Diario de Sesiones 116/2018, de fecha 25/4/2018
Punto 11

9L/PPL-0024 DEBATE DE TOMA EN CONSIDERACIÓN. PROPOSICIÓN DE LEY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 13/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, DE RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, al siguiente punto del orden del día, para su toma en consideración, de la PPL-23 y la PPL-24, en debate acumulado.

Secretario primero, para que proceda a la lectura del criterio del Gobierno de conformidad a la tramitación, tanto de la PPL-23 como de la PPL-24.

El señor SECRETARIO PRIMERO (Cabrera González): "Rosa Dávila Mamely, secretaria del Gobierno de Canarias, certifica que, en el acta de la reunión celebrada por el Gobierno el 6 de abril de 2018, figura, entre otros, el siguiente acuerdo, cuyo tenor literal se transcribe:

Propuesta de acuerdo por el que se fija la posición del Gobierno sobre la proposición de Ley de los Grupos Parlamentarios Nacionalista Canario, Popular y Mixto, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, PPL-23 -Presidencia del Gobierno y Consejería de Hacienda-.

En su virtud, el Gobierno, tras deliberar, y a propuesta conjunta del presidente y la Consejería de Hacienda, acuerda manifestar su conformidad a la tramitación de la proposición de Ley de los Grupos Parlamentarios Nacionalista Canario, Popular y Mixto, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias".

Y doña Rosa Dávila Mamely, secretaria del Gobierno, certifica también:

"Propuesta de acuerdo sobre el que se fija la posición del Gobierno sobre la proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista Canario, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, PPL-24 -Presidencia del Gobierno y Consejería de Hacienda-".

En su virtud, el Gobierno, tras deliberar, y a propuesta conjunta del presidente y la Consejería de Hacienda, acuerda manifestar su conformidad a la tramitación de la proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión, PPL-24.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario primero.

Vamos ahora con la intervención primero de los grupos proponentes de la PPL-23, que son el Grupo Mixto, Grupo Popular y Grupo Nacionalista, por tiempo máximo de veintiún minutos. Por tanto, siete minutos para cada grupo proponente en esta PPL compartida.

Por el Grupo Mixto, señora Mendoza. Siete minutos.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.

Buenas tardes, señorías.

Perpetuo bloqueo en la toma de decisiones, incertidumbre, decisiones judiciales que suspenden cautelarmente el concurso de adjudicación de los servicios informativos de Radiotelevisión Canaria, un consejo rector mermado, en perpetuo bloqueo, trabajadores a la espera de soluciones que no llegan, miedo al negro en las pantallas televisivas de todos los canarios y las canarias: ese ha sido durante muchos meses el panorama propiciado por la falta de acuerdo y consenso en un servicio fundamental para nuestras islas, que incide, y muy directamente, en el derecho a la información y a la transparencia de todos los canarios y canarias. Y es precisamente por el interés general de nuestras islas en la presentación de este servicio público por lo que se propone la modificación propuesta a la Ley 13/2014, porque no podemos seguir prolongando esta situación de bloqueo, porque, señorías, no todo vale y porque tampoco podemos permitirnos un apagón.

Es por esto por lo que, según lo dispuesto en el artículo 1, de modificación, y desarrollado en los artículos 16 y 17, proponemos la figura de director general. Un director general que será controlado por una junta de control, que, según lo establecido en el artículo 7 de la modificación, estará compuesta por seis miembros, una representación proporcional entre hombres y mujeres, que serán nombrados por este Parlamento. Serán nombrados como profesionales de la comunicación de reconocida competencia, reuniendo los requisitos que se establezcan. Además tendrá una duración de cuatro años y no de seis años, como sucede actualmente. La presidencia será rotativa, cambiará cada tres meses. Se aboga por la plena independencia y capacidad de fiscalización de la Junta de Control, a fin de que fiscalice la gestión de la Dirección General de la Radiotelevisión Canaria, en especial en relación con la adjudicación de los contratos que superen el millón de euros o que sean de carácter plurianual. Contratos que, como sabemos, no han sido pacíficos según el modelo actual, en el que, como indicaba al inicio, se atribuye al Consejo Rector la competencia para adjudicarlos. Competencias que, según las meritadas resoluciones judiciales, no han sido respetadas.

Junto con el director general y la Junta de Control, encontramos el Consejo Asesor y Consejos Informativos, a fin de asegurar que las decisiones se adopten con plena independencia y revestidas de la debida profesionalidad. Así, en definitiva, trata de recuperarse la legalidad y el control público de un organismo que desempeña servicios fundamentales para toda Canarias.

Dar el sí a esta propuesta es dar un paso al frente, solventar el perpetuo bloqueo y la sinrazón de un sistema que ha dado muestras, más que de sobra, de que es un sistema insuficiente.

Señorías, debemos de apostar por lo nuestro, por la calidad de los servicios públicos esenciales y por la garantía del ejercicio del derecho a la información y a la transparencia, que por mandato expreso de la Constitución tienen todos los canarios y todas las canarias.

Y es por todo lo anterior por lo que la Agrupación Socialista Gomera, como no puede ser de otra manera, propone y apoya la presente y muy necesaria modificación de la ley. Al mismo tiempo valoramos positivamente que el Grupo Socialista haya hecho lo propio y haya presentado otro texto. Sin duda alguna, muchas de las modificaciones que plantean y que no tenía nuestra propuesta harán que tengamos un texto mucho más completo. Entre ellas, una de las cosas que me ha llamado bastante la atención es la propuesta de que el reglamento interno de la radiotelevisión pública sea sometido, su aprobación, a esta Cámara, de forma que podremos ayudarlos a configurarlo.

Desde Agrupación Socialista Gomera estamos profundamente preocupados, porque por no tener un control efectivo desde este Parlamento nos hemos convertido en parte del problema y porque, al no solucionar el asunto del bloqueo del Consejo Rector -estamos hablando de un problema de hace más de dos años-, ahora está en peligro el empleo de más de setecientas personas, entre empleos directos, empleos indirectos.

Tenemos ante nosotros otra vez la responsabilidad de resolver la situación de bloqueo institucional del ente. Señorías, no estamos eligiendo sillones sino creando un nuevo sistema con el cual el ente deje de ser el centro del desacuerdo político de esta Cámara. La televisión no puede ser un constante desacuerdo entre estos diputados. Por eso desde la Agrupación Socialista Gomera les pedimos responsabilidad. Señorías, tenemos que ser responsables con nuestras funciones.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendoza.

Turno ahora para el Grupo Popular. La señora Reverón.

La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

La necesidad de una modificación de la Ley 13/2014 resulta en estos momentos necesaria, por no decir imprescindible.

Señorías, no pretendemos mirar al pasado, pero sí es cierto que la gran mayoría de las deficiencias que en su momento mi grupo parlamentario advirtió y denunció cuando se aprobó la ley -de ahí que nosotros votásemos en contra- se han ido cumpliendo. Por tanto, el tiempo nos ha dado la razón. Incluso el presidente del Gobierno ayer manifestó en esta sede parlamentaria que la ley no fue afortunada. Por eso hoy traemos a esta sede parlamentaria la modificación de aquellos preceptos que consideramos que han dado más problemas, incluso mayor inseguridad jurídica, y probablemente han llevado al callejón sin salida en el que en estos momentos se encuentra el ente público. Sobre todo considero preciso hablar de unas cuestiones que llevamos un año denunciando en este Parlamento.

Miren, señorías, venimos de una ley donde en una misma persona se acumulaban las funciones de presidente del ente público en su función ejecutiva y presidente del Consejo Rector en su función de control. Y, sinceramente, después de leer los debates que aprobaron la actual ley, parece que lo que se pretendía era apostar por un nuevo modelo, entendiéndose que así se iban a solucionar los problemas que venían siendo derivados de la primera ley de la tele, y nada más lejos de la realidad. Y digo esto porque la aplicación de este modelo supuso que el presidente del ente público adoptara sus decisiones de manera autoritaria y además adoptara decisiones sin tener en cuenta al Consejo Rector.

Por tanto, quienes apostaron en principio por este modelo, el tiempo nos ha demostrado que ha sido un auténtico fracaso, y, señorías, un fracaso que fue evidente desde el minuto número uno, porque recordarán que la actual ley la aprobó el Gobierno sin tener en cuenta lo que dijimos desde la oposición.

Pero otra cuestión que no me gustaría pasar por alto, y de la que ya hablaba la persona que me ha precedido en la palabra, es hablar del control parlamentario del ente público. Miren, señorías, llevo un año escuchando que es el Parlamento de Canarias quien controla la gestión del ente y lo que me parece más grave aún es que se nos ha intentado hacer responsables de la actual situación. Pues bien, invito a todos a leer el informe del servicio jurídico del Parlamento, de esta Cámara, de Canarias, donde el 11 de octubre de 2017 fue bastante claro en relación con las competencias del ámbito de la contratación pública del ente y de sus sociedades. Y también invito a leer el artículo 39 de la actual ley, de la Ley 13/2014, porque de esta lectura se desprende claramente... Y cito textualmente: el Parlamento de Canarias ejerce sobre el ente público exclusivamente -exclusivamente- un control de naturaleza política y no jurídica.

Miren, desde mi grupo parlamentario, ustedes lo saben, hemos utilizado todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder tener ese control político. ¿Cómo lo hemos hecho?: hemos presentado preguntas orales en pleno, hemos solicitado comparecencias, hemos solicitado documentación, hemos presentado proposiciones no de ley. Por eso, señorías, nuestra responsabilidad es la que es, es una responsabilidad política; de otras responsabilidades tendrán que hablar otros.

Dicho esto, señorías, vuelvo a reiterar la necesidad de la modificación de la presente ley y por ello me quiero centrar en aquellas cuestiones de la modificación que hemos presentado conjuntamente con el Grupo Mixto y con el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y que nos parecen necesarias para una gestión más transparente, eficaz y responsable del ente público. Y una de las modificaciones que nos parecen más acertadas son los órganos que se proponen: por un lado, la Junta de Control; por otro lado, la Dirección General, Consejo Asesor y Consejos Informativos. De tal suerte que entendemos que con esta estructura se pretende una diferenciación bastante clara de las funciones de estos órganos, donde a la Junta de Control se le atribuye, como su propio nombre indica, esa función, el control que va a hacer sobre la función ejecutiva y que recaerá sobre la Dirección General. Por tanto -o eso pretendemos-, pensamos que las funciones van a quedar bien delimitadas, evitando así, o por lo menos esa es la intención, que existan posibles lagunas jurídicas como las que tenemos en este momento o interpretaciones interesadas de la norma.

De ahí que con la modificación que se pretende va a quedar bastante bien definida, sobre todo, una de las cuestiones que hemos debatido durante casi un año en esta sede parlamentaria, y es quién es el órgano de contratación para la celebración de determinados contratos. Pues bien, señorías, me estoy refiriendo, como todos ustedes saben, a aquellos contratos y negocios jurídicos que superen el millón de euros y además que tengan carácter plurianual. Pues aquí, en estos momentos, con la modificación que nosotros presentamos, pretendemos que sea la Junta de Control quien sea la competente para este tipo de contratos y negocios jurídicos, pero no solo de los que celebre el ente público sino también de los que se intenten celebrar con las sociedades mercantiles. Así evitamos las suspicacias que hemos tenido hasta estos momentos.

En definitiva, se pretende una clara delimitación de las funciones, donde el órgano de ejecución no va a formar parte del órgano de control, como pasa ahora, ya que asistirá con voz pero sin voto a la junta.

Somos todos conscientes, y lo hemos dicho en multitud de ocasiones, de la situación actual por la que pasa el ente público. Por eso, desde mi grupo parlamentario, ya entendemos que no estamos para lamentarlo ni mucho menos para utilizar esta situación desde el punto de vista político, porque estamos hablando de la gestión del dinero público de todos los canarios y estamos hablando de un servicio público que presta el ente público por parte y gracias a sus trabajadores.

Por eso, desde mi grupo parlamentario, apelamos a la responsabilidad de todos los grupos de esta Cámara para trabajar en un texto que sea definitivamente aprobado por todos, porque de esto sí que somos responsables, y en este ejercicio de responsabilidad desde mi grupo parlamentario ya le adelantamos que vamos a tomar en consideración la propuesta que ha presentado el Grupo del Partido Socialista.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Reverón.

Turno ahora para el Grupo Nacionalista. El señor Ruano.

El señor RUANO LEÓN: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.

Efectivamente, la iniciativa que estamos debatiendo en este momento para la modificación de la ley de la radiotelevisión del año 2014 es una iniciativa que presentamos tres grupos parlamentarios: el nuestro, el Grupo Nacionalista Canario, Coalición Canaria-PNC, el Grupo Popular y el Grupo Mixto. Quisiera decir que con toda seguridad podía haber sido también la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista Canario y, en gran parte, quien quiera ya comparar los dos textos que hoy sometemos a la consideración de la Cámara verá que efectivamente son coincidentes en muchísimas cosas y, además, eso va a facilitar ulteriores acuerdos.

Creo que partimos todos del convencimiento de los problemas de la ley del 2014. Algunas veces hemos intentado residenciar la responsabilidad de forma exclusiva en una persona en relación con, digamos, un procedimiento complejo o convulso, como ha sido el del concurso de informativos, que ha estado, como se ha señalado ya por alguna de las diputadas anteriores, colmatado de un montón de diferencias de índole jurídica, de decisiones mediáticas, contrapuestas, en fin, muchos problemas, que naturalmente tienen responsabilidades ejecutivas, pero que también, sin duda alguna -y lo dijimos desde hace muchísimo tiempo-, tienen responsabilidades en el marco de una norma que no fue una buena norma, porque dijimos entonces, ya hace más de un año, año y medio, cuando debatíamos en el seno de la comisión el tema del reglamento de desarrollo y a su vez la imposibilidad de constituir los Consejos de Informativos, que teníamos un problema con un modelo bicéfalo imperfecto, es decir, había responsabilidades mezcladas entre quien tiene que ejecutar y quien tiene que controlar, y realmente esto tiene que resolverse y esa es la pretensión básica del texto que presentamos y en la cual, con otro nombre, también, de alguna manera, concurre el Grupo Parlamentario Socialista.

Dijimos que eso producía confusión y esto hoy representa la necesidad de modificar aquella ley. Nosotros intentamos, cuando empezamos a redactar el texto, el concurso del máximo número posible de grupos parlamentarios. Cuando no vimos ninguna posibilidad de sacar el texto legal, naturalmente no recabamos firma alguna. Las invitaciones incluso recuerdo hacerlas al Grupo Parlamentario Podemos, hablar con ellos en relación con algunas cuestiones que se han debatido sobre todo en el ámbito de la comisión de control. Pero básicamente creemos que este puede ser el momento, puede ser el momento de fijar un antes y un después y pasar la página de un modelo que no ha funcionado, por diferentes razones, y ahora mismo creo que la ley representa una oportunidad.

Señorías, en el texto que nosotros presentamos y que a su vez presenta el Grupo Parlamentario Socialista hay diferentes materias que se regulan de otra manera, es decir, en la ley, básicamente son dos textos básicamente iguales. Las referencias al mandato marco en el texto socialista son a la carta de servicios, la Junta de Control el Grupo Socialista la llama "Consejo de Administración". Nosotros creemos que es mejor Junta de Control que Consejo de Administración, que es la denominación del año 1984, que obedece más a un modelo más asentado en las sociedades que en el carácter público de la junta. Creemos, a su vez, que la Dirección General debe ser propuesta y nombrada por el Parlamento, no la propuesta del Consejo de Administración y nombramiento por el Parlamento, como propone el Partido Socialista, y creemos a su vez que los servicios informativos pueden tener regímenes de gestión diferenciados. Lo que hace el Partido Socialista no es inclinarse directamente por los servicios informativos públicos, como ha venido diciendo, sino prever, por lo menos, el estudio para su producción interna.

No obstante, insisto, nosotros apoyaremos también la toma en consideración y en la Junta de Portavoces, sin duda, así lo hemos hablado con la Presidencia y con la Secretaría General de la Cámara, tendremos que definir un modo para que, si se produce la toma en consideración de ambas iniciativas, pueda haber un procedimiento simultáneo de presentación de enmiendas, la remisión al Consultivo y, finalmente, una única ponencia que pueda elaborar un único texto. Creemos que esto es posible, siempre y cuando en portavoces lo veamos y lo midamos con el apoyo de los servicios jurídicos, y creemos que el texto va a representar una ventaja, sin duda, en el funcionamiento.

Creo, en relación con el funcionamiento ordinario, que el legislador tiene unas competencias y los órganos que se crean a partir de la legislación tienen otra. Nosotros no ejercemos el control, nosotros no decidimos si ponemos los dibujos animados a tal hora o a estas horas ponemos las películas. Eso no es una función parlamentaria, la nuestra es la del control parlamentario del trabajo que realiza, en su caso, el futuro director, ahora presidente del ente público. Por tanto, debe ser un órgano específico quien haga el control de su actividad, que va desde eso, que es la programación, hasta temas de naturaleza económica, ya sea del ente público, ya sea de las sociedades públicas dependientes del ente público, pero tiene que estar así, claramente definido. Todo el debate que hemos tenido, si se aplica o no en el gasto plurianual y demás, en los temas concretos que se han planteado, han estado fundados en una interpretación diferenciada entre lo que es el ente público y lo que son las sociedades públicas. Nosotros abogamos por que al final haya una única interpretación, pero que la ley lo deje meridianamente claro.

Vamos a decir también cuál es el alcance, y lo haremos en enmiendas, sin duda, del ámbito funcional, de la dependencia orgánica que puedan tener determinadas consejerías y cuál es el ámbito funcional, y vamos a garantizar al máximo que esto sigue funcionando como un servicio público al servicio de la ciudadanía canaria y que a su vez garantizamos el empleo en condiciones dignas, salarialmente iguales, de todos los trabajadores del ente.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruano.

Ha concluido la intervención de los grupos proponentes de la PPL-23; turno ahora del grupo proponente de la PPL-24, Grupo Socialista, por tiempo de veinte minutos.

La señora CORUJO BERRIEL: Gracias, presidenta. Señorías.

Mucho se ha dicho a lo largo de esta legislatura sobre la actual ley de la Radiotelevisión Canaria. Se ha hablado de modelo fallido, se ha hablado de una ley farragosa, deliberadamente se ha pretendido confundir a la opinión pública equiparando lagunas legales, que las tiene, y problemas de interpretación con errores insalvables que hacían imposible su aplicación. Y si algo quedará demostrado con el debate conjunto de estas dos proposiciones de ley es que al menos 46 de los 60 diputados y diputadas que componen esta Cámara no dan por enterrado, ni mucho menos, el modelo de Radiotelevisión Canaria que pusimos en marcha con la ley de 2014.

Y quiero que esto quede meridianamente claro, porque ambas proposiciones de ley, que surgen de un trabajo conjunto previo y que, como consecuencia, guardan importantes similitudes, no introducen cambios sustanciales sobre los grandes avances que supuso la entrada en vigor de esta norma.

Hay algunos nostálgicos, y algunas nostálgicas, en partidos políticos y en determinados grupos empresariales, que desde el minuto uno de esta legislatura han pretendido minar la credibilidad y la operatividad del nuevo modelo instaurado, y no es cierto. Como no es cierto, no es admisible que se pretenda responsabilizar a esta Cámara de la incapacidad manifiesta del señor Negrín para cumplir con los mandatos legislativos que tenía encomendados. No se puede o al menos no se debe mentir, y mentir es atribuirle a este Parlamento capacidades de control de las que voluntariamente carece. Pues no debe olvidarse que uno de los principios básicos que inspiró la redacción del actual texto legal fue el de dotar de la mayor autonomía e independencia a los órganos de gestión y gobierno de la radiotelevisión pública canaria. Por eso reivindico la labor de control llevada a cabo por este Parlamento y por los seis grupos parlamentarios que lo integran, porque, con nuestros errores y con nuestros aciertos, con nuestros encuentros y con nuestros desencuentros, que los ha habido, no contribuye en manera alguna a justificar... la justificación para que el presidente de la Radiotelevisión Canaria haya colocado en esta situación tan extrema en la que se encuentra en la actualidad. Y eso es, en exclusividad, su responsabilidad y no podemos admitir que se sostenga lo contrario, porque no es cierto.

Cuando elaborábamos la ley vigente, el Partido Socialista se puso como objetivo que la nueva norma sirviera de cortafuegos para posibles corruptelas -recordarán- o designaciones a dedo del o la dirigente de turno, pero para lo que no estaba preparada esta norma, y en eso asumimos absolutamente toda nuestra responsabilidad, era para limitar decisiones de mandatarios negligentes, y créanme que con lo de negligente estoy siendo muy generosa.

Por eso hemos presentado esta proposición de ley: para aprovechar esas malas experiencias, para corregir las deficiencias y las carencias detectadas; en definitiva, para reforzar un modelo que algunos se apresuraron a dar por muerto y que hoy, con el debate de hoy, sale fortalecido.

Señorías, a las dos proposiciones de ley las une un trabajo previo en común. Ambas plantean planificar y clarificar las competencias de la Dirección General y del actual Consejo Rector, además de modificar sus denominaciones. Ambas plantean simplificar el sistema de elección de los consejeros y consejeras, ambas fijan el mandato de estos órganos al espacio de una legislatura y así otras muchas coincidencias.

Y por ello el Partido Socialista muestra su plena disposición a trabajar por un acuerdo con todos los grupos, con los proponentes y con los no proponentes, que nos permita salir de esta tramitación con una ley reforzada. Por eso agradecemos el gesto del Grupo Nacionalista, el Popular y el Mixto, de anunciar su voto a favor de la propuesta del Grupo Socialista, y anuncio también que nuestro voto, obviamente, será favorable. Tenemos una oportunidad real para salir de una ponencia con un texto consensuado que sirva como instrumento para mejorar nuestros medios de comunicación públicos.

Hemos hablado ya de las importantes coincidencias en cuestiones sustanciales en ambas proposiciones de ley y las posibilidades que esas circunstancias nos abren, pero creo que es bueno profundizar en las cuestiones que nos distinguen. Y yo les adelanto que no se han planteado regulaciones antagónicas sino cuestiones que no han sido abordadas en la proposición de ley del Grupo Nacionalista, el Mixto y el Popular y que sí ha recogido la propuesta del Grupo Socialista. Unas cuestiones que se han evidenciado como muy relevantes en la gestión ordinaria de la Radiotelevisión Canaria y a las que ahora me referiré.

Señorías, hoy estamos ante un Consejo Rector mermado por la dimisión de dos de sus consejeras y existen dudas sobre la validez de los acuerdos de un órgano con tantos ceses. Una duda que el propio Tribunal Supremo está en vías de solventar con un proceso similar. Y esa duda existe porque la regulación del órgano en cuestión y la legislación básica no dicen nada. Tampoco dice nada al respecto la propuesta de los grupos Nacionalista, Popular y Mixto. Nuestra proposición de ley sí lo hace. Y establecemos como consecuencia del cese de la mitad más uno de los consejeros la disolución del órgano, el nombramiento de un administrador único por el Gobierno y el inicio del procedimiento de elección de este Parlamento por el periodo que reste de mandato.

Otra cuestión, el régimen de las sesiones del órgano de control, que nosotros llamamos Consejo de Administración y ustedes, Junta de Control. La ley vigente, su propuesta y la nuestra derivan la regulación del régimen de las sesiones y la forma de adopción de los acuerdos al reglamento orgánico, que es donde se debe regular con carácter permanente. ¿Pero qué sucede si, como ahora, la dirección que nombremos del ente no es capaz de aprobar el reglamento en un plazo razonable? ¿Qué norma regularía las sesiones del órgano hasta que el reglamento esté aprobado? Esa cuestión no es baladí y ha dado más de un quebradero de cabeza en el actual mandato del Consejo Rector, como el de la sesión en la que se aprobaba -como todos recordarán- la prórroga del contrato de la señal; y también ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de los miembros, de los consejeros y consejeras, del Consejo Rector sobre el señor Negrín. Señorías, esta es una cuestión que puede volver a generar problemas y debe estar regulada con carácter supletorio hasta que se apruebe el reglamento orgánico. En nuestra propuesta lo hacemos derivándolo a la normativa estatal, que es en este momento la más completa, y ustedes este tema, pues, lo pasan por alto.

Otra cuestión, la paridad. No podemos seguir enunciando la paridad como un mandato en abstracto. Como se ha evidenciado con los nombramientos de los órganos dependientes, la Mesa del Parlamento necesita mecanismos y habilitaciones expresas para poder garantizar un nombramiento paritario. Ustedes este tema lo mantienen como está en la actualidad y el Grupo Socialista da un paso más y regula una posible suspensión del procedimiento si la Mesa, oída la Junta de Portavoces, prevé un resultado no paritario, y de decidirse continuar con el mismo declararía nulos los acuerdos del nombramiento cuando no respeten la paridad.

En cuanto a las causas del cese del consejo y de la dirección, nosotros aclaramos una cuestión que ustedes, a pesar de los importantes avances que proponen, vuelven a dejar indeterminada en la norma. Así, regulan el cese por decisión del Parlamento pero no dicen quién propone a la Cámara esa decisión. Nuestra propuesta sí lo aclara, y decimos que puede pedirlo el Consejo de Administración, dos grupos parlamentarios o dos quintos de los diputados y diputadas.

En cuanto a la composición y al sistema de elección de los órganos de gestión y gobierno, hemos propuesto un número variable, hemos propuesto un número variable, que pueda adaptarse a las mayorías de la representación parlamentaria y que propicie grandes consensos, limitando las posibilidades de bloqueo.

Esta propuesta es un punto, un punto de partida, que debemos consensuar en la ponencia y ambas proposiciones de ley pretenden precisamente eso, habilitar el consenso. No nos gustan las fórmulas como las que utilizó en su momento el Partido Popular, sustrayendo del debate parlamentario la ley de la radiotelevisión española mediante la aprobación de un decreto-ley, que, como saben, el Partido Socialista recurrió esa decisión y la ganó en los tribunales, y lo hizo porque no estaba justificada la urgencia del decreto. En la propuesta que hemos presentado aquí proponemos lo mismo: debate y consenso.

Señorías, mucho se ha hablado de los servicios informativos. El Grupo Socialista, con su propuesta, no ha querido ser ajeno en absoluto a ese debate. Nos hemos posicionado y hemos planteado una alternativa a la situación actual. La actual problemática sobre el contrato de los servicios informativos que ha generado el señor Negrín se ha sustentado sobre una previsión normativa que presenta carencias importantes. Me refiero al artículo -tan debatido- 15.4, letra k), de la ley vigente, ese precepto que dice que el Consejo Rector tiene que aprobar aquellos contratos, convenios, acuerdos o negocios jurídicos de carácter plurianual iguales o superiores a un millón de euros en su cuantía global. Lo que no aclara es, por un lado, si se refiere solo a los contratos que se suscriban por el propio ente o si también es extensivo a los que se suscriben con las sociedades que llevan la televisión y la radio. Algo a lo que, ya sabemos, se agarró en un primer momento el señor Negrín para intentar mantener el control sobre este contrato. Y esa cuestión la resuelven tanto ustedes como nosotros, haciendo de manera extensible la previsión a las empresas públicas.

Un segundo fallo fue no aclarar en qué momento del procedimiento entra en juego la obligación de aprobación de los contratos por parte del consejo: ¿en la decisión de la convocatoria del concurso, en la aprobación del pliego de condiciones, en todos los actos intermedios, en la suscripción del propio contrato? Esto es lo que ha aprovechado el señor Negrín para constituirse en mesa de contratación y es precisamente lo que más problemas judiciales está planteando, porque el Consejo Rector se niega a seguir formando parte de las decisiones que se adoptaron en su momento, por los antecedentes que ya conocemos todas y todos. Pues esta cuestión, que es precisamente la que solventaría muchas de las dudas sobre el proceso, solo la aborda la propuesta del Grupo Socialista. ¿Y cómo lo hace?: determinando expresamente los dos actos en los que se tendría que convalidar, el consejo, en su decisión, y que serían la aprobación de las cláusulas o pliegos de contratación, el acto final de la suscripción del contrato. Haremos y hacemos una propuesta, y esa propuesta se puede compartir, se puede mejorar o rechazar, pero, en cualquier caso, siempre será mejor para la seguridad jurídica y el interés general que mantener la situación actual.

Y, dicho esto, señorías, me voy a adelantar a una reflexión política que tengo la obligación de hacer. Miren, en pocas cuestiones como esta se debería evidenciar más la fortaleza de las instituciones democráticas, la salud de la democracia en Canarias. Es un imperativo moral acabar con esta situación, se lo debemos al interés general de los ciudadanos y ciudadanos a los que representamos. Para el Partido Socialista la solución pasa inexorablemente por acabar con la externalización de los servicios informativos, por que los contenidos los elaboren profesionales públicos. Hablo de una decisión más o menos correcta, la que adoptemos la adoptemos con total libertad y con criterio, no sometidos a la presión de intereses privados y legítimos, pero que nada tienen que ver con la responsabilidad que tenemos los que estamos aquí, en esta Cámara, para defender el interés general.

Señorías, abandonemos el cortoplacismo, comparemos experiencias, dispongamos de informes y después decidamos libremente. Le pongo un ejemplo: la radiotelevisión gallega ha tenido que afrontar sentencias por un valor superior a los treinta millones de euros como consecuencia de los contratos de externalización de las desconexiones territoriales de sus servicios informativos. Desde 2010 se ha puesto fin a esa práctica. Todos los contenidos informativos los elaboran empleados y empleadas públicos y solo se deja abierta la posibilidad de externalización para los medios técnicos. El coste público de radiotelevisión gallega para esto y para el conjunto de su actividad asciende, aproximadamente, a noventa y siete millones anuales. ¿Saben cuál es el resultado de ese modelo de gestión?: según una encuesta publicada por la Forta el pasado marzo, es la televisión autonómica más valorada por los ciudadanos, con un 90 %. ¿Saben cuál es la nuestra?: pues como siempre, estamos en el penúltimo lugar del ranking.

Luego, las cosas se pueden hacer de otra manera y ello exige voluntad política y un arduo trabajo de reconstrucción y de reestructuración. No hay soluciones mágicas, lo sabemos, esto es un camino de largo recorrido, somos conscientes.

El Partido Socialista eleva con su proposición de ley las siguientes propuestas que vamos a comenzar a andar. Sustituimos el mandato marco por una nueva carta de servicios, que si bien mantiene en el Parlamento la decisión sobre su aprobación garantiza en su elaboración la participación del Gobierno a efectos de establecer un marco plurianual en aportaciones presupuestarias. Sin ese marco plurianual, no hay reestructuración posible. La segunda propuesta, aunque no prohibimos la externalización de servicios, la sometemos expresamente al control del Consejo de Administración y a lo que disponga al respecto la carta de servicio público. La tercera propuesta: mandatamos al Consejo de Administración a encargar un estudio económico y jurídico que evalúe el coste de internalizar los servicios informativos. Cuando se den todos estos pasos, que son necesarios, estaremos mucho más cerca, un poco más cerca, de mejorar la prestación de este servicio público y de hacerlo de manera irreversible.

Señorías, estamos todos de acuerdo en fortalecer el modelo de Radiotelevisión Canaria, que creó la ley de 2014. El Partido Socialista muestra su disposición a alcanzar un acuerdo que lo mejore.

Señorías, para finalizar, tenemos la oportunidad de decidir, con altura de miras, los cambios que nuestra ley de radiotelevisión pública precisa. Contribuyamos a borrar el recuerdo del auténtico esperpento que ha supuesto la gestión de su actual presidente y seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos en este momento.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Corujo.

Turno ahora para la intervención del resto de los grupos. Por diez minutos.

Nueva Canarias, señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías, muy buenas tardes.

Nosotros vamos a votar a favor de la toma en consideración de las dos iniciativas, porque somos respetuosos con el derecho que tienen los grupos parlamentarios a promover iniciativas legislativas y más cuando está en el ámbito de competencias y forma parte de la lógica del desempeño de la función de los propios grupos parlamentarios.

No compartimos esencialmente ni el diagnóstico ni el tratamiento de este problema. Yo creo que hay un error de bulto, que voy a tratar de identificar en estos diez minutos, pero tendremos tiempo en los periodos de enmiendas, para si de verdad se quiere convertir la radiotelevisión en un servicio público plural, diverso, al servicio de la ciudadanía y no de los intereses minoritarios, pues, estaremos dispuestos a facilitarlo.

Primera consideración. Esta actividad necesita una norma reguladora que, cuanto más precisa, mejor, pero los que procuran identificar los problemas de la radiotelevisión solo con la norma, fundamentalmente con la norma, lo hacen de manera interesada. No es verdad, no se puede sustentar, no hay datos que lo avalen, que la norma sea la razón del problema que estamos viviendo. Esto es rigurosamente falso. Ni siquiera el modelo, ni siquiera el modelo. Ha habido etapas en el Gobierno de esta comunidad, con leyes estrictamente gubernamentales, con designación gubernamental, en que, cuando se puso al frente de la gestión de este servicio público a profesionales contrastados, independientes, solventes, no se generó ningún problema; con esa misma norma, cuando se puso al frente de la radiotelevisión pública a personas al servicio de la coyuntura del Gobierno de turno, hubo tanta escandalera como ahora, lo que pasa es que se nos olvida. Lo que ha determinado la crisis total de la radiotelevisión pública no es ni el anterior modelo y su ley ni este; es sencillamente la designación de personas inadecuadas, al servicio de los intereses tácticos de los que le pusieron. Y esta es la razón, y esta es la razón, por ejemplo, de que en la radiotelevisión pública española, prestada con servicios propios de la Administración General del Estado, se haya abierto un debate sobre lo realmente esencial, y es quiénes dirigen la radiotelevisión pública española.

Y se ha llegado a un acuerdo que comparto, porque además lo firmamos: el Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos -partido en progresión allá y aquí-, el Grupo Podemos -con sus aliados en los distintos territorios-, el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Catalunya y por el Grupo Mixto mi compañero Pedro Quevedo suscribieron un cambio legal para lo realmente determinante en la quiebra de los modelos de la radiotelevisión pública, y es la designación de sus órganos rectores. Está bien que funcionen y se delimiten las competencias, pero quién los nombra, a quién se nombra y para quién se nombran. Y se ha ideado una fórmula que nosotros presentaremos como enmienda, y es concurso público. ¡Concurso público!, porque el mal de esta televisión no estuvo entonces en el modelo legal ni ahora, aunque ha podido contribuir, pero es una simplificación. Y las dos propuestas que se nos hacen no entran en el fondo, sencillamente actúan sobre la organización de los órganos de gobierno, y el Partido Socialista enseña la patita sobre la posibilidad de externalizar los servicios, a lo que nosotros no nos vamos a negar, pero solo lo aceptaremos si va acompañado de una designación profesional y democrática de los órganos rectores. Solo lo defenderemos en esta ocasión. Porque le pongo ejemplos: más pública que Televisión Española, pocas; sin embargo, al servicio del partido de turno. Por eso se ha producido este gran acuerdo en las Cortes Generales. No porque no sea pública, que lo es, sino que la dirección efectiva está al servicio del partido de turno. Porque más pública que Telemadrid no van a encontrar ninguna. ¿Al servicio de quién ha estado Telemadrid?: del Gobierno de turno. O más pública que la TV3, la televisión catalana, no la van a encontrar, ¿y al servicio de quién ha estado TV3 durante estos años?: al servicio del Gobierno de turno.

Lo que pretende Nueva Canarias, y lo hemos dicho en más ocasiones, es que la radiotelevisión pública de Canarias esté al servicio de la ciudadanía, del interés general, del pluralismo, de la diversidad de esta Cámara. En definitiva, profesionalidad, independencia, para que esté al servicio de eso, de la cohesión, de la información veraz, de la transparencia. Y eso no se consigue solo modificando la estructura de los órganos de Gobierno, no se consigue solo, incluso, transformando la externalización en una prestación directa de servicio por la Administración pública. Solo se conseguirá, y tiene sus dificultades, cuando pongamos al frente de la radiotelevisión a hombres y mujeres profesionales e independientes, porque si no se reproducirá la utilización partidista y la mediocridad, y el ejemplo lo hemos visto en Televisión Española, he puesto el caso de TV3 o Telemadrid.

Nosotros lo decimos con claridad: vamos a votar a favor de la toma en consideración de las dos iniciativas, porque nos merecen el respeto de los que las han planteado, pero creemos que habrá que cambiar sustancialmente esto si de verdad lo que se quiere no es lavar la cara, hacer un gesto de oportunidad después de la escandalera que estamos viviendo. Y si de verdad se quiere apostar por una tele para Canarias, para la ciudadanía, abierta, democrática, plural, es colocar al frente de la estructura de gestión a eso, a profesionales, que sean evaluados de manera objetiva y que respondan también a la diversidad política de este o del futuro Parlamento. Si esto no fuera así, yo no soy adivino y tengo pocas dotes en esa materia, pero seguro que volveremos a fracasar, porque lo que ha hecho poner en crisis a la tele en estos momentos, con audiencias pírricas, con crédito cero, con inestabilidad para los trabajadores, con pérdida de absoluta credibilidad, no ha sido la ley, ha sido el señor Negrín, que se peleó con las consejeras antes del contrato. El contrato de informativos ha elevado la tensión. Aquí cuatro grupos parlamentarios, antes de que se formulara el contrato de informativos, pedimos la dimisión del señor Negrín, antes de que se iniciara el proceso de contratación. Es que no hay contrato de señal, es que no hay reglamentos, es que no hay Consejo Asesor, es que no hay Consejo de Informativos, es que no hay normas de contratación. Es sencillamente un incompetente al que se puso ahí, al servicio de intereses políticos y partidistas. Y esto solo se cambia, no con un nuevo reparto, que es lo que subyace en estas proposiciones de ley, sino con un pacto en serio, a favor de la radiotelevisión pública, en serio, para colocar a este servicio público como un servicio público que cohesione a esta tierra, que se ponga al servicio de la democracia, de la diversidad, de la profesionalidad, del sector audiovisual. Y eso no se consigue solo modificando la ley, sus órganos, ni siquiera se consigue solo con la nacionalización de los informativos; se consigue con democracia, con pluralismo, con profesionalidad. Y tenemos un excelente ejemplo: casi todos los que estamos aquí estamos defendiendo para el Estado esta fórmula. Es la que nosotros vamos a poner vía enmiendas. La fórmula que la inmensa mayoría de los representantes del pueblo español en las Cortes Generales ha decidido para la radiotelevisión pública española, que es pública, porque el problema nunca estuvo en la naturaleza de las relaciones laborales de sus trabajadores, que también, sino fundamentalmente en la dirección, en la manipulación, en ponerla al servicio de intereses estrechos y cortoplacistas. Y eso solo se corrige como se va a corregir en España, y nosotros lo hemos suscrito allí y lo vamos a defender aquí. Espero que los que firmaron esto allí lo defiendan aquí, ahora o a partir del 2019. Ya veremos en qué momento.

Que sepan que Nueva Canarias, y lo decimos sinceramente, ponemos nuestros cinco escaños, nuestra experiencia, al servicio de un acuerdo, de un pacto, para que este servicio público continúe, para que recupere el prestigio perdido, para que recupere las audiencias perdidas, para que esto se convierta en un instrumento de cohesión, en un instrumento para informar, para cultivar los verdaderos valores de una sociedad democrática. Si es así, nos encontrarán; si de lo que se trata es de un borrón para un nuevo reparto, no nos encontrarán. Queremos un acuerdo, un pacto, para el futuro de este servicio público, para el futuro del sector audiovisual, y eso pasa por poner ahí a gente decente y competente, y eso no se hizo la otra vez y tiene la pinta de que con esta hoja de ruta repetiremos la historia y, si no, al tiempo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rodríguez.

Turno ahora para el Grupo Parlamentario Podemos, para cerrar, para cerrar el grupo de intervenciones.

Señor Fandiño.

El señor MÁRQUEZ FANDIÑO: Bueno, antes que nada -gracias, presidenta-, me gustaría mandarle un saludo y mucho ánimo a los trabajadores y trabajadoras del ente público y a los trabajadores de informativos, que no son del ente público, porque están privatizados, y han estado en una situación muy complicada en las últimas semanas, en una situación complicada en estas semanas, en la que los ha puesto este Gobierno, porque les recuerdo que la Consejería de Hacienda, y no lo digo yo, también lo dice la Intervención General de la Comunidad Autónoma, tiene responsabilidad en lo que está pasando.

Y, señor Ruano, a mí me encanta debatir con usted, lo hacemos desde diferencias políticas, pero lo hace usted con el rigor que le merece su ideología y con cierta seriedad, pero no es a lo que estamos acostumbrados con el señor Clavijo, que ha mentido reiteradamente las últimas semanas, cuando intenta responsabilizar a este Parlamento de lo que está sucediendo en la Televisión Canaria, y sabe usted que no es verdad. Porque, como decía la señora Reverón, lo dijeron los servicios jurídicos de este Parlamento y lo dejaron muy claro, muy claro, en un informe a colación de una solicitud que le hizo este grupo parlamentario, el Grupo Podemos, y decía: "El Parlamento de Canarias ejerce sobre el ente público exclusivamente un control de naturaleza política, no jurídica, sin que en ningún caso aquel participe directamente en la esfera de gestión que compete al citado ente público en ninguna de sus facetas -económica, presupuestaria, contractual, de gestión patrimonial y de gestión del personal-. Por ello, en ningún momento la Cámara legislativa canaria podrá actuar en calidad de órgano de supervisión o fiscalización jurídica respecto del desarrollo de las facultades de contratación pública que el marco legal atribuye en exclusiva". Esto lo dijeron los servicios jurídicos, esto desmonta las mentiras que el señor Clavijo ha dicho en este Parlamento y en sus redes sociales. Ya está bien de intentar... Por lo menos le exigimos un poco de respeto a la Cámara legislativa, a la Cámara donde descansa la soberanía del pueblo canario.

Dicho esto, ¿cuál es nuestro control político?, ¿hemos ejercido nosotros el control político? ¡Claro que hemos ejercido el control político! ¿Cómo?: proponiendo quitar al mayor mal que tiene la Televisión Canaria, que es el señor Negrín, que es el señor Negrín, y por eso trajimos aquí su cese, y ustedes se negaron. El señor Clavijo votó en contra y el Partido Socialista se abstuvo, y el Partido Socialista se abstuvo.

También lo hemos ejercido en la comisión de control. ¿Cuánto tiempo llevamos denunciando las irregularidades que estaba cometiendo el señor Negrín?, ¿cuánto tiempo llevamos con esto? Mucho antes de que se convocara el concurso de los informativos, por cierto, mucho antes. De hecho, empezamos cuando dimitieron las dos consejeras. Consejeras que pusieron ustedes, que pusieron ustedes en la anterior legislatura. Con una ley que hicieron ustedes, que no hizo el Grupo Podemos. Y quien trajo aquí esas quejas fuimos nosotros. ¿Y ahora se quejan ustedes de que no han podido cubrir las plazas vacantes y que el problema es el Consejo Rector y que el problema de la Radiotelevisión Canaria es que no tiene un Consejo Rector completo? Es mentira. ¡Ustedes han tenido dos años para cubrir esas plazas!: ¿dónde estaba la preocupación? Se preocuparon de cubrir las plazas vacantes, se preocuparon de cubrir las plazas vacantes cuando llegó el concurso de informativos. Esa es la realidad, señorías, esa es la realidad.

Y me gustaría trabajar en esto y analizar profundamente algunas de las propuestas que ustedes plantean. Les adelanto que nosotros no nos vamos a negar a su tramitación, precisamente porque confiamos en el proceso de enmiendas. Tendemos la mano a intentar llegar a un acuerdo, porque no puede volver a suceder, no puede volver a suceder, tener una radiotelevisión, una ley de Radiotelevisión Canaria que no es la ley de todos y de todas, porque estamos hablando del servicio público.

Cuando hablamos de estas modificaciones, ustedes lo que están intentando es consolidar legalmente la falta de consenso. Eso es lo que ustedes están buscando principalmente con algunas de las cuestiones que plantean. ¿Cómo?: reduciendo, reduciendo, el número de votos que se necesitan para nombrar a ese Consejo Rector.

Y nosotros le decimos una cosa al Partido Socialista -y lamento que no esté su portavoz aquí ahora-, le decimos una cosa: nosotros vamos a proponer lo mismo que hicimos en el Congreso de los Diputados, en las Cortes Generales del Estado. ¿Y sabe con quién lo hicimos? Con ustedes. Con el Partido Socialista Podemos presentó una propuesta de ley de radiotelevisión española que elige a su Consejo de Administración, al Consejo de Administración, por concurso público y lo que no entendemos es que ustedes en Madrid propongan una cosa y aquí totalmente la contraria. No solo... van ustedes hacia un modelo de consenso democrático, no, caminan en sentido contrario, pidiendo que se reduzca el número de votos necesarios para llegar a un acuerdo, señora Corujo. (La señora Corujo Berriel entra en la sala y ocupa su escaño).

Exigencias para la Junta de Control, de Coalición Canaria, la Junta de Control. Muy bien, ustedes exigen que las personas puedan ser de una de estas tres opciones: de formación superior o de reconocida competencia que durante un plazo no inferior a cinco años hayan desempeñado funciones de administración o alta dirección en entidades públicas, en entidades privadas; o que tengan formación superior o reconocida competencia con relevantes méritos en el ámbito de la comunicación. Este punto debería ser obligatorio. Nosotros queremos profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la comunicación al frente de un medio de comunicación público. Esto es importantísimo, esto es fundamental.

Y no que pueda ser, que se intentará la paridad. ¿Cómo que se intentará la paridad? Volvemos otra vez al tema de los órganos de control. Tiene que ser, la paridad, obligatoria, obligatoria, y confiamos en que en el proceso de enmiendas esto se consolide.

Consejo Asesor. Ustedes detallan perfectamente la composición del Consejo Asesor. Y además es alucinante: ustedes lo que plantean son siete personas elegidas por los cabildos, siete personas elegidas por el Gobierno...; siete personas elegidas por el Gobierno, siete por los cabildos, tres por la Junta de Control. ¡Ustedes quieren un Consejo Asesor absolutamente controlado desde lo gubernamental! Vamos a pasar de un modelo que intentaba, en sus principios generales, tener un mayor control democrático a través del Parlamento a un modelo que va a tener mucho más control del Gobierno. Y no puede ser.

Y qué curioso que en ese Consejo Asesor, que ustedes detallan a la perfección cómo se construye y cómo se compone, ustedes no hablan del Consejo de Informativos. Dejan el Consejo de Informativos, su composición y su conformación, al reglamento interno. ¿Para qué?: para poder controlar quién entra y quién sale del Consejo de Informativos, cuando el Consejo de Informativos es vital para garantizar la información veraz, plural y objetiva. Por tanto, no entendemos cómo se puede aprovechar esto para intentar controlar más desde lo gubernamental. Es fundamental que en ese Consejo de Informativos estén los redactores de todas las islas, de todas las islas, y si quieren también hablamos de las condiciones laborales que ha generado este modelo de informativos. Y se lo digo al Partido Socialista.

Ustedes hablan de aprovechar la ley para intentar buscar unos informativos públicos. Pues esto que ustedes proponen es absolutamente ambiguo. Un estudio de internalización, no, no, ¡blindemos los informativos públicos!, ¡blindemos los informativos públicos! ¡Seamos valientes! Seamos valientes, señores del Partido Socialista. Seamos valientes y aprovechemos esta modificación de ley para blindar los informativos públicos. Y les diremos una cosa: nosotros no vamos a apoyar la aprobación de esta ley si no contempla el blindaje, como línea roja, de que los informativos de la Televisión Canaria sean 100 % públicos. Eso es lo que nosotros vamos a defender.

Y vamos a defender también que se garantice la cohesión social de Canarias. ¿Y sabe cómo?: garantizando las mismas condiciones laborales a todos los trabajadores, vivan donde vivan, porque no hay derecho a que los trabajadores de El Hierro, de La Gomera, tanto que se quejan ustedes de las desigualdades de las islas no capitalinas, estén trabajando en condiciones mucho peores que los de las islas capitalinas. ¿Dónde están ustedes defendiendo, defendiendo, el equilibrio territorial de Canarias?

Los informativos públicos, señorías. No solo es importante desde un punto de vista ético, desde un punto de vista democrático, sino también económico. No se justifica que nosotros cada diez años le estemos dando en torno -calculamos nosotros- a veinte millones de euros de beneficio a una empresa privada, no tiene sentido, y que cada ocho o diez años nosotros le montemos una televisión privada a un medio de comunicación de Canarias. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido ni desde el punto de vista democrático ni desde el punto de vista ético ni desde el punto de vista de la eficiencia del propio servicio ni desde el punto de vista económico. No tiene ningún sentido. Por lo tanto, si dentro de ocho años no nos queremos ver otra vez intoxicados por una guerra mediática entre medios de comunicación que legítimamente quieren acceder a este concurso de informativos, seamos serios, seamos responsables y valientes, seamos responsables y valientes, y en esta modificación legislativa aprovechemos la oportunidad para blindar los informativos públicos.

La ley habla, además, de fomentar el sector audiovisual canario. No ha habido ninguna empresa cien por cien canaria -recordemos que la actual tiene casi el setenta y cinco por ciento de capital fuera de las islas- que haya tenido este concurso de informativos. Por tanto, no estamos cumpliendo con uno de los principios generales de la ley, que habla del motor, del fomento del sector audiovisual canario.

Por tanto, señorías, esperemos que esta generosidad que yo creo que estamos teniendo, porque no nos convencen estas modificaciones legislativas, pero no queremos impedir su tramitación para aprovechar el debate y para poder debatir sobre la televisión pública, sea recogida por parte de ustedes con la responsabilidad y la generosidad que yo creo que merece el debate y aprovechemos esta modificación legislativa para trabajar conjuntamente por una ley que nos contente a todos, que sea consenso, no solo de esta Cámara sino también de los que están fuera. Escuchen a los trabajadores, escuchen a la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias, que están demandando unos informativos públicos. Y, por lo tanto, mejoremos la calidad democrática y dentro de ocho años no nos volvamos a ver en la guerra en la que nos hemos visto envueltos en las últimas semanas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Márquez.

(El señor Ruano León solicita la palabra).

Dígame, señor Ruano. Dígame.

El señor RUANO LEÓN (Desde su escaño): Señora presidenta, le pido la palabra, no para entrar en el debate, ni en el fondo ni en la forma -creo que se ha expuesto por todos los grupos parlamentarios su respectiva posición-, pero sí por alusiones a un miembro de este grupo parlamentario, que es el presidente del Gobierno, en relación con sus manifestaciones sobre el funcionamiento de la Radiotelevisión Canaria.

La señora PRESIDENTA: Tiene un minuto, señor Ruano.

El señor RUANO LEÓN (Desde su escaño): A ver, señor Márquez, agradezco la referencia personal, en el tono, en las formas, pero, mire, cuando el presidente del Gobierno hace esas referencias a la responsabilidad de esta Cámara, se ha referido de forma expresa a la suspensión de varias sesiones de la Comisión de Radiotelevisión, obligado por acuerdo de la Junta de Portavoces, se sacó del respectivo calendario; a que esta Cámara, este pleno, no haya conocido el mandato marco aprobado por la Comisión de Radiotelevisión Canaria; y se ha referido también a que hemos sido incapaces de nombrar a dos profesionales para que cubran las vacantes que desde hace año y medio tienen que estar cubiertas en el Consejo Rector. Estas son las palabras del presidente y, por tanto, con ese alcance, no le voy a pedir que retire por si no lo retira, porque lo va usted a mantener, supongo, pero, en cualquier caso, tengo que desdecirle respecto de que eso no es verdad, porque sí que es verdad. Son hechos objetivos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruano.

Señor Márquez.

El señor MÁRQUEZ FANDIÑO (Desde su escaño): Señor Ruano, yo las diferencias en el discurso que tenga usted con el señor Clavijo lo tendrán que hablar ustedes y no es asunto mío. Lo que sí le digo es lo que yo he escuchado en este Parlamento, y he escuchado en este Parlamento, al presidente y a la consejera de Hacienda -aprovecho también para decirlo-, en reiteradas ocasiones, intentar responsabilizar a este Parlamento de las irregularidades ejecutivas que existen en el seno del Consejo Rector, particularmente en la presidencia.

Y aprovecho para decirle, señor Ruano, que la única bicefalia imperfecta que existe en la radiotelevisión y en la ley de la Radiotelevisión Canaria está entre el señor Negrín y el señor Méndez. Esa es la bicefalia imperfecta.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Márquez.

(El señor Ruano León solicita el uso de la palabra).

Dígame, señor Ruano.

El señor RUANO LEÓN (Desde su escaño): A ver, señora presidenta, el señor Márquez abre el debate, estábamos hablando de la veracidad o no... (Rumores en la sala).

La señora PRESIDENTA: Dejen, dejen que se exprese, a ver, porque a lo mejor yo también puedo pedir la palabra por inexactitud. Creo que eso no está previsto en el Reglamento, que la presidenta la pida a sí misma, respecto a las manifestaciones hechas en relación con la Mesa.

Dígame, señor Ruano.

El señor RUANO LEÓN (Desde su escaño): Muchas gracias, presidenta.

Solo para reiterar que las cuestiones a las que me referí son hechos. Yo no hablo ahora de las responsabilidades ejecutivas del señor Negrín, que las dirimimos donde se dirimen, que no es en el pleno sino en la comisión de control de esta Cámara.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: (Sin micrófono).

El señor MÁRQUEZ FANDIÑO (Desde su escaño): Reitero...

La señora PRESIDENTA: (Sin micrófono).

El señor MÁRQUEZ FANDIÑO (Desde su escaño): Reitero, señor Ruano, reitero, señor Ruano, que para mí es un placer debatir con usted.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Ya está. Venga.

Señorías, pasamos a votar. Vamos a votar primeramente, llamo a votación, la PPL-23. (Suena el timbre de llamada a la votación). (Pausa).

Señorías, vamos a votar la PPL-23, que es la propuesta por los Grupos Parlamentarios Mixto, Popular y Nacionalista. Comienza la votación. (Pausa).

Señorías, 50 votos emitidos: 50, sí, ningún no y ninguna abstención.

Pasamos ahora, señorías, a votar la PPL-24, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Comienza la votación, señorías. (Pausa).

Señorías, 50 votos emitidos: 50, sí, ningún no y ninguna abstención.

Hemos terminado el orden del día, señorías. Muchas gracias.

Se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las dieciocho horas y seis minutos).