Diario de Sesiones 9/2015, de fecha 23/9/2015 - Punto 6

9L/PNL-0005 PROPOSICIÓN NO DE LEY DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC) Y SOCIALISTA CANARIO, SOBRE PARALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL DECRETO 113/2015, DE 22 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LAS VIVIENDAS VACACIONALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que es conjunta, de los Grupos Nacionalista Canario y Socialista Canario, sobre la paralización de la aplicación del Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Entiendo que comparten minutos. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, señora Cabrera. Cinco minutos y otros cinco minutos el Grupo Nacionalista.

La señora CABRERA NODA: Gracias, señora presidenta. Señorías.

Hoy, señores y señoras diputados, les pido el apoyo para instar al Gobierno a que realice las gestiones necesarias para paralizar la aplicación del Decreto 113/2015, que regula el llamado alquiler vacacional, así como sus posibles efectos sancionadores y dejen sin aplicación las medidas que en ese sentido ya se pudieron haber tomado; además de solicitarles e instarles a que pongan en marcha un proceso de revisión y de reelaboración del mencionado decreto.

Retrotrayéndonos al principio del tema que hoy nos ocupa, nos encontramos en su momento con diversos derechos legítimos que entran en conflicto con un cambio normativo y la irrupción de las plataformas digitales en la comercialización. Se presentó la necesidad de conciliar los distintos intereses y adaptar una realidad antigua a los nuevos tiempos. El origen de este conflicto de intereses es un vacío legal que ha sido el principal factor que ha venido a distorsionar, de manera significativa, un mercado que funcionaba legalmente al amparo de la antigua Ley de Arrendamientos Urbanos. El germen de la crispación a la que ha llegado ahora el problema está precisamente en la última reforma que el Gobierno central llevó a cabo a mediados del 2013, en la que se excluyeron aquellas viviendas que se alquilaran por un periodo inferior a seis meses. En la nueva norma, el Estado delegó, además, esas competencias en las comunidades autónomas, colocando en sus manos un tema de compleja gestión y desregularizando una creciente actividad económica en tanto en cuanto no había aún normativa autonómica para controlarla. Ante ese vacío legal, los alquileres vacacionales pasaron a ser alegales, al tiempo que, en paralelo, crecía una bolsa de ofertas de vivienda.

El fenómeno del turismo, como todos sabemos, ha ido evolucionando, de manera que ya no existe un único modelo de consumo. Hoy en día asistimos a la proliferación de nuevos nichos de esta industria, lo que ha provocado que surjan nuevas líneas de explotación alojativa. La realidad de nuestro contexto turístico ha evolucionado: nuevos elementos se han ido incorporando al mismo, lo que obliga a la Administración a establecer un marco normativo que les dé cabida, procurando una correcta regulación de nuestro principal motor económico. Resulta imprescindible no menoscabar el estado socioeconómico de nuestro tejido hotelero, que ha sostenido el desarrollo de nuestra región en las últimas décadas, así como proteger de posibles interferencias en la normal convivencia de vecinos en edificios donde se implante la vivienda de alquiler vacacional. Sin embargo, también hemos de ser sensibles con la presencia de esos nuevos elementos a los que me he referido anteriormente, que no son otros que la vivienda de alquiler turístico, que sorprendentemente tiene un peso y alcance en este contexto mayor del que cabía suponer.

Después de un amplio debate entre instituciones y entidades empresariales y un intenso trabajo de recopilación de información, atendiendo a los distintos planteamientos aportados por colectivos interesados, el Gobierno de Canarias aprueba el Decreto 113/2015, de 22 de mayo, relativo al llamado alquiler vacacional. Sin embargo, tanto los representantes de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional como otros colectivos empresariales y profesionales relacionados con el sector turístico han mostrado su desacuerdo, ya que no responde a los planteamientos del sector que originaron la puesta en marcha de todo este proceso de regulación. El alquiler vacacional puede ser una oportunidad única de concederle al visitante otra oferta a la convencional, pero hay que reglarlo y dotarlo de todas las garantías legales necesarias para que pueda convivir con lo ya preexistente en el sector.

Por todo ello es por lo que solicitamos su apoyo en esta PNL.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cabrera.

Señor Ruano.

El señor RUANO LEÓN: Señora presidenta, señorías.

La portavoz socialista ha situado la voluntad que tienen ambos grupos -el Grupo Socialista y el Grupo Nacionalista Canario- en la defensa de esta proposición no de ley. Es suficientemente expresiva la exposición que ha hecho y que relata gran parte de la exposición de motivos que tenemos planteada, y lo que queríamos básicamente trasladar a sus señorías es cómo insertamos la vivienda vacacional en nuestro modelo turístico. Ha señalado ella que tuvimos un debate en este Parlamento, a finales de la legislatura pasada se aprobó una moción concretamente, y, en relación con esa moción, el Gobierno con posterioridad -el Gobierno saliente-, días antes de las elecciones autonómicas, aprueba un decreto. El marco de ese decreto es un marco que se ha mostrado, se muestra insuficiente porque, básicamente, ignora situaciones de alegalidad que, desde el momento de la regulación, pasan a ser situaciones de ilegalidad, básicamente por la vinculación a la tipología de suelo de esta oferta.

Sin embargo, nosotros tampoco estamos haciendo en este planteamiento, en el planteamiento de la proposición no de ley, una defensa única de la posición de la Asociación de Alquiler Vacacional. Estamos planteando, en primer lugar, que, como quiera que la regulación no da satisfacción a la pretensión que tenía el Parlamento cuando aprueba la moción en abril del año en curso, estamos en condiciones de pedir que se suspenda el régimen sancionador para no convertir en ilegalidad lo que hasta ahora ha sido alegalidad, y establecer normas para, e insertar adecuadamente esa realidad preexistente en dos cuestiones que consideramos fundamentales: en la calidad del destino islas Canarias, es decir, que esta modalidad se convierta en una modalidad específica y que permita garantizar el destino y, por tanto, garantías básicamente para el turista, el usuario de ese servicio; y la fiscalidad, en definitiva, aflorar economía sumergida que, en este momento, está nutrida, entre otras cuestiones, porque no ha habido una regulación previa.

En ese sentido, nuestra pretensión con la proposición no de ley es que el Gobierno valore que no creemos que la simple división por tipología de suelo clasificado sea suficiente para resolver o para afrontar este asunto. Creemos que hay algunas realidades preexistentes, ahora en funcionamiento en algunos núcleos turísticos o mixtos, que requieren una respuesta, pero hay que tener en cuenta que el marco tiene que tener los niveles de exigencia, de calidad que estamos estableciendo a su vez en la Ley 13 de hace dos años, porque, básicamente, cuando hablamos de participación del Gobierno de Canarias en esta materia es porque tenemos competencias en materia de turismo.

No compartimos, por tanto, muchas de las afirmaciones que hace en la advertencia de ilegalidad que hace la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, porque estamos hablando de una materia que está regulada, que tiene un marco legislativo y, por tanto, nosotros tenemos suficiente capacidad y competencia para garantizar la calidad de nuestro destino. Y esto es una cuestión previa que requerirá después respuestas concretas a la advertencia de ilegalidad que ha hecho esa comisión nacional, pero que en general no compartimos. Podríamos entrar en detalle, pero eso ya es una cuestión de naturaleza jurídica y no nos parece que sea ahora el momento para hacerlo.

Como digo, nuestro objetivo con la proposición no de ley, al instar al Gobierno, es traer a la legalidad la oferta preexistente, pero sí quiero puntualizar, quiero dejar suficientemente claro, que nosotros no queremos promover una mayor oferta de este modelo. Queremos la convivencia de esa oferta preexistente, porque es así, porque hay destinos en donde... antes se planteaba una comparecencia sobre el suelo residencial, y hay sobre todo tipología de suelos mixtos, en donde existe oferta de alquiler vacacional y existe funcionamiento de una oferta turística. El señor Jorge, por el Grupo Popular, habló de los porcentajes que se establecen hoy en la Ley 13.

Quiero decir, señora consejera, aprovecho que ya se reincorpora usted al pleno, el propósito es suspender el régimen sancionador, revisar el conjunto del decreto, pero con todas las partes afectadas. No hablamos solo de quienes hasta el momento han patrocinado el tema desde la Asociación de Alquiler Vacacional, sino también de quienes están haciendo una oferta reglada, que constituye el eje de nuestra riqueza en los últimos treinta a cuarenta años. Por tanto, conciliar esos intereses es llegar al interés general, que es el que tenemos nosotros del deber de defender.

Consecuentemente, señora consejera, atiende la proposición no de ley a la petición que hacemos, que es doble. En primer lugar, la suspensión del régimen sancionador en tanto llegamos a una solución final; y, en segundo lugar, a sentar a todas las partes para concluir en la elaboración de un buen decreto que sirva para traer a las condiciones de calidad del destino islas Canarias esa oferta, y para garantizar también que entran dentro de la fiscalidad.

En ese marco vamos a apoyar esta proposición...

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruano.

Esta proposición no de ley ha recibido enmiendas de dos grupos: del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Podemos.

Por orden de registro de entrada, el Grupo Parlamentario Popular para su defensa. Señora Pérez.

La señora PÉREZ BATISTA: Buenos días, señora presidenta, señorías.

En primer lugar, permítanme saludar a los miembros de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional -Ascav- que hoy nos acompañan en este pleno. Buenos días, muchísimas gracias y bienvenidos.

Señorías, durante el proceso de elaboración de este decreto, el Ejecutivo canario, conformado por Coalición Canaria y el Partido Socialista, se comprometió e incluso negoció con los agentes sociales, políticos, con la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional -Ascav- la legalización de esta actividad de vivienda vacacional.

El objetivo no era otro que buscar un adecuado encaje jurídico a una actividad que afecta a más de 53 000 familias y, además, que acogió a más de un millón de clientes o usuarios en el ejercicio 2014. Una norma que pretendía que las viviendas que se encontraran en una situación de alegalidad pasaran a la legalidad y que, finalmente, como consecuencia de este decreto -mejor, este decretazo- han pasado a la más absoluta ilegalidad.

Este Gobierno, el Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Socialista, en secreto, a tan solo dos días de las elecciones, aprobó un decreto que incumplió ese compromiso y ese consenso universal que habíamos alcanzado, prohibiendo entre otras cosas el alquiler de vivienda vacacional en las zonas turísticas, y excluyendo, por tanto, al más de 90 % de las viviendas vacacionales de Canarias. También omitió el Gobierno regular el alquiler por habitación, bed and breakfast, que también había sido objeto del consenso.

Sin embargo, el pasado mes de junio, el señor portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista, el señor Ruano, nos da una buena noticia en declaraciones públicas y se comprometió, y digo textualmente, a "una modificación del decreto" que se adaptara a las negociaciones mantenidas, a la moción aprobada por unanimidad en el Parlamento y a favor de las reivindicaciones de Ascav, y manifestó también este mismo compromiso público del señor Fernando Clavijo.

Y desde el Grupo Popular pensábamos que esta vez no nos iban a engañar, pero, lamentablemente, tengo que manifestar que, al analizar esta proposición no de ley que nos plantean hoy estos grupos que apoyan al Gobierno, no podemos sino mostrarnos perplejos y negativamente sorprendidos porque la intención de esta proposición no de ley no es la modificación del decreto.

Mire, en el párrafo uno del texto de la proposición no de ley plantea, salvo que esté mal redactada la PNL, por un lado, la paralización del decreto y, por otra, la paralización de la materia sancionadora. Y yo les pregunto, ¿señores nacionalistas y socialistas, qué significa paralizar el decreto? ¿Derogarlo? ¿Derogarlo parcialmente? ¿Derogarlo tácitamente? Porque ¿qué significa paralización? El concepto jurídico de paralización significa detener el acto jurídico de manera que, si este no se ha producido, no nazca, pero, si ya se inició, no prosiga, no continúe o se paralicen sus consecuencias. Pregunta: ¿van a paralizar la legalidad de las viviendas que se encuentran fuera de las zonas turísticas? Dicho de otro modo, a partir de la paralización del decreto que ustedes van aprobar hoy ¿estas viviendas legales van a volver a situación de ilegalidad o de alegalidad?

Esta paralización, señor Ruano, yo sé que usted está con nosotros o mintió, generaría situaciones jurídicas graves, de inseguridad jurídica grave salvo que lo único que se plantee es la paralización de las materias sancionadoras. Pero entonces la PNL está mal redactada, la PNL es inexacta y la PNL es ambigua, como la intención de ustedes.

Después plantean, en el punto número 2, que volvamos a retomar las reuniones y vuelta las reuniones, con la única intención que tienen es de paralizar la modificación del decreto. Ustedes con esta PNL solo quieren paralizar la modificación del decreto y ahí al Grupo Popular no nos van a encontrar. Nosotros vamos a abstenernos y vamos a abstenernos porque sí que estamos de acuerdo con la paralización del decreto solo en materia sancionadora, pero, desde luego, no vamos a ser partícipes de la paralización de la modificación del decreto, que es lo que vamos a exigir a través de una PNL desde el Grupo Popular: modificación inmediata conforme al dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Muchas gracias (El señor Ruano León solicita el uso de la palabra).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pérez.

Sí, señor Ruano.

El señor RUANO LEÓN (Desde su escaño): Señora... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo) nuestro grupo acerca de la enmienda, que creo que era lo que tenía que haber hecho el Grupo Popular, defender su enmienda, antes de eso, me gustaría pedir la palabra por alusiones porque se habla de mentiras.

La señora PRESIDENTA: Un minuto, señor Ruano.

El señor RUANO LEÓN (Desde su escaño): Vamos a ver, señora Astrid Pérez, doña Astrid, cuando uno hace la defensa de una posición tiene que intentar hacerlo por lo menos presumiendo que la intención de quien hace la propuesta es acorde con el propósito que se redacta. Usted puede decir que incluso la redacción es técnicamente incorrecta, puede incluso decirlo, pero aseverar y vincular eso a una mentira con el propósito que ha señalado en la tribuna es, cuanto menos, una ofensa absolutamente inadmisible. Por tanto, le pido que usted retire específicamente el tema de la mentira y después me posicionaré, como es mi derecho, acerca de la enmienda presentada.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ruano.

Sí, señora Pérez.

La señora PÉREZ BATISTA (Desde su escaño): Retirar el comentario respecto a la mentira si al señor Ruano le ha molestado, pero es verdad que existe una clara contradicción entre lo que manifiesta en los medios de comunicación y el objeto de la proposición no de ley.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muy bien, señora Pérez.

¿Se posiciona respecto a la enmienda o lo hace conjuntamente después? ¿Prefiere hacerla ahora la del PP? Lo puede hacer después las dos juntas (dirigiéndose al señor Ruano León).

El señor RUANO LEÓN (Desde su escaño): (Sin micrófono)

La señora PRESIDENTA: Enmienda del Grupo de Podemos. Señora Delgado, por cinco minutos.

La señora DELGADO LUZARDO: Buenos días de nuevo, señora presidenta, señorías.

Estamos de acuerdo en que el decreto vacacional tiene que ser modificado urgentemente. Lo que no entendemos es que para eso hayan tenido que presentar los grupos parlamentario del Gobierno una PNL. A nosotros esa PNL nos parece insuficiente: no solo debe instar al Gobierno a que lo paralice inmediatamente, sino que, además, hay que exigir que esa modificación sea urgente (La señora presidenta abandona la Mesa. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández). Hay que ponerles un plazo y hay que determinar lo que desde este Parlamento consideremos que debe incorporar y lo que debe eliminar.

Debemos tener en cuenta que es que este decreto no viene de la nada. Este decreto se debatió bastante, hace tiempo, con los sectores implicados y hubo muchos borradores que, finalmente, fueron aceptados por los miles de afectados por esta regulación. Incluso, fue debatido en esta Cámara reiteradas veces y además se llegó a aprobar una PNL al respecto en la anterior legislatura. Por tanto, yo creo que esto está suficientemente debatido. Sin embargo, el Gobierno de Canarias, como usted sabe y como ha dicho, en el último paso de su aprobación, y a espaldas de los interesados, aprobó un decreto que se convirtió en una tomadura de pelo para todos aquellos que habían estado esperando como agua de mayo una regulación de su situación de alegalidad. Tomadura de pelo porque pasaron de la alegalidad, en la que no querían estar puesto que querían pagar sus impuestos por la actividad económica que realizaban, a la ilegalidad flagrante hasta de ser perseguidos por la justicia. Mire, es por eso por lo que no hay que esperar más, no hay que reiniciar todos los trámites ni que volver a negociar, solo hay que respetar lo que se consensuó en aquel momento y que por alguna mano negra quedó completamente desvirtuado de tal manera que prohibió el alquiler vacacional en el 90 % de los casos.

Vale ya de engaños. Disculpe. Vale ya de engaños, ya está bien. Les aseguro que, como usted dijo -pero yo se lo digo calificándolo-, fue muy feo que aprobaran ese falso decreto regulador del alquiler vacacional dos días antes de las elecciones, haciendo creer a los afectados que lo que se había aprobado era el borrador que ellos querían y que además habían visto. Todos lo celebraban ese día, todos estaban muy contentos, la gente agradecía que el Gobierno de Canarias hubiera aprobado una regulación por fin para poder seguir desarrollando esa actividad de manera legal. Y la gente fue a votar tan contentos y tan felices dos días después, muy agradecidos por esa aprobación. Sí, se lo puedo decir, fue realmente feo que hayan buscado el efecto de llamada electoral de unos votos conseguidos en la creencia de que les habían hecho caso para luego comprobar, un día después de las elecciones, que lo que salió publicado en el BOC los convertía a la mayoría en ilegales. Yo diría que fuerte chasco sintió esa gente, y yo añadiría que fuerte fraude electoral, como lo sentí yo.

Por tanto, vale ya de palabrerías y de buenas intenciones. Señores de Coalición Canaria y de PSOE, súmense a esta enmienda si quieren demostrar que van en serio apoyando a la gente del turismo vacacional. Insten al Gobierno a que elimine el apartado 3.2 del reglamento aprobado que establece el ámbito de aplicación de esta actividad para que pueda realizarse también en zonas turísticas, tal y como, efectivamente, les ha dicho la Comisión Nacional del Mercado de Valores; que es una competencia desleal la que tienen ahora mismo los monopolios de las cadenas hoteleras. Insten también al Gobierno de Canarias a que revise el régimen jurídico aplicable a los distintos tipos de viviendas vacacionales en función del suelo donde se ubiquen y que, efectivamente, se tengan que adaptar a la normativa que les sea de aplicación según las zonas donde se encuentren. En definitiva, se trata también de mejorar la calidad turística a través de este sector. Insten al Gobierno a que publique el nuevo decreto como máximo en dos meses. Y, por favor, hagan también caso a este Parlamento cuando aprobó una PNL que decía que tenían que también reconocer y regular el bed and breakfast, lo que llamamos el alquilar con habitación, habitación y desayuno.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora Delgado.

El Grupo Nacionalista para fijar posición con las enmiendas, el señor Ruano.

El señor RUANO LEÓN: Sí, señor presidente.

Como se produce la concurrencia, curiosa concurrencia, entre el Grupo Podemos y el Grupo Popular, decirles, en primer lugar, que es falso que la moción aprobada recogiera una referencia expresa al bed and breakfast (mostrando un documento a la Cámara). No es cierto. Si quieren, miren el boletín del 17 de abril de 2015, que publica la moción aprobada, y verán que no hay referencia alguna al bed and breakfast, que estaba en la iniciativa del Grupo Popular presentada, pero que no fue la iniciativa finalmente votada y aprobada por la totalidad de los grupos de esta Cámara. Por tanto, esa inexactitud, que es de ustedes, deben corregirla. Iba a decir solo inexactitud porque a usted le presumo inexactitud porque no estaba (dirigiéndose a la señora Delgado Luzardo), pero a la señora diputada Pérez, que sí estaba, voy señalarle que a lo mejor no es inexactitud, sino una voluntaria inexactitud, y, por tanto, podría tener otra denominación que no quiero darle.

Miren, vamos a ver, el compromiso que asume este Parlamento es expresarse con la mayoría de los que voten finalmente esta proposición no de ley, y en ella somos nosotros -el Grupo Socialista y el Grupo Nacionalista- los que proponemos al Gobierno que modifique el decreto, para que quede claro, porque parece lo contrario; y, como no es así, quiero que quede totalmente claro. Y ya se lo dije a alguna portavoz de la asociación: el Grupo Popular no les va a solucionar el tema. El Grupo Popular no va a solucionar el asunto, el Grupo Popular tiene otras pretensiones que no son precisamente la defensa de los pequeños propietarios que tienen una casa que quieren alquilar. Por tanto, a Podemos les insto a que, cuando estudien estos temas, vean que no solo es del interés de los pequeños propietarios, que sí los defendemos, y por eso dije en mi primera intervención que lo que queremos es resolver la situación preexistente, pero que no queremos promover el modelo como generalista para que al final sean promotoras -sobre todo promotoras bancarias- las que, haciéndose con determinado patrimonio, que no se ha concluido, residencial, lo que hagan es meter esa oferta en el mercado inmobiliario del alquiler turístico. Y esta es la situación. Por tanto, creo que hay que estudiar más las cosas para pronunciarse al final.

Señora consejera, la proposición no de ley dice lo que dice y esperamos que el Gobierno cumpla con lo que dice la proposición.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Entiendo, señor Ruano, que no ha lugar a las enmiendas. Muchas gracias.

Procedemos a llamar para votación (El señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández, hace sonar el timbre de llamada a votación).

Perdón, sí, (ante las indicaciones que le hacen desde los escaños) como había dicho el portavoz del Grupo Nacionalista que iba a fijar posición al final, me he confundido.

Grupo Mixto, para fijar posición.

(Se reincorpora a su lugar en la Mesa la señora presidenta.)

El señor RAMOS CHINEA: Señorías, voy a comenzar mi intervención haciendo un repaso que estimo necesario de las diferentes posturas en torno a las viviendas vacacionales.

Para la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional esta normativa imposibilita que la gran mayoría de estas viviendas vacacionales se adapten a la legalidad, ya que se excluye del ámbito de aplicación del reglamento a aquellas viviendas situadas en suelo, zona y urbanizaciones turísticas ya existentes antes de que entrase en vigor la normativa. Más del 80 % de estas viviendas quedaría al margen de la ley en Canarias.

Según resalta esta asociación, con esta medida se otorgan privilegios a los establecimientos turísticos tradicionalmente instalados. Además, insiste en que este reglamento limita la capacidad organizativa de estos propietarios o pequeños empresarios, así como la disponibilidad de sus bienes debido a que se prohíbe el alquiler por estancia o habitaciones.

Si ahora nos ponemos en lugar de aquellos empresarios de la actividad turística, ven que el alquiler de viviendas vacacionales en zonas turísticas supone una competencia desleal para los establecimientos ya establecidos en la zona, que están sujetos a una fuerte normativa. Y si miramos las necesidades y exigencias actuales del turista, comprobamos el panorama, que es muy variable. El abanico de demandas es muy extenso: existen visitantes que reclaman las atenciones y servicios de un hotel, otros prefieren un apartamento más familiar y otra gran parte demanda cada vez más viviendas vacacionales.

Señorías, en la Agrupación Socialista Gomera vamos a apoyar esta proposición porque pensamos que es verdad que esta normativa necesita una revisión, pero instamos a que se tenga en cuenta la opinión de todas las partes implicadas. En consecuencia, alentamos al Gobierno a que elabore el mejor modelo posible para no perjudicar en ningún momento el desarrollo de esta actividad, que resulta crucial para nuestro archipiélago. Debemos conseguir entre todos que vengan y que cada día estén más satisfechos los visitantes que nos escogen para pasar sus vacaciones.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramos.

El Grupo Nueva Canarias, señor Campos.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Buenos días, señora presidenta. Buenos días, a todos y a todas.

En primer lugar, para que vean que siempre no estamos en contra de la posición de los grupos que apoyan al Gobierno, sí en un matiz y en una cuestión para nosotros importante. Creo que los grupos que apoyan al Gobierno no tienen que traer una iniciativa de este tipo para modificar un decreto. El mismo Gobierno que puso en marcha este decreto tiene la capacidad, no ahora, desde hace tiempo, para modificar las condiciones que consideremos que no son las correctas, las adecuadas, aprobadas -yo creo y estoy totalmente de acuerdo- con un profundo carácter electoralista, dos días antes de las elecciones. Las consecuencias al final son siempre estas. Es verdad que es difícil legislar bajo presión, y mucho menos legislar bajo presión a pocos días de las elecciones, pero es lo que nos corresponde, para eso nos han elegido.

Por otro lado, si es verdad, con las matizaciones que se han hecho, que no se sostiene en la PNL la paralización del decreto, nosotros vamos a votar a favor. Entendemos que la paralización no beneficia a nadie. No va a beneficiar a los que se han quedado excluidos y va a perjudicar, volviendo nuevamente una situación de alegalidad, a los que al menos sí amparaba este decreto. Por tanto, entendemos que lo debe hacerse es modificar el reglamento, quizá paralizando los términos en los que se recogen las sanciones. Eso sí, cualquier resultado final de esa modificación del decreto la posición de Nueva Canarias es que no puede ir en menoscabo de la cualificación del destino; ha sido nuestra posición histórica y va a seguir siendo nuestra posición histórica. Estamos a favor de que se regule una nueva tendencia, cada vez más importante, algo que ya existía absolutamente regulado durante años, y pretendemos que se regule, pero nunca en menoscabo de la cualificación. En ese sentido no estamos de acuerdo. El informe, los requerimientos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, es uno de los panfletos más reaccionarios, más ultraliberales que se han emitido y que yo he podido leer. Según esto, si tengo un cacho de tierra y alguien que me venda suficiente gasolina, monto una gasolinera. Quién es quién, quién es nadie, quién es esta Cámara para decirme lo que tengo que hacer en mi cacho de tierra.

Cuestiones que se plantean aquí: se prohíbe el alquiler por estancia o habitaciones, lo que se considera contrario al derecho del empresario. Oiga, yo puedo decidir lo que meto en mi casa, pero si desarrollo una actividad económica, claro que hay condiciones, y más si hablamos de cualificar el destino. Se establece un exhaustivo catálogo de requisitos en cuanto a dimensiones y equipamiento. ¿Cómo que no vamos a exigirle en cuanto a dimensiones y equipamiento? ¿Me lo exigen en mi casa en base a un código técnico de edificación y no vamos a hacerlo con la principal actividad económica? Por supuesto.

Y lo más sangrante, se exige la exhibición en el exterior de la vivienda de una placa distintiva de la actividad y en el exterior un cartel que recoja teléfonos de asistencia en caso de emergencia. Por supuesto, es absolutamente vergonzoso y esto va en contra de la cualificación del destino. Si este es el resultado final, vamos a estar absolutamente en contra del próximo decreto; si no va en esa línea, nos van a tener a favor.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campos.

Una vez debatida la presente proposición no de ley, vamos a votar (La señora presidenta hace sonar el timbre de llamada a votación. Pausa). Votamos.

(Pausa).

Concluida la votación, queda aprobada la proposición no de ley con 39 votos a favor, ninguno en contra y 19 abstenciones.

(El señor secretario primero, Cabrera González, ocupa un escaño en la sala.)

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  • 9L/PNL-0005 Sobre paralización de la aplicación del Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias.


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