Diario de Sesiones 84, de fecha 19/7/2017
Punto 7

9L/PNL-0440 Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre los procesos selectivos de la oferta de empleo público para 2015.

La señora PRESIDENTA: Vamos a la última PNL del día de hoy, señorías, la PNL-0440, a instancia del Grupo Parlamentario Podemos, sobre procesos selectivos de la oferta de empleo público para el año 2015.

Señora Monzón, diez minutos.

La señora MONZÓN NAVARRO: Buenas tardes ya a todos y a todas.

Con esta PNL el Grupo Parlamentario Podemos quiere traer a esta Cámara la realidad de una situación del empleo público en Canarias, en el ámbito específico de la Administración general de la comunidad autónoma canaria. Una situación generada por las políticas de personal en la que se ha ocasionado que haya una alta temporalidad de personal debido a las ofertas de empleo público paralizadas desde el año 2008 por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en cuanto a lo que son las tasas de reposiciones que ya hemos comentado muchas veces en esta Cámara. Leyes de presupuestos que, de forma básica, se tenían que trasladar al resto de administraciones y, por tanto, la parálisis de esas ofertas de empleo público para poder renovar...; esas tasas de reposición lo que vienen a hacer es renovar el personal de la Administración, en este caso el personal funcionario, que, por jubilación, por muerte, por cese, etcétera, etcétera, deja de prestar servicios en la Administración.

Por otro lado, otras políticas. La jubilación forzosa también ha ocasionado la pérdida de este personal interino. Hemos estado en un periodo de tiempo, desde el 2008 hasta el 2015, sin ofertas de empleo público y estas primeras empezaron a realizarse en el 2015, con unos porcentajes pequeños de tasa de reposición que poco a poco han ido aumentado hasta estos de 2017.

Esta PNL surge por la inquietud de la situación de los funcionarios interinos, que están incluidos en las ofertas de empleo público 2015 y 2016, que han creado una plataforma, la plataforma de funcionarios interinos afectados por estas ofertas, y que además ha sido apoyada y consultada por organizaciones sindicales con representación en el ámbito funcionarial, como Comisiones Obreras, CSIF, Intersindical Canaria, Cobas Canarias, UGT, a los que agradezco desde aquí el apoyo y la predisposición para esta PNL.

Como decía, la situación que tenemos dentro de la Administración con la temporalidad se intentó solucionar en el Estatuto Básico del Empleado Público, en el que hay una transitoria cuarta que habla de todos los empleados públicos interinos, antes del 2005, que tendrán unos periodos de consolidación, recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público, y a partir de la sentencia de la Unión Europea, en la que a aquellos interinos que llevan más de tres años trabajando en la Administración se les deben reconocer sus derechos. Surge un acuerdo de estabilidad en el Estado entre los sindicatos y la Administración del Estado para dar estabilidad a estos empleados.

Como he dicho, al final tenemos un vacío entre aquellos funcionarios que están recogidos en estas ofertas de empleo público 2015-2016, porque la Ley de Presupuestos del Estado de lo que habla es de poder hacer ofertas de empleo extraordinarias a partir del 2017 sin que computen en esa tasa de reposición, que decía que nos limita a la hora de poder incorporar personal a las administraciones públicas, pero que evidentemente se trata de 2017 en adelante. Con lo cual vuelve a rehacer el problema que tenemos con aquellos interinos que están en estas ofertas de empleo público. Aquí hay unos cuerpos y escalas, y en su caso algunas especialidades, sobre todo los cuerpos facultativos, en los que en estas ofertas están todos los puestos de trabajo que existen en la Comunidad Autónoma de Canarias; o sea, que sí o sí van a tener que concurrir a las pruebas y sí o sí, si no las aprueban, pues, no hay puestos de trabajo donde puedan permanecer.

Por lo tanto, con esas dificultades creemos que debemos ahondar en este problema y que esta Cámara debe posicionarse también en una postura en la que, si creemos realmente en el empleo público, si creemos en la Administración pública, si creemos en el trabajo indispensable que ha hecho todo este personal interino, que está cuantificado en unos trescientos, aproximadamente -no tenemos todos los datos fiables, cosa que ahora comentaré, pero de unos trescientos, aproximadamente-, interinos, que en años durísimos, en esta Administración, como sabemos todos, durante todos estos años, donde ha habido una gran falta de empleados públicos... -recuerdan, yo tuve una intervención, una comparecencia, no hace mucho, hablando de todos los puestos vacantes que teníamos en esta Administración y de la falta que teníamos de cubrir todos estos puestos y de las limitaciones que tenemos para hacerlo-. Y esta es una forma de que los interinos, a través de estas extraordinarias pero también a través de las ofertas que están, puedan permanecer en los puestos de trabajo y podamos recuperar el empleo público, que tanta falta nos hace.

Yo creo que es de justicia que el personal interino de la comunidad autónoma canaria, como decía, en estos años duros... No solamente, como ustedes saben, el personal interino accede a la Administración a un puesto concreto; la mayoría de ellos evidentemente viene de listas de reserva, donde han hecho pruebas selectivas y donde no ingresaron en la Administración en unos casos porque no había plazas suficientes o en otros casos porque no aprobaron todas las pruebas selectivas de todo el proceso, pero sí entran en unas listas de reserva y, por tanto, después acceden a un puesto en concreto. Y la realidad es que muchos de ellos no solamente han hecho las funciones de sus puestos sino que han realizado muchas funciones mucho más allá, debido a la falta de personal, de empleados públicos, de parte de personal funcionario en este caso concreto. Y, por tanto, creemos, por tanto, que es de justicia, como decía, que lo tengamos en cuenta.

Yo hablaba de la sentencia, hablaba de lo que entendemos que son los principios básicos de acceso a la Administración. Como ustedes saben, dentro de la Constitución española, el acceso a la Administración pública, habla de unos principios que son rigurosos, que es la concurrencia pública, la igualdad, el mérito y la capacidad, y para cualquier prueba selectiva tienen que regir estos principios. Ya el Tribunal Constitucional, en sentencias, está el hecho de que considera que en un concurso, en una fase de concurso-oposición, dentro de la fase de concurso, se estima que llegar a un 45 % de esos méritos no conculca esos derechos y, por tanto, es lo que se pide en esta PNL.

Aun así, yo agradezco al Partido Socialista las enmiendas que se han presentado. Hemos llegado a unas transacciones con estas enmiendas para intentar dar esa solución a este vacío. Hemos visto la situación, por supuesto ahora es distinta a la que en su momento, cuando se hicieron estas ofertas, teníamos. No teníamos estas sentencias del tribunal europeo y, por tanto, creemos que ahora es el momento de que le pongamos un poco de cordura y que intentemos solucionar esta situación. Por estas ofertas de empleo público extraordinarias que decía... tenemos que fomentarlas para que, a partir de que se nos permita en esta Ley de Presupuestos, podamos crear estabilidad a este personal interino.

Y también, como decía, la situación diferente en la que estamos en este momento con respecto a 2015-2016 y que ocasionó que en aquel momento se hiciera una convocatoria, aunque no se llegó a acuerdo en la mesa sectorial de personal funcionario, pero que se llegara a una convocatoria que tuviera unas bases generales, en que yo creo que ahora deberíamos revisarlas por la situación coyuntural que tenemos.

Por ello presentamos, como digo, una serie de propuestas que están transaccionadas y que voy a resumir -las tienen, yo se las he pasado a todos los grupos-, que son modificar los criterios de esos procesos selectivos de las ofertas de empleo público 2015-2016 para llegar, como decía, a esos porcentajes que nos permite dentro de la legalidad y reconocer, por tanto, no solo la experiencia profesional sino los cursos de formación, etcétera, lo que permite la ley para el funcionario, llegar a ese o 40 o 45 % dentro de esa fase de concurso, dentro del concurso-oposición.

También tenemos que tener en cuenta que ya se ha convocado una de estas oposiciones, estos procesos selectivos, en este caso del Cuerpo de los Administradores Generales. Se convocó, pues, muy recientemente, no hace todavía ni dos semanas, hace diez días, que se convocó esta convocatoria, dentro de estas ofertas de empleo público, donde también, por supuesto, hay personal interino. Y, por tanto, estamos aún en la fase, estamos en los veinte días hábiles en los que se presentan las solicitudes, y, por tanto, creemos que es una oportunidad para que se pudiera modificar con base en estos baremos legales y que entendemos que no genera inseguridad jurídica y que, bueno... Pero, en cualquier caso, hay un tercer punto en que, si se entendiera que jurídicamente esto es imposible, pues, que se tenga en cuenta que a aquellos interinos que llevan más de tres años no se les oferten, no se oferten los puestos de trabajo que están ocupando en esta convocatoria y, por tanto, permanezcan en la Administración hasta que se resuelva qué hacer o cómo hacer los procesos de estabilidad.

También a que se negocie esa oferta de empleo público extraordinaria que permite la Ley de Presupuestos de 2017, para generar la estabilidad de los funcionarios interinos con más de tres años de antigüedad. Que ningún funcionario interino que cumpla estos requisitos pueda quedarse fuera, pueda salir de la Administración sin que tenga una oportunidad de estabilización, debido a las ofertas de empleo público 2015-2016, como decía, por este vacío.

Y que por supuesto, dentro de los que nos permiten las tasas de reposición, que han ido aumentando -no todo lo que nos gustaría pero han ido aumentando-, no perdamos empleo público y, por tanto, durante el 2017 también se convoque la oferta de empleo público ordinaria para seguir incrementando el empleo público en Canarias y que podamos ocupar todos esos puestos vacantes, que seamos capaces de dar servicios de calidad a toda nuestra ciudadanía y que no esté esa tarea acumulada, en ese esfuerzo que han hecho todos los empleados públicos de Canarias.

No quiero terminar sin decir además que estas ofertas de empleo público, como dije, solo están afectando ahora mismo a los funcionarios de carrera, no al personal laboral temporal, que también tiene derecho a esta estabilización. Y, por tanto, creemos que es importante que este debate se dé, que desde el Gobierno se mire esto bien y no discriminemos a unos por la vinculación administrativa que tengan con la Administración; que seamos conscientes de la necesidad de empleo público, de la calidad de los servicios, de la transparencia, y que seamos conscientes de dar esos servicios de calidad que merecen todos y todas las canarias.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Monzón.

Hay un grupo enmendante, Grupo Socialista. Señora Rodríguez, por cinco minutos.

La señora RODRÍGUEZ HERRERA: Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes.

El Partido Socialista es conocedor, evidentemente, de la situación de los empleados públicos, porque ha sido parte de nuestro trabajo en la gestión de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad en los últimos años. Hemos tenido innumerables reuniones y desde luego uno de los objetivos ha sido dar respuesta al personal laboral... a los trabajadores funcionarios interinos de la Administración pública.

De la Consejería de Gobernación, Justicia e Igualdad se hizo cargo el Partido Socialista en julio del 2011 y se iniciaron negociaciones con los sindicatos para intentar llegar a un acuerdo para poder celebrar durante ese primer semestre del 2012 procesos de consolidación temporal y procesos de funcionarización en el ámbito de la administración general, pero la llegada al Gobierno del Partido Popular y la aprobación del Real Decreto-Ley 20/2011 prohibió la celebración de estos procesos de consolidación del empleo temporal. Todos sabemos que el objetivo del Partido Popular en esos años, además argumentando la crisis que sufríamos, era adelgazar drásticamente la Administración pública.

El objetivo que se planteó el Gobierno, en aquel momento del Partido Socialista, en esta consejería fue mantener, tratar de mantener en las mejores condiciones posibles los servicios públicos esenciales en Canarias, teniendo en cuenta además ese déficit de financiación para poder financiar y mantener esos servicios públicos, para lo que se hace necesario contar con todo el personal funcionario necesario.

En estos momentos la situación no es la misma. El escenario actual ha variado sustancialmente respecto al que se daba en junio del 2016, cuando se aprobaron los criterios generales que debían regir los procesos selectivos que emanan de la oferta pública de empleo en 2015 y que se hicieron extensibles a la oferta de empleo público 2016.

En el año 2015 se levantó por parte del Estado la prohibición del ministerio de aprobar las ofertas de empleo público, incrementando gradualmente el porcentaje que podía destinarse a la tasa de reposición, contribuyendo en cierto modo a un incremento de la temporalidad del empleo público en la Administración pública de Canarias en los últimos años. Se produce, además, la resolución de una sentencia del Tribunal de Justicia europeo en 2016 que reconoce los derechos del personal interino que cesa en sus puestos de trabajo en la Administración pública. Se produce recientemente, además, un acuerdo por parte del Estado de estabilización del empleo público 2017-2019, como ya se ha apuntado, formalizado en la mesa general de la negociación de las administraciones públicas, que estableció que debe iniciarse el proceso de estabilización del empleo temporal en los próximos años, que consiga reducir la interinidad hasta un máximo de un 90 % en los servicios esenciales y que al final del periodo esta tasa no sea superior al 8 % del total de los funcionarios en cada ámbito. Además, recientemente, en esa ley general de presupuestos del Estado para el año 2017, se posibilita por primera vez la aprobación de una oferta de empleo público extraordinaria para consolidar el empleo temporal.

Coherentemente, yo estoy convencida de que la Consejería de Gobernación, Justicia e Igualdad, si hubiera estado gobernada por el Partido Socialista, a día de hoy...; estábamos trabajando en esa oferta extraordinaria de empleo público para ir consolidando y para ir equilibrando la situación del personal, de los trabajadores interinos en esta comunidad autónoma. Por ello hemos planteado, a la iniciativa que hacía, a la PNL que planteaba inicialmente el Grupo Podemos, la hemos enmendado planteándoles la necesidad de aprobar la oferta de empleo público extraordinaria, que permita consolidar el empleo temporal en Canarias, con arreglo a lo que ya permite la ley general de presupuestos del Estado; además, que ningún funcionario interino que reúna los requisitos de la oferta de empleo público extraordinaria pierda su empleo como consecuencia de los procesos selectivos que emanan de las ofertas públicas del 2015, 2016 y, en su caso, la del 2017, que planteamos que se convoque también para que efectivamente no se pierda empleo.

Por tanto, en una situación distinta, invitamos al Gobierno a continuar trabajando para esa consolidación y reconocimiento a los trabajadores interinos de esta Administración pública.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Rodríguez.

¿Entiendo, señora Monzón, que al haber una transaccional es ya la postura, no? (Asentimiento de la señora Monzón Navarro). Por tanto, se lo agradezco.

Grupo Mixto, señor Ramos Chinea, tres minutos.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señora presidenta.

La mejora de la calidad del empleo público es un objetivo prioritario, ya que los funcionarios y empleados públicos han padecido de primera mano las graves repercusiones de la profunda crisis económica vivida en España. Desde el recorte del 5 % de su sueldo, medida adoptada en el 2010, han visto congelado su salario por largos periodos y mientras han presenciado la jubilación, excedencias, renuncias, incluso el fallecimiento de algunos de sus compañeros. No se han ido cubriendo estos puestos en igual medida, causándose evidentes perjuicios para estos trabajadores y para la eficacia y calidad del servicio. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística, el empleo público cayó por debajo de los 3 millones de empleados públicos, perdiéndose 14 600 puestos, mientras que en el sector privado se crearon 428 500. Y a esto se le añade que a las bajas tasas de reposición les han acompañado unas elevadas tasas de temporalidad, celebrándose contratos incluso por semanas y días.

Precisamente por eso nuestro grupo apoya y defiende los objetivos marcados en el acuerdo de empleo público para reducir la interinidad en las administraciones, suscrito por el Ministerio de Hacienda con los sindicatos para reducir la interinidad al 8 %. Es necesario dar estabilidad al sector público y reconocer la labor de los trabajadores que llevan prestando su servicio como interinos para la Administración en estos duros años de crisis. Algunos incluso desde hace más de diez años.

Entendemos que ese debe ser el criterio que debe guiar la oferta de empleo público y las políticas de personal de nuestra Administración. No obstante, señorías, para reconocer unos derechos no debemos quebrantar otros. Las convocatorias que se mencionan ya han sido publicadas en sendos boletines oficiales. Hay personas que se han inscrito, pagando sus respectivas tasas, teniendo en cuenta precisamente los criterios fijados en esas bases publicadas. En definitiva, hay derechos consolidados que no pueden ni deben vulnerarse, así como no debe quebrarse la seguridad jurídica.

Señorías, debemos luchar por la consolidación de puestos, por la mejora de la calidad del servicio y la estabilidad de la función pública, por la actualización de salarios, por devolverles la capacidad económica perdida, pero hagámoslo bien, sin vulnerar otros.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramos Chinea.

Grupo Nueva Canarias, señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidenta.

Las restricciones a las que durante todos estos últimos años se han visto abocadas las convocatorias de oferta de empleo público y el uso además del recurso de tirar de las listas de reserva de interinos durante los cuatro-cinco últimos años han provocado que estas listas se vacíen y han dificultado además el poder cubrir plazas que están vacantes. La próxima convocatoria de oferta de empleo público, la que se publicó hace diez días, que está dotada con 103 plazas, 61 de turno libre y 42 de promoción interna, por fin va a marcar el final de esta hibernación de la Administración autonómica canaria.

Estas restricciones convocadas en las oposiciones no solo, como dije antes, impidieron cubrir o han impedido cubrir los puestos vacantes con personal funcionario, sino además, insisto, las listas de reserva prácticamente han desaparecido, lo que ha provocado, entre otras cosas, la ralentización en muchas de las direcciones generales de las distintas consejerías del Gobierno, incluso en aquellos sectores que el propio Gobierno ha declarado como estratégicos, como es el caso de industria, de servicios sociales o de educación, por ejemplo. En definitiva, como verán, todo muy positivo.

Y además también hay que enfrentarse a una realidad, a la realidad que esta situación ha dejado, que son los 275 interinos, aproximadamente, que al día de hoy prestan sus servicios en la Administración, de los cuales alrededor de un veintiocho por ciento llevan más de dieciséis años en esta situación. En la situación de interinos que no están por voluntad propia sino porque es que no se han convocado las oposiciones. Hay que recordar que en los años 2010, 2011 y 2012, que se podría haber consolidado al personal temporal sin computar en la tasa de reposición, no hubo voluntad de hacerlo.

Entonces entendemos que, por razones de justicia e incluso por el propio interés de la Administración, es conveniente, siempre respetando los principios de publicidad, de igualdad, de mérito y de capacidad, que se establezca en la fase de concurso la puntuación máxima legal a la que se pueda llegar, que, bueno, está en el 45 % según el Constitucional y en el 40 % según una sanción del Supremo. Pero lo importante es que dentro de ese porcentaje se valore la experiencia previa.

Por lo que desde Nueva Canarias vamos a apoyar esta propuesta, la propuesta transada, en la que además se plantea que, en el caso de que no se modifiquen las convocatorias, pues, como mínimo, los interinos que están prestando más de tres años sus servicios en la Administración puedan mantenerse y luego crearles una convocatoria restringida.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora González.

Por el Grupo Popular, el señor Moreno.

El señor MORENO BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, con brevedad.

Debe reconocerse la labor desempeñada por los funcionarios interinos en nuestra comunidad autónoma, pero ello no es óbice para valorar correctamente esta proposición no de ley.

Es difícil argumentar, como se hace desde el Grupo Parlamentario Podemos, que se cambien las bases de una convocatoria que ya ha sido publicada por resolución de 26 de junio de 2017, cuando trae consecuencia de un decreto del año 2015 y cuando trae consecuencia de unas bases generales para las escalas, cuerpos y especialidades de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias que fueron publicadas con fecha 21 de diciembre de 2016. Es difícil cambiar las reglas de juego, ya lo ha dicho el portavoz del Grupo Mixto, es complicado; y, por tanto, simplemente por esa situación y esa línea es imposible apoyar la proposición no de ley, salvo que usted quiera romper el fundamento y la posición de toda su iniciativa, que creo que no.

Y lo que sí está claro es que cara a las ofertas públicas de empleo del 2017, pues, en las mesas sectoriales los sindicatos, que no sé si ustedes son los representantes de los sindicatos de los funcionarios interinos, lo desconozco, conmigo se han puesto en contacto algunos funcionarios interinos, yo no sé si ustedes lo son, los representantes totales y globales, pero, bueno, ellos tendrán capacidad para decidir en la mesa sectorial, con la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, valorar cuáles son los baremos y las bases para las futuras ofertas públicas de empleo.

Y, por tanto, pues, a lo mejor puede que haya bondad en los argumentos de su iniciativa pero no sé si son realmente acertados para acogerlos en su totalidad. Y eso hace que pensemos desde el Grupo Parlamentario Popular, pese a que, como le digo, tenemos que reconocer la labor desempeñada por parte de los funcionarios interinos, que los criterios que han basado la convocatoria de la oferta pública de empleo del año 2016, o, bueno, que trae consecuencia de la resolución de 21 de julio de 2016, pues, evidentemente son los que tienen que regir y ahora no se puede cambiar, pese a ese periodo que nos cita usted de veinte días hábiles para realizar impugnaciones. Creo que es para realizar otro tipo de impugnaciones, no creo que sea para la impugnación global de las bases, que fueron aprobadas ya por Orden de 21 de diciembre de 2016.

Y, por tanto, esta es la razón por la que le digamos no. Eso no quiere decir que nosotros no apoyemos que los funcionarios interinos, cara a futuro, en esa negociación de mesa sectorial, pues, se establezcan nuevos baremos, nuevos datos y nuevas bases con la Consejería de Presidencia.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Moreno.

Por el Grupo Nacionalista, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías.

Estamos ante la oportunidad, después de muchos años, de incorporar nuevos empleados públicos con carácter definitivo y empezar a recuperar los efectivos perdidos por las restricciones a la tasa de reposición.

Las ofertas se negociaron en el seno de la Mesa Sectorial de Negociación de Personal Funcionario, tanto los criterios como las bases, y fueron además publicadas y aprobadas desde hace muchos meses, en el año 2016.No consta ninguna impugnación ni a los criterios ni a las bases por la razón de la fase de concurso. La puntuación máxima en la fase de concurso es de 3 puntos, de los cuales 2 corresponden a la experiencia previa en la Administración, es decir, casi el sesenta y siete por ciento de los méritos valorables. Por lo tanto, se valora la experiencia, dentro de los márgenes que establece el Tribunal Constitucional, que reconoce la discrecionalidad de la Administración pero que en su doctrina matiza que sin que pueda llegar a convertirse en un requisito que excluya la posibilidad de concurrencia... (Rumores en la sala).

La señora PRESIDENTA: Señora Beato, disculpe que la interrumpa, señoría. Disculpe, disculpe que la interrumpa. Le paro el tiempo.

Ruego silencio, señorías, por favor.

Continúe, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Digo, sin que sea un requisito que excluya la posibilidad de concurrencia de terceros ni tener una dimensión cuantitativa que rebase el mínimo de lo tolerable; es decir, hay que conciliar dos derechos: los que llevan tiempo en la Administración y que tienen una experiencia y una capacidad demostrada y quienes llevan tiempo también esperando la oportunidad de incorporarse por primera vez a la Administración, mucha gente joven, formada, que merece la oportunidad de encontrar un empleo estable. Por lo tanto, hay que encontrar ese equilibrio entre ambos derechos.

La modificación de los criterios y de las bases significaría poner en contra el principio de seguridad jurídica, retrasaría la ejecución de las OPE y entraríamos en peligro de que caducaran, porque, si mal no recuerdo, una caduca en abril del 2018 y la otra en diciembre del 2019. No podemos poner en peligro esas OPE ni tampoco vulnerar los derechos de terceros de buena fe, que han abonado ya incluso las tasas para participar en esas convocatorias.

Entendemos la preocupación del personal interino y la compartimos, y sabemos que el Gobierno está trabajando para solucionarlo. El acuerdo de la mejora de empleo plantea la duda de si procede excluirlos de las OPE. Estamos seguros de que el Gobierno hará una consulta y si el ministerio lo autoriza va a sacarlos de esas convocatorias. Y el compromiso es reducir el empleo temporal y ya ha anunciado que está consensuando con los sindicatos un plan para la estabilización del empleo temporal para reducirlo al 8 %. Y es en ese marco en el que hay que trabajar para garantizar los derechos del colectivo, sin poner en peligro los procesos que ya están en marcha y los derechos de terceros, que también tienen expectativas para incorporarse a la Administración.

Por tanto, en la conciliación estamos y estamos seguros de que habrá una resolución al respecto que...

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.

Señorías, una vez han intervenido todos los grupos, llamo a votación de esta PNL y a continuación de las propuestas de resolución. Por tanto, ruego a sus señorías que entren en el hemiciclo para votar (la señora presidenta hace sonar el timbre de llamada a la votación). (Pausa).

Señorías, ocupen sus escaños. Comienza la votación de esta PNL con el texto transaccional acordado, señorías. (Pausa).

46 votos emitidos: 20, sí; 26, no; ninguna abstención.