Diario de Sesiones 91, de fecha 24/10/2017
Punto 27

9L/C-1187 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS, SOBRE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO.

La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión plenaria con la comparecencia 1187, instada por el Grupo Parlamentario Podemos, al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, sobre RPT.

Para la defensa de esta comparecencia, la señora Monzón.

La señora MONZÓN NAVARRO: Buenas tardes.

La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Monzón.

Señorías, ruego silencio, si son tan amables, por favor, para escuchar a la señora diputada Monzón.

Cuando quiera.

La señora MONZÓN NAVARRO: Buenas tardes. Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados. Señor consejero, hoy nuestro grupo parlamentario hace doblete con usted, parece que hemos coincidido en dos comparecencias.

Vamos a hablar de las relaciones de puestos de trabajo y vamos a hablar de los empleados públicos. Mucho hemos hablado en estos plenos y en las comisiones de la gestión de lo público, de la necesidad de los recursos humanos, de los efectivos; pero, también, de cómo organizamos esos efectivos para que, con las limitaciones que haya, podamos hacer ese servicio a la ciudadanía de la mejor manera posible.

Habíamos hablado incluso de las vacantes. Yo quiero recordar la cifra, que eran más de casi dos mil quinientos puestos vacantes los que tenemos en la comunidad autónoma canaria. Evidentemente, esta situación merma la capacidad de gestión y disminuye la calidad de prestación de los servicios de todos los canarios y canarias. Hay quejas en todos los departamentos, retrasos en las resoluciones, en las ayudas, lo vemos día a día en un montón de comparecencias en Industria, etcétera, etcétera.

En algunos casos, evidentemente, afecta al desarrollo de las actividades de muchas personas; pero, en otros casos, afecta directamente a la supervivencia de muchas familias, como es la gestión de servicios sociales o, en otros casos, prestaciones que tienen que ver con el Servicio Canario de Empleo. Es por ello que, cuando hablamos de servicios públicos, hablamos principalmente de medios, de medios para realizar esos servicios; de medios humanos, de implicar al personal que presta estos servicios. Y, como usted ha dicho en alguna ocasión, no solamente hablamos de la cantidad, sino de la calidad, de cómo organizamos esos efectivos. Y eso es lo que suponen las relaciones de puestos de trabajo: esa organización, esa estructura desde los distintos departamentos, consejerías, organismos autónomos. Algo que es indispensable, donde establezcamos sus funciones, su dimensionamiento, su estructura, para que todo funcione de forma engranada y articulada y, además, esté hecho con perspectiva para que realmente los servicios, la prestación de los servicios, las competencias que tenga cada uno de ellos y la demanda de la ciudadanía estén realmente bien estructurados.

Las relaciones de puestos de trabajo son instrumentos legales, son decretos que aprueba el Gobierno de Canarias y que detallan ese mapa humano y que no solamente pueden quedarse en un mero papel que no corresponda con la realidad que es necesaria. Por tanto, son básicas y fundamentales para marcar esos servicios, secciones y negociados y que realmente la Administración sea eficiente y eficaz.

Las RPT están reguladas por varias normas, por decretos y una orden que son del año 1985. Vamos, tienen bastante tiempo. También por la Ley de la Función Pública, por cierto, no adaptada al Estatuto Básico del Empleado Público, que hay que recordar que es del año 2007; y otras normativas que, aunque no son directamente relacionadas con lo que es la relación de puestos de trabajo, sí les afecta por aquellas cuestiones que la RPT tiene. Y, sobre todo, y es en lo que me quiero detener, por los acuerdos de Gobierno, que alguna vez lo hemos comentado y hoy quería centrarme, precisamente, en nuestra comparecencia de las relaciones de puestos de trabajo, en esto, y en un acuerdo específico: el acuerdo del 14 de febrero del 2006. Un acuerdo muy anterior a la crisis, que ha tenido muchísimas modificaciones posteriormente y que, en palabras del propio departamento suyo, se dictan criterios comunes a todos los departamentos para la confección de las RPT; pero nosotros, de hecho, lo que creemos es que estos acuerdos de Gobierno lo que hacen es ser mucho más restrictivos que las propias normativas, y que son de aplicación, que generan agravios y que, además, tienen consecuencias reales a la hora de esa estructura, de esa organización y de cómo se implementan y se ocupan los puestos de trabajo. Acuerdos que, como he dicho, modifican las reglas a la hora de hacer las RPT y que no se negocian en ninguna mesa de negociación, que no son formulados ni son propuestos por los representantes de los trabajadores, que creemos que tendrían mucho que decir a este respecto y aportar mucho, también, para mejorar la organización.

Las RPT no solo indican los puestos y sus funciones, como decía antes. Y no en todos los casos, porque hay puestos en los que a lo mejor no están definidas esas funciones, sino que informan de la vinculación de las personas con la Administración -si son funcionarios, laborales, estatutarios o docentes-; la Administración de procedencia -si vienen de oposiciones directas a la comunidad autónoma canaria o vienen de cabildos, ayuntamientos o Administración del Estado-; las retribuciones que tiene el puesto -sobre todo, en el caso de los funcionarios, a través de los complementos-; el grupo de titulación, la categoría o cuerpos, escalas y especialidades que tienen que desempeñar los puestos; la forma en que se van a ocupar -concurso de méritos o libre designación-; los requisitos que se exigen como méritos para cubrirlos; y la localidad y jornada.

Las organizaciones sindicales denuncian el trato desigual que muchas veces en esa confección de las RPT se está haciendo a distintos puestos de trabajo, y muchos de ellos tienen que ver con el anexo del acuerdo de Gobierno de 2014 que he dicho, con todas sus modificaciones. Por eso queríamos preguntarle si, teniendo en cuenta que hay un nuevo acuerdo de Gobierno, si se ha aprendido del error del pasado, si se han corregido varias actuaciones del pasado y cuáles son las políticas que, en referencia a las relaciones de puestos de trabajo, tiene para las modificaciones que van a sucederse a continuación.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Monzón.

Señor consejero.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos de nuevo.

¿De qué vamos a hablar? La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos ya ha especificado que es de las relaciones de puestos de trabajo, que son, efectivamente, los instrumentos a través de los cuales se ordenan, en el ámbito de la Administración pública, los puestos de trabajo que son necesarios para el desempeño de las distintas funciones relacionadas con las competencias autonómicas.

Las limitaciones anteriores del tipo presupuestario. Como ustedes saben, en los últimos años, las relaciones de puestos de trabajo han sido instrumentos de ordenación que han estado condicionados también a ciertas restricciones derivadas de las reglas de contención del gasto público y de la racionalización de los recursos públicos.

Las medidas pasadas que afectaron a las relaciones de puestos de trabajo podríamos decir que, en esta situación, se obligó al Gobierno de Canarias a adoptar una serie de medidas excepcionales y coyunturales de ordenación de los recursos que tuvieron su incidencia, obviamente, en esas RPT.

Mejoras que prevemos llevar a cabo. Hoy hay un mayor margen de maniobra y nos permite comenzar una andadura de flexibilizar la configuración de las relaciones de puestos de trabajo.

Las actuaciones concretas. En primer lugar, estamos en disposición de modificar el procedimiento de aprobación y modificación de las RPT, adecuándolo a la nueva legislación de procedimiento administrativo de forma más eficiente y simplificada. Esta simplificación procedimental nos va a permitir que, con mayor rapidez y agilidad, la Administración pública pueda modificar su relación de puestos de trabajo para dar respuesta a las necesidades que en cada momento surjan. Es decir, más flexibles. Ni siquiera estáticas, que tardemos más de un año en modificarlas.

La otra actuación concreta, en segundo lugar: estamos en disposición de dejar sin efecto o modificar parcialmente algunos acuerdos de Gobierno que se adoptaron para dar respuesta a la regla de contención del gasto público. Así, la idea es ofrecer un mayor margen de maniobra para la creación de nuevos puestos de trabajo que permitan fundamentalmente atender necesidades nuevas que han surgido en la Administración, con perfiles concretos -usted hacía referencia precisamente a esto en su intervención-, como son la modernización administrativa, la transparencia, las nuevas tecnologías, entre otros muchos que sus señorías seguramente podrían mencionar.

La otra actuación concreta: también ampliaremos el margen de maniobra en relación con los intervalos que en los puestos de trabajo pueden ser dotados de complemento de nivel; que, como saben, retribuye la responsabilidad que cada puesto tiene en la estructura, así como los complementos específicos que, como saben también, retribuye las especiales condiciones de cada puesto. No se tratará simplemente de ampliar esos márgenes de niveles, sino que se establecerán criterios objetivos y uniformes por parte de Función Pública para que cada puesto de trabajo tenga asignado un complemento de nivel y un complemento específico, justo y adecuado.

Otros aspectos que estamos valorando también: el Gobierno de Canarias impulsa una estrategia marco de modernización que también incide en las relaciones de puestos de trabajo. Acciones de esa estrategia tan significativas como un modelo de competencias profesionales que tiene por objeto, precisamente, que en las RPT se reflejen, en los puestos de trabajo, las actitudes profesionales y las habilidades personales que se precisan para el correcto desempeño de ese puesto.

El otro elemento serían los derechos de movilidad interadministrativa. Otra de las cuestiones que se abordarán en la política de relación de puestos de trabajo es la implementación del derecho a la movilidad interadministrativa, que ya viene prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público y ha sido objeto de compromiso común en la Conferencia de Presidentes de este año. Esto nos llevará a realizar un análisis de cada relación de puestos de trabajo del Gobierno de Canarias para concretar qué puestos, por razón de su perfil, pueden ser abiertos para su provisión por personal funcionario procedente de otras administraciones públicas. Especialmente, las canarias, pues partimos de la base de que el conjunto de las administraciones canarias constituyen un sistema integrado de prestación de servicios públicos.

La modificación del decreto regulador de las especialidades. Estamos, igualmente, en disposición de abrir un proceso de modificación del decreto regulador de especialidades. Y esta modificación tiene por objeto adaptar los cuerpos, escalas y especialidades del personal funcionario de la Comunidad Autónoma de Canarias al actual sistema educativo, de forma que el decreto refleje los nuevos títulos académicos que deben exigirse para el acceso a la función pública.

En resumen, tenemos como objetivo, dentro de los márgenes que poseemos en materia de política de personal, que las RPT sean un instrumento -usted lo comentaba antes, creo, también- ágil y adecuado para atender las necesidades de la Administración, la creación de nuevos puestos, ampliando el margen de maniobra para la determinación de los complementos del puesto, fijando criterios objetivos y uniformes de creación de puestos, permitiendo la movilidad funcionarial y adaptando las relaciones de puestos de trabajo al nuevo marco educativo.

Después, en mi segunda intervención, podré seguir ampliándole algunas de las observaciones que tenemos, también, en relación con cómo queremos desarrollar el instrumento de las RPT en el Gobierno de Canarias.

Gracias, por ahora, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, consejero.

Turno ahora para los grupos. El Grupo Mixto, señora Mendoza, tres minutos.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero.

La RPT fue el gran invento para organizar todo el empleo público en cada Administración. De ahí su gran importancia, ya que, según tengas los recursos humanos organizados, así será la gestión pública que obtengas.

Desde las primeras sentencias del Tribunal Supremo, que fueron dictadas en la década de los noventa, nuestro alto tribunal entendió que la relación de puestos de trabajo era un instrumento de organización que debía estar al servicio de las necesidades de la Administración.

Señor consejero, a colación de esto, le pregunto: ¿se encuentran cubiertas las necesidades de la Administración pública canaria? ¿La actual relación de puestos de trabajo cumple con su función de gestión eficaz y eficiente, en los recursos de nuestra Administración, al servicio de los intereses generales?

Se lo preguntamos, señor consejero, porque durante la crisis, la profunda crisis económica vivida en España, los funcionarios y empleados públicos han sufrido de primera mano sus graves repercusiones -recortes y congelaciones de salarios-, a lo que se añade que, a las bajas tasas de reposición, se han acompañado unas elevadas tasas de temporalidad, celebrándose contratos de semanas y días. De hecho, según el INE, en 2016, el empleo público cayó por debajo de los tres millones de empleados públicos, perdiéndose 14 600 puestos, mientras que en el sector privado se crearon 428 500.

Mire, es necesario dar estabilidad al sector público, un sector profundamente perjudicado por la crisis. A tal efecto, no solo es preciso alcanzar unas tasas de reposición del cien por cien en todos los sectores o áreas, sino que hay que revisar las RPT para ver si el número de empleados públicos que hay actualmente son los suficientes para cubrir las necesidades del servicio que se presta a la ciudadanía. Porque el objetivo sería no solo recuperar los puestos de trabajo que se han perdido durante la crisis, habida cuenta de las jubilaciones y fallecimientos acontecidos durante estos años, sino mejorar el servicio de la Administración.

Por ello, también es fundamental, señor consejero, reconocer la labor de los trabajadores que llevan prestando sus servicios como interinos para la Administración en este duro periodo; algunos de ellos, por mucho más de diez años. Por lo tanto, es preciso reducir la elevada interinidad y la excesiva e injustificada temporalidad.

Estamos convencidos de que estas son las pautas que deben guiar la política de personal de cualquier administración.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Mendoza.

Turno ahora para el Grupo de Nueva Canarias, señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidenta. Señor consejero.

Como ya se ha repetido -creo que lo hemos dicho todos los que hemos intervenido-, la función pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias realiza sus tareas subordinando al interés general los intereses individuales y colectivos de sus miembros, atendiendo -o debería atender- a los principios de eficacia, profesionalidad, diligencia e imparcialidad. Y, además, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Y en este contexto es en el que las RPT, las relaciones de puestos de trabajo, son el instrumento técnico a través del cual se realiza esta ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de cada uno de los servicios. Y, además, no solo es donde se hace la organización, sino que en él se determinan una serie de requisitos -los que ha comentado la señora Monzón-; pero que, aparte de dichos requisitos, pues, los básicos son todos los requisitos necesarios para el desempeño del puesto, además de las características obviamente retributivas; por lo cual, entendemos que es una herramienta de indudable valor práctico. Pero, eso sí, si se aplica con un mínimo de rigor técnico y, por supuesto, con el estricto cumplimiento de los criterios de igualdad, de mérito y de capacidad.

Y es por ello por lo que los decretos a través de los cuales se plasmen las RPT deben ser rigurosos y deben cumplirse en todos sus términos. Y entendemos que en la realidad esto no ocurre, que la normativa no se cumple en todos sus términos; que, además, esto no es nuevo: ocurre ya hace mucho tiempo y, bueno, a pesar de que de forma reiterada, pues, los sucesivos responsables han dicho que están trabajando en la regularización y se comprometen al cumplimiento de las normas que les son de aplicación, la realidad es que esta situación, pisco arriba, pisco abajo, sigue siendo similar. Y, en la mayoría de los casos, nada tiene que ver con la contención del gasto público o con los famosos recortes. Yo, por ejemplo, le pongo el ejemplo de aquel personal que está en comisiones de servicio y que no se cumple con lo que pone la normativa respecto al tiempo máximo en el que pueden estar, o las atribuciones temporales de funciones.

Hace un año y pico, su antecesor reconocía que existían disfunciones y que iban a intentar cumplir la norma. Y, la verdad, a mí me llama la atención que el planteamiento sea intentar cumplir la norma, porque es que, cuando los consejeros toman posesión de su cargo, se comprometen a cumplir y a hacer cumplir la ley, no a cumplirla si pueden y, si no, pues qué le vamos a hacer. Porque es que, además, cuando cualquier ciudadano incumple la ley, se le aplica el oportuno procedimiento sancionador; y no vale que nos diga que tenía la intención de cumplir la ley pero que no pudo: la sanción se le sigue aplicando igualmente, y entiendo que es necesario que en este tema se cumpla la ley.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González.

Turno ahora para el Grupo Popular, señora Reverón.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

No quiero ser repetitiva, pero creo que es necesario volver a repetir y a decir que, evidentemente, las relaciones de puestos de trabajo se caracterizan por que son un documento, un texto único donde se regulan todas las características de los puestos de trabajo existentes en una administración pública.

Y, en este sentido, sí creo que es necesario destacar el papel que hizo la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿por qué?, porque introduce en la legislación de la Función Pública del Estado español una gran flexibilidad para que sean las diferentes administraciones públicas -la estatal, la autonómica y la local- quienes ordenen y planifiquen sus recursos humanos de acuerdo con sus prioridades, sin tener necesariamente que configurarse sobre la base de un sistema homogéneo que tenga como único modelo de referencia la Administración General del Estado.

Como decimos, serán las diferentes administraciones públicas las que, siguiendo el modelo descentralizado establecido en nuestra Constitución y reflejados en los estatutos de autonomía, puedan configurar sus propias normas de planificación de los recursos humanos según vayan aprobando sus propias leyes de Función Pública. Por tanto, podemos indicar aquí que, con la Ley 7/2007, y en comparación con épocas pasadas, se han reducido a la mínima expresión las normas básicas en materia de función pública, pudiendo cada administración pública configurar su propia política de personal. Por tanto, nos encontramos ante un modelo normativo que ha permitido la apertura de mayores espacios de autonomía organizativa en materia de personal, necesarios para posibilitar una regulación diferenciada de los sectores de empleo público que así lo requieran.

Asistimos hoy, por tanto, a una gradual multiplicación de las formas de gestión de las entidades públicas, que persigue responder adecuadamente a las exigencias que se les plantean; en cada caso, por supuesto, el servicio eficaz a los ciudadanos.

Por tanto, es evidente que la Comunidad Autónoma de Canarias goza de plena autonomía en esta materia de sus recursos humanos y, por ende, su planificación debe tener como objetivos contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles, mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad.

Señorías, a nadie se nos escapa que la crisis económica que heredó el Partido Popular obligó a adoptar medidas en muchos sectores. Entre otros, ya se ha comentado, entre los funcionarios públicos. Pero hoy, con acierto, podemos afirmar, aunque algunos lo quieran negar, que estamos hablando de una recuperación económica que está llevando aparejadas medidas por parte del Gobierno de España. Por tanto, desde mi grupo parlamentario, entendemos que, dentro de la autonomía de la que goza el Gobierno de Canarias en esta materia, se deberían adoptar.

Y yo quiero agradecer la intervención al señor consejero. Porque, por lo que ha dicho en su primera intervención, ya se están adoptando y se está trabajando sobre esas medidas.

Por otro lado, hemos tenido conocimiento recientemente de una solicitud de las organizaciones sindicales, que han hecho trasladar al Gobierno la convocatoria de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, con el fin de mejorar ese acuerdo de mejorar las condiciones de los empleados públicos de cara a los años 2017-2019.

Por tanto, la pregunta que sí me gustaría hacerle, señor consejero, ya que ha explicado cuáles son las políticas en estos momentos, es cuándo tiene prevista esa convocatoria de Mesa General de Negociación de Empleados Públicos y si ya están trabajando en algún borrador de acuerdo para la mejora de las condiciones de los empleados públicos.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Reverón.

Turno ahora para el Grupo Socialista. Señor Matos.

El señor MATOS EXPÓSITO (Desde su escaño): Sí, señora presidenta.

Señor consejero.

Bueno, decía la portavoz del Partido Popular que heredaron una crisis económica, y eso ha justificado, ha sido la gran coartada para imponerles a todos los trabajadores de este país, también a los trabajadores públicos, una receta injusta, una receta, en fin, de restricciones de derechos, de garantías, que también han pagado los trabajadores públicos y que impuso, además, a las administraciones, un corsé que las ha tenido francamente limitadas cuando más se necesitaba de unos buenos servicios públicos, cuando más se necesitaba de unos empleados públicos motivados, de unas plantillas de trabajadores públicos bien dotadas para prestar esos servicios en condiciones a los que más las necesitaban. Y, por lo tanto, creo que es justo reconocer -y creo que es bueno hacerlo en el Parlamento hoy- el trabajo que desarrollaron durante la crisis económica, que para algunos o que para la mayoría de los ciudadanos de este país todavía no ha finalizado. Pero, por lo menos, en los momentos más difíciles, para los trabajadores públicos que tuvieron que hacer frente, en unas condiciones muy limitadas, con unas plantillas muy limitadas; hacer frente, como digo, a una situación social muy dura, manteniendo la calidad de los servicios públicos en toda España pero, también, en esta comunidad autónoma.

Las limitaciones que han sufrido el Gobierno de Canarias y todos los gobiernos de todas las comunidades autónomas de este país desde que el Partido Popular tomó las riendas de la política nacional, allá por el año 2011, son las mismas. Las mismas limitaciones: la imposibilidad de ir cubriendo las bajas; la obligación -o la necesidad- de tener que prestar el servicio con los mismos trabajadores o con menos. Esta es la realidad de lo que ha transcurrido en esta comunidad autónoma, desde el año 2011 hasta la actualidad. No conozco a ningún Gobierno que disfrute con esa situación. Ahora, el Gobierno ha tenido -este y el anterior, del que formé parte- muy poco o ningún margen de maniobra. Las cosas parece que van cambiando; las cosas parece que van cambiando. Pero también es verdad que nos movemos en un marco de legislación estatal que, en algún momento, debe cambiar para poder garantizar y darles los instrumentos necesarios a las administraciones, por ejemplo, de las comunidades autónomas; también a las administraciones locales, para poder darles a los ciudadanos unos servicios de calidad, prestados por unas plantillas que estén a la altura de esas necesidades.

Bueno, nosotros vamos a esperar. Se abre una ventana, se abre una oportunidad. El consejero nos ha desgranado parte de los objetivos que tiene con, en fin, con las nuevas relaciones de puestos de trabajo. Vamos a esperar, estaremos atentos, a ver qué es lo que ocurre. Y aquí estará el Partido Socialista para ver qué hace el Gobierno y hacer comparecer al consejero una vez que tengamos algo dibujado con más concreción.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matos.

Turno ahora del Grupo Nacionalista, señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías. Señor consejero.

Las relaciones de puestos de trabajo son "el nudo gordiano de la vertebración de la Administración" pública, así las define el decreto de 1985 al que hacía referencia la proponente, desarrollado por orden del mismo año. Este es un asunto muy denso, muy técnico, muy específico; lo ha explicado muy bien la proponente: es el mapa de la Administración pública el que define la denominación de los puestos, sus características, sus requisitos, sus desempeños y sus retribuciones.

Mucho ha llovido desde el año 1985. Y es verdad, es verdad que coincidimos en que merece una revisión ese decreto; pero, sobre todo, porque ha cambiado el modelo de administración. Pero no es menos cierto que el Gobierno ha ido adoptando acuerdos, en los últimos años, fijando criterios comunes de actuación, tendentes a normalizar y a darles homogeneidad, aplicables por igual a todos los departamentos.

También se ha hecho un esfuerzo por transparentar las RPT, y es una realidad que están publicados en la web, en abierto, los textos consolidados. En todo caso, los efectivos deben estar donde realmente se necesiten, donde pueden prestar un mejor servicio a los ciudadanos; y las RPT, como instrumentos de organización, deben estar orientadas a esa finalidad.

Valoramos que el Gobierno, nos confirmaba el consejero, está trabajando para dar más agilidad a los procedimientos que permitan adecuarlas con mayor rapidez a las estructuras organizativas, además de avanzar en los criterios homogéneos que respondan a las necesidades reales de los servicios que se prestan a los ciudadanos, con mayor flexibilidad para la creación de nuevos puestos. Ahora que se abren las tasas de reposición, parece que se abren por el Gobierno de España para cubrir las carencias en las áreas que más lo necesitan. Conforme al nuevo modelo de administración más abierta, más moderna, orientada a atender las necesidades de los servicios públicos en una sociedad en continuo cambio que precisa, también, de una administración capaz de dar respuesta con mayor rapidez y hacer frente a esos cambios con más recursos humanos, con procesos más simples y con más medios adecuados.

La estrategia del Gobierno abierto, usted la mencionaba, supone un cambio de cultura organizativa con la dirección por objetivos, la evaluación de las políticas públicas, la capacitación del personal y la simplificación. Esperamos que esos objetivos de la estrategia de Gobierno abierto permitan una mayor flexibilidad a las políticas de recursos humanos y una mayor ductilidad a las RPT para dar respuesta a las demandas de la sociedad y que sean de verdad un instrumento al servicio de las políticas, al servicio de los ciudadanos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Beato.

Turno ahora para el grupo proponente. Sí, compareciente. El Grupo Podemos, señora Monzón, diez minutos.

La señora MONZÓN NAVARRO: Gracias, señora presidenta. Señor consejero.

Usted ha hablado de la crisis. El presidente, esta mañana, hablaba de que la crisis comenzaba en el 2008. Y yo le recuerdo que el acuerdo de Gobierno con criterios para establecer las relaciones de puestos de trabajo es del año 2006, dos años antes de que comenzara la crisis. Y ese acuerdo es importante, porque ese acuerdo contiene unos anexos que marcan los puestos tipo; es decir, que condicionan cómo pueden hacerse las relaciones de puestos de trabajo. Cada vez que se crea un nuevo puesto de trabajo o se modifica, no se pueden poner las retribuciones del personal funcionario, los complementos... Sistema retributivo complejo, en el que tiene que ver con el desempeño del puesto, y yo le digo -y lo dice la Ley de la Función Pública- que esos complementos deben retribuir las condiciones particulares de los puestos -su especial dificultad técnica, su dedicación, su responsabilidad, su incompatibilidad, su peligrosidad, su penosidad, el lugar de residencia, etcétera, etcétera-.

En los anexos de los que estamos hablando, que han sido modificados y que vuelven a ser modificados el 12 de septiembre de este año 2017, siguen las restricciones en los puestos de trabajo; puestos tipo que, además, obligan a que en las relaciones de puestos de trabajo no se puedan incrementar esos complementos por encima de lo que establece ese mismo acuerdo, esos anexos.

Y eso ha tenido repercusiones, ha tenido agravios comparativos entre los empleados públicos. Partimos de una premisa: a igual trabajo, igual salario. Esa es una premisa que, si me lo permite, la Administración pública debería ser la garante precisamente de ese tema. Y esto lo que ha ocasionado, como he dicho, son consecuencias que han traído y que han distorsionado las relaciones de puestos de trabajo, porque al final, esto, que está relacionado con la movilidad de los empleados públicos... Efectivamente, decía antes la señora Beato que, evidentemente, la movilidad de... Los empleados públicos tienen que estar donde se necesiten, pero para eso los organizamos y para eso hacemos unas relaciones de puestos de trabajo. Lo que no puede ser es que yo hago una relación de puestos de trabajo, que es un decreto del Gobierno y que debe ser cumplido por todos y cada uno de los departamentos y organismos autónomos, ¡y que se lo salte el propio Gobierno que es el que lo hace!, es decir... Y no simplemente por que en el puesto de trabajo haga falta otro sitio, sino las triquiñuelas para que, al final, ciertos empleados públicos puedan tener privilegios sobre otros empleados públicos que no tienen o no manejan la misma oportunidad o igualdad de oportunidades a la hora de ocupar los puestos.

Aquí hablaba la señora González de una comparecencia que tuvimos en mayo de 2016 con el anterior consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, y hablábamos justo -y ponía ejemplos muy claros- de situaciones reales, de incumplimientos gravosos sobre las RPT, esas discrecionalidades a la hora de movilizar, de moverlos -a los empleados públicos-, donde unos tienen privilegios y otros no tienen; donde se visibilizan unos puestos de trabajo y otros se invisibilizan totalmente. Y eso lo han generado los acuerdos de Gobierno, de este Gobierno que estoy viendo que no hemos aprendido de los errores del pasado, porque seguimos insistiendo en la misma situación: en generar unos máximos en los puestos de trabajo sin tener en cuenta la situación de los empleados públicos.

En este acuerdo, encima, además, hablamos de la Agencia Tributaria Canaria; una Agencia Tributaria Canaria donde, precisamente, después de la creación de la ley, llevamos tres años sin RPT en la Agencia Tributaria Canaria; una agencia que creemos de vital importancia a la hora de luchar contra el fraude fiscal en Canarias. Pero lo que vemos es que estos acuerdos de Gobierno parece que de lo único que tratan es de las macroestructuras de arriba, si me permite decirlo, en la pirámide jerárquica, en vez de pensar en los de abajo, en la persona que realmente hace las funciones y está al servicio técnico de toda la ciudadanía. Porque encima vemos que, después de la ley y después de los planes de gestión que se han hecho en la agencia tributaria, ahora se crea una subsecretaría para montar otra estructura, otra megaestructura en la parte alta de puestos de trabajo; donde, además, en ese mismo acuerdo, se habla de esos grupos 1 con niveles de 29, 80.

Es decir, al final estamos viendo, señor consejero, que no está hablando de la gente. ¿Dónde quedan los empleados públicos que trabajan en las oficinas de empleo y que día a día tienen colas, colas y colas de personas en situaciones dramáticas, y que están ellos atendiendo a ese personal, que no se les tiene en cuenta en estos acuerdos de Gobierno para que sus retribuciones estén acordes a la penosidad y al trabajo que están desarrollando esas oficinas? Yo le pregunto: ¿dónde están los trabajadores sociales, los empleados, aquellos psicólogos que trabajan con los menores que tienen medidas cautelares y que están abarrotados?, y eso lo puede saber la consejera de Servicios Sociales que tenemos aquí, que están abarrotados y que no pueden atender la innumerable situación de crisis y de emergencia social que estamos viviendo en Canarias.

Yo creo que esos acuerdos de Gobierno usted compartirá conmigo que, si hubieran estado negociados, si se hubiera hablado con las organizaciones sindicales, si se habla con toda la estructura del Gobierno, se podrían hacer mucho mejor y adecuar unos criterios homogéneos que realmente retribuyan, como usted dice en ese mismo acuerdo del 12 de septiembre, el sacrificio que los empleados públicos, durante todos estos años, han hecho, que han sido muchos sacrificios.

Y yo, cuando me remitía a esa comparecencia que tuvimos en el 2016, en que denunciábamos muchos puestos de trabajo, le puedo decir que la situación actual es exactamente la misma que en mayo de 2016, cuando tuvimos esta comparecencia. Ni la Dirección General de la Función Pública ni la Inspección General de Servicios han sido capaces de hacer cumplir las relaciones de puestos de trabajo; que la gente esté en los puestos, donde le corresponde; que no haya agravios a la hora de que unas personas puedan moverse.

Y yo le voy a poner un ejemplo muy claro, que sigue en la misma situación: una persona cuyas funciones son las de secretaria de alto cargo en un puesto que es de libre designación; que no lo ocupa ella, por supuesto, que está ocupado por otra persona. Esa libre designación salió en el boletín y se le dio a otra persona que no hace las funciones, y esa persona tiene reserva legal en otro puesto para cobrar más de lo que cobraría como secretaria de alto cargo. Y yo no tengo nada contra las personas, pero yo le pregunto: ¿y el resto de secretarias de alto cargo que cobran menos que esta persona y que se le ha hecho la comisión y después se cubre y se hace para que cobre más, y para que tenga una reserva legal, y para que consolide un grado?, ¿y el resto de funcionarios públicos que hacen esas mismas funciones? Eso es lo que se tiene que evitar; y eso sucede en esta Administración pública, y este es un ejemplo como otros muchos de gente que viene de otras administraciones.

Usted habla de la movilidad interadministrativa, de que puedan venir de otras administraciones a la comunidad autónoma canaria; y nosotros estamos de acuerdo en ciertos puestos. No hay reciprocidad. Por tanto, es verdad que los empleados públicos no pueden ir a las otras administraciones: tanto el cabildo como los ayuntamientos. Y, sin embargo, usted reconoce también en su acuerdo de Gobierno que la equiparación, las retribuciones ahora son muy dispares; cobran más en los cabildos y en los ayuntamientos que en la propia comunidad autónoma; y eso se debe también a sus propios acuerdos de Gobierno.

Yo, por eso, en esta intervención, señor consejero, no podemos entender cómo seguimos en los mismos errores. Además, durante años, se han suprimido, precisamente, también, regulados en los acuerdos de Gobierno, porque se pretendía que en las relaciones de puestos de trabajo no hubiera más del 5 % de puestos vacantes. Cuando un puesto está vacante e, incluso, no tiene dotación presupuestaria -que ese es otro tema, que se le elimina la dotación presupuestaria y, por tanto, no se pueden cubrir-, no produce gasto en el capítulo I, con lo cual, no entendemos por qué se suprimen esos puestos de trabajo. Deberían permanecer, porque ahora tenemos un problema para volver a crearlos, precisamente, otra vez, con los límites de esos acuerdos de Gobierno.

Esto, como decía, crea disfunciones; y esto es reconocido por los propios secretarios generales técnicos cuando hacen y elaboran las RPT. Hay un abuso de las libres designaciones para cubrir los puestos mejor, porque no se convocan los concursos de méritos. Hasta hace unos años, había que hacerlo anualmente; por supuesto, nunca se hizo. Después se cambió la ley para que fuera cada dos años y no se hace: ahí tenemos cuerpos y escalas que llevan más de diez y doce años sin poder concursar, sin poder ocupar puestos con los principios rigurosos que se deben cumplir en la Función Pública, que son la igualdad, el mérito y la capacidad. No hay igualdad de oportunidades entre los empleados públicos. Y con el personal laboral sucede lo mismo, porque tienen el capítulo II de su convenio colectivo suspendido; por tanto, no tienen movilidad.

Parece que es mucho más cómodo para la Administración que todo esto permanezca inactivo, que haya una inactividad total en estos temas y que, al final, movamos a la gente, pues, a dedo: yo le doy una comisión de servicios, que es totalmente discrecional; o le doy una atribución temporal de funciones, que también es discrecional; o le doy una LD, que todos sabemos cómo es el procedimiento de la libre designación, que es un procedimiento reglado, pero es excepcional; o creamos puestos singularizados que ni siquiera están regulados en la comunidad autónoma y que se ha desvirtuado totalmente el significado de lo que es un puesto singularizado. Y que, como decía antes, secretarios generales técnicos de muchas consejerías han reconocido que, al final, los crean porque pueden ponerles mejores retribuciones; no están sujetos al acuerdo de Gobierno y, por tanto, les pueden dar mejor dotación retributiva; y, además, los pueden cubrir con LD porque en los puestos singularizados se justifica.

Por tanto, señor consejero, yo creo que las relaciones de puestos de trabajo, como decíamos, es un mapa importante. Y mucho más importante es que estén bien hechas; porque no se trata de hacer las cosas más rápido, que también, sino hay que hacerlas bien hechas. Y eso es lo que tiene que hacerse con las relaciones de puestos de trabajo. Yo creo que hay que coger al toro por los cuernos -y me permite esa expresión taurina que a lo mejor no debería emplearla, pero socialmente la empleamos- para que, realmente, nos sentemos a organizar lo que es la Administración pública canaria, cuáles son las competencias de cada uno de los servicios.

Además, erradicamos totalmente esos puestos que no sabemos ni qué son: coordinadores, jefes de unidades, jefes de áreas. Tenemos un decreto, el 212, que regula cuál es la organización de esta Administración: tenemos servicios, tenemos secciones, tenemos negociados. Hagamos las cosas bien, dimensionemos bien los servicios para la prestación en la Administración.

Y, por último, transparencia. Aquí se hablaba de las RPT: yo me he metido en la web para intentar averiguar cómo están ocupados los puestos. No sabemos quiénes están en atribución temporal de funciones. Además, existen unas columnas que no entiendo y que quiero preguntarle. Dicen si el puesto está asignado, si está ocupado -eso sí lo entendemos-, si tiene reserva legal -también lo entendemos-; no sabemos lo que es una reserva provisional, espero que me lo explique también; no sé, administrativamente, qué significa eso; y, bueno, si tiene sustituto o no. Pero al final no sabemos en qué situación está la persona de este puesto: si está en comisión de servicios, si está por concurso de méritos, si está en atribución temporal en otro y está fuera de RPT porque la atribución temporal de funciones no está en ningún puesto concreto. Esperemos que nos aclare todas estas cuestiones.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Monzón.

Turno ahora para el consejero.

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Barragán Cabrera): Muy bien.

Primero, quiero unirme a la felicitación que muchas de sus señorías han dado, no a los interinos en particular, sino a todos los empleados públicos de esta comunidad autónoma durante estos años. Porque, efectivamente, sin su colaboración, su buen hacer y entender la situación en la que estábamos y las restricciones que teníamos, muy difícilmente también quienes han gestionado la comunidad autónoma durante estos últimos ocho o nueve años podían haber desempeñado también las políticas que se han desarrollado. Por lo tanto, me uno a ellos. Y, en particular -y permítanme que, en este sentido, lo haga así-, las personas que trabajan en Función Pública, en la Dirección General de la Función Pública, que también son pocas y algunas de las cosas que ustedes estaban planteando ahora parece que podíamos dar la sensación de que son pocos profesionales o que no están atentos al desarrollo de su trabajo. Y permítame romper una lanza a favor de todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras que están en Función Pública, porque sé que se desviven por la legalidad y por hacer las cosas bien.

Vamos, una Administración de este tamaño, coincidirá conmigo, señora Monzón, en que, efectivamente, puede haber disfunciones y puede haber cosas que no se hagan bien. Todos los días se toman decisiones, cientos de decisiones sobre el personal. Desde el Servicio Canario de la Salud, pasando por Educación o por la Administración general, por supuesto. Incluso algunas, como usted sabe, terminan en los tribunales, en el legítimo derecho que tienen esos funcionarios que se pueden ver perjudicados en la toma de decisiones. Pero, afortunadamente, creo que, por lo que yo conozco, los funcionarios de la Función Pública se desviven; los trabajadores de la Función Pública se desviven por que todo se haga bajo la más estricta legalidad.

Quiero plantear algunas de las cuestiones que les han preocupado a sus señorías. Ya he dicho que hemos lanzado toda una serie de trabajos. Evidentemente, todo lo que tenga que hacerse a través de los legítimos representantes de los trabajadores así será. No puede ser de otra manera.

Y quería apuntarles, junto a lo que les dije antes, que el hecho de que existan plazas vacantes se debe, en una parte, a la imposibilidad de incorporar la totalidad de los efectivos perdidos en ejercicios anteriores; a que constituyen previsiones a corto y medio plazo; y, en este caso, a la propia dinámica de los recursos humanos, que, como ustedes saben, está sujeta a movilidad.

Con todo, los acuerdos de Gobierno de los últimos años han incidido en la racionalización de las relaciones de puestos de trabajo, estableciendo límites respecto a la creación, modificación de los puestos de trabajo. Precisamente, para adecuar necesidades con recursos humanos y financieros. No tenemos, en este caso, una RPT que esté muy alejada de la realidad.

Lo que sí es verdad, cuando usted planteaba este tema, es que la tasa de reposición, hasta hace pocos años, era del 10 % y solo para determinado personal. Y, afortunadamente, esto se ha conseguido abrir. En el último presupuesto del Estado, se ha conseguido abrir y ya podemos ir a una tasa de reposición de casi el cien por cien en algunas especialidades de la Administración. Y eso nos está permitiendo cubrirlas.

Pero nos ha venido otro problema, y es que, cuando recurrimos a las listas de reserva, estas listas o están agotadas -en algunos casos-, como su señoría sabe; o, en algunos casos, llevan tanto tiempo esas personas que, cuando las hemos llamado, ya están trabajando en otro sitio. Y eso nos ha costado. Contaba usted el ejemplo, por ejemplo, el de Industria, ¿no?, cuando estuvimos buscando los ingenieros para cubrir los puestos de Industria, pues, nos encontramos, precisamente, con un problema de este tipo. Y ya saben que también los sindicatos... Y hay una cultura general de que a la Administración se entra como se entre y, por lo tanto, no podíamos recurrir a las listas libres del Servicio Canario de Empleo para cubrir esas plazas, a pesar de que había personas en paro en esas especialidades.

En relación con el destino en isla distinta: el hecho de que haya determinadas personas en isla distinta a la establecida en las relaciones de puestos de trabajo es excepcional; atiende a las necesidades del servicio y a la propia configuración territorial de la comunidad autónoma, sin que ello afecte al normal funcionamiento de los servicios. En determinadas ocasiones, incluso, es necesario reforzar una estructura y se destinan recursos humanos a una isla distinta. Esto no supone desobedecer a la relación de puestos de trabajo, sino atender a las necesidades de cada momento.

Y, precisamente, traigo aquí a colación una de las palabras fetiche que había comentado antes: las relaciones de puestos de trabajo tienen que pasar -o dejar de ser estáticas- a ser relaciones de puestos de trabajo flexibles que, bajo la dirección de las secretarías generales técnicas de cada departamento, sean capaces de cubrir las necesidades que tiene esta durante un año.

La libre designación, que también creo que la ha comentado. Yo creo que están correctamente dimensionadas las plazas de libre designación en cuanto a la forma de provisión por este modelo. Existen determinados puestos que, por razón de la especial responsabilidad, exigen que su forma de provisión sea de libre designación, y este es un mecanismo previsto en la ley, ¿no? No sé si hay alguna observación; siempre me podrá sacar usted, insisto, entre tantos casos, algún caso específico que no se haya hecho correctamente. Pero no es la norma, en este caso, de la casa, de la Administración pública canaria, incumplir lo que está previsto en la ley.

Y, en cuanto a los interinos, el nombramiento de personal interino se ha limitado estrictamente a atender necesidades urgentes o inaplazables de la Administración; precisamente, para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales y el propio funcionamiento de la Administración. Es decir, en los sectores declarados prioritarios y como consecuencia de las restricciones vinculadas a las tasas de reposición.

En cuanto a la oferta de empleo público del año 2017, en principio, no tenemos retrasos. Esta va a ser publicada a lo largo de lo que queda de año, una vez que el Gobierno ya ha fijado los máximos legales de la tasa de reposición.

En cuanto a la ejecución de la oferta pública de empleo de los años 2015 y 2016, aunque parezcan pocas las convocatorias por ahora -publicadas-, no debemos olvidar que, entre las administraciones, del cuerpo de administración general, 103 plazas, y el cuerpo de gestión, 94 plazas, se han convocado 157 plazas. Es decir, casi una tercera parte de todas las plazas ofertadas. Y estamos, además, en disposición de convocar, antes de final de año, distintas especialidades del cuerpo de ingenieros y arquitectos y la de letrados. Trabajaremos, además, por seguir convocando en el primer trimestre del año 2018 el resto de las plazas.

En definitiva, señorías, la intención era la que les comentaba anteriormente. Obviamente, trabajaremos con los representantes de los trabajadores; pero, en la medida en que la crisis nos va abandonando, en la medida en que podemos hacer más, mejorar las plantillas de la relación de puestos de trabajo de la Administración autonómica, pues, en esa línea trabajaremos.

Me preguntaban antes por una reunión con los trabajadores. Esa reunión -saben que hay varias reuniones- siempre la piden los trabajadores, pero mañana hay una, ¿no?; una importante, porque es para ver el texto articulado de la ley de presupuestos, en este caso, con los representantes de los trabajadores. Como saben, esta es una discusión en la que también hay una parte, como saben, en el articulado, siempre interesante, sobre la regularización del personal de la comunidad autónoma. Y mañana tendremos ese debate con ellos, más allá también de sus legítimas reivindicaciones -y que ya veremos hasta dónde se puede llegar- de ir mejorando algunas de las mejoras sociales que habían conquistado en el pasado y que también vienen siendo restringidas, presupuesto tras presupuesto, hasta que mejore la situación, definitivamente, la situación económica en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señor consejero.

Siguiente comparecencia.