Diario de Sesiones 47/2016, de fecha 28/9/2016 - Punto 5

9L/I-0012 INTERPELACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE MEDIDAS DE POLÍTICA GENERAL EN MATERIA DE UNIVERSIDADES, DIRIGIDA AL GOBIERNO.

La señora PRESIDENTA: Vamos ahora -ahora sí-, una vez concluidas las comparecencias del orden del día de hoy, a las interpelaciones.

Corresponde primero a la interpelación del Grupo Popular, sobre medidas de política general en materia de universidades, dirigida al Gobierno.

Para su defensa, el señor Rodríguez, diez minutos.

El señor RODRÍGUEZ PÉREZ (don Jorge Alberto): Señora presidenta, señorías.

Señora consejera, tomo la palabra en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, para debatir acerca de una cuestión, nuestras universidades, nuestro sistema universitario canario, que, no sé por qué motivo, se trata de una cuestión que desde hace bastante tiempo, de manera monográfica o de manera específica, no hemos abordado en lo que a debates se refiere en esta Cámara.

Y hoy traemos esta cuestión a debate no especialmente porque estemos incluso coincidiendo con el inicio del curso universitario, sino porque, ahora más que nunca, señora consejera, creo que es momento oportuno para que pueda darnos explicaciones el Gobierno de Canarias acerca del futuro de nuestro sistema universitario ante la difícil -dificilísima, diría- situación económica en la que están, que se encuentran atravesando.

Sobre este particular, en fin, ya le adelanto, a mí no me gustaría, señora consejera, que, cuando hablemos de la situación económica de las universidades, recurra usted a los manidos argumentos de que tal situación, en mayor o menor medida, que atraviesan económicamente nuestras universidades se debe a los recortes del Gobierno de la nación y al Partido Popular.

Mire, la legislación vigente en materia de universidades determina que son ingresos de las universidades públicas, además de los de derecho público y cuantos otros puedan venir del sector privado, las transferencias del Gobierno de Canarias son precisamente las que sustentan el modelo universitario vigente. Nuestro Estatuto de Autonomía, señora consejera, establece que corresponde a la comunidad autónoma, sin perjuicio de la autonomía universitaria, la competencia exclusiva sobre la financiación propia de las universidades. Está claro que la financiación de las universidades, por consiguiente, corresponde a la comunidad autónoma, que tiene que transferir puntualmente las cantidades comprometidas y necesarias para garantizar la financiación de sus programas docentes y su actividad investigadora.

Estamos de acuerdo -imagino, por tanto, que usted también lo está- en que las universidades son un instrumento trascendental, diría más, fundamental, en la formación del capital humano y el desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma. Lo mismo que estamos de acuerdo en que a ellas les hemos encomendado el papel, el papel fundamental y necesario, del proceso de recuperación económica de nuestro país y, por supuesto, de nuestra Comunidad Autónoma de Canarias.

No en una sino en muchas ocasiones se ha dicho por quienes han dirigido la consejería que ahora usted preside que la universidad pública no puede entenderse como un gasto, sino, obviamente, como una inversión. Y estamos de acuerdo con ello también, señora consejera, pero las ideas, cuando se gobierna y además se cree en ellas, deben traducirse en hechos, y la realidad, señora consejera, es que, durante los últimos años, el Gobierno de Canarias ha estado..., en fin, no diría yo al margen, pero sí poco cercano al cumplimiento de las obligaciones contraídas con las universidades, especialmente en lo que se refiere a la financiación. Y me remito a cada uno de los discursos de los últimos años de los rectores de las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, en los que, bien lo sabe usted, el estribillo era siempre y sigue siendo la financiación pendiente.

Y, señora consejera, si no reconoce que la labor de las universidades se está viendo comprometida por no recibir la financiación pública necesaria, difícilmente podremos ayudarla en su funcionamiento y, por tanto, para que alcance los objetivos que le hemos encomendado.

Tenemos conocimiento de que a principios de este año 2016 se constituyó un grupo de trabajo para diseñar e impulsar un nuevo modelo, un plan de financiación universitaria, con el que se les proporcionara, así se dijo públicamente, estabilidad a medio y largo plazo y que fuera, sobre todo, la solución financiera cierta y estable, duradera, en definitiva, que las universidades esperan. Pues, señora consejera, queremos saber en qué estado está este plan y en qué consiste, porque el futuro, digo, de las universidades públicas canarias no puede ser en estos momentos más oscuro; deben contar con financiación suficiente y no estar al socaire del titular de la consejería de turno o de las disponibilidades presupuestarias.

Las universidades, señora consejera, son, yo creo que usted está de acuerdo conmigo en ello, pieza clave en el desarrollo socioeconómico de nuestra comunidad; por consiguiente, ¿qué ha hecho usted al frente de la consejería en lo que a la política universitaria, al modelo universitario canario se refiere? Y, sobre todo, señora consejera, ¿qué futuro le deparan a nuestras universidades públicas canarias? No ignoro que existan otros muchos problemas, muchos temas que, en el ámbito de su consejería, les preocupan y le preocupan a usted, pero el modelo de las universidades, el mapa de las titulaciones, la financiación, la deuda, la investigación, la excelencia, todos ellos deben formar parte, señor consejera, y estará de acuerdo conmigo, de la agenda política del Gobierno de Canarias porque, en fin, nos jugamos el futuro de Canarias.

Por consiguiente, ¿para cuándo, señora consejera, el nuevo modelo de financiación? ¿Hay deuda pendiente de liquidarse en estos momentos? ¿A cuánto asciende? Estamos en septiembre, los presupuestos de la comunidad autónoma en forma de proyecto no tardarán en venir, seguramente, como ayer lo anunció la consejera, en su plazo, en el mes de octubre, finales de octubre; pero no sabemos nada de cómo va usted a presupuestar y a poner en marcha ese nuevo modelo de financiación. ¿Hay modelo? ¿Va haber nuevo modelo a corto plazo para que pueda comenzar a aplicarse a partir de enero de 2017? Queremos conocerlo.

Las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, señora consejera, dependen nada menos que en un 80 % del presupuesto público de la comunidad autónoma. La tasa de paro de los universitarios canarios es la más alta del conjunto nacional: el 22 %, más de 7 puntos de la media nacional, que está situada en el 14,3 %, pese a que Canarias, con un 22,4 %, tiene un porcentaje menor de población con estudios de nivel superior frente a la media nacional, que es del 27,4 %.

Señora consejera, repito, no me hable de lo que hace o ha hecho el Gobierno de la nación, háblenos de lo que hace usted, al frente de la consejería, en materia de universidades.

Nada más, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.

Señora consejera de Educación.

La señora CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Monzón Cabrera): Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.

Señor Rodríguez, permítame que le hable de lo que considere esta consejera que debe decir en una comparecencia o en una interpelación como la que usted plantea. Sí quiero decirle que este tema se ha abordado en este pleno, incluso. En concreto, el 29 de junio a petición del Grupo Nacionalista, Grupo Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario, abordamos una comparecencia, en la que usted intervino por parte del Grupo Popular, sobre política universitaria del Gobierno de Canarias. Por lo tanto, sí que hemos abordado este tema ya y estoy segura de que ha podido ser un lapsus en su memoria.

Señoría, la política universitaria que está implementando este Gobierno persigue mejorar la eficacia, la eficiencia y la competitividad de la educación superior en Canarias e incrementar su presencia en la sociedad y la transmisión de conocimientos e innovación al tejido productivo. Un objetivo que se desarrolla en paralelo a la mejora de su equidad y de las posibilidades de acceso del alumnado a la formación universitaria.

Es una política que ya quedó definida en el acuerdo para la gobernabilidad del archipiélago que firmaron los partidos que lo sustentan, y que incluían, en lo relativo al sistema universitario, adecuar la oferta de las titulaciones a las necesidades sociales del archipiélago, mejorar la coordinación con las enseñanzas no universitarias promoviendo la inclusión de las universidades públicas de Canarias en el pacto por la educación, potenciar la innovación y la investigación tanto a través de los parques tecnológico como en los propios campos o institutos universitarios, dotar a las universidades públicas de un marco de financiación estable, transparente y regular que permita una planificación plurianual y en consonancia con los objetivos estratégicos establecidos en Canarias, en el Estado y en la Unión Europea y consolidar el Campus Atlántico Tricontinental, que, dentro de los campos de excelencia, ha logrado tener un nombre propio y una especialización muy atractiva para docentes e investigadores dentro del competitivo Espacio Europeo de Educación Superior.

A partir de estas premisas, aspiramos a establecer un modelo de educación superior pública con bases sólidas, objetivos claros y una manifiesta vocación de permanencia y estabilidad para las próximas décadas. Por eso, hemos abierto con las dos universidades públicas un espacio para el debate en profundidad de la situación actual desde el inicio de la legislatura, orientado a la detección de carencias, la localización de oportunidades, de mejoras y el diseño de las estrategias necesarias para alcanzar los objetivos de eficiencia, respuestas a las necesidades de la sociedad canaria y la consolidación de las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria como motores de innovación y conocimiento gracias a una mayor difusión de sus logros a la sociedad.

De este foro de debate surgirá precisamente el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas canarias, con el que, a partir de unos indicadores consensuados, mensurables y evaluables, con la mayor de las transparencias, se puedan gestionar los centros de educación superior desde la perspectiva del largo plazo, con objetivos acordes, como he dicho, a los que se establezcan en Canarias, Estado y la Unión Europea.

Precisamente, el marco de trabajo de futuro que nos hemos marcado con las universidades plantea la financiación con tres líneas fundamentales: la financiación básica o de suficiencia, que permite afrontar los gastos en personal e infraestructura; la financiación por resultados, con la que, a partir del cumplimiento de los objetivos que establezcamos con base en los indicadores que acordemos, las universidades ganen progresivamente en eficiencia, mejora, calidad docente, investigadora y de gestión; y la financiación estratégica, quizás la más competitiva de las tres líneas de financiación, en la que se primará la aportación de la educación superior a los planes estratégicos regionales, la transferencia de tecnología y conocimientos a la sociedad y el desarrollo de los planes de excelencia propios de cada una de ellas.

Porque no olvidemos que la primera medida de fomento de la equidad y del impulso de la educación superior es la financiación que hace la comunidad autónoma de más del 80 % de los costes de las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, lo que supone, para el último año completo, 210 millones de euros. Sin embargo, la falta de indicadores claros y de compromisos plurianuales de inversión sitúa a los centros públicos en una cierta incertidumbre que dificulta la planificación de su actividad y en ocasiones la apuesta por líneas de trabajo que requieren cierta garantía de recursos año tras año.

Ya hemos desarrollado los trabajos de diagnóstico y definición de criterios y estamos comenzando a debatir las propuestas de cada una de las partes sobre los parámetros que definirán, con vocación de permanencia, el sistema futuro de financiación universitaria de Canarias. Un sistema, por tanto, que estará basado en avances medibles que nos permitirán conocer en todo momento las oportunidades de mejora que se presenten y disponer de los medios para detectarlas e impulsar las medidas necesarias.

Siempre con el máximo respeto a la autonomía de la que gozan las universidades del archipiélago, nos hemos propuesto ofrecerles los mejores instrumentos para la evaluación de sus resultados y para el análisis de la calidad de sus enseñanzas, de ahí el impulso que le hemos dado a la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, que por primera vez ha constituido comisiones de acreditación propia para elaborar y remitir al Consejo de Universidades los informes finales de renovación y acreditación de títulos. Un organismo, señorías, que también analiza informes sobre la creación de institutos universitarios como ya ha hecho con el Instituto Universitario de Investigación y Neurociencia de la Universidad de La Laguna, un trabajo que también se extiende a la evaluación de los méritos de docentes para obtener complementos retributivos o la acreditación de la experiencia investigadora.

Sin embargo, una realidad que se hace cada día más obvia es la necesidad de que todos los avances en eficiencia, eficacia e innovación que produzcan en las universidades encuentren eco en la sociedad y el sistema productivo canario y, en un marco más amplio, en el desarrollo regional, extendiendo su influencia tanto hacia África como a Sudamérica. De ahí que la política relativa a la investigación y la innovación se haya concentrado en la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, que, a través de múltiples instrumentos, como la Agencia Canaria de Innovación, Investigación y Sociedad de la Información, es la encargada de implantar y desarrollar en las islas las principales líneas estratégicas europeas de desarrollo regional o la Estrategia de Desarrollo Inteligente, conocida como RIS3. Es más, las universidades canarias ocupan ya un lugar de preferencia en la política de inversiones en I+D+i del Gobierno tanto de forma directa como a la hora de presentar proyectos en las subvenciones que se conceden por concurrencia competitiva.

Así, por ejemplo, la convocatoria del Fondo de Desarrollo de Canarias, que aportará casi 159 millones de euros hasta el 2025 para proyectos relacionados con el conocimiento y mejora de la I+D+i, las infraestructuras y las políticas activas de empleo, está orientada a cabildos y ayuntamientos, pero también a las universidades. Juntas o separadas, las instituciones pueden presentar ya sus proyectos para obtener financiación.

Con medio millón de euros al año, el Gobierno mantiene también su apuesta por la consolidación del Campus Atlántico Tricontinental, que ha superado todas las expectativas creadas desde que comenzase a andar en 2010. Su previsión era lograr captar 42,6 millones de euros hasta el 2015, y gracias a la especialización en su entorno logró más de 70 millones de euros, obteniendo una de las mejores calificaciones de los campus de excelencia europea.

Por lo tanto, seguiremos impulsando este campus, como también impulsamos la contratación de personal investigador, con 300 000 euros para la contratación de doctores investigadores, o con los más de 2,5 millones de euros para la formación de doctores, y la necesaria valorización socioeconómica de la I+D+i con una convocatoria por más de 4,4 millones de euros hasta 2020 para fomentar el trabajo de los grupos en el conocimiento de excelencia.

Voy concluyendo, señorías, pero no puedo dejar de mencionar los avances que también hemos impulsado en este primer año de legislatura para lograr aumentar la equidad de nuestro sistema de educación superior y facilitar el acceso a otros estudios.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora consejera.

Tiene un turno de cinco minutos el grupo interpelante. Señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ PÉREZ (don Jorge Alberto): Señora presidenta. Señora consejera.

Bueno, yo esperaba un poco más de autocrítica, un poco más de elementos de debate y, sobre todo, que aprovechara la oportunidad que le brinda el hecho de que lleva poco más de... bueno, algo más de un año al frente de la consejería, para hacer más crítica a la gestión anterior, a la nefasta gestión de la consejera que la precedió en su cargo. Bueno, ya esperaba, en cualquier caso, una intervención como la que usted ha hecho.

Pero esto es una interpelación, señora consejera, y yo la interpelo a usted y usted contesta lo que yo le estoy planteando: ¿cuál es el futuro de nuestras universidades públicas? ¿Cuál es el futuro de la investigación en nuestra comunidad autónoma?

Mire, el último ranquin de Shanghái, publicado hace unos pocos meses, y tomando como referencia solamente el conjunto de las universidades españolas, la Universidad de La Laguna ocupa el puesto número 16 y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el puesto número 44, de 74. ¿Esto no nos debiera alarmar? Esto tiene mucho que ver con la falta de inversiones, con la falta de investigación de nuestras universidades.

El avance de la economía, señora consejera, pasa por el desarrollo de un modelo productivo basado en el conocimiento. El consejero de Economía y Conocimiento seguramente le podrá dar, mejor que yo, explicaciones de lo que eso significa. A mi juicio, por tanto, hay que dar un auténtico golpe de timón para que la financiación de las universidades sea suficiente y, sobre todo, puedan revertir la situación actual. Incluso le diría que mi grupo parlamentario, el Popular, estaría de acuerdo, apoyaría, que la política universitaria estuviera, incluso, bajo las competencias del consejero de Economía y Conocimiento, porque hay más de actividad docente e investigadora que de actividad académica en sí misma. Creo que nos iría mejor, estoy convencido.

Nuestras universidades son, o debieran ser, señora consejera, incubadoras del talento y motor de la economía y del progreso social de Canarias, y no lo están siendo. Que la sociedad canaria confíe en nuestras universidades y, más aun, las considere parte de sí misma son el mejor valor para mejorar en confianza, en inversión y en un mejor diálogo con otras instituciones, y, desde luego, en mejor investigación, desarrollo e innovación.

En los países que están realizando con éxito el tránsito a una economía y a una sociedad basada en el conocimiento, el sistema universitario es una prioridad de primer orden. Por tanto, señora consejera, aplíquelo. Hable con el presidente del Gobierno e intenten, lógicamente, que haya una confluencia mayor entre la Consejería de Economía y Conocimiento y la consejería que usted preside, si es que, finalmente, Universidades sigue quedando bajo la competencia de su consejería.

Es imprescindible dotar a nuestras universidades, como antes le comenté, de un nuevo esquema de financiación con el que se procure, por consiguiente, un marco de mayor autonomía, un marco de mayor diferenciación en la búsqueda de la excelencia conjugada, eso sí, con una gestión transparente y una rendición de cuentas a la sociedad canaria.

Señora consejera, se lo pedimos por las universidades, pero, sobre todo, se lo pedimos por los miles de estudiantes que hay en ellas.

Nada más, señora consejera. Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.

Tiene un último turno, señora consejera, ¿quiere hacer uso de él? (Asentimiento.)

¿Sí? Cinco minutos.

La señora CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Monzón Cabrera): Gracias, señora presidenta. Señorías.

Me pide usted que cuente lo que hacemos y que hable de futuro y llega usted a esta tribuna y, decepcionado, dice que esperaba que yo hiciera crítica con la gestión de la consejera anterior. Primero, eso no lo voy hacer, porque no lo he hecho hasta ahora y no lo voy hacer; y, segundo, tampoco era una consejera, era un consejero el que me precedía en esta gestión.

Y, en segundo lugar, creo que usted no ha escuchado nada de lo que yo he expuesto en mi primera intervención, porque, precisamente, toda la segunda intervención suya ha sido, fundamentalmente, lo que yo he explicado en la primera (La señora presidenta abandona su lugar en la Mesa. Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta segunda, Tavío Ascanio).

Y, efectivamente, yo no tenía pensamiento de hacer ninguna intervención ni de nombrar al Gobierno del Estado, ya lo vio, pero sí tengo que decirle, señoría, que, debido a sus planteamientos y a su intención de que no lo haga, creo que voy a tener que hacerlo. Le puedo asegurar, señoría, que estamos trabajando codo con codo con las universidades canarias para mejorar el sistema de enseñanza superior, dentro de una política de consenso y entendimiento con los diferentes actores que intervienen en él. Y lo que he hecho con el consenso ha sido, precisamente, no mencionar al Gobierno del Estado en toda mi intervención anterior, porque hablar de él es hablar de la ruptura completa, absoluta y sin precedentes del diálogo social en materia educativa; porque el ministro, el ministerio, dos ministros han cambiado el diálogo por el monólogo en el máximo órgano de consenso del área como es la conferencia sectorial de comunidades autónomas; ha cambiado el debate parlamentario por la imposición, incluso estando en funciones.

Con gusto aceptaría la mano tendida de su partido, que ha ofrecido en varias ocasiones, para un pacto por la educación superior, y, de hecho, la acepto para impulsar entre todos y todas la mejora de la educación en Canarias. Lo único que le pido a cambio de aceptar esa mano tendida es que suelten el rodillo que tienen en la otra y manejan desde el Estado. Porque, aun estando en funciones, señorías, se empeñan en aprobar un real decreto que desarrolla la ley educativa más protestada en la historia de la democracia. Suelten ese rodillo que interponen entre su formación política y el resto de la comunidad educativa. De hecho, los titulares de esta semana son los titulares de la distancia: nadie quiere estar junto al ministro.

¿En serio creen que la ronda que ha iniciado para un pacto educativo puede tener algún futuro? ¿Cómo pueden negar el diálogo a todas las comunidades autónomas, hacer oídos sordos a 12 de las 17 que pedimos la paralización de la Lomce, no aceptar la inmensa mayoría del Congreso donde todas las fuerzas políticas, menos el Partido Popular, piden su retirada? ¿Cómo se puede hablar de un pacto educativo sin contar con quienes debemos aplicarlo en las diferentes autonomías? ¿Cómo pueden hacer eso y pretender alcanzar un gran pacto educativo e iniciar conversaciones con las Ampas y con los sindicatos? ¿Cómo puede citar el ministro a las familias, a los sindicatos y ayer al alumnado habiendo afirmado este mismo mes que de ninguna de las maneras eliminarían o paralizarían la reválida de segundo de Bachillerato?

No nos extraña que muestren escepticismo todas estas organizaciones, sobre todo porque se trata de un ministro que ha esperado a estar en funciones para empezar a negociar un pacto para el que, además, remite ahora a un órgano como es el Consejo Escolar que tiene vacantes la presidencia, la vicepresidencia y la secretaría general. ¿De verdad creen que es un intento serio de llegar a un acuerdo? Son tantas las oportunidades que han tenido para iniciar el diálogo que cada vez cuesta más creer que su ofrecimiento sea sincero, pero vamos a intentarlo, por el bien de la educación en Canarias.

Para hablar sobre cómo hacerlo siempre tendrá no una, sino las dos manos tendidas de esta consejera. Y, desde luego, si aspiran a entenderse con toda la comunidad educativa del archipiélago sí que pueden hacer algo que les demostraría a todos su predisposición, buena fe y capacidad: logren que su partido derogue la Lomce o al menos logren que la paralice por completo, hasta que llegue ese consenso real con el resto de formaciones políticas o con una mayoría significativa.

Buenas tardes y muchas gracias.

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