Diario de Sesiones 72/2017, de fecha 5/4/2017 - Punto 11

9L/PNL-0386 PROPOSICIÓN NO DE LEY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DEL ESTADO EN RELACIÓN CON LA AYUDA A LAS CORPORACIONES LOCALES CANARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, DE 29 DE NOVIEMBRE.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Señorías, damos comienzo al pleno con la PNL del Grupo Mixto.

Solicitud al Gobierno del Estado en relación con la ayuda a las corporaciones locales canarias para el cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

Para su defensa, la señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

Casi cuatro millones de personas con diversidad funcional; más de siete mil asociaciones luchando por sus derechos. Son datos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. El comité, en el informe elaborado por su delegación para la convención de la ONU y sus derechos humanos, denominado Derechos humanos y discapacidad. Informe España 2016, pone de manifiesto una realidad trágica y evidente. Han pasado doce años desde la primera obligación de regular la normativa en materia de igualdad y no discriminación en el acceso a bienes y servicios que se estableció en 2005, y continúan dando largas. La accesibilidad y la eliminación de barreras sigue siendo una tarea pendiente.

La Constitución española, en su artículo 9.2, establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para la libertad e igualdad del individuo para que sean reales y efectivas; y removerán los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

Dentro de este contexto, el artículo 49 contiene un mandato a los poderes públicos para que realicen una política de integración de las personas con algún grado de discapacidad, física, sensorial y psíquica y los ampare para el disfrute de los derechos reconocidos en el título primero de la Carta Magna. Ese principio de igualdad también lo recoge el Estatuto de Autonomía de Canarias, que establece que los ciudadanos de Canarias son titulares de derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución, y que los poderes públicos canarios, en el marco de sus competencias, asumen como principio rector de sus políticas la promoción de las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y la igualdad de los individuos y los grupos en que se integran.

Todo esto se expone en la Ley de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación, que, según su propia exposición "persigue la supresión de cuantas barreras impidan el acceso a la vida normal de las personas discapacitadas, fomentando, de una parte, la accesibilidad de los lugares y construcciones destinados a un uso que implique concurrencia de público y, de otro, la adaptación de las instalaciones, edificaciones y espacios libres ya existentes".

No obstante, señorías, pese a estas nobles intenciones plasmadas ya hace veintidós años, lo cierto es que aún son numerosas las barreras que deben eliminarse. La accesibilidad está muy lejos de ser una realidad. Las barreras suponen un obstáculo a la autonomía de las personas y a su capacidad de elección e interacción con el entorno, atentan contra sus legítimos derechos a la libertad, a la igualdad y a la dignidad humana.

No obstante lo anterior, según las conclusiones de la encuesta del 2 de diciembre de 2016 del Defensor del Pueblo, la mayoría de los encuestados no cree que su municipio tenga un nivel satisfactorio de accesibilidad. En concreto, casi el 80 % de los encuestados manifiesta la insuficiencia de accesibilidad en su municipio. Y lo más preocupante, compartiendo la opinión del Defensor del Pueblo, es que en los casos en que se ha denunciado ante el correspondiente ayuntamiento, el resultado obtenido ha sido negativo en más del 80 % de los casos. Y esto es así pese a que apenas nos quedan seis meses para que la fecha límite -recordemos que es el 4 de diciembre- sea ya una realidad.

Señorías, esta es una cuestión que no puede aplazarse. Debemos asegurar la igualdad de todos los canarios y canarias, favorecer la inclusión social, permitir que todos y todas puedan vivir de una manera digna y con garantías. De nada sirven las proclamaciones de derechos y el reconocimiento de situaciones más desfavorecidas si no hacemos frente al sobrecoste necesario para dar carpetazo de una vez por todas a la discriminación. Si no aunamos fuerzas por y para este colectivo no vamos a avanzar. Cumplamos la ley, no prorroguemos la igualdad y la justicia, aprobemos esta proposición no de ley para que nuestro archipiélago sea un territorio plenamente accesible y sin barreras, que corresponda a los derechos de una sociedad inclusiva y que defienda la igualdad de todos y todas.

Señorías, la accesibilidad y supresión de barreras físicas es una cuestión de derechos humanos, no se trata de beneficencia. Tal y como se expone en el artículo 9 del mencionado informe elaborado por la delegación del Cermi, para lograr la independencia y la participación de las personas con discapacidad, la accesibilidad es un requisito esencial. Por ello, los Estados deben garantizar la accesibilidad al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones -incluidos los sistemas y las tecnologías de información y las comunicaciones- y a otros servicios e instalaciones abiertas al público y de uso público, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales.

La accesibilidad es un presupuesto necesario para el acceso y ejercicio de los derechos, por lo que su carencia supone una vulneración tanto del derecho a la accesibilidad como al derecho de quien quiere ejercerla. Así, la lucha frente a la inaccesibilidad debe ser una constante por cuanto sin accesibilidad no hay posibilidad de ejercer el derecho al que se pretende acceder; o lo que es lo mismo, sin accesibilidad no hay derechos: se da paso a la desigualdad y a la discriminación. En esta línea, en el informe anual del Diputado del Común se pone de manifiesto que sigue sin revisarse la normativa territorial sobre accesibilidad, a lo que ha de añadirse que sigue sin establecerse una partida económica específica para dotar al fondo de supresión de barreras creado por esa misma ley.

A todo lo anterior también se le añade el turismo. El Instituto Canario de Turismo, conjuntamente con el centro especial de empleo Laborsord y Funcasor, realizó un estudio de accesibilidad en alojamientos turísticos en la comunidad canaria, así como hábitos y necesidades de las personas con discapacidad en relación al turismo accesible, con el fin de obtener datos que permitieran mejorar la accesibilidad universal y el diseño de todo tipo de alojamientos. Los datos apuntan a que el mercado potencial de turistas con discapacidad aumenta cada año. Al envejecimiento constante de la población y al aumento del segmento de personas con discapacidad se le añade el potencial flujo de turistas con discapacidad, que buscan la benevolencia del clima en nuestras islas. Debemos garantizar los derechos a la libertad e igualdad de todos y todas. Esto es imprescindible para que también aquellos con problemas de movilidad tengan acceso a una vida plena y digna.

A fin de conseguir este objetivo, siendo plenamente conscientes de lo esencial de este cometido, desde hace años tanto los ochenta y ocho ayuntamientos de nuestras islas como los siete cabildos insulares han llevado a cabo un gran número de actuaciones a fin de eliminar las denominadas barreras arquitectónicas. Sin ir más lejos, en La Gomera tanto el cabildo insular como ayuntamientos, muy sensibilizados con la imperiosa necesidad de mejorar la accesibilidad, trabajan en la línea de eliminar barreras. Incluso el Ayuntamiento de Agulo, con poco más de mil habitantes y, en consecuencia, un presupuesto muy limitado, algo más de un millón de euros. Este ayuntamiento también ha invertido fondos propios en la realización de actuaciones encaminadas a este cometido este mismo ejercicio; acciones que también tenemos constancia de que son comunes en todas las islas. Sin embargo, no es suficiente. Las actuaciones son muy costosas y a las limitaciones presupuestarias se les ha sumado la grave situación económica, que no ha fomentado la adopción de políticas de gastos.

Señorías, aunque los ayuntamientos quisiesen acometer estas obras, económicamente les será inviable. Por ello solicitamos más implicación del Gobierno canario y del Estado. Y es que es inconcebible que en pleno siglo XXI una niña no pueda realizar una vida normal en su municipio debido a la gran existencia de barreras arquitectónicas.

Por eso, Agrupación Socialista Gomera llama a la unión y al consenso, a mirar por el interés general y por todos aquellos y aquellas que no sean tratados con la igualdad y con la dignidad que merecen. Es necesario -y acabo- llevar una colaboración institucional a todos los niveles de la Administración para acercarnos a la meta y hacerlo, además, en el plazo establecido, que recuerdo que el plazo se termina el 4 de diciembre. Porque, señorías, entendemos que es una situación que no puede aplazarse, les invitamos a todos y a todas a aprobar esta proposición no de ley que mira por ellos y por ellas, por su igualdad, por su dignidad y porque puedan hacer realidad sus aspiraciones sin más barreras ni más limitaciones.

En concreto, ASG realiza la siguiente PNL porque estamos convencidos de que la inclusión es posible.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora Mendoza.

Turno de los grupos enmendantes. Por parte del Grupo Socialista.

Para su defensa, señora Cruz Oval.

La señora CRUZ OVAL (Desde su escaño): Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

El Grupo Socialista no puede estar más de acuerdo en que la accesibilidad es una reivindicación y demanda de un colectivo, en este caso, el de las personas con discapacidad, del que nos beneficiamos el conjunto de la sociedad. Porque hablar de accesibilidad es hablar de espacios donde es más fácil su uso, donde hay mayor participación y a eso no queremos renunciar.

Pero hablar de accesibilidad no es solo hablar de personas con discapacidad. Eso es desviar la atención. Hablar de accesibilidad es hablar también de esas personas que tienen una discapacidad transitoria y necesitan accesibilidad; hablar de accesibilidad es también hablar de padres y madres con niños pequeños y necesitan tener espacio accesible; y también es hablar de las personas mayores que necesitan tener garantizada esa eliminación de barreras.

Y además estamos en esta comunidad autónoma..., que es un potencial turístico. Y hablar de turismo es hablar también de población que tenga un buen nivel adquisitivo y el buen nivel adquisitivo va relacionado con la edad: son personas mayores que necesitan tener accesibilidad garantizada. Y también hemos visto cómo se han incrementado sustancialmente las personas que viajan con discapacidad. Entonces, sin abstraernos de eso, quiero centrarme en esta proposición no de ley donde se plantean tres dificultades: la dificultad financiera; la maraña -hacen referencia a ese término-, la maraña normativa y las dificultades que tienen las corporaciones locales de hacer frente a la accesibilidad por la crisis económica.

Quiero centrarme en los tres niveles de la Administración. La estatal tiene sus competencias, porque parece que miramos para otro lado, tiene sus competencias en promover la accesibilidad. ¿Y cómo lo hace? A través de los planes de accesibilidad, el primero que ha habido en el ámbito nacional finalizó en el 2012. ¿Cómo se sustanciaba eso en el ámbito local? Pues a través de la firma de un convenio marco, un convenio marco donde pocas instituciones canarias, corporaciones locales, se pudieron beneficiar.

A nivel autonómico, en la comunidad autónoma, esta comunidad autónoma tiene competencias exclusivas en servicios sociales, también en vivienda, ordenación del territorio y en urbanismo. ¿Cómo se hace frente a la accesibilidad? Además, esta comunidad autónoma -que no se referencia en el texto de la proposición no de ley- tiene su propia ley territorial, del año 95, que desarrolló luego con un reglamento y había dos años..., 97... -mañana justo se cumplen veintidós años que tenemos aprobada esa ley-, y había dos años para que la accesibilidad en Canarias fuera una realidad. Veintidós años después, estamos planteándonos que ha habido un incumplimiento, no un incumplimiento porque lo dice esta Cámara, un incumplimiento porque lo han dicho las personas con discapacidad en la subcomisión, que hay un incumplimiento en la accesibilidad en esta comunidad autónoma.

Y por otra parte están las corporaciones locales, que tienen las ordenanzas de accesibilidad, que no he encontrado ninguna, ninguna corporación local con una ordenanza... Perdón, con planes de actuación, ordenanzas hay algunas, pero planes de actuación en vigor no hay ninguna corporación local y me gustaría saber -hemos hecho la pregunta por escrito- cuántos cabildos tienen su plan de actuación de accesibilidad.

Por eso, el Partido Socialista ha presentado una enmienda, una enmienda para añadir a este texto, primero, que se cree el fondo canario de accesibilidad porque a través de ese fondo sí que va haber garantías de que las corporaciones locales tengan financiación para poder diseñar planes de actuación y ejecutarlos posteriormente. Y por otra parte, nos planteamos que se suscriba un convenio marco, de esta comunidad autónoma con el Estado, para que se garantice la financiación para que Canarias pueda tener una accesibilidad real. Y por otra parte, hay órganos de coordinación, los determina tanto la Ley de Municipios como la Ley de Cabildos, y que se utilicen esas vías de coordinación para hacer realidad planes de actuación en accesibilidad.

Nada más, gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Cruz Oval.

También el Grupo Popular ha presentado una enmienda. Para su defensa...

El señor MORENO BRAVO (Desde su escaño): (Sin micrófono).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Bueno, aquí me aparece el Grupo Popular, lo siento. Entonces, Grupo Podemos, señora Arnaiz.

La señora ARNAIZ MARTÍNEZ (Desde su escaño): Gracias, presidente.

Pues este real decreto es otro ejemplo más que demuestra que las leyes están hechas para que las cumplan los ciudadanos. Y si no lo hacen, pues tienen sus respectivas multas, incluso penas de cárcel, aunque también es verdad que hay ciudadanos y ciudadanos, como estamos viendo a diario. Y cuando se trata de la Administración, pues, pasa más de lo mismo, ¿no?

Ya hace tiempo que dijimos que cada vez que habláramos de accesibilidad en esta Cámara recordaríamos que este mismo Parlamento no es accesible. Y precisamente hoy volvemos a decirlo, porque incumple este real decreto que lo que pretende es garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato.

El Gobierno de Canarias tampoco ha hecho sus deberes a este respecto porque, por ejemplo, en cuanto a los dispositivos y servicios de atención al ciudadano, tenemos los centros escolares que están sin intérpretes de lengua de signos para las tutorías de los padres que son sordos. Aunque teniendo en cuenta que ni siquiera los propios alumnos tienen sus intérpretes de lengua de signos, pues no es de extrañar que los padres tampoco los tengan para sus tutorías. Y esto es solo por poner un ejemplo.

Este decreto tiene diferentes plazos de implantación y tanto este Parlamento como el Gobierno de Canarias los han incumplido. Lo que vamos a incumplir ahora, en diciembre de 2017, es lo referente a espacios urbanos y medios de transporte, que es de competencia insular y municipal.

El Gobierno de España debía haber hecho un estudio, un mapeo de la situación en Canarias, y adjuntarlo con una ficha financiera, que no hizo. El año pasado, cuando le preguntamos a la anterior consejera por el cumplimiento de este decreto en comisión ella nos dijo que se comprometía en trabajar en este mapeo, en hacerlo con la Fecam, para suplir este incumplimiento por parte del Gobierno del Estado. El problema es que lo iba a hacer después de la ley de servicios sociales y esta ley aún no está aprobada y este decreto caduca ahora en diciembre, y tampoco ahora, ya ni siquiera es consejera.

Entonces, como es costumbre que entre unos y otros se acabe mareando la perdiz y al final no se haga nada, hemos metido una enmienda para que el Gobierno de Canarias se coordine con los cabildos y ayuntamientos y los dote de recursos básicos para comenzar con esta implantación. En tal forma que la enmienda quedaría: El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que dote recursos económicos, técnicos y humanos para que en lo que resta de la legislatura se coloquen los cimientos para que nuestro archipiélago sea un territorio plenamente accesible y sin barreras.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias.

Por parte del grupo proponente, el Grupo Mixto, señora Mendoza, si acepta o no las enmiendas.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Gracias, presidente.

Aceptamos la enmienda del Grupo Socialista y aceptamos la enmienda del Grupo de Podemos.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias.

Ahora sí, grupos no proponentes. Por parte del Grupo de Nueva Canarias, señor Campos.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ (Desde su escaño): Buenas tardes. Señor presidente, señorías.

Nueva Canarias va a apoyar la iniciativa. En todo lo que suponga apoyar a las instituciones locales siempre nos van a encontrar ahí. Alguien que viene de ese mundo es capaz de entender las dificultades con las que se encuentran en ocasiones los cabildos y, de manera muy especial, los ayuntamientos para poner en marcha decisiones que se toman en otros ámbitos, en ocasiones aquí en el Parlamento de Canarias y en otras incluso más lejos. Y por eso en muchas ocasiones he insistido en la necesidad de tener muy en cuenta aquello que legislamos, aquellas cuestiones que traemos al Parlamento porque en el noventa y nueve coma nueve de los casos son otros al final los que tienen que terminar aplicándola. Y otros cuyos recursos económicos y recursos humanos en ocasiones están bastante limitados. Lo digo porque es verdad que hay normativa en materia de accesibilidad que viene desde hace muchísimos años, pero es verdad que, en los últimos tiempos, y sobre todo a nivel estatal, se ha establecido en materia, que es la que obliga en estos instantes, justo en el peor momento de la crisis, justo en momentos donde el propio Gobierno, a nivel estatal, estableció tipos de medidas restrictivas en materia presupuestaria a las corporaciones locales y la prohibición, por ejemplo, de contratar personal también. Por tanto, a veces es incompatible legislar para conseguir determinados objetivos con fechas de caducidad o fechas de cumplimiento, y luego la normativa, que hace que se impida que una administración local pueda acompasar para poder tomar esas decisiones. Por tanto, estamos de acuerdo.

Sí hay un elemento en el que no estamos de acuerdo con el Grupo Mixto cuando presenta esta proposición no de ley, y es cuando hace referencia a, bueno, esa coletilla ya instaurada y que intelectualmente algunos acuñaron en un momento, pero que otros van haciendo suya, desgraciadamente, y es la de la maraña administrativa. Es decir, pretender también que en algunos aspectos la supuesta maraña administrativa haya imposibilitado que algunos planes generales se hayan puesto en marcha, pues, en ocasiones, a lo mejor lo que habrá que analizar y tener en cuenta es la incapacidad de algunos de poner esto en marcha o la falta de interés de ponerlo en marcha. Porque ha habido muchísimas administraciones que durante este mismo periodo han sido capaces de sacar adelante planes generales y, hombre, para determinadas cuestiones puede ser, pero para el 80 % de las actuaciones en materia de accesibilidad no es imprescindible tener un plan general adaptado; lo es tener voluntad, ganas de poner iniciativas, planes específicos. Otra cosa serán los recursos, los medios y en eso sí estamos totalmente de acuerdo, sobre todo cuando hablamos de las administraciones locales y por los argumentos que nosotros dábamos.

No obstante, hecho ese matiz, estamos totalmente de acuerdo: hay que echar una mano a aquellas administraciones en los ámbitos más cercanos, que al final es el entorno real en el que se mueve la mayoría de la población. Y en ese sentido el voto de Nueva Canarias va a ser favorable.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor Campos.

Ahora sí, el Grupo Popular, señor Moreno.

El señor MORENO BRAVO (Desde su escaño): Muchas gracias, señor presidente.

No me hubiese importado tener el turno de Podemos, porque el mensaje iba a ser parecido salvo algunas cuestiones o precisiones.

En este real decreto legislativo es un texto refundido, se abarcan varias normas; no se prevén penas de prisión. Yo iba a revisar el texto por si acaso en las sanciones previstas por incumplimiento de accesibilidad a alguien se le había ocurrido poner penas de prisión. Eso no quiere decir que en los delitos de odio pudiese abarcarse o, si tuviesen algo que ver en relación con las personas con discapacidad, se aplicasen esos artículos del Código Penal. Pero claro está que las sanciones son sanciones pecuniarias, por lo que yo he repasado.

El texto es refundido, esto significa que lo que hace el real decreto legislativo es abarcar las dispersiones de normas que existían para intentar dar un cuerpo normativo único y poder abordar ya la finalización de todos los problemas que existen de accesibilidad, sobre todo y fundamentalmente en los espacios y lugares públicos, en los que creo que todos estamos de acuerdo. Y, según he visto, se ha ido venciendo fecha tras fecha, ya estábamos 2012, 2014, ahora llega 2017 y parece que hay que dar una solución sobre todo en los espacios públicos, que es donde, encima, deberían dar ejemplo las distintas administraciones públicas.

Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo repaso el informe del Diputado del Común, que mañana tiene el honor de presentárnoslo don Jerónimo Saavedra en la Comisión de Gobernación, Justicia e Igualdad, y observo que él el año pasado remitió una recomendación para que se dotase específicamente con una partida concreta económica la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, se le remitió una recomendación con el fin de que se hiciese esa dotación económica en los presupuestos generales para aplicar en el año 2016. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, regentada por el Partido Socialista Obrero Español, dice pues sí, está muy bien. Y le dice que lo va a hacer. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no hay esa dotación presupuestaria en los presupuestos de la comunidad autónoma.

Entonces, este es el interés que nos estamos tomando desde las administraciones públicas y también deberíamos cesar en esa situación, ponernos de acuerdo y dar realmente cumplimiento a lo que establecen el real decreto legislativo y toda la normativa al respecto. Fíjese que ese fondo, que no se ha dotado económicamente y que sí se nos prometía por parte de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, está creado por la Ley canaria 8/1995, de 6 de abril, de supresión de barreras físicas y de comunicación; es decir, que sigue sin dotarse desde hace más de doce años.

Por tanto, por favor, nosotros vamos a apoyar esto, pero que se lo tome en serio todo el mundo, no solo el Partido Popular, Coalición Canaria, el Grupo Mixto, Podemos, Nueva Canarias y, por supuesto, también el Partido Socialista. Que hay que dar ejemplo también cuando se gobierna, solo o en coalición.

Nada más. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor Moreno.

Por parte del Grupo Nacionalista Canario, señora González.

La señora GONZÁLEZ TAÑO (Desde su escaño): Gracias, presidente... (Sin micrófono).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Un momento, un momento, por favor. (Pausa).

Ahora sí.

La señora GONZÁLEZ TAÑO (Desde su escaño): ¿A ver? Ahora sí, vale.

Decía que la reunión más corta de mi vida política se produjo cuando, en campaña electoral, nos reunimos con la Plataforma Palmera de Atención a la Discapacidad, Indispal, a la que mando un saludo, para preguntarles si nuestras propuestas en materia de discapacidad les parecían bien. Duró menos de cinco minutos, porque después de los saludos nos dijeron "cumplan la ley".

Y de eso estamos hablando hoy aquí, de cumplir la ley. Todas las comparecencias que hemos tenido, tanto en la Comisión de Discapacidad como en este Pleno, al final casi siempre nos llevan al mismo punto: si cumpliéramos las leyes en materia de discapacidad el noventa por ciento de las cosas sobre las que debatimos aquí ya estarían solucionadas. Porque leyes y decretos hay, y muchos. ¿Qué pasa, entonces, para que todavía hoy se hagan edificios públicos nuevos, que se terminan y se pongan en uso sin cumplir la normativa de accesibilidad? Les pongo un ejemplo, en una administración en la que estuve antes de llegar aquí se hizo y se derribó tres veces, se hizo y se derribó tres veces, una rampa porque no cumplía ninguna de las tres veces, y en todas tenía un sello de que cumplía. Por tanto, ¿qué es lo que pasa para que en el día a día ocurran estas cosas?

En esa misma campaña tuvimos la oportunidad, a través de la asociación de discapacitados físicos, de recorrer una ciudad tan complicada como Santa Cruz de La Palma en silla de ruedas. Y no es solo que los edificios públicos no están adaptados: no están adaptadas las tiendas, no están adaptadas las plazas... Tenemos un trabajo ingente por delante, pero eso no nos tiene que llevar a lo que te lleva en ese momento, que es a una sensación de impotencia por todo el trabajo que hay por delante.

Nosotros, evidentemente, vamos a apoyar esta iniciativa, que nos parece muy positiva, y, coincidiendo con todo lo que se ha dicho con anterioridad, es un trabajo importante en el que tenemos que trabajar todas las administraciones, todos los colectivos, los sectores públicos y privados; y, simplemente, para que cuando, de entrada, se hace un edificio público nuevo, ya no hablemos de los edificios ya existentes, de las zonas de patrimonio histórico, en las que las soluciones son muy complejas. Pues todo eso es un enorme trabajo, pero, efectivamente, hay que cumplir la ley y, repito, yo creo que lo básico de esta iniciativa es recordarnos que debemos cumplir la ley y ayudar a poner fórmulas para hacerlo. Ojalá entre todos lo logremos y que le hagamos caso a todas las asociaciones, ahora sí, de Canarias en materia de discapacidad, que nos piden lo mismo: que cumplamos la ley y la hagamos cumplir.

Señorías, nosotros desde luego, vamos a plantear y hemos planteado una serie de iniciativas, vamos a ver si logramos que no solo por vía de la iniciativa, sino también por el apoyo de todas las administraciones y por supuesto del Gobierno de Canarias, se cumpla la ley adecuadamente y de una vez por todas...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Ha finalizado su tiempo, señora González.

Procedemos a llamar a la votación, tal y como ha acordado el grupo proponente aceptando las enmiendas tanto del Grupo Podemos como del Grupo Socialista. (La Presidencia hace sonar el timbre de llamada a la votación. Pausa).

Lanzamos votación. (Pausa).

50 presentes, 50 síes: aprobado por unanimidad.

(Aplausos).

(La señora vicepresidenta segunda, Tavío Ascanio, ocupa un escaño en la sala).

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