Diario de Sesiones 122/2018, de fecha 13/6/2018 - Punto 3

9L/PL-0005 DEBATE DE PRIMERA LECTURA. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE DEROGA EL APARTADO C) DEL ARTÍCULO 4.2 DE LA LEY 2/2013, DE 29 DE MAYO, DE RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN TURÍSTICA DE CANARIAS.

La señora PRESIDENTA: Continuamos, señorías. Vamos ahora a la iniciativa legislativa que nos queda. El proyecto de ley por la que se deroga el apartado c) del artículo 4.2 de la Ley 2/13, de renovación y modernización turística de Canarias.

Tiene la palabra el señor consejero.

El señor CONSEJERO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES (Castellano San Ginés): Muchas gracias, señora presidenta. Señorías.

Muy posiblemente, considerando el alcance del proyecto de ley que hoy presentamos, unido a que está ampliamente explicado en la exposición de motivos, no necesite consumir todo el tiempo que tengo a mi disposición.

En cualquier caso, sí creo que es necesario hacer referencia a algunos de sus antecedentes que hunden sus raíces en la tradición en Canarias, de entender que el desarrollo turístico se tiene que producir de una forma ordenada para garantizar este avance por la senda de la sostenibilidad. Tradición que tiene hitos importantes en nuestro archipiélago, como lo que en su día fue la denominada moratoria turística, que no fue otra cosa que el establecimiento de un periodo para la reflexión en un momento en el que la industria turística crecía a un ritmo rápido, para determinar hacia dónde íbamos.

U otro hito como el de la Ley 2/2013, de renovación y modernización turística de Canarias. Esta ley precisamente lo que pretendía, lo que buscaba, era la ordenación de este crecimiento de la industria turística, y establecía una serie de requisitos para la implantación de nueva planta alojativa en el conjunto de Canarias, vinculada fundamentalmente a requisitos relacionados con la renovación de la planta alojativa y los equipamientos ya existentes, o bien asociada a criterios de calidad que se establecieron en su momento, relacionados con la categoría de los establecimientos, haciendo referencia a que se podían otorgar autorizaciones previas a establecimientos hoteleros o extrahoteleros de cinco estrellas o superiores. Esto en su momento encendió un debate importante en esta Cámara, porque algunos de los grupos presentes en aquel entonces entendían que este último requisito, el de las cinco estrellas, no se adaptaba al modelo turístico de todas las islas. Algunos de los grupos, como decía anteriormente, presentes en aquel entonces, consideraban que este requisito debía abrirse también a establecimientos con cuatro estrellas. Con el transcurso del tiempo, el Gobierno del Estado decide recurrir la mencionada ley, concretamente el artículo 4.2 en sus apartados a) y c). Y el debate prosigue en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Tanto es así que en el ínterin entre el recurso planteado por el Estado y la resolución por parte del Tribunal Constitucional se produce una revisión de la normativa que introduce elementos nuevos: en primer lugar, como requisito para la autorización previa se establecen criterios medioambientales relacionados con la sostenibilidad, y se mantiene en su apartado c) la referencia a las cinco estrellas o superiores para los establecimientos hoteleros y extrahoteleros.

Posteriormente -sigo con los antecedentes- la sentencia del Tribunal Constitucional establece que no se pueden incorporar, digamos, condicionantes de índole económica en la otorgación de la autorización previa, entienden que la categoría de los establecimientos es un condicionante de índole económico y, por lo tanto, obliga a la supresión, a la referencia que se hacía en aquel momento a las estrellas de los mencionados establecimientos.

Llegados a este punto, nos quedamos con un apartado a), que vinculaba la autorización previa a requisitos relacionados con características relacionadas con la sostenibilidad, y un apartado c), que mantenía la referencia a las estrellas.

Una vez el Tribunal Constitucional entiende que esta referencia se tiene, digamos, que eliminar, deja sin contenido este apartado c), entendiendo que ya hay una referencia expresa a la fórmula, a los requisitos que tienen que cumplir los establecimientos hoteleros y extrahoteleros en el apartado a) que mencioné anteriormente. Esto a veces puede parecer un poco lío, pero lo cierto es que es bien sencillo.

Por lo tanto, llegamos a este punto en el que lo que plantea el proyecto de ley es, sencillamente, la supresión, por una cuestión básica de simplificación normativa, la supresión del apartado c). Y tengo que reconocer que, posiblemente, el Gobierno cometió un error en el procedimiento que se asoció al envío de este proyecto de ley, que, posiblemente, por sus características y por su alcance, hubiera requerido sencillamente un procedimiento abreviado de lectura única si lo único que se perseguía era la supresión del apartado c).

Pero llegados a este punto, los diferentes grupos parlamentarios entendieron que la vía ordinaria que nos ha conducido aquí, a este debate de primera lectura, era una oportunidad para establecer una reflexión acerca de nuestra normativa turística. Tengo que recordar que, digamos, este proyecto de ley tuvo entrada en este Parlamento en septiembre de 2016, y hasta ahora hemos estado inmersos en ese tiempo que se había dado para el establecimiento de esa reflexión, y creo que en ciertas ocasiones tenemos que ser capaces de hacer de la necesidad virtud.

A nadie se le esconde que estamos inmersos en medio de un proceso, de un reto importantísimo asociado al alquiler vacacional, que implica un reto, lo he dicho en reiteradas ocasiones, porque existe la posibilidad de la obtención de rentas asociadas a este fenómeno, pero que también plantea una serie de riesgos, y también he dicho, en reiteradas ocasiones, que este es un reto que tiene que ser abordado por todos, por el conjunto de administraciones, si queremos abordarlo de forma integral.

Y es cierto, como decía anteriormente, que posiblemente este proyecto de ley constituya una oportunidad para reforzar y establecer un marco relacionado con este fenómeno tan importante y de tanta actualidad.

Cuestiones como los principios rectores básicos de la ordenación o los estándares de implantación territorial pueden ser abordadas en este texto, entiendo que constituye una oportunidad; también la especificación de los instrumentos de ordenación que pueden regular el alquiler vacacional, esto creo que introduciría elementos de seguridad jurídica importantes ante este nuevo fenómeno que tiene sentencias por resolver.

También creo que sería importante que se estableciera una reflexión acerca de la obligación, responsabilidades y sanciones con relación a la comunicación de datos y a la atención de, a los requerimientos, perdón, de las administraciones públicas de Canarias, en este caso en referencia, sobre todo, a las plataformas que ponen a disposición de los turistas la oferta de alquiler vacacional.

Yo, desde luego, les invito a que realicen esta reflexión, a que en este proceso en el que el Gobierno está desarrollando normativa con respecto a este importante fenómeno podamos ir de la mano y, en definitiva, que entre todos podamos encontrar la mejor solución a este reto del que tanto vamos a hablar, sin duda, en los próximos meses.

Por lo tanto, poco más tengo que decir acerca de este proyecto de ley, que en su momento, como decía anteriormente, perseguía, digamos, un objetivo bastante limitado, la adaptación a una sentencia del Tribunal Constitucional, pero que, sin duda, abre la oportunidad a establecer una reflexión mucho más profunda acerca de asuntos de gran actualidad.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor consejero.

Esta iniciativa legislativa, este proyecto de ley, tiene dos enmiendas a la totalidad.

Por orden de presentación de las mismas, en primer lugar el Grupo de Nueva Canarias, el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Señor Rodríguez, por tiempo de diez minutos.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías.

No es fácil, y después de escuchar al consejero tampoco, entender la razón de este proyecto de ley, primero porque lo presentó el Gobierno hace un año y pico y lo vuelve a presentar ahora y no ha explicado bien por qué.

Y añade ahora que, como el contenido es básico, aunque tiene tela, aprovechemos este vehículo legal para otras cuestiones.

Primera consideración: esta ley viene a este Parlamento porque interpreta el Gobierno que una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2015, relativa al cuestionamiento del artículo 4.2 a), c), de la Ley de Renovación y Modernización del año 2013, entendió el entonces ministro de Turismo, el señor Soria, que vulneraba las reglas y fue al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, después de hacer un interesante, profundo, cualificado y útil análisis, concluye que, efectivamente, el artículo 4.2 a), que establecía criterios para la autorización administrativa previa, no podía ser por razones económicas, por categoría de hoteles. Lo decía con claridad, incluso se refería, porque la sentencia del año 2015 a la Ley 9/2015, también de Renovación y de Modernización, que reformaba la del año 2013.

De forma que el Tribunal Constitucional entra al asunto y concluye lo siguiente, y esto es muy importante para la política turística: no hay ningún inconveniente constitucional para que las autoridades competentes establezcan límites al crecimiento turístico, ningún inconveniente. Tampoco hay ningún inconveniente para ese instrumento creado por este Parlamento en el año 1995, de la autorización administrativa previa, antes del otorgamiento de la licencia, ningún inconveniente. Lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional es que no puedes discriminar esta autorización en base a criterios económicos, de categoría del recinto; esto vulnera la legislación europea y estatal de libertad de servicios, no puede haber discriminación en la autorización por razones económicas.

Pero deja clarísimo que es perfectamente limitable el crecimiento turístico sobre suelo calificado, por supuesto, si los criterios son ambientales, territoriales, de impacto en las infraestructuras, en el desarrollo económico, en la convivencia; en definitiva, en función de la capacidad de carga. De forma que el legislador canario puede elegir el camino de la libertad absoluta, de la desregulación, o puede elegir el camino de la contención del crecimiento por razones ambientales, territoriales, de capacidad de carga.

Y hay que decir que en los últimos veinticinco años el legislador canario, la ley de turismo, de ordenación del turismo, del año 1995; la ley de directrices, del año 2003; incluso la ley de medidas urgentes, del año 2009; e incluso la ley de renovación y modernización, 2/2013 en discusión por el Tribunal Constitucional y casi la Ley 9/2015, de renovación y modernización, apostaron por esta visión de las cosas. Tratar de contener lo dicen en sus preámbulos, lo dicen incluso en su articulado; es perfectamente posible contener el crecimiento de las instalaciones turísticas por razones ambientales, por razones territoriales, por el impacto en las infraestructuras, en la producción de agua, de energía, en la eliminación de residuos, en definitiva, por criterios de sostenibilidad.

De manera que en los últimos años la mayoría parlamentaria aquí ha ido por otro camino, que es el de la desregulación, el del mercado lo manda todo. Cabe en la legislación vigente que sobre suelo calificado todo el mundo pueda hacer lo que quiera en suelo calificado, solo faltaba, lo otro es ilegal, de forma que ahora no existe ningún mecanismo de contención.

Nosotros defendemos que hay que establecer límites al crecimiento, que hay que contener, pausar, planear, controlar el crecimiento porque el crecimiento no es neutral, impacta sobre el medio ambiente, impacta sobre el territorio, impacta sobre las infraestructuras, sobre los servicios, sobre la convivencia. Y lo hemos defendido siempre, y lo que creemos nosotros -y los datos son incontestables y este proyecto de ley lo pone en evidencia- es que el Gobierno en esta materia ha apostado por el tema del crecimiento sin control, por la barra libre que he dicho aquí en algunas ocasiones.

Y, sin embargo, la Constitución española, las leyes europeas, no impiden limitar el crecimiento. Es tan así que el Gobierno ni siquiera ha cumplido con sus propias previsiones en las leyes anteriores; por ejemplo, en relación al artículo 4.2 a), cambiado en la ley del 2015 en relación a la del 2013 por la sentencia del Constitucional, establece un reglamento de ecoeficiencia y de edificabilidad que no tenemos; han pasado tres años, dijeron: "oiga, no vamos a dar barra libre a los hoteles de cuatro estrellas, apartamentos, porque vamos hacer un reglamento de ecoeficiencia y sostenibilidad", aunque el Consejo Económico y Social, aunque el Consejo Consultivo dijera entonces, y yo repito ahora, que carecía de sentido este condicionante porque ya las reglas de construcción de este tipo de instalaciones son muy exigentes. De manera que no tenemos el reglamento supuestamente controlador del crecimiento, no tenemos la evaluación que cada tres años había que hacer sobre el impacto de la ley de renovación y modernización y, por supuesto, no tenemos tampoco los estudios que el Gobierno anunció que iba hacer sobre la capacidad de carga de los territorios.

Es decir, que el Gobierno se deja llevar por la corriente, el Gobierno no tiene política turística y, por supuesto, el Gobierno no ha establecido ninguna estrategia de contención del crecimiento en base a la capacidad de carga, al impacto en el medio ambiente y en el territorio. Cierto es, y en eso estamos nosotros globalmente a favor, que es que con el fenómeno del alquiler vacacional el Gobierno, tarde y por un rango normativo peligrosísimo, que es un decreto, ha entrado a hablar del alquiler vacacional. Y nosotros somos partidarios, si en el turismo profesional... somos muy exigentes en el del crecimiento, en las calidades, en el empleo, en el impacto en el medio ambiente, etcétera, etcétera, en el alquiler vacacional también.

No puede ser que los que hemos defendido durante veinticinco años contención al crecimiento, sostenibilidad, ahora permitamos que entren por la puerta de atrás al sistema turístico, en suelo turístico, ciento veinte, ciento cuarenta mil camas, aumentando la oferta un 25 %, porque iría en contradicción absoluta con todo lo que hemos hecho y dicho durante veinticinco años; sacrificaríamos la calidad, llevaríamos el sistema turístico a la mediocridad y, por tanto, a su capacidad de competencia, de generación de empleo, bajaría de manera notable.

Y el decreto del Gobierno hace unos anuncios que habrá que precisar y mejorar en favor de la contención, no, de la prohibición del alquiler vacacional sobre uso turístico, dando la potestad a las corporaciones locales si lo hacen en el planeamiento. Pero digo, al menos ahí, al menos ahí el Gobierno apunta en el decreto una estrategia de contención de apuesta por la calidad que nosotros vemos con buenos ojos porque es coherente con nuestra visión de contención del sistema turístico profesional, con más razón, de un sistema turístico suponiendo que se le pueda denominar así, el decreto lo hace absolutamente desregulado, de baja calidad, con poca capacidad de generación de empleo, etcétera, etcétera.

De manera, señor consejero, que no entiendo bien la razón de la ley porque ni siquiera el Tribunal Constitucional cuestiona esta ley porque nadie la denunció. Es cierto que hay un inciso en la sentencia del Tribunal Constitucional, la 209/2015, que hace referencia a esta consideración, pero digamos que no existe ningún impedimento por mantener el artículo 4.2 c); es contradictorio con la sentencia, pero en la sentencia no lo condena porque es que la sentencia es anterior a esta ley y no se ha interpuesto ningún recurso de inconstitucionalidad sobre la del año 2015. Pero da igual, no es lo relevante porque lo relevante es que no existen límites al crecimiento de camas turísticas, del suelo turístico, con la actual regulación y, por lo tanto, se vuelve a confirmar, y esta es la razón de nuestra enmienda a la totalidad, se vuelve a confirmar que no hay una política de sostenibilidad, de contención del crecimiento turístico, no hay un modelo turístico definido, en el modelo turístico se trata de dejarse ir por el mercado, por las coyunturas, por la demanda y no por la ordenación estratégica de un sistema tan importante, tan vital para Canarias como es el sistema turístico.

La señora PRESIDENTA: Dos minutos más, señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: El consejero hace una cuestión que nosotros entramos al trapo. Nosotros no estamos de acuerdo en derogar el artículo 4.2 c), por lo que he dicho, porque lleva consigo una visión absolutamente liberadora o liberalista, de barra libre, no hay ninguna contención; nadie puede impedir a nadie que tenga un suelo turístico hacer una instalación turística con la legislación actual, nadie. Antes lo controlamos. En el año 2003 paramos en seco el crecimiento. Por cierto, por unanimidad de este Parlamento. Y nosotros creemos que hay que establecer límites, y el Tribunal Constitucional y la legislación lo permite; eso sí, insisto, por razones de capacidad de carga, por razones ambientales, territoriales no económicas.

Pero de eso no hay nada, libertad absoluta, sí es buena idea contener, al menos, el alquiler vacacional y ponerle reglas estrictas, exigentes en todos los ámbitos, en las calidades, en el empleo y en el resto de los parámetros. Y usted dice: aprovechemos esta ley para hacer algunas cosas. Nosotros vamos a facilitar ese trabajo porque nos parece que el decreto del alquiler vacacional en tramitación o en fase de borrador, vamos, va a durar en los tribunales lo que un caramelo en la puerta de un colegio porque tenemos antecedentes.

Volvemos a insistir, y debe ser la quinta vez que lo digo en este Parlamento, elevemos el rango normativo de la regulación del alquiler vacacional; elevemos el rango normativo. Concentremos aquí en la ley canaria todo lo que podamos y dejaremos a los cabildos y a los ayuntamientos solo lo que no podamos hacer por ley, y ahí hay margen para moverse; no endosar toda la responsabilidad a los ámbitos insulares y locales sino quedarnos aquí con rangos de ley, con todas la regulación que podamos, y, en todo caso, habrá responsabilidades compartidas en los ámbitos insulares y locales.

Si esa es la pretensión, va usted a contar con la colaboración de Nueva Canarias porque tenemos claro que es estratégico regular con rigor el alquiler vacacional, porque solo nos faltaba que este fenómeno siga degradando el sistema turístico.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.

Turno ahora para otro grupo enmendante, Grupo Podemos.

La señora ARNAIZ MARTÍNEZ: Gracias, presidenta.

Hoy defendemos esta enmienda a la totalidad porque queremos expresar nuestro desacuerdo en la forma pero sobre todo en el fondo de lo que significa esta modificación legislativa. Justificamos nuestro posicionamiento primero basándonos en nuestra propia convicción sobre la necesaria protección del territorio y, sobre todo, a través de la regulación del turismo, pero nos basamos también en las múltiples veces que la gente ha salido a la calle en diferentes lugares de esta tierra para decir que no al desarrollismo, al crecimiento sin sentido e insostenible, y que no a la destrucción de nuestro paisaje y nuestro patrimonio natural y cultural. Las respuestas en la calle han sido claras y multitudinarias en muchísimas ocasiones. Hemos dicho que sí a la conservación del patrimonio natural, territorial, paisajístico y cultural, y se ha escuchado en la calle un no rotundo en casos como el atentado ecológico y patrimonial de Tindaya, en el pinar de Tamadaba, en las torretas de Vilaflor, también las de Fuerteventura y de Lanzarote, no al puerto de Granadilla, no a la central de Agando; hay un montón de ejemplos que podríamos poner ahora, ¿no?

Y como consecuencia de todos estos años de lucha se han incluido apartados importantes en esta ley de modernización, como el que fue modificado en el año 2015 y el que ustedes pretenden derogar hoy. Estas batallas las libraron gobiernos anteriores con la presión detrás de la ciudadanía organizada que defendía otro tipo de archipiélago. Estos artículos servían para proteger especialmente a las islas como la de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife de la depredación turística que venían sufriendo, y por eso se dispuso como requisito necesario para conceder estas nuevas autorizaciones previas que estas solo se admitieran para la edificación de nuevos establecimientos alojativos de categoría superior, es decir, plantas hoteleras y extrahoteleras de cinco estrellas para arriba. La idea con estos artículos era limitar el crecimiento desmesurado del sector, abandonar la idea de crecer por crecer en un territorio que es escaso, que es frágil y, además, valioso, como es el nuestro, y sustituirla por la idea de mejorar para crecer. Sin embargo, el Tribunal Constitucional puso reparos a estas pretensiones a petición del Gobierno del Estado, que interpuso un recurso de inconstitucionalidad al entender que esta aspiración vulneraba la libertad de empresa y las directivas españolas y europeas sobre servicios.

Lo dijimos en la Comisión de Cabildos y lo volvemos a decir ahora, con el paso del tiempo hemos vuelto hacia atrás y ahora mismo nos estamos encontrando con un gobierno al que no le cuesta nada derogar este apartado c) sin pensar en otro tipo de alternativas.

Nuestra enmienda a la totalidad y nuestra principal crítica está basada en la forma y en el fondo, como he dicho antes, de la derogación de este artículo, porque derogan sin más, en lugar de plantear alternativas, que las hay; alternativas que vayan dirigidas a la regulación de un modelo de desarrollo turístico sostenible, que sea limitado y que esté basado, sobre todo, en la renovación y en la diversificación de la planta alojativa. Y decimos esto porque no hay que olvidar que el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico sexto se pronuncia, exclusivamente, sobre la contradicción que existe con la norma estatal y que se refiere a criterios y requisitos de naturaleza económica, y esto no significa que el Tribunal Constitucional esté obligando a que la legislación canaria no pueda optar por otras soluciones, como muy bien ha dicho también el diputado de Nueva Canarias, otras soluciones siempre y cuando no vayan en contra de la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios. Y es ahí precisamente donde este gobierno no ha hecho ningún esfuerzo por proponer alternativa y se ha limitado simplemente a derogar y terminar así con cualquier tipo de limitación al crecimiento desmesurado.

Esa es nuestra principal crítica, pero lo cierto es que sabemos que tampoco podemos pedir peras al olmo, porque la verdad es que esta vez hay que reconocer que han sido coherentes, han sido coherentes, eso sí, con su pensamiento neoliberal, porque con la derogación de este artículo mantienen la línea que han mantenido durante toda la legislatura: primero con la Ley del Suelo, después con la de las islas verdes. Con estas dos leyes y las modificaciones que estamos haciendo a la ley de modernización tenemos un trío perfecto para acabar con la moratoria por fin y dejar barra libre a las nuevas camas.

El apartado a), que se modificó en el 2015, a pesar de que suena muy bien porque se basa en la ecoeficiencia, no garantiza absolutamente nada: no detalla nada, no define nada, no..., lo único que hace es reiterar otras leyes estatales, europeas, e incluso autonómicas, que ya existen y que, como hemos visto, no han servido para proteger por no tener el suficiente desarrollo. Y, por citar un ejemplo, los requisitos de ecoeficiencia y calidad constructiva que dice que impone este apartado a) ya los encontramos en los reglamentos turísticos y en el código técnico de la edificación. Por tanto, de mucho no ha servido.

Con esta modificación del apartado a) y la mera derogación del apartado c) que debatimos hoy, han creado el maquillaje perfecto para acabar con la moratoria y seguir trayendo turistas al peso.

No podemos decir más que se han doblegado al poder económico frente a los intereses de la gente y del territorio, y ahí nos van a encontrar siempre de frente.

Y, por poner un ejemplo concreto, esta dirección que han tomado no soluciona tampoco el problema de la vivienda que estamos padeciendo y, de hecho, solo la empeora; junto con el decreto del alquiler vacacional que han sacado, pobre en soluciones, poco a poco vamos a ir a una situación mucho más complicada que la actual, acelerando la burbuja del alquiler y también la inmobiliaria. Parece que casos como los de Ibiza no nos han servido para aprender sobre ellos y no sobrepasar ciertos límites.

Desde Podemos defendemos que es necesario limitar drásticamente la nueva edificación en destino turístico maduro y un territorio que está sobrepresionado como es este territorio canario. Porque lo único que nos puede faltar ahora para terminar de desequilibrar nuestro precario sistema social y nuestro amenazado sistema ambiental y territorial es alimentar una incipiente burbuja inmobiliaria, cuando conocemos de sobra y hemos sufrido los efectos de la anterior.

Y defendemos esto, primero, porque es innecesaria una nueva edificación y porque, entre otras cosas, ya se cuenta con un mecanismo de crecimiento, el de la planta alojativa, con los incentivos en las plazas turísticas establecidas en la Ley 2/2013. Y, segundo, porque va a desviar, todo esto va a desviar la inversión que pudiera hacerse para renovar. Y la razón es muy sencilla: a ningún gran empresario, ni hotelero ni de la construcción, le interesa la renovación. Es la nueva construcción lo que mayores beneficios y facilidades le puede reportar. Pero esto lo único que supone es que sigamos hipotecando nuestro territorio, y esto es lo que están ustedes fomentando con estas medidas. Tenemos un territorio que necesita protección, un modelo turístico que necesita de renovación edificatoria y, sin embargo, seguimos sin escuchar soluciones tampoco como la tasa turística, que serviría, si de verdad tienen ustedes interés por renovar zonas turísticas esto serviría para hacerlo y no para hacer otras nuevas.

En resumen y para finalizar, les decimos de nuevo que discrepamos en la forma y en el fondo, sobre todo, de las políticas desreguladoras que están aplicando en el sector turístico. Estamos recibiendo dieciséis millones de turistas, subiendo y subiendo, o bajando, porque tampoco sabemos muy bien si esto va a bajar, ya que no depende de nosotros sino de la situación que tienen nuestros vecinos competidores. Y por eso mismo necesitamos aun mayor planificación. Necesitamos regulación y control para gestionar los recursos y también los residuos que suponen todas estas cantidades de turistas. Pero con estas modificaciones, como ya lo hemos dicho, que están haciendo están fomentando todo lo contrario.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Arnaiz.

Turno ahora para los representantes resto de los grupos. Grupo Mixto, señor Ramos Chinea.

El señor RAMOS CHINEA: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.

Desde nuestro grupo podemos estar de acuerdo con muchas de las afirmaciones que han dicho los grupos enmendantes, pero con lo que no estamos de acuerdo es que con la solución sea devolver esta ley. Creemos que esas soluciones o esos problemas que ustedes han estado planteando aquí, pues, realmente lo pueden plantear una vez se abra el periodo de enmienda y añadir estas propuestas, que creo que son muy buenas, y poder mejorar así esta ley, que desde nuestro punto de vista también creemos que puede ser mucho más mejorable.

Y yo creo que la cuestión es preguntarnos qué modelo turístico queremos para Canarias, hacia dónde estamos caminando turísticamente, qué modelo queremos desarrollar, cómo queremos que nuestros jóvenes tengan un futuro. Y ahí déjeme, señor Rodríguez, que le robe por un instante su expresión de contar turistas; y es que no nos podemos limitar, como usted muy bien dice, a contar turistas. Realmente eso no es una estrategia, eso no es el modelo correcto para que nuestra tierra crezca y el turismo sea el motor económico que lo sustente. Y a partir de ahí, una vez tengamos el modelo turístico, es cuando tenemos que aplicar estas leyes para que tengan el marco jurídico adecuado para poder desarrollarlo, pero hasta el momento no ha sido así, y lo que hemos vivido ha sido una continua improvisación, y esto se ha visto a lo largo del tiempo en la sucesiva relación de modificaciones o nuevas leyes que hemos intentado crear para paralizar este desarrollo desmedido con el que empezamos a crecer en Canarias.

Y una vez llegado a ese punto, como ya les he dicho, nos vimos obligados a improvisar, y una de esas improvisaciones, para mí personalmente, es este criterio de llegar a... simplemente, pues, a reducir, a que las nuevas implantaciones hoteleras sean específicamente de hoteles de cinco estrellas o superior. Tengamos en cuenta que estos hoteles son los que más suelo consumen, los que más gasto de agua conllevan, los que más residuos generan, además, están muy vinculados con el todo incluido, por tanto, la economía que generan este tipo de visitantes que vienen a estos hoteles, pues, dejan muy poco en la economía local, en los restaurantes, en los comercios, etcétera.

Por tanto, creemos que la solución debe ser que esta ley continúe, que siga adelante, como ya le he dicho, por nuestro... desde nuestro grupo en el periodo de enmienda intentaremos enmendar y conseguir la mejor ley posible. Totalmente de acuerdo también con que tenemos que limitar el alquiler vacacional, es obvio, cada día es más difícil conseguir alquilar un apartamento para residir para nuestros jóvenes, para parejas, familias, etcétera.

La limitación y la renovación. Yo creo que deben estar vinculados ambos términos, o sea, debemos limitar este crecimiento, y ahí la renovación es importante, tenemos una planta hotelera que está quedando obsoleta, tenemos que impulsar más la renovación, en vez de estar pensando en construir nuevos hoteles, como muy bien decía la proponente del Grupo Podemos, tenemos que pensar más en renovar nuestra planta hotelera, que realmente lo necesita, y si queremos dar ese servicio de calidad esto es esencial. No hoteles de cinco estrellas, eso... sí, ofrecen cierta calidad, pero no la calidad que realmente muchos de los visitantes que vienen a Canarias vienen buscando.

Como ya le he dicho, estamos ante un proyecto de ley que aparentemente parecía sencillo, que simplemente consiste en derogar ese artículo que el Tribunal Constitucional declaraba anticonstitucional. Atrás queda, por tanto, esa limitación por criterios económicos, y permitir la nueva implantación de hoteles de cinco estrellas ya es... es un... ya que esta prohibición, tal cual dice la sentencia, contradice la ley básica estatal, lo que supone un revés importante a una política que esperaba focalizar la oferta turística en la calidad e impedir un desarrollo turístico de otra serie de establecimientos.

Pero, bueno, tampoco podemos decir que esto fomente el desarrollismo, porque lo que no se elimina de este precepto son los múltiples requisitos y las garantías medioambientales y de edificación de las nuevas infraestructuras turísticas que se instalen, y que, por tanto, deben cumplir. ¿Que podrían ponerse más limitaciones?, desde nuestro grupo también estamos de acuerdo, acotar el desarrollo de las nuevas camas turísticas, pero creemos que el periodo de enmienda es la vía por la cual se tiene que realizar.

Si queremos poner más limitaciones al desarrollismo, lo que no podemos pedir es devolver la ley para que estemos más meses sin debatir cuáles límites adicionales podríamos insertar, y dejar el precepto tal cual está. Sus propias enmiendas son un contradicción con el objetivo que persiguen, que es levantar la bandera del discurso del no por el no, realmente en eso no estamos de acuerdo. Debemos darnos cuenta de que es más efectivo que la ley siga su curso en el ámbito parlamentario y proponer una redacción distinta del precepto, incluso nuestro grupo siempre buscará el consenso para poder tener la ley más completa posible, pero no estamos de acuerdo en devolver el documento.

Nuestro grupo parlamentario votará no a las enmiendas de la totalidad, y créanme que este debate no se puede postergar más. Debemos empezar a trabajar en llegar a un consenso en el modelo de cómo debe evolucionar el desarrollo turístico y no seguir aplazando más este asunto, estamos hablando del motor económico de nuestro archipiélago. Porque de hacerlo tendrán que esperar muchos más meses para proponer las limitaciones que deseen, vía enmiendas parciales, y tendremos más tiempo con la ley tal cual está redactada, que no satisface a nadie.

Y una cosa hay que dejar clara a quienes nos oyen: primero es que no es cierto que no haya límites en la ley, los hay y bastantes, sobre todo en cuestión de garantía ambiental y en materia de dimensiones y requisitos técnicos y arquitectónicos que deben cumplir estas infraestructuras.

Miren, decía Kafka que en la lucha entre uno y el mundo hay que estar de parte del mundo. No debemos oponernos a todo sin más. Ustedes saben que necesitamos debatir democráticamente esta ley, en este Parlamento, seamos propositivos y hagamos una ley que nos beneficiará a todos los canarios.

Desde nuestro grupo, por tanto, creemos que esta ley puede ser mejorada con trabajo y consenso, creemos que la eliminación de esta limitación no significa un desarrollo incontrolado, y si realmente lo creen así, pues trabajemos para que mediante enmiendas pongamos las garantías necesarias. Al igual que usted en su día, señor Rodríguez, nosotros tampoco creemos que limitar la implantación de hoteles solo a los de cinco estrellas fuese la solución.

Estamos hablando, como ya le dije, de hoteles que tienen un consumo tanto de suelo como de materias primas superior al resto. Además, pertenecen a grandes cadenas, como ya le dije, que también el único interés que tienen en Canarias es generar beneficios para sus bolsillos, muy poco de ese dinero repercute en los canarios y canarias; y esa debe ser la finalidad del turismo en Canarias, que la economía que se genera alrededor de este sector estratégico repercuta en la calidad de vida y en generar riqueza para los canarios y canarias.

Por tanto, la postura de nuestro grupo es muy clara, vamos a votar para que esta ley siga su trámite y cuando llegue el periodo de enmiendas trabajaremos en beneficio de los ciudadanos, de nuestro patrimonio paisajístico, nuestra naturaleza, nuestras costas y, por supuesto, en la consolidación de un turismo sostenible y de calidad. Porque la calidad es mucho más que las estrellas de un hotel, y esa calidad a veces no la apreciamos; porque esa calidad es el trabajo de nuestra gente, y entre ellas están, indudablemente, las camareras de piso, que muchas, a pesar de esas cargas de trabajo inhumanas y de sus bajos salarios, son las primeras en ofrecer una sonrisa a nuestros visitantes.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramos Chinea.

Turno ahora para el Grupo Popular, señor Jorge.

El señor JORGE BLANCO: Gracias, señora presidenta. Señorías.

Mi grupo parlamentario va a votar en contra de las dos enmiendas a la totalidad. Es perfectamente conocido por todos cuál es la postura de nuestro grupo en relación a las propuestas que tanto en la enmienda a la totalidad del Grupo de Nueva Canarias como de Podemos se establecen.

La enmienda del Grupo de Nueva Canarias no solo es una enmienda a la totalidad de esta ley, desde el punto de vista formal, sino que la interpreto como un verdadero programa político en relación a cuáles son las ideas de este grupo político sobre el turismo de Canarias, y lo sabe bien el señor Rodríguez y todos los integrantes de su grupo que nosotros, básicamente, pues no estamos de acuerdo con muchas cosas de las que dice, ¿no? Y, por ello, pues, no podemos votarlo a favor, ¿no? De la misma manera que la del Grupo político de Podemos.

A la señora Arnaiz me gustaría, en fin, si usted me lo permite, rectificarle una cosa: de neoliberal la política del Gobierno, poquito; neoliberal, la nuestra, porque para eso estoy en el Partido Popular. Nosotros somos liberales y, por tanto, proponemos cosas radicalmente diferentes a las que el Gobierno hace; eso no es nada neoliberal, se lo puedo asegurar, señora Arnaiz. Y al decreto de alquiler vacacional me remito o al propio proyecto de ley que presentó el Gobierno en relación con estos temas y otros muchos, en relación a la política turística. Así que cuando usted quiera hablar de neoliberalismo se dirige a nosotros, que no tenemos inconveniente en darle tres o cuatro pinceladas a ver si en algún momento la podemos convencer de algo.

Y también por otro motivo, señor Rodríguez. Se lo dije antes: yo creo que aprovechando -y en eso recojo el guante que el consejero ha dicho en su intervención-, de aprovechar este proyecto de ley, que es un tema tan puntual como que lo que pretende es hacerle caso al Tribunal Constitucional tres años después de que el tribunal haya dicho que esto era manifiestamente ilegal y anticonstitucional, el Gobierno ha tardado tres años en presentar ante la Cámara, tanto ellos como el grupo parlamentario que le apoya, a hacerle caso, en fin, esa es la manera de trabajar del Gobierno de Canarias, ¿no? Siempre estamos a remolque de las decisiones judiciales que, en fin, amparan muchas de las cosas que el Partido Popular viene diciendo desde hace mucho tiempo en relación con este tema, sobre todo después del marco normativo global que tenemos, desde la normativa y de la directiva de la Unión Europea, que es la percha por la que se cuelga después toda la normativa nacional, como la ley de liberalización de los servicios, y de libre prestación de servicios del año 2007, creo recordar. (Abandona su lugar en la Mesa la señora presidenta. Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta segunda, Tavío Ascanio).

Pero esto es una oportunidad para no solo enmendar lo que tengamos que enmendar en relación a la diferencia entre hoteles de cinco y de cuatro estrellas sino también para enmendar la política turística del Gobierno de Canarias, si es que la tienen, señor Rodríguez, porque yo, al igual que usted, pienso que la política turística del Gobierno de Canarias es inexistente desde hace ya muchos años. Así que, bueno, pues vamos a aprovechar este proyecto de ley para que cada una de las fuerzas políticas, de los grupos parlamentarios, pongamos en los papeles lo que creemos que es mejor para nuestra oferta turística hotelera y extrahotelera de Canarias. Me refiero a, efectivamente, la construcción, las limitaciones a la construcción, la necesidad de, en fin, de requisitos ambientales, que dicho sea de paso ya existen en la normativa vigente, el alquiler vacacional, los planes de modernización... en fin, muchas cosas de las que hemos discutido y hablado gran cantidad de veces aquí en el seno de la tribuna y en la Cámara, y por lo tanto, bueno, pues es una buena manera. Yo estoy dispuesto, mi grupo recoge ese guante, y desde luego que presentaremos enmiendas no solo para este apartado sino para otras cuestiones de la ley, tanto 2/2013, de renovación turística, como la que la modificó en el año 2015, así como otras cuestiones que yo creo que es bueno también entablar.

Así que apelo a la generosidad de todos los grupos políticos para que esa ponencia parlamentaria que se establezca sea lo suficientemente abierta como para que podamos discutir de todo y que salga una ley que el Gobierno no quería sacar, dicho sea de paso, pero que han aprovechado este resquicio para poder, o aprovecharemos todos para poder modificar la legislación turística.

Nada más. Nosotros, señora presidenta, como dije al principio, anunciamos nuestro voto en contra de la enmienda.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Rosa Bella.

La señora CABRERA NODA: Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días.

El control del crecimiento de la plaza alojativa turística ha pasado por diversas fases en la historia de Canarias, como todos sabemos. Una primera etapa de masivo crecimiento, principalmente en los años 80 y 90, y una segunda etapa en la que primó por primera vez, creo, el consenso político en ponerle coto a este crecimiento y que culminó con la aprobación de la moratoria turística en 2001 y la ley de directrices en 2003. A partir de esta fecha, y coincidiendo con el despegue de otros destinos turísticos directamente competidores de Canarias, comienza a hacerse patente la necesidad de reforzar la competitividad de nuestro sector y se abre camino cada vez con más fuerza la apuesta por la renovación de la planta alojativa más madura. Fruto de ese proceso, el Gobierno trajo la pasada legislatura la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, como bien ha dicho el consejero anteriormente. Una norma que pretendía compaginar los objetivos de sostenibilidad territorial y medioambiental con el impulso a la renovación y, en consecuencia, de la captación de inversiones para generar actividad económica y empleo.

Ninguna de las normas de las que nos hemos dotado en este proceso para controlar nuestra capacidad alojativa ha sido pacífica desde el punto de vista político, a la vista está, pero es más, ninguna norma ha sido perfecta en su aplicación práctica hasta el punto de obtener la totalidad de los objetivos perseguidos y de evitar todos los resultados indeseados. El problema tiene que ver, sobre todo, con la complejidad de incorporar en una norma el equilibrio ideal entre sostenibilidad e impulso de la competitividad, lo que se complica si tenemos que observar los distintos niveles competenciales de todas las administraciones implicadas y afectadas por las decisiones que aquí se toman. Esto último es lo que ocurrió con el apartado c) del artículo 4.2 de la Ley 2/2013, que según ha confirmado el Tribunal Constitucional, bueno, confirmó ya hace más de un año, invade competencias estatales sobre planificación económica y, además, contradice las directivas comunitarias sobre liberalización de servicios. La cuestión es cómo abordar este problema fruto de una resolución judicial.

Hay que recordar que con carácter previo a la resolución de inconstitucionalidad el Parlamento de Canarias, a propuesta del Gobierno de Canarias, ya aprobó la Ley 9/2015, de 27 de abril, que modificó parcialmente la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias, entre otros los dos preceptos impugnados del artículo 4.2. Sin embargo, una vez valorada esta nueva redacción por parte del Tribunal Constitucional, concluye que sigue subsistiendo las controversias competenciales en este proceso, concretamente la queja relativa a la utilización de requisitos de naturaleza económica vinculados a la calificación del establecimiento para la concesión de la autorización.

Lo que hoy debatimos no es a qué técnica legislativa nos encomendamos para conseguir que la modernización del sector turístico hotelero no implique un crecimiento sin control de la oferta turística; ese debate vendrá después, cuando presentemos las enmiendas parciales a este texto. Lo que estamos decidiendo hoy es, precisamente, si nos planteamos ese objetivo o dejamos que los mercados definan con total libertad qué modelo turístico debe tener cada isla. De momento nadie ha querido dar ese paso, el de abandonar las zonas comunes donde parece que todos estamos de acuerdo y concretar una propuesta sobre cómo articular normativamente ese posible consenso; no lo ha hecho el Gobierno que ni nos ha propuesto un texto alternativo a la derogación del artículo 4.2, apartado c), ni ha iniciado los trámites para aprobar el reglamento de desarrollo que permitiría concretar estas cuestiones. Pero tampoco lo han hecho los grupos enmendantes que han presentado dos enmiendas a la totalidad cargadas de razones, sin duda alguna, pero completamente vacías de soluciones.

El Grupo Socialista hubiera estado encantado de conocer cuál iba a ser su propuesta y, si la misma resultase adecuada para empezar a trabajar, apoyarla y perfilarla mediante enmiendas parciales; pero no ha sido el caso, ustedes piden la devolución del proyecto y no proponen una redacción alternativa.

Llegados a este punto, en nombre de mi grupo anuncio nuestra abstención con respecto a las enmiendas a la totalidad presentadas. Por mucho que aporten argumentos válidos no suponen más avances que el propuesto en el contenido del proyecto de ley. Como responsables del poder legislativo no podemos resignarnos al inmovilismo y, de no ser resuelto el proyecto de ley, de no ser devuelto, perdón, el proyecto de ley presentaremos nuestra propuesta de regulación mediante enmiendas parciales.

Nada más, muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Muchas gracias, señora Cabrera Noda.

Tiene la palabra en nombre del Grupo Nacionalista Canario la señora Calero Saavedra, doña Nereida.

La señora CALERO SAAVEDRA: Gracias, presidenta. Buenos días.

Creo que hay dos cuestiones que conviene que tengamos muy presentes: en primer lugar, que nos encontramos en la fase inicial del debate y la tramitación del proyecto de ley y, por tanto, creemos que debemos valorar con más detenimiento si al plantear las enmiendas a la totalidad no estaremos actuando de forma contraproducente, despreciando la oportunidad que brinda el periodo de enmiendas de introducir mejoras sustanciales y establecer los principios legales que creamos necesarios sobre los que sustentar nuestro modelo económico. Y el segundo aspecto que no podemos obviar es que el contenido de este proyecto de ley no es un capricho en lo que se refiere a la derogación del apartado c) del artículo 4.2 de la Ley 2/2012, sino que, muy al contrario, responde, precisamente, a un mandato judicial que el Gobierno tiene que atender de acuerdo con la Sentencia 209/2015, de 8 de marzo, del Tribunal Constitucional.

Y nos gustaría dejar bien claro también que el voto contrario del Grupo Nacionalista Canario a ambas enmiendas a la totalidad no debe ser entendido como un rechazo radical a la totalidad de los principios que las motivan; de hecho, compartimos claramente una buena parte de su inspiración y de sus objetivos. Este voto debe ser más entendido como una forma de agilizar el procedimiento y aprovechar esta estructura de reforma que nos brinda este proyecto de ley.

Nuestro voto es una invitación al diálogo para iniciar el trabajo parlamentario de manera inmediata, y durante la siguiente fase de tramitación debemos ser capaces de acordar contenidos que nos permitan salvaguardar el interés público y establecer unos indicadores de carga ambiental que nos permitan dimensionar nuestra oferta. Supongo que en esa línea todos coincidimos. Y también entiendo que ese era el objetivo perseguido por esta norma cuando inicialmente se planteó en la pasada legislatura: por un lado, contribuir a ordenar y limitar el crecimiento de la oferta alojativa en torno a unos criterios racionales y sostenibles, debemos hablar claramente de límites, hay que manejar con normalidad y lógica herramientas como la capacidad de carga, la sostenibilidad y la compatibilidad social de la actividad turística; y, por otro lado, el requisito imprescindible de que todo el desarrollo que quepa a partir de ahora sea a partir de criterios de calidad en materia de infraestructuras, servicios y equipamientos. Además, se puede aprovechar este marco legal que ahora se comienza a tramitar para dar cabida a otras necesidades urgentes, como ha apuntado el consejero, en algunos aspectos de la ordenación como el alquiler vacacional.

La industria turística es, al fin y al cabo, una amalgama de muchas actividades, y además está vinculada a otras industrias y mercados sobre los que repercute con un llamado efecto multiplicador, pero debemos tener cuidado porque hay que reconocer puede tener un efecto destructor sobre la vida social y el medio ambiente del espacio donde se desarrolla.

En definitiva, sé que tendremos tiempo de concretar, como ya han dicho la mayoría de portavoces, gran parte de estos planteamientos en las enmiendas a partir de ahora.

Y también queremos dejar claro que nuestra postura no debe ser entendida como un planteamiento antiturismo sino todo lo contrario: lo que pretendemos es que el turismo se organice y se practique de una forma y a una escala diferentes para evitar los impactos negativos que pude provocar esta industria, tanto los económicos como los sociales y los ambientales, y que no terminemos muriendo de éxito como les ha pasado a otros muchos destinos.

Muchas gracias.

(Suena el timbre de llamada a votación).

La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA (Tavío Ascanio): Señorías, a continuación procederemos a votar las enmiendas.

En primer lugar votaremos la enmienda de Nueva Canarias y, a continuación, votaremos la enmienda del Grupo Parlamentario Podemos.

(Se reincorpora a la Mesa el señor vicepresidente primero, De la Hoz Fernández).

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (De la Hoz Fernández): Lanzamos votación, señorías. (Pausa).

53 votos presentes: 12 sí, 28 no, 13 abstenciones.

Procedemos a la siguiente votación de la enmienda del Grupo Podemos. (Pausa).

52 votos presentes: 12 sí, 27 no, 13 abstenciones.

Se levanta la sesión, señorías.

Muchas gracias.

(Se levanta la sesión a las once horas y veintiocho minutos).

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  • 9L/PL-0005 Sobre Por la que se deroga el apartado c) del artículo 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.


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