Diario de Sesiones 38/2016, de fecha 7/6/2016
Punto 15

9L/PO/P-0590 PREGUNTA DE LA SEÑORA DIPUTADA DOÑA SOCORRO BEATO CASTELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC), SOBRE ASIGNACIÓN DE ABOGADO DE OFICIO, DIRIGIDA AL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD. DE INICIATIVA POPULAR, P/IP-3.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Seguimos con el orden del día. Pregunta de la diputada doña Socorro Beato Castellano, del Grupo Nacionalista Canario, sobre asignación de abogado de oficio, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

La señora BEATO CASTELLANO (Desde su escaño): Gracias, presidente. Buenas tardes, señor consejero.

Doña Serena Guidi Hernández formuló una pregunta ante este Parlamento, asumida por esta diputada y que reproduzco en su literalidad:

"El 18 de agosto del 2014 presenté una solicitud para la asignación de un abogado de oficio. Recibí la contestación por parte del colegio el 19 de noviembre del 2014: me confirmaban que mi solicitud había sido aceptada.

El derecho de asistencia jurídica gratuita es para todas aquellas personas que no tienen recursos, derecho que también está reflejado en la Constitución española y financiado por todos los españoles y los fondos europeos.

Desde el 11 de noviembre del 2014 hasta hoy llevo tres abogados de oficio, a cual peor. No sé cómo va mi caso porque desde abril del 2015 no sé nada de la última abogada que me han asignado, intentando por todos los medios que están a mi alcance ponerme en contacto con ella: ha sido infructuoso.

Dicho esto, he puesto reclamaciones al colegio de abogados y, a fecha de hoy, todo sigue igual, sin solución. Hasta ha intervenido don Jerónimo Saavedra, reuniéndose con el decano y el colegio de abogados en noviembre del 2015 para pedir explicaciones de lo ocurrido con lo mío.

Hasta la fecha de hoy, no he recibido contestación por parte del colegio. Mis derechos, como los de muchos ciudadanos, se han visto vulnerados por la actitud tanto de los abogados que me han asignado como del colegio, viéndome hoy en día completamente desamparada y desesperada ante tanta burocracia y poca claridad. Lo que han hecho conmigo, como con muchos ciudadanos, es una injusticia."

Y prosigue doña Serena:

"¿Se podría poner un servicio administrativo que no esté vinculado con el colegio de abogados en donde, después de ver agotados nuestros recursos, es decir, las reclamaciones pertinentes y dirigidas al colegio, también llevadas al Diputado del Común, nos podamos dirigir a otra entidad donde agilicen las cosas y pidan explicaciones con contundencia?

¿Podría esta Administración controlar el número de clientes asignados a cada abogado de oficio, controlando así las primeras tomas de contacto, los tiempos estipulados para la presentación de demandas en el juzgado, la información al cliente sobre sus derechos cuando se ven vulnerados, la realización de un cuestionario de sugerencias y de servicios prestados?"

Señor consejero, esta es la pregunta literal de doña Serena. Espero que hoy pueda darle usted una respuesta que la reconforte.

Ella se encuentra hoy entre nosotros y espero que se encuentre reconfortada con su respuesta.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora Beato.

Para su intervención, el señor consejero.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Afonso González) (Desde su escaño): Gracias, presidente.

Señora Beato, en primer lugar, evidentemente, solidarizarme con la situación que ha planteado en esta Cámara. Por mucho que queramos explicar o dar explicaciones, son situaciones que no pueden justificarse, y, por tanto, trasladar mi solidaridad y poner a disposición, evidentemente, todas aquellas medidas que desde la consejería puedan efectuarse con los colegios de profesionales para que no se vuelvan a repetir.

Ahora bien, dicho esto, como Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, lo que prestamos es el apoyo administrativo y económico, así como el soporte técnico, a las comisiones, al funcionamiento de las comisiones de asistencia jurídica gratuita, que son precisamente los órganos colegiados responsables de la resolución definitiva de las solicitudes de reconocimiento del derecho a la justicia gratuita.

En este sentido, en Canarias tenemos constituidas cuatro comisiones de asistencia jurídica gratuita, que coinciden, desde el punto de vista de la competencia territorial, con los cuatro colegios profesionales de abogados que tenemos en Canarias, y, por tanto, son estas comisiones los órganos administrativos, que no están vinculados a los colegios de abogados, a las que puede dirigirse la ciudadanía para reclamar el buen funcionamiento del turno de oficio. Además, tienen que dar traslado a los colegios profesionales de aquellas quejas y sugerencias que presente la ciudadanía.

En lo que respecta a la actuación de los letrados de oficio, la ciudadanía también puede formular quejas ante el colegio de abogados, que está obligado a comunicarlas a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

Miren, la organización tanto de la defensa como de la asistencia letrada son servicios que corresponde prestar a los colegios profesionales de abogados, que deben garantizar su prestación continua. Es desde los servicios de orientación jurídica y asistencia jurídica gratuita de los colegios desde donde se ofrece a la ciudadanía asesoramiento, la tramitación de las solicitudes, el nombramiento o denegación de los profesionales de oficio y la remisión del expediente a la comisión. Para sufragar estos gastos de funcionamiento, de orientación jurídica y tramitación de expedientes, desde la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia se tramitan las correspondientes subvenciones, que en el ejercicio de 2015 superaron el millón de euros y están destinados para sufragar esos gastos. Por ese motivo no podemos crear otro servicio que ya existe en la dirección general, que el Servicio de Justicia y Asuntos Generales, que da apoyo a este órgano, ya que supondría además detraer competencias que la ley básica estatal atribuye a los colegios profesionales...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Se ha acabado su tiempo, señor consejero.