Diario de Sesiones 36/2016, de fecha 24/5/2016 - Punto 24

9L/C-0532 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA CANARIAS (NC), SOBRE EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL MENOR.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Por lo tanto, vemos la comparecencia 532, instada por el de Grupo Nueva Canarias a la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, sobre el sistema de protección del menor.

Señor Campos, su primera intervención.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señora vicepresidenta, hemos solicitado esta comparecencia -recientemente tuvimos no hace mucho una que abordaba la problemática de menores en Canarias- para intentar centrarnos en un elemento esencial: el sistema de protección del menor.

Usted conoce bien la realidad, la mayoría de los que aquí estamos hemos podido vivir en las últimas fechas una situación, una coyuntura bastante preocupante con nuestros menores, con nuestros menores bajo la tutela de la comunidad canaria, pero es cierto que ese es un aspecto en el que no voy a intentar individualizar. Ha sido una cuestión coyuntural, pero detrás de esto, cuando hemos puesto el ojo sobre el sistema de protección de menores, cuando nos hemos situado sobre la estructura que en Canarias actualmente tenemos en todas las administraciones, nos hemos dado cuenta de que tenemos un serio problema.

Al empezar a analizar la situación, vemos que es un sistema que carece de muchas herramientas, y -esperemos que no, y en ese sentido es el motivo de la comparecencia- en algunos momentos uno empieza a creer incluso que carecemos de un modelo claro, de lo que la comunidad autónoma, de lo que este Gobierno quiere para los menores que declara en desamparo.

Es cierto que este Gobierno es heredero de una situación casi dantesca en muchísimos aspectos; en políticas sociales, por supuesto. Hemos hablado en numerosas ocasiones de la Prestación Canaria de Inserción y yo creo que el culmen de los despropósitos se lo lleva la dependencia, pero el Gobierno anterior fue también responsable de un desmantelamiento progresivo, de un incumplimiento claro, clarísimo, de sus obligaciones, de una falta de diligencia casi absoluta y eso se transmite cuando no hay liderazgo desde quien tiene la máxima responsabilidad. Quienes tienen las tareas más ejecutivas no responden, no fiscalizan, no exigen, no tienen dirección, incluso, finalmente, eso se traslada a una parte del personal. Personal que, al fin al cabo, es el que es capaz o no de agilizar que muchos expedientes, detrás de los cuales hablamos de niños y niñas en nuestra tierra que ya han sufrido una primera victimización en sus entornos familiares, desgraciadamente luego vemos cómo se reitera por parte de aquella institución que supuestamente viene a socorrerle, que supuestamente viene a ampararle.

Estamos en un nuevo periodo, estamos en un nuevo Gobierno. Obviamente, yo lo he reiterado en ocasiones, a pesar de que la responsabilidad de lo que se ha encontrado no es suya, ahora es responsable. Y es cierto también que contamos con un nuevo director general de Infancia, don Mauricio Roque. Desde nuestro punto de vista alguien que se incorpora, además, tarde, fue de esos directores generales casi que se incorporan al final... Quizás tendría que haber sido de los que se incorporaban justo al día siguiente de que usted tomara posesión. El problema era grave y la temática que abordaba, muchísimo más. Y la situación que se encuentra es prácticamente, desde nuestro punto de vista, la que hemos planteado: bastante preocupante. La ventaja es que es alguien que viene de la casa, que sabe lo que tiene ante sí y con una clara voluntad de revertir la situación. Pero a él le digo lo mismo que le digo a usted, una vez planteado este escenario donde alabamos la actitud de esta persona, tiene que empezar a tomar decisiones.

Los ayuntamientos son los que detectan la problemática en su entorno, intervienen y declaran en riesgo, y a partir de ahí es la comunidad autónoma la que decide si declara o no en desamparo, asumiendo la tutela, y corresponde posteriormente a los cabildos la guarda de estos menores.

Una reflexión. Es obvio que hubo y que habrá siempre casos de menores en riesgo. Los hubo antes y los habrá después de la crisis, pero el desamparo al que asisten muchos no es casual. No es fruto solo de recortes en el área de menores, responde a una política austericida que termina reventando al final por múltiples lugares, y nuestros pequeños, desgraciadamente, son protagonistas, protagonistas muy vulnerables de esos cambios.

Por tanto, el objetivo de esta comparecencia, en primer lugar, es conocer el funcionamiento del sistema de protección del menor, pero, fundamentalmente, me gustaría conocer cuál es el modelo que este Gobierno tiene con sus niños y niñas declarados en desamparo. Conocíamos ayer un informe de Unicef, en el que hablaba precisamente sobre equidad infantil, en este Parlamento, y anunciaba que más de 130 000 niños en Canarias desgraciadamente están en riesgo de exclusión social. Falta de un plan del menor, falta de evaluación del mismo, pero eso lo abordaremos en la segunda intervención, lo que sí me gustaría conocer es...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Campos.

Para su primera intervención, la señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Hernández Gutiérrez): Gracias.

Dos cuestiones previas. La primera es que el director general del Menor toma posesión el 2 de septiembre. No es tarde con respecto a cuando tomamos posesión nosotros, en ese momento incluso estaba de permiso yo de maternidad.

Segunda cuestión. Lo hemos hablado en comisión otras veces, a mí no me gusta mezclar los sistemas de protección del menor cuando se habla de los centros y de menores en riesgo de exclusión social, sino que podemos lanzar un mensaje de que se produce el desamparo por situaciones económicas, que lleva, como bien sabe la gente de los ayuntamientos, a muchas madres y muchos padres a evitar los servicios sociales de los ayuntamientos por miedo a que eso derive en retirarles la tutela o declarar esos menores en desamparo. De ninguna forma: si están en situación de necesidad deben ir a los ayuntamientos y no se produce el desamparo en esta tierra por cuestiones económicas. La Administración debe y entra a atender económicamente a esas familias. Usted lo sabe, porque viene de un ayuntamiento, que son muchos los que no van, pensando que eso sucede y hay que mandar un mensaje claro de que no es verdad, no se produce el desamparo de ningún niño por situaciones económicas y deben ir a reclamar lo que es su derecho, que es la atención en servicios sociales.

Señor Campos, como sabe, hemos tratado recientemente en comisión diversas cuestiones relacionadas con la protección de los menores en Canarias. En las intervenciones hemos abordado las actuaciones diferentes en ámbitos de protección de los menores en desamparo dentro del sistema, que, como sabe, ha sido modificado hace algo menos de un año. Hemos hablado de la protección a los menores en desamparo, de la formación profesional de los centros de menores, de la atención que reciben las familias extensas y de la formación que reciben las familias acogedoras.

Creo que para situar la cuestión convendría tener claro el marco normativo en el que nos movemos. Pero más que relatarles las acciones del sistema de protección, aunque sea el objeto literal de la solicitud, tiempo habrá si es necesario y el debate quiere que se aborde en la segunda intervención, voy a hablar más del acogimiento residencial, que creo que es más por donde iba la comparecencia, que es el tema más candente debido a determinadas situaciones.

Partiremos de la base de que lo ideal es que los menores estén en acogimiento familiar y no en centros, pero siempre no es posible, aunque lo intentamos y lo seguimos intentando que haya cada vez menos menores en centros y más en acogimiento.

De los 1358 menores en desamparo que constan a 31 de diciembre de 2015, 699 están en acogimiento residencial, es decir, en centros, y en estos centros se les da la atención que precisan para el desarrollo de su personalidad. Sin embargo, hoy estamos poniendo el foco sobre menores que tienen problemas específicos de conducta y que requieren de unos recursos también específicos.

Como novedad, la última ley orgánica que regula el ingreso de los menores contempla centros especializados para menores con problemas de conducta. Además, en la ley está prevista como último recurso la utilización de medidas de seguridad y restricciones de libertad. Es importante tener en cuenta que esto se introduce en la nueva norma a iniciativa de instituciones como el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, el Comité de Derechos del Niño, el Senado a través de una comisión de estudio específica, e incluso de la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional como respuesta a un problema que cada vez se repetía más en todo el país.

Según recoge la propia exposición de motivos de la mencionada ley, estos centros de protección a la infancia tienen en cuenta las especiales características, complejidad, condiciones y necesidades de estos menores que requieren de una intervención especializada cuando se encuentran bajo la protección de la entidad pública, y justifica su necesidad en que la sociedad española ha sufrido un proceso de cambios acelerados en los últimos años que ha tenido su manifestación en la aparición de un nuevo perfil de usuario de los servicios sociales y de los servicios de protección a la infancia y familia. Es el caso de los menores que ingresan en los centros de protección, en un número cada vez más elevado, a petición de sus propias familias ante situaciones muy conflictivas derivadas de problemas de comportamiento agresivo, inadaptación familiar, situaciones de violencia filioparentales y graves dificultades para ejercer la responsabilidad parental.

Pues bien, señorías, en Canarias tenemos dos centros para atender a estas situaciones de menores con problemas de conducta preparados para dar respuesta tanto a los propios problemas de conducta como a los de conflictividad social. Estos centros son el Juan Carlos I, en la provincia de Las Palmas, con catorce plazas, y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el Cango, con diez plazas.

Tenemos que tener en cuenta que el acogimiento residencial en centros de menores se realiza exclusivamente cuando no es posible proteger a los menores de otra manera y tiene como objetivo proporcionarles un marco adecuado para su educación, la normalización de su conducta, su retorno a la familia -siempre y cuando sea posible- y el desarrollo de su personalidad.

Por tanto, señoría, el ingreso del menor en estos centros y las medidas de seguridad que puedan aplicarse se utilizan como último recurso y siempre con carácter educativo.

Así, para proceder al ingreso de un menor con problemas de conducta, la entidad pública que ostenta la tutela o guarda del menor, en este caso el Gobierno de Canarias y el Ministerio Fiscal, solicitará la autorización judicial. Esta solicitud de ingreso tiene que estar motivada y fundamentada en informes psicosociales emitidos previamente por personal especializado en protección de menores. Sin dichos informes no es posible solicitar ese ingreso, y es precisamente aquí donde se produce el problema.

En conclusión, a estos menores es necesario hacerles esta valoración, y el problema surge cuando estos menores no colaboran en los test psicológicos y psicosociales y, como no se puede realizar esa valoración, tampoco se les puede ingresar en los centros. No obstante, esto no quiere decir que los menores queden desatendidos, todo lo contrario, cuando nos hemos enfrentado a un caso de este tipo activamos los recursos necesarios para dar solución a los problemas.

Por otro lado, es cierto que en Canarias no contamos con centros dotados de unidades infantojuveniles de salud mental. Esta es una carencia que cubrimos a través de coordinación con otras administraciones, de forma que los menores que necesitan de uno de estos centros sean siempre atendidos, aunque esto requiera el traslado a otra comunidad autónoma. Además, y más allá de trabajar conjuntamente con otras comunidades autónomas, estamos trabajando en disponer de un mapa de recursos propio en Canarias para atender lo mejor posible a estos menores.

Como ven, en este debate no cabe imponer la lógica del castigo o la pena. En todo momento, al estar por encima la protección y proyección del menor, el objetivo no es ni debe ser aplicar correctivos sino poner todos los medios a nuestro alcance para reconducir estas conductas, de manera que estos menores puedan desarrollar su proyecto de vida con toda normalidad.

En protección de menores esto no procede, y la ley marca el camino. Ante la conducta se llevan a cabo la valoración y el informe, después se procede a la intervención en protección, siendo el ingreso en centros específicos para menores con problemas de conducta el último recurso. Nos consta que hay quien solicita que se aplique un esquema de régimen casi penal, pero ya les digo: no toca. Nuestro esfuerzo y el de todas las instituciones implicadas han de ir destinados a facilitar que estos menores vuelvan a tener un desarrollo personal pleno, actuamos para dar respuesta a cada uno de los casos, atendiendo siempre a los menores, y, como bien sabe usted, señor Campos, nuestra prioridad junto con los ayuntamientos, que estamos trabajando con la Fecam, es actuar en situaciones de riesgo para que esto no pase, para que no se complique, y tener una observación constante de cualquier menor en situación de riesgo antes de tener que declararlo en situación de desamparo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora vicepresidenta.

Turno de los grupos no solicitantes. Grupo Mixto, señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

A todos nos preocupa mucho la situación de los centros de menores. El desbordamiento, las escasas inspecciones y los informes de los técnicos sobre la falta de seguimiento a los menores llevan a preguntarse si realmente existe una verdadera preocupación por parte de la consejería regional, que yo personalmente creo que sí la hay. Yo a usted la conozco poco, pero sí que creo en su compromiso político, y debo creer, por el bien de los canarios, que han sido los que han elegido a la vicepresidenta del Gobierno.

Pero mire, el grupo regional de menores y familia solo realizó, en 2015, el 25 % de las actuaciones que se llevaron a cabo con los menores. Se acometieron 3549 intervenciones calificadas como labores de acompañamiento de menores en situaciones, servicios de investigación y averiguación de paraderos desconocidos, así como el posterior traslado de los juzgados correspondientes. El resto de las actuaciones se centraron en la reconducción de citaciones para la Fiscalía y colaboraciones con la Dirección General de Infancia y Familia del Gobierno de Canarias.

Los números muestran la importancia de las acciones delictivas protagonizadas por menores, de las que son un claro ejemplo los incidentes producidos la semana pasada en centros de menores del suroeste de Gran Canaria, donde menores de 14 años protagonizaron fugas y robos en varios municipios.

La memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2015 también ofrece claras pruebas de lo que estamos señalando, pues recoge que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el número de centros se mantiene en 38: 34 en Tenerife, 3 en La Palma y 1 en La Gomera. Apunta, además, que las visitas de inspección al centro de protección de menores fueron 35, número que consideramos escaso y que, sin embargo, suponen un considerable aumento respecto al ejercicio anterior. Se incoaron 351 expedientes de menores en riesgo y 155 expedientes de tutela, que también han sufrido una ligera subida.

Creo que con los datos sobre la mesa es imposible dudar de la necesidad de una mayor atención a los menores, que además no están siendo objeto de la correcta intervención por parte de la entidad pública.

Recordemos otro punto significativo que sobresale de los informes técnicos y que afirma que es frecuente la declaración de desamparo de un menor sin que la Dirección General comunique dicha circunstancia a la Sección de menores de la Fiscalía.

(La señora presidenta ocupa su lugar en la Mesa).

Insistimos en que debe de haber una mayor implicación por parte del Gobierno regional. Hay que dotar a los centros con mayores recursos materiales, personales y económicos y primar siempre la protección del menor. Si no, ¿para qué invertimos en este sistema? Yo creo en el sistema. Conozco casos que han prosperado, pero lo que hace falta es mayor voluntad por parte de todos. Debemos poner de nuestra parte para que esos menores en riesgo puedan alcanzar una vida mejor y unos objetivos personales y profesionales que de otra manera sería inviable.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendoza.

Continuamos, por el Grupo Podemos, señora del Río.

La señora DEL RÍO SÁNCHEZ: Presidenta. Vicepresidenta.

Volvemos hablar de menores, un tema que, como bien sabe, nos preocupa y bastante. Es verdad que además tenemos pendiente una comparecencia, pero no la queríamos hacer ya porque estamos en un proceso de recabar datos.

Como usted bien sabe, y lo hemos hablado en distintos momentos en la comisión, nuestro interés desde el Grupo Podemos era ayudar en todo lo posible para hacer un buen mapa y un buen diagnóstico de cómo es la situación real de nuestros menores, tanto los que están en acogimiento familiar como los que están en acogimiento residencial. Para lo cual, además aprovecho la ocasión, pedimos permiso de este Parlamento para visitar centros, ¿con qué objeto? Con el objeto de hablar con los directores, con los educadores, también ver a los niños que están allí aunque nunca hemos interactuado de forma directa, siempre que hemos ido y en los centros que hemos podido visitar, tanto en Las Palmas como en Tenerife, han sido visitas guiadas con directores, con todo el permiso del Parlamento, que se supone que es quien lo tiene que conceder como diputada.

¿Cuál era el objeto de esto? Conocer bien. Porque los datos y los papeles no nos explican la realidad de cómo están los niños y lo sabemos muy bien todas y todos los que hemos trabajado con menores. Hay una parte cualitativa que no se refleja nunca en los papeles y que tiene que ver en cómo se sienten desde los directores y directoras de los centros a los trabajadores y educadores, cuáles son los conflictos reales, y este era nuestro intento, un trabajo que sabemos que no va a ser corto en el tiempo porque requiere una información exhaustiva, muy en profundidad. Información que, desde luego, no hace la Fiscalía, porque la Fiscalía actúa de oficio o va cuando hay una denuncia en un centro, no va centro por centro a hablar director con director, directora con directora, educadores para ver cómo se sienten, para ver los contratos, cómo trabajan, cuántas horas, qué tipo de profesionalización tienen; para ver cuál es la situación en la que están los niños y niñas declarados en desamparo, si hay un estudio del caso previo, si hay una planificación para su futuro, para su reinserción en familia, para buscarle una familia acogedora en los casos que sea lo procedente o para un adopción o una adopción abierta como ahora ya recoge la ley que es una salida bastante interesante.

Todo esto es lo que queremos saber para ayudar a la parte del Gobierno -porque ese es nuestro afán absolutamente constructivo- a tener un mapa real de cuál es la situación de nuestros menores en Canarias. Es un trabajo que requiere tiempo, atención y mucha profesionalización. Los directores están hasta aquí de papeles, el trato de los niños muchas veces casi ni pueden ejercer la terapia. Hay muchos centros muy buenos, y los hemos visto, y hay centros que no son tan buenos, pero son entidades colaboradoras del Gobierno de Canarias, y hay que saber cuáles no son tan buenos para no renovar los contratos y para afianzar siempre que no podamos tener de administración pública directamente, como es el caso de Tenerife, en muchos de ellos que funcionan bastante bien, que por lo menos cuando son entidades colaboradoras, que tengamos las mejores, las que querríamos para nuestros niños y niñas si tuviésemos la desgracia de no poder cuidarlos.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora del Río.

Continuamos. Por el Grupo Popular, señora Luzardo.

La señora LUZARDO ROMANO: Gracias, señora presidenta. Señora consejera, señorías.

Efectivamente, el Grupo Parlamentario Popular presentó una comparecencia hace aproximadamente un mes, en abril, sobre los menores en desamparo porque entendíamos que este es un asunto capital que debería visibilizarse lo antes posible en este Parlamento, porque les tengo que decir una cosa: el Gobierno sigue siendo el mismo que la legislatura anterior solo han cambiado los titulares. Por eso quería hacer mención especialmente a que el informe que hizo ayer Unicef, precisamente en esta casa, reivindicó la necesidad de que los menores sean una prioridad política para este Gobierno, porque son precisamente el sector más vulnerable. Abogó por rescatar, y le pregunto, señora consejera, para que nos diga qué va a hacer con el Plan de infancia y familia de Canarias, que fue aprobado en el año 2014 y que está en el baúl de los recuerdos. Creo que la cifra de algo más de 130 000 niños que están en situación de riesgo o situación de exclusión social es lo suficientemente alarmante como para ponernos manos a la obra.

Y yo quería que usted nos confirmara aquí que nos puede garantizar que no hay ni una sola familia con menores a su cargo que no reciba por lo menos la Prestación Canaria de Inserción. Ese fue una de los compromisos que ustedes hicieron nada más tomar posesión, y yo espero que me pueda confirmar que no hay ni una sola familia en lista de espera que está esperando por dotación.

Es verdad, y se ha dicho aquí, que el informe de la Fiscalía ha dejado claro, primero, que los centros de protección están sobreocupados y, al mismo tiempo, algo que es mucho más importante también: el Ministerio Fiscal denunció las dificultades para realizar una intervención adecuada con estos niños y la estrechez de los recursos, según los datos de la memoria del 2015 que, como todos sabemos, tiene que ver con los datos 2014.

En primer lugar, está claro que con los menores en situación de riesgo son los ayuntamientos los que trabajan, pero ¿los ayuntamientos tienen suficiente dotación para trabajar en la raíz, para trabajar en la familia? Porque todo menor necesita una familia y son los ayuntamientos los que, cuando no pueden más, intentan que sean declarados luego por el Gobierno en desamparo.

Señora consejera, lo ideal sería que los niños pasaran efectivamente a familias acogentes, tanto si es la familia extensa como si es la familia ajena, y que los centros institucionalizados no tengan la cobertura de niños que tiene, pero ¿qué se está haciendo precisamente para cumplir la nueva modificación que hay de la Ley del Menor e intentar que los niños no estén en los centros? Solo el dato del año pasado usted nos dijo que eran 400 menores más los declarados en desamparo. El Gobierno tiene la tutela y los cabildos llevan a cabo la gestión, pero también es verdad que debería potenciar, yo creo que con más ímpetu y con más medidas, el acogimiento familiar, porque los menores donde mejor están es con su familia. Y, sobre todo, hay algo que sí nos preocupa: ¿qué pasa con los menores que se pasan toda la vida en un centro y que a los 18 años salen? Ese choque tiene que ser yo creo que determinante para seguir trabajando con ello. Y sobre todo, yo creo que...

La señora PRESIDENTA: Se acabó su tiempo, señora Luzardo. Sabe que con los tres minutos no hay prolongación, lo siento.

Continuamos. Grupo Socialista, señora Cruz Oval.

La señora CRUZ OVAL (Desde su escaño): Señora presidenta, señorías, buenos días.

Es importante saber de quién estamos hablando, por lo menos en número. Canarias tiene 380 000 menores de edad. De esos 380 000 menores de edad que tiene Canarias, que representan el 18 % de la población, evidentemente las islas que porcentualmente tienen mayor porcentaje de menores son las de Lanzarote y Fuerteventura; la que tiene menor es isla de La Gomera.

Dicho esto, quiero decir que en el 2009, hace escasos 6 años, si tenemos en cuenta que los datos que aportó la señora vicepresidenta en la anterior comisión hacían referencia a datos del 31 de diciembre de 2015, hay 1358 menores declarados en desamparo. En el 2009 había 2416 menores, eso significa que vamos decreciendo los menores con los que se aplica una medida de protección, los menores declarados en desamparo. Tenemos un 32 % menos de menores declarados en desamparo que hace 6 años.

¿Estos datos nos tienen que poner felices? No. Un solo menor en Canarias que tenga una medida de protección tiene que ponernos en alerta. Pero eso es un hecho evidente. La Ley del Protección al Menor del año 1997 de Canarias ha puesto un punto y seguido a una realidad. Pasamos de una institución, pasamos de la Casa Cuna en Tenerife, por ejemplo, de esas instituciones hospicio, los expósitos, a una red amplia de recursos especializados de atención a la infancia. Y quiero poner en valor, algo que está ocurriendo actualmente. En el 2015, en julio, se aprobó la modificación de la Ley de Protección Jurídica del Menor, en esa ley se recogen vanguardistas recursos del tipo de atención inmediata, que ya tenemos en Canarias funcionando desde el año 1998, dos recursos de atención inmediata aquí, uno en Gran Canaria y otro en la isla de Tenerife. Se habla también de la atención a los menores con problemas de conducta, ya tenemos en Canarias funcionando dos centros especializados para menores con problemas de conducta; faltan dos más, pero ya tenemos. Y también se habla de algo fundamental, que es el riesgo, que es la atención en prevención, no podemos hablar de protección de menores si no hablamos de prevención.

Y ya veo que se me acaba el tiempo y es un tema muy interesante...

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cruz Oval. Como usted bien ha dicho, se le acaba el tiempo, lo siento.

Grupo Nacionalista, señora García.

La señora GARCÍA MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. Buenos días.

Al comienzo de esta legislatura, el Grupo Nacionalista Canario entendió que el sistema de protección al menor en Canarias requería un esfuerzo de gestión y potenciación, de ahí que se respaldara la propuesta de retomar el funcionamiento de una dirección general específica para la protección del menor y la familia.

Esta evolución organizativa era más necesaria que nunca para encarar la coordinación de la aplicación del nuevo marco normativo que, en materia de protección al menor, se viene desarrollando tanto a nivel estatal como a nivel autonómico en el último año a partir de la Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que se aprobó en el 2015.

En Canarias se ha avanzado sensiblemente en materia de acogimiento familiar para los niños declarados en situación de desamparo de 0 a 6 años de edad, pero hay que ir más allá con el resto de edades. Sabemos que el programa canario de acogimiento familiar está contribuyendo a concienciar en torno a la consideración social de acogimiento como una nueva modalidad de familia en nuestra comunidad. Hay 1358 menores en desamparo, de los que 669 se encuentran acogidos en centros, mientras que 689 están en acogimiento familiar, 134 de ellos en familia ajena, según informó usted en comisión el pasado día 15 de abril. Ayer mismo recibíamos en este Parlamento a una delegación de Unicef, que centraba su atención en los niños que están ahora mismo en situación de riesgo de exclusión social. Es una llamada de atención a esta sociedad y a todas sus instituciones ante la que no podemos mirar hacia otro lado y ante la que tenemos que reaccionar desde nuestros respectivos ámbitos de competencia.

En este sentido, consejera, desde el Grupo Nacionalista Canario creemos que es importante la información sobre desarrollo de campañas relacionadas con la promoción del acogimiento para valorar su desarrollo desde que se puso en marcha hace unos meses. En relación con ello, también creemos que hay que sumar sinergias en materia de la gestión judicial relacionada con los menores y la familia. Hay que mejorar la dotación de los juzgados de menores y la familia. La potenciación de los puntos de encuentro familiar en todas las islas. Son aspectos muy demandados -ya lo veíamos en una pregunta que se hizo antes- especialmente en islas no capitalinas, como la isla de Fuerteventura.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García.

Continuamos, por el grupo proponente, señor Campos, de Nueva Canarias.

Por tiempo de diez minutos, señor Campos.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ: Señora vicepresidenta, estamos totalmente de acuerdo con usted. Afortunadamente, el último extremo, la última fase en la que un ayuntamiento declara en riesgo y a partir de ahí se inicia el proceso para declarar en desamparo a un chico o a una chica de nuestra tierra, tiene que estar absolutamente justificado.

Le puedo garantizar -uno viene de ahí, de los ayuntamientos, del ámbito municipal- que precisamente ese es uno de los peores tragos, una de las peores decisiones, tanto desde el ámbito técnico y por supuesto del ámbito político, a la hora de actuar. Pero es imprescindible actuar cuando hay que actuar. Y cuando se declara en desamparo, lo menos que se puede esperar de las instituciones obviamente es el amparo necesario, todo el afecto que el niño necesita, si esa era la carencia, o los aspectos económicos, materiales, o los aspectos esenciales en el proceso de educación del niño, en el ámbito educativo, conductual, en función de la necesidad o del origen de la causa de desamparo.

Estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba la señora Cruz Oval. La prevención es un elemento esencial. Por eso yo decía antes, cuando hablaba de aquella reflexión, que en ocasiones cuando se hacen recortes en el menor obviamente eso tiene una incidencia directa en la atención que damos a los menores, pero es que no hemos asistido solamente a ello. Hemos asistido a un desmantelamiento de nuestro Estado del bienestar, hemos asistido a un proceso de deterioro de muchas leyes que afectan de manera trasversal, yo decía antes que terminaban reventando en ocasiones por donde menos nos esperábamos, pero sí que era de esperar que en una parte de la población, la más vulnerable, nuestros más pequeños, a la hora de reventar, pues tuviera unas consecuencias bastante graves.

Yo le voy a poner cuatro o cinco, ejemplos, porque si hablamos de prevención, es prevención apostar por la educación infantil de 0 a 3 años. Eso es prevención, porque ahí no solamente trabajamos el proceso educativo de nuestros chicos y chicas, sino que es una etapa fundamental para detectar vulnerabilidades del menor de todo tipo, incluso las afectivas. Cuando recortamos en becas en nuestro modelo educativo, le puedo garantizar que eso tiene una afección clarísima. Fíjese, tiene hasta una afección clarísima cuando hacemos una reforma laboral que rompe el equilibrio entre trabajador y empresario, que entramos en un precariado absoluto, fundamentalmente en materia económica, que tiene una incidencia en los ingresos que entran en el hogar familiar y, por tanto, en la atención que damos a nuestros pequeños. En la explotación laboral en la que nos hemos ido encontrando fundamentalmente las mujeres en los últimos años, impidiendo una conciliación aceptable, y por tanto tiene una incidencia en el trato, en la dedicación, en el tiempo, en el esfuerzo que les dedicamos a nuestros chicos y chicas. Claro que todo tiene que ver: si fallamos en aquello, los resultados en ocasiones -no necesariamente, pero en ocasiones- pueden derivarse en esto otro.

Pero queremos conocer, por parte del Gobierno de Canarias, para cuándo el plan del menor. Un plan del Menor que es la herramienta estratégica para lo que yo decía antes. Conocer el modelo, conocer el modelo que el Gobierno de Canarias quiere para esos chicos y chicas que hemos declarado en situación de desamparo, a los que hemos acogido en tutela y que, entre todas las administraciones, todas, estamos obligados a velar porque tengan todo aquello que les faltaba, todo aquello que provocó esa situación de desamparo.

Lo grave no es solo que no tengamos el plan del menor, que era de esas cuestiones, igual que el director general del Menor, que tendríamos que haber empezado desde el día uno. Es que no está evaluado el plan anterior y, si lo está, que algún rumor llega de que lo está, lo está de aquella manera, con lo cual casi mejor ni sacar las conclusiones.

Estamos de acuerdo con algo que planteaba usted en su momento. Por un lado, los sistemas de adopción, que no tienen una relación directa necesariamente con este aspecto, pero que hay que incidir y avanzar en ese tema, pero sí en el acogimiento familiar. Usted apostaba por que ningún menor de 6 años, el modelo finalmente al que lo acoge el Gobierno de Canarias, no fuera otro que el acogimiento familiar, y debemos de avanzar en ese camino.

Está claro que hablamos de profesionales, en ocasiones los que están en cada uno de los centros, de los hogares de acogida; pero el afecto, el cariño de un hogar, de un entorno familiar, la atención individualizada y personalizada a cada chico, a cada chica, obviamente solo se consigue en el acogimiento familiar. Y sé que el objetivo fundamental es los menores de 6 porque es donde es más sencillo hacerlo, pero tenemos que trabajar por que para todos nuestros menores ese sea su ámbito de referencia.

Los centros de acogida, desde nuestro punto de vista, los hogares de acogida, no son el modelo. El sistema de centros, casas compartidas por varios menores, desgraciadamente, en ocasiones de distintas edades, están compartiendo en este momento en Canarias menores con poquitos años con algunos -les puedo garantizar- de más 15 y de 16, y no es el modelo.

Hacen falta centros especializados. Es cierto, existe uno en Gran Canaria y otro en Tenerife. Usted sabe que es absolutamente insuficiente. Hacen falta centros especializados en toxicomanía, centros especializados en conductas de riesgo, centros especializados en problemas mentales, pero no con catorce plazas, con bastantes más.

Anunciaba usted el otro día que la intención era replicar en cada una de las islas capitalinas el modelo que está en la otra. Esperemos que eso se haga y de manera lo más urgente posible, porque es absolutamente necesario.

Porque estamos totalmente de acuerdo: el objetivo no es el castigo a esos menores, no puede ser el castigo. Por eso la importancia de la prevención, por eso la importancia de tener en cuenta que cada vez que legislamos, que tomamos medidas -y luego hablaré del Gobierno de Canarias en la fase final-, tiene una consecuencia en aspectos como este.

Pero necesitamos, eso sí, velar por la seguridad de cada uno de nuestros chicos. Y si un chico tiene problemas serios de conducta, está claro que tenemos que darle profesionales. En este momento, en Canarias hay centros, hay hogares de acogida con monitores, con toda la buena voluntad del mundo, yo no voy a dudar de su profesionalidad, pero no es personal especializado precisamente para tratar algunas de estas conductas disruptivas, ni para ese menor que lo necesita ni para el resto de menores que convive con él en el día a día.

Nosotros esperamos también que en este breve tiempo que lleva el actual director general, hayan mejorado los tiempos en que, cada vez que cambiaba un técnico, había que empezar de nuevo un expediente. Esperemos que eso también se haya avanzado; los que estamos en los ayuntamientos sabemos de lo que estamos hablando.

No olvidemos que en un sistema de protección de menores lo que es absolutamente fundamental es tener en cuenta a los menores. Y yo no voy a abrir nuevamente el debate del IGTE, lo dije antes cuando hablábamos de dependencia, pero sí lo voy a denunciar una vez más y lo haré siempre, ¿y sabe por qué lo voy a hacer? Nosotros considerábamos que era un error en aquel momento, pero cuando empiezas a descubrir todas las vulnerabilidades que en Canarias tenemos, hablábamos antes de plazas de residencia, de mayores, ahora estamos hablando de los menores. Recientemente discutíamos a cuánta gente hemos dejado abandonada, y se está cumpliendo ahora progresivamente, en esta etapa, pero hemos dejado abandonada durante muchos años en materia de vivienda, por ejemplo: Hipoteca Joven, autónomos... Cuando un gobierno no asume sus competencias, cuando un gobierno no cumple con lo que se compromete y, lo más grave aún, cuando un gobierno no termina de prestar la atención que necesitan los más débiles en su sociedad, obviamente ningún gobierno debería frivolizar, desde nuestro punto de vista, con ningún proyecto con los escasos recursos que llegan aquí, inventando planes cuando tenemos planes claramente definidos, cuando tenemos necesidades claramente definidas, cuando tenemos mayores que no tienen plazas y cuando tenemos menores que no tienen centros especializados en Canarias para atender, fundamentalmente y como decía con anterioridad, a aquellos más vulnerables.

Son 1400 menores en situación de desamparo en Canarias. Yo voy a leerles el inicio de un artículo que se publicaba este fin de semana por parte de la alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González Vega: "Quienes creemos en las personas, en sus derechos, en la igualdad, en la capacidad de transformación y aprendizaje, y en el papel de las instituciones, sentimos que se está fracasando en las políticas de menores". Yo le puedo garantizar una cosa: la conozco bien; y le puedo garantizar una cosa: me conozco bien. Nunca hago política para destruir, todo lo contrario. El objeto de esta comparecencia es conocer el modelo y entre todas las instituciones, todas -los ayuntamientos también, por supuesto-, y el Gobierno debe liderar el modelo, avanzar en un mejor sistema de protección para nuestros chicos y chicas. Pero cuando digo que uno cuando se sube aquí siempre es con el ánimo de construir, es para construir. Vamos entre todos a construir un modelo de menores adaptado a las necesidades que actualmente tenemos en Canarias, adaptado a las necesidades de cada una y cada uno de nuestros niños y niñas de manera individualizada, porque ningún niño, ninguna niña es igual a otro, y muchísimo menos en los casos de vulnerabilidad que atendemos.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campos.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Hernández Gutiérrez): Bien, se han dicho cosas, otras se han dejado en el aire y se ha aludido a declaraciones de fuera de esta Cámara.

Antes hablaba la portavoz del Grupo Socialista de los 380 000 menores de edad que existen en nuestra tierra y de los 1358 que están en acogida, en desamparo. Y de esos hay uno de 13 años -de 13 años- que se ha ido a un centro, voluntario, de protección con problemas importantes, y tengo la sensación de que muchas de las declaraciones que hemos escuchado y leído tienen más que ver con quitarse un problema de encima que con proteger a ese menor. Incluso hablando de regímenes abiertos, semiabiertos, de un menor de 14 años, de un niño de 13 años. Más relacionadas con quitarnos el problema de encima, con que no nos afecte, con que no nos cause ningún problema, con la causa de por qué un niño de 13 años está en esa situación. Más relacionadas con "me ha robado el coche" o "ha robado el coche a un vecino de mi pueblo", que con que un menor con problemas de adicción pueda haber perdido la vida conduciendo ese coche.

He leído mucho en estos días, y me he escandalizado un tanto con algunos de los escritos que han llegado a la consejería. Incluso aquí hemos visto alguna cosa relacionada con juzgados, insisto, un niño de 13 años. Y que todos hablamos de la Ley de menor y, por lo tanto, un niño de 13 años todavía no puede ser juzgado y está en régimen voluntario, ahora, en Córdoba, cuando efectivamente no tenemos en Canarias un centro que pueda atender esas adiciones que tiene este menor -que no voy a decir su nombre, pero que probablemente toda la gente de Gran Canaria sepa el nombre- y que está siendo atendido, que está colaborando, en fin. Un debate que aquí siempre hemos hablado en genérico, menos en alguna ocasión, y yo quiero ponerme en su lugar, porque de esos 380 000, 1358 y estamos hablando de un menor, su hermano y un amigo, para ir colocando las cosas en su sitio... Con 13 años, eh, con 13 años. Y seguro que alguno ha leído las opciones que se daban de ir a régimen abierto, semiabierto, de ser juzgado con 13 años.

En cuanto a la intervención de la portavoz de Podemos, que iba en alusión, pero yo quiero resolver, si me permite, ya hoy. Yo no puedo en la casa de los menores dar permiso para que vayan usted, usted, usted y así los sesenta. Usted puede entender que en el caso de una visita de un diputado no habría ningún problema, pero que no se puede extender a la posibilidad de que vayan los sesenta cuando quieran a horarios, a días y finalmente tener todo. Vamos a organizar con el presidente de la comisión, si se me permite, una visita, vamos a ver el centro, en unas determinadas condiciones, por supuesto, protegiendo siempre a los menores que están en esos centros, pero no pueden ser unas visitas individualizadas a la casa de nadie, sino vamos a hacer una visita, si tienen a bien los portavoces y la Mesa de la comisión y el presidente de la comisión, todos juntos, porque si no, usted va mañana, doña Josefa seguro que también querrá ir y así van a ir y los sesenta no pueden estar en la casa de los menores. No puede ser, y entonces vamos a ver las labores de ustedes de control y de preocupación con la privacidad de esos menores y vamos a conjugarlo. Así que, si el señor presidente tiene a bien yo le hago la invitación para que los miembros de la comisión puedan hacer una visita institucional al centro que ustedes requieran o lo podemos pactar fuera de esto.

Voy a saltarme aquello que tiene que ver con las... Me refiero a la intervención de la señora Luzardo, y creo que se lo dije también en comisión, y lo dije al principio. No quiero relacionar lo uno con lo otro, no quiero relacionarlo. O sea, vamos a tener un debate sobre eso, pero no la falta de recursos con los menores en desamparo, porque el mensaje de verdad, que usted fue alcaldesa, que sabe perfectamente que hay familias que no van a los servicios sociales porque entienden que está relacionado, y hacemos bien en no mezclarlo, aunque sí es verdad que los horarios abusivos, la falta de tiempo que se dedica, que este modelo en el que tenemos contratos de dos horas pero se trabaja diez, y hace que no le prestemos la atención debida -y por ahí iba, señor Campos, la intervención- a los menores.

Y la conciliación no solo de las mujeres, porque hay veces que parece que las mujeres tenemos que conciliar con nosotras mismas. O sea, cuando se habla de conciliación se habla de cómo las mujeres conjugamos trabajo y familia, trabajo y hogar, trabajo e hijos, conciliando nosotras con nosotras mismas en lugar de compartir los cargos y las cargas, los espacios públicos y privados, con hombres y mujeres de esta comunidad autónoma, hombres o no.

También es cierto que hay que adaptar el mercado laboral, como es de lo mío, y ver la racionalización de esos horarios para primum vivere, que decían los sabios, que primero, vivir. Y creo que esto es lo que está detrás de todo esto de hacer posible lo público, lo privado, el trabajo, lo íntimo, hombres, mujeres, la conciliación no de nosotras con nosotras mismas.

Gran parte de la protección del menor se realiza en prevención de riesgos. Como bien saben, los ayuntamientos tienen un papel fundamental, un papel trascendental, pues actúan en origen antes de que las situaciones deriven en problemas más graves, es fundamental y necesario. Está el acuerdo marco con la Fecam para que los ayuntamientos pongan en marcha equipos especializados destinados a localizar el riesgo. El plan del menor se está haciendo, señor Campos, se está haciendo un diagnóstico con las universidades -fundamentales para ese trabajo- junto con la ley, de la que hemos hablado muchísimas veces, de 2015 para poder hacer un plan específico.

Se incorporan mejoras como la revisión de... (Ininteligible.), de los sistemas de protección a la infancia y a la adolescencia, o modificaciones derivadas de la ratificación de España de los convenios de derechos de las personas con discapacidad, que no hemos hablado aquí también de los menores. Se introduce como principio la protección de los menores contra cualquier forma de violencia, también la violencia de género, y la presunción de la minoría de edad de una persona cuya mayoría de edad no haya podido establecerse con seguridad hasta que se determine la misma.

Se contempla la obligación de las entidades públicas de revisar en plazos concretos las medidas de protección adoptadas, con las que se garantiza un seguimiento personal de cada niño o niña adolescente y una revisión de las medidas de protección. Se lleva a cabo una regulación más completa de las situaciones de riesgo y de desamparo y la guarda provisional en atención inmediata estableciendo las circunstancias que la determinan, clarificando y unificando criterios. Se regula por primera vez la competencia de las entidades públicas con respecto a la protección de los menores españoles en situación de desprotección en país extranjero y procedimiento a seguir. En el caso del traslado de un menor protegido desde una comunidad autónoma a otra distinta, que, por cierto, es lo que ha pasado en esta ocasión. Y todas estas medidas contenidas en la norma son las que en la consejería se ponen práctica a día de hoy para la protección de los menores declarados en desamparo en Canarias.

Vamos a seguir, seguro, hablando de los menores, me alegra mucho que en esta legislatura estemos preocupándonos y teniendo tantos debates con la sensibilidad que tienen sus señorías, y estoy segura de que el debate debe ser cómo está el niño, en qué situación está, cómo se ha resuelto la situación del menor con problemas de conducta y no que esté fuera de los ojos o de los problemas de los adultos, que fueron molestados por un niño con problemas de conducta. Y en alguna ocasión -y he leído manifestaciones de responsables públicos- parecía que el problema era que me habían dañado un coche de un vecino o que me habían entrado en una casa, y no qué razones había detrás de este menor -¡13 años!- para hacer todo lo que hizo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

Hemos acabado, señorías, con esta comparecencia.

Les propongo hacer un receso, para ir a almorzar, y reanudamos a las diecisiete horas, señorías, ¿de acuerdo? Si quieren menos, lo hablamos los portavoces, yo no tengo inconveniente, pero sí les ruego a sus señorías que sea todo a través de... porque si no me dicen unos, otros... Es difícil contentarlos a todos, señoría, se lo aseguro. Muchas gracias.

Hasta las diecisiete horas.

(Se suspende la sesión a las catorce horas y cincuenta y cuatro minutos).

(Se reanuda la sesión a las diecisiete horas y un minuto).

La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías.

Reanudamos la sesión plenaria con las comparecencias.

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  • 9L/C-0532 Sobre -Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda-, sobre el sistema de protección del menor.


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