Diario de Sesiones 34/2016, de fecha 10/5/2016 - Punto 25

9L/C-0520 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y LIBRE COMPETENCIA POR EL SUBSECTOR DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA AUTOMOCIÓN.

La señora PRESIDENTA: Comparecencia, a instancia del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, sobre el cumplimiento de la normativa de protección de consumidores y libre competencia por el subsector de distribución de combustible.

Para la defensa de la comparecencia, señor Matos.

Señorías, silencio, por favor, para escuchar al señor diputado, si son tan amables.

El señor MATOS EXPÓSITO: Señorías, buenas tardes.

Espero que hayan repostado adecuadamente durante el receso del pleno, que reanudamos con esta comparecencia sobre las gasolineras en Canarias y sobre la protección a los consumidores y usuarios de estos servicios.

Lo cierto es que hay, a lo largo del día, probablemente muchos gestos que son muy cotidianos, pero si hay un gesto cotidiano que sigue siendo algo habitual en la vida de las personas de esta tierra es echarle gasolina al coche. Desgraciadamente, el coche sigue siendo el rey del transporte en Canarias. Lo hemos hablado en muchísimas comparecencias que no exactamente tenían que ver con esto sino con el modelo energético, con el modelo de movilidad, con el modelo de transporte, pero lo cierto es que el coche sigue siendo el rey del transporte privado en Canarias y es el medio que solemos utilizar con más frecuencia para podernos mover y probablemente es de las comunidades autónomas con mayor densidad de vehículos de toda España. Esta es una realidad que esperamos poderla cambiar paulatinamente. Por eso es tan importante que garanticemos los derechos de los consumidores y usuarios cuando hacen ese gesto tan habitual, tan cotidiano, como es ponerle gasolina al coche o a la moto o al vehículo que cada uno tenga en suerte tener, ¿no?

Por eso hemos pedido hoy esta comparecencia, que queremos, de alguna manera, centrarla en dos cuestiones muy concretas. En primer lugar, queremos llamar la atención sobre un fenómeno que todavía en Canarias no tiene demasiada repercusión pero probablemente la tendrá en el futuro, que son las denominadas o mal denominadas "gasolineras fantasma", que son aquellas estaciones de servicio que carecen de personal y que ya, en territorio peninsular y en territorio europeo, llevan muchísimo tiempo en funcionamiento y que ha dado lugar a que algunas comunidades autónomas, por ejemplo Andalucía, haya introducido en su legislación algunas cuestiones para que efectivamente se garanticen algunos de los derechos más elementales de los consumidores y usuarios en el uso de este tipo de establecimientos. Es un tipo de establecimientos en los que no hay personal a disposición de los usuarios. Hay algo que hablar o mucho que hablar en relación con, digamos, el empleo que se genera en este sector, cómo afecta al empleo este tipo de estaciones de servicio. Sí es un modelo que, bueno, es verdad que es competitivo, que le ofrece un precio al consumidor atractivo, pero a cambio de, digamos, una ventaja competitiva que es la de no tener empleados. Que tiene unas repercusiones evidentemente en el mercado laboral, pero tiene una serie de repercusiones también en los derechos de los consumidores y usuarios.

En Canarias esto está regulado a través del Decreto 173/1994, de 29 de julio, en el que se garantizan o se regulan algunos de los derechos que tenemos como consumidores y usuarios, algunos de los cuales probablemente desconocemos. El derecho que tenemos, por ejemplo, a que haya una pipeta a disposición en las estaciones de servicio para comprobar que efectivamente la cantidad de combustible que se nos dispensa es el correcto, la necesidad de que haya personal que nos garantice una seguridad a la hora de realizar estas labores que al final, digamos, significan la manipulación de elementos que son peligrosos para los usuarios, la garantía de la accesibilidad a personas que tienen dificultades para poder abastecerse, etcétera, etcétera. Y es una demanda que ha venido in crescendo y creo que es conveniente que la Cámara se pronuncie al respecto y que el Gobierno nos dé su opinión sobre la necesidad de modificar este decreto para garantizar algunos de los derechos más elementales de los consumidores y usuarios en lo que se refiere a este tipo, a esta nueva modalidad de estaciones de servicio. Que, por otro lado, ya vivimos algunas situaciones en las que cuesta trabajo encontrar empleados que, digamos, nos sirvan, nos ayuden. Se han puesto de moda las gasolineras de autoabastecimiento, con lo que ello supone.

Y la otra vertiente es la de la protección de los consumidores y usuarios en lo que se refiere a prácticas que pudieran estar vulnerando sus derechos relacionados con los posibles pactos de precios entre diferentes operadores del sistema. Hace algunos meses hubo una denuncia concreta por parte, en este caso creo recordar que era la Cámara de Comercio de Gran Canaria, en la que se denunciaba la práctica o la posibilidad de algunas prácticas en este sentido. Recordemos que Canarias tiene el precio del combustible más caro de toda la Unión Europea antes de impuestos. Por tanto, de ahí la necesidad de tener un control exhaustivo sobre las garantías de que no se esté produciendo este tipo de prácticas. Canarias tiene unas competencias a través del Servicio Canario de la Competencia que le dio la ley del 2007, de instrucción y proposición de sanción. Es verdad que es la comisión nacional la que luego debe sancionar. Y es conveniente que sepamos también cómo van esos expedientes, digamos, con la finalidad de garantizar esos derechos de los usuarios y consumidores, que al final somos todos.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matos.

En nombre del Gobierno, señor consejero.

El señor CONSEJERO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO (Ortega Rodríguez): Señora presidenta, señorías, buenas tardes.

Señor Matos, en cuanto a las acciones del Gobierno en el ámbito de sus atribuciones para garantizar el cumplimiento de la normativa relativa a la libre competencia por parte del subsector de la distribución de combustible para la automoción, la aprobación de la Ley 11/2013, de Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, abrió una nueva dimensión al negocio de la distribución de hidrocarburos en España. La ley liberalizó y amplió los usos del suelo en los que se pueden abrir puntos de servicio de combustibles y limitó el crecimiento de las grandes empresas. Estos cambios legales han propiciado la apertura de estaciones de servicio en centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales. Todo ello ha profundizado en los objetivos marcados por el Real Decreto-Ley 6/2000, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, que basan su modelo de negocio en bajar los precios a base de disminuir los servicios y el personal en las instalaciones.

Con este propósito, la Administración del Estado modificó el Real Decreto 2201/1995, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria M1-IP 04, de "instalaciones fijas para la distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público". El objeto no fue otro que el de desarrollar la seguridad industrial de aquellas instalaciones de suministro desatendidas, de forma que permitiese ampliar el horario de apertura de estaciones de servicio sin incurrir en costes operativos excesivos, así como el de ampliar la cobertura de estaciones de servicio en zonas con menor densidad de población, que pudieran tener unos precios competitivos. Sin embargo, señorías, las expectativas sobre el cumplimiento de estos objetivos son muy diferentes. Patronal, sindicatos y consumidores convergen en que las estaciones de servicio desatendidas tienen consecuencias negativas con relación al empleo y dudosa efectividad para aumentar la competencia en el mercado de los carburantes. Además, las instalaciones desatendidas presentan una serie de deficiencias e incumplimientos que vulneran lo que está dispuesto en la normativa de consumo y de seguridad.

En Canarias, el Decreto 173/1994, sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de suministro de gasolinas y gasóleos de automoción de instalaciones de venta al público, abarca derechos básicos de los consumidores o usuarios, como pueden ser los de información al usuario, la emisión de factura, disposición de las hojas de reclamaciones, medidas de comprobación, reclamaciones e infracciones y sanciones. Sin embargo, el decreto, en su actual redacción, no da oportuna solución a otros derechos básicos de los consumidores. En concreto, los que se refieren a la manipulación de sustancias inflamables sin el control, supervisión y/o auxilio de una persona que esté debidamente formada a los efectos o lo que pueda suponer la imposibilidad del acceso a un servicio público a personas que tengan algún tipo de discapacidad.

Con el propósito de subsanar estas carencias, actualmente la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento trabaja en la modificación del Decreto 173/1994, al que me acabo de referir, introduciendo nuevas prescripciones con el único objetivo de aclarar y mejorar el alcance de los derechos del consumidor y usuario en ese ámbito, así como las obligaciones que son tan relativas al empresario del sector.

Esta modificación del decreto que estamos preparando tiene una línea principal en su redacción, que no es otra que la de salvaguardar los derechos del consumidor e incrementar la seguridad en las estaciones de servicio.

En principio, señorías, tenemos prevista una reunión en Tenerife con el sector, sindicatos, y a la que también va el sector empresarial, los sindicatos, a la que también se incorpora la Fecam, para esta misma semana, en concreto el jueves, debatir las modificaciones que pretendemos efectuar. Por tanto, señorías, por respeto al sector, permítanme sencillamente que les esboce un par de datos de este decreto, en tanto en cuanto nos gustaría que los que lo conozcan primero sean los propios interesados para, en la línea permanente de diálogo que tiene abierta este Gobierno, contar con sus opiniones antes de cerrarlo definitivamente.

Comentarles que la modificación del decreto va encaminada a dar mayor seguridad a las instalaciones, así como protección a los derechos del consumidor. Ello lo reflejaremos en la obligación de que todas las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleos de automoción contarán, en la propia instalación, mientras permanezcan abiertas y en servicio, al menos con una persona debidamente formada, responsable de los servicios que se presten en la misma. El fin no es otro que garantizar el ejercicio de los derechos que están reconocidos en el decreto.

Esta modificación, señorías, la plantearemos, como ya la he comentado, de manera consensuada con los sindicatos, las empresas del sector y las asociaciones de consumidores.

De otra parte, con respecto a su segunda pregunta o su segunda cuestión, informarle que, en junio del 2014, hay dos... La Dirección General de Comercio y Consumo realizó cinco visitas de inspección a diversas gasolineras para comprobar el precio del combustible, levantándose las correspondientes actas. Como consecuencia de las actuaciones inspectoras, que no se constataron hechos constitutivos de infracción administrativa en materia de consumo, si bien se comprobó que el precio de la gasolina era igual en todas las estaciones que eran objeto de inspección. Considerando que los hechos comprobados pudieran constituir infracción administrativa en materia de libre competencia, se procedió, por razones de competencia material, a la remisión de las actas al Servicio de Defensa de la Competencia de la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos de la Unión Europea.

En este momento, en el Servicio de Defensa de la Competencia se encuentran en trámite dos expedientes. Uno, que es el de colaboración no reglada sobre posible acuerdo de precios en la distribución de carburantes. A este respecto se está llevando a cabo una información reservada para determinar la existencia o no de una posible infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, que determinaría la apertura del correspondiente expediente o archivo de las actuaciones. Y un segundo, que es al que usted hacía mención, que es un expediente de colaboración no reglada, referente al funcionamiento del mercado de carburantes de automoción a través de las estaciones de servicio en la Comunidad Autónoma de Canarias. Este expediente se encuentra en la misma fase que el anterior, habiéndose iniciado una información reservada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia. Por lo tanto, la situación es de información reservada y no puedo darle ningún dato más.

Pero, volviendo al primer asunto, usted me hablaba de las gasolineras desatendidas, nosotros como Gobierno queremos plantear hoy que en esta sede parlamentaria, queremos recabar el apoyo de todas las fuerzas políticas y así garantizar un amplio consenso de la sociedad canaria para cumplir con el objetivo inicial de que las estaciones de servicio en Canarias sean seguras y se protejan los derechos del consumidor. Obligatoriedad que queremos mantener con la presencia de una persona, debidamente formada, responsable de los servicios que se presten en esta gasolinera cuando permanezcan en funcionamiento.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor consejero.

Por el Grupo Mixto, señor Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

A pesar de que en el último año 2015 el precio de referencia del barril Brent en Europa cerró 2015 en el mercado de futuros de Londres en 37,10 dólares, lo que representa una caída anual del 34,70 % respecto a los 56,82 dólares con que cerró el 31 de diciembre de 2014, y a pesar de que los precios del petróleo siguen sin levantar cabeza y encadenan de esta forma su segundo año de pérdidas y acumulan desde mediado de 2014 una caída cercana al 70 %, los precios de los combustibles para automoción no han tenido estas bajadas en Canarias. (Abandona su lugar en la Mesa la señora presidenta. Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta segunda, Tavío Ascanio).

La disminución que podría paliar los costes del transporte y con ello hacer un efecto reductor de los precios en productos esenciales de la cesta de la compra, en los costes de la energía y, en general, en los bolsillos de los miles de canarios no se llega a percibir, al menos no en la misma proporción en la que debería. Por eso desde nuestro grupo parlamentario ya hace tiempo que hemos pedido que se nos desglose el precio de los diferentes combustibles que han vendido todas las gasolineras de las islas durante el pasado año, porque tenemos nuestras serias dudas de que esté operando la libre competencia y porque los precios mantienen niveles de los que no bajan, a pesar del desplome del crudo. Y las diferencias entre los precios más baratos entre todas las gasolineras de Canarias y los más caros rondan semanalmente unos 20 céntimos por litro y ya les adelanto que los más caros suelen estar en la isla de La Gomera y en la isla de El Hierro.

Los canarios tienen que saber que, obteniendo la media de precios publicados para Canarias, pongamos por ejemplo el gasoil durante el 2015, obtenemos un precio medio de 87,63 céntimos el litro y si cogemos la media del gasoil del 2014, que son 102,81 céntimos por litro, vemos que el descalabro es de casi el 70 % del precio del barril. Con estos dos años ha supuesto una miserable bajada que no llega ni a 6 céntimos de precio medio, y esto es similar en los distintos tipos de gasolinas.

Sinceramente deberíamos empezar a mover ficha porque el sistema actual es completamente injusto. El ciudadano se ve desprotegido ante estas situaciones y nuestra economía depende fundamentalmente del combustible. Todos sabemos que cuando baja el crudo, las gasolineras nos dicen que no bajan el precio porque compraron anteriormente y deben sacar ese excedente que les queda, pero, por el contrario, cuando sube el precio del crudo, se disparan los precios en las gasolineras. Y este descontrol no es serio. Pensemos en lo que podemos hacer para rectificar esta situación, porque para Canarias, con la realidad insular que tenemos, es más perjudicial para nuestro transporte y mantener las ganancias de unos pocos está elevando los costes de todos. Por no decir que en las islas no capitalinas el coste del combustible es mayor, porque hay que sumar un traslado, y esto añadido a que la cesta de la compra es más cara reduce todavía más la disponibilidad de ahorro de muchos de los canarios.

Nos alegra que usted esté poniendo los medios que protejan a los consumidores. Ya usted pedía el apoyo de todos los grupos parlamentarios, pues en este sentido, pues, le brindamos el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del grupo político de Nueva Canarias, tiene la palabra su señoría, el señor diputado don Pedro Manuel Rodríguez Perez.

El señor RODRÍGUEZ PÉREZ (Pedro Manuel): Gracias, señora presidenta. Señorías. Señor consejero.

La era de la automatización, pues, también ha llegado a las gasolineras, ¿no? La aparición de las denominadas estaciones de servicio fantasma, con la liberación de esta actividad económica, pues, desgraciadamente pone en peligro más de 3500 empleos en las islas y más de 30 000 en toda España. Pues, como ya se ha dicho, lo han dicho algunos de mis predecesores, sabemos que este modelo de estación de servicio ha tenido el rechazo no solo del sector de las gasolineras sino también de los sindicatos, de los consumidores y yo le añado también -que usted lo decía, pero se lo añado-, también de las administraciones públicas, porque también algunas administraciones públicas canarias han tomado acuerdos en contra de la puesta en marcha de estas gasolineras.

Desde luego estamos de acuerdo con usted en que hay que tomar medidas en cuanto a la modificación del Decreto 173/1994, para garantizar -¡bueno fuera!-, pues, a nuestros consumidores y por supuesto garantizar la seguridad de las estaciones de servicio.

Desde Nueva Canarias mostramos nuestro rechazo a la instalación en esta tierra de las denominadas gasolineras fantasma por tres razones fundamentales. Por un lado, por razones de seguridad; por otro lado, porque atentan contra la creación y el mantenimiento del empleo en dicho sector; y, en tercer lugar, porque no garantizan los derechos de los consumidores, y entre ellos hay uno, hay uno importante, es cierto, que ya usted decía, que el actual decreto, pues, contempla los derechos como la emisión de la factura, la disposición de hojas de reclamaciones, pero hay que también pensar en los derechos de las personas con movilidad reducida. Por tanto, estamos de acuerdo con usted en que debemos exigir que en todas las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleos de automoción deberán disponer en la propia instalación, mientras que permanezcan abiertas y en servicio, de al menos una persona responsable debidamente formada, porque de otra manera yo creo que, y creemos desde nuestro grupo parlamentario, que se ponen en peligro los derechos del consumidor pero también, como a usted le preocupa, la seguridad de las gasolineras.

Por tanto, a lo que sí le apelamos es a que, con el consenso necesario, pues, se saque este decreto lo antes posible para ponerlo en marcha.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del grupo político Podemos, tiene la palabra su señoría, la señora diputada doña Natividad Arnaiz Martínez.

La señora ARNAIZ MARTÍNEZ: Gracias, presidenta.

El tema del que vamos a hablar nos parece muy interesante, sobre todo por el contexto en el que se encuadra, y luego al final explicaré a qué me estoy refiriendo.

En primer lugar, decirle al Partido Socialista que este mismo tema se llevó de forma conjunta en forma de PNL en Madrid, y se llevó de forma conjunta para que hubiera un acuerdo de toda la Cámara, pero que si aquí lo deciden traer de forma individual igualmente lo vamos a apoyar.

En cuanto al fondo de la cuestión, la normativa europea a la que se hace referencia, que es la Ley 11/2013, de Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento, a pesar de tener este nombre que resulta, parecer ser, la panacea, ¿no?, ante el paro, una de las consecuencias paradójicas que tiene es que, bueno, que independientemente de la normativa autonómica o local existente se puede liberalizar la instalación de determinadas estaciones de servicio, con la posibilidad de que funcionen por procedimientos automáticos, es decir, sin personal.

Las consecuencias de esto las han alertado los sindicatos y asociaciones de consumidores y, bueno, también las ha comentado el señor Matos, ¿no? Una gasolinera sin personal es una gasolinera donde no se garantiza la cobertura de riesgos, en primer lugar; además produce una pérdida de derechos para el consumidor a la hora de realizar reclamaciones o para solicitar asistencia; y en cuanto a accesibilidad, que eso sí que no lo he oído todavía en la Cámara, es una asistencia básica para poder garantizar la accesibilidad universal para todas las personas.

Y sobre el empleo yo creo que no hace falta nada más que añadir, porque está claro que si destruimos puestos de trabajo necesarios, pues, nunca saldremos de la espiral de crisis que tenemos.

Es obvio que todas estas instalaciones de servicio necesitan que haya personal mientras permanezcan abiertas para garantizar los derechos del consumidor y, por lo tanto, al igual que en Madrid, pues, daremos todo nuestro apoyo cuando el señor Matos presente la PNL.

A lo que me refería al principio, para explicar el contexto, no me gustaría terminar sin recordarles un tema, sobre todo al Grupo Socialista y al Grupo Popular, ya que en Europa están apoyando la negociación a favor del TTIP y, bueno, el TTIP, que es un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, y una de las cuestiones más polémicas que contempla son los tribunales de arbitraje entre empresas y Estado. Entonces estos tribunales, señorías, están hechos para que si un Estado cambia una norma que supone pérdida de ganancias a una empresa de otro país podrá demandarnos por cuantías millonarias. En el caso de Egipto, se enfrenta a una demanda de más de 110 millones de euros; en Quebec se perdieron ya 220 millones de dólares -perdón, de dólares antes también-. Por eso les decimos que se planteen a ver si realmente son socialistas y en ese caso, pues, legislemos para proteger al consumidor... (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría, el señor diputado don Miguel Jorge Blanco.

El señor JORGE BLANCO (Desde su escaño): Gracias, señora presidenta. Señor consejero.

No será mi grupo parlamentario quien venga a defender aquí la instalación de determinado tipo de estaciones de servicio, que no existen en Canarias pero que sí existen ya, y de manera importante, en otras zonas de la Unión Europea.

Ha dicho usted que por protección de los consumidores se van a poner restricciones a la instalación de nuevas estaciones de servicio. Eso se lo oí yo decir ahora en la tribuna, no solo a usted, también se lo he oído decir a otros intervinientes. Me gustaría saber qué considera usted que es protección de los consumidores cuando lo que ofrece este tipo de estaciones de servicios es un abaratamiento importante del precio del combustible, que estoy seguro de que todos los canarios desean.

Miren, aventuro, en fin, y no quisiera yo que fuera así, pero aventuro una guerra importante con los tribunales de justicia y con la Unión Europea en relación con las restricciones que no solo Canarias pretende hacer sino que otras comunidades autónomas han hecho ya en relación con la instalación de estas estaciones de servicios llamadas fantasma o desatendidas, en fin, hay muchas denominaciones al respecto. A mi juicio es una violación importante de la directiva de la Unión Europea de la liberalización, porque supone una restricción importante, que es de carácter económico, expresamente prohibida por la Unión Europea, a la instalación de establecimientos comerciales en el seno de la Unión.

Miren, en Francia el 20 % de las gasolineras son de este tipo. En un país que presume de defender a los consumidores, a los trabajadores, en fin, más que nadie en la Unión Europea que es Dinamarca, Dinamarca, el 50 % de las gasolineras son de esta naturaleza. Veremos, en fin, en el tiempo cómo transcurren los acontecimientos, pero mi impresión es la que le manifesté con anterioridad.

En relación con los pactos de precios en Canarias, en fin, usted ha dado las claves en relación con lo que se ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, la respuesta que le ha dado, la investigación interna que el Servicio de Consumo está realizando, en fin, en relación con este tema, yo le quiero decir: hay que poner toda la carne en el asador para averiguar si efectivamente ha existido acuerdo de concertación de precios entre las distintas operadoras por si se produjo eso y penalizarlas al máximo. Cuanto más abierto el mercado, cuanto más liberalizado el mercado de las gasolineras, sin duda alguna va a beneficiar a todos nosotros.

Y, finalmente, señor consejero, una pregunta que a lo mejor no tiene mucho que ver con esto pero sí es importante para abaratar el precio de la gasolina: ¿cuándo piensa el Gobierno bajar los impuestos al carburante que de manera brutal subió el Gobierno en el año 2012? Miren, de 10,6...

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Nacionalista Canario, tiene la palabra su señoría, el señor diputado don Pablo Rodríguez Valido.

El señor RODRÍGUEZ VALIDO: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Señor consejero.

Es, sin lugar a dudas, una muy buena noticia que el Gobierno de Canarias se haya anticipado y tome la iniciativa para atajar la aparición de las gasolineras desatendidas, comúnmente conocidas como gasolineras fantasma. Es importante la modificación de la regulación, de manera que se evite su proliferación y para que así queden totalmente garantizados los derechos de los consumidores. En este sentido le aseguro el respaldo de nuestro grupo político. Somos muy conscientes de la importancia de alcanzar un consenso en la materia, que por supuesto incluya al sector, con el objetivo de proteger a los consumidores y blindar la plena seguridad de las gasolineras canarias.

La aparición y multiplicación de las gasolineras fantasma o desatendidas a nivel estatal, tal y como ya han denunciado sindicatos, empresarios y asociaciones de consumidores, afecta de manera directa en dos vertientes: por un lado al sector y, por otro, a la ciudadanía. Este debate ya se ha abierto en el seno de diversas comunidades autónomas y se ha saldado con cambios legislativos dirigidos a evitar que se pongan en riesgo y se vulneren los derechos y la seguridad de los consumidores.

Para nuestro grupo parlamentario es preciso que Canarias garantice por un lado la seguridad de las instalaciones. La pérdida de personal permanente en los espacios de venta de combustible al público supone un aumento del riesgo al consumidor, ya que ante un posible siniestro o incidente la capacidad de intervención es nula. Supone una total irresponsabilidad en materia de seguridad y control. Y, por otro lado, los derechos de los consumidores. La ausencia de personal en el abastecimiento de combustible conlleva la pérdida de derechos tan básicos como la opción de poder presentar una hoja de reclamaciones, de pedir una factura o de garantizar simplemente que le surtan la cantidad que el consumidor paga.

Nos preocupa la destrucción de empleo. La reducción de costes como consecuencia de implantar sistemas de repostaje guiados y de cobro con tarjeta, todo totalmente automatizado, provocará que se destruya empleo y que aumenten las cifras precisamente de desempleo.

Y, por último, y como ya han denunciados algunas asociaciones, este tipo de gasolineras no ofrece un trato igualitario a los clientes que puedan presentar alguna discapacidad, puesto que en ocasiones pueden necesitar ayuda por parte del personal para repostar.

Por todo ello, aplaudimos nuevamente la decisión del consejero y de la consejería de llevar a cabo cambios regulatorios a tal efecto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del grupo proponente de esta iniciativa, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su señoría, el señor diputado don Gustavo Matos Expósito.

El señor MATOS EXPÓSITO: Sí. Señorías, veo que efectivamente hemos repostado bien a mediodía y veo a sus señorías con energía afrontando esta comparecencia.

Yo lo primero que tengo que decir es que felicito al consejero por tomar la iniciativa en esta materia y que desde luego hay un cierto consenso. Habrá que ponerle la letra pequeña a la modificación del decreto pero hay cierto consenso entre las cámaras de comercio, los sindicatos, las organizaciones de consumidores y usuarios y también cierto consenso político en la necesidad de intentar introducir una regulación en las denominadas gasolineras fantasma que garantice los derechos de los usuarios y consumidores. Por tanto, invitarle a que continúe con el trabajo, ya veremos exactamente el texto en qué consiste y cuenta con el apoyo, por supuesto, del Grupo Socialista para esa tarea.

Pero, miren, no es la primera comunidad autónoma que lo hace. La portavoz del Grupo Podemos decía que en la Asamblea de Madrid se había presentado una PNL, que no sé por qué razones no se había, en fin, había llegado a buen puerto. No sé muy bien qué ha ocurrido para que esa PNL no fructifique, lo desconozco. Pero, miren, sí es verdad que hemos sido precisamente el Partido Socialista los primeros, los pioneros, en introducir regulaciones en esta materia en España. La primera, la Comunidad Autónoma de Andalucía, que en el año 2004 ya modificó, desde el año 2004 tiene modificada su legislación para garantizar los derechos de los consumidores y usuarios en esta materia. Pero, miren, una de las últimas ha sido la Comunidad Valenciana, la Comunidad Valenciana, que modificó su legislación, que entró en vigor, cuya modificación entró en vigor el 31 de diciembre. Comunidad gobernada por un pacto de izquierdas, por un presidente socialista. Fíjense ustedes todas las cosas que podíamos haber hecho ya desde hace dos meses si algunos hubieran querido cambiar a los que estaban en el Gobierno y hubiéramos tenido ya la posibilidad de que esas políticas ya hubiéramos podido estarlas desarrollando en el conjunto del Estado.

Miren, hay una cuestión fundamental, no solo con el tema de la seguridad. Es verdad -lo ha dicho el diputado del Partido Popular-, es verdad que ante la posibilidad de mejorar los precios para el consumidor parece, en una primera aproximación, que eso es positivo. Y es verdad, lo que tiene que ver con el bolsillo de la gente, posiblemente no hay nada más atractivo que eso. Eso es una evidencia. Pero las consecuencias que trae detrás quizás no compensen del todo esa bajada de precios. Lo sabemos perfectamente y por eso existen unas determinadas normas que regulan la competencia. Lo sabemos, por ejemplo, en materia de comercio, con la venta a pérdidas, que puede ser en un primer momento un elemento atractivo para el consumidor pero que detrás de eso hay una política de precios que finalmente no termina por beneficiar, en última instancia al consumidor, aunque parezca en primera instancia que sí lo hace. Fundamentalmente porque pensemos en que hay personas, por ponerles solo un ejemplo de lo que establece la normativa o lo que debería al menos garantizar, personas con dificultad de movilidad que no puedan ser atendidas en una estación, en la que no exista absolutamente nadie que les pueda atender. Estamos, insisto, manipulando sustancias que tienen cierta peligrosidad o que haya un problema con el modo de pago, un problema con una tarjeta de crédito o simplemente el ciudadano necesita presentar una reclamación porque le ha sucedido cualquier cuestión en el ámbito de ese negocio mercantil. No lo puede hacer porque no existe nadie al que dirigirse.

Y además fíjense que no compremos esta idea, no compremos esta idea, digamos, de una manera absoluta, por una razón: en Canarias ya son muchas las gasolineras, muchas las gasolineras en las que nos cuesta incluso encontrar un operador que nos preste el servicio y que nos encontramos gasolineras, muchas veces atendidas por una sola persona, en las que nos tenemos que bajar, prepagar nuestra compra de combustible, ponerlo nosotros y continuar nuestro camino. ¿De verdad eso ha servido -es una proliferación, yo creo que todos coincidimos en que esto es así-, de verdad eso ha tenido una incidencia en el precio del combustible? ¿La reducción del número de trabajadores en las empresas de estaciones de servicio, cuando ya es difícil encontrar a un operador o a una operadora de una estación que nos sirva en pista...? De hecho algunos reclamos publicitarios de algunas estaciones de servicio precisamente son atención en pista, para saber que tenemos un servicio de atención cercano. Bueno, esto no ha tenido una repercusión sobre el precio. Por lo tanto, no hagamos una ecuación directa entre reducción de trabajadores, reducción de costes y beneficio para el consumidor, porque ya se está produciendo una reducción en el empleo en estos momentos y desde luego, como ya hemos dicho, no ha tenido una repercusión en el precio de los combustibles. (Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández, quien pasa a ocupar la Presidencia).

Rescato lo que dije en mi primera intervención: tenemos los precios de combustible más caros de toda Europa antes de impuestos. Miren, en diciembre de 2013, por dar algunos datos, en Canarias la gasolina era un 12,58 % más cara que en la Península. Empieza a bajar el precio del crudo y en 2014, en vez de reducirse esa diferencia, se sitúa en el 29,94. Lo mismo sucede con el diferencial con la zona euro, donde desde luego la reducción del precio del petróleo no ha supuesto que en Canarias reduzcamos nuestra diferencia de precios previo a impuestos con el resto del Estado continental. Y esta es una realidad. Es verdad que los operadores dan una serie de explicaciones para esas cuestiones, que algunos discuten y otros aceptan, pero esa es una realidad objetiva que es el precio del combustible.

Y en Canarias sobre todo tiene una trascendencia fundamental, una trascendencia importantísima, el control sobre las medidas de competencia. Por supuesto en cualquier materia, pero en estaciones de servicio mucho más. Hay islas en las que apenas hay tres-cuatro estaciones de servicio. En Lanzarote, por ejemplo, ha hecho el señor consejero alusión a algo que conozco bien, porque esas inspecciones me tocó realizarlas como anterior director general de Consumo. Fui precisamente yo quien inició esos expedientes sancionadores a los que el consejero se ha referido, y también le felicito por haber dado esa explicación. Ha explicado que es información reservada; vamos a esperar a que esos expedientes se resuelvan. A mí me ha parecido satisfactoria su explicación en relación con la denuncia que había presentado la Cámara de Comercio de Gran Canaria, que previamente se mandó a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y que posteriormente parece que ya se han remitido esos expedientes a Canarias. Por tanto, bueno, la explicación hasta donde el consejero la puede dar, pues, creo que hasta ahí puede llegar el señor consejero. Por tanto, esperemos a saber cuál es el resultado final de esos expedientes.

Por lo tanto, terminar con esta reflexión. Por una parte no perder el objetivo de que efectivamente estamos ante, digamos, un hecho cotidiano, habitual, de todos los ciudadanos -lo decíamos al principio de nuestra intervención-. El coche, el vehículo privado es el rey del transporte en Canarias; de ahí la importancia. Los mercados cautivos, donde no tenemos posibilidad, como en territorio continental, de buscar estaciones de servicio que sean más competitivas, es un mercado cautivo y de ahí la necesidad de extremar las precauciones en la garantía de que los ciudadanos sepan que se respetan las normas de competencia.

Por tanto, animar a seguir en esta línea de trabajo y por parte del Grupo Socialista satisfechos de haber podido traer al menos este debate al Parlamento.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Matos.

Para finalizar la comparecencia, el señor consejero.

El señor CONSEJERO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO (Ortega Rodríguez): Señorías.

Yo quisiera darles las gracias tanto al señor Ramos como al señor Rodríguez, al señor Matos como al señor Rodríguez también, por su apoyo claro a la propuesta. A la señora Arnaiz le diría que no apoye la PNL sino que apoye la propuesta que ha hecho este consejero. Creo que es más conveniente que vayamos por el camino de... que no una PNL, para luego ya lo otro. Con lo cual o no me entendió bien o a lo mejor se despistó. Igual que otra cosa también: yo me referí a las personas con discapacidad que deberían ser tenidas en cuenta en las gasolineras, como segundo. Con lo cual yo las dos cosas, yo las vuelvo a repetir por si no han quedado claras, pero, señora Arnaiz, yo le rogaría que se sumara. Que apoyar al Gobierno no es malo, es una cuestión que funciona, podía apoyarlo y no esperar utilizar un camino que no es.

Señor Jorge, yo le entiendo lo que usted dice pero no todo vale. No estamos hablando de grandes restricciones, estamos hablando de mantener un servicio para aquellas personas que tienen discapacidad que puedan ser atendidas o de resolver los problemas que tienen los usuarios. Yo el otro día le pregunté a gente que qué pensaba de eso, cuando uno quiere saber lo que preguntas, y que no se convierta en esas llamadas de teléfono, cuando llamas, y te tienen rebotando y tengas tu problema...; tienes enganchada la tarjeta, que no la recuperas, que no sabes o que tienes el coche trabado y que no te puedes marchar de la gasolinera, y que estás preso de una situación en la calle por la noche. Entonces con lo cual que haya alguien que te eche una mano, y yo creo que eso es lo único que queremos. No queremos más que garantizar. No hago mención al empleo, porque si multiplico el número de gasolineras y el empleo, estamos haciendo una mención clara al ciudadano.

Con lo cual yo voy a insistir otra vez en lo que dije antes. Planteamos hoy en esta sede parlamentaria el apoyo de todas las fuerzas políticas y así garantizar un amplio consenso en la sociedad canaria para cumplir con el objetivo inicial que tienen las estaciones de servicio en Canarias, que sean seguras y que protejan los derechos del consumidor con la presencia de una persona debidamente formada, responsable de los servicios que se presten en la misma cuando estas permanezcan en funcionamiento. Esto lo hablaremos con el sector el próximo jueves, insisto, sector, sindicatos, asociaciones de consumidores y Fecam, y esperemos que entre todos saquemos una propuesta que goce de un amplio respaldo en esta Cámara.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor consejero.

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  • 9L/C-0520 Sobre -Consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento-, sobre cumplimiento de la normativa de protección de consumidores y libre competencia por el subsector de distribución de combustible para la automoción.


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