Diario de Sesiones 36/2016, de fecha 24/5/2016
Punto 11

9L/PO/P-0647 PREGUNTA DEL SEÑOR DIPUTADO DON GUSTAVO MATOS EXPÓSITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE MEDIDAS EN RELACIÓN CON LOS PLAZOS MÁXIMOS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN EN EL PROCESO PENAL, DIRIGIDA AL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Proseguimos con el orden del día.

Pregunta del señor diputado Gustavo Matos, del Grupo Socialista, sobre medidas en relación con los plazos máximos para la finalización de la instrucción en procesos penales.

Tiene la palabra, señor Matos.

El señor MATOS EXPÓSITO (Desde su escaño): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días.

Señor consejero, la pregunta es muy sencilla: ¿qué efectos ha tenido y sigue teniendo hasta el día 6 de junio la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Partido Popular, que ha recortado y ha establecido unos plazos máximos de instrucción en las causas penales?

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Matos.

Para su primera intervención, el señor consejero.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Afonso González) (Desde su escaño): Gracias, presidente.

Señor Matos, en esta materia el Gobierno de España, del Partido Popular, vuelve a hacer muestras y vuelve a poner de manifiesto su improvisación.

No hay más que recalcar lo anunciado el pasado miércoles por la Fiscalía General del Estado, donde viene a señalar claramente que es imposible cumplir el plazo legal para revisar todas las causas penales antes del próximo 6 de junio, como ya a su vez se había advertido a la entrada en vigor de la norma.

Los fiscales han debatido exigir al Gobierno de España que paralice la aplicación de este artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero se ha llegado a la conclusión de que con un Ejecutivo en funciones no hay mecanismos legales para hacerlo.

Pero sin perjuicio de estas cuestiones, Canarias ha cumplido con sus obligaciones, y entre las medidas que se han puesto en marcha las mismas han venido a traducirse en la puesta a disposición de herramientas informáticas de control y en la articulación de medidas extraordinarias de gestión de personal. Para tal fin, hemos acometido la implantación de un nuevo servicio en nuestro gestor procesal, el Atlante II, de control de plazos. De esta forma, la Oficina Judicial puede conocer y gestionar la relación de expedientes, diligencias previas y procedimientos que estuvieron en estado de trámite en el momento de entrada en vigor de la reforma y tuvieran activo el plazo máximo de los seis meses.

La sede judicial electrónica está entre nuestros objetivos, pero para lograrlo hemos de actualizar la base de datos y el estado de tramitación de los procedimientos. Para tal fin, se articularon a finales del año pasado un conjunto de medidas que van desde la realización de sesiones de formación al personal, soporte inmediato en sede judicial y fiscal hasta la depuración del repertorio documental, la articulación de vías de tramitación y actualización masiva, así como a aprobación de un programa de actuación por el que se prolongaba la jornada de los funcionarios adscritos a las fiscalías provinciales y de áreas.

En conclusión, Canarias vuelve a ser un referente a nivel estatal, porque el impacto que ha tenido la activación de este servicio en las islas, frente al resto del territorio nacional, que carece de herramientas específicas de consulta y gestión como las desarrolladas por nuestro gestor procesal, bajo el liderazgo de la Fiscalía Superior de la comunidad autónoma y de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha generado tal expectación que se ha puesto a disposición del resto de comunidades autónomas y del Ministerio de Justicia al alcance de su desarrollo, remitiendo toda la documentación funcional y tecnológica para su consulta por el resto de instituciones a nivel nacional.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor consejero.

Para una segunda intervención, señor Matos.

El señor MATOS EXPÓSITO (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Efectivamente, señor consejero, estamos ante la enésima chapuza de un Gobierno al que algunos le han dado una prórroga, desgraciadamente, y que va a pasar a la historia posiblemente por haber sido el peor Gobierno en tratar de resolver un histórico problema con la justicia de este país.

Intentaron privatizar los registros civiles, se inventaron un sistema de Papel Cero que ahora en la práctica se ha constituido en "Papel Tres o Cuatro", y por último creyeron que se acababa con el atraso en los juzgados estableciendo unos plazos máximos para la investigación en las causas penales.

Para explicárselo a los ciudadanos: el Partido Popular ha decidido acabar, en cierta manera, con el paro acabando con los desempleados, en términos trasladados al proceso penal; es decir, estableció en el mes de octubre que las instrucciones el juez tiene como máximo seis meses para instruir una causa penal, excepto que la determine como causa compleja, y a partir de ahí puede tener hasta dieciocho meses para poder instruir la causa.

Esto tiene unas consecuencias perversas. Ha conseguido el Partido Popular volver a poner de acuerdo a todas las asociaciones profesionales de la justicia, en eso sí que hay que felicitarles, porque no lo había conseguido ningún Gobierno de España en la etapa democrática. A Jueces para la Democracia, a fiscales progresistas..., a todos, absolutamente a todos los operadores jurídicos, los ha puesto de acuerdo para decir que esto produce una inseguridad jurídica de tal magnitud que posiblemente el 6 de junio, desgraciadamente y a pesar de los enormes esfuerzos que han hecho comunidades autónomas como la de Canarias para poder revisar todos los procedimientos penales que estaban abiertos antes de la entrada en vigor de la ley, a pesar de eso, señorías -esto es grave-, posiblemente miles de causas penales que en estos momentos están en los juzgados tendrán que ser sobreseídas el próximo 6 de junio.

Y se lo tenemos que agradecer, en primer lugar, al Partido Popular. Que no solamente tienen estas consecuencias perversas la ley, no hablemos de lo que significa instruir un caso, por ejemplo, de corrupción con lo que tiene que ver con comisiones rogatorias, con investigaciones profundas en dieciocho meses. También algunos que impidieron que esta propuesta de ley para derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se pudiera votar y pudiera ser una realidad hoy, tendrán que explicarle a miles de víctimas de delitos por qué sus casos se archivarán el 6 de junio y recibirán el agradecimiento de algunos encauzados en caso de corrupción que saldrán de rositas gracias a que esto...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Matos.

Más información
Otros formatos
  • Formato PDF Formato PDF
Iniciativas tratadas
  • 9L/PO/P-0647 Sobre medidas en relación con los plazos máximos para la finalización de la instrucción en el proceso penal, dirigida al Sr. Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.