Diario de Sesiones 53, de fecha 9/11/2016
Punto 7

9L/PNL-0306 PROPOSICIÓN NO DE LEY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA RESPECTO DE LOS FONDOS PARA LA FINANCIACIÓN DE LA DEPENDENCIA.

La señora PRESIDENTA: Seguimos, señorías, con la siguiente, y la última...

(Aplausos en la tribuna destinada al público).

Ruego al público asistente que se abstenga de hacer manifestaciones a favor o en contra.

Muchas gracias.

Vamos con la última PNL del orden del día de hoy, la 306, a instancia del Grupo Popular, sobre modificación del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera respecto de los fondos para la financiación de la dependencia.

No hay enmiendas.

Para su defensa, la señora Luzardo.

La señora LUZARDO ROMANO: Gracias, señora...

(Rumores en la sala).

La señora PRESIDENTA: Perdón, espere un momento, señora Luzardo, un momento, por favor.

Señorías, ruego silencio, por favor. Muchas gracias.

(La señora Luzardo Romano hace uso de medios audiovisuales).

La señora LUZARDO ROMANO: Decía, buenos días, gracias, señora presidenta, señorías.

El Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición no de ley también con el mismo interés que han tenido las anteriores proposiciones no de ley, y esperamos que los grupos que no han presentado ninguna enmienda nos apoyen porque se trata simple y llanamente de conseguir que todos los fondos que el Gobierno de España destina a la dependencia, todos los fondos que llegan a Canarias, sean destinados a este fin, a los dependientes canarios, porque hasta ahora tenemos, y además ayer lo confirmó la propia consejera de Hacienda, tenemos unas partidas que vienen a través de los fondos adicionales de la dependencia que el Gobierno de Canarias nos confirmó ayer la propia consejera que no destina porque son, precisamente, fondos adicionales.

Les voy a exponer algunos cuadros de información, porque creo que es importante para argumentar esta proposición no de ley tener todos los datos. El Estado, a través de la financiación territorial -este es el cuadro- que va a todas las comunidades autónomas establece una partida que es precisamente para reforzar los servicios del Estado del bienestar. Estos fondos, que recibe Canarias, aquí están en el 2014 y en el 2015 (haciendo referencia a los medios audiovisuales), no son finalistas, son unos fondos que la comunidad autónoma los puede utilizar para sanidad, educación, servicios sociales, así como para la dependencia, y esta es la clave. Aquí hay un partida, dentro de los 3710 millones de euros que vinieron en el año 2015, y para este año, esta anualidad han llegado, o tienen que llegar hasta final de año, 3998 millones de euros, es decir, un 6 % más de los fondos territoriales, donde hay una partida incluida para la dependencia que no se sabe exactamente por qué pero nunca Canarias los ha utilizado.

Por eso, lo que proponemos, y a mí me parece que es bastante sensato, es que, como se cambió en su día, en el año 2009, los fondos que eran el nivel acordado por fondos adicionales se vuelva a cambiar y ahora sean fondos finalistas, con lo cual las comunidades autónomas hay unas que sí lo destinan, pero no todas lo destinan, por lo tanto, a partir de ese momento en que se modifique el acuerdo de 2009 tendrá la obligatoriedad cada comunidad autónoma de asignarlos como fondos finalistas. Por lo tanto, también en muchas ocasiones yo he escuchado desde esta Cámara, pues, que el Estado no destina lo suficiente, solo un 20 %, pero podrán comprobar en este cuadro que el Estado sí transfiere un 49,3 %, y la comunidad autónoma, es decir, Canarias, aporta un 50,7 %.

Lo que quiero decir, señorías, es que si a los 30 millones que ayer nos dijo la consejera que va a destinar el año que viene, porque tiene metidos 30 millones que vienen del Imserso, más los 100 que pone la comunidad autónoma, incluyera los 60 millones que sí manda el Estado dentro de los fondos territoriales para lo que es la dependencia, podríamos estar hablando de que el próximo año 2017 esta comunidad autónoma tendría que tener, como mínimo, 190 millones de euros. Estamos hablando de esa cantidad, de una cantidad que me parece a mí que es tan importante, y que yo tampoco entiendo muy bien por qué la propia consejera de servicios sociales, que además es una mujer bastante combativa, pues no ha hecho de esto una bandera, y lo hemos tenido que hacer nosotros, lo hemos hecho como hemos podido, porque llevamos meses intentando averiguar exactamente cuál es la razón por la que no se destinan todos los fondos, y la verdad es que yo creo que es muy importante saber que la Ley Orgánica del 2009, la de financiación de las comunidades autónomas, que se va a modificar próximamente -yo espero que se modifique muy bien, sobre todo para Canarias-, establece en el propio artículo número 6 que hay un importe de 1200 millones de euros repartidos entre las comunidades autónomas de régimen común, y, además, esta proporción se hace con relación al número de dependientes que ya tiene dados de alta Canarias más el número que potencialmente deberían estar dados de alta. Este es un parámetro que se da en toda España.

Y también es curioso cómo ahí hay algunas comunidades autónomas que van muy bien en la gestión de la dependencia y luego hay otras comunidades autónomas como la nuestra que desgraciadamente van peor, van muy mal, y estamos, seguimos estando a la cola.

Por lo tanto, yo creo que hay que dejar la demagogia a un lado, hay que defender la financiación que llega y, sobre todo, algo muy importante, que el destino de todo el dinero que manda la Administración General del Estado, el Gobierno de España, se destine a esa finalidad, exactamente igual que se destina también esa parte del dinero a las áreas que se denominan del Estado del bienestar porque, señorías, cuando leemos en algunos informes que estamos a veinticinco años para quitar la lista de espera, yo creo que a todos eso nos alarma, cuando hay otras comunidades autónomas que efectivamente lo van hacer en algo menos o más de cuatro años, pero que es una cantidad de años que no tiene nada que ver con lo nuestro.

Yo lo que he querido sobre todo es poner en valor que esto es muy sencillo, porque, al final, hay cuestiones que se tomaron en el año 2009, que además fue un Consejo de Ministros presidido por el señor Zapatero el que adoptó el día 8 de mayo, que luego se plasmó en el seno de este Consejo de Política Fiscal y Financiera, este acuerdo de fondos adicionales que sustituía al anterior nivel acordado.

Y, además, señorías, yo creo que es muy importante dejar claros los datos, ahora en este cuadro vamos a ver las cantidades de dinero que han venido desde el año 2012 al 2015 por el nivel mínimo más el nivel o el fondo adicional. Por el nivel mínimo llegaron 104,90 millones de euros que es lo que da el Imserso, para entendernos. Y luego por la financiación adicional Canarias tendría que haber destinado 238 millones de euros, lo que hubiese sido esta comunidad autónoma si al nivel mínimo le hubiésemos sumado también la financiación adicional.

Por lo tanto, no es verdad que la dependencia esté mal financiada, lo que sí es verdad es que no todos los fondos que se reciben para la dependencia se han utilizado, y yo creo que esto sí hay que resaltarlo, porque, además, primero, me parece que es injusto, yo creo que incluso hasta inmoral porque esto lo saben los gestores, el Gobierno de Canarias, y no tenemos que estar desde la Oposición, pues, descubriendo exactamente las partidas para poderlo dejar aquí sobre la mesa. Y, sobre todo, yo creo que, además, hay algo que sí hizo bien la nueva consejera e hizo muy mal la anterior que fue que llegó, incluso, a maquillar los datos de los dependientes canarios cuando incluyeron a 9000, o sea, si nosotros miramos en los datos del Imserso del año pasado, del 2015, finales de 2014 se cerró con 23 000 dependientes, yo hubiese cerrado esa cifra ya, y ahora mismo tenemos 16 000, o sea, no llegamos a 23 000, vamos, ni soñando.

No quería terminar la intervención sin resaltar los datos de este momento porque, además, yo estoy buscando los 3275 nuevos dependientes dados de alta a 30 de septiembre, y no están dados de alta, no están. Miren, los datos dados a 30 de septiembre que son los últimos que tiene el Imserso. Y, además, tengo que decirles que es el Gobierno de Canarias el que remite todos los meses las altas al Imserso para que se pongan en la estadística junto con el resto de comunidades autónomas. Tenemos a día 30 de septiembre 43 072 solicitantes, tienen el dictamen pero están en el limbo, 36 072 dependientes porque solamente lo tienen reconocido 30 499, y personas con prestación a 30 de septiembre hay 16 096 dependientes, es decir, hay 1897 personas más que el 31 de diciembre, y este yo creo que no es el cambio de tendencia. Y menos mal que aplicaron un plan de choque con la contratación de 26 personas, 26 trabajadores para agilizar los trámites, a veces me pregunto qué hubiese sucedido si en el mes de mayo no hubiesen contratado a estas 26 personas para agilizar los trámites.

Y, señorías, no quería terminar mi intervención sin dar algunos datos también a nivel nacional porque este es un tema sensible, es un tema muy serio y, además, es un tema en el que hay que decir la verdad y sobre todo comprobarla, porque si no, podemos estar generando engaños a las personas y a sus familiares. Mire, el número de beneficiarios a nivel nacional en toda España estamos hablando de 847 747 personas, es decir, 109 160 personas más que en el año 2011, lo cual significa también que ahora mismo todos sabemos que la dependencia genera empleo y que los servicios profesionales representan hoy un 65,59 % frente a un 34 %, que son, digamos, las prestaciones económicas Por lo tanto, nosotros tenemos mucho interés en que todos los recursos que vienen de la Administración General del Estado, del Gobierno de España, se destinen a los dependientes canarios porque se lo merecen y yo creo que es nuestra obligación.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luzardo.

No hay enmiendas, como dije, por tanto, posición del resto de los grupos. Grupo Mixto, señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Gracias, presidenta.

Señora Luzardo, desde Agrupación Socialista Gomera coincidimos con usted en que la Comunidad Autónoma de Canarias debe destinar más recursos a la atención y a las prestaciones para cubrir la situación de dependencia, pues por mucho que se haya avanzado este año siguen siendo insuficientes y no es nada por lo que debamos sentirnos orgullosos. Sin embargo, lo que se plasma en su exposición de motivos no lo podemos compartir, no nos parece adecuado el modo en que se usa esta propuesta, pues nos parece que, en vez de estar destinada a asegurar la financiación estatal de la dependencia, se está usando el problema como un arma política y de dudosa validez.

¿No recuerdan ustedes el informe del Observatorio estatal de la Dependencia que debatimos hace escasas semanas, aquel que nos daba el peor lugar en atención a la dependencia y que decía que tardaríamos más de veinticinco años en atender las listas de miles de canarios que siguen esperando su valoración y posterior prestación? Pues bien, en ese informe se apuntaba también, y con bastante acierto, que desde el Gobierno estatal, desde que se aprobó el Real Decreto-Ley 20/2012, los recortes que ha hecho el Estado en materia de dependencia ascienden a 2865 millones de euros. La financiación estatal llega apenas al 21,8 % del total que dedica España para la dependencia. Si ustedes sostienen que el Gobierno de Canarias no ha cumplido con la Lofca y se apropia de los pocos fondos que le da el Estado destinados a la dependencia, ¿por qué no han ejercitado su función de control y solicitado un informe?

La señora consejera de Hacienda les ha respondido ayer en sesión plenaria que los fondos presupuestados en Canarias superan ampliamente los que vienen desde el Estado. Seamos serios, señorías, si las cosas fueran como ustedes las quieren pintar, el propio Estado hubiera denunciado a Canarias ya hace mucho años, y con esto no es que digamos que el Gobierno canario está haciendo bien su trabajo pero aquí las culpas creo que deberían estar repartidas entre ambas administraciones.

Y sí nos gustaría que la idea de que las insuficientes ayudas estatales fueran finalistas; en nuestra opinión, debería haber sido así desde el principio, pero hay que respetar la autonomía financiera. Y lo principal que hay que cambiar es que llegue a Canarias al menos el 50 % de financiación que se requiere, pero del coste real, para dar cobertura a todos los dependientes y no solo a las pocas que están cubiertas por el sistema actualmente. Y me pregunto yo: si Canarias, incluso el Imserso, pone en estadísticas que hay decenas de millares de personas con la situación de dependencia reconocida pero que esperan aún para recibir algún tipo de prestación, ¿qué hacen estas dos administraciones sin actuar y sin hacer...?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendoza. Muy amable.

Grupo Nueva Canarias, señor Campos.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ (Desde su escaño): Señora presidenta, Nueva Canarias no va a apoyar esta proposición no de ley.

Y no lo vamos a hacer por distintos motivos:

El primero de ellos porque cuando hablamos de esto y cuando hablamos de definir las cuantías de manera clara y concreta para que se destinen al nivel de dependencia, el Gobierno del Partido Popular ha tenido una oportunidad espectacular; tuvo una oportunidad ya en 2011 y pudo ser el mantener la cuantía del nivel mínimo que se asignaba a esto, porque desde que llegó el Partido Popular al Gobierno del Estado ha ido detrayendo poco a poco el dinero hasta dejarlo casi en la mitad del nivel mínimo que sabemos que va destinado sí o sí, quiera este Gobierno o cualquier otro, al ámbito de la dependencia. Por tanto, la responsabilidad inicial es del Partido Popular, que es quien ha hurtado el dinero a los dependientes de Canarias.

Luego nos vamos al bloque de financiación, y ahí tiene usted razón. Es cierto que hay una parte de ese dinero que lleva un nombre y apellido, que es el de dependencia, pero es que ese bloque de financiación autonómica, entre otras materias, lo que viene a plantear es que con ese dinero para financiar las políticas sociales, la educación, la sanidad..., luego está el autogobierno, la capacidad de autogestión, y eso nosotros sí vamos a seguir defendiéndolo. Y si tuviéramos absolutamente resueltos todos los problemas en materia sanitaria, en materia educativa o en materia de políticas sociales, sí nos parecería una aberración que cogieran ese dinero para otra cosa. Pero es que, por su teoría, teóricamente, y valga la redundancia, automáticamente tendríamos que definir exactamente cuánto hay que dedicarle a la sanidad de ese dinero, cuánto hay que dedicarle a las políticas sociales de ese dinero, y lo que descubriríamos seguramente no le iba a gustar al Partido Popular, porque nos íbamos a dar cuenta, probablemente, ya incluso en el primer reparto, en el de la sanidad, que la financiación que llega de España es absolutamente insuficiente, y, además, en el caso de Canarias tremendamente maltratadora, y, por tanto, nos quedaríamos sin dinero para políticas sociales, ni para dependencia ni para ninguna otra cosa. Esa también debiera ser otra de las cuestiones en las que ustedes tendrían que incidir desde el Partido Popular para que se modifiquen en los próximos años, en los próximos meses, cuando hablemos de financiación autonómica.

Pero tiene razón también en otra cuestión, claro que tiene responsabilidad este Gobierno. Porque, una vez dicho todo esto, no hace un año que a Canarias se la dotó con 160 millones de euros que vienen también, teóricamente -y lo decía así la norma- a financiar las políticas públicas esenciales, y luego, de coletilla, metieron aquello de "y otros proyectos". Es irresponsable por parte de este Gobierno, conociendo la realidad en el ámbito de la dependencia y por supuesto de la sanidad y de la educación, pero hablamos ahora de dependencia, que hicieran la aberración que han hecho con el reparto de los fondos del IGTE y al menos no haber sido capaces de reservar el 50 % para destinarlo a estos temas, que estaban evaluados, que sabíamos que existían y que realmente son las prioridades.

Responsabilidad primera del Gobierno de...

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campos.

Grupo Podemos, señora Del Río.

La señora DEL RÍO SÁNCHEZ: Buenas, casi tardes ya. Señorías. Señora Pepa Luzardo.

Si bien en el final de la propuesta en que sean finalistas los presupuestos nos parece que podríamos estar de acuerdo, y yo la respeto a usted en sus buenas intenciones, quiero creer que lo hace con ese afán, en el resto de las cosas no compartimos nada, ya le anunciamos que vamos a votar en contra. Porque nos parece que el Partido Popular, el partido de los recortes y del maltrato a Canarias, ha querido hacer hoy una lección en esta Cámara sobre cumplimientos programáticos, que nos parece, en este caso, cumplimiento programático de un Gobierno que se dice que ha cumplido escrupulosamente en los últimos cinco años y que sabemos que no es cierto.

Una vez concluida esta pequeña introducción, queremos hablar también de unos datos, y, por cierto, reivindicar la capacidad de los datos que tendríamos que tener también en Canarias, no tener que andar siempre con datos no actualizados, y en este caso son del 2015, que son los que tenemos y de los que nos fiamos porque son datos oficiales.

En España hay más de un 1 180 435 personas en situación de dependencia reconocida, un 2,5 % de la población española no puede desarrollar las actividades básicas de la vida diaria sin apoyo de mayor o menor intensidad.

El número de personas -segundo- dependientes reconocidas ha descendido en 100 000 personas desde finales de 2011. En este momento, tras nueve años de implantación de la ley de dependencia, un tercio de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, aun cuando tengan pleno derecho a la misma. En los últimos cuatro años, con una estimación conservadora, el número de personas dependientes fallecidas sin llegar a recibir esta prestación del servicio superó a las 125 000 personas. Las medidas adoptadas por el último Gobierno frenaron en seco el desarrollo del sistema entre los años 2011 y principios del 2015, un panorama al que contribuyó decisivamente el Real Decreto 20/2013, cuyo impacto aún sigue vigente. Existen gravísimas desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en los modelos de gestión de dependencia. Canarias ocupa año tras año el triste puesto de la peor gestión de la atención a la dependencia, somos la comunidad que menos personas atiende y los datos ya los han dado mis compañeras, compartimos el espíritu. Finalmente, también según esos datos, Canarias aportaría el 77 % y el Estado el 22 %.

Con lo cual, con estos datos nosotros queremos decir que aquí hay un cruce de acusaciones, que no nos parece un tema para jugar con él, es un tema suficientemente serio. Y lo que les decimos es que cuenten con nosotros para apoyarles en el trabajo, para ponernos al día en el reconocimiento, en las listas de espera, para aumentar la inversión de la dependencia, para igualar el impacto negativo en cuestión de género. Para eso contarán con nuestro partido y con toda nuestra voluntad. Pero para hacer ese juego entre ustedes y lo que incumplen, no.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Del Río.

Por el Grupo Socialista, señora Cruz.

La señora CRUZ OVAL (Desde su escaño): Gracias, señora presidenta.

En el Grupo Parlamentario Socialista no entendemos esta insistencia en presentar una ficción política. Yo creo que a los grupos parlamentarios de esta Cámara nos tendría que preocupar este constante cinismo político y esta ceremonia constante a la que sometemos la confusión de la ciudadanía canaria en torno a los datos de la dependencia.

Me explico, señorías, me explico. El sistema de atención a la dependencia se financia por dos vías: la vía privada, el copago de los ciudadanos, y la vía pública, con tres niveles. Primero, el nivel mínimo, el nivel mínimo era uno en el 2011, cuando entró el PP empezó haciéndole un recorte del 13 % que se ha ido incrementando paulatinamente. Segundo nivel, el nivel acordado, que no ha sido sustituido, que no ha sido sustituido, ha sido suprimido en el 2012 por el Partido Popular. Tercer nivel, el nivel adicional, curiosamente esta comunidad no aporta un 72 % al sistema de la dependencia, teniendo que aportar exclusivamente un 50 %, porque el Estado solo financia el 18 %.

Llegamos al año 2009 y las comunidades autónomas se plantan. ¿Por qué se plantan? Porque a través del sistema de financiación se financiaban servicios esenciales -sanidad, educación y servicios sociales-. Lo que no se entiende es cómo las comunidades autónomas podían hacer más con menos, porque se les había incorporado un nuevo sistema, el sistema de la dependencia. Se acuerda en el 2009 añadir un fondo adicional, un fondo adicional que se distribuía conforme a los criterios del nivel acordado, no sustituyendo el nivel acordado sino conforme a esos criterios, y se hace ese nivel adicional. Los fondos de la atención a la dependencia tienen, efectivamente, carácter finalista. Lo que no tiene carácter finalista son los fondos que reciben las comunidades autónomas conforme al artículo 156. Modificando eso, estamos conculcando un derecho, el derecho a la autonomía financiera de las comunidades autónomas.

Desde luego que el Partido Socialista está con el Partido Popular. ¿En qué? En que el Partido Popular traiga una iniciativa para recuperar la financiación del sistema de la dependencia que teníamos en el 2011. En eso sí nos va a encontrar, desde luego, señora Luzardo. En lo que no nos va a encontrar es en retorcer los datos para convertir la noche en día.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cruz Oval.

Por el Grupo Nacionalista, señora Luis.

La señora LUIS DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta. Señorías, señora Luzardo.

El Grupo Nacionalista Canario no vamos a apoyar esta PNL, y no va a ser porque no estemos de acuerdo en exigir más financiación para la dependencia, todo lo contrario, tenemos muy clara nuestra apuesta por la dependencia, así figura en nuestro programa electoral, en los acuerdos firmados con nuestros socios de Gobierno y en el incremento de financiación destinado a dependencia en los presupuestos de este año y en los dos proyectos de ley de crédito extraordinario aprobados en este Parlamento en lo que llevamos de legislatura.

Desde luego, no compartimos su propuesta, pero tampoco compartimos la exposición de motivos. En su proposición pone en duda el incumplimiento del Gobierno de España con la financiación de la dependencia, y, como usted bien sabe, debe llegar al 50 %, en estos momentos escasamente llega al 18 %, y eso sin contar lo que aportan los cabildos.

Y esto no lo dice el Gobierno de Canarias, lo dicen múltiples informes, ya se ha dicho aquí por parte de algunos portavoces -índice DEC, el dictamen de dependencia-, es una reivindicación del conjunto de las comunidades autónomas que el Estado ponga su parte, el 50 %.

Otra cuestión bien distinta es la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas, que contempla la financiación de la totalidad de los servicios asumidos por las comunidades autónomas, los servicios transferidos. Y el artículo 6 de esta ley, que es al que usted hace referencia, son recursos adicionales que forman parte de las necesidades globales de financiación, no tienen, como usted ha dicho, carácter finalista -artículo 2-, fundamentalmente porque iría en contra del principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas, consagrado en el artículo 156 de la Constitución, y eso es precisamente lo que usted está diciendo, o proponiendo.

En todo caso, no se trata de 60 millones, si se pudiera hacer, que no se puede hacer, se trata de 48 millones. Hoy la comunidad autónoma pone 130, el Estado pone 25,4, sume los 48, todavía faltan casi 57 millones para llegar a lo que pone la comunidad autónoma.

Señora Luzardo, lo que necesita la financiación de la dependencia no es minorar el sistema de financiación de los servicios asumidos por las comunidades autónomas, y en concreto la nuestra, ya bastantes problemas tenemos con el sistema de financiación y con la financiación de los servicios básicos esenciales, lo que hace falta es que el Gobierno de España, de una vez por todas, ponga el 50 % de la dependencia, que es lo que corresponde, y que en el próximo sistema de financiación se permita a esta comunidad autónoma obtener una financiación homogénea per cápita como mínimo igual al resto de comunidades autónomas de régimen común, y que el REF quede definitivamente fuera de este sistema de financiación.

Y fíjese, estoy de acuerdo con usted en una cosa, en que no se puede hacer demagogia con este tema.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Luis.

Señorías, hemos concluido todas las intervenciones, llamo a votación de esta PNL.

(La Presidencia hace sonar el timbre de llamada a votación).

Señorías, comienza la votación. (Pausa).

Señorías, 50 votos emitidos: 11 síes, 39 noes, ninguna abstención.

Queda, por tanto, rechazada esta proposición no de ley.

Señorías, ahora suspendemos, y reanudamos a las quince horas, a las tres de la tarde, con el proyecto de Ley del suelo de Canarias.

Muchas gracias.

(Se suspende la sesión a las doce horas y cuarenta y ocho minutos).

(Se reanuda la sesión a las quince horas y cuatro minutos).

La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías.

Sean tan amables y ocupen sus escaños para reanudar esta sesión plenaria. Si son tan amables y ocupan sus escaños, por favor, para empezar.

Saludamos a todas las personas invitadas que... (ante los rumores en la sala). Decía que saludábamos a todas las personas invitadas que nos acompañan hoy para este debate de primera lectura...