Diario de Sesiones 26/2016, de fecha 9/3/2016 - Punto 1

9L/C-0426 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA CANARIAS (NC), SOBRE EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE AENA EN CANARIAS.

La señora PRESIDENTA: Venga, vamos con la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Nueva Canarias a la consejera de Obras Públicas y Transportes, sobre el proceso de privatización de AENA en Canarias.

Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías, muy buenos días.

Estamos aquí los mejores, ¿no?

Hoy traemos, en esta comparecencia al Gobierno, un tema que concitó un alto nivel de coincidencia en la pasada legislatura, exceptuando al Partido Popular, que había tomado la decisión de vender una parte de los aeropuertos españoles. Nosotros fuimos muy críticos con esa decisión porque no se puede justificar desde el punto de vista de los intereses generales, porque se trataba de vender unas infraestructuras públicas, exitosas, capitalizadas, competitivas y que además son estratégicas si tienes en cuenta la estructura productiva del propio Estado español: 200 millones de pasajeros, una red aeroportuaria, la más grande del mundo, bajo la misma autoridad, insisto, bien dimensionada, capitalizada, técnicamente solvente y además eficiente en datos comparativos con otros espacios aeroportuarios del mundo.

Sin embargo, siguiendo la hoja de ruta de la troika, el Gobierno de España privatizó, vendió el 49 %, por cierto, a un precio ridículo, porque un año después cuesta el doble. Negocio redondo para los amigos que pudieron optar a las acciones. Se ha duplicado el precio de las acciones y hoy el 49 % de un patrimonio que era solo público y que no necesitaba inversión privada hoy está en manos particulares; una parte de esa estructura accionarial, en torno al 28 %, calculamos, en manos de fondos de inversión, de especuladores.

Nosotros, en ese proceso, fuimos críticos y contrarios. Nos parece que esa máxima liberal de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias es inaceptable, y eso fue exactamente lo que hizo el Gobierno del Partido Popular con la red de aeropuertos públicos del Estado español. Y a todos nos dañaba, a los trabajadores, a los ciudadanos y a los intereses de la economía española, pero de manera particular a Canarias, porque si hay alguna comunidad a la que los aeropuertos la condicionan, la determinan y que son consustanciales a su futuro es una comunidad archipielágica como la canaria, y además porque nuestra estructura productiva está vinculada a un sector que es el de los servicios, especialmente el turismo, que a su vez se mueve esencialmente a través de estas infraestructuras.

Todos perdemos con la privatización pero Canarias pierde más, porque ocurre, no siempre pasa así, que la red de aeropuertos públicos de Canarias tiene, además de un adecuado dimensionamiento, resultados positivos. Los aeropuertos de Canarias son un negocio, son absolutamente rentables, porque hay cuatro, cinco aeródromos con beneficios y los que no los tienen deben ser financiados con la solidaridad del resto. De manera que frente a la privatización reclamamos, en la pasada legislatura, la necesidad de que operara el artículo 33.13 de nuestro Estatuto de Autonomía, que dice de forma meridiana que cuando el Gobierno de España no gestione de manera directa los aeropuertos españoles nosotros podíamos reclamar la gestión de los aeródromos canarios.

No tenemos dudas sobre que la venta del 49 % de las acciones y, por lo tanto, la generación de una empresa mixta es gestión indirecta, pero esta comparecencia, para mantener vivo este tema y porque nos parece absolutamente estratégico, tiene que ver con una sentencia reciente, de este mes de febrero, donde el Tribunal Supremo rechaza la suspensión cautelar que había promovido el Gobierno de Canarias sobre dos decisiones del Consejo de Ministros.

Pero voy a la esencia -y esto es lo que me interesa, señora consejera-, a ver qué estrategia tiene el Gobierno en relación con este tema. El Tribunal Supremo y el propio abogado del Estado, en la lectura detenida de la sentencia, discuten el derecho que tenemos a parar el proceso de privatización, pero, sin embargo, abren la puerta, como no podía ser de otra manera, a que el Gobierno de Canarias reclame, una vez, digamos, concluido el proceso de privatización, la gestión indirecta de los aeródromos canarios haciendo prevalecer el artículo 33.13. Sobre esto, señora consejera, quiero saber qué estrategia, qué medidas jurídicas y políticas tiene previstas el Gobierno para reclamar el derecho de Canarias a gestionar los aeropuertos después del proceso de privatización concluido.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rodríguez.

Señora consejera.

La señora CONSEJERA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (Chacón Martel): Buenos días. Gracias, presidenta. Señorías, proponente.

Como ya ha resumido el proponente, este es un asunto tratado ampliamente en esta Cámara en el pasado, si bien, como bien ha dicho, hay dos novedades a modo de sentencias judiciales tras los recursos que en la anterior legislatura interpuso el Gobierno de Canarias. En cualquier caso creo que conviene hacer un breve repaso para situarnos en la actual circunstancia.

Como bien ha dicho el proponente, para los canarios nuestros aeropuertos no son una infraestructura más, son nuestras grandes infraestructuras y elementos indispensables, estratégicos y sensibles en la configuración económica y social del archipiélago. Todos en esta Cámara usamos los aeropuertos con bastante asiduidad y sabemos la importancia del correcto funcionamiento de los mismos y de la adecuada conectividad entre las islas.

Nuestra condición insular y de lejanía con el continente hace que los aeropuertos y su gestión se configuren como elementos vertebradores de nuestra sociedad, territorio y economía. Asuntos como la movilidad de los ciudadanos tienen en los aeropuertos vital importancia para el acceso a los servicios, incluso básicos, la competencia de nuestra economía productiva, las importaciones y exportaciones o la llegada de turismo, que es el motor esencial de la economía canaria. Ellos están supeditados a esa movilidad, al buen hacer de la gestión de las infraestructuras aeroportuarias.

Esta situación llevó al consenso generalizado de que, siendo esto algo tan sumamente estratégico e importante para Canarias, no debía estar en ningún caso sometido a voluntades mercantilistas sino siempre al servicio del bien común e interés general, representado en las administraciones. De esta forma, el Estatuto de Autonomía se reservaba, mediante el artículo 33.13, las competencias en dicha materia cuando fueran desatendidas por la Administración General del Estado, y así dice: "A la Comunidad Autónoma le corresponde la competencia de ejecución en las siguientes materias: puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa".

Más allá del marco competencial, hemos venido compartiendo la visión de que los aeropuertos canarios conforman una red específica y diferenciada por sí misma del entramado estatal, debido al papel central que ocupan en la movilidad interior de nuestra región. Tanto es así que ha quedado reflejado en el proyecto de reforma estatutaria emanado de esta Cámara. En el artículo 158, Transportes, leemos: "Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva sobre los transportes terrestres de viajeros y mercancías por carretera, ferrocarril y cable y sobre el transporte marítimo y el servicio aéreo que transcurra íntegramente dentro del ámbito del archipiélago. Esta competencia incluye, entre otras cosas, la potestad tarifaria sobre los transportes terrestres, marítimos y aéreos interinsulares, así como un sistema de mediación en materia de transportes". Igualmente, en el pasado debate del estado de la nacionalidad, esta Cámara aprobaba la siguiente resolución: "El Parlamento de Canarias defiende la titularidad pública de los puertos y aeropuertos canarios como infraestructuras de interés general imprescindibles para garantizar la movilidad de las personas entre las islas y con el resto del Estado, para el transporte de mercancías y para facilitar la llegada de turistas".

No obstante, pese a esto, el Gobierno del Partido Popular, ahora en funciones, dio, en el 2014, paso a la privatización de AENA, poniendo en riesgo la consabida vertebración de nuestra tierra. Esta decisión suponía, de facto, poner en riesgo la cohesión social, económica y territorial de Canarias. Todo ello llevó a la movilización de las instituciones canarias que expresaron la posición manifiesta mediante resolución de esta Cámara el 9 de julio de 2014, rechazando la privatización de AENA, protegiendo la defensa del interés general, la defensa de un modelo de consorcio en la gestión que implique a las administraciones y agentes económicos e instando al Gobierno de Canarias a trabajar por mejorar el marco competencial. Establecidas las piezas así, el Gobierno de Canarias interpuso sendos recursos: ante la Audiencia Nacional por la no convocatoria de la Comisión Mixta y ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros que daba luz verde a la venta de AENA a manos privadas.

En este punto debemos hacer una consideración previa. La Comisión Mixta se creó de acuerdo con el convencimiento de que el espacio colegiado y de coordinación interadministrativa sería beneficioso para el bien común por el que trabajamos, factor en el que desde luego se gestionó en el pasado y lo hacemos en el presente y seguiremos haciendo en el futuro, tal y como expresamos hace poco en esta Cámara. De esta forma, el recurso interpuesto ante la Audiencia Nacional ha tenido un resultado negativo para el Gobierno de Canarias desde un punto de vista legal, ya que la sentencia reconoce la no obligatoriedad en las reuniones de dicho órgano. Si bien respetamos evidentemente, como no puede ser de otra manera, las decisiones judiciales, seguimos entendiendo que este órgano, este órgano de encuentro de las administraciones, es aquel en el que deben debatirse de forma consensuada las decisiones trascendentales para la movilidad en Canarias y desde luego seguimos entendiendo que es el órgano en el que la lealtad institucional puede tener mayor reflejo.

Independientemente de esta discrepancia, sí es conveniente recordar que, en cualquier caso, la otra sentencia, la del Tribunal Supremo, rechaza la impugnación al acuerdo del Consejo de Ministros pero es cierto que abre una vía para que Canarias reclame el marco competencial sobre determinados servicios aeroportuarios, que me permitirán que detalle a continuación. Primero, a), la utilización de las pistas de los aeropuertos por las aeronaves y la prestación de los servicios precisos para dicha utilización, distintos de la asistencia en tierra a las aeronaves, pasajeros y mercancías; b), la gestión de las instalaciones aeroportuarias no accesibles a los visitantes en terminales, plataformas y pistas necesarias para poder hacer efectivo su contrato de transporte aéreo; c), la gestión de las zonas de establecimiento de aeronaves, habilitadas al efecto en los aeropuertos; d), la gestión de las instalaciones aeroportuarias para facilitar el servicio de embarque y desembarque de pasajeros a las compañías aéreas a través de pasarelas telescópicas o la simple utilización de una posición de plataforma que impida la utilización de la correspondiente pasarela a otros usuarios; e), la gestión del recinto aeroportuario para el transporte y suministro de combustibles lubricantes, cualquiera que sea el modo de transporte o suministro; f), la gestión del recito aeroportuario para la preservación de servicios de asistencia en tierra.

Así, la cuestión de fondo que plantea es la siguiente: la incorporación del capital privado en AENA supone el paso a una gestión indirecta, lo que irremediablemente nos llevaría al escenario en el que Canarias estaría en disposición de reclamar competencialmente una parte de los servicios que presta en la actualidad AENA en Canarias. Sobre este matiz entre gestión directa e indirecta y que hace de clave de bóveda en este asunto, el Tribunal Supremo se manifiesta en el siguiente sentido: esta privatización parcial conlleva la creación de lo que se denomina una sociedad de economía mixta y eventualmente la posibilidad de que la comunidad autónoma pudiera entender que nos encontramos ante una forma de gestión indirecta que le permitiese reivindicar frente al Estado su competencia ejecutiva para la gestión de determinados servicios en los aeropuertos ubicados en el territorio de dicha comunidad autónoma; ahora bien, la elección de sus competencias estatutarias no se produce por los acuerdos impugnados; ello podría dar lugar a un requerimiento competencial que, aunque tomando como punto de partida la venta de los acuerdos impugnados, autorizan... sería autónoma e independiente de los mismos pero no es el objeto de nuestro litigio.

De este modo la sentencia -queda claro- posibilita que el Gobierno de Canarias continúe trabajando en su estrategia de proteger el bien común de todos los canarios. Esto es algo que hemos venido haciendo antes incluso de que se nombrase este Gobierno, en la forma del acuerdo para la gobernabilidad entre mi grupo y Coalición Canaria, que es lo siguiente: recuperar para el interés público los aeropuertos canarios, concebidos como red específica en las administraciones públicas canarias y los agentes económicos y sociales de Canarias, que juegan un papel determinante en su estrategia y desarrollo de las infraestructuras; la transferencia de la competencia del transporte aéreo interinsular. Canarias necesita una política de gestión del tráfico aéreo y de las infraestructuras aeroportuarias que le asegure las mejores condiciones de conectividad. Canarias se enfrenta a un desafío importantísimo a la hora de participar en la gestión de sus aeropuertos. Canarias exigirá, o en su caso, la cogestión de la red de aeropuertos de AENA en el archipiélago. Igualmente el presidente en su investidura fijaba los compromisos en esta materia y así solicitaba recuperar y cogestionar con AENA los aeropuertos.

De esta forma hemos venido trabajando desde el inicio de la legislatura, manteniendo vivos los procesos judiciales en los que ahora ha recaído sentencia, tejiendo relaciones institucionales que nos permitan abordar un proceso de cesión competencial pactado. Para ello se ha reunido la Comisión Mixta Canarias-Fomento a finales de noviembre, se ha reunido el Comité de Coordinación Aeroportuaria a mediados del mes pasado, y tras la insistencia -recuerdo- por nuestra parte, y hemos mantenido reuniones periódicas con los representantes de AENA en Canarias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora consejera.

En nombre del Grupo Mixto, señor Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.

La privatización de AENA supone un choque frontal contra la necesidad de Canarias y de los ciudadanos y ciudadanas para tener un servicio aéreo que resuelva nuestras singularidades geográficas de un territorio fragmentado.

Señorías, estamos en una época que cuando se toma una decisión que perjudica a Canarias desde Madrid a los canarios y canarias ya no les importa si el PSOE culpa al PP o viceversa; los canarios lo que quieren es tener los mismos derechos que el resto de españoles, y ahí es donde todos los grupos parlamentarios van a encontrar el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera.

Tal y como ha dicho la señora consejera, necesitamos recuperar el carácter público de nuestros aeropuertos. Las necesidades de nuestro archipiélago en referencia al transporte aéreo son ahora evaluadas en un criterio empresarial en detrimento de la utilidad pública que deben cumplir nuestros aeropuertos. Infraestructuras financiadas con dinero público y que los inversionistas no tienen ni que amortizar, instalaciones hechas con nuestros impuestos.

Lo que es incomprensible es que una empresa pública como es Enaire, gestora del 51 % de AENA, recurra la bajada de las tasas efectuada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que primero se proyectaba en un 3 % y finalmente quedó en un 1,9 %, y que no solo la recurran sino que encima pidan la congelación de las tasas, para que no bajaran en los presupuestos del 2016. Han perdido completamente la percepción de servicio público. Es lógico que con acciones como esta nos sintamos indignados.

Si no les cuadran los números, nuestras características singulares o nuestras necesidades poco les importan. Un ejemplo es el aeropuerto de la isla de La Gomera: solo tenemos dos vuelos al día y la única conexión es con Tenerife Norte.

La evolución al alza de las acciones de AENA no hace más que dar la razón a aquellos que decían que se estaba vendiendo a un precio de saldo, un regalo. Si en lugar de salir a bolsa el 11 de febrero hubiese salido el 6 de enero, lo hubiésemos entendido.

Las islas más pequeñas territorialmente, es decir, El Hierro y La Gomera, tienen aeropuertos que no reciben vuelos internacionales, lo que significa que el tránsito dentro de las instalaciones es inferior a aquellos que sí lo reciben, pero aun así aquellos que pretendan utilizar las oficinas situadas en estas infraestructuras deben pagar un elevado canon a AENA.

La negativa a ampliar aeropuertos, si para la contabilidad interna no es rentable, supone un lastre para el desarrollo insular. Si en La Gomera pudiésemos recibir vuelos internacionales, no solo mejoraríamos nuestras conexiones sino que supondría un mayor impulso económico para nuestra isla.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ramos Chinea.

En nombre del Grupo Parlamentario Podemos, el señor Márquez.

El señor MÁRQUEZ FANDIÑO: Ayer escuchamos al portavoz del Partido Popular decirnos que en Podemos no estábamos a favor de los campos de golf en las islas no capitalinas, de seguir construyendo, de seguir construyendo, que nosotros no entendíamos... ¿Ustedes entienden lo que es privatizar la ultraperiferia de Canarias? Nos gustaría escucharles a ustedes defender a Canarias y defender los aeropuertos canarios, que sean públicos y que sean de todos, de los canarios, con esa misma energía que defienden ustedes los campos de golf, porque lo que afecta a Canarias no son los campos de golf, es estar encerrados en aeropuertos privados. ¡Eso sí que afecta a Canarias!

Ya hablamos de esto cuando el Partido Socialista... Que, por cierto, hay que decirlo: el Partido Socialista fue quien puso la primera piedra en la privatización de AENA... ¡Sí, sí, sí! ¡Fue el Partido Socialista! (Rumores en la sala). Y ahora que hablan ustedes de cambiar el reloj y de cambiar la hora, en ese pacto de gobierno...

La señora PRESIDENTA: ¡Señorías!

El señor MÁRQUEZ FANDIÑO: ...por qué no hablan de desprivatizar los aeropuertos y menos de relojes y de...

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Márquez. Señor Márquez, señor Márquez, un momento, para mandar a callar para que lo escuchen.

Señorías, guarden silencio, por favor.

Cuando quiera, señor Márquez. Vamos. Guarden silencio, señorías. Ya se han despertado.

Venga, vamos.

El señor MÁRQUEZ FANDIÑO: Bueno, son las nueve de la mañana y hay que empezar con energía.

Nos gustaría escuchar al Partido Socialista. No sé qué opinará Ciudadanos de desprivatizar los aeropuertos canarios, pero nos gustaría escucharles hablar de esto y menos de los relojes de Canarias y más de los aeropuertos.

Señores, creemos oportuno, señorías, señores y señoras, creemos oportuno iniciar este debate. El Gobierno va a tener todo nuestro apoyo, todo nuestro apoyo, en este sentido. Creemos que es una demanda justa, que Canarias inicie un proceso para dar un paso más allá en nuestra soberanía y hacer públicos nuestros aeropuertos. Que además generan beneficios que se están yendo a las empresas privadas. Pero, claro, si nos sacamos fotitos con el Gobierno que castiga a Canarias, si nos sacamos fotitos con el Gobierno que no cumple la financiación, que privatiza nuestros aeropuertos, por el IGTE, difícilmente, difícilmente, tendremos la capacidad de exigir desde la soberanía del pueblo canario que los aeropuertos canarios sean nuestros y no de empresas privadas. Hay que empezar siendo coherentes, con un Gobierno que ha maltratado a Canarias y que ustedes se sacan fotos en campaña con ellos para lavarles la cara. Eso no es nacionalismo, eso no es luchar por la soberanía del pueblo canario.

Creemos que este es un elemento que puede entrar ahora de manera muy oportuna en lo que se llama la agenda canaria, porque realmente afecta a nuestra ultraperiferia, que privatizando nuestros aeropuertos nos hacen todavía estar más lejos de lo que estamos.

Por tanto, mano tendida y tienen todo el apoyo de nuestro grupo parlamentario.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Márquez.

En nombre del Grupo Popular, señora Navarro.

La señora NAVARRO DE PAZ: Gracias, presidenta. Señorías.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, que desestima el recurso interpuesto por el Gobierno de Canarias, de nacionalistas y socialistas, contra la privatización minoritaria de AENA, viene a avalar, aunque no se quiera reconocer, la plena legalidad de dicha privatización, promovida y culminada con éxito -sí, señor representante del Grupo Podemos-, con éxito, por parte del Gobierno de la nación, por parte del Gobierno del Partido Popular.

Y, aunque mis predecesores en el uso de la palabra hayan renunciado a valorar objetiva y jurídicamente esta sentencia, lo cierto es que la misma, además de desestimar el recurso del Gobierno de Canarias anterior, toda vez que desestima uno por uno todos sus argumentos, condena también -y aquí no se dice- al pago de las costas del proceso. Y con ello, señorías, pues, viene a condenar políticamente a quienes en esta Cámara, y desde distintas opciones políticas, animaron y comprometieron a aquel Gobierno a la presentación de un recurso manifiestamente improcedente.

Señorías, estamos, pues, ante una derrota judicial compartida, sí, compartida por el Gobierno de Canarias anterior pero también por los grupos parlamentarios Nacionalista, Socialista y Nueva Canarias, que embarcaron en su momento al Gobierno en una aventura judicial sin sentido.

En aquellos días, yo recuerdo -y me imagino que algunos de ustedes también-, muchas de sus señorías profetizaron que la privatización minoritaria de AENA haría caer sobre Canarias las siete plagas de Egipto. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan cuando dijeron desde esta tribuna que la privatización parcial de AENA traería el cierre de los aeropuertos de La Palma, La Gomera y El Hierro? ¿Recuerdan también su vaticinio de que los aeropuertos canarios se iban a vender y los canarios seríamos abandonados a nuestra suerte? Ustedes veo y creo que... seguro que no, pero yo sí que lo recuerdo, y lo recuerdo bien. Como lo recuerdan también muchos miembros de mi grupo parlamentario y como recoge el Diario de Sesiones de aquellos días.

Pero lo cierto es, señorías, que veinte meses después la gestión de los aeropuertos de AENA, por mucho que se insista en lo contrario, sigue estando bajo el control público del Estado y la gestión de la red aeroportuaria española, y por supuesto la canaria, ha mejorado durante este tiempo en tráfico de pasajeros, en cuenta de resultados y en optimización financiera. Y sobre todo, señorías, hoy, veinte meses después, hemos visto confirmado por nuestro alto tribunal que el proceso emprendido por el Gobierno del Partido Popular en el 2014 y culminado con éxito en el 2015 es plenamente ajustado a derecho.

De ahí mi asombro al ver que Nueva Canarias y otros grupos que me han precedido en el uso de la palabra, en un ejercicio de malabarismo a la hora de interpretar la sentencia que nos ocupa, vienen de nuevo a insistir y animar al Gobierno de Canarias a que inicie de nuevo los litigios en contra de la privatización minoritaria de AENA. Y yo lo que les pregunto y...

La señora PRESIDENTA: Se acaba el tiempo, señora Navarro. Gracias, muy amable. Muchas gracias, señora Navarro.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Corujo.

El señor CORUJO BOLAÑOS: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.

Hoy tratamos un tema que ya, cuando tuvimos ocasión de debatir sobre la creación de la Comisión de Estudio de transportes, el que les habla puso de manifiesto que estamos en un momento de incertidumbre precisamente por la privatización de AENA. Además es un tema que para nosotros es especialmente importante.

Ya recordó la consejera que este Parlamento ha defendido la defensa y la titularidad pública de AENA. Bueno, realmente la defensa de la titularidad pública de puertos y aeropuertos, porque son para nosotros infraestructuras de interés general y además absolutamente estratégicas y fundamentales para nuestra conectividad.

Quisiera, antes de entrar en el fondo, contestar a mi amigo Juan Márquez. No fue un presidente socialista quien privatizó AENA. Lo que hizo un presidente socialista, es verdad que creo Enaire, preparó un paquete de aeropuertos que eran ineficientes, y que no incluía a Canarias; y además, por si esto fuera poco, corrigió la decisión. ¿Qué presidente privatizó AENA? Privatizó AENA Mariano Rajoy, el presidente al que ustedes han decidido prorrogar el contrato. (Aplausos).

La venta ganga de AENA, de Enaire en este caso, una empresa rentable, ha tenido dos decisiones que la retratan. ¿Cómo gana más dinero un operador privado? En caso de los aeropuertos, o sube las tasas, cosa que intentó por la vía de la congelación... Su primera decisión, decisión que le denegó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; además le dijo claramente: "no vamos a ceder"; segunda decisión, recurrir este recurso de la comisión con el voto favorable del representante del Partido Popular en ese consejo de administración. Otra posibilidad para ganar más dinero el operador privado, subirle las rentas a las empresas que están operando dentro de los aeropuertos. Tenemos el ejemplo en El Hierro, porque el operador privado no tiene en cuenta las necesidades especiales. Empresas locales que llevan operando toda la vida en el aeropuerto se ven obligadas a marcharse porque no se les entiende desde un interés absolutamente privado.

Por tanto, ahora, por resumir en el tiempo que me queda, entiendo que, el Grupo Socialista entiende que tenemos dos oportunidades, en esta forma de dos sentencias, que nos abren la posibilidad de reclamar la cogestión para Canarias. Por tanto, dado que somos coherentes con el acuerdo de gobernabilidad que hemos firmado entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, animo al Gobierno a que continúe por esa senda de defensa de la transferencia...

La señora PRESIDENTA: Se acabó su tiempo, señor Corujo. Muchas gracias.

Continuamos. El Grupo Nacionalista, señor García Ramos.

El señor GARCÍA RAMOS: Gracias, presidenta. Señorías.

Me hace mucha gracia la...

La señora PRESIDENTA: Disculpe, señor García Ramos, disculpe un momento.

Por favor, señorías, si son tan amables, toman asiento y... Gracias.

Cuando quiera.

El señor GARCÍA RAMOS: Me hacen mucha gracia las satanizaciones que se están dando aquí entre organizaciones políticas.

El proceso de privatización, diga el señor Corujo lo que diga, lo empezó el Gobierno de Rodríguez Zapatero, ¿no?, y lo empezó don José Blanco. De todas maneras, eso es una guerra externa, ¿no?, eso es una guerra externa, ¿no? Y tampoco ha sabido defenderse la responsable del Partido Popular, porque yo creo que hay razones para privatizar pero hay otras que no.

Yo quiero decir y quiero empezar mi intervención diciendo que para los nacionalistas, y esto lo recordará muy bien don Román Rodríguez -no el señor Román sino don Román Rodríguez o señor Rodríguez-, que en todos los mítines y en todas las campañas electorales nacionalistas siempre había una especie de mantra o de letanía, casi de una jaculatoria, que era que nos trasladen las competencias de puertos y aeropuertos, puertos y aeropuertos. Yo estoy cansado de oír esto, la verdad es que a veces hasta me daba risa. Y la verdad es que no se concibe una autonomía a 1200 km sin esas competencias.

La consejera ha hablado de una red específica. Evidentemente, los aeropuertos canarios constituyen una red específica dentro de los aeropuertos del Estado y en treinta y cuatro años, desde el primer Estatuto de Autonomía, el Estado no ha accedido a esa aspiración, pero sí cede ahora -lo decidió en un Consejo de Ministros del 13 de junio de 2014- la venta de parte de AENA. La venta a intereses mercantiles, es decir, el dividendo va a estar por encima de lo que es la cultura del servicio público. Y eso, desde luego, para nosotros va a ser algo que nos va a hacer mucho daño. Tarde o temprano, todavía no se ha cerrado el de La Palma o el de El Hierro o el de La Gomera, pero vamos a ver, vamos a ver cómo camina la cosa.

Desde luego esas privatizaciones pudo hacerlas el Estado con otros aeropuertos que ha construido inexistentes, como el de Ciudad Real, el de Castellón o el de Corvera, en Murcia, pero no con los aeropuertos canarios, que son las puertas de nuestras casas. Desde luego aquí se nos llena la boca hablando de programas, del MAC, del ENI Atlántico Medio, hay otro programa todavía mucho más elocuente, que es el Programa de Cooperación Transnacional Espacio Atlántico 2014-2000. Si no tenemos la conectividad, si no gestionamos o cogestionamos, como está hoy el consorcio de los puertos, aquí no se puede hacer nada; es decir, nuestra imaginación y nuestra creatividad y nuestra iniciativa la tendrán en Madrid una serie de funcionarios. Por lo tanto, para nosotros esto es fundamental.

Partimos, como ha dicho la consejera, de dos derrotas judiciales, ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Supremo, pero se abren puertas, y nosotros además tenemos que hacer que la política esté muchas veces por encima del derecho. Aquí tenemos artículos del Estatuto de Autonomía vigente, del que está en proceso de reforma, hay...

La señora PRESIDENTA: Acabó su tiempo, señor García Ramos. Muchas gracias. El tiempo implacable, el que pasó. Lo siento, se acaba el tiempo.

Grupo proponente, señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señora presidenta. Señorías.

Todos los conflictos en el ámbito en el que nos movemos los que representamos a los ciudadanos suelen tener dos caminos, ¿no? El más relevante, el más propio para nuestra actividad es el camino de la política y en ocasiones, cuando en el camino de la política no se abren espacios, hay que recurrir a lo jurídico, a los tribunales, a dirimir los conflictos de interpretación o de confrontación de intereses.

El tema de la privatización de AENA yo nunca he dicho que sea ilegal; yo lo que creo es que es una inmoralidad. Creo que es inaceptable que un país que tiene la mejor red aeroportuaria del mundo la malvenda sin ninguna razón que lo justifique. Las privatizaciones tienen la lógica, si la tuvieran en algún momento, cuando los servicios o las infraestructuras están descapitalizados. No tienes capacidad para mantenerlos, tienes dificultades para soportarlos y permites la entrada de capital privado justamente para recapitalizar esa actividad. Pero cuando los aeropuertos españoles son de los mejores del mundo, cuando son un negocio, cuando son competitivos, cuando son seguros, cuando son consustanciales a la economía y a su competitividad, ¿qué sentido tiene malvender los aeropuertos? Porque los han malvendido, las acciones cuestan el doble un año después. Y además se los han vendido a accionistas preseleccionados, como ustedes bien saben. ¡Claro que es legal! También se vendieron aquí otras partes del Estado, eso que hemos dicho. Desgraciadamente, en nuestro marco jurídico, político y económico, eso de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias está a la orden del día. Y Zapatero tiene responsabilidad y Rajoy ejecuta esto, con nota no, con matrícula de honor. Pero hay un origen en todo este proceso, que es mayo del 2010: visita del señor Zapatero a la troika, para hablar con claridad, y ahí se hace un listado de compromisos que tenían que seguir los Estados del sur y concretamente España, desde la reforma laboral a la venta de los aeropuertos y la venta de la Lotería Nacional. Porque la Lotería Nacional también hay que venderla, pero no porque tenga pérdidas sino justamente porque es un negocio, porque si tuviera pérdidas no se podría vender. De manera que es inaceptable, intolerable, que desde las posiciones conservadoras se haya ejecutado este tema. Pero no es porque fuera ilegal sino sencillamente porque algunos lo rechazamos.

Y hay que decir, ya que se ha subido el tono a la política de orden estatal, que solo podremos reconducir esto por la vía política si hay cambio político en España. Si el Partido Popular sigue gobernando, es evidente que no habrá ni un solo resquicio, a pesar de la foto, a pesar del buen rollito, ni un solo resquicio para que se reconozcan nuestros derechos. ¡Ni el más mínimo resquicio! El Gobierno de España privatiza los aeropuertos a pesar de las previsiones estatutarias sin ninguna comunicación al Gobierno de Canaria. Por cierto, Gobierno de Canarias al que nosotros ni votamos en las urnas ni le votamos aquí, pero era el Gobierno de todos los canarios. Ni una sola comunicación, desprecio absoluto a una institución, que es la comunidad autónoma, que tiene en su estatuto político que, si se va a la privatización, a la gestión indirecta, operaba el artículo 33.13. Ese Gobierno, el Gobierno de la derecha española, es el responsable de esta decisión, que es legal pero es una inmoralidad y va contra los intereses de la mayoría social, va contra los intereses de Canarias de manera evidente. De forma que el camino de la política no abrirá hueco si siguen mandando los que cometieron esta tropelía, porque esto es inaceptable, lo que le han hecho a esta tierra. Los ocho aeropuertos de Canarias son vitales, no para la comunicación interna, que por supuesto, sino para nuestra conexión con el mundo, para nuestra economía.

Y todo se andará. Decía el compañero de la Agrupación Socialista Gomera que habría que abrir vuelos internacionales para el aeropuerto de La Gomera. Vamos a ver si logramos en los próximos años mantener los vuelos interinsulares, porque, como los dividendos se impongan, ya veremos quién termina mandando, porque además hay antecedentes de la venta de una parte importante del Estado.

Por lo tanto, debemos confiar en el camino de la política, sin duda ninguna. De manera especial si se produce cualquier cambio en la correlación de fuerzas del Gobierno de España. Y ahí cabe una propuesta que circula, la de la renacionalización. Pequeño problema que tiene la renacionalización, y es que la revalorización de las acciones haría enormemente costosa la recuperación de este tema si no fuera por nulidad de los tribunales. Será difícil. Y además hay que decir una cuestión: que eso nos beneficia. Solo opera con este estatuto político, señor García Ramos, solo opera el artículo 33.13, si se consuma la gestión indirecta. Lo dice el Tribunal Constitucional y lo dice el abogado del Estado en esa sentencia, es decir, para que opere nuestro derecho a la gestión de los aeropuertos y los servicios correspondientes se tiene que dar una circunstancia, y es que efectivamente se consagre o se consume la venta, se haga una gestión con una empresa mixta y, por tanto, una gestión indirecta. Si se recuperara el capital vendido, no podría operar el artículo 33.13, y lo dice el Tribunal Constitucional. Por eso, ahora que se ha consumado... Y por eso se pierde la sentencia, lo dice con claridad: es que este es un proceso distinto, el Gobierno puede vender y, usted, una vez que se venda, puede ejercer el derecho a reclamar la competencia. De manera que esto en el ámbito de la política lo tenemos que intentar, sobre todo si hay un cambio político en España, pero, mientras tanto, hay un camino que es el jurídico. Con énfasis, no con reunioncitas. No sirve de nada reunirse con el Partido Popular para este tema, no sirve absolutamente de nada. Ni fotos ni carantoñas ni nada. El Partido Popular ha hecho esto con nocturnidad y alevosía, sabiendo lo que hacía, sabiendo el daño que producía a esta tierra, sabiendo que comprometía nuestros intereses estratégicos.

No les quepa duda: si no hay cambio político, olvídense de la vía política para resolver este tema. Pero está la vía jurídica, y la vía jurídica la abre el Tribunal Constitucional con la sentencia del 10 de febrero y la alega el propio abogado del Estado en defensa de los intereses de la Administración General del Estado, y es ir al Tribunal Constitucional, si no hay capacidad de entendimiento en la comisión mixta, a reclamar que opere el 33.13. No hay más camino. Y yo creo que el Gobierno, y me gustaría que me respondiera a esto, se tiene que organizar para esto. Siempre la vía política abierta, siempre, pero ahora toca, más que nunca, explorar la vía jurídica y concretamente la vía constitucional, porque entendemos, como bien dice, como bien habíamos dicho aquí, como bien habíamos aprobado en la resolución del año...; solo operará esto si se produce la privatización. Vayamos, por lo tanto, a esa posibilidad.

Y mientras tanto otra cuestión que yo reclamé al Gobierno anterior y que no conseguimos, porque en esto estuvimos muy de acuerdo. Vuelvo a repetir esto, que siempre lo digo: nosotros estaremos del lado del Gobierno, no nos importa el color, no nos importa quiénes lo conformen, si los contenidos interpretamos que son generales, que son buenos para Canarias. Y estuvimos al lado del Gobierno anterior, y fuimos oposición dura, crítica y alternativa, sin ninguna fisura en contra de la privatización y en la defensa de la titularidad pública de los aeropuertos de Canarias. Y volveremos a estar con este Gobierno si se toma esto, insisto, con énfasis, con pasión, dándole la importancia que tiene en el ámbito jurídico y político.

La gente de Canarias tiene que saber -porque desgraciadamente no hicimos el énfasis necesario-, tiene que saber que los aeropuertos de Canarias son un negocio, son insustituibles, son estratégicos y hoy el 49 % de esas infraestructuras están en manos extrañas, en manos de especuladores, que utilizarán sus inversiones solo en beneficio de sus intereses minoritarios, y que eso lo podemos revertir gracias, desgraciadamente, desgraciadamente, a la privatización.

Y yo lo que le pido al Gobierno es, como mínimo, el mismo énfasis, fuerza y determinación del Gobierno anterior. Fíjense, el listón no es muy alto, ¿eh? Como mínimo, la misma determinación que el Gobierno anterior. Utilizar todas las vías jurídicas y no pasa nada por perder 4000 euros en costas, porque, ya hablando de derrotas judiciales, yo le diría a la portavoz del Partido Popular que se lea la sentencia del Tribunal Constitucional anulando contenidos esenciales de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las administraciones locales, que se la lea. Que ha hecho un daño irreparable, a la mayoría no, a los ayuntamientos de España y, por lo tanto, a los ciudadanos. Están bonitos para reclamar éxitos judiciales: ¡no ganan una!

En cualquier caso, señora consejera, ¿qué van a hacer ustedes en materia jurídica?, ¿qué van a hacer políticamente? Tiene que estar en la agenda del Gobierno en primera línea la recuperación de los aeropuertos canarios al servicio de la gente de Canarias.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.

Señora consejera.

La señora CONSEJERA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (Chacón Martel): Gracias, presidenta.

Una vez más, sobre este asunto el Partido Popular se ha quedado solo. Hemos oído todas las intervenciones de los grupos y, a pesar de algunas diferencias entre unos y otros, lo que sí que ha quedado claro son los términos en los que nos hemos dirigido y la diferencia con el Partido Popular. Hemos hablado de la importancia social de nuestros aeropuertos, de la importancia vital para algunas de nuestras islas, hemos hablado de la importancia de nuestros aeropuertos por la condición de región ultraperiférica y el Partido Popular solo ha empleado términos jurídicos; ha ido tan solo a elementos relativos a derrotas judiciales. Pero ha obviado una realidad: la sentencia deja claro que el acto de privatizar requiere...; al Gobierno de Canarias le dan la vía, al Gobierno de Canarias, al requerimiento competencial, y eso lo olvidan. Lo olvidan porque les interesa, porque solo miran aquello que les interesa. Y no han empleado ni un solo término relativo a la importancia social y económica de nuestros aeropuertos para los canarios.

Aquí desde luego no queda más que dejar claro que el Gobierno de Canarias utilizará la misma fuerza o más para que nuestros aeropuertos sigan realizando su función vital para los canarios. Porque para nosotros los aeropuertos no es una cosa puntual de un día, para nosotros es casi como la guagua que tenemos cada día y que hacemos uso de ella para acercarnos a nuestros servicios públicos, como algunos hospitales, para acercarnos, por motivos laborales, a algunas de nuestras otras islas. Y, por lo tanto, mantenemos, como no puede ser de otra manera, la voluntad de recuperar, pues, un poco la función social que parece ponerse en peligro con las políticas de privatización llevadas por el Partido Popular.

Puede ser y se cuestiona en esta Cámara la actitud del Partido Socialista en algunos momentos, pero a nosotros se nos escucha, al Partido Socialista Canario se nos escucha cuando nos dirigimos a nuestros compañeros en los gobiernos del Estado. Esa es la gran diferencia, se nos escuche.

En este sentido no puedo más que coincidir con el proponente. Seremos firmes, de hecho ya hemos anunciado un recurso a la sentencia de la Audiencia Nacional.

Y sí, lo hemos anunciado porque creemos que los órganos colegiados de consenso se crean para eso, para llegar al consenso, y el Partido Popular lo ha olvidado en estos cuatro últimos años. Ha ido por la vía del rodillo, por la vía de la decisión unilateral y no ha escuchado, y ha preferido incluso no convocar estos órganos, porque no le interesaba escuchar la voz de los canarios.

En este sentido, seguiremos y anunciamos este recurso y recurriremos. Y desde luego estamos estudiando la sentencia del Tribunal Supremo, porque su contenido, recuerdo, es importantísimo. Lo recuerdo, viene a decirnos, viene a decirnos que la privatización nos da la capacidad de requerir competencias en la gestión, o en parte de la gestión, de nuestros aeropuertos; es decir, ha tenido que venir una sentencia del Tribunal Supremo a recordarle al Gobierno del Estado y al Partido Popular que nuestros aeropuertos sí son importantes para los canarios. Y desde luego ahí vamos a ser firmes, emplear la misma energía o más, la misma pasión o más, que el Gobierno, y desde luego me alegra saber que la mayor parte de los grupos de esta Cámara nos apoyan, porque al final en esto se trata de tener sensibilidad con nuestros ciudadanos, con los residentes en Canarias y con el uso que les hacen a diario respecto a lo que contribuyen en la movilidad nuestros aeropuertos.

Por tanto, reitero, seremos firmes, recurriremos y seguiremos, evidentemente, con la vía judicial, al igual que desde luego seguiremos con la vía de diálogo, estableciendo en esos órganos... -en los que sí creemos, porque nosotros sí creemos en esos órganos que ya comenté anteriormente-, seguiremos presentes en estos órganos para lograr que la gestión diaria de nuestros aeropuertos mejore y para, evidentemente, que aquellos aeropuertos que requieren de la solidaridad colectiva de los aeropuertos para seguir dando uso y servicio a las islas menores o no capitalinas, de menor tráfico, no se vean en riesgo.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora consejera.

Damos por concluida esta comparecencia.

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  • 9L/C-0426 Sobre -Consejera de Obras Públicas y Transportes-, sobre el proceso de privatización de AENA en Canarias.


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