Diario de Sesiones 8/2015, de fecha 22/9/2015 - Punto 29

9L/C-0110 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA CANARIAS (NC), SOBRE MODIFICACIONES EN LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y TERRITORIAL.

La señora PRESIDENTA: Y hemos acordado también, con el asentimiento de la Cámara, claro está, comenzar con la comparecencia 110 de Nueva Canarias, a la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, sobre modificaciones en la legislación urbanística y territorial.

Tiene la palabra el grupo proponente, el señor Rodríguez, por tiempo de cinco minutos.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías, muy buenas tardes.

Señora consejera del área en materia de política territorial, el objeto de la solicitud de comparecencia es conocer los planes del Gobierno sobre algo muy relevante. Desde el principio de la legislatura asistimos, una vez más -casi siempre pasa-, a que llega un Gobierno y va a resolver todos los males que en materia de ordenación del territorio, de urbanismo y de medioambiente tiene Canarias. Es recurrente, ¿no? Los que tenemos cierta memoria histórica, don Antonio, usted y yo hemos escuchado ese elemento cada vez que llega alguien, ¿no? (Dirigiéndose al señor Castro Cordobez). Pero yo quisiera saber cuáles son los planes del Gobierno en esta materia, porque sí he de reconocer que estoy sorprendido -y tengo una alta capacidad de encaje-. Mire, después de las personas, lo más estratégico en esta tierra nuestra es nuestro territorio, nuestro medioambiente, nuestras playas, nuestras montañas, nuestra flora, nuestra fauna (Abandona su lugar en la Mesa la señora presidenta. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández). Este es un valor estratégico para el presente y el futuro de esta tierra. De manera que la intervención en esta materia, sobre la que tenemos un amplio nivel de autogobierno -solo nos falta Costas-, tiene que ser una intervención pensada, reflexionada, rigurosa, participada, consensuada, que tenga futuro, ¿no? Y a lo largo de la historia reciente de Canarias ha habido dos grandes etapas: hasta el año 2003, todas las leyes que estructuran, que establecen las estrategias, las normas, el orden, las competencias, se hicieron por consenso. Así fue en el año 94 con la Ley de Espacios Naturales; así fue en el 99 la Ley de Ordenación del Territorio; así fue en el año 2003 las leyes de Directrices generales y sectoriales. Y se rompió el consenso en el año 2009 de manera irresponsable, y lo denunciamos de forma categórica, con una Ley de Medidas Urgentes que pretendía lo que yo he escuchado hasta ahora a los responsables gubernamentales en charlas, conferencias y en medios de comunicación, y es que la Ley de Medidas Urgentes venía a resolver todos los males que tenía Canarias, los problemas de la burocracia, de la lentitud, los problemas de las competencias, los problemas de la legalización, de las instalaciones ganaderas, los problemas de las infraestructuras turísticas, etcétera, etcétera, etcétera.

Y ocurrió que pasaron seis, siete años y no tenemos todavía ni un solo papel del Gobierno evaluando el impacto de aquella ley. No solo eso, sino que la pasada legislatura -y escuchen bien, señorías, los que no estuvieron aquí en la pasada legislatura-, se hicieron cuatro leyes más, cuatro, sobre la misma área de conocimiento: sobre el territorio, sobre el urbanismo, sobre el turismo, sobre cómo actuamos en esta materia. ¡Cuatro leyes en cuatro años! También rompiendo una máxima, una de las conquistas de este Parlamento, que es el consenso, el acuerdo, no solo aquí, sino con los ayuntamientos, con los cabildos, con los grupos medioambientalistas, con los intelectuales. Y hemos hecho en siete años cinco leyes: bueno, las han hecho ustedes, porque nosotros hemos estado en contra. El Partido Socialista estuvo en contra, cuando estaba en la Oposición, de la Ley de Medidas Urgentes, y luego cambió, y el Partido Popular estuvo a favor de la Ley de Medidas Urgentes y luego estuvo en contra de las cuatro de la pasada legislatura.

Y ahora resulta, después de lo que aquí se discutió y se evaluó, y mucho, la pasada legislatura, que viene un gobierno del mismo color, con la misma composición, y le hace una enmienda a la totalidad a todo lo hecho por ustedes, porque las leyes que aquí se aprobaron yo recuerdo quién las defendió, son hechas por ustedes, pero no hace diecisiete años, es que la Ley de Armonización y Simplificación entró en vigor el 25 de enero del año en curso, los reglamentos no han salido, es que de las dos leyes de armonización o de renovación turística, dos, no están los reglamentos. Es decir, ¿cómo se puede echar por la borda el trabajo de ustedes mismos nada más llegar? Y me dan toda la razón cuando yo aquí decía que aquella ley ni simplificaba ni armonizaba, y que las leyes de renovación y modernización no respondían a la realidad compleja que tiene Canarias en la materia; y ya ni les cuento con la Ley de Inversiones Estratégicas, que ponía en crisis y autoenmendaba la Ley de Armonización.

Así que, señora consejera, a mí me gustaría escuchar qué es lo que pretenden ustedes hacer en relación a esta normativa, y de dónde se sacaron la caja mágica para resolver los asuntos que los gobiernos de su mismo color fueron incapaces de encauzar la pasada legislatura. Luego, en función de lo que usted me responda, entraremos en lo concreto o en lo genérico, pero sí le digo que es necesario que esta intervención, la que sea, se haga con rigor, con consenso, con debate y, desde luego, que sirva no para dar la impresión de que la historia empieza con uno, sino que la historia está y seguirá cuando uno se vaya, y espero que no repliquen al anterior gobierno, que pensó que...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Rodríguez.

Por tiempo de diez minutos, la señora Barreto.

La señora CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD (Barreto Hernández): Señor presidente, señoras y señores diputados.

Comienzo diciendo que es necesario encontrar un sistema de ordenación simplificado y eficaz. Si entendemos que el plan es el mecanismo de ordenación del suelo, ya sea para su protección como para su uso, es preciso clarificar el vigente sistema de planeamiento así como la legislación en que se sustenta, para que cumpla de manera eficaz y eficiente la función que le corresponde. Es necesario que el sistema de planes vuelva a ser eso, un sistema ordenado y garantizado.

A estos efectos, es imprescindible reconducir las directrices a su condición de instrumento de ordenación de ámbito autonómico aprobado por el Gobierno, asimismo es obligado reducir el número y función de los planes a aquellos que sean estrictamente necesarios, más los instrumentos de desarrollo, eliminando aquellos cuyo contenido pueda establecerse en otros. En ellos, además, deberá integrarse el paisaje como nuevo paradigma europeo en la ordenación y ocupación del suelo y del territorio, ya mediante instrumentos singulares, ya incorporándose en los contenidos de los señalados.

Respecto a la estructura, resulta obligado aclarar y acotar aún más el contenido que corresponde a cada uno de esos grandes planes, con particular atención a diferenciar la función territorial y estratégica de la función urbanística de ordenación de lo urbano y lo rústico, que tradicionalmente corresponde al planeamiento general, que a su vez debe conformarse de acuerdo con la separación clásica entre ordenación estructural y pormenorizada.

Es innegable que buena parte de las trabas que se han venido produciendo responden a la difusa frontera entre lo insular y lo municipal, separación compleja, pero que demanda la máxima atención.

Asimismo, establecido ese reparto, la efectividad de las decisiones de los planes insulares requiere una regulación adecuada que asegure su fuerza ejecutiva, es decir, la posibilidad de llevarlas a cabo sin esperar a su incorporación entre las determinaciones municipales.

Por otra parte, el sistema de planeamiento requiere de una doble actualización, la incorporación de los instrumentos previstos en la legislación básica estatal que permitan actuar sobre los suelos urbanos consolidados, y, del mismo modo, habilitar a las ordenanzas insulares y municipales para que puedan administrar cuestiones singulares como, por ejemplo, actuaciones como la dotación de ascensores en aras de la accesibilidad de inmuebles residenciales cuando para ello sea necesario ocupar espacio público, afecten a la situación legal del edificio o incidan sobre cualesquiera otros parámetros urbanísticos, pero, igualmente, ordenanzas para establecer ordenaciones provisionales que permitan resolver demandas sociales cuando en planeamiento se encuentra en fase de elaboración o carece de la fórmula adecuada, como el caso de la instalación de energías renovables.

De otra parte, es imprescindible revisar los procedimientos de elaboración y aprobación de los instrumentos de ordenación, no solo respecto al papel de cada administración pública, sino en cuanto a simplificar y racionalizar los trámites, así como facilitar su alteración y revisión, en particular permitiendo de manera normal las revisiones parciales.

Respecto a la necesaria evaluación ambiental de los planes se debe aportar certeza sobre lo que se evalúa y los criterios de evaluación para dar mayor seguridad jurídica, diferenciar el órgano ambiental del órgano planificador sustantivo, e igualmente establecer los medios y las fórmulas que acomoden la intervención del órgano ambiental a la función colaboradora que le asigna la normativa europea.

La cooperación y la colaboración interadministrativas, así como la lealtad institucional, son valores fundamentales que deben guiar las relaciones entre todas las administraciones públicas, sin embargo, la obligación legal de actuación conjunta, como ocurre con la aprobación de planes por procedimientos en dos fases, comporta unos conflictos y unas cargas que deben evitarse, cooperación sí pero con autonomía. De este modo la autonomía podrá quedar asegurada, pero también la responsabilidad de cada administración, así como los intereses públicos distintos, eliminando un motivo fundamental del bloqueo de la ordenación vigente y el control de legalidad externo, corresponderá siempre a los tribunales de justicia, como no puede ser de otra manera. Ello, claro está, sin menoscabo de la existencia y cooperación entre todas las administraciones, en especial la autonómica e insular con los municipios más pequeños. Es preciso evitar, por tanto, que los procedimientos y los planes vuelvan de modo recurrente sobre sus propios pasos según los sucesivos informes que se emitan.

En otro orden, sobre la técnica de clasificación, categorización y calificación constituye, como es sabido, un elemento característico de las normas urbanísticas. La creación de la categoría de las situaciones rural y urbanizada por el legislador estatal como parámetros determinantes a efectos de valoraciones no ha cambiado aquel esquema conocido y bien asentado. En este sentido, las clases de suelo seguirán siendo un elemento básico de la legislación que se elabora. Ahora bien, a la luz de los objetivos de simplicidad y actualización se hace necesario introducir determinaciones y ajustes en su regulación en el borrador que se presente.

Respecto al suelo rústico es imprescindible reordenar todas las normas y preceptos que le son aplicables de modo que se supere la dificultad actual de identificar qué reglas son de aplicación. De modo específico es necesario establecer un concepto bien acotado de asentamiento rural y agrícola. Y a todo ello debe sumarse un esfuerzo lo más preciso posible para establecer lo que se permite y lo que se prohíbe en cada clase de suelo.

En el caso del suelo urbanizable, el desarrollo sostenible del territorio impone la contención de su crecimiento. La clasificación de nuevos suelos debe ir acompañada de un incremento equivalente de suelos rústicos.

Y en relación al suelo urbano la actualización normativa es fundamental. Es sabido que el urbanismo actual se caracteriza por dejar en un segundo plano la expansión y el desarrollo de suelos para volver sobre el espacio urbano consolidado y actuar en orden a su renovación y regeneración.

Es preciso, por tanto, incorporar a la legislación canaria una regulación completa de mecanismos y procedimientos que permitan actuar sobre esos suelos consolidados y en ese sentido es en el que se está trabajando en el borrador con el equipo de trabajo que se constituirá a partir de la semana que viene.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora consejera.

Por tiempo de tres minutos el Grupo Mixto, el señor Curbelo.

El señor CURBELO CURBELO: Señorías.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Perdón, señor Curbelo.

El señor CURBELO CURBELO: Es que con la acumulación los tiempos difieren y entonces, pues, en fin. Gracias, presidente.

Señora consejera, en esta primera intervención voy a ser breve. Voy a ser breve para identificar al enfermo, ver qué diagnóstico vamos a aplicar, ver quién lo aplica y el cómo, porque esta es la clave. El enfermo, indudablemente, es un elemento estratégico de nuestra comunidad autónoma, el territorio, y todos estamos de acuerdo en que este elemento estratégico para generar riqueza en el futuro de nuestro archipiélago está enfermo, entre otras cosas porque es un modelo de planeamiento rígido, burocrático, ineficiente, inmanejable, sobre todo inmanejable, que le pregunten a los ayuntamientos canarios y a los cabildos cuánto tienen que sufrir para atender al ciudadano. Por tanto, la medicina tenemos que aplicarla bien y el Gobierno tiene una oportunidad histórica porque los gobiernos hasta aquí han hecho su tarea, pero no suficientemente, y si no, la reciente ley que lo que hace es complicar más el gobierno del territorio. Por tanto, la medicina es simplificar la normativa con una nueva ley, que no se desarrolle ya, señora consejera, en ningún reglamento, hágase una ley que recoja todo de una vez, y simplificar, sobre todo, ese monstruo que tiene el Gobierno que es la Cotmac que tiene que pasar todo. Mañana hay una modificación puntual del planeamiento de Hermigua para ampliar un cementerio y tiene que pasar por la Cotmac, ¿no les parece que sería razonable que pasara un trámite en la isla donde se encuentra el municipio? Es razonable. Por tanto, aquí el papel de los cabildos y en los ayuntamientos es clave.

Miren, si hablamos del planeamiento de los municipios y ponemos algún ejemplo se quedarán sorprendidos, Hernán Cortés conquistó México en dos años, llevan infructuosamente el Ayuntamiento de Las Palmas y el Ayuntamiento de Santa Cruz quince años para hacer su planeamiento y no exento de conflicto, y los municipios turísticos de Arona, de San Bartolomé de Tirajana, de Mogán y Adeje lo propio, infructuosamente, casi veinte años.

Por tanto, algo está fallando, algo está fallando de verdad y hay un enfermo real, detectémoslo, ayudemos los grupos parlamentarios, señor Román, y todos, al Gobierno para tener una ley que sea capaz de generar riqueza con la inversión pública sin problemas, con la inversión privada que venga del exterior o que surge de Canarias, para que los canarios puedan mejorar su nivel de vida, su calidad de vida, en un momento de dificultades económicas como las que estamos viviendo hoy, si no, tendremos una responsabilidad histórica y no volveremos a tener jamás esta oportunidad. Por eso, ánimo y cuente con este grupo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Curbelo.

Por el Grupo Podemos, la señora Delgado.

La señora DELGADO LUZARDO: Buenas tardes, señor presidente, señorías, señora consejera.

Todo el mundo se pregunta por qué no avanza la tramitación de los planes, por qué se bloquean en la Cotmac y en la consejería. Claro, lo más seguro es que la gente se plantee que son las normas las que están mal hechas, las que necesitan modificarse y simplificarse: esta es la conclusión a la que ustedes nos quieren llevar, pero no es así, la respuesta es otra.

En Canarias nos hemos dotado de unas leyes, reglamentos y medidas de carácter sostenible compatibles, que quieren evitar desastres ecológicos y prevenir y evitar la destrucción innecesaria de zonas naturales de gran valor ecológico, agrícola, paleontológico o etnográfico. La comunidad autónoma ha demostrado, con esa normativa, ser muy consciente de que tenemos un territorio rico en biodiversidad, limitado y muy vulnerable. Entonces, ¿cuál es el problema? Mire, pues que esa normativa no se respeta por los dirigentes políticos, porque empiezan la casa por el tejado, dando órdenes a los planificadores de que quieren incluir esto aquí, esto allá y más allá también lo otro, antes de que la planificación establezca de manera objetiva el mejor uso potencial para cada suelo y cada área, es decir, son los gestores políticos los que no aceptan los resultados de la planificación integral y son los que generan el bloqueo con sus decisiones arbitrarias.

Mire, ¿qué han ido haciendo los últimos consejeros de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias para evitar estos bloqueos, o lo que es lo mismo para poder saltarse la normativa de sostenibilidad que tan buena era en los años 90?, pues modificaciones de esta normativa intentando rebajar su carácter ambientalista y previsor, descafeinando la importancia del planeamiento y de su estudio ambiental. Eso es lo que ha generado, hoy por hoy, la maraña de normativa compleja y contradictoria que no tiene coherencia ninguna hoy por hoy. Además, han impedido que la planificación pase por el órgano ambiental del Gobierno de Canarias para que no les ponga pega a los planes. Y, de esos polvos estos lodos, porque luego los proyectos no se pueden aprobar. Eso es hacer trampa, señores. No se pueden quejar de que luego se paralizan los proyectos.

Yo lo que les pido es que hagan una verdadera planificación de los recursos naturales objetiva, seria y rigurosa. Así no hay ningún problema.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora Delgado.

Por el Grupo Popular, Miguel Jorge, tiempo de tres minutos.

El señor JORGE BLANCO: Gracias, señor presidente.

Esta mañana, en su intervención, el presidente del Gobierno dijo literalmente esta frase, refiriéndose a la legislación territorial: "entramado normativo absolutamente ineficiente e incapaz". Comentó que el texto refundido previsto en la Ley de Armonización, que tenía un plazo el Gobierno para desarrollarlo, tenía nada más y nada menos que 600 artículos, 600, señorías, la mayoría contradictorios unos con otros e incomprensibles muchos de ellos, y que por eso el Gobierno ha optado por dejar a un lado ese texto refundido y sacar adelante o proponer al Parlamento una nueva ley del territorio.

Mire, visto el fracaso que ha tenido este sistema en los tiempos anteriores, en el mandato anterior, donde el Gobierno proponía siempre un texto al Parlamento, yo le ofrezco, mi grupo parlamentario hace la oferta, de que sea el poder legislativo quien cree esa comisión de trabajo, los grupos parlamentarios creemos esa comisión de trabajo en el Parlamento; llamemos al Parlamento, a la sede parlamentaria, a los expertos, a los operadores jurídicos, a los ayuntamientos, a los cabildos, a todos los que intervienen en la legislación del territorio, y saquemos entre todos una nueva ley del territorio en este mandato, en el próximo año o, en fin, en el que fuera. Pero me parece que va a ser mucho más operativo ese sistema que este grupo de trabajo en el que el Gobierno anterior -este está comenzando- nos cansó con muchas de estas cosas.

Miren, el Partido Popular comparte el diagnóstico, y quiero decirles que bienvenidos al club, lo dijimos en el mandato anterior, la Ley de Armonización que se presentó en el Parlamento para resolver definitivamente los problemas en la tramitación de los instrumentos de ordenación, pues ni simplificaba, ni armonizaba.

Esto, señorías, no es más que un bofetón -perdonen que lo diga- en toda regla al Gobierno anterior, al señor Berriel y al señor Rivero.

Pero miren, si el diagnóstico en definitiva es el que hace el Gobierno, bienvenido sea ese bofetón, porque ya lo dijimos, se lo dijimos al señor Berriel y se lo dijimos también al señor Rivero. Miren, simplificar, sí; descentralizar en cabildos y ayuntamientos, también; armonizar la legislación territorial con la legislación ambiental, también, que no está armonizada en estos momentos; hacer más comprensible para el ciudadano, por supuesto también.

Reformas de calado, señora consejera, reformas de calado, eso es lo que hace falta en esta legislación territorial, y a la que el Grupo Popular se ofrece...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Jorge.

Por tiempo de tres minutos, el Grupo Socialista, señora Alemán.

La señora ALEMÁN OJEDA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos tardes, señorías.

Señora consejera, completamente de acuerdo con usted cuando habla de planes por procedimientos, de planes bifásicos. Yo creo que debemos abandonar estos planes, porque son engorrosos desde la aprobación inicial hasta una aprobación definitiva, que realiza una administración la primera aprobación, la definitiva la realiza otra. Yo creo que debemos irnos a un procedimiento de fase única, como hace el Estado, con garantías de competencias, sin renunciar, por supuesto, a una cooperación interadministrativa.

Aplaudimos también esa autonomía con la que se quiere dotar a los entes públicos. Yo no llevo mucho tiempo en estas lides, pero sí he podido comprobar planes que iban y venían durante cuatro años, y que en ese tiempo no terminaron nunca de nacer, con la incertidumbre que eso ocasiona para los propietarios de suelos afectados por distintas normas.

Pero agilicemos la planificación y también la ejecución. Es decir, que esa agilidad se traduzca en el territorio. En una palabra, vamos a simplificar, simplifiquemos y aprendamos. Hagamos un cinco en uno, vamos a recoger una norma más completa que solucione la complejidad que deriva en muchísimas ocasiones en inseguridad jurídica. Porque sí estaremos de acuerdo en que cuando hay una maraña de leyes, todo lo contrario de lo que se persigue es lo que resulta, es decir, que solo proporciona dudas y confusión. Mientras más leyes, más dudas y más confusión. Así que felicito al Gobierno por afrontar esta situación.

Es cierto que hay que revisar procedimientos, tanto la elaboración como la aprobación de los instrumentos de ordenación, y hacer más simples los trámites. También es cierto que adaptarse a unos plazos que se imponen en ocasiones como una amenaza de pérdida de competencias solo ha logrado complicar aún más la protección y el uso del suelo. Y es que muchas veces no hay siquiera justificación territorial para adaptaciones de planes, que es cuando uno se pregunta para qué la ordenación.

Insisto en felicitar al Gobierno por afrontar esta situación, que debería contar con el apoyo de todos los grupos. En este camino el apoyo del Grupo Socialista lo va a tener.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora Alemán.

Por tiempo de tres minutos, Grupo Nacionalista Canario, señor Ruano.

El señor RUANO LEÓN: Muchas gracias, señor presidente. Señorías.

Señora consejera, teniendo en cuenta que después de esta comparecencia a su vez tendrá usted que comparecer para hablar más o menos de lo mismo, y a la vista de que tuvimos un debate intenso en la Junta de Portavoces acerca de la acumulación o no de esta iniciativa con las que vienen con posterioridad, me gustaría transmitir o trasladar lo que constituye la idea fuerza de una decisión de programa político, que se incorpora al programa con el que concurrió Coalición Canaria en las elecciones, que se añade a cuestiones que a su vez sobre esta misma materia tenía el Partido Socialista en su programa electoral, y conforma un acuerdo programático, en el cual se decide por ambas fuerzas políticas que la simplificación se constituye en materia de ordenación del territorio en un objetivo político para nuestras formaciones políticas.

Por tanto, hablemos con propiedad cuando incorporemos este debate, que simplificación no es desregulación. Por mucho que algunos se empeñan, reiteradamente, en trasladar la idea de que es nuestro propósito o es el propósito de este Gobierno y de las fuerzas políticas que lo sustentan desregular para promover no sé qué intervención en el territorio de Canarias, olvidando que ese consenso al que se refería el señor Rodríguez en su intervención es un consenso que en 2009 dice que no se da, en la Ley de Medidas Urgentes de 2009, pero teniendo en cuenta que en la Ley de Medidas Urgentes de 2009 se resolvieron muchos problemas, muchos problemas. En la Ley de Armonización del territorio, que se aprueba al final de la pasada legislatura, es esta Cámara la que introduce precisamente modificaciones que inician la tendencia a la simplificación que ahora pretende ser un objetivo de las dos fuerzas políticas que sustentan al Gobierno y del Gobierno mismo, como usted nos ha expresado aquí esta mañana.

Quisiera, por tanto, que mi intervención, mi corta intervención en una comparecencia, la cual no hemos solicitado nosotros -ya nos pronunciaremos más tarde-, lo que pretende es trasladar la idea de que debemos simplificar la administración en algunas materias que constituyen objetivos políticos, como son la economía y el empleo, la industria y la energía, las políticas de bienestar social y dependencia y las políticas sobre el territorio y el medioambiente.

En relación con las intervenciones anteriores, la verdad es que me preocupa tanto escuchar posiciones integristas como la que hizo la portavoz de Podemos como posiciones que hablan más bien de desregulación y no de simplificación, como la que hace el portavoz del Grupo Popular.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Ruano.

Por el grupo proponente, Nueva Canarias, el señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Habrá más oportunidades. Desde luego, no me ha aclarado las inquietudes que tengo después de escuchar a lo largo de los últimos meses la necesidad del cambio.

Lo que sí tengo claro es que este Gobierno está también absolutamente impregnado de una máxima que aquí hemos discutido y que algunos seguiremos discutiendo, y es que la culpa de lo que le pasa a la economía canaria es de la regulación, es del sector público, es de las normas. No es de la crisis económica, de la falta de crédito, del acaparamiento de la riqueza; no es un problema de competencia de los responsables; no, no, el problema es de la norma. Muy conservadora esta idea, que ha terminado impregnando a la mayoría de los partidos de esta Cámara, y a la que nosotros nos resistimos. No es verdad. Es evidente que la normativa puede ser mejorada, aclarada, puede ser más segura, puede ser más eficiente, esto no lo vamos a negar nunca, como no vamos a negar nunca el intento de ser felices, ¿no? Pero tratar de simplificar que lo que nos pasa está relacionado con la regulación es una simplificación interesada, ideológica, conservadora, de derechas.

Porque con la norma, con las normas que aquí hicimos en este Parlamento en los últimos veinte años, las que han estructurado la arquitectura competencial y las responsabilidades y los valores estratégicos del suelo, del medioambiente, de nuestros espacios naturales, se hicieron por consenso, año 94, 99 y 2003. Y en un asunto estructurante como este, rompen el consenso y se hacen ustedes una enmienda a la totalidad. Es que ustedes dejan en papel mojado, como habíamos dicho, desde luego, como Nueva Canarias en esta tribuna, que aquella Ley de Armonización y Simplificación ni armoniza ni simplifica, y que la Ley de inversiones estratégicas que aprobaron unos meses después, en contra de nuestra opinión, era una enmienda a la Ley de Armonización y Simplificación, y ahora presentan ustedes una enmienda a todo lo que han hecho hasta ahora.

Me parece que esto hay que hacerlo con muchísimo más rigor. No creo -lo digo honestamente-, que el señor Berriel y el señor Rivero tuvieran menos buena voluntad que el señor Clavijo y la señora consejera Lady Nieves, o Nieves Lady, -Nieves Lady, me lo voy a aprender-. ¡No creo! Entonces, los que gobernaban con la Ley de Medidas Urgentes dijeron todo eso aquí, ¡todo eso! Ese cuento ya lo hemos escuchado aquí, y aquella ley venía a resolver casi todo: las infraestructuras ganaderas, los problemas de las infraestructuras turísticas, la renovación, la modernización, y luego pasó lo que pasó, y luego vinieron cuatro leyes más, y ahora parece que van a venir algunas más.

Nosotros lo que decimos es que esa máxima que ustedes tienen de que la culpa es de la regulación y de las normas, hay que ponerla y diseccionarla. ¿Por qué?, porque mire, con las leyes reguladoras, con visión estratégica, pactadas y consensuadas, hay 500 000 camas turísticas en Canarias, 500 000 camas turísticas. Hay casi 100 000 que operan en el mercado de una forma un tanto alegal o ilegal, pónganle el apellido que quieran. ¡Casi 600 000 camas! En estos momentos, las carreteras de Canarias están perfectamente planificadas y son infraestructuras que impactan en el territorio y en el medioambiente, y están paralizadas por falta de recursos. Los centros educativos y los centros hospitalarios están planificados, y están paralizados por falta de recursos. Lo que está determinando los problemas de la economía canaria, es falso, es esta simplificación majadera, que ustedes insisten una vez y otra en que es un problema de la regulación, y eso no quiere decir que la regulación no se pueda mejorar; desde luego, no se mejora con las cuatro leyes que ustedes sacaron aquí por una mayoría legítima, pero insuficiente para asuntos estructurantes, como deben ser el territorio y el medioambiente.

Y ahora vuelven con la misma cantinela, la del 2009 y la de los cuatro años de la legislatura anterior. Tienen ustedes la varita mágica de traernos ahora una norma que va a resolver todos los problemas que le ocurren a Canarias, y yo, como conozco el percal, conozco las relaciones políticas, personales, y sé quién mueve los hilos, esta es una cantinela de minorías, que no quiere decir que no mejoremos la legislación, claro que sí. Por ejemplo, el señor Curbelo decía: para ampliar el cementerio tengo que ir a la Cotmac. Bueno, pues yo creo que para ampliar el cementerio con la Ley de Armonización no hay que ir a la Cotmac, esa es mi opinión, lo discutimos, no hay que ir a la Cotmac a no ser que necesite informe de evaluación ambiental.

Oiga, pongamos sobre la mesa las tres cosan que pueden estar en estos momentos trabando la gestión, las discutimos y las sacamos. Pero no se puede dar la vuelta al sistema legislativo, a la jerarquía, a la filosofía que sustenta la Ley de Espacios Naturales, la ley del territorio y la Ley de Directrices, no se puede estar derogando durante seis años parcialmente las leyes de directrices. Las leyes de directrices decía la norma que había que revisarlas, las generales en el 2008 y las turísticas en el 2013; no se ha hecho ninguna evaluación de las directrices generales y sectoriales del turismo. Para poder modificar las cosas hay que ver qué pasó con ellas, qué impacto tuvieron, qué cambiaron, qué mejoraron, qué dejaron pendiente, y ahora volvemos otra vez con otra diarrea legislativa, más normas pa' liarla, porque insisto: no creo que le anime ni le capacite al nuevo gobierno más que al anterior la voluntad de mejorar las cosas.

Lo que nosotros sostenemos es que ustedes siguen persistiendo en una estrategia que nosotros no compartimos, y hemos expresado aquí nuestras claras diferencias, es necesario que el territorio, que los recursos naturales, que el medioambiente, sean elementos estratégicos para el presente y el futuro de este pueblo, que es necesario planearlos, pactarlos, consensuarlos, que no pueden estar sometidos a los vaivenes de la coyuntura, al momento del candidato de turno. Y nosotros estamos dispuestos a hacer eso. Si hay tres cosas que se identifiquen, sobre las leyes que todavía no han reglamentado ustedes, que hay que modificar, las traen aquí y nos ponemos de acuerdo y las resolvemos puntualmente.

Por ejemplo, en el tema de la evaluación ambiental nosotros dijimos que en vez de hacer aquella Ley de Armonización y Simplificación había que coger la legislación europea y española y hacer una aplicación en Canarias rigurosa, ¿eh?, no desreguladora, rigurosa, para que se sepa dónde está cada cual, a quién, a qué hay que atenerse. En eso estamos de acuerdo, vamos a evaluar las directrices generales y sectoriales, que no están evaluadas, se han ido derogando a golpe de leyes inconexas, el lío lo han armado ustedes, ustedes, no el sursuncorda, ustedes han armado el lío con cinco leyes que no las entiende casi nadie, y aquí se las hemos discutido. Evaluemos las directrices generales y sectoriales del turismo, hagamos las modificaciones puntuales; si el Gobierno identifica que tenemos un problema con los informes de evaluación de impacto para pequeñas actuaciones de ordenación en el ámbito municipal, vamos a considerar si lo podemos sortear, porque hay una legislación española y europea contundente en esta materia, ¿eh?, que no es lo que queramos, aquí estamos sometidos al derecho comunitario y al derecho español, y hay condicionantes.

Y dejamos ese texto refundido, el texto refundido lo decimos nosotros, pero lo dijo la ley que ustedes aprobaron aquí. Si el texto refundido tiene 500 o 600 artículos, pues depende si lo que regula es tan relevante y tan importante, lo que habrá que ver es si ese trabajo técnico de refundir las normas nos ayuda para la nueva normativa, a todos.

Y volvemos a tender la mano, nosotros participamos en el 94, en el 99, cada uno con su formulación, en el 2003, en la primera Ley de Renovación e innovación no presentamos enmienda a la totalidad, yo vine aquí y dije "no nos gustan algunos de los contenidos, pero vamos a dar una oportunidad al diálogo, al entendimiento, a recuperar el consenso sobre los temas territoriales, sobre los temas medioambientales", no nos hicieron ni caso en esa ley, a la que, por cierto, le presentaron una enmienda a la totalidad ustedes mismos quince meses después. A partir de ahí, todo son enmiendas a la totalidad a todas las leyes que ustedes han hecho, que están perfectamente argumentadas y que siguen siendo absolutamente vigentes a juzgar por las cosas que nos ha contado la consejera, que son generalidades.

Nosotros proponemos: oiga, hagamos una ley de evaluación de impacto que dé respuesta y que clarifique los órganos y los informes que en esta materia se tienen que hacer, hagamos una evaluación -que no la ha hecho el Gobierno ni este Parlamento- de las directrices generales y sectoriales, y modifiquemos. Había un mandato legal de modificarlas en el año 2008 y 2013, y no se hizo, evaluemos las normas que tenemos, ustedes han hecho leyes este año que se quieren cargar a los seis meses de haberlas hecho, ustedes. ¿Cómo es posible que la Ley de Armonización y Simplificación, con lo que aquí se dijo, ahora no sirva para nada? ¿Cómo es posible? Todavía lo podemos decir desde la Oposición los que dijimos que ni simplificaba ni armonizaba, se hacen ustedes una enmienda a la totalidad.

Yo espero, señora consejera, y a los miembros del Gobierno y a los grupos que lo sustentan, que esta ocasión el asunto este se lo tomen en serio y con rigor. Si ustedes no buscan el entendimiento y el consenso, y no solo es un problema de catedráticos, ¿eh?, que son muy interesantes los catedráticos, tengo unos cuantos amigos catedráticos, pero este no es un problema solo de catedráticos, es un problema de valores, de democracia, de qué se pone delante y qué se pone detrás, y de ámbitos competenciales, y de poner el interés general por encima siempre de los intereses legítimos de las minorías. Y yo le aseguro que lo que impregna esta reforma, como otras, no está en el interés general sino en la legítima aspiración de las minorías de imponer sus intereses, no importa cómo. Lo que me sorprende es que algunos le den cobertura a esos intereses.

Creo que es necesario que este debate sea por consenso, que alcancemos un gran acuerdo, y si no, nos van a seguir teniendo en la Oposición, con las enmiendas pertinentes, para que un asunto tan trascendente no se banalice.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Rodríguez.

Por tiempo de diez minutos, el gobierno, la señora Barreto.

La señora CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD (Barreto Hernández): Señor Curbelo, agradecemos que comparta con nosotros el criterio de no seguir trabajando en algo que queremos simplificar y modificar, y que acepte, igual que mucha otra parte de esta Cámara, que decidamos no hacer ese reglamento de la Ley de Armonización y sí trabajar en una ley que simplifique y modifique algunos aspectos.

Estoy de acuerdo con usted, señora Delgado, en que tenemos un territorio frágil y que hay que proteger, pero en ningún momento estamos hablando de que lo que queremos hacer con la simplificación sea meternos en lo que está protegido, lo que está protegido está protegido, lo decía esta mañana el presidente. Lo que queremos es que aquel territorio que Canarias ha decidido que se puede poner al servicio del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, de las industrias, de cualquier sector que genere economía y empleo se pueda planificar y desarrollar de manera más ágil de lo que se está haciendo ahora mismo porque nosotros mismos, cuando digo nosotros digo todos los que han pasado por esta Cámara, da igual el signo político, nos hemos encargado de hacer normas que quizás en su momento eran necesarias por el crecimiento que vivía esta sociedad pero que ahora suponen más trabas que avances, y simplificación. Vuelvo a repetir, lo protegido, protegido está.

Al señor diputado del Partido Popular le agradezco el consenso y la colaboración que nos..., perdón que no lo veía (El señor Jorge Blanco entra en la sala), el consenso y la colaboración que nos muestra, ese borrador que se está elaborando se traerá aquí, se debatirá y por supuesto que podrán participar. Esa es la voluntad del grupo de Gobierno y de los dos partidos que lo sustentan.

Gracias a la colaboración que muestra el Grupo Socialista. Y estoy de acuerdo con el señor Ruano en que se intenta hablar de desregularización cuando en realidad hablamos de simplificación.

De nada serviría agilizar y simplificar la planificación si a continuación su ejecución material y patrimonial, esto es, su proyección real sobre el territorio resulta un camino intransitable. Es por ello que resulta fundamental reconsiderar los sistemas de ejecución del planeamiento en orden a simplificar sus trámites, sus documentos y en parte sus contenidos, siempre primando los derechos de los afectados y el respeto de sus garantías, en particular de los pequeños propietarios que en lo necesario deben ser reforzadas.

La revisión de la legislación ambiental, territorial y urbanística de Canarias debe hacerse de acuerdo con los principios de simplificación y actualización aplicados con sentido común y ponderación. El marco normativo debe responder a las necesidades actuales y cumplir con la función de protección y ordenación del suelo como recurso natural esencialmente valioso que tiene Canarias.

En todo el proceso de elaboración de la nueva ley, así como en los mecanismos que articula la misma para su aplicación, debe quedar garantizada la participación ciudadana como máxima receptora y beneficiaria de la ordenación territorial aplicada a los distintos sectores.

El grupo de trabajo encargado de elaborar ese borrador de la ley estará integrado por profesores de las universidades canarias (La señora presidenta se reincorpora a su lugar en la Mesa), por abogados y juristas de trayectoria reconocida y por personal de la consejería, y se traerá aquí para debatir y aportar.

Si nuestra prioridad es garantizar la máxima transparencia y participación en este proceso normativo, y lo es, queremos hacer una ley que responda a las necesidades de la sociedad actual que sea fruto del debate constructivo de todos los agentes y en ese camino emprendido queremos contar con la colaboración y opinión de todos y de todas. Debemos hacer una ley con el máximo consenso político y social que garantice una solución real a los problemas actuales de la sociedad así como su aplicación sostenible a un territorio frágil y único como decía anteriormente. De nada sirve agilizar y simplificar la planificación si a continuación su ejecución material y patrimonial, esto es, su proyección real sobre el territorio resulta un camino intransitable.

Es fundamental que se pueda desarrollar el suelo sobre el que los distintos instrumentos van planificados, es decir, que los mecanismos que permitan aplicar los planes generales e insulares y otros instrumentos consigan hacerlo, el suelo protegido tiene que seguir siendo eso, protegido, y el que no lo está debe poder ser desarrollado de manera real, tal y como los distintos planes han establecido, y en ese desarrollo, en la práctica, es donde se ha fallado. No se trata de más limpio, como decía el señor Román, se trata de unificar, simplificar y actualizar la normativa de ordenación territorial en un texto único, una única ley así como revisar las directrices generales y sectoriales. Se trata de poner solución a la complejidad y la inseguridad jurídica creada por la legislación existente, por eso este Gobierno afronta sin dilación este grave problema, tal y como usted ha expresado últimamente en los medios. Para afrontar esta tarea es imprescindible el compromiso de todos los grupos parlamentarios como representantes legítimos de la sociedad; es fundamental el debate y la participación y la opinión de todos y, por supuesto, el debate y participación de la Cámara.

La nueva ley debe ser fruto de la reflexión y el estudio de la realidad actual de Canarias, de la necesidad de propiciar mecanismos simplificados que proporcionen la máxima seguridad jurídica a los canarios y canarias para la creación de empleo y la mejora de nuestra sociedad manteniendo la conservación del territorio y el patrimonio de nuestras islas.

Decía el señor Román que las normas están para modificarlas porque la sociedad evoluciona y cambia y afortunadamente las leyes están vivas y se pueden modificar. Me va a permitir esta licencia, insiste usted en que vamos a desregularizar, vuelvo a decir: no vamos a desregularizar, vamos a simplificar, puede ser que últimamente no hablemos el mismo idioma usted lo habla más nacional y central y yo sigo hablando un idioma nacionalista.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora consejera.

Damos por concluido el debate de esta comparecencia.

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  • 9L/C-0110 Sobre -Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad-, sobre modificaciones en la legislación urbanística y territorial.


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