Diario de Sesiones 31/2016, de fecha 13/4/2016 - Punto 12

9L/PPL-0005 DEBATE DE TOMA EN CONSIDERACIÓN. PROPOSICIÓN DE LEY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, DE SERVICIOS SOCIALES DE CANARIAS.

La señora PRESIDENTA: Continuamos. Vamos al último punto del orden del día, que es la proposición de Ley, del Grupo Popular, de Servicios Sociales de Canarias.

Tiene la palabra el secretario primero para dar lectura al criterio del Gobierno.

El señor SECRETARIO PRIMERO (Cabrera González): Sí.

"Rosa Dávila Mamely, secretaria del Gobierno de Canarias, certifica que en el acta de la reunión celebrada por el Gobierno el día 29 de febrero de 2016 figura, entre otros, el siguiente acuerdo: propuesta de acuerdo por el que se fija la posición del Gobierno sobre la proposición de Ley, del Grupo Parlamentario Popular, de Servicios Sociales de Canarias.

En su virtud, el Gobierno, tras deliberar, y a propuesta del presidente, acuerda manifestar su criterio desfavorable a la toma en consideración de la proposición de Ley, del Grupo Parlamentario Popular, de Servicios Sociales de Canarias".

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario.

Tiene ahora, para la presentación y defensa ante el pleno, la señora Navarro, por tiempo de quince minutos, como acordamos en la junta.

La señora NAVARRO DE PAZ: Gracias, presidenta. Señorías.

Comparezco hoy en nombre de mi grupo parlamentario en defensa de una proposición de ley que sometemos a consideración de la Cámara con un objetivo claro: dotar a nuestra comunidad de una nueva ley de servicios sociales. Una ley propia del siglo XXI, una ley acorde con la realidad social de la Canarias de hoy, una ley que sustituye a la normativa vigente, que data del año 87, caduca, obsoleta, hace mucho tiempo.

La urgencia de Canarias por dotarse de una nueva ley es compartida por todos, dentro y fuera de nuestra comunidad. De hecho, en el reciente informe anual de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales se constata -y leo textualmente- que Canarias carece de toda referencia legislativa, normativa y planificadora de sus sistemas de servicios sociales que garantice derechos ciudadanos en esta materia.

Señorías, necesitamos, pues, una nueva ley de servicios sociales, una nueva ley que todos hemos demandado durante años, y algunos prometido hasta la saciedad, tanto en el pasado como en el presente. Es el caso de los nacionalistas y socialistas, quienes en la legislatura pasada, y también en la actual, nos dieron su palabra. Es más, nos garantizaron que el Gobierno presentaría en plazo un proyecto de ley en materia de servicios sociales.

Señorías, con esta iniciativa pretendemos reemplazar la indolencia de muchos años del Gobierno y poner en manos de este Parlamento la responsabilidad que no ha sabido o no ha querido ejercer hasta el momento el Gobierno de Canarias.

En ese afán constructivo, mi grupo, el Grupo Popular, hemos retomado el anteproyecto de ley de servicios sociales que dejó ultimado el año pasado, en el 2015, la anterior consejera del ramo y que, lastimosamente, ha permanecido olvidado en el fondo de ese cajón que nunca se abrió, durmiendo el sueño de los justos desde que tomó posesión el actual Gobierno de Canarias.

Obviamente, no es un documento de mi grupo, del Grupo Popular, pero sí es un punto de partida muy útil. ¿Por qué?, porque disponemos de un texto articulado y actualizado que data de febrero del 2015, apenas hace un año. ¿Por qué?, porque fue debatido en el Consejo General de Servicios Sociales, que, como sus señorías saben, reúne a los principales agente públicos y sociales en la materia y que contó, además, con el beneplácito de la Fecam y de la Fecai, es decir, de los ayuntamientos y de los cabildos.

Y, llegados a este punto, presumo, señorías, que ustedes se preguntarán: ¿por qué si disponemos de un anteproyecto válido para iniciar la reforma de la Ley de Servicios Sociales el Gobierno de Canarias no la ha aprobado ya y remitido a este Parlamento? Les confieso que nosotros nos hemos hecho la misma pregunta y la única explicación que encontramos a esta parálisis permanente del Gobierno con la reforma de la Ley de Servicios Sociales es una explicación política, que tiene que ver con el afán de la actual consejera por liquidar cualquier vestigio de la anterior gestión y patrimonializar en primera persona cualquier asunto en el ámbito de sus competencias.

Ya lo denunciamos en el debate de la nacionalidad. La consejería está inmersa en una parálisis gravísima y, debido a ello, insisto, ya se habla del Estado del bienestar en Canarias como el estado del malestar de toda una sociedad.

Señorías, no tenemos una estrategia actualizada contra la pobreza y la exclusión, la gestión pública de la dependencia y de la discapacidad sigue estancada, el Plan de Empleo Social aún está en fase de aprobación en pleno mes de abril, no contamos con estrategia de empleo ni tampoco con el Plan anual de Empleo, las políticas de vivienda siguen con deudas del pasado y sin proyecto de futuro y, por supuesto, pese a las promesas reiteradas y la palabra dada del Gobierno, tampoco tenemos la nueva ley de servicios sociales.

Por eso yo les pregunto, señorías: ¿por qué no aprovechar la experiencia anterior, el aval del Consejo General de Servicios Sociales, de los cabildos y de los ayuntamientos, que se recoge en este anteproyecto de ley?

El anteproyecto que presentamos hoy es una iniciativa abierta al diálogo y al consenso de esta Cámara. No es un documento cerrado y puede y debe ser mejorado, pero, señorías, los canarios necesitan que no esperemos, que no les hagamos esperar más, que iniciemos de una vez entre todos la tramitación de una nueva ley de servicios sociales.

El señor Clavijo, en su investidura como presidente en este Parlamento, anunció, bueno, no anunció, se comprometió a presentar en este Parlamento un proyecto de ley de servicios sociales, como todos ustedes saben, antes del 1 de enero de 2016, como primer objetivo de su Gobierno. Lo cierto es que hoy, a mediados de abril, seguimos igual que estábamos. No nosotros, que también, sino los miles y miles de canarios que esperan por un gobierno que les sigue defraudando. Mientras tanto, los sufridos ciudadanos canarios se enfrentan a un sistema de servicios sociales absurdo y caótico. Miren, inconcreción de las competencias que corresponden a cada Administración, todas haciendo de todo y actuando sin coordinación administrativa; descoordinación en el ámbito interno de la Administración autonómica, donde distintas consejerías operan por separado en áreas sociales vinculadas entre sí; un sistema, señorías, que duplica competencias, servicios y prestaciones, sin orden ni concierto.

Señorías, no podemos seguir trabajando sin una metodología, sin protocolos de actuación y criterios para la unificación en distintos servicios y prestaciones, sin ni siquiera guías de buenas prácticas.

Y a estas graves carencias de la ley vigente se suma que en estos muchos años el Gobierno no ha sido capaz de realizar el desarrollo reglamentario que establece la Ley 87 en materias esenciales que tienen que ver con la prestación de los servicios.

Por eso, con el objetivo de dar un vuelco integral a la gestión de los servicios sociales, este anteproyecto representa una oportunidad de oro para no volver a empezar de cero, para poder ofrecer a los canarios, en un plazo razonable de tiempo, una nueva normativa que nazca del acuerdo entre administraciones públicas y de las fuerzas representadas aquí, en este Parlamento, en un contexto de diálogo y consenso con el resto de los agentes implicados. Una nueva ley donde se definan los servicios y prestaciones que las administraciones están en condiciones de facilitar a la ciudadanía; una nueva ley donde se determine qué Administración debe asumir cada uno de los servicios; una nueva ley en la que se dé estabilidad al sistema de financiación, abandonando el recurso sistemático a la financiación mediante la utilización de la técnica subvencional, que exige que una gran parte de los recursos y dotaciones destinados a la prestación de servicios sociales se destine, como todos sabemos, a tareas burocráticas.

Señorías, les pido hoy en nombre de mi grupo que se sumen a esta toma en consideración. Señorías, les pido hoy en nombre de mi grupo que pongan en valor la urgencia que tenemos de reordenar y modernizar el sistema de servicios sociales.

El Gobierno de Canarias, los nacionalistas y socialistas, han tenido múltiples ocasiones de asumir esa iniciativa. En muchas oportunidades han acudido a esta Cámara, tanto en la legislatura pasada como en la actual, a asegurarnos solemnemente que la nueva ley de servicios sociales iba a ser una realidad, pero no han cumplido. Señorías nacionalistas y socialistas, reconózcanlo y no se refugien, se lo ruego, en que no pueden apoyar esta toma en consideración porque la defiende el Partido Popular. No caigan en el error en el que ya cayeron hace unas semanas con ocasión del debate de la nacionalidad cuando rechazaron las propuestas de regeneración democrática, no por su contenido, sino por su autoría, porque tengo que confesarles que es triste leer el acuerdo adoptado por el Gobierno en relación con la proposición de ley que nos ocupa. La consejería, señorías, de políticas sociales esgrime como mejor argumento que no puede proceder a admitir a trámite esta proposición de ley porque en la actual legislatura el Gobierno tiene previsto presentar un proyecto de ley de servicios sociales. En otras palabras: el problema no es el anteproyecto de ley, no, la cuestión que fundamenta su rechazo es que sea el Grupo Popular y no el Gobierno quien promueva la futura ley. Es un argumento, créanme, lamentable que debería avergonzar a quien lo suscribe.

Señorías, yo les invito a que, en vez de pensar en el Partido Popular, por qué no pensamos en los miles y miles de canarios que siguen sin disfrutar de sus derechos a la asistencia o a la ayuda social. Señorías, yo les invito a que, en vez de pensar en el Partido Popular, por qué no pensamos en el laberinto administrativo, con frecuencia humillante, que tienen que transitar los ciudadanos para ser beneficiarios de la atención social en Canarias. Señorías, yo les invito a que, en vez de pensar en el Partido Popular, por qué no pensamos en los miles de canarios que esperan ser atendidos o que, una vez siendo reconocidos beneficiarios de atención, no la reciben y, lo más triste, no saben si algún día la recibirán.

Dejemos a un lado, señorías, sus prejuicios, pensemos en los canarios. Si lo hacemos, acertaremos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Navarro.

Para el resto de los grupos fijar su posición o su consideración, empezamos de menor a mayor, por el artículo 83.

Grupo Mixto, señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Señora consejera, señorías.

Está en vigor la Ley 9/1987, de 18 de abril, de Servicios Sociales, que no responde a las necesidades del sector ni tampoco a los ciudadanos. Han pasado treinta años y la norma está obsoleta. Tal es así que ya desde la pasada legislatura los mismos socios que entonces formaban y hoy forman gobierno se comprometieron a la actualización, que también fue parte del discurso de investidura del señor Clavijo.

En verdad es urgente una nueva Ley de Servicios Sociales que racionalice el marco normativo en la materia, que garantice una nueva cartera de servicios y que defina el papel de cada Administración pública.

La realidad del mundo y la sociedad actual es muy distinta de aquella que dio origen a la norma de 1987: mayor incorporación de la mujer a la vida laboral, elevados índices de paro, desequilibrios en el mundo socioeconómico y ajustes como consecuencia de la crisis, sin olvidar el incremento de los índices de pobreza y los riesgos de exclusión social. Es posible aludir, asimismo, al repunte de los flujos inmigratorios, prolongación de la esperanza de vida de las personas y la tendencia al envejecimiento de la población, la consolidación del derecho legítimo de las personas con discapacidad a la eliminación de barreras físicas y sociales y la integración normalizada en la vida sociolaboral y unas condiciones de vida dignas.

Esta ley ha carecido de los necesarios desarrollos reglamentarios para su completa aplicación. Como digo, fue aprobada en un marco social y económico expansivo muy diferente al actual.

El 29 de febrero de 2016 el Gobierno informó de forma desfavorable a la toma en consideración de la proposición de Ley, del Grupo Parlamentario Popular, de Servicios Sociales de Canarias y, pese a todo, el Partido Popular se adelanta de nuevo hoy al Gobierno presentando una proposición de Ley de Servicios Sociales, que, si bien conviene y es legítima, no podemos calificarla más que de oportunista. Ya sabían ustedes, señores del PP, que el Gobierno tramitaba su proyecto de ley y que, aunque se solicitaron y necesitaron nuevos plazos, era para buscar la participación y el consenso de colectivos sociales, instituciones públicas, sindicatos, sectores empresariales...

El asunto que nos ocupa, señorías, es de suma importancia y requiere la máxima participación y el máximo consenso. Hablamos de una de las leyes más importantes de nuestra autonomía. Los servicios sociales son competencia exclusiva de la comunidad autónoma en virtud de lo previsto en el artículo 30 del Estatuto de Autonomía y recientemente corroborado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aunque en este último caso queriendo condicionar la forma en que se han de prestar estos servicios en la comunidad autónoma, a lo que el Tribunal Constitucional ha respondido de forma contundente al declarar inconstitucional la disposición transitoria primera y el artículo 57-bis. Queda, por tanto, muy clara la absoluta autonomía de esta comunidad autónoma para decidir la forma de prestar estos servicios.

Estamos ante una magnífica oportunidad no solo para definir los contenidos de los servicios sociales a prestar en estas islas sino también para estructurar una definitiva distribución competencial entre comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos, eliminar la burocracia de la Administración, descentralizar y distribuir adecuadamente las competencias, en coherencia con el principio de subsidiariedad.

Se podrá resolver, por tanto, la prestación de los servicios sociales que en este momento están delegados o encomendados a ayuntamientos y/o cabildos, como, por ejemplo, la encomienda de gestión que actualmente rige el Módulo Insular de Servicios Sociales de La Gomera, en reiteradas ocasiones demandada por la corporación insular colombina, desde la que se reclaman medios humanos y materiales suficientes para que la competencia pueda ser ejercida con garantías; y se requiere, además, actualizar los medios económicos para ejercer esta competencia que históricamente ha venido mal dotada y traspasar la competencia a la Administración más cercana al administrado.

Son necesarias, igualmente, dotaciones especialmente para la atención a la dependencia, la participación del Estado, dado el coste elevado de estos servicios: más de 42 000 solicitudes en enero de 2016, 30 000 casos reconocidos y evaluados, de los que solo 14 000 percibieron la prestación. Ya se ha denunciado en multitud de ocasiones que 16 000 canarios y canarias dependientes están sin percibir la prestación que en derecho les asiste. Una vez más debo insistir en que es imprescindible un nuevo marco normativo acorde a la realidad actual, para que todos los residentes en el archipiélago podamos tener garantizado el acceso a los servicios sociales sin distinción alguna y que tengamos mayor calidad de vida.

El Gobierno está obligado a ordenar y coordinar los servicios sociales y los demás sectores que inciden en el bienestar social de los ciudadanos. Me refiero, por ejemplo, a la implantación de programas transversales especialmente relacionados con políticas sanitarias, educación, empleo o vivienda.

Señora consejera, es verdad que lleva poco tiempo como responsable máxima de los servicios sociales en Canarias, pero debe pelear más en el seno del Gobierno regional y nacional para la obtención de nuevos recursos, pero, según el Índice de Desarrollo de Servicios Sociales del 2015, de las 17 comunidades autónomas Canarias está en el decimoquinto lugar. Una cifra espeluznante, donde se destaca que solo el 3,62 % de la población potencialmente dependiente en las islas recibe atención y el 54,3 % con derecho está en listas de espera.

Aprovecho, además, para preguntarle, señora consejera, por qué no respondió a la petición del Cabildo de La Gomera para dotar con 70 plazas la atención residencial en el sector de mayores y otras 5 plazas de atención residencial para el centro de discapacidad. Y planteo esta cuestión porque sus homólogos políticos preguntan al cabildo por la ausencia de nuevas plazas de atención a la dependencia. Y debe quedar claro que quien tiene las competencias es usted. Respóndales usted, señoría, y respóndanos a nosotros sobre las 75 plazas solicitadas a través de un escrito fechado el 18 de febrero de 2016. Una demanda que desgraciadamente usted no solo no atendió sino sobre la que ni siquiera se ha pronunciado.

Señora consejera, quedan muchos temas por hacer: temas de mayores y temas del Plan integral de protección al menor y a la familia, en discapacidad, en salud mental, rehabilitación psicosocial y talleres ocupacionales.

El Gobierno tiene que evaluar la posibilidad de incluir las plazas de que en este momento disponen los centros de todas las islas, por supuesto también el de La Gomera, y alcanzar los acuerdos que sean necesarios para remediar carencias que hoy se sufren.

Como todos sabemos, los servicios sociales deben contribuir de forma activa al bienestar del conjunto de la población, actuando de forma preventiva sobre los riesgos y situaciones de pobreza y exclusión social, promoción de la autonomía personal, prevención y atención a las situaciones de discapacidad y de dependencia.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Mendoza.

Por el Grupo Nueva Canarias, el señor Campos.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Anunciamos ya de entrada que Nueva Canarias no va a apoyar la tramitación de esta proposición de ley. Lo estuvimos valorando en el grupo casi hasta hace poco, si abstenernos o votar en contra. A favor teníamos claro que no íbamos a hacerlo y finalmente hemos decidido no apoyarla, por algo que comentaré con posterioridad. Pero sí es cierto que de entrada, le anunciamos que no nos pareció adecuado, en el momento en que se presentó en el registro no nos pareció adecuado el procedimiento. Pillar un borrador, el anteproyecto, que había por ahí y presentarlo como propio. No digo ético, porque está ahí y podía haberlo hecho cualquier grupo, pero evidentemente entendíamos que no son las formas y al menos podrían habérselo trabajado un poquito más y presentar algo propio, haber incorporado algún elemento alternativo que lo cualificara un poco más. Pero no nos pareció, como digo, lo correcto.

Y fíjense que nosotros entendemos cuál es la intención de fondo del Partido Popular y, si me apura, hasta la apoyamos. Es decir, se trataba de poner las pilas un poco a la consejería y de presentar un documento en esta Cámara para que se iniciara el proceso.

Es más, si ustedes hubieran hecho esto al principio de la legislatura, le hubiera criticado lo mismo, oportunista, quizá poco ético, pero lo hubiéramos apoyado, porque ese era el instante, al principio de la legislatura. Hubiera obligado, en este caso a través del Parlamento, a que el Gobierno se pusiera las pilas y, obviamente, pues, creo que hubiéramos salido ganado absolutamente todos. Pero en este instante es extemporáneo, porque ya se está trabajando en él, porque ya se está en un proceso de participación con los ayuntamientos, a través de la Fecam, con la Fecai, con las ONG y con los colegios profesionales y, por tanto, no tiene sentido.

Y este es el elemento esencial por el que al final decidimos votar en contra. Es decir, creo que en este instante, al menos por la forma que tenemos desde Nueva Canarias de entender la política, ahora sí que no toca. En el momento en que ya se inició el proceso de participación, que la Cámara, que este Parlamento decida poner un documento cuando en paralelo se está trabajando otro con la participación de todos estos agentes sociales, sí que creo que no hubiera sido lo correcto.

Lo que sí es cierto es que esto ya se lo dijimos... bueno, lo hemos reiterado aquí en numerosas ocasiones, y yo creo que hay dos responsables. El primero, y más importante, es el presidente del Gobierno. Primero porque de él fue la ocurrencia de plantear en el discurso de investidura que a 1 de enero íbamos a tener ley. Eso hubiera sido muy difícil incluso poniendo en marcha toda la maquinaria en julio, con el anteproyecto que hoy estamos debatiendo, hubiera sido muy complicado. Pero además porque tengo la impresión de que son esas cosas que dice pero que a lo mejor no ha consensuado previamente con el responsable del departamento. Tengo la impresión, pero me da la impresión también de que no me equivoco.

Y luego, obviamente, sí que hay una segunda responsable, y es la titular del departamento, es la vicepresidenta. Tampoco ha estado a la altura de lo que se necesitaba, por la urgencia, por lo que supone la aprobación de una ley tan importante, que al paso que tiene va a tener un valor fundamental. Y es verdad que no es lo mismo cambiar de ley con 28 años, me parece que queda así, que con 30. Lo vamos a clavar, 1987-2017. Y, hombre, eso después de treinta años, hemos sido capaces de poner la ley, tiene un valor al menos estadístico importante.

Hemos visto, sin embargo, anteproyectos de ley que este Gobierno sí que ha priorizado, y lo ha hecho casi de manera exprés: la ley del suelo. A lo mejor es que quizás le da una importancia o una mayor importancia a esto que a lo otro. Yo no digo que no tengan que tenerla, al menos en el mismo rango, porque son absolutamente...; pueden ir tramitándose de manera paralela y tratan temas absolutamente distintos. Pero es verdad que entre lo uno y lo otro yo me quedaría con lo que ha hecho la vicepresidenta, porque por lo menos está en esta fase, en una fase de consenso con los agentes sociales. A diferencia de lo que ha hecho el presidente o la consejera de turno con la ley del suelo, con el anteproyecto de la ley del suelo, que no ha consensuado absolutamente con nadie, salvo algunos que nos hemos ido enterando a través de la prensa en función de qué reuniones, y le garantizo que no ha sido con grupos de la Cámara y por supuesto tampoco con su socio de Gobierno, y que han elaborado en un despacho cuatro personas, cuatro técnicos, muy cualificados, algunos de ellos además que uno admira, pero creemos que ese tampoco es el procedimiento para hacer las leyes, y mucho menos, obviamente, la de servicios sociales.

Como digo, eso que ha hecho desde hace un par de meses la consejería es lo que tenía que haber hecho desde el mes de julio: coger aquel borrador, porque también fue participado... Es cierto que el resultante, la consejera en aquel instante precisamente no fue muy fiel a lo que se trabajó en el marco de la Fecam o de la Fecai o con el resto de agentes, y al final lo que nos llegó fue algo quizás muy maquillado. Pero es verdad que servía como punto de partida y es probable que si en el mismo mes de julio -dándole la importancia que tenía- se hubiera trasladado a todos ellos probablemente en el mes de octubre ya estaríamos tramitando el anteproyecto y es probable que a estas alturas, a estas sí, no a 1 de enero, pudiéramos estar discutiendo la ley.

Pero si la ley es importante, y lo es, es fundamental, es el marco en el que al final se regulan y el que nos orienta hacia dónde tenemos que ir, en este caso en los servicios sociales, en materia de servicios sociales en Canarias, pero hay que relativizarlo también. Lo digo porque es fundamental la ley, pero no es más fundamental que otras cosas que desde nuestro punto de vista, y en materia de servicios sociales, son mucho más importantes. Es más, yo defiendo que prefiero un gobierno sin ley pero que sea capaz de priorizar de verdad las políticas sociales y sea capaz de dotarlas financieramente, dotarlas económicamente de manera adecuada, que un gobierno con ley para que las incumpla, como por ejemplo la de educación o como por ejemplo la de dependencia por parte del Partido Popular a nivel estatal. Es fundamental que las leyes existan, pero relativicemos el papel de las leyes si realmente no nos las creemos, no las incorporamos a la acción de gobierno. Creo que en este Parlamento, por ejemplo con la Ley de Educación, hicimos una buena práctica parlamentaria, pero desgraciadamente hemos asistido a una muy mala praxis desde el punto de vista de la acción del Gobierno.

Esperemos que, ya que hemos tardado en que se tramite de manera adecuada esta ley, que finalmente sea una ley consensuada por todos los grupos de esta Cámara, que responda a las necesidades de la gente que peor lo pasa en Canarias y fundamentalmente que el Gobierno de Canarias, todo el Gobierno de Canarias, empezando por su presidente, sea capaz de asumirla como propia y de llevarla a cabo en todos sus términos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campos.

Por el Grupo Podemos, señor Márquez.

El señor MÁRQUEZ FANDIÑO: Año 2015, Canarias empeora su puntuación 0,2 puntos respecto al año anterior y está en el puesto decimoquinto en la calificación de comunidades autónomas en el desarrollo de su sistema de servicios sociales, solo mejor que las comunidades de Murcia y Valencia.

Un desarrollo tan escaso de los servicios sociales en esta comunidad, en todas sus dimensiones -derechos y decisión política, relevancia económica y cobertura-, que hace inútil destacar cualquier desequilibrio. Esto lo dice la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales del Estado español, que nombró la portavoz del Partido Popular, pero después le voy a seguir diciendo lo que dice la Asociación de Directores y Gerentes, que usted no dijo.

Dice algo más, sobre derechos y decisión política. Canarias obtiene 0 puntos en esta materia, algo que evidencia la carencia de toda referencia legislativa, normativa, planificadora de su sistema de servicios sociales, que garantice los derechos de los ciudadanos en esta materia. Canarias sigue manteniendo una ley ya superada por el desarrollo del sector en todo el Estado.

Esa es nuestra realidad, señorías: una situación incomprensible, sobre todo por la falta de una legislación adecuada. En esto no hay excusas y solo podemos hablar del tiempo perdido, y podríamos estar en este Parlamento mirando hacia atrás y mirando hacia atrás y por qué Coalición Canaria no tuvo el interés de poner una ley en trámite durante cuatro, ocho, veintiocho años. No sabemos cuánto tiempo ha pasado, que Coalición Canaria no tenía ese interés. Pero, señores del Partido Popular, ¿qué están haciendo? Se lo digo con toda la sinceridad, ¿esto qué es? Ustedes cogen un copipega de la ley de Inés Rojas, que no tuvo ninguna participación, que los pocos que tuvieron acceso a ella la rechazaron, y vienen aquí a presentarla cuando se está abriendo un proceso de participación. ¡Esto es politiqueo barato, señorías del Partido Popular, con un asunto tan importante como son los asuntos sociales, los servicios sociales! De verdad se lo digo, esto no se hace, señores del Partido Popular.

¡Y además sobre servicios sociales, que son ustedes un referente internacional, sobre servicios sociales! ¿Verdad, señores del Partido Popular? Pero son un referente en recortarlos, en destruirlos. Y tanto que les importa: ayer en el Congreso de los Diputados se votó la Ley 25, la ley a propuesta de Podemos, y ustedes votaron que no. No a la ley, ¡al trámite de la ley! Y el Partido Socialista votó que sí. Sí, sí, sí, señora, señora del Partido Popular, sí, sí, es así (ante los gestos negativos de la señora Navarro de Paz desde su escaño). Su partido, es su partido. Después de cuatro años de destrucción de empleo, de desahucios, de recortes sanitarios, educativos, de recortes en dependencia, en servicios sociales básicos, en prestaciones sociales, después de cuatro años haciendo la política más austericida de nuestra historia democrática, vienen ustedes aquí con la ley de Inés Rojas. De verdad resulta una broma si no fuera una cosa tan seria, tan seria.

Y, miren, como forma de presionar puede llegar a ser simpática, desde el punto de vista del parlamentarismo, pero de verdad que nosotros les pedimos que tengan una actitud un poquito, un poquito más responsable.

La propia Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que usted no nombró esta parte, señora Australia Navarro, dice las siguientes recomendaciones. Visto el escaso desarrollo del sistema de servicios sociales en Canarias y su nula evolución en los últimos años, esperando incluso la cobertura de muchas de las prestaciones y servicios sociales, se hace imprescindible un plan de choque -un plan de choque que no tiene la ley que ustedes hoy han presentado-. Uno, recuperar e incrementar los gastos en servicios sociales. Las administraciones públicas de Canarias deben ser conscientes del considerable retraso que tienen en materia de servicios sociales en relación con la media estatal, en la mayor parte de sus indicadores de cobertura. Así recomendamos -dice la asociación- como objetivo a corto plazo alcanzar el nivel medio de gasto en materia de servicios sociales del conjunto del Estado, para lo cual su gasto anual debería incrementarse en 106 millones de euros. Hablamos de financiación, señores del Partido Popular, hablamos de la financiación de Canarias. Necesitamos 106 millones de euros, según la asociación que usted nombró, la asociación que usted nombró, necesitamos 106 millones de euros más, y ustedes nos deben 800 ya solo este año, según dice el REF. Bueno, seamos serios, hablemos de financiación también, que afecta a los servicios sociales. Que al Gobierno de Canarias no lo exculpo, ellos podrían invertir en otras cosas que están invirtiendo y tener el interés que tienen en la ley del suelo también en servicios sociales. En eso estoy de acuerdo con el señor Campos, por supuestísimo, y no lo hacen, pero aquí hay un déficit de financiación por parte de su partido hacia Canarias. Maltrato se llama.

Segundo punto que dice la asociación: avanzar en la aplicación de la ley de dependencia, tanto en cobertura poblacional, que Canarias se encuentra muy por debajo de la media que el resto de comunidades autónomas, como en la efectiva garantía de los derechos de las personas que se encuentran en el limbo de la dependencia.

Punto número tres, este avance en la aplicación de la ley de dependencia en Canarias debe realizarse ampliando tres servicios muy importantes en los que esta comunidad se encuentra por debajo de la media estatal: uno -señora Hernández-, el servicio de ayuda a domicilio; dos, el servicio de teleasistencia; tres, los servicios residenciales de financiación pública para personas mayores. Además esto significaría creación de empleo.

Punto número cuatro, incrementar la extensión y la cuantía de las rentas mínimas de inserción, tan importantes en una situación como la actual -ustedes ayer votaron en contra de la Ley 25, de la tramitación de la Ley 25-, para garantizar un nivel de vida digno. Si es que tampoco pedimos tanto los canarios, queremos vivir dignamente. En Canarias solo perciben estas rentas el 2,7 % de la población que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza.

Y punto número cinco. ¿Qué dice la asociación?: que Canarias debe elaborar ya de manera prioritaria una ley de servicios sociales que reconozca los derechos subjetivos y que establezca de manera obligatoria una cartera o catálogo asistencial, ya que es una de las comunidades autónomas que aún carece de este marco normativo, y con la aprobación de esta ley Canarias debe iniciar un camino hacia el reconocimiento de los derechos sociales de sus ciudadanos, sentando las bases del desarrollo normativo y de la planificación del sector, en lo que no se ha avanzado nada en esta comunidad. Lo dicen los profesionales, lo decimos nosotros y nosotras. Por tanto, le decimos al Partido Socialista: cumplan su programa electoral, cumplan el contrato que tienen con la ciudadanía y nosotros estaremos encantados de aportar, de reunirnos las veces que haga falta, con quien haga falta, contando con los profesionales, con los profesionales de los servicios sociales, con todos los agentes implicados.

Y, señores del Partido Popular, con respecto al copipega este que ustedes presentan hoy aquí, pues, votaremos en contra, por una sencilla razón: porque con un asunto tan importante como son los servicios sociales no se puede hacer política ficción.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Márquez.

Por el Grupo Socialista, señora Cruz.

La señora CRUZ OVAL: Señora presidenta. Señorías, buenos días.

Estamos hoy debatiendo un tema muy importante para los canarios y para las canarias, un tema crucial de esta legislatura y un eje vertebrador del pacto de gobierno entre Partido Socialista y Coalición Canaria: la elaboración de una ley de servicios sociales.

Señorías, entiendo que la ciudadanía esté harta de la clase política, y lo entiendo y lo fundamento en varias cuestiones. Voy a poner ejemplos. Primera, la semana pasada comenzó el trámite parlamentario, el III Plan de Salud de Canarias, con la crítica del Partido Popular, que se hacía eco de un documento antiguo, y era del 2014. Este documento que nos presentan hoy como proposición de ley comienza su andadura en el 2009 y tiene la última versión del 8 de julio de 2014, no 2015, 8 de julio de 2014; sin embargo, este documento es muy actual. 2014, Plan de Salud es antiguo, obsoleto. y este es muy actual.

Siguiente cuestión. El día 10, domingo, publicaba en un periódico local el senador por la isla de Tenerife, don Antonio Alarcó, un artículo de opinión que titulaba "El copyright en la política", y afeaba la conducta de algunos políticos, y hacía mención expresa a que muchos políticos registraban iniciativas con el afán de llegar primero; y decía que no se sonrojaban, lo hacían y no se sonrojaban. Tres días después, tres días después, estamos debatiendo una proposición de ley de su partido, del Partido Popular, que yo decía hasta ayer sospechosamente parecido, hoy sé que no es sospechosamente parecido, es el mismo documento del anterior Gobierno, el mismo documento del anterior Gobierno. Pero no pasa nada.

Siguiente cuestión. Este borrador, este borrador, que la Fecam, que el Consejo General de Servicios Sociales ha dicho a la vicepresidenta y consejera de Políticas Sociales que comience un nuevo documento, que comience uno nuevo. En la Fecam hay políticos de todos los colores, también del PP, también del PP. Sin embargo, su grupo parlamentario está presentando el mismo documento que ellos rechazan en la Fecam.

Siguiente cuestión, siguiente cuestión. La Constitución es clara y refleja la voluntad de que los servicios sociales se presten en el ámbito más cercano donde se generan las necesidades sociales; sin embargo, el PP nos sorprende en la anterior legislatura, bueno, o en la actual legislatura, aprobando la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Ley que lo que hace es recentralizar los servicios sociales; y ley también que retira el paraguas a los ayuntamientos cuando más llovía, cuando más necesidades sociales había, poniendo en verdadero peligro garantizar que la mayor parte de nuestra sociedad tuviera cubierto su Estado del bienestar.

Y no me quiero saltar lo siguiente. Da la impresión de que el Partido Popular pasaba por aquí. La primera generación de leyes de servicios sociales hay que situarla entre 1982 y 1992 y la segunda generación de leyes de servicios sociales, entre 1993 y 2003, y en el 2003 el PP no pasaba por aquí. Hacía quince años que teníamos una ley de servicios sociales y en ese momento era consejera de Políticas Sociales doña Águeda Montelongo, del Partido Popular, pero en ese momento no les preocupaba la Ley de Servicios Sociales, porque tampoco tenían interés en ocuparse de los servicios sociales.

Pero voy a llegar más allá, que se hacía eco don Juan Márquez. Tampoco hizo ni un, ¡ni uno solo!, desarrollo normativo de esa Ley de Servicios Sociales obsoleta, ahora obsoleta.

Llega la tercera, la tercera generación, y es en esta tercera generación donde este Gobierno está comprometido con los canarios y las canarias.

Quiero decir, quiero decir, señorías, que hay muchos elementos que justifican sin duda este pacto de gobierno, este pacto de gobierno entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, pero sin duda no tener una ley de servicios sociales a lo Wert, a la Lomce, es uno de ellos, sin duda. (Aplausos).

Creo, creo que todos hemos coincidido en esta Cámara, todos los grupos políticos hemos coincidido en que Canarias atraviesa un momento delicado, y justo por ese acto de responsabilidad, que Canarias atraviesa un momento delicado, no nos podemos permitir sacar una ley de servicios sociales sin garantías de consenso.

Se me acaba el tiempo pero tengo un decálogo de deficiencias que tiene este proyecto de ley que plantea el Partido Popular. Lo primero es que no garantiza la universalidad y el derecho a acceder al sistema de servicios sociales no puede estar en entredicho en ninguna proposición de ley.

Por otra parte, es una proposición de ley que... ¿sabe lo que hace, señora Navarro?, retroceder. Es más asistencialista que la de 1987. Canarias no se merece, los canarios no se merecen volver al asistencialismo de antes de la Constitución.

Por otra parte, es una proposición de ley que no garantiza derechos y prestaciones a los más desfavorecidos...

(Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Se acabó su tiempo y sabe que no hay más, señoría.

Como les he dicho a todos los que han venido a hablar, el tiempo eran cinco minutos y hemos dado siete.

Gracias.

Y para cerrar, por el Grupo Nacionalista, señora Luis.

(Rumores en la sala).

Última intervención, señorías.

Señorías -perdone, señora Luis-, por favor, señorías, por favor, va la señora Luis a hablar.

Gracias.

La señora LUIS DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta. Señorías.

Señora Navarro, tengo que decirle que desde el Grupo Nacionalista Canario estamos bastante sorprendidos y sorprendidas con esta proposición de Ley de Servicios Sociales que su grupo presenta como iniciativa propia para someterla a debate de toma en consideración. Desde luego no la compartimos pero tengo que decirle que tampoco la entendemos, señora Navarro, y eso sin contar con que, desde nuestro punto de vista, podría entrar incluso hasta en el terreno de lo políticamente reprochable, y le explico por qué.

Desde que comenzó esta legislatura, incluso antes, durante la campaña electoral, tanto los grupos que sustentamos al Gobierno como el propio Gobierno han dejado muy claro que las prioridades son las que son, y una de las más importantes, de las primeras, es el desarrollo de un marco legislativo, de una nueva ley de servicios sociales, que evidentemente tiene que estar consensuada con todos los sectores relacionados con el ámbito de los servicios sociales y de los servicios sociosanitarios y con el resto de administraciones que gestionan estos servicios, la Fecam y la Fecai; que garantice el derecho a los servicios sociales bajo los principios de universalidad, globalidad e igualdad y que incorpore la cartera básica de servicios sociales; que acerque estos servicios al ciudadano, a través de un proceso de descentralización y de reducción de tiempos de espera, pero también de clarificación competencial, donde se establezca qué servicio se presta, quién lo presta, de qué manera y, por supuesto, cómo se van a financiar los mismos.

El señor presidente del Gobierno, en su discurso de investidura, dejó claro que ese era su primer objetivo. Es verdad que también dijo que su intención, su intención, era aprobarlo antes de finales de año. El acuerdo de gobernabilidad de Canarias recoge expresamente este objetivo como una prioridad. La propia vicepresidenta ha reiterado en varias ocasiones que desde su área se han comenzado los trabajos y los contactos con ayuntamientos, a través de la Fecam, cabildos, los diversos sectores -colectivos, colegios profesionales, expertos-, y que, por tanto, la misma está en proceso de participación y redacción; y que, a pesar de que la intención era intentar aprobarla a finales de año, la complejidad e importancia de la misma les ha hecho plantearse, les ha hecho replantearse alargar esa previsión a este año. Pues lo importante, señorías -y creo que puedan estar de acuerdo conmigo-, es lograr que este marco normativo dé respuesta a las múltiples necesidades que tenemos en Canarias en este ámbito y sobre todo que este documento salga con el consenso entre todos los que gestionan los servicios sociales, en el ámbito social y en el ámbito sociosanitario, que, en definitiva, son los que saben cuáles son los verdaderos problemas, porque están conviviendo con ellos diariamente, a diario, y los que nos pueden orientar por dónde pueden ir las soluciones.

Por tanto, señora Navarro, es difícil entender que se presente esta proposición de ley, que ni siquiera es un documento del Partido Popular, que contemple la propuesta del Partido Popular y su visión de lo que debe ser y contener esta ley, y mucho más teniendo en cuenta que no solo no es un documento del Partido Popular sino que se trata del anteproyecto de ley del anterior Gobierno, de la anterior responsable del área, que ustedes, señorías, que ustedes, señora Navarro, han hecho suyo. Lo que hace incluso más difícil de entenderlo, dado que no han parado ustedes, señorías, no han parado ustedes, durante toda la pasada legislatura y lo que llevamos de esta, de decir lo mal que lo ha hecho el Gobierno anterior y en concreto la señora consejera del área, doña Inés Rojas. Y, sin embargo, pues, han cogido ustedes esta propuesta, que no ha pasado nunca, señorías, nunca, de ser un documento de trabajo y la hacen suya y la presentan como proposición de ley. Cuando digo que nunca ha pasado de ser un documento de trabajo, lo digo con conocimiento de causa. Y lo digo con conocimiento de causa, señoría, pues hasta junio del año pasado quien les habla ostentaba la presidencia de la Comisión de Asuntos Sociales de la Fecam y participé personalmente en todas las reuniones de trabajo hasta llegar a este documento. Y le puedo asegurar, señoría, señora Navarro, que siempre, siempre, lo consideramos un documento de trabajo, que no fue posible, por falta de tiempo, ni concluirlo ni mucho menos consensuarlo, y que desde luego era mucho, es mucho el trabajo que hay que hacer hasta llegar al anteproyecto de ley que consideramos que necesita nuestro sistema de servicios sociales. Y esto lo digo yo, pero aquí hay alcaldes, alcaldesas, incluso concejales, que estaban en la ejecutiva, en la asamblea, incluso en la comisión de la Fecam, y que saben perfectamente que lo que estoy diciendo es así.

Señora Navarro, este documento es verdad, es verdad, que fue al Consejo de Servicios Sociales, pero es que allí quedó claro lo que estoy diciendo: que este documento no estaba para ser sometido al Parlamento como proyecto de ley. Presentar ante esta Cámara un documento de trabajo que no podía concluirse en una ley de servicios sociales que necesitamos porque no es ni el documento adecuado ni mucho menos es el cauce adecuado. Por eso no concebimos, no concebimos que una ley de servicios sociales y una cartera básica de servicios sociales entre a este Parlamento sin el proceso de participación adecuado que requiere un documento de estas características.

Y además este anteproyecto de ley, para que venga aquí como anteproyecto de ley y nos valga para poder presentar las enmiendas y al final hacer un buen documento, tiene que venir con el consenso, con el aval del consenso, de todos los sectores, de todos los colectivos y de todas las administraciones que gestionan los servicios sociales y sociosanitarios en esta tierra.

Por último, señora Navarro, podríamos entender que el objetivo de esta iniciativa, como bien ha querido decir, que el objetivo de esta iniciativa era poner de manifiesto la poca diligencia que ha tenido el Gobierno y la consejera, o vicepresidenta, en la tramitación de esta ley. Bueno, han pasado nueve meses, tiempo que ha tenido su grupo, que han tenido ustedes, para elaborar una propuesta del Partido Popular, con el modelo del Partido Popular, y presentarla a este Parlamento. Que seguro que tampoco hubiese sido tomada en consideración, porque le corresponde al Gobierno, es función del Gobierno, pero hubiese sido un documento muy útil para aportación a todo ese trabajo de desarrollo de la ley que está llevando a cabo la Consejería de Servicios Sociales, Empleo y Vivienda. Y si esa opción no era válida, bueno, hay un montón de fórmulas en este Parlamento para solicitar y exigir que se agilicen las cosas...

(Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Se acabó el tiempo, señora Luis. Lo siento. Ya les he dicho... como les he dicho a sus señorías, eran cinco los minutos y la Junta de Portavoces ampliamos a quince y a siete.

(La señora Navarro de Paz solicita intervenir).

Dígame, señora Navarro.

La señora NAVARRO DE PAZ (Desde su escaño): He sido contradicha por la última portavoz, por la portavoz del Grupo Nacionalista.

La señora PRESIDENTA: Un minuto, señora Navarro, y ella tendrá también, la señora Luis.

La señora NAVARRO DE PAZ (Desde su escaño): Gracias, presidenta.

Señora portavoz, yo me he hecho eco de lo que dijo en su momento la anterior consejera -lamento que usted hoy aquí, en sede parlamentaria, nos diga que mintió-, cuando en rueda de prensa -que la invito a que acuda a la hemeroteca- afirma -la anterior consejera del Gobierno de Canarias y de su partido político-, lo afirmó en febrero del 2005, que el anteproyecto de Ley, en aquel momento, de Asuntos Sociales estaba acordado con la Fecai y con la Fecam y que en ese momento se estaba debatiendo con el Consejo General de Servicios Sociales.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Señora Luis.

La señora LUIS DOMÍNGUEZ (Desde su escaño): Gracias, señora presidenta.

Señora Navarro, yo me he limitado a contar los hechos tal cual han pasado y desde luego siempre, siempre, la consejera, que yo sepa, ha dicho que se estaba debatiendo, nunca que se había consensuado ni que había cerrado ese documento. Me limito simplemente a decir los hechos, a relatar los hechos que yo he vivido personalmente.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Luis.

Señorías, ahora tengo que pedirles la toma en consideración, su respuesta a la toma en consideración de esta y, por lo tanto, voy a pedir la votación para verlo. (La señora presidenta hace sonar el timbre de llamada a la votación). (Pausa).

Señorías, comienza la votación. (Pausa).

Señorías, 48 votos emitidos: 8 síes y 40 noes.

Queda rechazada la toma en consideración

Muchas gracias.

Se levanta la sesión, señorías. Gracias por el trabajo.

(Se levanta la sesión a las catorce horas y cuarenta y tres minutos).


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