Diario de Sesiones 117, de fecha 8/5/2018
Punto 31

9L/PNL-0590 PROPOSICIÓN NO DE LEY, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC), SOCIALISTA CANARIO, POPULAR, PODEMOS, NUEVA CANARIAS (NC) Y MIXTO, SOBRE SOLICITUD AL GOBIERNO DEL ESTADO EN RELACIÓN CON LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUALES Y MEDIDAS PREVISTAS EN EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

La señora PRESIDENTA: Vamos ahora, señorías, como les indiqué, y según lo acordado en la Junta, a ver la proposición no de ley 590, en el orden del día el 4.4, a instancia conjunta de los Grupos Nacionalista, Socialista, Popular, Podemos, Nueva Canarias y Mixto, sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y medidas previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Para la defensa de la misma, la señora Beato.

La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señora presidenta. Señorías.

El pasado 8 de marzo, algo cambió en este país: miles de mujeres salimos a la calle para decir basta ya, para reclamar igualdad. Igualdad en mayúsculas, a la hora de acceder a un empleo, a la hora de recibir un salario, a la hora de asumir las cargas familiares; y también igualdad a la hora de vivir en sociedad, para que se nos permita vivir sin miedo, sin amenazas, por el simple hecho de ser mujeres y que nos podamos sentir seguras. Dijimos basta ya a la brecha salarial, a las desigualdades, a la violencia de género; basta ya a los abusos y a las agresiones sexuales; basta ya a la violación.

Algo pasa en este país para que una sentencia genere tanto rechazo en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el jurídico y el político. Se ha cuestionado que los políticos podamos opinar sobre resoluciones judiciales y, bien, todos, absolutamente todos los poderes públicos en un Estado de derecho estamos bajo el escrutinio de la ciudadanía. Los políticos, como cualquier ciudadano, tenemos derecho a la libertad de expresión, tenemos derecho a la legítima crítica. Es nuestra responsabilidad como representantes de los ciudadanos escuchar a la calle y proponer soluciones. Y hoy estamos aquí haciendo lo que nos corresponde, proponer medidas para que en el futuro las leyes estén lo suficientemente claras para que no haya lugar a interpretaciones alejadas de la realidad social.

Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, tipificados en el artículo 8 del Código Penal, arrastran una redacción, salvo alguna modificación puntual, desde el año 1995. Desde entonces, la conciencia ciudadana frente a la violencia sexual contra la mujer ha experimentado muchos avances. También el reconocimiento internacional y los pronunciamientos internacionales, que tienen su máximo exponente en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, el que conocemos como el Convenio de Estambul.

En esta iniciativa proponemos adaptar la legislación española al Convenio de Estambul, que en su artículo 36 conmina a los Estados a tipificar como delito de violencia la violencia sexual ejercida intencionadamente y sin el consentimiento expreso de la víctima. El convenio es del año 2011, España lo ratificó en el 2014. Hace años que España debió adaptar su legislación a las previsiones de este convenio. Resulta paradójico, y no podemos compartir, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado recomienden no hacer frente a los ataques que podamos sufrir por razón de robo, para preservar nuestra integridad, y en el caso de una agresión sexual se exija a la víctima, para acreditar que ha sido agredida, defenderse con uñas y dientes, con riesgo incluso de su propia vida. Muchas mujeres que se defendieron así hoy no están aquí para contarlo.

Señorías, solo sí es sí. Por eso pedimos la revisión de la tipificación de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales en el vigente Código Penal, para clarificar su redacción, limitando las posibilidades de interpretación y no dejar ningún resquicio a la subjetividad.

Pero, señorías, las normas por sí mismas no son suficientes si no se incorpora una perspectiva de género en las resoluciones judiciales y se intensifica la formación de la judicatura. Los jueces son parte de la sociedad y, como tales, también están imbuidos de los mismos prejuicios y estereotipos sexistas que, lamentablemente, aún tenemos que superar.

Por ello le pedimos al Gobierno de España que modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial para integrar medidas que garanticen la formación especializada de todos los profesionales de la administración de justicia en derecho antidiscriminatorio, que incluya la perspectiva de género y la transversalidad. Necesitamos jueces formados, para que cualquier mujer que se sienta agredida y atacada pueda tener la garantía de que la justicia va a darle la respuesta que necesita, que sepan las mujeres que no habrá impunidad para ningún agresor.

Finalmente, le pedimos al Gobierno de España que incorpore los 200 millones para este año en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que sea con carácter finalista. Instamos, por tanto, a los grupos parlamentarios presentes en el Congreso de los Diputados a la aprobación de enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos para incluir esos recursos.

Señorías, voy terminando con una reflexión. A la vista de todo lo que ha trascendido en los últimos días y lo escabroso del tratamiento informativo, hemos sido conscientes, si cabe, de la urgencia de revisar determinados valores que se manejan en algunos jóvenes, de la necesidad de educar y regenerar muchos principios fundamentales para la tolerancia, para el respeto y la convivencia entre hombres y mujeres. Queremos decirles a todas las mujeres que no están solas, que no sufran en silencio sin denunciar a sus agresores.

Señorías, muchas gracias a todos los grupos parlamentarios, que se sumaron a esta iniciativa para que este Parlamento lance, de manera unánime, el mensaje de que no puede haber impunidad frente a ninguna agresión sexual.

Muchas gracias, señorías.

(Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

No es habitual que la Mesa aplauda, pero entenderán que sobran razones para hacerlo y espero que nos entiendan.

Turno ahora para el Grupo Mixto. Señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Cuando una sentencia produce una brecha social tan profunda entre el sentir de la sociedad y el sistema de justicia es que algo está fallando. Esto nos demuestra que la aplicación de la justicia y la normativa penal se deben acercar más a la realidad social. No debería haber una sentencia que demuestre tan poca sensibilidad como la que han demostrado estas 371 páginas de la sentencia, tan poca sensibilidad a la víctima.

Pero, por desgracia, este no es el único caso. Aunque sí haya sido el más polémico, no es el único caso. Tenemos cientos de víctimas solo en nuestra comunidad autónoma. Según los datos oficiales de la fiscalía de Canarias en 2016, se iniciaron diligencias previas y urgentes en un total de 16 violaciones, 383 agresiones sexuales, 427 abusos sexuales, 58 agresiones sexuales a menores y 112 abusos sexuales a menores. Unas 994 diligencias en un año, casi mil víctimas solo en nuestro archipiélago.

Agravar las penas de los delitos o conseguir que el mundo judicial tenga perspectiva de género en todas sus decisiones, ambas cosas ayudarán pero no va a ser la solución. ¿Qué está sucediendo, señorías, que mientras hacemos cientos de campañas para terminar con el machismo o la violencia de género esta repunta en las aulas, en las escuelas? Recuerden que estamos hablando de agresores jóvenes, son chicos jóvenes los que están cometiendo este tipo de delito. Nuestras escuelas deben servir para que nuestros niños y nuestros jóvenes destierren esos comportamientos y no lo vamos a conseguir solo con actuaciones puntuales en los centros. Hay que hacer un trabajo mucho más profundo en las escuelas, porque, desgraciadamente, el Código Penal, las leyes, se aplican cuando el delito ya se ha cometido. Y es por eso por lo que nosotros tenemos que intentar que esas conductas mejoren, y solo puede ser a través de la educación.

Hoy hablamos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Pues bien, ¿para cuándo nos pondremos de acuerdo los políticos en conformar el pacto de Estado por la educación? Todos conocemos ejemplos de que estas conductas violentas empiezan en grupos, en nuestras escuelas, en los institutos, que fomentan el acoso escolar; se planea, se acorrala a la víctima escogida y luego se la agrede físicamente, y hasta se cuelga el vídeo de la víctima como si fuese un trofeo.

Son diversos los factores que provocan que se fomente el maltrato físico, pero también el verbal, el psicológico, y parte de nuestra juventud lo más triste es que lo normaliza, pero estableciendo una educación en valores, bien trabajada, con el apoyo de psicólogos y educadores sociales, podríamos ayudar a mitigar esta violencia e incluso a detectar a los niños que la están sufriendo.

De verdad, señorías, yo creo que la única alternativa es la educación, la única vía para poder mitigarlo va a ser la educación.

¿Qué contenidos ven nuestros jóvenes para que tengan la percepción de que una mujer es un mero objeto? ¿Por qué no hemos extirpado de la sociedad los contenidos audiovisuales violentos, sexistas o denigrantes contra la mujer? Lo hablamos cientos de veces en esta Cámara pero ahí continúan. Retomemos, pues, el impulso que vivimos el 8 de marzo. Apoyemos la movilización ciudadana que pide cambios en nuestro modelo social y judicial, que propugna la igualdad efectiva y tengamos tolerancia cero contra los que usan cualquier tipo de violencia contra la mujer y, en especial, agresiones sexuales.

Nosotros siempre vamos a estar de parte de la víctima, pero yo creo que a nosotros también nos toca, aparte de instar al Estado para que haga una modificación, hacer un pacto por la educación. De verdad que, si no, no vemos que las cifras vayan a bajar. Estamos hablando de casi mil jóvenes que han sufrido agresiones, violaciones, abusos, solo en nuestra comunidad autónoma.

Muchas gracias.

(Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendoza. Muchas gracias.

Turno ahora para Nueva Canarias. Señora González.

La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidenta. Señorías.

Al grito de "no es abuso, es violación" los españoles y las españolas hemos reaccionado con asombro e indignación a la sentencia de La Manada. Y esta polémica sentencia no solo ha enfurecido a los españoles y españolas, las muestras de indignación se han sucedido en muchos países europeos e, incluso, en Estados Unidos. El caso también ha llegado al Parlamento Europeo, en el que se ha aprobado un debate sobre la aplicación en España de los estándares internacionales sobre la violencia sexual, porque uno de los problemas es que, aunque en el Convenio de Estambul se reconoce el concepto de violación como todo acto sexual sin consentimiento, solo seis países europeos han adaptado la definición, y desde luego España no es uno de ellos. Y, visto lo visto, es imprescindible tener este debate para instar a reconocer y armonizar la normativa en todos los Estados miembro y que una cosa así no vuelva a suceder. No podemos permitir que se vuelvan a repetir estas situaciones. Situaciones que ponen en grave peligro los avances que las mujeres hemos logrado impulsar en las últimas décadas en pro de la eliminación de estereotipos sexistas, en pro de la igualdad salarial y en pro de la igualdad de derechos y libertades.

Son numerosas las manifestaciones de violencia que las mujeres sufrimos en todo el mundo, todos los días: acoso sexual, dentro o fuera del ámbito laboral, malos tratos, asesinatos y ataques cotidianos contra nuestra libertad, dignidad e integridad física y psicológica. Y, aunque es cierto que la sociedad, tanto mujeres como hombres, estamos cada vez más sensibilizados contra toda forma de discriminación y desigualdad hacia la mujer, la sentencia de La Manada, producto de un sistema patriarcal que ha apisonado a las mujeres desde hace siglos y que aún persiste, ha supuesto un gran retroceso en la igualdad entre hombres y mujeres.

La indignación de la sociedad no ha sido tanto por los años de condena que se les han aplicado a los agresores sino a la valoración de los hechos solo como abuso sexual y no como agresión sexual, no como violación, y más si cabe, más indignación, con el escándalo del voto particular de uno de los jueces, que ni siquiera considera que haya delito.

Yo quiero hablar o reproducir directamente los conceptos que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define como "agresión sexual", y dice que es el 'delito consistente en la realización de actos atentatorios contra la libertad sexual de una persona empleando la violencia o la intimidación'; y de "intimidar" dice que es 'causar o infundir miedo, inhibir'; y "violencia" es 'acción violenta o contra el natural modo de proceder'. Y con estas definiciones resulta difícil de entender que unas circunstancias como la que sufrió la víctima de Pamplona sean consideradas solo como abuso sexual, con la intimidación que supone que cinco energúmenos obliguen a una mujer a meterse en un portal y la vejen, la agredan sexualmente, la violen oral, anal y vaginalmente y, además, corra peligro no solo su integridad física sino incluso su vida. Señorías, siempre, en caso de robo, nos recomiendan que no opongamos resistencia porque nuestra vida puede correr peligro, pero si lo que sufrimos no es un robo, lo que sufrimos es una violación, entonces tenemos que oponer resistencia y arriesgar nuestra vida para que la justicia considere que ha habido agresión. En resumen, para la justicia española una mujer solo es violada si lucha, si hace falta hasta la muerte, porque si sigue haciendo su vida normal después de esa violación es que no fue una violación, simplemente tuvo abuso.

En definitiva, señorías, para que esto deje de ser así es necesario generar las condiciones para que no se vuelvan a producir estos hechos o hechos similares. Razón de esta proposición no de ley, en la que además de solicitar la revisión de la tipificación de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales en el Código Penal, calificando su redacción y logrando una mejor adaptación a la realidad social y al reconocimiento internacional de la calificación de violencia sexual, además también es prioritario invertir en formación en perspectiva en género en jueces y operadores jurídicos, para valorar e interpretar todos los elementos que rodean a estos tipos delictivos desde la perspectiva de la víctima y desde la perspectiva de la existencia o no de consentimiento. Porque, señorías, a partir de ahora hay que legislar, pero ya no desde el no es no, a partir de ahora lo único que es válido es solo el sí es sí.

(Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González.

Turno ahora para el Grupo Podemos. Señora Del Río.

La señora DEL RÍO SÁNCHEZ: Buenas tardes a todos y a todas.

Y, bueno, comentarles unas cuantas cosas en la línea, porque estamos todas yo creo que bastante de acuerdo en esta proposición.

Y, bueno, comentar que, ante el fallo de la sentencia de la agresión de San Fermín, el movimiento feminista, las mujeres y también los hombres de todo el Estado han salido a la calle a señalar que existe una vulneración de derechos y pone de manifiesto, de nuevo, la necesaria modificación del Código Penal en el Estado español, como ya se ha hecho en otros países. A este respecto, Amnistía Internacional publicaba lo siguiente en el marco de la valoración de la sentencia:

"De treinta y tres países europeos solo nueve naciones reconocen la simple verdad de que el sexo sin consentimiento es violación. La ausencia de reconocimiento legal de que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación fomenta la idea de que recae en nosotras, como mujeres, la responsabilidad de protegernos de la violación. Estas actitudes son peligrosas y tienen que cambiar".

La comprensión actual de las violencias sexuales como una expresión básica del machismo de nuestra sociedad hacia las mujeres es muy reciente y todavía dista mucho de ser asumida ampliamente a nivel social e institucional. Durante siglos, las violencias machistas hacia las mujeres, incluidas las sexuales, han sido justificadas por el Estado e, incluso, reguladas por el sistema jurídico como un derecho que podían ejercer ciertos hombres sobre ciertas mujeres dentro de un marco normativo que aseguraba la subordinación de las mujeres a los hombres. Pero después de las movilizaciones que hemos tenido como el Me Too, el Yo También, recientemente el Cuéntalo y lo que ha significado la inmensa movilización del 8 de marzo, todo indicaba que se iniciaba un camino sin marcha atrás que comprendía que los derechos de las mujeres son también derechos humanos. Sin embargo, una vez más, se ha perdido la oportunidad de sentar un precedente que contribuyera a mejorar la protección y reparación de las víctimas de agresiones sexuales. Por contra, lo que nos hemos encontrado es una sentencia caracterizada por estereotipos y prejuicios sobre los comportamientos de las mujeres en razón de su sexo, alcanzando su culmen de gravedad en el voto particular -vómito particular, diría yo-.

La consecuencia directa de estos estereotipos y prejuicios es la generación de un terrible daño a las víctimas, además de sentar un precedente negativo para casos similares, retrocediendo así los derechos de todas las mujeres. Por ello, Women's Link Worldwide ha pedido al Consejo General del Poder Judicial acción disciplinaria contra el juez que emitió el voto particular en el caso de La Manada, dada la gravedad de la discriminación demostrada en el escrito, plagado de prejuicios y estereotipos de género.

En este marco, la responsabilidad del Gobierno es asegurar que los tribunales son espacios libres de discriminaciones de género para hacer efectivo el mandato constitucional que ordena que los derechos de las mujeres sean también derechos humanos.

Nuestro país ha ratificado el Convenio de Estambul, en el que se reconocen como formas de violencia machista las violencias sexuales. Este reconocimiento ha sido recogido en nuestra ley canaria y en el texto legislativo más reciente en España que versa sobre la materia, el Informe de la Subcomisión Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género. Sin embargo, lamentablemente, no hubo consenso por parte de los grupos políticos para transponer todas las directivas y recomendaciones de los organismos internacionales para cada una de las formas de violencia machista que recogen tanto el Convenio de Estambul como nuestro pacto a nuestra propia ley. En este sentido, podemos afirmar que existe -la ley estatal, me refiero, integral-, que existe un agravio comparativo en materia de legislación con respecto a la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja. España cuenta con una extensa legislación; sin embargo, no podemos asumir lo mismo para el resto de las violencias.

Nombrar una forma de violencia no garantiza su erradicación ni tampoco el despliegue de las políticas públicas necesarias para la protección y la reparación de sus víctimas. Ninguna ley, ni estatal ni autonómica, en España ofrece ese despliegue de políticas públicas para las violencias sexuales, y esto se traduce en importantes carencias en la tutela institucional y judicial de las víctimas, como pudimos ver justo en este caso de La Manada, en el que en ningún caso la víctima pudo acreditarse como víctima de violencia de género, según lo que recoge nuestra Ley 1/2004; y, por tanto, no tuvo ni acompañamiento ni se priorizó su domicilio en el proceso judicial ni su caso se desarrolló en un juzgado especializado de violencia sobre la mujer ni podrá tener acceso a distintas prestaciones correspondientes a la tutela institucional, propias del proceso de reparación de una víctima de violencia de género, tal y como estipula la Ley del 2004.

Nos enfrentamos ante un complejísimo problema. Y, como no me queda mucho tiempo, quiero plantear que la violación no es solamente un delito, es una cultura, y que para ello es imprescindible generar la posibilidad de un nuevo contrato sexual entre mujeres y hombres.

Hay mucho más que hablar sobre ese tema; por lo tanto, invito al resto de los grupos a hacer una nueva proposición no de ley en la que avancemos en la necesidad de hacer una ley, de instar, estatal, al Gobierno a que haga una ley estatal integral sobre violencias sexuales, donde recojan todo este marco que aún tenemos...

(Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Del Río. Muchas gracias.

Turno ahora para el Grupo Popular. Señor Jorge.

El señor JORGE BLANCO: Gracias, señora presidenta.

Constato que soy el único hombre que sube a la tribuna para hablar de este tema en el día de hoy.

Señorías, es quizás una de las PNL más dolorosas, más delicadas, que en los últimos tiempos hemos tratado en este Parlamento, en la Cámara legislativa de Canarias.

La sociedad española, señorías, de manera prácticamente unánime, ha sentido bochorno, ha sentido vergüenza, ha sentido rechazo, por la decisión judicial de condenar a los llamados miembros de La Manada a una pena de nueve años de prisión por el delito de abuso sexual, absolviéndolos de otro, que es la agresión sexual.

Las sentencias judiciales, que son, en definitiva, la voz, el camino, el vehículo por el que habla el poder judicial, son criticables y opinables como lo es el resto de las decisiones de los distintos poderes del Estado -el legislativo y el ejecutivo-. En un sistema democrático no podría ser de otra manera: ¿o es que acaso la libertad de expresión se convierte en restricción de la libertad cuando hablamos de jueces y magistrados y de sus sentencias? Es evidente, es evidente que no puede ser así.

Por tanto, primera consideración: libertad absoluta en la crítica a las decisiones del poder judicial como del legislativo y del ejecutivo.

Y segunda cuestión: criticarla, sí, claro que sí, pero acatarla, señorías. Acatarla, porque ese es otro de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático: la libertad y el acatamiento de la ley y las decisiones judiciales. Y es el propio sistema democrático, la propia Constitución española, la que ofrece posibilidades de cambiar algo que nos ha producido, insisto, bochorno y vergüenza a la mayoría de los españoles. Por tanto, comparto esa crítica pero no puedo compartir la llamada a la insumisión judicial, ni yo, desde luego, ni mi grupo parlamentario.

Dicho esto, me gustaría hacer otras consideraciones.

Hemos asistido a un debate en nuestro país acerca de lo que se debe hacer para evitar que esto vuelva a ocurrir en el futuro. Hemos comprobado cómo en España -permítanme la expresión- hay cuarenta millones de opiniones diferentes. Cada uno de nosotros nos hemos formado en nuestro interior una opinión diferente acerca de cómo resolver el problema. Probablemente muchos de ellos sin conocimiento de la ley, del Código Penal, sin conocer exactamente los hechos realizados. Unos hablan de que es un problema de interpretación, que no es de la ley; otros, en cambio, dicen lo contrario, que es un problema de tipo penal y que los jueces se han limitado a aplicarla. Yo no me atrevo a posicionarme, yo lo que pido a todos es que dejemos trabajar al grupo de expertos que el Ministerio de Justicia ha creado para modificar la legislación penal, el Código Penal, en estos temas. Ya lo ha dicho el Tribunal Supremo, estos tipos penales son especialmente enrevesados, sujetos a interpretaciones, más allá probablemente de lo razonable.

Nuestra Constitución del 78, en el artículo 117, dice que "la justicia española emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados". Por tanto, tiene que existir una conexión, una íntima conexión, un vínculo estrecho entre lo que demanda el conjunto de los españoles y las decisiones de los poderes del Estado: del ejecutivo, del legislativo y del judicial también. El clamor que se ha producido en este caso particular me recuerda al clamor de la sociedad también para mantener en el Código Penal la prisión permanente revisable. Más de tres millones de españoles firmados, ocho de cada diez españoles que lo defienden. Por eso me llama la atención de aquellos que tienen una diferente perspectiva en relación con el papel de la sociedad en estos temas: cuando me interesa, utilizo el clamor social y, cuando no me interesa, no se puede legislar en caliente. Nosotros no tenemos ese problema: apoyamos una cosa y la otra.

Señora presidenta, acabo como acabó la proponente de la iniciativa, de la PNL. ¿Es esto solo una cuestión legislativa o la génesis viene de más allá? Para nuestra opinión, en nuestra opinión, es un problema...

La señora PRESIDENTA: Concluya, señor Jorge, por favor.

El señor JORGE BLANCO: ...es un problema de formación en valores, de formación en valores, en la igualdad, es un problema de educación desde que nacemos. ¿Qué está pasando -con esto concluyo- que no somos capaces de atajarlo?

(Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Jorge.

Grupo Socialista, señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ HERRERA: Gracias, presidenta. Presidenta, señorías.

Estamos de acuerdo, esta es una PNL fruto del acuerdo de todos los grupos políticos. Estamos de acuerdo en esta cuestión. Evidentemente, una sentencia escandalosa que hiere la sensibilidad social y, además, después de un 8 de marzo en el que la ciudadanía salió a la calle. Y las cosas han cambiado, no dejamos a las mujeres solas. El apoyo en este tipo de sentencias, que ha tenido una respuesta mediática, no es casual. La sensibilidad ciudadana ha cambiado con los años, con el trabajo que se ha hecho, y desde luego que la protesta, como digo, del 8 de marzo yo creo que ha sido un antes y un después, que contribuye a que estos asuntos no pasen desapercibidos.

Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos de acuerdo en los tres puntos que plantea la PNL.

En cuanto a la revisión del Código Penal, desde luego la tipificación debe ser revisada, para que no se preste a interpretaciones, a la lectura probablemente que cada uno tiene, y desde luego desde el patriarcado que todavía existe también en jueces, juezas, y en todo el cuerpo de la judicatura en este país.

También la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Desde luego que se hace necesario para la formación, como digo, de jueces, juezas, y todo el ámbito judicial y de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero es que este asunto de la modificación de la ley orgánica ya es un asunto, una de las cuestiones que se acordaron en el pacto de Estado. Si estuviéramos cumpliendo a día de hoy el pacto de Estado, ya estaríamos trabajando, ya el Gobierno del Partido Popular estaría trabajando en la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Y desde luego que estamos absolutamente de acuerdo en el punto 3. Tal es así que ya hemos traído a este Parlamento, desde el Grupo Parlamentario Socialista, una PNL, en octubre del año pasado, para exigir al Gobierno del Estado el cumplimiento del pacto de Estado.

Agradecer a la señora Beato, Socorro Beato, el esfuerzo que ha hecho, y además no es la primera vez que apela a la unidad de todos los grupos políticos en este asunto. Pero, señorías, yo creo que no podemos esconder detrás de la unidad y la unanimidad la pasividad. De nada nos sirve, o sea, de acuerdo en que hemos salido a la calle toda la sociedad y lo que se espera es que, de forma unánime, condenemos este hecho, esta sentencia, esta situación, pero debemos ir un paso más allá. Todo esto no se entiende si no se realizan, de forma efectiva y eficiente, las medidas que son necesarias para eliminar esta lacra social. Desde luego ¿qué debemos hacer, señor diputado portavoz del Partido Popular, este problema, efectivamente, de educación y de prevención? Pues no eliminar los recursos destinados a la prevención, a la igualdad, que sí que ha eliminado el Partido Popular, y sobre todo poner en el presupuesto, que se ha acordado en el pacto de Estado, poner en el presupuesto del 2016 los 120 millones de euros que faltan para ayuntamientos y comunidades autónomas. Es más, el Partido Socialista no hubiera necesitado ningún pacto de Estado para cumplir con las exigencias de los movimientos sociales y feministas, con los que hemos trabajado durante años.

Y desde luego que el Gobierno de Canarias tiene algunas cosas que hacer -ya lo hemos hablado aquí también-, al menos dos, al menos dos, que se me vienen así muy rápidamente a la cabeza.

Una, oficinas de atención a las mujeres, agresiones sexuales, víctimas de agresiones sexuales. ¿Dónde están esas oficinas? Estuvimos todos de acuerdo el año pasado en aprobar una PNL propuesta por el Partido Socialista, estuvimos todos de acuerdo en aprobar el presupuesto y las enmiendas, y 2 millones de euros, pero a día de hoy ese servicio no está funcionando, no está en ninguna parte. Por tanto, hagamos un esfuerzo mayor. Vayamos más adelante.

La segunda cosa -que le pregunté al consejero en el anterior pleno-, ¿qué estamos haciendo para exigirle al Gobierno del Estado el cumplimiento del pacto de Estado? Necesitamos ser más exigentes. Desde luego nosotros vamos a votar a favor de las enmiendas. Ya se ha rechazado la enmienda a la totalidad del Partido Socialista, pero vamos a votar a favor de cualquier enmienda -hoy hemos presentado también una- que recoja esos 120 millones de euros que serán necesarios para mejorar los servicios en Canarias, y en todo el país, de atención a las mujeres víctimas de agresiones sexuales, que en Canarias también suceden. No las tenemos ahora aquí vistas, pero nuestras fiestas, nuestras situaciones complicadas en Canarias, en el sur, en las ciudades... Ya lo hemos hablado muchísimas veces aquí. ¿Qué solución les estamos dando? No tiene solución. Probablemente con ese presupuesto podríamos trabajar mejor.

Se me quedan algunas... (Se produce el corte del sonido por el sistema automático de control del tiempo y la señora presidenta le concede un minuto adicional). Gracias, presidenta.

Destacar que podemos estar de acuerdo en muchísimas cosas y además también ahora recuerdo al partido del Grupo Podemos, animarles a que se sumen al pacto de Estado, que ahora están pidiendo que se cumpla en todos los ayuntamientos, que, desde luego, es un buena medida, pero se abstuvieron en la aprobación del pacto. Desde luego que no es un pacto que nos guste a todos, pero es el pacto que creemos necesario para avanzar y para eliminar esta lacra social. Es un pasito. Por tanto, además de pedirlo en los ayuntamientos, que se sumen.

Y no podemos mantener la unidad cuando cada grupo político tiene unas prioridades. Y para el Partido Socialista, y también soy exigente con mi partido, no vamos a perder ni un segundo en reivindicar, en tramitar y en presentar iniciativas que vayan poco a poco, año tras año, facilitando la igualdad entre hombres y mujeres, que será la única manera de acabar con esta lacra social.

(Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señorías.

Señorías, llamo a votación de esta PNL (la señora presidenta hace sonar el timbre de llamada a la votación). (Pausa).

Señorías, comienza la votación. (Pausa).

Señorías, 50 votos emitidos: 50, sí, ningún no y ninguna abstención.

Queda aprobada por unanimidad, señorías, de los presentes.

(Aplausos).

Señorías, antes de levantar la sesión, mañana celebramos el Día de Europa. Lo haremos con una declaración institucional, que leeremos, pero ahora les invito a todos a ir al patio, porque vamos a proceder al encendido de las luces azules, como hacen todos los parlamentos en conmemoración ya del día de mañana.

Muchas gracias.

A las nueve, sí, sí, como siempre, a las nueve. Perdón, que no lo dije.

(Se suspende la sesión a las veinte horas y doce minutos).