Diario de Sesiones 83/2017, de fecha 18/7/2017 - Punto 35

9L/C-1178 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE EL ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS SOCIALES DE CANARIAS.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Pasamos al siguiente punto en el orden del día.

Señorías, ruego silencio. Continuamos con el pleno.

Siguiente asunto en el orden del día: comparecencia de la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, sobre el estado de tramitación del anteproyecto de ley de servicios sociales de Canarias, del Grupo Parlamentario Popular.

En nombre de este grupo, tiene la palabra la señora Luzardo Romano, doña Josefa.

La señora LUZARDO ROMANO: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías. Señora consejera.

Mi grupo parlamentario solicitó esta comparecencia para conocer el estado de la tramitación, y que nos explique el incumplimiento de su compromiso y el del Gobierno de traer a esta Cámara el proyecto de ley de servicios sociales antes de verano. Mire, todas sus apariciones públicas -todas- hacen referencia a que el anteproyecto de ley de servicios sociales llegará al Parlamento en junio, antes del verano, y antes de verano. La última declaración que tengo en este sentido es del mes de mayo.

Mire, señora consejera, ni usted ni su Gobierno -ni los socios anteriores- han sabido estar a la altura, porque este sí es un asunto importante, la ley de servicios sociales. En los últimos siete años, han sido incapaces de actualizar la obsoleta ley de 1987 y dotarnos de una ley de tercera generación que nos permita tener unos niveles dignos de atención -que nos acerquen a la media nacional- y garantizar los derechos sociales más básicos a los ciudadanos. Parece que el Gobierno de Canarias no tiene ninguna prisa. Yo eso del golpito me lo apunto.

La elaboración de esta nueva ley de servicios sociales ha pasado por demasiadas vicisitudes: un total de 10 borradores hasta la fecha. Y es evidente que las políticas sociales no han sido una prioridad para Coalición Canaria ni para el Gobierno anterior, presidido por el señor Clavijo; porque, ya en el año 2013, el Gobierno de Canarias anunció una nueva ley, y estamos ahora mismo a mediados del 2017 y, todavía, la estamos esperando.

En el comienzo de esta legislatura, el presidente Clavijo anunció a bombo y platillo, en su discurso de investidura, la creación de un comisionado para luchar contra la desigualdad, la exclusión social y la pobreza, dotándole de todos los recursos humanos y necesarios, y una nueva ley de servicios sociales antes de que finalice el año -me refiero, o se refirió, al año 2015-. Estas fueron sus prioridades en materia social: por un lado, defendió la creación del comisionado para erradicar la pobreza; y, por otro lado, la aprobación de una nueva ley de servicios sociales. Pues bien, dos años después, tenemos un comisionado que sigue cobrando su sueldo, ni una sola medida, ningún plan de pobreza; y, además, tenemos la ley, de momento, durmiendo el sueño de los justos, mientras 735 000 canarios siguen en riesgo de pobreza.

Yo creo que a ustedes les da igual que seamos la segunda comunidad autónoma con la tasa de riesgo de pobreza más elevada de España, y que el 35 % de la población de las islas se encuentre al borde de la pobreza y la exclusión social. Estos datos también se dijeron antes. Les da igual que el 34,5 % de los hogares canarios tengan mucha dificultad para llegar a fin de mes; no les preocupa que el 56,4 % no puedan permitirse una semana de vacaciones fuera de casa y les da lo mismo que el 60,4 % de las familias canarias no puedan afrontar un gasto imprevisto.

A mí me gustaría también decirle, señoría, que a estas alturas no les importa la cantidad de personas dependientes o con discapacidad que desesperan en la lista de espera y que, además, nosotros consideramos que es injustificable; porque, además, la burocracia es demasiado lenta y se les niega en tiempo y forma, no se cumple con la ley. Porque, precisamente, esto va a la ley que ustedes no tienen ninguna prisa por sacar. Menos mal que el presidente Clavijo dijo que era su primer objetivo esta ley, que serviría mejor y de forma más eficiente para romper el círculo de la pobreza. Añadió que las ayudas sociales deberían servir, ante todo, para que sus destinatarios puedan levantarse y seguir caminando. Está claro que la gente no puede seguir caminando. A pesar de este compromiso inicial, la realidad es que a día de hoy no tenemos el proyecto.

A estas alturas, solo tenemos borradores. El último, entregado ya desde hace algún tiempo. Y usted debería conocer que, para que el Consejo Consultivo -que tiene un borrador de este anteproyecto de ley-, para hacer el dictamen, tiene que cumplir con el artículo 129.7, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que cuando una iniciativa normativa afecta a gastos o ingresos públicos -presentes o futuros- se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Esto, señora consejera, sí es un borrador, pues parece ser que no va a poder hacer, hasta después de verano, el informe consultivo, siempre y cuando usted le entregue la memoria económica.

Le quiero preguntar: ¿cuándo piensa completar el anteproyecto de ley y cuándo nos entregará a los grupos parlamentarios la memoria económica?

A la vuelta del verano, el Gobierno -que está en minoría, y yo creo que mañana lo veremos, que está en franca minoría- tendrá que someterse a esta Cámara también en los presupuestos 2018, y no es difícil predecir que, hombre, que esta ley nueva de servicios sociales no va a estar reflejada en los presupuestos del 2018. Yo creo que no va a estar ni siquiera aprobada hasta final de año; con lo cual... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Señora...

Usted es la primera y, por lo tanto, sí le daré un minuto.

La señora LUZARDO ROMANO: Gracias.

Total, como le decía, me preocupa el presupuesto 2019; la ley no está reflejada, porque no va a estar aprobada cuando se haga el presupuesto. Ya veremos si en el año 2020. Es decir, hemos estado dos legislaturas perdidas mientras Canarias sigue a la cola también en el ranking de las comunidades autónomas con unos servicios sociales irrelevantes, gracias a la indolencia del Gobierno para actualizar un marco normativo que garantice el derecho a los canarios para acceder a los servicios sociales.

El viernes pasado, vimos a los trabajadores sociales que comparecieron en la Comisión de Servicios Sociales y usted misma pudo escuchar lo que ellos manifestaron. Les preocupaba no contar con un diagnóstico antes de elaborar esta ley, no establecer de manera definida la estructura de los servicios sociales, no concretar las competencias entre los cabildos, ayuntamientos y la comunidad autónoma. No resuelve qué administración asume los servicios cuando una administración local o un ayuntamiento no pueda asumirlos. Y también manifestaron que no se garantizan el catálogo de servicio y la cartera de prestaciones porque no tienen concreción. Además, pusieron sobre la mesa -y yo creo que hay que asumirlo- recoger el catálogo estatal de referencia de los servicios sociales que ha sido aprobado desde el año 2013 por el Consejo... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo) ...siete alegaciones presentadas, cuántas han sido asumidas y cuándo nos va a entregar el texto definitivo, ya con las alegaciones completadas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Pasamos a la intervención del Gobierno. En su nombre, tiene la palabra la señora consejera doña Cristina Valido, consejera de Servicios Sociales y Vivienda.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): Gracias. Señores, señoras. Diputados, diputadas. Buenas tardes.

Bueno, empezaré entonando el mea culpa, porque no cabe otra si uno anuncia una fecha y no la puede cumplir. Es verdad que en repetidas ocasiones planteé que la idea, la hoja de ruta, era que a finales de junio pudiéramos tener ya el anteproyecto para que en julio estuviera en el Parlamento. Así lo hablé con muchas de sus señorías a lo largo de estos meses en los que, de este asunto, hemos trabajado y hemos hablado en varias ocasiones.

Bueno, yo, la verdad, no contaba -y puede que sea falta de experiencia- con que en el mes de junio, con la ley de crédito extraordinario, nos iba a ser tan difícil contar con los informes preceptivos de la Dirección General de Presupuestos y de los servicios jurídicos; y que, incluso nuestra propia gente, que tenía que responder a las ampliaciones de memoria que nos pedían desde la Dirección General de Presupuestos, iba a estar con todas las cosas a la vez. Y, bueno, como saben ustedes también, pues, no nos sobra el personal y a veces hay que priorizar. Estábamos con la ley de crédito extraordinario. Por tanto, hemos tenido que esperar para que el informe de la Dirección General de Presupuestos se emitiera a finales de junio, a principios de julio. Concretamente, lo recibimos el 7 de julio.

Ha entrado por vía de urgencia a los servicios jurídicos, y yo espero que no tarde en salir. Entró el día 10 y espero, en cuanto salga, poder llevarlo a Consejo de Gobierno, que es, como usted sabe, quien tiene que derivarlo al Consultivo.

Hemos estado hablando de borradores porque yo, durante todo el proceso, tanto del Consejo General de Servicios Sociales como en otros momentos, he entendido que debía ir mandando la información que se iba produciendo, porque había mucho interés por parte de sus señorías en ir trabajando este anteproyecto de ley. Podríamos haber esperado a culminar y, con servicios jurídicos y presupuestos informados, incluso con el informe del Consultivo, haberlo metido en el Parlamento y que les hubiera llegado a todos ustedes; pero entendí que era una buena forma de colaborar y de trabajar juntos adelantarles el borrador que fue al Consejo General y que fue aprobado en el Consejo General, con tres abstenciones -ni siquiera votos en contra-, tres abstenciones: dos del Colegio de Trabajo Social, cuyos argumentos conocimos, además, el otro día en la comisión; y una de Comisiones Obreras, simplemente, porque se estaba produciendo un cambio en la dirección y no querían comprometer a su organización, y no querían votar para que decidieran en el futuro lo que correspondiera respecto de la ley. El resto estuvo de acuerdo.

Yo escuché el otro día, efectivamente, al Colegio de Trabajadores Sociales; pero no los he escuchado solo a ellos: he escuchado a todos los colegios, he escuchado a confederaciones empresariales, he escuchado a sindicatos, he escuchado a entidades, he escuchado a muchísimas entidades, personas individuales del sector, interesadas en trasladarme sus preocupaciones respecto de la ley.

Está claro que es una ley más que necesaria, que es una ley que ha estado muy participada desde el principio, que tanto Fecai como Fecam dieron el visto bueno una vez se recogieron sus propuestas, sus alegaciones. Y así lo han hecho multitud de colegios profesionales.

Y es una ley que viene a -de alguna manera- ordenar un sector que está desordenado, que no tiene un paraguas jurídico que responda, ni siquiera, de la relación contractual entre una administración pública y una entidad -llámese ONG o empresa privada-, que somete en este momento a una ONG o a una fundación al mismo concurso que a cualquier empresa privada. Necesitamos herramientas jurídicas que nos permitan trabajar, que nos den sostén, den argumento a ayuntamientos, a cabildos, a Gobierno autónomo, a la hora de poner en marcha servicios o de mantener en marcha servicios. Con estabilidad, para poder hablar de contratos plurianuales en un sector que está sometido a subvenciones específicas y graciables, año tras año, durante muchísimo tiempo. Por eso, esta ley es urgente. Insisto: pongo en valor el gran nivel de participación que ha tenido.

Respecto de las alegaciones, le aseguro que se admitieron muy pocas, y aquellas que mejoraban el texto, que eran cuestiones de carácter técnico, y que entendimos que no generaban una nueva controversia. Porque creemos que falta el momento más importante, que es el debate en este Parlamento, donde todos los grupos -incluido el grupo al que yo pertenezco- presentarán enmiendas para mejorar el documento. Pero son -desde luego- ocasiones, alegaciones, enmiendas y propuestas que deben ser vistas aquí, pactadas aquí. Porque estoy convencida de que muchas de ellas van a estar acordadas. Acordadas, porque el final de todos es el mismo.

Yo he hablado hasta en tres ocasiones con cada uno de los portavoces de los grupos, cada vez que les he entregado un borrador; me he puesto a su disposición para mantener las reuniones que quisieran, con las cuestiones que no vieran, no estuvieran de acuerdo, les preocuparan. Y, desde luego, lo que yo he observado en cada una de estas rondas de conversación es que todos tenemos claro lo importante que es sacar esta ley adelante, lo necesario que es, y que estamos de acuerdo en lo fundamental, en lo importante. Y después hay cosas que podremos limar, que podremos negociar, que podremos modificar cuando llegue el debate parlamentario. Pero, en este momento, yo creo que tenemos un buen documento. No hay una ley perfecta en todo el Estado. Hay unas mejores que otras. Yo estoy convencida de que de este Parlamento saldrá una ley buena, una ley que todavía, insisto, puede recibir la incorporación de enmiendas de gran interés y de gran valor.

Mire, si los servicios jurídicos nos dan el informe próximamente, ya el Consejo de Gobierno derivará al Consultivo, y yo espero que en el mes de septiembre ya la ley esté en el Parlamento. Con el mes de agosto por medio, asumo el mes de retraso respecto de la fecha en la que me hubiera gustado que viniera. Yo sabía que no nos iba a dar tiempo de debatirla en julio, pero sí era mi interés que entrara en julio para que, además, sus señorías -si a alguno le apetecía-, en época estival, en agosto, se la llevara debajo del brazo y la fuera preparando para el debate que nos vendrá luego.

Pero también tenemos la posibilidad de que, una vez vaya al Consejo de Gobierno, con la misma que la mandamos al Consultivo con todos los informes preceptivos de presupuestos, de los servicios jurídicos y con la memoria económica, facilitarla ya a los grupos para que, si quieren, puedan ir avanzando en su estudio.

Insisto: asumo el retraso, pero yo creo que lo importante es que, entre todos, ayudemos a sacar adelante la ley que el sector social y que los servicios sociales de Canarias necesitan. Y, además, la necesitan con urgencia.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Pasamos a la intervención de los grupos no solicitantes de esta comparecencia. En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera.

Desde nuestro grupo, consideramos sumamente importante esta futura ley de servicios sociales, que, previsiblemente, según lo que usted ha contado, entrará en esta Cámara antes de final de año para que podamos contribuir todos los grupos parlamentarios en la redacción de la ley.

No cabe duda de que la vigente -que data del año 1987- ha sido una normativa de gran trascendencia en materia de asistencia social y servicios sociales para nuestro archipiélago, pues ha garantizado, universalmente, durante treinta años, el derecho de todo ciudadano canario a poder acceder al sistema de servicios sociales. Pero, en treinta años, han cambiado mucho la realidad social y las necesidades de nuestra población, por lo que tocaba renovarse.

Consideramos que este anteproyecto llega en un momento crucial, pues tendrá que abordar el gran reto de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, teniendo en cuenta que Canarias tiene actualmente 326 487 personas mayores de 65 años y que, previsiblemente, en el año 2032, más de quinientas mil personas superarán esa edad. Por lo tanto, no solo seremos más población, sino que también seremos mucho más envejecidos.

Creemos que esta futura norma, junto con la Ley 39/2006, la 26/2015 y la estrategia Compromisos mayores y el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias para la atención de la dependencia, entre otros, abrirán el camino que permitirá nuevos recursos públicos para aumentar las necesarias actuaciones ante el inminente envejecimiento poblacional.

No hay duda de que nos encontramos ante una de las leyes más importantes para asegurar el sistema de bienestar, si bien la anterior consejera, como usted misma... Nos han trasladado que el texto normativo se ha trabajado con el objetivo de elaborar una norma de lo más inclusiva, integradora, actual y garantista de los derechos sociales de los ciudadanos, y de manera consensuada entre todas las instituciones y agentes sociales.

Confiamos en que la misma responda de manera real y efectiva a los retos presentes y futuros que se nos presentan, y sepamos estar a la altura de las circunstancias y de la demanda de la sociedad actual.

En esta difícil tarea, que es la de mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, todas las instituciones -especialmente, las más cercanas al ciudadano, como son los cabildos y ayuntamientos, que hacen una encomiable labor social- debemos estar preparados para poder afrontar, con total garantía, eficacia y eficiencia, el nuevo modelo de atención a los servicios sociales que se nos demanda y que se nos demandará. Para eso, no solo necesitamos el marco jurídico, sino también los fondos necesarios. Y, para ello, esperamos que una vez que se establezcan las funciones y cometidos de cada administración, desde el Ejecutivo canario se responda a estos, haciendo honor al principio de suficiencia financiera.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, tiene la palabra don Luis Alberto Campos Jiménez.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ (Desde su escaño): Muchas gracias, señora presidenta.

Señora consejera, sinceramente, bueno, yo respeto -por supuesto- la autonomía de todos los grupos a presentar las iniciativas, pero entiendo que esto casi podía haberse resuelto con una pregunta. Porque justo ahora, cuando estamos viendo ya -por fin- la luz al final del túnel, pues, conocer la tramitación del anteproyecto de ley, pues, entiendo que podía haberse resuelto. Aunque luego, vista la intervención de la diputada del Partido Popular, hemos visto que hay distintas variables, y coincido con ella en algunas de las que ha planteado; entre otras, en que difícilmente en este próximo presupuesto del año 2018 -difícilmente no, absolutamente imposible, lo anunciamos ya-, pues, van a poder tener reflejo muchos de los parámetros que puedan desarrollarse en esta ley.

Esta ha sido una ley -o va a ser una ley- mil veces anunciada y nunca acabada, desgraciadamente; una ley cien veces negociada y nunca presentada. Y lo digo porque, como usted sabe, no se remonta a la llegada de usted; se remonta a etapas anteriores, e incluso a la legislatura anterior. Ya en aquella etapa la anunciaba el señor Rivero en numerosas ocasiones, y era un compromiso de la anterior consejera para que viera la luz. No fue así, nos pareció extraño.

Finalmente, llega este nuevo Gobierno y el presidente del Gobierno, en el debate de investidura, se atreve a plantear algo que era absolutamente imposible, pero fue capaz de decirlo, y es que esta ley estaría en diciembre de 2015; es decir, seis meses más tarde de tomar posesión este Gobierno. Era inviable y, efectivamente, fue inviable.

Pero sigue pasando el tiempo y finalmente llega usted. Y, por tanto, hemos visto que esta va a ser una ley con tres consejeras distintas, y espero que sea así, porque podríamos correr el riesgo -según algunos- de que pudiera haber una cuarta consejera. Y, con sinceridad, no me gustaría que así fuera. No me gustaría que así fuera, porque quiero que salga la ley ya, de una vez; y, entre otras cuestiones, porque si hay algún cambio en otras, dentro de otras áreas, desde mi punto de vista, no debiera ser ahí.

Pero entiendo que estamos en un momento absolutamente en el que urge, de una vez por todas, que esto salga adelante. Fíjese en que nosotros hemos defendido y defendemos que haya debate. Precisamente, lo que le ha faltado a otra ley absolutamente trascendental, también: la Ley del Suelo. No hubo diagnóstico, pero tampoco hubo debate previo. En esta, al menos, ha existido ese debate; debate necesario para que, al final, el texto que llegue a esta Cámara sea lo más consensuado posible por todos los sectores. Y es verdad que será imposible contentar absolutamente en todo, pero es una oportunidad importante para que esta sea una ley de esas que se llaman de última generación, de las que incorporan muchas cuestiones desarrolladas por la experiencia en otros territorios. Y espero que sea de última generación -y perdónenme el chascarrillo- y no para la generación siguiente; porque, por el paso que íbamos, realmente iba en ese sentido.

Lo que sí le garantizo es que Nueva Canarias va a estar al lado no del Gobierno, sino de todos los sectores sociales que han trabajado, de los colegios de trabajadores sociales, de todos los colectivos y también del resto de grupos, para que esta ley sea una realidad y sea la mejor ley posible.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra su señoría la señora diputada doña María del Río Sánchez.

La señora DEL RÍO SÁNCHEZ: Buenas tardes a todas y a todos. Señora presidenta.

Y, antes que nada, quiero agradecer la presencia de la presidenta y de la vicepresidenta del Colegio de Trabajo Social de Tenerife. La queremos agradecer especialmente porque para nosotras es muy importante lo que opinan, y por una razón: porque es que nosotras sí estamos muy de acuerdo con todos sus planteamientos; y, de hecho, hay un decálogo que es el que queremos aprovechar, en esta ocasión, para hacerlo nuestro también, porque forma parte también de nuestras reivindicaciones en la medida en que es bastante coincidente.

Y como sé que es verdad que tendremos que hablar dentro de poco, a partir de septiembre, y muchas veces sobre esta ley, pero igual no lo hacemos siempre en esta Cámara, para que todo el mundo, un poco -la gente que está presente-, pueda saber también a qué nos referimos, a qué principios aludimos cuando... Y que querríamos que estuviesen presentes, y por las que vamos a trabajar.

Uno. La universalidad del sistema, garantizando el derecho a los servicios sociales de toda la ciudadanía de Canarias, sin ningún tipo de discriminación.

Dos. Los servicios sociales como derechos subjetivos, y no sujetos a disponibilidad presupuestaria. Toda persona, independientemente de su situación o condición, tendrá derecho a los recursos y prestaciones que se establezcan en la misma. La financiación del sistema debe estar recogida en los presupuestos autonómicos como única forma de garantizar, de verdad, los derechos de los ciudadanos.

Voy muy rápido porque hay poco tiempo.

Tres. Responsabilidad pública y gestión directa de los servicios sociales, deteniendo la tendencia a la privatización de los servicios, regulando de forma expresa los servicios que no pueden ser delegados ni concertados de ninguna manera.

Cuatro. La ley ha de partir de una investigación y un diagnóstico previo y riguroso de la realidad social de Canarias que, hasta ahora, no se ha hecho, a nuestro juicio.

Cinco. Sistema que garantice la descentralización y la proximidad en la prestación de los servicios; especialmente, las entidades locales, ayuntamientos, deben tener un destacado protagonismo. Especialmente, sus estructuras básicas, comunitarias, o atención primaria.

Sexto. Profesionales de referencia y calidad de empleo público, manteniendo las unidades de trabajo social. Todas las personas contarán o deberían contar con una profesional de referencia, trabajador o trabajadora social en atención primaria, procurando, al menos, una por cada 13 000 habitantes, contando también con sus equipos multidisciplinares con garantía de apoyo.

Siete. Integración de las distintas normas y leyes de la comunidad autónoma en materia de servicios sociales -esto es importante-, integrando en ellas todo lo relacionado con la Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Ocho. Una cartera de servicios de atención básica y especializada, con adecuada financiación, que especifique el contenido de la prestación garantizada.

Y, nueve. Nos parecen muy importantes las rentas de inserción, que tienen que aclarar cuáles son las ayudas destinadas a colectivos en situación de especial vulnerabilidad y emergencia; y la instalación de la renta básica universal a las iguales, garantizando, mientras tanto, las rentas de inserción suficientes e incondicionales a las personas que lo necesitan durante el tiempo que lo requieran.

No me da tiempo a más, pero seguiremos trabajando en estas reivindicaciones.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora diputada doña Teresa Cruz Oval.

La señora CRUZ OVAL (Desde su escaño): Gracias, señora presidenta. Señora consejera.

Yo quiero empezar por una afirmación de usted en una de sus primeras comparecencias. Usted hacía referencia a una cuestión que yo le decía del diagnóstico a lo siguiente. Como me cuestiona cuando este no es un anteproyecto mío, es un anteproyecto del Partido Socialista, con esto le quiero plantear lo siguiente: el Partido Socialista se siente muy orgulloso del legado que ha hecho en servicios sociales. La primera Ley de Servicios Sociales que se aprobó en abril del año 1987 fue aprobada por un Gobierno socialista. Han pasado treinta años, y ha sido fruto del esfuerzo y del ímpetu que puso la anterior consejera de poner de acuerdo a colegios profesionales, entidades sociales, ayuntamientos, cabildos, en algo que se estaba intentando desde el año 2009. Hasta el 2014, intentó la consejera Inés Rojas llegar a un acuerdo; un acuerdo que, efectivamente, era para no llegar a un acuerdo, porque era una imposición.

En relación con las enmiendas que han presentado las distintas entidades, nos vamos a seguir manteniendo desde el Grupo Parlamentario Socialista en la misma línea. Desde el Partido Socialista, vamos a estudiar detenidamente cada una de las enmiendas. Porque creo que cada una de esas enmiendas que han presentado los colectivos, sin duda, muchas de ellas van a mejorar este anteproyecto de ley. Eso, unido con las enmiendas que van a presentar los distintos grupos políticos, vamos a hacer posible que Canarias cuente con esa ley de tercera generación que necesita esta comunidad autónoma.

Y es una ley de tercera generación no por que la ley del año 1987 sea una ley antigua, una ley asistencial; sigo diciendo lo mismo que el viernes: la ley del año 1987 fue una ley muy avanzada, una ley que fue capaz de reorganizar o de organizar un sistema efímero, muy pequeñito, que había en esta comunidad autónoma. Fue capaz de dotar a los 87 ayuntamientos, en ese momento, de servicios sociales básicos. Y es verdad que, en el camino, hemos hecho una apuesta decidida por servicios especializados frente a los comunitarios. Eso marca una tendencia, y es intervenir, asistir, frente a prevenir y hacer una promoción social. Pero, sin duda, el nuevo escenario social y los nuevos derechos que han surgido, reconocidos -por ejemplo, con la ley de dependencia-, requieren una nueva ley, y el Partido Socialista contribuirá de manera decidida a tener la mejor ley.

Nada más.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Nacionalista Canario, tiene la palabra su señoría, la señora diputada doña Elena Luis.

La señora LUIS DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta, señorías.

Señora consejera, el viernes pasado ya tuvimos la oportunidad de debatir en comisión sobre el anteproyecto de ley de servicios sociales, con motivo de la comparecencia de los representantes del Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas, que lo hacían también en representación del de Tenerife. Y, efectivamente, usted tuvo la oportunidad de escucharlos y escuchar también a los distintos grupos.

Un debate que puso de manifiesto que este es un anteproyecto de ley al que aún le queda muchísimo recorrido. Los propios colegios profesionales siguen realizando aportaciones que podrían incorporar modificaciones sustanciales al documento; distintas asociaciones y organizaciones, entidades, también, dentro del llamado tercer sector, también siguen realizando aportaciones significativas; y no cabe duda de que tanto la Fecam como la Fecai van a seguir participando activamente hasta el final del proceso. Y, por supuesto, los distintos grupos de esta Cámara aportarán su visión sobre el modelo de servicios sociales que consideran que necesita Canarias.

Pero todo esto va a poder materializarse en el trámite parlamentario. Por la información que nosotros tenemos, el anteproyecto de ley -que es la versión 10, porque tenemos confusión, que es la que fue aprobada por el Consejo General de Servicios Sociales-, ya ha sido sometido a información pública, a trámite de audiencia, a las aportaciones de las distintas consejerías y, también, de la Fecam y la Fecai. Y se ha pasado toda la fase de instrucción de procedimiento de los distintos informes vinculantes; y solo está pendiente -usted nos lo confirmará, si es así- el informe de la Viceconsejería de Servicios Jurídicos, para ser remitido al Consultivo y este, posteriormente, debe emitir dictamen. Y, posteriormente, es cuando entonces entra en trámite parlamentario.

Nosotros tenemos que decir, desde el Grupo Nacionalista Canario, por lo que hemos escuchado a los portavoces, que a nosotros... Esta ley es fundamental para Canarias, ordena el modelo de servicios sociales y sociosanitarios en Canarias. Y nosotros consideramos que es mucho más importante el contenido que seamos capaces de aprobar y consensuar entre todos que el tiempo que tardemos en hacerlo. Para nosotros es mucho más importante.

Hay cuestiones que, desde nuestro grupo, son fundamentales. No da tiempo de decirlas, pero lo que sí tenemos claro, lo que sí tenemos claro -y, además, nos lo hacían constar también los profesionales de servicios sociales- es que esta ley o este proyecto de ley lo que tiene que definir es claramente cuál es el modelo de servicios sociales públicos que queremos para nuestra comunidad autónoma; y eso significa qué servicios se van a prestar, cómo se van a prestar, quién los va a prestar y cómo se van a financiar: eso es lo más importante, independientemente de que hay muchísimas cuestiones que hay que incorporar y de las que tenemos que debatir ampliamente.

El catálogo. Señora consejera, para nosotros es muy importante que ese catálogo salga prácticamente al mismo tiempo que la ley, para que la ley pueda ser efectiva y, sobre todo, que sea un catálogo de consenso.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Pasamos a la intervención, a la segunda intervención del grupo proponente de esta comparecencia. Tiene la palabra la señora Luzardo Romano, doña Josefa.

La señora LUZARDO ROMANO: Gracias, señora presidenta. Señora consejera, señorías.

En primer lugar, yo coincido en que esta es una ley vital para Canarias, pero ustedes también me entenderán que la primera vez que el Gobierno de Canarias da el visto bueno fue el 24 de octubre del año pasado. Si encima me dice que solamente se han presentado, sabemos que se presentaron 207 alegaciones, ya me está reconociendo. Y yo le he preguntado cuántas se han aprobado; con lo cual, si se han aprobado pocas, deduzco que el texto no está. Prácticamente, no se ha modificado. Y digo esto porque, claro, cuando ustedes quieren, digo, Coalición Canaria, hacer una ley rápida, encargaron a un grupo de expertos una ley del suelo y aquí se tramitó en seis meses. Y yo creo, con la experiencia que tengo de haber formado parte de la tramitación de la ley de perros de asistencia, que nos podemos pegar no sé si dos años. Porque, bueno, con la de perros de asistencia, que era una ley chiquitita, sencilla, estuvimos muchísimos meses, y eso sí me preocupa. Porque, de verdad, yo creo que las cosas hay que hacerlas bien; pero, hombre, tampoco, como decía el señor Román, "al golpito". Yo creo que las cosas se pueden hacer de manera mucho más intensa.

Usted, efectivamente, el día 11 de mayo fue cuando le dio el visto bueno -porque no puede aprobarlo- el consejo sectorial, le habrá dado el visto bueno, le dio el visto bueno. Efectivamente, el colegio de trabajadores se abstuvo, y también Comisiones Obreras.

Pero a mí me preocupa no solo el tiempo, sino me preocupa el contenido, porque ya lo acaba de decir la portavoz, la señora Luis. Yo creo que esta ley está muy verde, y lo que no entiendo es cómo después de dos años está tan verde. Porque ahora resulta, bueno, más los dos de la señora Rojas, ¿no?, es que estamos hablando del año 2013. Ahora resulta que nos tenemos que replantear, primero porque yo le digo una cosa: el reglamento que desarrolla la ley, si va a pasar lo mismo que con la PCI, transcurren dos años, y la PCI es una ley mucho más sencilla; con lo cual, yo no tengo garantía de que lo que no esté reflejado en la ley, en doce meses, se desarrolle de manera reglamentaria.

Porque la única aportación que yo creo que usted ha hecho -y que además estoy de acuerdo; pero, además, incluso, recuerdo que me llamó directamente- fue quitar la tarjeta social. Yo creo que eso de estigmatizar con una tarjeta no era buena idea, aparte también del coste que tiene, porque cuando hay problemas con la tarjeta de la Seguridad Social, pues, hay veces que tardan años en reponer y en hacer el concurso para tener la tarjeta. Yo creo que lo del DNI es una de las aportaciones que usted ha hecho y que a mí me parece que está muy bien.

Pero yo le voy a poner otro ejemplo: la ley de Andalucía, que es la última que se ha aprobado, es que se presentaron 2119 alegaciones. Claro, a uno le sorprende. Además, creo que fue un ejemplo, también, porque estuvo aprobada por el Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos y el Partido Popular. Solo se opuso Izquierda Unida. Pero, claro, es que se presentaron muchísimas alegaciones. Yo creo que 207 alegaciones no son muchas alegaciones en Canarias. Y no sé hasta qué punto se implicaron todas las instituciones, no solo lo que son las ONG o las organizaciones del tercer sector, o los trabajadores, o los profesionales; sino que a mí me parece que es una ley a la que todavía le queda mucho recorrido.

Nosotros coincidíamos el otro día, y yo invité, en nombre de mi grupo parlamentario, al colegio de los trabajadores sociales; porque, hombre, vamos a ver. La ley ahora lo ha dejado todo en que puede ser un profesional de referencia del ámbito social. Eso es muy amplio. Y, cuando tuvimos una reunión con ellos, coinciden en algunos aspectos con lo que nosotros estábamos estudiando. Claro, la ley tiene que ser clarita.

Yo creo que una ley tiene que tener desarrollados, primero, la cartera de prestaciones, con la ficha y la cantidad de dinero que hay disponible para eso, y el catálogo de servicios. Porque si no, al final, va a haber un lío. Además, si es un derecho, la gente va a ir a demandar a la comunidad autónoma, y en esto va a pasar como con los dependientes fallecidos que tienen el derecho, y que después son sus familiares los que vienen y los que interponen los recursos correspondientes. Porque estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de derechos. Y yo creo, señora consejera, que aquí nos queda todavía mucho por recorrer.

Yo he estado mirando, porque, además, creo que es también nuestra obligación. A mí me gustaría preguntarle. Hoy es el último pleno. Yo no sé si la voy a ver a usted la semana que viene o en estos días. A mí me gustaría llevarme a mi casa estos días la ley ya completa; por lo menos, con la ficha financiera que usted ha hecho. No tendré el informe del servicio jurídico, ni tendré el dictamen del Consejo Consultivo, pero sí me gustaría ver las partidas y me gustaría ver cómo va a estar, también, para verlo para el próximo año, porque es verdad -ya lo dije antes- que el problema de esta ley es que no va a tener ficha financiera del nuevo proyecto hasta el 2019 o el 2020. Con lo cual, eso de largo me lo fiáis.

Luego hay otros aspectos que también me preocupan. No sé cómo ha quedado la atención temprana. En otras leyes de servicios sociales, está recogida de manera expresa. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, también, en incluirla. Sé que se ha incluido el tema de violencia de género, ha habido algunas cuestiones. El tema de menores, supongo que los menores no acompañados, los MENA; yo no los he visto, pero me imagino que también tendrá que poner a los MENA, porque también es una competencia de la comunidad autónoma.

Y lo que pretendemos, señoría, es que esta ley salga con el mayor consenso posible. Yo, desde luego, le aseguro que me voy a... no sé si decir el término "fajar" junto con el resto de ponentes que estemos trabajando. Porque, además, creo que es apasionante tener esta oportunidad; y no me gustaría, después, cuando empiece la ley a andar, ver que tiene muchas deficiencias porque no se trabajó en la parte previa, que es precisamente en esta casa, en el Parlamento de Canarias.

Señora consejera, yo creo que, además, usted debe tener claro que tiene que estar redactado de otra forma. He visto una adaptación de una lectura fácil que, por ejemplo, tiene la ley de Castilla y León, que es la ley y luego la hacen para que los ciudadanos puedan conocer de manera más fácil, con una lectura mucho más fácil y más comprensible la ley. Yo creo que eso sería un trabajo que también habría que hacer. Porque, claro, esto, cuando uno lo ve, es como muy gris, y tienes que coger rotulador para subrayarlo, ¿no? Pero los ciudadanos necesitan una ley que sea eficaz, eficiente, que sea más ágil, flexible, más accesible y, sobre todo, más cercana.

Y, además, que tenga en cuenta también los avances y la aportación de las nuevas tecnologías. Yo sueño con que usted ponga en marcha una aplicación para la dependencia, no que me dé las estadísticas todos los meses, no: yo lo que quiero es entrar y, con el número del carné de identidad, saber cuál es el expediente, en qué situación se encuentra una persona. Yo creo que en eso sí hay que trabajar todavía mucho.

Y, además, quería decirle que nos preocupa de manera soberana el tema de la financiación. Yo creo que no podemos hacer una ley que luego esté coja y que no ponga los servicios sociales, pues, eso, en hora -que creo que fue una frase que utilizó su antecesora, que estamos poniendo en hora los servicios sociales-. Nos gustaría ver que eso, efectivamente, va a ser así.

Y la ley, además, yo creo que el profesional de referencia lo tiene que resolver, lo tiene que resolver, porque aquí la indefinición lo que hace es que afecta, y eso también está suponiendo que ya muchos colegios profesionales nos están llamando para reunirse con nosotros. Porque, claro, como las alegaciones no fueron admitidas, ahora tenemos que volver a hacer el mismo trabajo. Volvemos a reunirnos con todos, nos darán sus enmiendas, y ellos confían en que cada uno de nosotros, a través de los grupos parlamentarios, podamos presentar las correspondientes enmiendas. La verdad es que ahora la situación está bastante más abierta, porque si estamos de acuerdo todos los grupos de la oposición, pues, evidentemente, las enmiendas podrán prosperar.

A nosotros nos preocupa mucho el 35 % de tasa de pobreza. Nos preocupa mucho el plan de infancia, que no está. Ya le dije el otro día que había leído el viernes pasado la ley de Andalucía, que además pone expresamente un plan de infancia.

Y quería también hacerle una pregunta, que esto la anterior consejera lo decía: 13 000 perceptores de la PCI yo creo que no cubren todas las personas que cumplirían con la ley que está en vigor, y más ahora que la ha ampliado. Sé que, además, todos los años tiene que venir una ampliación de la partida presupuestaria, a través del crédito extraordinario, para dar respuesta a la PCI. Me gustaría que me contestara si en estos momentos no hay ni una sola familia que tenga menores y que no perciba la PCI, porque creo que esta es una situación dramática y que deberíamos resolverla, porque, claro, si hacemos leyes a las que luego se pueden acoger en torno a cincuenta mil personas, pero luego, después, solamente llega a un tercio de esas personas que lo solicitan... Porque muchas veces es desconocimiento, ¿eh?, aunque yo creo que los ayuntamientos, en este sentido, sí hacen un buen trabajo.

Y quería, sobre todo, terminar diciendo que nosotros vamos a intentar, pues, con todos los grupos, no sé de qué manera podemos fijar un método de trabajo, pero lo que no nos gustaría es que llegáramos a final de año y esta ley no estuviese aprobada. Con lo cual, yo creo que ahí tendremos que trabajar mucho y poner sobre la mesa, pues, yo creo que el buen hacer y la experiencia que tenemos cada uno de nosotros desde el punto de vista de nuestra aportación en este proyecto.

Quería terminar, porque ya, solo con un proyecto que se llama lo de la ayuda vinculada, o el proyecto En mi casa. Estos son unos proyectos que se están llevando a cabo con las personas mayores que creo que sería también interesante contemplar.

Y, sobre todo, termino diciéndole que ojalá no tenga que volver a hacerle una pregunta o una comparecencia, porque, en el mes de septiembre -he tomado nota-, llegará la ley al Parlamento. Y lo que sí le pediría es que en estos días nos haga llegar a los grupos parlamentarios, aunque sea a través del correo electrónico, la ficha financiera que usted ha aportado a la ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Gobierno, para concluir esta comparecencia, tiene la palabra la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, doña Cristina Valido García.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): Gracias, presidenta.

Bien. Mis primeras palabras para agradecer el tono de todas las intervinientes y el interviniente respecto de este importante anteproyecto, esta importante ley, porque, después de escucharles, pues, todo me hace presagiar que podemos hacer un bonito, histórico trabajo en materia social.

Como ya se ha dicho aquí, no vamos a valorar la ley de 1987, si mejor, si peor. Es una ley que fue muy buena en cuanto le tocó ser, pero que a fecha de hoy no responde al proceso, al crecimiento de los servicios sociales de la actualidad.

En eso estamos todos de acuerdo, y también estamos todos de acuerdo en que necesitamos de una nueva ley que responda, una ley moderna, una ley inclusiva, una ley que refleje la realidad de las sociedades canarias. Por tanto, creo que estamos ante un reto del que probablemente podamos -si somos capaces- sentirnos orgullosas y orgullosos en algún tiempo. Haber hecho la ley que esos ciudadanos y ciudadanas que tanto preocupan a esta Cámara, los que peor lo están pasando, tanto necesitan. Probablemente sea uno de los trabajos y de las labores más importantes y más claves, y de mayor responsabilidad, que tenga que enfrentar este Parlamento.

Doña Teresa, cuando yo hablaba de que esta ley no era... Yo recuerdo haber dicho en esta tribuna -y lo voy a repetir- que esta ley es una ley de todos: de los antes y de los de ahora. Porque es una ley que ha contado con muchísima participación, en la que participamos también ayuntamientos y cabildos.

Probablemente por eso, doña Josefa, haya 207 alegaciones y no haya más, porque el proceso de participación, tan extenso e intenso, del año pasado, hizo que muchísimas de las propuestas se recogieran antes de la exposición pública. Digo yo que puede ser uno de los motivos por los que solo se presentaran 207 alegaciones, de las cuales el sesenta, el setenta por ciento eran idénticas.

Dicho eso, solo me refería a que cuando me plantean que este es un anteproyecto de ley que nace sin diagnóstico, digo que no me pueden hacer a mí responsable de eso. Yo sí soy responsable de haber participado como cabildo, en su momento, en la elaboración de un documento que hoy, por suerte, ya está recibiendo los informes preceptivos para ser elevado al Consultivo y -si Dios quiere-, en septiembre, discutido. Si los plazos se cumplen, yo, antes del verano, si podemos llevar al Consejo de Gobierno para elevar al Consultivo el documento, con su ficha financiera, con el informe ya de presupuestos -que, como le he dicho, lo recibimos el 7 de julio-, y el de los servicios jurídicos -que es el que nos falta para ir a Consejo de Gobierno-, haré todo lo posible para que a todos los portavoces, a los que he entregado documentación siempre que ha habido nueva documentación, con los que he hablado en multitud de ocasiones, a quienes he dicho "estoy a su disposición, llámenme y nos reunimos", les daré, antes del verano, si puedo, el documento. Para que ya puedan ir trabajando en él.

Sin duda alguna, algunos de los retos que tenemos por delante son la elaboración de un catálogo de servicios que responda a una fotografía real de qué es lo que se hace, cómo se hace, quién lo hace, quién lo financia, de quién es competencia. Ese catálogo es el eje central de la ley, pero he defendido -y lo seguiré defendiendo, a menos que en el debate parlamentario me convenzan de lo contrario- que ese catálogo tiene que ir en reglamentación posterior. Porque el marco jurídico de la ley ha de ser un marco jurídico que no nos obliga a estarlo retocando cada vez que aparece una nueva modalidad de servicios, cada vez que hay una revisión de precios, cada vez que se produce una modificación de las transferencias o de las competencias. Los que llevamos unos años en los asuntos sociales sabemos perfectamente que este es un sector que cambia, que aparecen nuevas tipologías de servicios, que aparecen nuevas categorías profesionales, que aparecen nuevos sectores, nuevos colectivos pidiendo nuevos servicios; y no podemos modificar la ley cada vez que eso se produzca.

Por eso yo creo que esa decisión de partida, además, que es previa, previa a que el anteproyecto fuera a exposición pública, que planteaba que el catálogo se desarrollara con un año de tiempo después de que se aprobara la ley, creo que es lo razonable. Podemos adelantar el trabajo del catálogo. De hecho, estamos trabajando en la metodología para que, en el mes de septiembre, independientemente de que estemos empezando el proceso de debate de la ley, ya los grupos de trabajo se puedan empezar a sentar a diseñar ese catálogo, esas fichas, servicio por servicio. Un trabajo que también tendrá que ser muy participado, y que pretendemos que sea rápido. Porque comparto con ustedes el que necesitamos ese catálogo, que es el que va a ordenar el panorama. Pero no podemos esperar a que el catálogo esté para aprobar la ley. Esa es, desde luego, mi posición -insisto-, a menos que este Parlamento me convenza de otra en el momento del debate.

Porque entramos en un nuevo ejercicio, y porque las entidades necesitan estabilidad. Porque necesitamos tener herramientas como la del convenio, como la del concierto, para poder seguir trabajando con muchas ONG en el sector que, en la actualidad, con lo que mandata la ley, el próximo año tendrán que someterse a concursos en los que tendrán que competir también con las empresas privadas que quieran presentarse. Normativa europea. No podemos seguir con las subvenciones específicas año a año. La Intervención nos ha dado este año como último año para abonar a las entidades su servicio de esta manera. Hemos trabajado las bases de las convocatorias para el año que viene, convocando a todas las ONG en Gran Canaria y Tenerife para que vayan participando, colaborando y conociendo esas convocatorias. Pero hay servicios que, por su importe, por su importancia, por la cantidad de profesionales que tienen, por la cantidad de personas que atienden, tienen que contar con convenios específicos o con conciertos que ya existen en otras comunidades porque tienen leyes que los amparan. Nosotros no la tenemos. Y, si no la aprobamos antes de diciembre, el próximo año tampoco podremos realizar esos convenios ni esos conciertos con los que podamos mantener toda una red de servicios que nos prestan entidades del tercer sector.

(El señor vicepresidente primero se incorpora a la Presidencia).

Vamos a intentar -como les digo, en septiembre- empezar también con el catálogo, y tenerlo lo antes posible. Pero no podemos hacer esperar la ley a tener el catálogo. Desde luego, para el presupuesto del 2018 no vamos a llegar. Pero para el 2019 podemos llegar. Y también les adelanto que será imposible que en un presupuesto incorporemos todo el crecimiento económico que la revisión de todos los recursos nos va a demandar. Tendremos que acordar subidas en dos años -o en tres años- para que los servicios lleguen a su coste real de plaza y de día. Tendremos que negociar con las entidades para hacerlo en el menor tiempo posible, pero no va a ser posible en un año, de ninguna manera. Pero yo creo que, si aprobamos la ley este año y empezamos a trabajar el catálogo en septiembre, en el presupuesto del 2019 ya se puede recoger el primer compromiso, y ya podemos tener un catálogo claro que, si en el futuro hay que modificar, podremos modificar para mejorarlo, siempre y cuando responda a la realidad.

Insisto en que, ese grupo que empieza a trabajar a partir de septiembre, con una metodología que se está terminando de elaborar para que sea ampliamente participado, es un grupo abierto a la participación de sus señorías; también, de las personas que consideren, que tengan interés. Aquí hay gente, además, con mucha formación en la materia que puede aportar, que puede opinar y que puede ayudarnos a hacer un buen catálogo, y a tener una ley que responda de la realidad, y a tener una ley que ampare los servicios que existen hoy.

Con esta ley, la Ley de Racionalización no habría puesto en jaque a los ayuntamientos; pero no teníamos ley, y el Estado podía decir que los ayuntamientos no hicieron nada porque no eran competencia suya los asuntos sociales. Con esta ley podremos discutir; teniendo nuestra ley, podremos discutir; y tendremos menos problemas con muchas intervenciones, con muchos secretarios, para que los ayuntamientos puedan sacar adelante los servicios que prestan cada día.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora consejera.

Hemos concluido las comparecencias. Pasamos a las proposiciones no de ley.

Más información
Otros formatos
Iniciativas tratadas
  • 9L/C-1178 Sobre -Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda-, sobre el estado de tramitación del Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias.


Parlamento de Canarias · C/Teobaldo Power, 7 · 38002 S/C de Tenerife · Mapa · Tel: 922 473 300 Fax: 922 473 400
Glosario de términos · Mapa de contenidos · Aviso jurídico