Diario de Sesiones 91/2017, de fecha 24/10/2017 - Punto 30

9L/C-1043 COMPARECENCIA DEL GOBIERNO -CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA-, INSTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC), SOBRE REUNIONES DE LA COMISIÓN DESIGNADA PARA LA REVISIÓN DE LA DEPENDENCIA.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Pasamos a la siguiente comparecencia. A la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, sobre reuniones de la comisión designada para la revisión de la dependencia. Proponente, el Grupo Nacionalista Canario.

Señora Luis.

La señora LUIS DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente. Señorías, señora consejera.

De nuevo, volvemos a traer a esta Cámara el sistema de dependencia; aunque, esta vez, en relación con los trabajos que se vienen desarrollando en la comisión para el análisis de la situación de la dependencia, creada a nivel estatal, donde nuestra comunidad autónoma participa como miembro de pleno derecho.

Pero, antes de entrar en materia, quiero agradecerle que nos haya hecho llegar, tal y como se comprometió en una de las comisiones de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, las certificaciones del Imserso en relación con las altas que se han ido produciendo en el sistema durante este año en Canarias. Concretamente, hasta el mes de agosto de 2017 y hasta el mes de septiembre de 2017. Son estas certificaciones las que a usted le agradecemos que nos haya hecho llegar (mostrando documentos a la Cámara).

No pretendo volver a entrar en las famosas guerras de cifras que, como he mencionado en otras ocasiones, nos producen un agotamiento tremendo. Y, sobre todo, considero que es una falta de respeto a todas esas personas que esperan por el reconocimiento de su derecho. Pero no puedo obviar, no puedo obviar el contenido de estas certificaciones, después de lo ocurrido en la última comisión, donde se volvían a poner en cuestión los datos que daba usted, señora Valido, e indudablemente los datos que dábamos nosotros, desde el Grupo Nacionalista Canario. Mucho más, teniendo en cuenta que, en el orden del día de esta sesión plenaria, se incorpora una interpelación cuyo contenido, nuevamente, vuelve a poner en cuestión los datos reales con una interpretación de los mismos que yo no voy a calificar. Voy a dejarlo así.

Sin embargo, coincide el Imserso en el número de altas: hasta agosto, 2510; 2738 hasta septiembre. Y eso que las altas del mes de septiembre corresponden a los trabajos de agosto y, como sabemos, es periodo vacacional; con lo cual, seguramente, el grueso de las incorporaciones de ese mes se van a ver reflejadas en la certificación -que espero que nos entregue también- del mes de octubre.

Señora Luzardo, supongo que ha tenido usted acceso a estas certificaciones. Si no, yo le puedo dejar una copia. Pero supongo que usted, como tiene relación directa con el Imserso, tendrá acceso a estas certificaciones. Créame cuando le digo que estoy ansiosa por conocer su versión de los hechos y ver cómo va a interpretar usted estos datos de estas certificaciones.

Retomando el tema, señora consejera, sabemos que el pasado día 18 se celebró en Madrid una convocatoria extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, con un único punto del orden del día: la presentación del informe de la Comisión para el Análisis de la Situación del Sistema de Dependencia.

Nos consta que el trabajo de la comisión ha sido muy arduo y no exento de dificultades: diez reuniones muy intensas de trabajo, tres reuniones de la comisión. Sin duda, la participación de nuestra comunidad autónoma ha sido intensa y me atrevo a decir que decisiva. Y en ese sentido va nuestra solicitud de comparecencia. Usted lleva reivindicando desde el primer momento una serie de peticiones fundamentales para atender con garantías el sistema de dependencia en nuestra comunidad autónoma. Entre otras, el reconocimiento, de una vez por todas, de las aportaciones que hacen los cabildos y ayuntamientos al sistema de dependencia; las mejoras en el sistema estadístico del Imserso; que la financiación de la dependencia sea finalista; que se recuperen las cantidades del nivel acordado; y que se incremente el nivel mínimo para que se alcance, bueno, ese 50 % de financiación que le corresponde aportar al Estado al sistema de dependencia; y que se revise y que se actualice la ley de dependencia: peticiones que ya había incorporado a la mesa de negociación y que, en su momento, nos las hizo llegar a nuestro grupo parlamentario. Nosotros intentamos en su momento incorporarlas a la moción que en su momento presentó el Grupo Socialista; fundamentalmente, porque nos parecía importante que saliera una posición conjunta y unánime de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara para reforzar la posición. Al final, bueno, lamentablemente, no pudo ser. Qué le vamos a hacer.

Lo que le pedimos, señora consejera, es que nos haga una valoración de lo tratado hasta la fecha; cuáles son las expectativas en relación con nuestras reivindicaciones; en qué sentido van los planteamientos del resto de comunidades autónomas; y nos gustaría que nos pudiera adelantar algunas de las conclusiones que se incorporan al informe de la comisión. Y, si es posible, señora consejera, le pido que, por favor, le haga entrega -si ya no lo ha hecho- de estos informes al resto... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora Luis.

Turno de la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): Buenas tardes, saludos a todos y a todas.

Efectivamente, diputada, han sido trabajos intensos, no exentos de discusiones y de puntos de vista diferentes.

Me gustaría empezar por decirles quiénes componían esa comisión delegada; qué comunidades eran las que estaban presentes en estas reuniones, que se han producido desde el mes de febrero hasta el mismo mes de octubre. Porque la última fue en las semanas pasadas, antes de una territorial en la que ya estaban todas las comunidades autónomas. Estas comunidades son Andalucía, Asturias, Aragón y Cataluña; Castilla y León y Galicia; por supuesto, Canarias: siete comunidades que han designado a unos técnicos que han trabajado en ese análisis-estudio de la dependencia que emanó de la Conferencia de Presidentes.

Desde luego, estamos satisfechos, estamos satisfechas con los resultados de las conclusiones del primer documento. Primero, porque es un documento que se ha consensuado por todas las comunidades que forman parte de la comisión delegada. Pero, más allá de eso, ha sido un documento apoyado y respaldado por la territorial, donde están todas las comunidades autónomas -que, además, han felicitado a la comisión delegada por el trabajo realizado-.

Como usted ha dicho, una de las cuestiones pendientes, serias y graves para esta comunidad era la manera de contabilizar la inversión que en materia de dependencia se hacía. Hemos conseguido que en este documento se recoja -y, además, algunas comunidades también tenían la reclamación por la delegación que han hecho a otras administraciones-, que se recoja todo el dinero que en cada comunidad se invierte en atender a dependientes, venga de la Administración pública de la que venga, esté en el capítulo presupuestario en que esté. Y, asimismo, y por ello, en este documento dice con claridad: "Al hablar del sistema, habrá que tener en cuenta no solo las partidas presupuestarias que las mismas -las comunidades- fijan en su presupuesto para tal fin; sino que deberán incluirse las partidas presupuestarias que otras administraciones públicas, con delegación o competencia transferida legalmente establecida, dedican a la atención de personas dependientes" (mientras lee un documento). Esto es clave.

Fruto de este acuerdo que se ha recogido, ya, en el último Observatorio de la Dependencia, se habla de que Canarias es, junto con Cataluña, la segunda comunidad en inversión. Hasta entonces, no se nos tenía en cuenta el dinero, la importante cantidad de dinero que ponen los cabildos para cofinanciar los recursos. Pero, en el futuro, también querremos que todos los servicios que prestan los ayuntamientos, una vez incorporemos los grados 1 y el servicio de atención a domicilio especializada, también sean contabilizados.

También se ha recogido, por acuerdo de todas las comunidades, la necesidad de incrementar la aportación del Estado. No solo la comisión delegada, sino que toda la conferencia territorial ha acordado que hay que rescatar los recortes del 2012. Una fecha a partir de la cual las comunidades solo recibimos el mínimo por dependiente, quedando cancelados los compromisos del nivel acordado, desapareciendo todos los convenios de cofinanciación. Todas, absolutamente todas las comunidades, de todos los colores políticos, han ratificado este acuerdo y han puesto sus cifras sobre la mesa. También les hablaré de ellas, de nuestras cifras, de las cifras de 2016.

No cabe exigir, no cabe exigir más participación a los beneficiarios. Y, si este Gobierno -o cualquier Gobierno- plantea una aportación menor, deberá garantizar con su aportación la sostenibilidad del sistema. Si se plantea en el Congreso de los Diputados que personas que estén tengan sus ingresos, por ejemplo, como ha planteado el Cermi, por debajo de 3 Iprem, no financien, no cofinancien, el Estado tendrá que garantizar la parte que se deje de ingresar para poder sostener el sistema.

Hay un acuerdo en este documento de conclusiones que es muy importante, porque yo he hablado en varias ocasiones de las muchas dificultades que hemos tenido con la plataforma para la grabación de datos. Y lo voy a leer textualmente: "El aplicativo de gestión Sisad, en su nueva versión, ha venido ocasionando diversos problemas. Superado el periodo previsto para su implantación, que ha dado lugar a cambios en aspectos tales como funcionalidades o permisos de perfiles, entre otros, que dificultan el acercamiento entre la realidad de los datos de los gestores de expedientes propios de cada comunidad autónoma con lo reflejado en los datos estadísticos del Imserso, por lo que se pide se acometan mejoras que acerquen las cifras" (mientras lee un documento). Documento avalado por todas las comunidades. Se plantea la necesidad de la revisión del modelo estadístico para adaptarlo a las necesidades actuales de información. Y se considera imprescindible disponer de referencias poblacionales.

Hay una cuestión también muy importante: hemos introducido la necesidad de que en una revisión de la ley de dependencia, que urge diez años después, se tengan en cuenta indicadores que mejoren la situación de territorios que tengan dispersión geográfica o insularidad. Hemos incorporado la valoración del incremento de costes en las islas no capitalinas; en las islas en las que conseguir operadores, servicios y recursos es infinitamente más caro que en el territorio continental o que en las islas capitalinas, como he dicho, de la comunidad autónoma. Y este es un aspecto que, en una revisión de la ley, es vital. Vital, porque no vale lo mismo una plaza en Gran Canaria y en Tenerife que en El Hierro y en Lanzarote, o en La Gomera, o en La Palma, o en Fuerteventura. Por tanto, tenemos que tener en cuenta estas diferencias e incorporarlas en esa revisión de la ley que estamos solicitando.

Hemos solicitado que se encargue un estudio, insisto, en este documento que luego ha avalado la conferencia territorial. Un análisis profundo desde la perspectiva de género. Todos y todas hemos mostrado la preocupación, teniendo en cuenta las necesidades de saber si estamos respondiendo a las necesidades específicas de las mujeres cuidadoras o estamos fomentando el refuerzo de los clásicos roles que, por cuestiones de género, se asignan en un sistema patriarcal en el que es la mujer la que tiene que hacer el trabajo de cuidado.

Creemos que, diez años después, es el momento de revisar una ley que ha tenido muchos problemas; que ha convivido con una época de crisis tremenda, con muchos recortes, que hemos tenido que enfrentar el resto de las administraciones; que teníamos a los usuarios en nuestras instalaciones y que no podíamos decirles que se fueran a casa cuando los dineros dejaron de llegar. Por tanto, las comunidades han solicitado, de manera urgente, se traslade al Ministerio de Hacienda la petición de incremento del nivel acordado y el incremento del nivel mínimo que se aporta.

En Canarias, el año pasado, la dependencia costó 192 millones de euros: 165 los financiaron comunidad autónoma y cabildos; y solo 26 millones, el nivel mínimo acordado, vinieron del Estado. Del resto de las comunidades, ninguna ha presentado números que lleguen al 20 %.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora consejera.

Turno de los grupos no solicitantes. Por el Grupo Mixto, señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera.

Desde Agrupación Socialista Gomera, somos conscientes de que, hasta la actualidad, el mapa de la dependencia creado no correspondía con la realidad que teníamos y que tenemos y padecemos en nuestra comunidad autónoma.

Usted nos manifestaba que una de las cosas importantes era conseguir que en esa comisión nacional se diferenciara la situación de Canarias. No solo por nuestra condición de insularidad, sino que, a diferencia de las otras seis comunidades autónomas, nuestro sistema de atención a la dependencia es compartido con administraciones insulares y locales; singularidad que no se había reflejado hasta el momento en la inversión que realiza nuestra comunidad en atención a la dependencia. Nos alegra que por fin esa reivindicación y singularidad se encuentren incluidas en las conclusiones.

Ojalá que esta comisión sea la solución a que definitivamente se reflejen de manera real los datos que sí corresponden a nuestra situación con la dependencia, y que podamos contar con mayores recursos para esta materia, ambas cuestiones importantísimas. Es indudable que, cada vez más, la población está más envejecida y vive mucho más. En una isla como La Gomera, somos conscientes de esa realidad, pues tenemos una pirámide poblacional completamente invertida. De ahí lo importante de que se aclare y se materialice qué cantidad le corresponde financiar al Estado, porque no olvidemos que por ley le corresponde el 50 %, 50 % que jamás Canarias ha visto, y se trata de una cantidad vital para nuestro sistema de dependencia.

Si podemos descentralizar el servicio y tener mayor inversión, esa situación redundará indudablemente en que nuestros mayores y dependientes puedan tener una pronta respuesta a sus expedientes, alcanzar el Estado de bienestar que merecen y mejorar sus condiciones de vida en un tiempo razonable. Es necesario avanzar y mejorar la calidad de nuestros dependientes, de los mayores y de sus familiares; y poder llegar a contar con un sistema fuerte: que no tengamos que venir a esta Cámara a hablar de dependencia un día sí y un día también.

Señora consejera, desde nuestro grupo parlamentario, sabemos de su esfuerzo y el que está haciendo todo el personal de la consejería. Les animamos para que continúen trabajando en la misma línea, porque estamos convencidos de que pronto se irán viendo los resultados; que sigamos con esta tendencia y se estrechen los lazos de cooperación con el Estado; así como una correcta coordinación entre administraciones públicas, regionales, insulares y locales, para así poder estar a la altura de la demanda de nuestra sociedad.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Mendoza.

Turno del Grupo de Nueva Canarias, señor Campos.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Señora consejera, hablamos de dependencia, pero desde una perspectiva distinta, diferente de la que hemos hablado desde ahora. Y lo hacemos porque, finalmente, a través de esta comisión, hemos sido capaces de ir colocando todas las posiciones de cada una de las comunidades que participan y luego ratificadas, como usted bien comentaba, por el conjunto de las comunidades, pero hay algo que a nosotros nos parece determinante. Y, sin que sirva de precedente, vamos a felicitarla.

Y lo decimos porque, cuando uno lee el informe, hay al menos tres lugares distintos donde se nota la mano de Canarias en esta comisión. Por un lado, en cuanto al aplicativo de gestión, que es el que nos ha generado ese debate continuo, constante y permanente sobre la interpretación de cifras; que nosotros desde el primer momento hemos confiado en lo que decía la consejera, pero lo que sí le pedíamos es que diera los pasos necesarios y, si era necesario ir a Madrid, aclarara esta cuestión. Eso todavía no está resuelto; pero, al menos, en el documento aparece. Porque creo que además no es una circunstancia única de esta tierra, pero aquí nos está haciendo un daño especial.

Segundo, porque aparece reflejado algo que creo que era necesario, y es el reconocimiento de la aportación de la dependencia del conjunto de las administraciones que participan; fundamentalmente, las corporaciones locales, en este caso cabildos, sin que eso signifique una medalla para el Gobierno de Canarias, porque su aportación es la que es, pero era necesario tener el dato completo para luego poder hacer la comparativa, aportación del Estado o aportación que se hace desde esta tierra por el conjunto de las administraciones.

Y el tercer elemento: por ser capaces de introducir un hecho absolutamente fundamental para los canarios, y es el hecho insular.

Entonces, esos tres elementos, solamente, en sí mismos -que me imagino que no solo se han planteado desde aquí, pero se nota la mano de alguien que pelea estas cuestiones en los lugares en que hay que hacerlo-, para nosotros reflejan un aspecto importante. Hay otras muchas cuestiones en el informe que podemos compartir: después de diez años, es necesaria la revisión de la ley en muchísimos de los aspectos que aquí se plantean.

Dicho esto, y en la senda del trabajo y en la senda de, a través de esa revisión del trabajo conjunto de las comunidades, de la exigencia al Gobierno del Estado, que ponga las aportaciones que tendría que no haber abandonado en ningún momento, no podemos olvidar la realidad que en este momento Canarias sigue teniendo: 12 000 personas en listas de espera. Para nosotros sigue siendo un auténtico drama.

Y, sobre todo, los tiempos de espera que la gente tiene que soportar. En este caso concreto, a finales de 2016, más de 402 días, tiempo de promedio entre que presenta la solicitud y se tramita, y 563 hasta que se obtiene el PIA. Estos son aspectos esenciales que hay que seguir trabajando, al margen de lo que se haga a nivel estatal, al margen de lo que se haga en el ámbito de esta comisión, al margen de lo que se haga exigiendo al Gobierno del Estado; y en esto sí que tiene mucho que ver la comunidad autónoma, su capacidad de gestión.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Siguiente turno. El Grupo Podemos, señora Del Río.

La señora DEL RÍO SÁNCHEZ: Bueno, pues, buenas tardes, y otra vez volvemos a hablar de este tema, que creo que es uno de los más recurrentes desde que empezó esta legislatura.

Habríamos agradecido haber contado también con el informe, porque, posiblemente, igual tendríamos una visión diferente. Hemos estado atentas a lo que nos ha contado y nos parece interesante, desde luego, que se reconozcan todas las aportaciones que se hacen desde Canarias y que, desde luego, a nivel estatal, se reconozcan también la insularidad, las islas no capitalinas y que es verdad que el coste es aún mucho mayor.

Pero nosotras seguimos haciendo muchas preguntas que siguen sin resolverse a estas alturas y que estamos de verdad en una situación, no nosotros, no nuestro grupo, que también, sino la gente que está detrás y que nos pregunta y que nos hace preguntas que no podemos responder. Y, en estos días en que se habla tanto de la importancia de cumplir con las leyes y la legalidad, nosotros tenemos unas cuantas preguntas que queremos decirle.

Porque, ¿quiénes son las personas, instituciones, consejería y Gobierno responsables de la situación en la que se encuentra el estado de la dependencia en Canarias? ¿Quiénes son? ¿Qué parte es el Estado; qué parte es Canarias? ¿Quién o quiénes asumirán las responsabilidades del incumplimiento de la ley de dependencia en Canarias y de la vulneración de derechos de las personas que tenían y tienen derecho a las ayudas correspondientes?

Insisto, ahora que hablamos tanto de la importancia de no salirnos de la legalidad, de cumplir con las leyes vigentes, ¿qué pasa cuando es uno o varios gobiernos los que no las cumplen? ¿No habrá que depurar responsabilidades? Si una ciudadana o ciudadano incumple alguna ley, tiene consecuencias, tiene sanciones; incluso, en función de la gravedad, puede ir hasta a la cárcel. ¿Qué pasa, repito, cuando son las administraciones públicas las que no cumplen? ¿En qué Estado de derecho vivimos si las leyes no nos obligan igual a unas y a otras?

Hace unos días, mientras preparaba esta intervención, celebrábamos el Día Mundial de la Salud Mental. Y me pregunto, a la luz de los datos que tenemos en Canarias en atención a la dependencia, ¿a cuántas personas, a cuántas familias estamos dejando colgadas, sufriendo las consecuencias de problemas de salud mental, sin ningún tipo de ayuda? ¿Cuántas personas fallecieron sin que ellas ni sus familias recibieran las ayudas y las atenciones a las que tenían por ley derecho? ¿Cuánto sufrimiento personal y familiar ha generado y genera la incompetencia de una o varias administraciones que desde hace años no han sabido, no han querido o no han podido asumir sus compromisos y cumplir con las obligaciones legales en materia de dependencia?

Y no voy a seguir más, porque yo creo que es claro lo que queremos decir. Quería terminar con esto que me acaban de pasar y me gusta mucho. A ver si mañana, además del artículo 155, aplican el 27, el 35, el 41, el 47, el 43, el 49 y el 50, esos que dicen no sé qué de derecho a un trabajo, vivienda, educación, sanidad, jubilación y otras tonterías sin importancia (mostrando un documento a la Cámara).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora Del Río.

Turno del Grupo Popular, señora Luzardo.

La señora LUZARDO ROMANO: Gracias, señor presidente. Señorías, señora consejera, señora Luis.

Yo, en primer lugar, quiero felicitar al Gobierno de España, al presidente Rajoy, porque fue el día 7 de enero cuando propuso a la Conferencia de Presidentes que se creara esta comisión de trabajo para evaluar el sistema de dependencia. Porque es verdad que, después de diez años, hemos tenido una ley -que, por cierto, espero que no sea igual que la Ley de Servicios Sociales, sin ficha financiera y diez años después estamos trabajando para ver cómo lo podemos arreglar-.

Mire, yo la verdad es que no entendía, señora Luis, por qué había pedido esta comparecencia el 17 de marzo. Ha venido en dos plenos en el orden del día, yo había pedido al ministerio que me diera el informe y me dijeron: "Pepa, hasta que no se apruebe por el Consejo Territorial -que fue el día 19-, no te lo puedo dar". Por tanto, no entiendo muy bien por qué quería venir la consejera a exponer las conclusiones de este estudio -yo voy a citar también ahora una que me parece muy interesante-, cuando esto se acaba de aprobar en el consejo las semanas pasadas -que, por cierto, también se aprobó la distribución de 24,5 millones de euros en la segunda reunión, precisamente, para atención a la familia, a la protección a la familia y a la pobreza infantil, que me parece muy interesante después de todo lo que conocemos-.

Miren, señora consejera y señora Luis, esto mañana hablaremos de cifras, no es una guerra de cifras, estamos hablando de personas. Y es verdad que formaban parte de esta comisión siete comunidades autónomas: la mejor, que es Castilla y León; y la peor, que es Canarias. Porque, además, me lo dijo el secretario de Estado: "voy a poner a Canarias para que aporte, porque es la que está peor en todos los datos". Estábamos hablando en el mes de febrero, cuando yo hablé con él porque, además, coincidió con una reunión en Madrid.

Entonces, lo que quiero saber es: ustedes recordarán que esta diputada -que ya saben que es bastante pesada- trajo una PNL donde estableció y pidió que los fondos adicionales de la Lofca -yo creo, señora consejera, que usted ahora sí se habrá enterado de que la financiación viene por parte de la Administración del Estado, viene a través del nivel mínimo y el nivel acordado, que fue sustituido por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. En torno a sesenta y cinco millones de euros recibe esta comunidad autónoma, todos los años, que destina a otra cuestión. Yo pedí a este pleno que me apoyaran en que estos fondos fuesen finalistas. Y, mire usted por dónde, en la página 104, los miembros de la comisión -deduzco que usted también está aquí- han decidido que consideran imprescindible que la financiación tenga naturaleza finalista. Con lo cual, yo estoy de enhorabuena, porque después de haber estado un año aquí bregando para que ustedes le digan al Gobierno de Canarias que haga una aportación mayor... Porque, mire, a mí lo que me importa son las personas, son las familias, los datos de este mes; yo no sé si usted los ha visto hoy, señora Luis, no sé si los ha visto: de 11 000 personas que en toda España, 11 000, en el mes de septiembre, ¡38 son canarios!, y yo esto no solo no me lo invento, sino que de verdad me da tristeza, porque es como hablar contra las paredes... (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Gracias, señora Luzardo.

Turno del Grupo Socialista. (Pausa).

Sí, turno socialista, señora Cruz Oval.

La señora CRUZ OVAL (Desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Voy a hablar de lo que toca, y es que el enunciado de la comparecencia es claro. Se pedía sobre las reuniones de la comisión específica para estudiar la dependencia, no sobre la valoración de la dependencia, que ya el Partido Socialista ha dicho cómo es la valoración de la dependencia en Canarias, caótica, y por eso se presentó una interpelación, y como consecuencia de esa interpelación, la correspondiente moción.

Sinceramente, escuchándola, señora consejera, me quedo más preocupada de lo que vine, si cabe. El informe es público, el informe es público; luego no se entiende esta comparecencia para un informe público que todos y todas las que quieran acceder a él pueden acceder a él perfectamente.

En otro orden de cosas, me gustaría saber quién representó a Canarias en esa comisión, porque en la foto de familia no aparece la consejera. Me gustaría saber quién fue a la comisión, quién fue al consejo territorial donde se aprueba el dictamen de la comisión, porque tampoco aparece la consejera en la foto de familia.

Otra cuestión: qué motivó el voto de calidad, o el voto particular, de cuatro comunidades autónomas de las siete que formaban parte de la comisión; cuatro el dictamen lo votaron con un voto particular. Me gustaría saber, en nombre del Partido Socialista, qué motivó ese voto particular.

Otra cuestión es por qué se aprobó el 5 % de incremento del nivel mínimo y no el 12, el 13, que era el que habíamos perdido en el 2012.

Y la última cuestión que me gustaría plantearle es: en los seis temas que se abordaron, no aparece lo que usted está planteando de la financiación específica de esta comunidad autónoma; entonces, me gustaría saber en qué bloque, en qué bloque de esos seis bloques, en cuál de ellos se abordó ese asunto.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Cruz Oval.

Turno del grupo proponente. Señora Luis.

La señora LUIS DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente. Señorías.

Señora consejera, le agradecemos la información.

Bueno, de las explicaciones que nos ha dado, creo que podemos sacar la conclusión de que las reivindicaciones del conjunto de las comunidades autónomas, excepto las cuestiones que nos afectan de forma particular, como la falta de contabilización de la cofinanciación de nuestras corporaciones locales -en particular, los cabildos-, van en la misma línea de las que estamos planteando desde Canarias. Por tanto, estamos hablando de dificultades y peticiones similares; con la salvaguarda de que, efectivamente, hay territorios como el nuestro en que, por sus especiales singularidades, el coste de los servicios es mayor. Y esa es una realidad que hay que atender y que hay que contemplar en el sistema de financiación de la dependencia que finalmente se establezca.

Y es muy positivo que ese extremo sea compartido por el conjunto de las comunidades autónomas, porque, efectivamente, aunque en esa comisión de trabajo ha habido siete comunidades autónomas, este informe y estas conclusiones tienen el visto bueno del conjunto de las comunidades autónomas. Y, efectivamente, no ha sido fácil; claro que ha habido algunas diferencias, pero finalmente es un informe al que se le ha dado el visto bueno.

Nos ha dicho que hay satisfacción con los resultados obtenidos, porque ha sido posible consensuar, en términos generales, con todas las comunidades autónomas, las distintas propuestas. Queremos preguntarle si ese nivel de satisfacción se extiende también a las negociaciones que se han producido con los representantes de Hacienda, que seguro que no han sido tan fáciles o, por lo menos, han sido algo más complicadas. Consideramos importante este extremo porque, efectivamente, las reivindicaciones en materia de financiación son de las más importantes que se incorporan en las conclusiones del informe.

Nos parece importante también poner en valor que en el acuerdo con las comunidades autónomas se reconozca dentro del sistema de financiación que las aportaciones de la Administración General del Estado -que, como sabemos, le corresponde aportar tanto el nivel mínimo como el nivel acordado-, recordemos que, a partir del año 2012 y de forma reiterada, se incumple con el nivel acordado y coinciden todas las comunidades autónomas en que hay que restablecer o hay que establecer el modo de recuperar esas cuantías.

Nos parece significativo también, puesto que en este Parlamento, en alguna ocasión, se ha puesto en entredicho el porcentaje que realmente aporta la Administración General del Estado a la dependencia, que las comunidades autónomas lo establezcan entre el 17 y el 21 % del coste total de las prestaciones, dándole la razón a lo que viene reivindicando esta comunidad autónoma desde hace bastante tiempo y que algunos y algunas han cuestionado hasta la saciedad.

Asimismo, coinciden todas las comunidades autónomas en que, en el marco de la Ley 39/2006, la Ley de dependencia, la única vía de financiación afectada tras la suspensión del nivel acordado en el año 2012 es el nivel mínimo de protección, dando nuevamente la razón a esta comunidad autónoma ante quienes afirmaban que había financiación afectada a través del artículo 6 de la Ley 22/2009, que recordemos que son recursos adicionales que forman parte de las necesidades globales de financiación y que no tienen carácter finalista.

Esperamos, señora Luzardo, esperamos, señora Luzardo, que cuando lea usted -seguro que ya las ha leído- las conclusiones del informe de la comisión y el informe general, comprenda definitivamente que la única financiación finalista que la Administración General del Estado dedica a la dependencia es el nivel mínimo, porque el nivel acordado se lo cargó en el año 2012, y que esa aportación está entre el 17 y el 21 %.

Por otro lado, consideramos que es un logro significativo que el conjunto de las comunidades autónomas hayan entendido y asumido que, dentro de las aportaciones de las comunidades autónomas, no solo se computen las partidas presupuestarias contempladas en sus presupuestos autonómicos, sino también el de otras administraciones públicas, con delegación o competencias transferidas legalmente, y que las dediquen a la atención a la dependencia, con lo que se asume esa reivindicación tan importante, que llevamos tanto tiempo haciendo desde Canarias, en relación con las aportaciones de los cabildos. Y eso creemos, como usted ha hecho, que hay que ponerlo en valor.

Otra cuestión en la que coincide el conjunto de las comunidades autónomas es en los objetivos, en los diversos problemas que ha estado ocasionando el aplicativo de gestión Sisad en su nueva versión, que dificulta el acercamiento entre la realidad de los datos de los gestores de expedientes propios y de cada comunidad autónoma con lo reflejado en los datos estadísticos del Imserso. Lo que se plantea por parte de las comunidades autónomas es la necesidad, por un lado, de revisar el modelo estadístico para adaptarlo a las necesidades actuales de información; y, al mismo tiempo, corregir los desajustes con los datos de las comunidades autónomas que tantos perjuicios están causando y que tantas dudas han generado a algunos y algunas, y que tanto chance han dado a algunos y algunas.

Finalmente, queremos destacar también, porque en definitiva forma parte de nuestras reivindicaciones, las conclusiones del conjunto de las comunidades autónomas de la necesidad de revisar la Ley de dependencia después de diez años de vigencia, como bien ha comentado la señora consejera, aprovechando la experiencia acumulada en la gestión, adaptándola a las necesidades que hoy demanda la sociedad, mejorando su capacidad de respuesta, mejorando su encaje en el marco de los servicios sociales actuales y garantizando, como no puede ser de otra manera, su sostenibilidad.

En definitiva, señora consejera, reconocemos el trabajo realizado en el marco de la comisión de estudio, puesto que el conjunto de las reivindicaciones de nuestras comunidades autónomas, de nuestra comunidad autónoma, están recogidas y son compartidas -y esto es muy importante- por el resto de las comunidades autónomas.

Y lo que nos queda por preguntarle es: y a partir de ahora, ¿cuál es el recorrido de este informe y cuál es el objetivo final que persigue, que se ha perseguido con la constitución de la comisión de análisis, del informe y de las conclusiones que han salido del mismo?

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Muchas gracias, señora Luis.

Turno, para finalizar la comparecencia, de la señora consejera. (Se reincorpora a su lugar en la Mesa la señora presidenta).

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): Sí. Bueno, lo primero que quiero hacer es pedir disculpas, porque tenía previsto que ese certificado se distribuyera antes de la comparecencia, pero lo distribuiremos ahora. En cualquier caso, podrán comprobar que, a finales de septiembre, hay 2700 personas nuevas en el sistema; y que, aunque a doña Pepa le guste leer los datos por mes, descontados los fallecimientos... (La señora Luzardo Romano realiza comentarios desde su escaño). Claro, pero es que, cuando habla de los del año pasado, usted no descuenta los fallecimientos. Usted habla de un mes en el que hay 220 altas y los fallecimientos... (Los señores diputados del GP Popular realizan comentarios desde sus escaños). Me gustaría poder hablar.

Sí, es así. Porque, si hablamos del año pasado, descontando los fallecimientos, ustedes no pueden hablar de 3400 altas porque no pasan de 2700. Y es así de claro. Lo que pasa es que ese número es el que a usted le interesa, pero a mí lo que me interesa es lo que me dice el Imserso de personas nuevas que estaban en lista de espera y que se han incorporado, y que en septiembre eran 2700, y que cuando cerremos el año veremos cuántas son; también veremos cuántos fallecimientos se descontaron el año pasado y cuánto se descuenta en este año, porque desde luego ahí sí que yo no puedo hacer nada. Podemos trabajar mucho para incorporar a muchas personas que están esperando al sistema, pero no puedo evitar tener los fallecimientos que tenemos, que superan en un tercio al año pasado, y que a usted le vienen muy bien para utilizar esas cifras que desvirtúan el trabajo de cientos de personas y desvirtúan los datos que el propio Imserso da y que certifica.

Pero a mí lo que me preocupa, porque como los datos del servicio de dependencia no se los cree -ahora hablamos de certificados del Imserso y tampoco-, a mí lo que me preocupa son ya, sinceramente, aunque tengamos desajustes en las grabaciones que han reconocido todas las comunidades, ya es que por lo menos usted crea el certificado del Imserso. Porque de verdad que a mí me cuesta decirle al Imserso que usted dice que esos datos son falsos y que no hay 2700 personas incorporadas nuevas al sistema a finales de septiembre; me cuesta muchísimo que ellos entiendan, porque no se lo creen, que usted dice que esos datos son falsos. Porque usted utiliza los datos como quiere para vender la película que quiere. Pero, mire, me da igual, no voy a perder más tiempo en eso.

Los certificados del Imserso para mí son reales, aunque yo tenga desajustes en un mes que se incorporen en el siguiente. Y, cuando se cierre el año, veremos cuántas personas nuevas que estaban en lista de espera se han incorporado, porque ese es el objetivo, esa es la responsabilidad; no estarle contestando a usted una semana sí, una semana también, descalificando los datos del Imserso, en el que, por cierto, están ustedes, el Partido Popular. Imserso con el que hemos trabajado en esta comisión delegada, que ha reconocido y aceptado todas las conclusiones que he expresado en mi primera intervención, que la han apoyado. Porque usted tiene que tener esas conclusiones como yo, porque usted habla con el secretario de Estado. Yo no, yo no hablo con el secretario de Estado y él sabe bien por qué; yo hablo con la directora del Imserso, con doña Carmen Balfagón, a la que tengo un respeto enorme, y estoy segura de que esas conclusiones que recogen -sí, doña Teresa Cruz Oval-, recogen que habrá que contabilizar la aportación y la financiación de todas las administraciones que tengan competencias o delegación legalmente establecida, como es el caso de los cabildos. Habrá que recogerlo como financiación en esa comunidad autónoma. Y es la tercera conclusión del documento, en su apartado de "Resumen de conclusiones".

¿Quiénes son los responsables, diputada María del Río? Pues, mire, probablemente tenemos que irnos muy atrás para entender por qué se aprueba una ley que lleva una condición: "según disponibilidad presupuestaria". Pero, además, una ley que compromete a las comunidades autónomas a prestar unos servicios enormes sin garantizar la financiación -muy por debajo de lo que costaban- y que, además, en el 2012, fue recortada; y la recortó Rajoy, al que usted felicita por la revisión. Esta revisión sale de una Conferencia de Presidentes, y son los presidentes de las comunidades los que solicitan al señor Rajoy que se haga una revisión de la dependencia, porque en todas las comunidades están en una situación similar en cuanto a financiación: en ninguna llegan al 20 % de aportación. Luego esto no es una dádiva ni un acto de generosidad del señor Rajoy, al que usted felicita. El señor Rajoy lo que hace es hacerse eco de lo que le piden las comunidades y comprometerse a que se organice esta comisión.

Si... ¿Sí? (La señora Luzardo Romano realiza comentarios desde su escaño). ¡Ay, por favor!

La señora PRESIDENTA: Señora consejera, le paro el tiempo.

Ruego a sus señorías no interpelen a la señora consejera que está interviniendo en este momento. Respetemos el uso de la palabra, por favor.

Señora consejera, cuando quiera.

La señora CONSEJERA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA (Valido García): Todos esos son los responsables, ¿y sabe lo que le digo?, que es peor todavía. Porque, cuando los dependientes acuden a los tribunales y ganan las sentencias, las pagan las comunidades autónomas. Encima, pagamos nosotros. Esto es así. Con un enorme esfuerzo, las comunidades autónomas están atendiendo a los dependientes. En una situación lamentable. Pero yo aquí tengo que darle las gracias al señor Rajoy. Me parece asombroso, porque yo creo que hay cosas... Las alabanzas a nuestros líderes tienen un límite, pero hay momentos en los que no. No caben, no caben.

Mire, solo vino en un pleno esta petición de comparecencia, porque entendí -y también le contesto a la señora Cruz Oval- que yo tenía la obligación, ante las preguntas de mi grupo, de decir qué había pasado en una comisión en la que estaba Canarias presente; qué se había conseguido y qué se había hecho. Entendí que tenía que dar cuenta. Ahora resulta que no sabemos para qué viene, porque esto es público. ¡Pues anda que no he venido yo de veces aquí a contestar cosas que son públicas; anda que no de veces me llaman ustedes para contestar cosas que son públicas! ¡Pues claro que es público! ¿Y sabe por qué se aplazó?, pues se aplazó porque el Imserso me pidió que no hablara, fíjate, de un documento público, de un documento público. El Imserso me pide que no hable por si acaso se le lía en la territorial, donde están en minoría, y tenga problemas. Y yo, a pesar de su actitud y su discurso, ayudo al Imserso. Y le pido a mi grupo que retire la comparecencia para evitar problemas, porque si vamos todos juntos y con acuerdo, vamos a conseguir más cosas.

Sí, hemos empezado por el 5 %, señora Cruz, porque no teníamos acuerdos y la única posibilidad de llegar a un consenso era hablar de recuperar, por lo menos, el 5 % de lo que nos habían quitado. Y porque Hacienda se negaba a hablar de nada más. Pero no renunciamos a lo que corresponde, no renunciamos a lo que les toca financiar.

El voto particular se produjo en otros asuntos. En asuntos como la incorporación de servicios que tienen algunas comunidades que quieren que se les reconozcan y se les financien; y hay un debate, porque son muchos dependientes a incorporar al sistema y eso puede afectar a otras comunidades. Pero ese es otro debate.

Mire, yo fui a la primera y allí se decidió que fuera una reunión de técnicos, que fueran directores generales. Iban directores y directoras generales a todas las reuniones técnicas, pero de las siete comunidades, no yo, de las siete comunidades. Y, efectivamente, no estuve en la territorial de la semana pasada, y le digo por qué: porque el jueves pasado fui citada por la comisaria europea que lleva la Garantía Juvenil y tenía que estar el jueves en Bruselas. ¿Y usted sabe cuándo convocaron esto?, cuatro días antes, porque hasta no estar seguros de que iban a tener el patio tranquilo, tampoco se atrevían. Yo ya no podía cambiar la reunión que tenía en Bruselas, y por eso acudió la directora general y delegué el voto. Pero, mire, yo también he ido a una sectorial este año, a principios, de Empleo, en la que se repartían los fondos. Y cuando miro el acta de la sectorial del año anterior, en la que se repartían los fondos, estaba don Rafael Yanes, no estaba la consejera de Empleo, ¿y qué pasa?, ¿pasa algo?, ¿le llegó menos dinero a Canarias porque doña Patricia no pudo ir?

Señor Luis Campos, gracias por su reconocimiento a las cosas que hemos conseguido, que son muy pocas. Y, de verdad, no hay nada que felicitar, porque son cosas que teníamos que haber conseguido hace muchos años y es muy poco para lo que tienen que poner encima de la mesa. En todas las comunidades, pero especialmente en Canarias, por las circunstancias que tiene de fragmentación, de lejanía, y la situación que tienen nuestras islas...

La señora PRESIDENTA: Un minuto más, señora consejera. (La señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Valido García, rechaza el minuto). ¿No?, bien, muchas gracias.

Más información
Otros formatos
Iniciativas tratadas
  • 9L/C-1043 Sobre -Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda-, sobre reuniones de la Comisión designada para la revisión de la Dependencia.


Parlamento de Canarias · C/Teobaldo Power, 7 · 38002 S/C de Tenerife · Mapa · Tel: 922 473 300 Fax: 922 473 400
Glosario de términos · Mapa de contenidos · Aviso jurídico