso de manifiesto mi grupo parlamentario en atención a las consideraciones también del Consejo Consultivo, como por ejemplo la regulación del régimen electoral, que era claramente inconstitucional y, como tal, todos los grupos parlamentarios nos pusimos de acuerdo para suprimirla.

Hemos acordado una disposición transaccional para que se valoren, no por el Gobierno, sino por el Gobierno y los cabildos conjuntamente, las duplicidades administrativas existentes en Canarias y tratar de evitarlas en el futuro a través de una comunicación al Parlamento y propuestas de resolución correspondientes.

Hemos introducido en ponencia la capacidad de los cabildos para poder gestionar la dependencia, como una de las competencias transferidas a las corporaciones insulares, a nuestro juicio, por su capacidad y su cercanía a la realidad de cada una de ellas y de sus ciudadanos. De esta manera, integramos en una sola administración las políticas de atención a las personas, que no deben estar atomizadas en varias administraciones públicas de Canarias.

Existen algunas enmiendas vivas que se mantienen para el pleno, señor presidente; enmiendas que, a nuestro juicio, venían a reforzar el papel de los cabildos insulares; enmiendas que consideraban a los cabildos como titulares de competencias transferidas desde la comunidad autónoma hacia las islas, en sintonía con la que hoy es vigente, Ley 14/90, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, que así lo establece. Las enmiendas, señorías, que hemos discutido con profundidad y que han derivado definitivamente en precisiones terminológicas que hacen que, a nuestro juicio, puedan ser obviadas en aras del consenso que hemos propugnado desde el principio. Por tanto, señor presidente, comunico a la Cámara que esas enmiendas las retiro, mi grupo parlamentario las retira, y se suma al voto favorable del proyecto de ley.

Quiero, finalmente, pues, agradecer a todos los ponentes el trabajo, el esfuerzo y la dedicación, el hecho de intentar buscar el acuerdo necesario, y también por supuesto al señor consejero, al señor Hernández Spínola, su esfuerzo también para intentar llegar al acuerdo que finalmente se ha producido.

Gracias, señor presidente.

¿Le tengo que decir las enmiendas que quedan retiradas?

Pues, quedan retiradas la enmienda 30, 31, 33, 36, 39 y 51.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, don Miguel Jorge.

Bueno, pues por los grupos fijación de posiciones. Grupo Parlamentario Mixto. (Pausa.)

¿Tiene enmiendas? No me lo pusieron aquí correctamente. Pero entonces tiene que intervenir en fijación de posiciones. (Los señores Cruz Hernández y Jorge Blanco consultan con la Presidencia). Antes, Julio, antes. (Pausa.)

El señor CRUZ HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Señorías.

Intervenimos para fijar posición en relación con una enmienda, que es la enmienda 27, del Grupo Parlamentario Popular, que ayer tuvimos conversaciones, pero conversaciones informales, y se transó, y es sobre la naturaleza de los cabildos insulares, que son instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, y le introduciríamos el concepto "así como órganos de gobierno, administración y representación de cada una de las siete islas en que se articula territorialmente la Comunidad Autónoma de Canarias". Con lo que dábamos por transada la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario Popular, que el señor don Miguel Jorge, pues, creo que dio por defendida, pero que se mantiene viva a este pleno y por eso interviene el Grupo Socialista en este momento y no en la fijación de posiciones. Ayer lo habíamos comentado, todos estábamos de acuerdo, y, por lo tanto, estimamos que esta es la enmienda a corregir en el día de hoy.

Creo que el señor don Miguel Jorge ha hecho una valoración clara del respeto a la legislación básica del Estado. Ese principio se cumple plenamente en esta norma. La consideración explícita de la suficiencia financiera en las competencias también se contempla, la inexistencia de la duplicidad administrativa, se establecen los mecanismos para corregir esas posibles duplicidades que se pudieran plantear, y es evidente que esta es una ley donde la austeridad, la eficiencia en los recursos, es uno de los principios básicos a la hora de regular toda la estructura político-administrativa de las administraciones locales insulares y ayuntamientos, porque está muy relacionada con la ley de ayuntamientos que hemos planteado.

Por lo tanto, hoy, señorías, culminamos la tramitación de una iniciativa legislativa que ha estado presidida por el consenso desde el principio hasta el final. Y quiero recordar que el texto que asumimos como propio los Grupos Socialista y Nacionalista, a la hora de formular esta proposición de ley, surgió de la propuesta consensuada en su día entre el Gobierno de Canarias y los propios cabildos insulares. Un consenso que no puedo dejar pasar por alto, sobre todo si tenemos en cuenta las importantes discrepancias que desde la promulgación de la Ley 8/1986, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, y su posterior modificación en 1990, habían surgido en el debate político canario como consecuencia del ejercicio de las competencias autonómicas e insulares. Siempre ha habido un planteamiento de falta de suficiencia, de clarificación, etcétera, en cuanto a las competencias transferidas, incluso en las delegadas.

Señorías, la articulación política de Canarias, junto con la de las islas Baleares, no obedece a construcciones artificiales con mayor o menor fundamento histórico, como las provincias; responde a un concepto físico, la isla. Esta íntegramente condicionada por la realidad geográfica y, por lo tanto, la articulación administrativa de esa realidad y su conjugación con la necesidad de poner en común recursos materiales y humanos para acometer necesidades regionales es un éxito de nuestra reciente historia democrática. No solo historia democrática sino que además los cabildos insulares han cumplido ya una centuria.

Y esta ley que aprobaremos hoy aquí es heredera de ese éxito colectivo de la sociedad canaria y de todos sus responsables. Recordemos que el vigente Estatuto de Autonomía, lejos de configurar hasta el último punto nuestra organización territorial insular, mandata a esta Cámara para configurar esta organización política en función de las necesidades de cada etapa. Las leyes de 1986 y 1990 iniciaron ese camino y nos han permitido avanzar en la configuración político-administrativa y competencial durante quince años, pero desde el minuto uno fue considerado como un paso, un escalón en ese avance, hasta que se pudiera configurar una ley específica sobre los cabildos insulares, teniendo en cuenta todo el contexto económico y sobre todo el contexto, desde el punto de vista competencial, con los ayuntamientos. Y ahí es donde estamos en el día de hoy, porque desde el principio de esta legislatura el Grupo Socialista y el Grupo Nacionalista tuvimos claro que este era uno de los trabajos que había que acometer en esta legislatura. Y así lo hicimos en el acuerdo programático de gobierno: en el pacto se establece claramente que íbamos a regular los cabildos insulares y los ayuntamientos.

Y, señorías, el acuerdo que en su día se alcanzó entre el Gobierno y la Fecai ha tenido también reflejo en la tramitación parlamentaria. Tres de los cuatro grupos de esta Cámara, a excepción del Mixto, que sí participó activamente en la ponencia, y quiero agradecérselo porque, pese a las reticencias iniciales, se ha añadido y ha aportado sus posicionamientos y sus planteamientos políticos en la ponencia, y se ha puesto a disposición de aprobar esta ley, como no puede ser de otra manera, una ley por unanimidad de la Cámara, que creo que es muy importante en el día de hoy... Hemos logrado entre todos enriquecer este texto original con propuestas siempre en positivo, sobre las que también nos hemos podido poner de acuerdo en términos generales.

Quiero señalar que se han presentado 25 enmiendas por el Grupo Nacionalista y Socialista y 26 del Grupo Parlamentario Popular. Hoy hemos transado la última, se han retirado algunas por cuestiones terminológicas, como bien ha señalado, tras un debate. Y, por lo tanto, ha sido una ley donde en la tramitación han jugado un papel importante los cabildos, que los oímos en esta Cámara; también el Consejo Consultivo con su dictamen ha sido muy clarificador, dictamen que ha inspirado prácticamente la totalidad de las enmiendas, y a la luz de lo cual el texto que hoy aprobamos, señorías, carece de cualquier duda de inconstitucionalidad desde nuestro punto de vista. Esto es un tema esencial, porque se planteaba en los debates previos que había muchos artículos inconstitucionales y salió en la prensa incluso prácticamente que había mucha parte de la ley inconstitucional. Nada más lejos de la realidad, la ley es plenamente constitucional. Se han modificado algunas cuestiones por informe, dictamen del Consejo Consultivo, que los grupos hemos hecho nuestro, y, por lo tanto, hoy podemos decir que la ley es plenamente constitucional. Entre ello, pues, la supresión del régimen electoral general, hasta tanto en cuanto no exista una previsión estatutaria que le dé cobertura, pues, no debe estar contemplado en esta ley. Lo dijimos desde el inicio, que era uno de los aspectos fundamentales, que nosotros también teníamos dudas, pero que queríamos oír al Consejo Consultivo.

Señorías, si tenemos en cuenta las singularidades de los cabildos y el importante papel que las entidades insulares han jugado y que están llamadas a desplegar en el devenir, desarrollo y progreso de Canarias, podemos decir que el texto de la ley que hoy aprobaremos responde a la necesidad de dotar a estas instituciones de un marco normativo ajustado a sus necesidades, contemplando en un solo texto legal las especificidades que les son propias y que las distinguen y separan de otras instituciones como las diputaciones provinciales, que ya aparecen suficientemente desarrolladas en la legislación estatal básica, en este sentido para la conformación del régimen jurídico de los cabildos insulares en su doble condición de órganos de gobierno, administración y representación insular y de instituciones de la comunidad autónoma.

Esta ley recoge las bases y principios que han de regir el reparto de las competencias asumidas por la comunidad autónoma en los distintos sectores de la acción pública, así como el régimen aplicable a las mismas. Además amplia el ámbito funcional atribuido a los cabildos insulares. Tengan en cuenta, señorías, que esta ley regula, delimita claramente las competencias de los cabildos insulares como órganos internos de organización, administración y representación de cada isla, por lo tanto, con la asistencia a los municipios como cuestión de la legislación básica esencial, que permanece como institución de la comunidad autónoma la iniciativa legislativa, la regulación de las transferencias y las delegaciones, la gestión de los servicios públicos esenciales de la comunidad autónoma y los servicios ordinarios de la comunidad autónoma con los cabildos, la organización de los cabildos insulares como órgano de gobierno, como organización administrativa, toda la parte de organización descentralizada, el régimen jurídico de los órganos insulares, el régimen jurídico de los grupos políticos, así como todo un título sobre el funcionamiento, la información y la transparencia. Este es un aspecto muy importante por cuanto habrá un antes y un después en la gestión diaria de los cabildos insulares en relación con los ciudadanos. Mucho más clara, la información, todo se transparenta, absolutamente todo, y todos los ciudadanos tendrán derecho a esa información.

Y, por último, las relaciones con la Administración autonómica, basadas en esos principios que siempre hemos defendido, y que todos los grupos estamos de acuerdo, los principios de colaboración, de cooperación, de coordinación, y un mecanismo de resolución de los conflictos entre la comunidad autónoma, la Administración de la comunidad autónoma, y los cabildos insulares. Y como guinda a esa situación, la regulación y establecimiento en la ley de la Conferencia de Presidentes, que permitirá una acción política coordinada de estas importantes instituciones de la comunidad autónoma y de Canarias, como son los cabildos insulares y el Gobierno de Canarias.

Señorías, en definitiva, una ley buena para los cabildos, es una ley buena para la ciudadanía canaria, una buena ley para Canarias y estoy convencido de que en esta próxima legislatura empezaremos a ver los frutos de esas dos importantes leyes que hoy hemos aprobado, en este día, en Canarias, en este Parlamento.

Y no quiero dejar la tribuna, señorías, sin volver a referirme al espíritu de consenso que la ha presidido desde el principio al fin; agradecer a los grupos parlamentarios ese espíritu de colaboración, ese espíritu de aportar y, por lo tanto, de llegar a un acuerdo consensuado y que sea esta una ley, no del Gobierno, no de los Grupos Socialista y Nacionalista, sino una ley de todos los grupos políticos representados en este Parlamento, una ley de los cabildos insulares porque han participado directamente, una ley del Gobierno porque ha participado de ese consenso. Quiero agradecer al consejero Hernández Spínola el trabajo desarrollado por su consejería para que esto sea posible en el día de hoy y, en definitiva, a todas sus señorías. Creo que se ha hecho un gran trabajo entre todas las instituciones con ese principio de colaboración y cooperación y hoy es una gran ley que estará al servicio de los ciudadanos, que es a los que nos debemos en este Parlamento.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Julio Cruz.

Don Pedro Justo, Grupo Parlamentario Mixto, fijación de posiciones.

El señor JUSTO BRITO: Gracias, señor presidente. Señorías.

El Grupo Mixto, en esta ley, pues, es de los pocos que hemos tenido posiciones claramente enfrentadas. Nosotros dijimos al principio que diferenciábamos claramente los aspectos políticos y los aspectos administrativos de la ley; que en los aspectos administrativos no teníamos grandes problemas, pero que en los aspectos políticos sí los teníamos. La cosa ha evolucionado de manera que, después del Consejo Consultivo, el consejo determinó que una serie de artículos -el 1.1 a), el 5, el 6 y el 60.2, cuatro de ellos referidos a la cuestión electoral y uno de ellos referido a cómo se elige la presidencia del cabildo, vamos, quién es la persona que va de presidente del cabildo-, dijo que eran inconstitucionales y se han retirado. Yo le reconozco aquí al señor Spínola que él se comprometió en la Cámara y también en la Comisión General de Cabildos a que, si había algún tipo de problema, se quitaban y punto, y aunque yo sé que él tenía la posición, porque vino muy fundada cuando vino la proposición por parte del Gobierno, que su criterio era otro, no se metió en berenjenales sino que directamente cumplió lo que había acordado, lo cual es muy de agradecer.

Luego había otro paquetillo de artículos que tienen, digamos, unos elementos de inconstitucionalidad, que un grupito de ellos viene vinculado al tema que se hablaba de funciones, competencias y facultades, que se quitó sin ningún tipo de problemas ya, y el otro referido al tema de las competencias. Plantea el Consejo Consultivo que la legislación local plantea competencias propias y competencias delegadas y que el Estatuto de Autonomía plantea competencias propias, delegadas y transferidas. El Consejo Consultivo hace una especie de estudio creativo en el sentido de ver cómo se puede solucionar el problema y entonces viene a decir que, estudiando la cuestión, se puede venir a determinar que las competencias transferidas son una especie de submodelo derivado de las competencias delegadas. En cualquier caso, a nosotros nos parece que no es un elemento esencial. Aunque no se han modificado los artículos, creemos que, tal como está el articulado, queda bastante defendido el tema de la cuestión local y que, en ese sentido, no nos parece un tema grave, o sea, un tema trascendente, tal como ha quedado el articulado del tema.

Tanto el Gobierno o los grupos de gobierno como el Consejo Consultivo han utilizado la sentencia del Tribunal Constitucional, la 132/2012, como fundamento, cada uno por el lado que le gusta más de la sentencia. En el caso del Consejo Consultivo, planteó... Les leo la sentencia: "En esta misma línea hemos señalado que la autonomía local consagrada en el artículo 137 de la Constitución, con el complemento de los artículos 140 y 141, se traduce en una garantía institucional de los elementos esenciales o del núcleo primario del autogobierno de los entes locales territoriales, núcleo que debe ser necesariamente respetado por el legislador -estatal o autonómico, general o sectorial-, para que dichas administraciones sean reconocibles en tanto que entes dotados de autogobierno"; o, lo que es lo mismo, recalca que, teniendo en cuenta el carácter local de las instituciones, tiene esa cobertura de la legislación básica estatal que no puede ser superada por la legislación autonómica. Por otro lado, el Gobierno y los grupos de gobierno -y les voy a leer un texto que les va a gustar- plantean, también en la misma sentencia, que, "si bien la consideración constitucional de la isla en los archipiélagos canario y balear como ente local, con administración propia en forma de cabildos o consejos, resulta indisponible para el legislador estatutario, la Constitución no se opone en modo alguno a que los consejos insulares -o en el caso canario, los cabildos- se configuren como instituciones autonómicas en el Estatuto de Autonomía, norma institucional básica de la comunidad autónoma, siempre y cuando esa configuración no suponga un detrimento", etcétera. Lo digo porque como siempre hemos estado discutiendo del carácter de la institución... Conste que yo no dejo cerrado el tema de que, después de esto, el Consejo Consultivo sigue con el tema de si es un rollo funcional o no, pero, a efectos de lo que estamos discutiendo, nos parece que el tema está resuelto, que no hay ningún problema. Con lo cual lo que venimos a decir es que la parte política está cerrada. Nos parece que no hay ningún tipo, digamos, de problema o de perjuicio directo o indirecto hacia los cabildos, con lo cual, digamos, la mayor del planteamiento que nosotros teníamos está resuelta.

Entonces, con respecto a la segunda parte, el señor Cruz lo decía, nosotros no presentamos enmiendas parciales, porque pensábamos que el problema estaba en la mayor más que en otra cosa, pero sí le queremos reconocer, primero, cuando estuvimos en la Comisión General de Cabildos, allí los cabildos manifestaron que estaban básicamente de acuerdo con la ley, excepto en dos cosas. Una, el tema de la legislación electoral y la otra, que es una cosa normal, con respecto a la financiación. Pero eso ya no tiene que ver con la ley, tiene que ver con el desarrollo posterior de la ley y es lo más común del mundo. Entonces yo creo que es una ley que se ha consensuado con quien tenía que consensuarse, que son los cabildos. Me consta que individualmente y me consta que como Fecai.

Luego, con respecto al tema de las competencias, que se desarrollan en cuanto al ámbito en el artículo 6 y en cuanto, digamos, al desarrollo procedimental en el 7, nosotros ahí teníamos ciertas dudas y a mí me creaba cierta tensión. Cuando se presentaron las enmiendas parciales, a mí me gustaban más las del Partido Popular, y esto me preocupaba bastante. Entonces, al final discutiendo con la consejería y con la ayuda de la consejería, que estuvimos ahí desarrollando, a pesar de que no habíamos preparado las enmiendas parciales, para clarificar las cosas, pues, claro, lo que parecía que era un engarce adicional en el sentido de la titularidad de las competencias y tal, no lo es tal. Entonces, digamos, en el desarrollo jurídico-normativo más moderno, pues, tal como está planteado está bien y cubre lo que nosotros queríamos, que es que hubiese una tranquilidad y una seguridad por parte de los cabildos en cuanto a las relaciones con el Gobierno autónomo, porque saben que el eje de todo es que nosotros queríamos que los cabildos tuvieran suficiente autonomía financiera como para ejercer de contrapoderes dentro de la estructura general de poder del archipiélago, simplemente.

También reconocerle que ha introducido al Parlamento en la gestión de algunas de estas instituciones y que es muy positivo. Es decir, que en algunas de ellas no se va de forma ejecutiva, donde el Gobierno automáticamente puede actuar sobre los cabildos, sino que se pone al Parlamento como institución intermedia para que se discuta, teniendo en cuenta que son decisiones políticas de calado. Parece muy razonable, pero en la legislación estatal no está así, es mucho más ejecutiva. Entonces también se lo digo.

Luego yo creo que hay elementos positivos: el tema, obviamente, de meter los elementos de transparencia, lo de homogeneizar las organizaciones y el tema de reconocerle a la Fecai el carácter un poco de representación natural de los cabildos.

En resumidas cuentas, que nosotros estamos contentos con cómo ha evolucionado la cuestión, que en la parte en que teníamos problemas ya creemos que no hay problemas, que en ese sentido, pues, bien la ley. Y, segundo, en la parte administrativa, que también había algunos pequeños problemas, sobre todo lo referido al tema de esta titularidad, pues, creo que también está resuelto. Con lo cual, pues, nosotros vamos a votar positivamente la ley, porque nos parece una buena ley, que hace falta y que, dentro de las cosas que habíamos dicho políticamente aquí en general todos los grupos, que es que es imprescindible hacer una distribución racional de las tareas entre las diversas instituciones, entre otras cosas para no solapar por un lado y por otro lado para favorecer que la institución más adecuada sea la que se encargue de ellas, pues, que esta ley sirve adecuadamente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, don Pedro Justo.

Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Barragán Cabrera.

El señor BARRAGÁN CABRERA: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, señora secretaria general técnica de la consejería, letrado y los cuatro ponentes que han participado en esta ley, que no soy yo en este caso el que ha participado en la ley de cabildos, a todos muchísimas gracias, porque, como decía antes en la ley de cabildos, a pesar de haber empezado con la comunicación del Gobierno y el posterior tratamiento de la proposición de ley con dificultades, hoy es un día importante porque también la ley de cabildos sale adelante con la unanimidad de este Parlamento.

Prometo no aburrirles diciéndoles y reiterándoles una vez más todo lo que ha dicho el resto de los portavoces sobre lo que está contemplado en la ley. Simplemente voy a resaltar que, frente a las regulaciones que hubo de las funciones o de las delegaciones de materias transferidas, delegadas o encomendadas en la ley de 1986 y del año 1990, que llamábamos vulgarmente como "ley de cabildos", si en esta comunidad -el desarrollo del artículo 23 del Estatuto- hoy hay una ley de cabildos, hoy la estamos aprobando, hoy sí que estamos aprobando una ley de cabildos.

Simplemente resaltar de la ley algunos aspectos que a mí me parecen interesantes.

En el título III, esa posibilidad de que los cabildos puedan autoorganizarse, si así lo quieren, en igualdad de condiciones. Es decir, que no haya cabildos que, por ser cabildos en las islas capitalinas o no, tengan una distinta forma de organizarse.

Y me parece también importante un tema que está recogido entre el título V y el título VI de la ley, referido a las relaciones de la Administración de la comunidad autónoma y los cabildos, como instituciones que van a ser de la comunidad autónoma, sin perjuicio de su papel como corporaciones locales.

Y, como yo creo mucho en el diálogo y en el consenso de las cosas, me parece que institucionalizar la Conferencia de Presidentes a través de la ley es también un alto valor a la hora de desarrollar la ley.

Creo, señorías, que vamos a tener una ley que va a posibilitar que los cabildos insulares presten mejor, por su proximidad a los ciudadanos en este aspecto, presten mejor lo que son sus competencias y las que en el futuro se les deleguen o se transfieran o se les encomienden por parte de la comunidad autónoma.

Y hasta aquí termina mi intervención, como le había prometido al portavoz del Partido Popular, mi intervención, pero quiero aprovechar, si me lo permite el presidente:

Presidente, miembros de la Mesa, miembros del Gobierno, personal del Parlamento, todo el personal del Parlamento, incluidos los que no solemos preocuparnos de ellos, como es el servicio de limpieza, la policía autonómica, todos, absolutamente todos, los medios de comunicación, los periodistas, las cámaras y los fotógrafos, todos los que en alguna ocasión he tenido que hablar con ellos, a la sociedad civil organizada que, con motivo del Parlamento, del trabajo parlamentario, hemos tenido que trabajar con ella, ustedes, a cada uno de los diputados y diputadas, en especial a los portavoces, a Román Rodríguez, que no está aquí ahora, a María Australia... -ah, sí, perdón, que estaban los dos juntos, perdón, Román-, a Manolo, muchísimas gracias por estos años de colaboración. Simplemente me voy, me toca irme y me gustaría dejarlos a todos como amigos.

Muchas gracias.

(Aplausos.)

(El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Hernández Spínola, solicita la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José Miguel Barragán Cabrera. Nos unimos a las felicitaciones y la gratitud de la Cámara por su trabajo y su trayectoria aquí. Ya tendremos tiempo, en todo caso, de hacer, espero que en el último pleno tengamos ocasión de referirnos a todas estas cuestiones.

El señor consejero me había pedido la palabra.

Yo lo que les ruego a sus señorías, las intervenciones de este tipo, institucionales, deben hacerse después de la votación. Entonces yo lo que les ruego es que después de la votación permanezcan en sus escaños, y vamos a escuchar las intervenciones del Gobierno, que, como siempre, si se reabre el debate, pues, se reabre el debate, pero supongo que será una intervención institucional, como suele ser costumbre.

Entonces vamos a proceder a las votaciones de la ponencia para la proposición de Ley de Cabildos.

(El señor presidente hace sonar el timbre de llamada a la votación. Pausa.)

Entonces entiendo que -corríjanme sus señorías, los señores portavoces- solo hay que votar la enmienda número 27, que es una transaccional sobre la del Grupo Popular. Pues comenzamos con esa votación, a la enmienda número 27 al artículo 2, enmienda del Grupo Parlamentario Popular con transaccional de los demás grupos. Comienza la votación. (Pausa.)

43 presentes; 43 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Queda aprobada por unanimidad.

Entonces a continuación ya lo que procede es la votación de todo el texto de la Ley de Cabildos Insulares y, por lo tanto, todo el texto articulado, con la enmienda incorporada al artículo 2, todas las disposiciones, el artículo, la exposición de motivos y el título de la ley. Comienza la votación. (Pausa.)

Resultado de la votación: 45 presentes; 45 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Queda aprobado por unanimidad.

Señorías, añadirles que hay, que estaba incorporada, creo que lo sabemos todos, los portavoces y los que han trabajado en la proposición de ley, pero hay que anunciarlo a la Cámara también, que hubo una corrección técnica en la exposición de motivos, lógicamente, para adaptarla a las enmiendas que se hacían después, pero eso es una corrección técnica que quedaba incorporada.

Pues merecería, efectivamente, un aplauso si a ustedes les parece bien. (Aplausos.)

Señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola): Buenas tardes, señorías. Señor presidente.

Esta VIII Legislatura será recordada por este hito, en el que hoy han participado todos ustedes. La Comunidad Autónoma de Canarias se dota hoy de una normativa que mejora sustancialmente la organización y funcionamiento de sus administraciones locales, de sus municipios y cabildos.

Me gustaría destacar algunos de esos aspectos organizativos y de funcionamiento que se mejoran con la aprobación de estas leyes.

Por un lado, se reducen incertidumbres jurídicas, se homogeneíza el estatus de los cabildos insulares, superando el distinto régimen jurídico de los mismos, se ajusta la capacidad para asumir competencias a la realidad organizativa, se acercan servicios a la ciudadanía, se prevé el marco necesario para evitar duplicidades o solapamientos competenciales, se mejoran los mecanismos de coordinación interinstitucional, aumenta la transparencia y se fomentan relaciones fluidas y multidireccionales entre las instituciones públicas locales y la ciudadanía. Y lo hemos hecho partiendo del consenso institucional, un gran acuerdo, que fue complejo de negociar, en el que pocos creían inicialmente, pero por el que muchos apostamos como única vía para el éxito futuro de esta regulación.

Nosotros tuvimos fe frente al escepticismo generalizado. Nadie logró hacernos dudar al respecto y nos concentramos en generar y mantener las condiciones necesarias para que fluyera el diálogo institucional entre cabildos, ayuntamientos y Gobierno autonómico para alcanzar un acuerdo.

Un acuerdo que elevamos a este Parlamento en forma de comunicación y que ha servido de base para el trabajo que en estos meses ha realizado esta asamblea legislativa y hoy ha alumbrado un nuevo marco normativo necesario y útil.

Quiero agradecer expresamente las aportaciones realizadas por todos los grupos parlamentarios a través de sus enmiendas parciales. En primer lugar, las presentadas por el Grupo Parlamentario Popular; también nuestro agradecimiento a la generosa capacidad de cesión demostrada por los Grupos Socialista y Nacionalista, promotores de la proposición de ley; y, por supuesto, al talante y actitud de consenso del Grupo Mixto, con lo que se ha allanado el camino y se ha permitido a Canarias concluir este proceso de reforma administrativa.

Desde el inicio de la legislatura dijimos que sería muy complejo, prolijo y no exento de dificultades, ya que requería de un alto grado de análisis, diálogo y compromiso político. Hemos servido, señorías, hemos servido al interés general. Hemos superado diferencias partidistas e institucionales para aprobar estas dos leyes y debemos felicitarnos por ello, sin complejos, porque en las condiciones más difíciles de la historia autonómica, en la legislatura en la que menos consensos se han promovido, lo hemos logrado en esta materia tan relevante y compleja, con gran altura de miras.

Este trabajo es obra de todos, de la Fecam y de la Fecai, de sus equipos técnicos, pero creo que es de justicia hacer una mención especial a María Australia Navarro, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, por facilitar la tarea, la labor constructiva de los diputados Emilio Moreno y Miguel Jorge; a José Miguel Ruano y José Miguel Barragán, presidente y portavoz del Grupo Nacionalista, por su dedicación, entrega y esfuerzo; a Manuel Fajardo, Lola Padrón y Julio Cruz, presidenta, portavoz, diputado y vicepresidente de la Cámara, que han sido ponentes del Grupo Socialista, por su apoyo y colaboración; a Román Rodríguez y a Pedro Justo, el amigo Pucho, portavoz y miembro del Grupo Mixto, por su predisposición generosa al acuerdo; también al letrado señor Aznar.

Y no me puedo olvidar de mi equipo, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, dirigida por Carmen Nieves Rodríguez Fraga, y de la secretaria general técnica, Berta Pérez; y por supuesto de los funcionarios que han trabajado intensamente en todo este proceso de elaboración y tramitación de estas iniciativas: Carlos de la Concha, Lourdes Baute, Juan Dehesa y Paco García.

Personalmente, me congratula tener la oportunidad de despedirme como diputado autonómico de esta Cámara legislativa después de tres legislaturas, la VI, la VII y la VIII. Han sido doce años. Y lo hago en un día como hoy, con la aprobación de las leyes de los Municipios y Cabildos, leyes que, junto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, también aprobadas por unanimidad, completan los ejes fundamentales de toda acción política.

Les deseo a quienes continúen en la próxima legislatura y a quienes por primera vez se incorporen al trabajo parlamentario tras las elecciones del 24 de mayo de 2015 el mayor de los éxitos y aciertos en sus decisiones, para el bien común de la ciudadanía y de las instituciones públicas canarias.

Muchas gracias por los grandes e intensos momentos vividos y compartidos. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias también a usted, señor consejero, por su trabajo y a todo el equipo de la consejería.

Ya vendrán tiempos mejores (risas del señor presidente.)

Bien, señorías, bromas aparte, evidentemente nos congratulamos del trabajo del consejero como de los restantes miembros del Gobierno, ya que el señor Barragán quería que se lo dijera a todos. Y yo estoy muy orgulloso también de todas sus señorías.

Como de todas maneras tenemos otra ocasión de vernos el día 14, como todos saben, que hay otro pleno, tendremos ocasión de continuar las despedidas, porque son tiempos de despedidas, son tiempos de despedida.

Señorías, muy buenas tardes. Se levanta la sesión. Muchas gracias.

(Se levanta la sesión a las doce horas y cuarenta minutos.)

Más información
Otros formatos
Iniciativas tratadas

Parlamento de Canarias · C/Teobaldo Power, 7 · 38002 S/C de Tenerife · Mapa · Tel: 922 473 300 Fax: 922 473 400
Glosario de términos · Mapa de contenidos · Aviso jurídico