Diario de Sesiones 90/2017, de fecha 11/10/2017 - Punto 2

9L/PNL-0366 PROPOSICIÓN NO DE LEY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC), SOBRE LA SOLICITUD AL GOBIERNO DEL ESTADO EN RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COMUNITARIOS SIN ÁNIMO DE LUCRO.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Damos por concluidas las comparecencias e iniciamos el orden del día con las proposiciones no de ley.

Primera proposición no de ley: del Grupo Nacionalista Canario, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la prestación de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro.

Para su defensa, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señor presidente.

Señorías, con ocasión del debate de la proposición no de ley 350, sobre la adjudicación de licencias de radio, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista Canario, en febrero de este año, advertimos que el Estado debe planificar la disponibilidad del espectro radioeléctrico para los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro, para los que la Ley General de la Comunicación Audiovisual establece un régimen especial cuando los somete a licencia, pero precisan del Estado una planificación específica y diferenciada y un procedimiento propio, distinto al de las emisoras comerciales.

Existe un mandato muy claro al Gobierno de España para que planifique y habilite frecuencias para la prestación de estos servicios, algo que todavía no ha hecho y que nos preocupa; nos preocupa, porque recordemos que la ley es del año 2010.

La ley considera que los servicios sin ánimo de lucro requieren una planificación propia y un procedimiento diferenciado, y remite a un reglamento posterior la concreción del marco de actuación y la regulación del procedimiento de otorgamiento de licencias. Queda clara, por tanto, la voluntad del legislador de diferenciar el tratamiento de los servicios de contenido económico respecto de los servicios sin ánimo de lucro, para los que debe garantizar también la disponibilidad del espectro y habilitar el necesario para su prestación.

Nuestra iniciativa pretende requerir al Gobierno de España para que dé una respuesta a la realidad de las entidades sin ánimo de lucro, que atienden a necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de la población y de algunos grupos sociales en Canarias. La demanda de estos servicios audiovisuales no puede ser satisfecha hasta que el Estado no proceda al desarrollo reglamentario y garantice la disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario. Ante la ausencia del espacio radioeléctrico disponible, es imposible iniciar el procedimiento específico para adjudicar las preceptivas licencias; y es imposible en Canarias y es imposible en otras comunidades autónomas que también lo están reclamando al Estado. La inacción del Gobierno de España aboca a estas entidades bien a desistir o bien los sitúa en la alegalidad, y esto puede acarrearles sanciones.

Les voy a poner un ejemplo claro, que es el que ha inspirado nuestra iniciativa. Nuestra preocupación, la preocupación del Grupo Nacionalista Canario por el caso de Radio ECCA, a quienes saludamos porque nos consta que nos están siguiendo desde la web. Una entidad señera, con más de cincuenta años de andadura en las islas, con presencia en otras comunidades autónomas, en América Latina y en África Occidental que ha sido fundamental para la alfabetización, la formación en idiomas y la capacitación profesional de tantas y tantas generaciones de canarios.

Coalición Canaria siempre ha estado comprometida con Radio ECCA. Ayer fue el aniversario del fallecimiento de Adán Martín y, preparando esta iniciativa, recordaba que Adán, como presidente, puso a trabajar a varias consejerías del Gobierno -la Consejería de Educación, la de bienestar social, la de Industria y tecnología-, el señor Ruano lo recordará, porque era entonces consejero de Educación y supo tejer un acuerdo con Radio ECCA, aprobando un instrumento que permitió garantizar la estabilidad económica, la reconversión tecnológica y la consolidación del proyecto de Radio ECCA en Canarias. Nuestro compromiso con ese proyecto de Radio ECCA sigue intacto.

El centro educativo tiene alguna frecuencia en propiedad, mucho antes, incluso, de la vigencia de las leyes actuales en vigor: son la 90.4 y una de onda media que no usa porque es cara, no es rentable y, además, tiene poca calidad. Pero necesita cobertura en todas las islas, y no es un secreto que actualmente tiene dificultades en Tenerife, en La Gomera y en la ciudad de Las Palmas.

Señorías, proyectos educativos como Radio ECCA y otras entidades sin ánimo de lucro no pueden competir en igualdad de condiciones con las radios con fines comerciales; son entidades que realizan una gran labor social, que han creado empleo y que siguen creando empleo. Lo han creado durante muchos años.

Y no nos engañemos, ni engañemos tampoco a estas entidades: no caben cesiones de frecuencia a través de convenios. El otorgamiento de licencia exige concurrencia competitiva. La ley no contempla asignación directa. Por tanto, es necesario definir los espacios para un concurso específico.

Señorías, si queremos, si ustedes están dispuestos a impulsar un concurso para las entidades sin ánimo de lucro, les pido el apoyo a esta proposición no de ley. Les pido que sumemos nuestras fuerzas en este Parlamento para reclamar al Estado, al Gobierno de España, que habilite un espacio radioeléctrico diferenciado, necesario para la prestación de estos servicios; porque, sin ese espacio, es imposible que puedan competir en igualdad de condiciones con entidades con fines comerciales. Son entidades a las que debemos apoyar: como decía, Radio ECCA ha inspirado esta iniciativa, es un problema real, es un problema al que hay que dar respuesta, un problema al que tiene que dar respuesta el Gobierno de España. Y, por lo tanto, les pido el apoyo a la proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Beato.

No tiene enmiendas esta proposición no de ley.

Turno del Grupo Mixto, señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora Beato.

Nuestro grupo va a apoyar esta iniciativa, pues es deber de la Administración General del Estado proceder a ese desarrollo reglamentario, pues así lo establece la Ley 7/2010. Desde la entrada en vigor de esta ley, han pasado más de siete años en los que no se ha tenido en cuenta a los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro, ocasionando, por tanto, un menoscabo en un sector importante, y obviando el mandato que la propia legislación audiovisual mandata, que no es otro que atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación de comunidades y grupos sociales, así como fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo.

La realidad es que este vacío legal, lejos de garantizar la disponibilidad de dominio público necesario para la prestación de los servicios de comunicación audiovisual, lo que ha provocado hasta el momento es inseguridad jurídica en el sector, donde, en su mayoría, pequeñas y medianas empresas radiofónicas difícilmente pueden estar a la espera de que la Administración General del Estado habilite dicho dominio público, teniendo en cuenta que, a día de hoy, aún carece de reglamento, cuyo plazo máximo de desarrollo quiero recordar que eran doce meses desde la entrada en vigor de la ley audiovisual.

No solo muchas de estas empresas se han podido ver abocadas al cierre por carecer de la licencia oportuna, así como la correspondiente sanción, sino que se deja en un limbo a muchos que quieren participar en este servicio y no pueden porque el Ejecutivo estatal ha paralizado la asignación de las frecuencias a la emisora.

Nosotros entendemos que, si la Ley 7/2010 estableció el régimen jurídico para que las entidades privadas que tengan la consideración legal de entidades sin ánimo de lucro pudieran prestar servicio de comunicación audiovisual, dado que es el Gobierno estatal el que no ha procedido a cumplirlo, es el Gobierno el que debe adoptar las medidas necesarias para que las comunidades autónomas no sigamos después de tantos años reclamando lo que ya se tenía que haber regulado.

Ya en su momento, pudimos debatir sobre la resolución del concurso público que otorgaba licencias de radio en nuestra comunidad. Y tal y como dije en aquella sesión plenaria, resalto la obligación de hacer cumplir la ley audiovisual. En este caso que nos ocupa hoy, el Estado no puede estar paralizando el que podamos iniciar el pertinente procedimiento de adjudicación de las licencias.

Antes de concluir, añadir que, dado que parece que España deberá cambiar la ley audiovisual en 2018, según marca la Unión Europea, esperamos que ello ayude a garantizar el espacio radioeléctrico y las asociaciones sin ánimo de lucro que también puedan y tengan cabida en este marco legal.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora Mendoza.

Turno del Grupo de Nueva Canarias, señor Campos.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ (Desde su escaño): Buenos días, señor presidente. Buenos días, señorías.

Nosotros también vamos a apoyar la iniciativa, nos parece interesante. Y es verdad que, cuando empezábamos a analizar la proposición no de ley, uno intentaba ubicar qué experiencias teníamos en Canarias. Y es cierto que la de Radio ECCA quizás sea el referente mayor sobre los objetivos que persigue esta iniciativa, aunque hay aspectos que tendríamos que analizar con cuidado, porque, obviamente, con la estructura, los objetivos, el alcance de Radio ECCA, podría quedarse fuera si no tuviera autorizaciones especiales de un concurso de estas características. No olvidemos que esta ley establece que los gastos de explotación en el caso radiofónico no pueden superar los 50 000 euros, salvo, como decía con anterioridad, que hubiera excepciones debidamente justificadas. Creo que en el caso de Radio ECCA se justificarían perfectamente. Pero podemos poner, cuando uno va pensando, otros muchísimos ejemplos de carácter local, de carácter comarcal, en nuestra tierra: Radio Guiniguada fue un ejemplo claro de abrir a la participación, hace ya muchísimos años, ciudadana; de abrir medios de comunicación en un estrato absolutamente diferente de los que habitualmente competían en el ámbito radiofónico, con un carácter... Yo no voy a cuestionar su finalidad última, pero, obviamente, con un carácter claramente comercial.

Por tanto, lo que se pone de manifiesto con esta ley, en primer lugar, es el incumplimiento de la misma por parte de aquellos que regulan, desarrollando o no desarrollando de manera necesaria para que aquello que si se legisla es porque entendemos que es positivo, que es adecuado, que es necesario para la sociedad en general. Y, lamentablemente, luego son los mismos que coartan el que se puedan desarrollar precisamente no desarrollando, no generando los niveles reglamentarios necesarios para impulsar esto mismo.

Es verdad que podríamos llegar a pensar que, en la era de la comunicación masiva, en la era de las redes sociales, donde ya prácticamente cualquiera puede llegar a donde le dé la gana, donde a través de YouTube podemos generar contenidos audiovisuales sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de limitaciones, este podría parecer un debate que ya, pues, no tiene sentido. Pero no es así. Obviamente, no vamos a obviar, no vamos a limitar todas esas posibilidades que se nos abren con las redes sociales, con las nuevas tecnologías; pero, en el ámbito radiofónico, es cierto que es fundamental seguir desarrollando algo que ya está en la ley, porque todavía hay una parte de nuestra población importante -en algunos núcleos, por sectores de edad; por costumbre, simplemente- que, en el ámbito de las redes sociales, no ha penetrado lo suficiente. Y esta sería una vía esencial.

Yo de todos los aspectos que se plantean en esa normativa, quizás, el de la participación ciudadana, en algo tan fundamental como la comunicación, como el derecho a la información, para mí es el eje central de esa ley, por el que deberíamos, sin lugar a duda, hacer un esfuerzo todos desde aquí a instar al Gobierno del Estado a que se desarrolle, y con los mecanismos necesarios luego en la comunidad autónoma para que sea una realidad, una vez que ese reglamento esté en marcha.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señor Campos.

Turno del Grupo Podemos. Señor Márquez.

El señor MÁRQUEZ FANDIÑO (Desde su escaño): Quizás es un buen momento también hoy para reconocer a todas esas personas que, desde las radios comunitarias, desde esas radios pequeñas, trabajan cada día para mejorar nuestra sociedad. A ellos, nuestro reconocimiento.

Tras consultar con la Unión de Profesionales de la Comunicación y la Federación de Sindicatos de Periodistas, creemos que lo correcto sería comprometernos a que estos medios se integren en la red de medios de comunicación y en la Riccap, la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa, para así tener órganos de control que eviten la manipulación mediática, los intereses partidistas o incluso la utilización, de estos medios recogidos en la ley, como un subterfugio para darles un altavoz a las instituciones públicas o privadas, siguiendo un trámite que no les corresponde.

Varios parlamentos autonómicos han aprobado iniciativas similares a esta que hoy estamos tratando. Por ejemplo, el de Aragón fue el primero que lo hizo, hace años, y su Gobierno aprobó en su día un acuerdo para pedir al Gobierno central que desarrolle este asunto, como establece la ley.

Claro que la vamos a apoyar, y además lo vamos a hacer porque ya en el Congreso de los Diputados, en mayo del año pasado, nuestro Grupo Parlamentario de Unidos Podemos presentó una iniciativa que, entre otras cosas, pedía que se instara al Gobierno a garantizar el acceso de los medios comunitarios al espacio radioeléctrico.

La proposición no de ley que nos trae el Grupo Nacionalista es una iniciativa similar a esa y, por lo tanto, la vamos a apoyar y nuestro voto será favorable.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor Márquez.

Turno del Grupo Popular. Señora Reverón. (La señora presidenta se reincorpora a su lugar en la Mesa).

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Señorías, el legislador, efectivamente, a partir del año 2010, con la Ley 7/2010, incorporó, junto con los medios públicos y los de carácter comercial, una nueva figura de servicios a los que se denominó "servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro".

Se trataba o se trata de emisoras cuyos prestadores tienen que ser entidades sin ánimo de lucro y que tienen por objeto atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como fomentar la participación ciudadana y la vertebración en el tejido asociativo, para lo cual establece, efectivamente, que la Administración General del Estado debe garantizar en todo caso la disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios, respetando, eso sí, los ámbitos competenciales existentes tanto en el procedimiento de concesión de licencias como en la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro.

Dicho esto, señorías, creo necesario que es preciso matizar que se debatió un proyecto de Real Decreto de reglamento general de prestación de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro en la comisión permanente del 25 de noviembre de 2010, en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, y este proyecto de texto legal disponía que la prestación de este tipo de servicios requiere la previa obtención de licencia otorgada mediante el procedimiento de concurso público, convocado y resuelto por el órgano competente de la comunidad autónoma.

Desde el momento en que se publicó y se dio a conocer este reglamento que rige la radiofonía del tercer sector, se estableció un periodo transitorio para permitir seguir emitiendo a todas aquellas emisoras que estuvieran en funcionamiento antes del 1 de enero de 2009 y cumplieran los requisitos que la ley disponía sobre las radios comunitarias; esto es, que sean sustentadas por asociaciones sin ánimo de lucro y contar con una emisión ininterrumpida. Y, en este punto, hay que decir que la problemática saltó, y que no debemos olvidar ni obviar que, en mayo del 2011, un centenar de personas protestaron enfrente de la sede del Gobierno de Canarias contra el concurso de licencias radiofónicas, convocado meses atrás y que solo licitó a radios comerciales, excluyendo a las radios comunitarias, que corrían el riesgo de desaparecer tras 26 años de emisiones; situación esta, por cierto, que llegó a los tribunales, y que estos declararon probado que hubo criterios o subcriterios que fueron improcedentes jurídicamente.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias hay que recordar que anuló las tablas de valoración y retrotrajo las actuaciones al momento de la baremación, además de condenar al pago de las costas al Gobierno de Canarias. Y le digo esto, señora proponente, porque serán ustedes y será el Gobierno de Canarias el que tendrá que licitar ese concurso, y esperemos que no vuelva a pasar lo que pasó con las radios.

En definitiva, vamos a apoyar esta PNL, pero sí le solicitamos al grupo proponente que mantenga esta coherencia cuando nos referimos a la actuación del Gobierno de Canarias en lo que a gestión pública del sector audiovisual se refiere.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Reverón.

Turno ahora para el Grupo Socialista, señor Pérez.

El señor PÉREZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidenta. Señorías.

Vamos a votar a favor de esta proposición no de ley del Grupo Nacionalista, una iniciativa bienintencionada y cuyos objetivos compartimos, pero a la que le auguramos un corto recorrido una vez que salga de esta Cámara.

Mire, señora Beato, el Gobierno de España, si hubiera querido, ya le habría dado un espacio radioeléctrico a este tipo de medios comunitarios sin ánimo de lucro. El Gobierno de España, si hubiera estado entre sus intenciones, ya habría desarrollado reglamentariamente esta previsión legal; y las comunidades autónomas que, como la nuestra, así lo tuvieran previsto, podrían haber otorgado estas licencias.

En cualquier caso, este es un asunto más de la legislación audiovisual que el Gobierno de España ha ido dejando pasar sin cumplir sus obligaciones, y no es el único. Hace un año, mi grupo trajo también a esta Cámara una PNL para denunciar las desconexiones territoriales que hacen las cadenas nacionales para meter publicidad local, una práctica que siguen llevando a cabo sin cobertura legal alguna y que está perjudicando enormemente a las televisiones locales y a nuestra televisión pública, que no pueden competir en este mercado para captar empresas de aquí que quisieran publicitarse.

No sabemos si detrás de esta inacción se esconde incapacidad, una falta de sensibilidad o algún interés oculto; o un poco de estos tres factores. Lo cierto es que siguen estando ahí y lastran el desarrollo de empresas audiovisuales modestas que no pueden hacer valer su talento frente al dinero de las grandes productoras. Porque no olvidemos que este tipo de medios locales sin ánimo de lucro no se iban a nutrir de contenidos de Netflix o HBO, sino que iban a tirar de pequeñas productoras locales para sacar adelante su programación.

En cualquier caso, señora Beato, señorías del Grupo Nacionalista, como les dije al principio de mi intervención, vamos a apoyar la PNL y esperemos que por una vez sirva para algo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez.

Señorías, tras la intervención de todos los grupos, llamo a votación, señorías.

Señorías, ocupen sus escaños.

Comienza la votación, señorías. (Pausa).

Señorías, 44 votos emitidos: 44 síes, ningún no y ninguna abstención.

Señorías, antes de pasar a la siguiente PNL, llamo a los portavoces, por favor, a la tribuna. (Los señores portavoces atienden el requerimiento de la Presidencia). (Pausa).

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  • 9L/PNL-0366 Sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la prestación de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro.


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