Diario de Sesiones 8/2015, de fecha 22/9/2015 - Punto 31

9L/C-0114 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC), SOBRE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA NORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

La señora PRESIDENTA: Vamos, como habíamos acordado hacer ahora, con el debate conjunto, acumulado de las comparecencias, la C-100 con la C-114. Interviene, en primer lugar, el grupo proponente, el Grupo Mixto, el señor -entiendo que el señor Curbelo-, por tiempo de cinco minutos, como habíamos acordado.

El señor CURBELO CURBELO: Muchas gracias, presidenta. Señora consejera. Señorías.

Voy a intentar un poco describir ese órgano colegiado que hoy tiene el Gobierno que es el responsable único de efectuar el control de la legalidad y de realizar la aprobación definitiva de todas las figuras de planeamiento que componen el sistema de planeamiento canario. Eso es malo. Regular sí, pero descentralizar también. Segundo, es así mismo el órgano ambiental colegiado único que ejerce la función de la aprobación definitiva de la evaluación ambiental estratégica de las figuras de planeamiento del referido sistema, así como de los expedientes de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental: malo también.

Por tanto, yo creo que si a esto le sumamos la excesiva judicialización que está teniendo el planeamiento en nuestra comunidad autónoma, debemos hacer alguna reflexión, y me permito hacer una reflexión de distribución competencial, que me parece razonable, en los diferentes planeamientos y en las diferentes administraciones públicas.

Directrices territoriales ambientales y planeamiento territorial especial, formulación y aprobación definitiva, órgano ambiental, Gobierno de Canarias; informes vinculantes, cabildos y ayuntamientos en sus respectivos ámbitos de competencia; planeamiento ambiental, formulación y aprobación definitiva, cabildos insulares; informe vinculante del Gobierno de la comunidad autónoma para, entre otras cosas, evitar la rotura del modelo territorial único en Canarias, en nuestra comunidad autónoma; cuarto, el planeamiento general y de desarrollo o la formulación definitiva de los ayuntamientos, yo no sé por qué temer a que los ayuntamientos canarios tengan una responsabilidad en esta materia, el órgano ambiental, el propio ayuntamiento; y también los informes no vinculantes, el Gobierno, los cabildos, en los ámbitos de sus respectivas competencias.

Miren, una de las razones del fracaso actual de la Cotmac es precisamente que el Gobierno no tiene adecuadamente dimensionados sus propios medios, por esa razón acude siempre a los trabajos externos de la empresa pública Gesplan. Es verdad que todos los ayuntamientos canarios -los 88- no tienen todos los medios para atender esa realidad, pero, miren, debemos aplicar el principio de subsidiariedad para que el planeamiento se lleve a cabo. Y del mismo modo, si un ayuntamiento no tiene los medios adecuados, de forma subsidiaria, el cabildo correspondiente sí tiene medios para resolver lo que hoy estoy planteando.

Y como medidas complementarias indudablemente hay que producir la reforma. Como consecuencia de este nuevo enfoque se tendrán que adoptar criterios en lo que toca a la producción legislativa con incidencia territorial, ambiental y urbanística, y al respecto propongo un esquema de participación en el procedimiento legislativo que otorgue un mayor protagonismo a los ayuntamientos y a los cabildos. Eso es lo que el presidente del Gobierno anunciaba hace algún tiempo.

Y, desde el punto de vista de la promulgación legislativa, con incidencia territorial y urbanística, la participación del Parlamento; como órgano consultivo, el Gobierno de la comunidad autónoma; y como informes no vinculantes, los de Gobierno, cabildos y de los ayuntamientos canarios. Cuando hagamos esta tarea, si es que la vamos a hacer, que tengo alguna duda, indudablemente no tenemos que esperar tantas décadas y años para que un planeamiento funcione, porque, no nos engañemos, todos hemos coincidido en que es un elemento estratégico para el desarrollo de este archipiélago, porque el territorio sustenta..., como se ha señalado, el turismo, que es la actividad principal para generar riqueza en este archipiélago, la industria, la agricultura, y todo, pero si no somos capaces de simplificar una ley, simplificar el contenido de una ley, lo que hoy estamos diciendo aquí, lógicamente no vamos a lograr los objetivos. Yo creo que tenemos una oportunidad histórica para lograrlo y para hacerlo. Y yo estoy completamente convencido de que el Gobierno caminará en esa dirección con la cooperación de todos los grupos políticos y de las corporaciones públicas canarias -ayuntamientos y cabildos-.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Curbelo.

Por el grupo proponente, Nacionalista Canario, señor Castro.

El señor CASTRO CORDOBEZ: Señora presidenta del Parlamento. Señorías. Señora consejera.

Evidentemente, creo que existen justificadas razones para que nuestro grupo haya traído este debate aquí, y yo personalmente lo hago también porque se ha puesto en evidencia y es evidente que hay muy malos entendidos con respecto a las bases y a los criterios de lo que pretende el Gobierno, recogido en el pacto de gobierno, don Román Rodríguez, y recogido, incluso en La Palma, en el programa de gobierno nacionalista, que fue la fuerza política más votada allí, pero también recogido en toda Canarias y suscrito en el pacto de gobierno. Es decir, estamos absolutamente legitimados democráticamente; este Gobierno y sobre todo este Parlamento tenemos la obligación de, una vez por todas, ver si ordenamos lo que está desordenado. No se trata de desregular lo que está regulado. Y con el máximo respeto al medioambiente, a la sostenibilidad.

Mire, uno de los objetivos de este Gobierno es luchar legítimamente por el Estado de bienestar, y el Estado de bienestar comporta el desarrollo económico y social. Y como usted dijo muy bien, después de las personas, el territorio. Afortunadamente, y no planteemos aquí equívocos, está muy ordenado el territorio en nuestra comunidad autónoma. Están los espacios naturales perfectamente definidos y perfectamente protegidos. ¿Qué sucede? Que hay tal entramado de legislación sobre eso que luego los agentes que tienen que operar -técnicos, legisladores, juristas-, pues mire, no le cuento, pregúntele a sus compañeros de La Palma qué ha pasado con el Plan insular de turismo de La Palma. Es decir, acaba todo en la vía judicial, y se eternizan las actuaciones. Y eso hace que islas como El Hierro, como La Palma, desgraciadamente, estén pidiendo agua por señas, y usted lo sabe.

Y que aquí estemos poniendo pegas a una propuesta que ha hecho el Gobierno de que este Parlamento, no sé si lo habrán entendido, que sea este Parlamento el que resuelva ese asunto. Y el Gobierno planteará las propuestas, los documentos y podremos hablar con todos los agentes que queramos. Pero es un error histórico, y hay una oportunidad en esta legislatura de resolverlo, es un error histórico si no hacemos una ley simple que recoja lo que tenga que recoger y posibilite que un aparejador de un municipio como Puntagorda la pueda interpretar, y no que la interprete, que elabore su plan general con los técnicos, los traiga al plan insular, los lleve al cabildo, ya sufra modificaciones porque hay interpretaciones distintas, y cuando venga a la Cotmac diga "no, este límite está mal, vuelva para allá". "Vuelva para allá" son dos años, tres años. Y un agricultor, un señor que se quiere hacer una casa, un agricultor que la necesita, porque cuando hablamos de las personas parece que solo hablamos aquí de las multinacionales, y en nuestra comunidad autónoma, no sé si afortunadamente o no, la inmensa mayoría de la población es una población de clase media-baja, muy necesitada, y parece que nos olvidamos. Y eso está bloqueado, eso está bloqueado en esta tierra. Y, además, quiero decirle que yo creo en la buena fe de los técnicos, de los técnicos de la comunidad autónoma, de los ayuntamientos y demás, porque interpretar esas leyes, cuando lo llevan de un sitio para otro, a otro artículo, se da la paradoja, paradoja no, que es un hecho real y grave además, de que un informe de la Cotmac, de un técnico, ese técnico lo cambian o tiene que cambiar por una razón, por la que sea, viene el técnico y lo hace distinto. ¡Impresentable! Eso no lo puede permitir el legislador porque estamos bloqueando el desarrollo, el crecimiento, y estamos bloqueando la creación de puestos de trabajo, y estamos bloqueando el Estado del bienestar. Y esta comunidad autónoma nuestra necesita de una vez que se resuelvan los problemas de ordenación del territorio. Porque el problema en sí no está tanto en las leyes, que son muchas y confusas, está en que luego esas leyes hacen que el planeamiento no camine, que el planeamiento no pueda avanzar, y, por lo tanto, se bloquean las esperanzas de crecimiento, de desarrollo, etcétera, etcétera. Y esto unos territorios lo padecen más que otros. Por eso, permítame señora presidenta, brevemente, que destaque la oferta del Gobierno, de la señora consejera Nieves Barreto, de que con los medios que el Gobierno nos pueda aportar y las actuaciones de cada uno...

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Castro.

En nombre del Gobierno, señora consejera.

La señora CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD (Barreto Hernández): Señora presidenta. Señoras y señores diputados.

La protección, la ordenación y el uso del suelo insular requieren normas y reglas que lo aseguren y que ordenen el conjunto de intereses legítimos, tanto públicos como privados, que confluyen sobre el territorio de un modo que además debe ser sostenible. La regulación del suelo es necesaria e imprescindible. De esa tarea y de sus bondades da cuenta buena parte del esfuerzo legislativo y planificador realizado en la Comunidad Autónoma de Canarias casi desde su constitución.

Con independencia del mayor o menor acierto de cada una de ellas, desde bien pronto las normas autonómicas han buscado la salvaguarda de los espacios naturales protegidos. Así tenemos las leyes de espacios naturales protegidos de 1987 y 94. La protección del suelo rústico y contención de su ocupación, con la ley del suelo rústico del 87. La adecuación de la planificación a la realidad insular, con la ley de planes insulares del 87. La evaluación ambiental de los planes, con el decreto del 95. La integración de la ordenación ambiental, territorial y urbanística, la Ley de Ordenación del Territorio del 99. Y el equilibrio entre turismo y territorio, con la Ley de Turismo, la ley de la moratoria de 2001, la de islas verdes del 2002 y las directrices de 2003. El Texto refundido de la ley de ordenación del territorio y espacios naturales de Canarias de 2000 recogió y sistematizó esa experiencia reguladora. Con posterioridad, otras leyes modificaron este texto refundido hasta la Ley de Armonización de 2014, y otras profundizaron sobre la ordenación del territorial de la actividad turística, como las del 2009, 2013 y 2015.

Es importante reconocer que las normas ambientales, territoriales y urbanísticas, con sus virtudes y sus defectos, han contribuido de manera decisiva a la protección y a la ordenación del territorio y del paisaje de las islas. Sin dejar de reconocer lo aportado, también es cierto que las normas territoriales y urbanísticas aprobadas se han convertido, en buena medida, en una carga que va mucho más allá de lo necesario para la consecución de los fines que se justifican; que en ocasiones se transforman en meros obstáculos, no siempre explicables, dificultando un desarrollo racional y sostenible del territorio.

Frente al modelo de refundición, la realidad actual de la normativa ambiental, territorial y urbanística canaria viene determinada por un texto refundido de la Ley de ordenación del territorio y espacios naturales de Canarias, objeto de 16 reformas desde su aprobación, una por año, algunas de especial calibre por los cambios introducidos no solo en el articulado sino en sus fundamentos. Una regulación singular de lo ambiental desconectada de esa norma general. Un instrumento de ordenación autonómico, que son las directrices de ordenación general, del mismo rango que aquel texto refundido; un conjunto de leyes que tienen por objeto la ordenación territorial del turismo, con una compleja relación entre ellas. A ello hay que sumar dos reglamentos generales de elaboración de planes y de gestión urbanística de 2006 y 2004, y un número ingente de instrumentos de planeamiento ambientales, territoriales y urbanísticos. Y aun así, el marco normativo está incompleto: faltan desarrollos reglamentarios indispensables, como el de las determinaciones del planeamiento para el adecuado entendimiento de este conjunto de normas. El cuadro se termina de complicar con la decisión de cada una de esas normas y de muchos de esos planes de imponer procesos y plazos de adaptación a sus determinaciones, que sirven para introducir situaciones de incertidumbre sobre las normas aplicables sin una justificación real.

La normativa territorial y urbanística puede considerarse una carga, no solo por la complejidad de ese conjunto de leyes y reglamentos, sino también, en mayor medida, por la complejidad de muchas de las reglas que establece, por la rigurosidad formal de otras, por las contradicciones entre algunas de ellas y por la imprecisión de otras, incluso por los vacíos existentes. Obviamente, no toda la legislación responde a esos caracteres, pero valoradas en su conjunto, estas deficiencias explican que la regulación del suelo se haya convertido, no en un elemento de ordenación y de equilibrio sino, en muchos casos, en un lastre para la planificación y para el ejercicio ordenado de actividades sociales y económicas.

Es claro que estas contradicciones e insuficiencias son manifestación de conflictos de intereses que se proyectan sobre el suelo y el territorio: conflictos de valores, de desarrollo económico frente a conservación de recursos naturales, de dimensión espacial de la ordenación -archipiélago, isla, comarca, municipio-, de intereses patrimoniales -propietarios frente a promotores o frente a vecinos-, del sentido de la ordenación -plan para los ciudadanos; plan con y de los ciudadanos-, y entre otros, de poder público, de quién gobierna el territorio -Estado, comunidad autónoma, isla o municipio-. Ahora bien, aun siendo de ese modo, esos conflictos se agravan, y su adecuada resolución se obstaculiza cuando las reglas aplicables, en lugar de contribuir a solventar esas tensiones y a satisfacer los intereses públicos concurrentes, operan como trabas, dificultades y obstáculos, enmarañando aún más los problemas. Es comprensible que los ciudadanos no entiendan que esta realidad impide la atención razonable de sus necesidades o la demora sine die de sus trámites. También que empresas y promotores sean críticos y recelosos ante unas reglas de juego tan inciertas y conflictivas.

Por ello, se hace imprescindible y perentorio superar la situación apuntada con una regulación que cumpla la función ordenadora que le corresponde, y nada más. En ese sentido es posible hablar de simplificación, pero también de actualización del marco normativo. Es necesario simplificar, lo que significa reducir cargas y trámites excesivos e innecesarios, y simultáneamente clarificar los procedimientos que guían las acciones de las distintas administraciones públicas, con la elaboración y aprobación de los distintos instrumentos de planeamiento. Es necesario reordenar las normas, las reglas y los instrumentos en aras de conseguir la claridad y la certidumbre, evitar duplicidades e incoherencias, y eliminar la dispersión normativa siempre, y en todo caso sin menoscabo de la obligada protección del suelo como recurso natural. Y, además, es imprescindible actualizar la normativa que regula la protección y la ordenación del suelo de las islas, de modo que dé respuesta a las nuevas necesidades.

Pero, además, la fragilidad medioambiental del suelo en las islas impone que la labor de simplificación de las reglas sea realizada con sentido común y con ponderación, evaluando los riesgos de los cambios que se introduzcan, con el fin de evitar daños y perjuicios a ese recurso tan escaso como valioso que es el territorio. Esos dos principios -sentido común y ponderación- deben guiar la reforma legislativa.

Por otra parte, tal y como se apuntó, la confluencia de intereses que concurren en el uso del suelo, como la diversidad de entendimientos e ideas, exige la máxima participación y el mayor debate con todos los implicados y con todas las administraciones. En este sentido, la participación social e institucional debe ser el otro gran principio rector de esta labor de reordenación de las normas sobre el territorio y el espacio urbano.

Para hacer efectivos los fines descritos -simplificar y actualizar-, no basta con una refundición de las leyes vigentes, reconduciéndolas a la unidad y a una mejor sistemática. Esta tarea resultaría incompleta, la integración de las normas es necesaria pero, como se ha apuntado, buena parte de los problemas se encuentran en las reglas y en los criterios que esas normas imponen, de modo que los objetivos perseguidos requieren de una reforma completa del marco legislativo, actualizándolo en una única ley y simplificándolo. Estamos convencidos de que el cambio de modelo económico tiene como protagonista a nuestro territorio. Las actividades vinculadas a la economía tienen que poder desarrollarse, y las oportunidades de inversión concretarse con seguridad jurídica. Por ello, debemos agilizar la gestión del territorio. La carga burocrática que conlleva cualquier decisión sobre el suelo en nuestra tierra no puede seguir lastrando a este archipiélago. Es necesario que el planeamiento sea aprobado por los cabildos y ayuntamientos, respectivamente. Nos encontramos ante un reto y una oportunidad. Las decisiones de organización de la vida económica sobre el territorio pueden condicionar los resultados durante un largo período de tiempo, y por ello es evidente que la planificación territorial se debe agilizar, pero siempre con criterios razonables y garantizando la protección de nuestro entorno natural. De ese modo, la autonomía quedará asegurada, también la transparencia y la responsabilidad de cada administración, al tiempo que se garantizará la participación pública de los ciudadanos, eliminando un motivo fundamental de bloqueo de la ordenación vigente.

El control de legalidad externo, como decíamos antes, corresponderá a los tribunales, ello está claro sin menoscabo de la cooperación entre todas las administraciones.

Con esta propuesta basada en la autonomía de cada una de las entidades públicas, este órgano autonómico, que viene desempeñando la función de control y aprobación, la Cotmac, debe limitar su intervención a todos aquellos documentos promovidos por la administración autonómica, así como a la aprobación de los planes insulares de los cabildos, por ser administración superior, pero los planeamientos municipales, planes generales de ordenación, deberán ser elaborados por los municipios y aprobados en los cabildos, dando relevancia de esa manera a la competencia insular. Ahora bien, es importante que la Cotmac, ese organismo u órgano una vez que se redacte la ley, se convierta en órgano consultivo en materia ambiental, territorial y urbanística para todos aquellos planes que no deban ser aprobados allí.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora consejera.

Ahora los grupos no proponentes. En primer lugar, Grupo de Nueva Canarias, señor Rodríguez.

Cuatro minutos, señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías.

Los que tenemos una cierta trayectoria y conocemos la evolución de la norma hemos escuchado esto muchísimas veces, muchísimas veces, aquí no ha habido nada, ni un solo aporte que no haya hecho el gobierno anterior y el anterior.

Se ha vuelto a poner sobre la mesa un análisis, que, como casi todos los análisis, tiene cosas buenas y cosas malas, parte de verdad y parte de interés. Es evidente que esto que nos pasa se puede mejorar, se podría haber mejorado si ustedes no hubieran hecho las cinco leyes que hicieron, que lo que han hecho es confundir, generar inseguridad, volver a poner plazos y contraplazos un día sí y otro también, se podría haber mejorado, y algunos lo dijimos aquí, y ustedes no hicieron ni caso, no aceptaron ni una enmienda, y ahora vienen ustedes a enmendarse a sí mismos todo lo que han hecho y lo que nos ha llevado hasta aquí.

Hay otra etapa de la historia de la comunidad, como insisto, en que se hicieron las cosas debatiendo, por consenso, pero no solamente en esta Cámara, también con los agentes sociales, económicos y los ámbitos institucionales, locales e insulares. Y eso lo rompieron algunos, y tienen nombre y apellido.

A mí me parece que esto, este discurso, es más de lo mismo -se lo tengo que decir, don Antonio (dirigiéndose al señor Castro Cordobez), y sabe el cariño que le tengo-, más de lo mismo. Que no quiere decir que nosotros no estemos dispuestos a cooperar, el Partido Popular ha hecho una propuesta que a mí me parece, incluso, razonable, y es: generemos en el espacio parlamentario un debate en serio sobre este tema, y escuchemos a los ayuntamientos, a los cabildos, escuchemos a los expertos, no solamente a los expertos que están por desregular, también a los expertos que creen que allí no está el problema, y hay mucha opinión cualificada en Canarias en la materia, y aproximemos situaciones. Y si hay algún problema puntual, lo vamos a resolver. Porque aquí hay una tendencia muy humana a echarle la culpa a los demás de las propias incompetencias.

Yo conozco ayuntamientos que han hecho sus planes y los han adaptado con estas reglas en tiempo y forma, conozco planes territoriales realizados en tiempo y forma en tres años, y conozco ayuntamientos que... Bueno, voy a ponerles un ejemplo, no crean que le tengo manía, el señor presidente del Gobierno era alcalde de una ciudad y fue cuatro años alcalde y cuatro años concejal de Urbanismo, la Cotmac no tiene nada que ver con que esa ciudad no tenga plan de ordenación, nunca lo mandó. Y así, les puedo poner unos cuantos ejemplos, no simplifiquemos tampoco los problemas que tenemos, los problemas que tenemos dependen en unas ocasiones de que norma no se interprete de forma debida, pero en otras ocasiones es que hay gente que le gustaría hacer cosas que la norma no permite, hay cosas que no se pueden hacer en esta tierra porque prevalece el interés general, pero yo estoy de acuerdo en que siempre esto es mejorable y lo hagamos bien y lo hagamos por consenso, generemos un espacio de trabajo con todo el mundo en este Parlamento y hagamos una respuesta consensuada, estratégica y duradera, y que no dure seis meses, porque las leyes que ustedes hicieron duran ¡seis meses! ¿Cómo se puede venir con otra ley de armonización y simplificación si el 15 de enero de este año entró en vigor la ley que decía este mismo asunto? Y bien dicho, ahí están las actas, ahí están las grabaciones, no se ha reglamentado esa ley, ya ustedes se la quieren cargar. Hay asuntos resueltos en la Ley de Armonización, la Ley de Armonización no es malísima ni buenísima, tiene cosas buenas y malas, a nosotros nos parece que el procedimiento fue inadecuado y tomó decisiones incorrectas, fíjese usted si son incorrectas que ustedes mismos se la cuestionan, pero nosotros lo que decimos es: "oiga, hablemos de este tema, ¿que tenemos un problema puntual en algún territorio o en algunas circunstancias? Lo resolvemos". Porque este discurso -insisto- lo he escuchado yo en muchas ocasiones, y mire los resultados que hemos tenido.

Y yo insisto: yo no voy a defender al Gobierno anterior, Dios me libre, eso es un asunto de ustedes, pero ahora no va a resultar que la varita mágica para la solución de este problema que siempre está sobre la mesa la tienen ustedes y no la tenían los anteriores. Hablemos en este Parlamento, creemos un espacio, nosotros estamos evidentemente dispuestos a colaborar, cambiemos la norma si hay que puntualmente modificarla y hagamos las cosas con visión estratégica y en defensa del interés general que...

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez, muchas gracias.

En nombre del Grupo Podemos, señora Delgado.

La señora DELGADO LUZARDO: Buenas tardes de nuevo, presidenta.

Señora consejera, no le he oído decir nada sobre la Cotmac y la verdad es que me preocupa lo que vayan a hacer con ella. La Cotmac es un órgano de coordinación regional absolutamente necesario, engloba a todas las administraciones públicas y dota de una perspectiva global a la planificación de las infraestructuras de Canarias, integrando, además, las necesidades de todas las islas con una visión suprainsular. El problema muchas veces que se le echa a la Cotmac es de burocracia, rigideces, obstaculizaciones, no es problema de la Cotmac sino de cómo se ha utilizado esta herramienta de coordinación regional. Lógicamente, cuando algo se utiliza mal no sirve pero no porque la herramienta sea mala sino porque en este caso es un problema de gestión política.

Algunas veces he oído que los políticos se quejan de los técnicos de la Cotmac, como si ese fuera el problema de su mal funcionamiento o de sus bloqueos. Mire, no se les ha ocurrido pensar que quizás el problema sean ellos mismos, los dirigentes políticos. Estos políticos han querido utilizar la Cotmac como su chiringuito particular para que les apruebe sin ningún tipo de pegas aquellas ocurrencias de proyectos, de infraestructuras, de instalaciones, que les venga en gana donde quieran y como quieran. Miren, lo que en el fondo han querido decir estos dirigentes políticos es: a mí no me viene ningún funcionario a decir lo que tengo que decir ni si está bien o está mal, y no quieren oír hablar de problemas legales y que interrumpan la ejecución de sus proyectos. Sin embargo, miren, yo les digo una cosa, las leyes están para cumplirse y los mayores incumplidores de las leyes son los propios gestores de la administración, los propios gestores políticos.

Siento mucho que no esté aquí ahora mismo el señor Ruano porque me gustaría decirle que sí, que soy radical, me confieso, soy radical, radical porque voy a la raíz de las cosas y sé de lo que hablo y sé lo que digo. Mire, hagan, por favor, una buena planificación de los recursos naturales y verán que luego toda la planificación de ordenación del territorio, la urbanística, la sectorial, saldría sin obstáculos porque se habrá hecho bien desde el principio. No intenten encajar los proyectos decididos de antemano y de forma individualizada en el puzle de nuestro territorio y de nuestro ambiente sin una buena planificación previa porque está claro que al final no van a encajar ni con calzador.

Mire, la solución es mucho más básica y elemental, a la vez que más difícil, se trata de un cambio de actitud y una definición coherente y honesta del modelo socioeconómico y ambiental que queremos para Canarias. Mientras los políticos legislen en un sentido y actúen en otro, esta esquizofrenia colectiva y este trastorno bipolar lo vamos a seguir sufriendo, a ver cuándo se enteran de que la política ambiental es transversal a todas las demás políticas y dejen de tenerla escondidita. La política ambiental no juega solo por sí misma, es la que marca nuestra economía y nuestro desarrollo socioeconómico.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Delgado.

En nombre del Grupo Popular, señor Jorge.

El señor JORGE BLANCO: Gracias, señora presidenta.

Voy a hacer una serie de reflexiones en relación con todo lo que hemos ido hablando muchas cuestiones serán repetitivas. Miren, hoy en esta intervención que ha tenido la consejera se ha presentado la tercera enmienda a la totalidad de la Ley de Armonización del territorio, que hubo dos en el momento en el que se aprobó la ley que fueron una de Nueva Canarias y otra, la más importante, la del Partido Popular, hoy es la tercera, la del propio Gobierno, en una legislación que escasamente lleva..., bueno, no lleva ni un año en vigor, algo malo o algo mal se hizo en aquella ley por parte de los grupos que apoyan al Gobierno.

A nosotros nos alegra que el presidente del Gobierno siendo candidato en sus inicios, en algunas de sus intervenciones, lo primero que dijera es: "me voy a cargar la Cotmac", recuerden, en una intervención, generó cierto revuelo y al final rectificó, dice: "no, no, la voy a dejar solo para la aprobación de los instrumentos de evaluación ambiental de Canarias pero el resto lo delego en cabildos y ayuntamientos". Pues mire, es que la evaluación ambiental de acuerdo con la legislación del Estado, con la Ley de Evaluación Ambiental del Estado también se puede delegar porque deja en manos de los órganos de la comunidad autónoma la decisión de qué órgano de la comunidad autónoma puede aprobar los instrumentos de evaluación ambiental. Lo digo para que sirva de conocimiento al presidente de que también las evaluaciones ambientales se pueden delegar en cabildos y ayuntamientos.

Como ejemplo del mal funcionamiento de la Cotmac, el Pteoti de Gran Canaria. Lo aprueba la Cotmac en noviembre del 2011 -noviembre del 2011-, con ciertas rectificaciones que le remite al cabildo; se produce una deslealtad institucional, a mi juicio, por parte del Gobierno de Canarias con el cabildo, perdónenme la expresión, vacilándose al cabildo, y hasta marzo del 2014 -del 11 hasta el 14- no publica definitivamente el Plan territorial turístico, de suma importancia para Gran Canaria, porque tenía fallos de carácter formal. Ese fue el juego del Plan territorial de ordenación turística de Gran Canaria en relación con el papel que ha jugado la Cotmac, que ha servido no como estímulo sino como freno a la inversión y al desarrollo de Canarias.

Otra reflexión más. Miren, simplificación-desregulación, parece como que tenemos miedo a hablar de la desregulación, como si de cara a la galería fuéramos a no hablar de desregulación sino solo de simplificación... Mire, es que los grupos que apoyan al Gobierno ya han desregulado, con apoyo del Partido Popular, es verdad. Hay una figura, que es la calificación territorial, de suma importancia en la regulación del suelo rústico, que el Gobierno o, mejor dicho, los grupos que apoyan al Gobierno, ya han desregulado. Antes era un instrumento de ordenación urbanística y ahora es un mero acto administrativo que legitima un proyecto de actuación en suelo rústico: eso se llama desregular, eso no es simplificar. Y yo digo, y mi grupo dice, serenamente, si hay algo que desregular, desregulemos; simplificar probablemente haya que hacerlo, pero también veamos qué cosas es necesario desregular porque desregulando también simplificamos la ordenación.

Señorías, no insisto mucho más en los temas. Simplemente recuerden que hubo una comisión de expertos para la reforma de la Administración pública canaria, hay una diputada aquí sentada que fue miembro de esa comisión de expertos, del Grupo Nacionalista, consulten con ella porque había propuestas muy interesantes en relación con la reforma de la legislación territorial en Canarias a la que...

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jorge.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora Alemán.

La señora ALEMÁN OJEDA: Gracias, señora presidenta.

Bueno, obligados como estamos o debiéramos estar a salvaguardar nuestros espacios aquí en Canarias, también debemos hacerlo compatible con el desarrollo del archipiélago.

Tenemos que aportar seguridad jurídica, ya lo decía en la anterior intervención, a los canarios y las canarias, una planificación territorial, ambiental y urbanística va a ser la llave, es el instrumento que nos va permitir gestionar nuestros recursos naturales y nuestros suelos.

Valoramos y felicitamos a la consejera por esas reuniones o mesas de trabajo que se pretende celebrar con los profesionales en este sector, como anunció en la anterior intervención, con profesores, juristas y personal de la consejería; sería interesante conocer los frutos que, sin duda, van a dar esos foros, que estarán, sin duda, cargados de conocimiento. Ponemos también en valor que la prioridad de la consejera sea la máxima transparencia y la participación, creemos que, sin duda, ese es el mejor camino y espero que sea la dinámica en todas las consejerías del Gobierno de Canarias.

Ofrecer más competencias en materia territorial y urbanística a los cabildos y a los ayuntamientos es una demanda histórica de estas instituciones no solo va a simplificar los trámites sino que va a aliviar también la sobrecarga de trabajo que existe en la Cotmac, además nos va a ahorrar, sin duda alguna, muchos quebraderos de cabeza, pero no nos olvidemos de la experiencia y el conocimiento que alberga la Cotmac, no lo apartemos como un muñeco roto, todos solicitamos agilidad. Sin duda nos encontramos ante una gran oportunidad y podemos afrontar este reto.

Pero, como decía antes, tanto entramado normativo, lejos de garantizar agilidad lo que va a hacer es aportar confusión. Tenemos más de una reforma por año de un texto de hace quince años -del año 2000- al que todavía le faltan los reglamentos, y a eso le tenemos que sumar los plazos de adaptación. Todo en conjunto supone, más que una herramienta para la ordenación, un ancla que nos impide planificar, y, si me permiten el símil, imagínense ese niño que la madre o el padre no quiere que se ahogue en la playa y entonces le pone los manguitos, el chaleco, la burbuja, el flotador, para que pueda nadar, pero es que al final no va a poder ni moverse, que es lo que nos pasa ahora, que apenas podemos movernos.

Todo esto son trabas para resolver conflictos y cada vez son más obstáculos, y, claro, nos vemos cada vez más alejados también de poder satisfacer los intereses públicos que es en esencia nuestra labor más básica. Después de todo esto, es evidente la necesidad de una regulación simplificada, en eso estamos de acuerdo todos aquí en esta Cámara, y estoy segura que también fuera.

Sobre el Pteoti recordar que el cabildo también se negó a subsanar sus propios errores, a publicarlos, por lo tanto, es un autobloqueo por parte del cabildo. Nadie me lo contó, yo estaba allí y sé qué pasó.

Así que desde el Grupo Socialista entendemos que sí a simplificar y sí a la eficacia.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Alemán.

En nombre del Grupo Nacionalista..., ¿no? ¡Ah, perdón!, el proponente. Sí, sí, perdón.

Ahora el Grupo Mixto, señor Casimiro Curbelo, por once minutos.

El señor CURBELO CURBELO: Buenas tardes, de nuevo, señora presidenta, señora consejera, señorías.

Si durante los últimos quince años el sistema de planeamiento de Canarias ha estado injertándose con iniciativas inconexas, bien vale la pena, aunque no estemos inicialmente todos de acuerdo, que hablemos de un proyecto de ley al que vayamos aportando de forma continuada iniciativas que mejoren la realidad que todos pretendemos. En estas condiciones indudablemente es más que necesario revertir la actual situación hacia pautas de racionalidad del sistema de planeamiento y de las leyes que afectan. Y por tanto voy a hacer algunas consideraciones. Es verdad que el planteamiento que hice en mi última intervención respecto de la descentralización de la Cotmac probablemente para los socios del Gobierno puede ser utópico, pero sería el ideal, porque por qué vamos a desconfiar, y, además, coincidiendo con que la declaración ambiental debe ser transversal en todas las iniciativas que se lleven a cabo en el ámbito territorial. Pero se deben tomar en consideración de manera urgente, al menos las siguientes medidas:

La asignación competencial a la que antes hacía referencia, teniendo como criterio el principio de subsidiariedad y la mayor proximidad al ciudadano. Sé que probablemente esta realidad nos puede asustar, pero yo creo que es la ideal para el futuro. Y, por tanto, que ello lleva aparejado la revisión estructural y competencial de la propia Cotmac y sus funciones.

En segundo lugar, el establecimiento de plazos específicos para la aprobación de los planes generales municipales en un entorno temporal que no supere una legislatura. Más de cuatro años para aprobar y ese debe ser un objetivo de cooperación del Gobierno con las corporaciones públicas canarias. Más de cuatro años me parece absolutamente inapropiado para el gobierno del territorio. Porque, claro, ahora estamos inmersos en la crisis, sabemos que hay indicadores de que se puede superar pronto, pero saldríamos antes si el gobierno del territorio fuera mucho más ágil, y esto depende de todos.

En tercer lugar, descargar los planes generales de contenidos innecesarios para la gestión y protección y uso eficiente del suelo. Esto lo podemos hacer perfectamente. A excepción de aquellas disposiciones de normativa específica de rango superior, que indudablemente hay que respetarlas.

Cuarto, asunción de la figura de planeamiento continuo. No se ha planteado, no lo he escuchado nunca aquí, y me parece que es importantísimo, y eso lleva aparejadas indudablemente modificaciones de leyes, entre ellas, la Ley 6/2009, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.

Quinto lugar, gestión integrada de la tramitación urbanística y medioambiental. Yo no entiendo por qué se empeña el Gobierno en llevar todo a la Cotmac, cuando hay cosas que, una vez aprobado el plan insular en cada una de las islas, la declaración ambiental, en el contexto, sin romper el esquema de cada uno de los planeamientos insulares, se resuelve en el ámbito de cada isla. Yo no sé... Salvo las declaraciones ambientales estratégicas para el modelo regional. Por tanto, gestión integrada de la tramitación urbanística y medioambiental en la línea justamente inversa a lo que se establece en la Ley de Armonización y Simplificación, a la que tantas referencias ha hecho hoy el señor Román. Para ello se propone recuperar el espíritu y la buena parte del contenido del Decreto 33/95, de contenido ambiental de planeamiento, que tantos buenos resultados dio durante sus catorce años de vigencia y que erráticamente se derogó en el año 2009. Recupérese. Con ello se propone recuperar el concepto europeo de evaluación ambiental, necesario.

Sexto, armonización efectiva del marco legislativo y reglamentario, en condiciones que resulten efectivas de cara a ser eficiente en el gobierno del territorio y la reducción de la conflictividad jurisdiccional. Hoy, prácticamente, no conozco un planeamiento de trascendencia territorial y estratégico en la comunidad autónoma que no termine en los tribunales. Le propondré alguna medida también para erradicar ese mal endémico.

Sexto, un pacto institucional, real, sin temor, entre el Gobierno, la Fecai, los ayuntamientos -los 88 ayuntamientos canarios- y los cabildos canarios, que diera cobertura a procedimientos específicos dentro del marco legal de actuación y lo que se pueda implementar al efecto, para que los municipios puedan acelerar la adaptación y aprobación de sus planes generales.

Ocho: habilitación -es que yo, señora consejera, hoy no, pero pronto le pediré recursos para cooperar con los ayuntamientos de la isla que quieren terminar sus planeamientos, de la isla de La Gomera, y por ende lo haría extensivo al conjunto de los ayuntamientos canarios-, por tanto, habilitación de recursos humanos y económicos suficientes para la gestión eficaz del urbanismo y la ordenación del territorio en todos los ámbitos de las administraciones públicas de Canarias. El grado de judicialización, como decía antes, al que se ha llegado en el ejercicio ordinario del planeamiento puede y debe ser calificado de patológico y económicamente lastrante para el gobierno del territorio y para el desarrollo de la economía vinculado a la implantación de actividades económicas en el territorio.

Para corregir esta situación, se propone la prolongación de la vía administrativa de los procedimientos de aprobación de los planes mediante el establecimiento de un mecanismo que llene el vacío dejado por la eliminación del recurso de reposición tras la adopción del acuerdo de la Cotmac. Termina el acuerdo de la Cotmac, antes había recursos de reposición y se podía resolver algunas cosas; ahora, a la vía jurisdiccional. Y al respecto, por eso, se proponen las siguientes medidas:

En primer lugar, recuperar la comisión arbitral de conflictos urbanísticos y ambientales. No cuesta nada; es preferible, antes que llegar al orden jurisdiccional, porque a partir de ahí, ya no se resuelve en la vía política ni en la vía administrativa ordinaria, la resuelven otros, y no se sabe cuándo ni cómo. Bueno, sí, algunas veces se sabe, pero desde luego no siempre coincidiendo con el interés de la corporación respectiva y con el interés general.

En segundo lugar, creación del tribunal administrativo de ordenación territorial y urbanística. Se trataría de crear un órgano plural y de trámite obligatorio previo a la intervención judicial en los procedimientos de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento, análogo a los que ya existen en materia fiscal o de contratación pública: el tribunal económico-administrativo y el más reciente, el creado tribunal administrativo de contratación. Por tanto, en este marco de propuestas, hay un abanico amplísimo, y miren, desde la Agrupación Socialista Gomera compartimos inicialmente con el Gobierno -ya compartimos con el Gobierno- la idea de simplificar la maraña administrativa y legislativa que hoy existe, porque compartiendo ese criterio ya compartimos que hay que tomar decisiones para el buen gobierno del territorio en los próximos años, para el buen gobierno del territorio y para resolver un problema que afecta gravemente a la sociedad canaria y que, desde luego, afecta, como antes señalábamos, muy gravemente al futuro económico y a la respuesta ciudadana. Es que muchísimas veces -esta mañana o esta tarde le ponía el ejemplo-, para tomar la decisión en un municipio de modificar algo tan sencillo como es tomar una decisión legítima para dotar de infraestructuras al municipio -al municipio, no estamos hablando de una comarca, al municipio-, todo eso tiene que pasar por la Cotmac; me parece ese procedimiento absolutamente arcaico, innecesario, improductivo, burocrático y muchas cosas más.

Por tanto, nosotros, desde la Agrupación Socialista Gomera, nos predisponemos a cooperar con el Gobierno, como no podía ser de otra manera, para intentar resolver un problema grave que nos afecta a todos, nos afecta a todos, y cuando digo a todos, afecta a...

Y digo que me gustaría más hablar de futuro. Es verdad que la Ley de Armonización es muy reciente; no es menos cierto que fue de un Gobierno de colores políticos que son los que hoy gobiernan en Canarias, pero miren, agua pasada no mueve molino, para mí y para el grupo de Agrupación Socialista Gomera. Hablemos de futuro, y en ese futuro, señora consejera, nos va a encontrar a nosotros para cooperar en todo aquello que sea necesario.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Curbelo.

Por el Grupo Nacionalista, señor Castro.

El señor CASTRO CORDOBEZ: Señora presidenta, señorías, señora consejera, de nuevo.

Bueno, me uno, básicamente, a la intervención de don Casimiro Curbelo, prácticamente, sin discrepancias, y aprovecho para aclarar algo que yo quería aclarar: que es legítimo lo que se hable aquí, lo que se diga, es legítimo, pero los tiempos cambian, las circunstancias cambian, y la evidencia de los hechos también hace a uno rectificar. Malos son los gobiernos, los partidos y los políticos que no rectifican, si es necesario rectificar, y como todos sabemos, pues, rectificar es de sabios.

Yo en ciertos grupos he oído un discurso que...: "¡pero y cómo van a cambiar, y cómo van a hacer!" O sea, ese es un discurso conservador, con todos los respetos.

Es verdad que muchos -algunos, no muchos-, algunos de los que nos sentamos aquí hemos apoyado leyes -y usted también, don Román, y cualquier grupo de los que estamos aquí-, hemos apoyado leyes con las que no estábamos completamente de acuerdo, pero que sabíamos que era necesario sacarlas adelante porque mejor es una mala ley, posiblemente, que ninguna ley, porque en un Estado de derecho hacen falta las leyes, si son malas ya se arreglarán. Y ese es el espíritu que debe prevalecer aquí, ahora. El discurso de mirar para atrás en un asunto tan trascendental y en el que todos estamos de acuerdo, principalmente los ciudadanos, los técnicos, los que trabajan, los técnicos municipales, los letrados, está todo el mundo de acuerdo en que es imposible. Los propios técnicos del Gobierno de Canarias, ellos mismos, reconocen las dificultades que tienen muchas veces para interpretar normas.

Mire, en fin, estoy totalmente de acuerdo también con la intervención de doña Nayra Alemán, y que básicamente venía a decir también que en esta línea del necesario consenso, el programa que tenemos los gobiernos, no nos hemos presentado a los ciudadanos engañándolos, este que está aquí pasó su campaña electoral porque mi grupo político así lo había decidido, en esto los partidos que están formando el Gobierno apoyamos esto, y el Gobierno lo recogió en su programa.

Luego, ¿para qué perder el tiempo en estos discursos, que no los voy a calificar? No. Aquí hoy la señora consejera ha hecho una propuesta, que la han cogido algunos grupos, entre ellos el Popular, cosa de la que nos alegramos, un discurso de que vamos a poner en marcha de nuevo el reloj. Y eso es imprescindible, y no les habla una persona que tenga quizás una especial responsabilidad, que la haya tenido en estos asuntos, pero es fruto de los años de experiencia y fruto de estar a pie de calle, con los ciudadanos.

Miren, nadie que esté en su sano juicio puede considerar que es correcto que tengamos 19 leyes, 9 decretos, porque algunos van remitiendo a otros, y como dijo doña Nayra Alemán la ley del 2000 y el reglamento que reunificaba las dos leyes de espacios naturales y de ordenación del territorio, dijo que había sufrido varias modificaciones, ¡21 modificaciones! Luego, compadezco al letrado, al técnico, al arquitecto, al biólogo que tenga que interpretar eso. Es de cajón que no se puede seguir así.

Y trabajar sobre una reforma que sabemos el estilo de las reformas que se hacen, que yo les voy a leer aquí, de la ley que estamos apelando, que aprobamos en la legislatura pasada, y dije "aprobamos", y que habla, fíjense ustedes, de lo que estamos pidiendo, algo clave que ha planteado don Casimiro Curbelo, que lo ha dicho la señora consejera y que también lo ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, que es considerar que son mayores de edad las administraciones bases -los ayuntamientos, los cabildos- y que podemos confiar en ellas, y en ese sentido se habla de la Cotmac insular, que no es para quitar la Cotmac autonómica, la Cotmac del gobierno, no es ese el propósito, sino que tengan las competencias que sean de esa isla, y, pues, que se resuelvan ahí sin tener que irnos al superior.

Y hay quienes dicen que se puede crear la Cotmac con base en la Ley de Armonización y Simplificación que aprobamos recientemente, la que a don Román le gusta decir que lleva seis meses. ¿Sabe lo que dice de las Cotmac insulares? La Cotmac, el organismo, "podrá funcionar en pleno o en secciones insulares desconcentradas, tal y como se establezca reglamentariamente".

Don Román, sinceramente, agarrémonos usted y yo para el reglamento, usted tiene experiencia igual que yo en los gobiernos. Agarrémonos. O empiecen a regatear quién tiene competencias, quién no tiene competencias, qué le doy, qué no le doy. ¡No! Eso hay que dejarlo claro en una ley, hay que dejarlo claro en una ley, eso no puede quedar en manos de técnicos y de funcionarios, y por eso nosotros estamos diciendo, nosotros hemos venido aquí a proponer, el Gobierno y nuestro grupo y el Grupo Socialista, que hagamos esa ley aquí, es una oportunidad histórica, única. Nosotros no podemos seguir haciendo leyes sobre leyes, cada vez tendremos más leyes y más confusión. Que algunos lo agradecen, algunos lo agradecen, pa' pleitear, o para, incluso, frenar actuaciones por intereses privados, a veces espurios, para frenar las de otros porque no me interesa, por la competencia, porque no se haga esto. Y luego, en situaciones que claman al cielo, como son las islas que hablamos de La Palma, La Gomera y El Hierro, se hizo una buena ley en su época, se hizo una buena ley, ¿y entonces ahora por qué estamos diciendo que hay que modificar y que hay que arreglar eso? ¿Sabe por qué? Porque, claro, porque el planeamiento está hecho por las otras leyes y, entonces, para poder hacer algo hay que meterlo en plan turístico, que ahora está cuestionado por los jueces, por una que..., vamos, que nosotros consideramos un disparate jurídico, pero respetamos la ley, que por una actuación puntual se eche abajo todo un plan, pero eso es lo que da lugar a estas cosas, eso es lo que da lugar. Y don Casimiro Curbelo cuando ponía que a lo mejor tiene que haber un órgano de arbitraje tiene completo fundamento, será así o no, lo que decidamos aquí, pero, señorías, lo que les estamos proponiendo es que lo hagamos aquí, ¿pero es que nosotros no somos los representantes de los ciudadanos?, ¿a nosotros no nos han dado su confianza?, ¿cada uno no está aquí proporcionalmente representado?, ¿no conocemos los intereses de cada isla, las situaciones de cada isla?, ¿no confiamos en la autonomía de nuestros ayuntamientos y nuestros cabildos?, ¿hacia dónde vamos caminando cuando cada vez hablamos más de descentralizar?, se está pidiendo descentralizar y transparentar y transparentar.

Yo como se va acabando el tiempo porque tendremos oportunidad de hablar mucho de esto, ya me gustaría a mí tener tiempo para entrar en detalles que se han planteado aquí, pero sí me van a permitir, señorías, poner sobre la mesa algunos tópicos como que somos enemigos de los espacios naturales, que somos enemigos de la sostenibilidad. Yo les digo: pues vayamos a la isla de La Palma, vayamos a la isla de La Gomera, vayamos a Fuerteventura, los espacios naturales están en la ley y los vamos a respetar, como dijo el presidente del Gobierno hoy aquí, vamos hablar sobre el resto y el resto de lo otro tiene que ser claro, transparente y ágil porque es que resulta que vamos con una apisonadora, aquellas de los años 50, cuando hoy las modernas hacen muchos más kilómetros en el mismo tiempo, las apisonadoras para las carreteras que los chiquillos nos subíamos y nos bajábamos porque caminaba a dos kilómetros por hora o algo así. Hombre, yo creo que esas cosas...

Después hay otra cuestión, los grandes beneficios de las multinacionales, las grandes propiedades. Por favor, estudiemos la estructura de la propiedad en nuestras islas, estudiémosla y cómo está en algunas islas, cómo está en algunas islas. Yo, yo tengo que trasladar aquí lo que conozco, porque yo sí que me he pateado esta Canarias, en todas las islas, en todos los rincones y básicamente no..., y yo que me vea un señor en Garafía que tiene una finca, que tiene un pajero viejo, que no tiene vivienda y que tiene problemas para hacerse su vivienda, que venga Dios y lo vea, permítanme decirlo. Y eso es así y después cuando le dices lo que tiene que hacer: yo no tengo dinero para hacer eso, porque no lo tiene, es verdad, etcétera, etcétera, y eso, pues, tiene que esperar a que haya un plan general que después lo meta en un plan insular, que se lo aprueben y que lo pueda hacer. Cuando no..., además otro problema que tenemos, cuando no comete un delito, como hemos visto con la señora de Fuerteventura, y por un problema territorial acaba como si fuera un delincuente con el Código Penal. Eso está en nuestras leyes. Hombre, por favor, todas estas cosas hay que arreglarlas, no dejaría de ser una infracción administrativa. Insisto, tendremos oportunidad de hablar mucho de esto.

Y yo quisiera concluir, tenemos creo que una Cámara representativa con deseo de hacer las cosas bien y que los ciudadanos de Canarias nos reclaman hechos claros y políticas claras y si en el pasado ha habido voluntad de hacerlo, porque me consta que ha habido voluntad de hacerlo bien, pero no se ha logrado hacerlo bien, eso ya pasó y tenemos que mirar al presente y al futuro.

La Cotmac, pues, ya se regulará y ya se verá cómo es, pero debe tener competencias insulares claras para facilitar la agilidad. Contemplar el interés general que a muchos nos les gusta, pero hay casos de interés general, este Parlamento en la historia que lleva, la que yo conozca, aprobó una vez, tuvo que aprobar la carretera del Chinyero con una ley...

La señora PRESIDENTA: ¿Un minuto más, señor Castro o finaliza? ¿Señor Castro, un minuto más o finaliza?

El señor CASTRO CORDOBEZ: Sí, sí, sí, muchas gracias, sí, sí, se lo agradezco. ¿Que ya finalizó? Por eso, es que no veía la luz verde, ya iré adquiriendo agilidad, no se preocupe, que eso es cuestión de tiempo.

Sí, muchísimas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Tiene un minuto más, señor Castro.

El señor CASTRO CORDOBEZ: Sí.

Y quiero decirles que contamos con eso y contamos con una consejera preparada, seria, honrada, valiente, muy trabajadora, se dan las condiciones para trabajar, contamos con un Gobierno dispuesto y con las ideas claras para hacer lo que hay que hacer. Y tenemos esta oportunidad, esta oportunidad que va a depender de nosotros, la oferta que estamos haciendo es para aquí para el Parlamento.

Y quiero terminar, distendiendo esto un poco, señorías, con una cita del Quijote que es más o menos de cuando hicieron a Sancho Panza gobernador de la ínsula Barataria y don Quijote le daba los consejos, y en uno de ellos le dijo: leyes pocas, sencillas para que las entiendan y que se cumplan.

Muchísimas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Castro.

En nombre del Gobierno, señora consejera.

La señora CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD (Barreto Hernández): Muchas gracias.

Agradezco, señor Román, su ofrecimiento de cooperación, en esos nos vamos a encontrar. Lo que no me parece razonable es que nos parezca, porque es grave que nos parezca, que para que salgan planes generales de un municipio tengamos que tardar cinco o seis años, y eso con suerte, cuando normalmente tardamos muchísimo más. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo entre todos porque de verdad se simplifiquen trámites y podamos sacar planes adelante de los municipios -planes insulares, cualquier tipo de planeamiento- en unos plazos que no pueden ser razonables de tres o cuatro años, que tienen que ser de menos, y que además nos permitan desarrollar los municipios de cada isla, en este caso los 88 que tenemos en Canarias.

Perdone, señora Delgado, en la primera intervención sí hablé de la Cotmac, igual no se me oyó. Cuando me refería a la Cotmac decía que la Cotmac o cualquier otro órgano como lo queramos llamar, la que existe hoy, creemos que es fundamental que parte de las competencias que asume hoy pasen a cabildos y ayuntamientos, es decir, la aprobación de los planes generales puede estar perfectamente en los cabildos insulares, tienen técnicos preparados, tan bien preparados como los que están en el Gobierno de Canarias, para sacar adelante ese planeamiento; de la misma manera que es fundamental que los planes insulares se sigan aprobando en el Gobierno, pues es la administración superior. No es lógico que lo apruebe el mismo órgano, en este caso el cabildo insular, pero sí en el caso de los planes generales.

Hacía usted referencia a que tiene que haber un cambio de actitud, en eso también estamos de acuerdo, tiene que haber un cambio de actitud; yo creo que es el momento de ponernos de acuerdo. Que no estaremos de acuerdo en todo, en eso también estamos de acuerdo, no vamos a estar de acuerdo en todo; pero sí tenemos que estar de acuerdo en lo fundamental. Es el momento de hacer un esfuerzo por agilizar y simplificar la normativa que tenemos.

Decía el diputado del Partido Popular que tenemos miedo de desregularizar. No, igual en otra cosa hay que desregularizar y me encontrarán aquí hablando de desregularización, pero es que lo que hay que hacer ahora es simplificar, hacer más ágil la tramitación en los procedimientos que tenemos en la normativa urbanística, ambiental y territorial, y en eso es en lo que vamos a trabajar.

Gracias a la señora diputada del Partido Socialista por sus palabras de diálogo, de consenso y de colaboración. El grupo de trabajo, como decía, está haciendo un borrador que vendrá aquí, que además será abierto -hablaba de profesores universitarios, de juristas...-, es un grupo de trabajo que se tendrá que abrir a todos los sectores pero también a todos los sectores y agentes que en este momento tienen que ver con esta materia, y además abierto a la participación de todos y de todas.

Agradezco al señor Curbelo sus opiniones y sus aportaciones, creo que nos vendrán muy bien al grupo de trabajo, y vendrán también muy bien aquí para el debate parlamentario.

En resumen, quiero concluir diciendo que la experiencia normativa de la comunidad autónoma desde su constitución incorpora muchas y muy buenas aportaciones que han contribuido al desarrollo racional y sostenible de las islas, y que es nuestro deber aprovechar mejorando su regulación. Por ello existe una valiosa y asentada cultura del territorio, la consecución de algunos objetivos no supone la desregularización de nada sino la simplificación de trámites y procedimientos.

Así, en primer lugar se trata de renovar las reglas que ordenan el uso del suelo en todos los ámbitos que sean precisos de modo que respondan a los valores y a las necesidades en la sociedad actual.

Además, en segundo lugar se trata de simplificar con coherencia todo en una única ley.

En tercer lugar, en aras de la simplificación y de la eficacia, esa nueva ley debe contener cuantas normas de aplicación directa sean posibles, reduciendo la necesidad de desarrollos reglamentarios a aquellos aspectos que sean inevitables, ya sea por tratarse de cuestiones técnicas, ya sea por tratarse de cuestiones procedimentales, así como también en el caso de los planeamientos.

En cuarto lugar, es necesario que las entidades locales asuman competencias en materia de aprobación de planes, como decía antes, los cabildos para aprobar los planes generales municipales y el Gobierno los insulares.

Para finalizar solo me queda añadir que esas palabras de diálogo, voluntad y consenso que he oído en la Cámara las agradezco muchísimo, que tiendo la mano desde la consejería y desde el Gobierno para poder sacar adelante una nueva ley que sea la respuesta de esta Cámara, que, en definitiva, es quien representa a los ciudadanos canarios en estas islas; que tenemos que hacer un esfuerzo y aprovechar esta oportunidad que se nos ha dado ahora, por las circunstancias que sean, para conseguir cambiar la normativa, simplificar procedimientos y hacer que el desarrollo en estas islas con la creación de empleo y el desarrollo económico para los ciudadanos canarios sea de verdad una realidad.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora consejera.

Señorías, son las nueve menos veinte. Levantamos la sesión por hoy, reanudamos mañana a las nueve de la mañana, si les parece.

Y a los portavoces, perdón, les han distribuido el texto de declaración institucional que hay acuerdo.

¿Vienen por favor los portavoces para ver la declaración institucional, si estamos todos de acuerdo? Por favor, los portavoces (Los señores portavoces atienden el requerimiento de la Presidencia).

(Se suspende la sesión a las veinte horas y treinta y ocho minutos).

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  • 9L/C-0114 Sobre -Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad-, sobre simplificación administrativa de la normativa de Ordenación del Territorio.


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