Diario de Sesiones 13, de fecha 29/10/2019
Punto 25
10L/DL-0001 CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE DECRETOS LEYES. DE MEDIDAS URGENTES DE ORDENACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN LAS ADMINISTRACIONES CANARIAS.
El señor PRESIDENTE: Pasamos, como habíamos acordado en la Junta de Portavoces, al punto del orden del día relativo a la convalidación o derogación de decretos leyes.
En este caso vamos a proceder a someter a la consideración de la Cámara la derogación o convalidación del Decreto Ley 6/2019, de 10 de octubre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las administraciones canarias.
Como saben, en este punto del orden del día se abrirán, conforme establece el Reglamento en el artículo 160, varios turnos de intervenciones, empezando por el turno del Gobierno, a continuación, turno para los grupos parlamentarios de menor a mayor representación, todos por tiempo de cinco minutos. Al finalizar las intervenciones se someterá a votación la derogación o la convalidación del decreto, los votos favorables serán considerados a favor de la convalidación y los votos negativos se considerarán, digamos, que apoyan la derogación del decreto. Y recordarles que hay dos votos delegados en el día de hoy en la votación, de la diputada Nieves Lady Barreto y del diputado Sebastián Franquis. Por lo tanto, en la votación al Grupo Parlamentario Nacionalista habrá que añadirle un voto más de los que aparecerán en la pantalla y al Grupo Parlamentario Socialista exactamente lo mismo como consecuencia de la delegación del voto del diputado Sebastián Franquis.
Por tanto, empezamos este punto, y con esto finalizaremos la sesión de mañana, con la intervención del Gobierno. Tiene la palabra, señor consejero, don Julio Pérez, cinco minutos.
Perdón, consejero. Al finalizar la... Que me olvidé la última cuestión. Al finalizar la votación sobre derogación o convalidación igualmente someteré a consideración de la Cámara que, en caso de que se proceda a la convalidación, se proceda a la tramitación como ley a través del procedimiento de urgencia. ¿De acuerdo?
Señor consejero, tiene la palabra.
El señor CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Pérez Hernández): Con la venia del señor presidente. Señorías, señoras y señores diputados, compañeros del Gobierno.
El decreto ley tenía un objetivo político, y se expuso el objetivo político cuando se presentó a la opinión pública, que era producir, con carácter inmediato, mejoras cuantitativas y cualitativas en el ámbito de la función pública canaria, tanto en la propia comunidad como en las corporaciones locales.
Esas medidas consistieron -como cualquiera que examine el decreto ley, que es muy breve, el contenido es muy escaso, no así la exposición de motivos-, esas medidas consistieron -las enumero ahora a la mayor brevedad-, en primer lugar, en permitir la incorporación inmediata de casi mil empleados públicos que van a superar los procesos selectivos en marcha, incorporándolos en situación de adjudicación provisional, por las razones que luego, si tengo tiempo y soy capaz, diré, y regulando detalladamente esa situación, porque en ocasiones anteriores los tribunales de justicia habían descalificado la legalidad de la adjudicación provisional hecha por la Comunidad Autónoma de Canarias.
La segunda medida era permitir que las plazas sobrantes -que no es la palabra adecuada-, las plazas no cubiertas en esos procesos selectivos por las plazas reservadas a promoción interna y el turno de discapacidad, esos dos turnos, se incorporaran y se aumentaran y se cubriesen, porque los propios tribunales nos decían que había opositores que superaban los requisitos exigidos. Eso que llamamos, con una expresión tan equivocada como perniciosa, aprobados sin plaza. Bueno, pues que dejaran de ser aprobados sin plaza y pudiéramos aprovechar.
Entonces, en lugar, comprometer al Gobierno para que, en cuanto se pueda -hemos fijado un plazo de un año y medio, pero puede ser antes-, en cuanto se pueda, depende de que las RPT estén aprobadas -no lo están en este momento- y de que culminen los procesos selectivos -culminarán, esperamos, en unos meses-, se convoque concurso de traslado. Como algunos de ustedes saben -porque aquí hay mucho funcionario-, hay cuerpos en los que no se convoca concurso de traslado desde hace doce y trece años, y los funcionarios están atrapados en sus plazas sin poder escapar de ellas.
Y en las corporaciones locales permitir que la Comunidad Autónoma de Canarias, excepcionalmente y en casos absolutamente excepcionales, pudiera designar, por un periodo de cinco días durante cada mes, un secretario o un interventor. Casi un 60 % de nuestros ayuntamientos están sin secretario y sin interventor, esto es para hablarlo otro día, porque nosotros no conseguimos crear un cuerpo de secretarios y de interventores, imprescindibles para legalidad y el funcionamiento de las corporaciones locales. Pero lo intentado, debo decir, ahora que le veo la cara, el señor Barragán me advirtió sobre esto en nuestra primera y, por cierto, utilísima conversación, sobre el -en mi opinión-, sobre el estado de los asuntos de la consejería. Entonces, puesto que no lo logramos con los medios ordinarios, vamos a facultar para que el Gobierno, la Administración, pueda nombrar secretarios cinco días de cada mes.
Todo esto requiere, a juicio del Gobierno, una decisión inmediata, extraordinaria y urgente. El Consejo Consultivo -les remito a las páginas 35 y 36- encuentra que está justificada, sobradamente, dice, o que sí concurre, lo dice con toda claridad, la extraordinaria y la urgente necesidad, y además dice... ¿por qué dice que no, señora Navarro? Léalo y verá que sí lo dice, a lo mejor está leyendo otra cosa, yo no tengo hábito, no tengo hábito... vengo de un sitio en donde están prohibidas las muestras de aprobación o desaprobación con el orador, veo que eso aquí no ocurre. Cuando yo estaba, en otro tiempo, era de otra manera, pero no estoy habituado a hablar mientras veo que se... pero, en fin, es igual, usted tiene derecho a hacerlo y yo tengo la obligación de aguantarme, y luego me dirá lo que sea. En cualquier caso, lean ustedes, si quieren, las páginas correspondientes, 35 y 36.
El Consejo Consultivo nos dice -me queda un minuto-, nos dice lo siguiente: dice que se puede convalidar, esa es su conclusión. Que debemos cambiar la palabra "provisión" por la palabra "adjudicación", que debemos quitar el número 1 del párrafo inicial y ser 0, y en vez de 1, 2 y 3 sea 1 y 2, que se citen en el texto las disposiciones normativas que se aluden en la exposición de motivos para identificar bien las ofertas de empleo público a que se refieren y que se reproduzca en el decreto ley la previsión de la ley estatal de que estas coberturas excepcionales por cinco días solo pueden producirse -lo dice la ley estatal- cuando las ausencias de los titulares, la ausencia de los secretarios e interventores, sean inferiores a un mes.
En opinión personal mía, no hace falta ponerlo, porque es una previsión legal, lo diga o no el decreto ley se tiene que cumplir y, en mi opinión, con el mayor de los respetos al Consejo Consultivo, no solo respeto, sino agradecimiento, porque lo que dice el Consejo Consultivo sobre el trabajo del Gobierno es estupendo, yo creo que no haría falta. Pero si el Consejo Consultivo lo dice, por tanto, no solamente solicita al Gobierno la convalidación, sino que propone que se tramite como proyecto de ley por el trámite de urgencia... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Un momento...
Vamos a empezar las intervenciones, ahora de menor a mayor por representación de los grupos parlamentarios. Señora Navarro, me está usted pidiendo... levantando la mano, supongo que quiere dirigirse a la Mesa. Sí, sí, tiene...
La señora NAVARRO DE PAZ (desde su escaño): Señor presidente, por... Bueno, el señor consejero ha hecho un juicio de valor sobre mi persona...
El señor PRESIDENTE: Pero, eh...
La señora NAVARRO DE PAZ (desde su escaño): ...artículo 83, y en base a ello le pido la palabra por un minuto.
El señor PRESIDENTE: Sí, señora Navarro, teniendo en cuenta que todavía... no sé si por este asunto del orden del día por su grupo va a hacer usted la intervención en la convalidación...
La señora NAVARRO DE PAZ (desde su escaño): No, no voy a hacer la intervención, por eso, por eso...
El señor PRESIDENTE: Bien, entonces...
La señora NAVARRO DE PAZ (desde su escaño): ...por eso estoy pidiendo...
El señor PRESIDENTE: Entonces tiene usted...
La señora NAVARRO DE PAZ (desde su escaño): ...la palabra.
El señor PRESIDENTE: Le doy un minuto, señora diputada.
La señora NAVARRO DE PAZ (desde su escaño): Muchísimas gracias, señor presidente.
Mire, señor consejero, yo le agradezco que esté atento a todos mis gestos, a con quién hablo, o con quién dejo de hablar o si estoy callada o no. Pero en este caso le exijo una disculpa, porque yo a usted, cuando usted se ha referido a mí, no estaba dirigiendo ningún gesto ni tampoco estaba hablando nada respecto a su intervención. Por lo tanto, le pido una excusa y, aparte de eso, aclararle que no es usted quién para llamarme al orden. Si es tan amable, quien me tiene que llamar al orden es el presidente de este Parlamento, de esta Cámara.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor consejero.
El señor CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD (Pérez Hernández) (desde su escaño): Señora Navarro, no hace falta que me exija nada, basta con que usted se haya sentido ofendida y yo le doy una disculpa. Me disculpo, con mucho gusto, con mucha...
Si usted no se refería a mí con el gesto, lo siento mucho. Yo no la he llamado al orden, en absoluto, podemos estar un rato acerca de lo que es llamar al orden, lo que no es llamar al orden. Yo he visto un gesto suyo de desaprobación, de desaprobación, y le he dicho que no estoy habituado, vengo de un sitio en donde esos gestos están prohibidos, ya veo que aquí no. Disculpa concedida. Y yo, desde luego, claro que no la llamo a usted al orden, de ninguna manera. Es usted, no quiero decir que mayor, porque quizás no lo sea, pero tiene más experiencia que yo y, por lo tanto, es usted, en todo caso, la que está legitimada para llamarme al orden a mí, y le ruego que lo haga cuantas veces considere que debe hacerlo. (La señora Navarro de Paz solicita la palabra).
El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor... señora Navarro, no. Ya está. Señora Navarro, lo dejamos... No, no, no, no le voy a dar la palabra, señora Navarro.
Vamos a ver. Efectivamente, quien dirige el debate es el presidente y, bueno, en la Cámara tenemos costumbre de hacer gestos, yo, en otra etapa que no era esta, los hacía y, bueno, está en el ánimo de cada uno sentirse más o menos molesto por los gestos que hacen los demás, y, por tanto, en disposición o de pedir disculpas o de darlas, eso lo dejo a las cortesías y a las sensibilidades parlamentarias de cada una de sus señorías.
Ustedes... entre ustedes han hablado, se han... usted ha exigido las disculpas, el consejero se las ha dado, yo creo que ya la cuestión está suficientemente resuelta entre ambos, señora Navarro.
Tiene la palabra el diputado del Grupo Mixto.
El señor FERNÁNDEZ DE LA PUENTE ARMAS: Gracias, señor presidente. Señor consejero. Señorías.
Para que una administración pueda ser eficiente debe contar con los recursos humanos y materiales necesarios. Nuestros ciudadanos merecen tener una administración que cumpla con sus expectativas en tiempo y forma.
Es evidente que los años pasados, los años de la crisis, de los recortes, de la austeridad, para cumplir con los objetivos de déficit, han hecho que diferentes servicios de la Administración se resientan y no se hayan cubierto las plazas que fueron quedando libres, básicamente por la jubilación.
No entraré, en aras a esa misma eficacia y eficiencia que todos pedimos a la Administración, a comentar ni las exposiciones de motivos del decreto ni tampoco toda la documentación que lo acompaña, y por esa misma razón me voy a ceñir a los puntos de las conclusiones que en este caso realiza el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.
Está claro que este decreto ley pretende cubrir un espacio de tiempo, que no sé si la forma correcta de decirlo es de interinidad, pero que, desde luego, sí es provisional como para cubrir estas ofertas públicas de empleo de los años 2015, 2016 y 2017, realzando la palabra "provisional" a "adscripción provisional". Además, y en cuanto al artículo primero se refiere, incorporando plazas que pudieran no verse cubiertas por estar reservadas a la promoción interna o al turno de discapacidad, y yo creo que esto es algo que es positivo y así me gusta manifestarlo. En este sentido, creo que es muy importante que en las recomendaciones que este dictamen... del dictamen del Consejo Consultivo hace a este decreto ley sean incorporadas para una mayor precisión de este.
Me gustaría añadir dos aspectos, uno es en relación a las nuevas incorporaciones, y es que -tengo entendido y espero que eso sea así- que consolidan el nivel con el que entran. Estamos hablando, usted lo acaba de decir, de mil personas, aproximadamente, como mínimo, y, por lo tanto, ese nivel con el que van a entrar será el que lleven hacia adelante durante toda su carrera profesional, incluso se les va a computar el tiempo que estén en esta adscripción -como usted ha dicho y viene dicho en el decreto- provisional. Por lo tanto, sí que me gustaría saber cuál ese impacto que va a tener para la comunidad, solamente por conocer el dato.
Y en cuanto al segundo artículo, sí que me resulta quizás un poco más complicado, en mi modesta opinión, la convalidación, siendo conscientes de las urgentes necesidades que tienen nuestras corporaciones locales de cubrir plazas de habilitados nacionales para los puestos, sobre todo, de secretarios y de interventores. Creo, usted lo ha manifestado aquí que no está de acuerdo, pero quizás podía dar pie a un posterior recurso por parte del Estado, ¿no?, a cumplir, básicamente, con la norma básica -valga la redundancia- del Estado, según refleja el propio dictamen al crear una nueva forma, una nueva vía de esos cinco días al mes en vez del máximo de treinta días que dice la normativa básica del Estado.
Por lo tanto, sí creo, y por último, por decir la segunda salvedad a este punto, sí creo también que es de importancia el dejar bien claro que no haya ningún lugar a dudas que estos nombramientos provisionales, o como los queramos designar, deben claramente recaer en funcionarios del grupo A y no en cualquier otra de la que estamos hablando de -como también se pone de manifiesto- temas sensibles y una... se necesita de una preparación relevante.
En resumen, señorías, si bien es cierta la necesidad de dotar a la Administración de los recursos necesarios, no es menos cierto que quizás se podría haber hecho de otra forma. Creo necesario, muy necesario, tener muy en cuenta las recomendaciones que hace el propio Consejo Consultivo de Canarias y por este motivo creo que sería lo más conveniente la tramitación de este decreto ley como un proyecto de ley por la vía de urgencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno para el Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza.
La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (desde su escaño): Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señor consejero.
Estamos ante el primer decreto ley que presenta el Gobierno de Canarias en esta legislatura, como ya se ha dicho, y entendemos también que es completamente necesario y, por tanto, también entendemos que está justificada su urgencia. Estamos hablando de un decreto que da solución a los procesos selectivos que han quedado pendientes en el año 2015, 2016 y 2017. Tras estos procesos hay muchas personas que obtuvieron su plaza y están esperando una respuesta del Gobierno. Por lo tanto, está claro que este decreto dará una solución a todas esas personas que durante años estuvieron preparándose haciendo un gran esfuerzo tanto económico como personal para poder obtener sus plazas. La reposición de los funcionarios públicos debe de ser una prioridad y, sobre todo, hay que garantizar que a todos los que han superado el proceso selectivo van a poder ocupar sus plazas.
También hemos analizado el dictamen del Consejo Consultivo, el cual reconoce que debía hacerse a través de una norma de rango legal. Y ya que estamos ante un asunto urgente, y que no podemos postergar más, creemos que la mejor vía, dadas las circunstancias, es a través de un decreto ley, tal y como se ha hecho. Por ello, tenemos la responsabilidad de aprobar el decreto para no dejar atrás a ninguna de estas personas que están esperando por su plaza. Por otra parte, el decreto aborda otra cuestión que nos parece vital, en la que se evidencia la dificultad que tienen muchos ayuntamientos y cabildos de poder disponer en sus plantillas de habilitados nacionales. Desde la crisis es una realidad que la tasa de reposición ha sido muy baja y el paulatino envejecimiento de sus plantillas ha llevado a que muchos trabajadores se jubilen, quedando, pues, estas plazas sin poder ocupar. Este decreto ley viene a arrojar un poco de luz a este problema que supone serias dificultades para muchas administraciones en Canarias, así que estamos, así que creemos que esta excepción viene a la no paralización de la Administración.
Entiendo algunas de las apreciaciones, también, que ha hecho el Consejo Consultivo respecto a ciertas dudas que pueda tener, pero se trata más bien de apreciaciones o preferencias técnicas más que otra cosa. Y, además, el texto cumple con su objetivo, y lo que es más importante, no incumple con ninguna normativa estatal.
Señorías, después de las elecciones, cuando se conforme el nuevo Gobierno, tenemos también que buscar la fórmula para que se convoquen más plazas para estos habilitados de carácter nacional.
Este decreto ley nos parece oportuno, ya que cumple con la urgencia que marca y demuestra también el interés de este Gobierno por resolver los problemas inmediatos de los ciudadanos.
Por tanto, reitero que el Grupo Parlamentario de Agrupación Socialista Gomera va a apoyar la convalidación de este decreto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mendoza.
Turno para el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias. Señor Marrero.
El señor MARRERO MORALES: Buenas tardes.
El Consejo Consultivo creo que ha dejado claro que la comunidad autónoma es competente para regular la ordenación del empleo público en las administraciones canarias, y aunque nosotros en la pasada legislatura, en la parte final, hemos sido críticos con que se utilice o se abuse excesivamente de los decretos ley, porque de alguna manera rehúyen el debate o se quedan ajenos al control parlamentario, en este caso, basado en lo que el Consultivo plantea, pues... que aprecia la existencia extraordinaria y urgente necesidad que habilitó la aprobación de ese decreto ley y, de manera especial, con un Gobierno que en sus cien primeros días se tiene que encontrar con que tiene que resolver, por un lado, tres convocatorias de oferta de empleo público que han estado confrontadas con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con unas tasas de reposición que han bloqueado hasta cierto punto el que se puedan llegar, incluso, a números que están cercanos al 60 % de ofertas de empleo en puestos cualificados de los ayuntamientos, esto nos indica algunas cuestiones. Yo, una reflexión que hago es que el Estado debe descentralizarse aún más, es decir, no podemos estar tampoco pendientes de que sean convocatorias estatales solo las que suplan las deficiencias en Canarias. Por tanto, yo reclamo mayores niveles competenciales en este caso para que podamos cubrir, sin necesidad de estar pidiendo permiso, pues, puestos de trabajo que son necesarios en las administraciones locales. Por tanto, esa sería una primera reflexión.
Yo creo que hay otra cuestión que nos ha, de alguna manera, cortapisado la situación anterior, que es el austericidio que se produjo desde 2012 en adelante, es decir, los recortes absolutamente innecesarios, que se han demostrado con el paso del tiempo que eran innecesarios, y que han favorecido que se haya envejecido la población, que se haya jubilado una parte de ella y que, de alguna manera, no se hayan cubierto esos puestos de trabajo. Pero es que a posteriori muchas de estas cuestiones chocan también, porque hay derechos adquiridos por parte de los trabajadores, hay concursos de traslado que no se han celebrado, y, por tanto, el colocar a trabajadores y trabajadoras que han sacado sus oposiciones en la oferta de empleo público y que luego van a taponar las posibilidades de un concurso de traslados, pues hay que colocarlos con carácter de provisionalidad, no se puede hacer de otra manera sino con carácter de provisionalidad, porque si no estás cortocircuitando el que la gente tenga el derecho al acceso a todos los puestos, que tenían más derecho que esos opositores cuando llegan porque estaban esperando por esos concursos de traslado que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pues, de alguna manera, anula en un determinado momento. Por tanto, digamos que hay que introducir varias variables para solucionar este problema.
Por tanto, yo creo que el decreto es oportuno, el decreto es oportuno, el trámite de él, por supuesto, que el Parlamento ya lo haga con una proposición de ley, aparte de la convalidación, tirará adelante con él, y que, de alguna manera, tenemos que aprender de esta crisis anterior, porque si se nos avecina otra próxima, que no sean los recortes en las administraciones públicas ni en los puestos de trabajo ni que no sean los trabajadores.
Los ayuntamientos son las primeras fronteras, los primeros lugares, la primera trinchera donde cede la ciudadanía. Es decir, los ayuntamientos acuden a responder a cuestiones propias y a cuestiones impropias, a todas las que la ciudadanía demanda, y, por tanto, tienen que tener tesorería, tienen que tener la gente necesaria que esté ahí. Gente que, además, son puestos muy cualificados y, por tanto, no pueden ser ocupados por cualquier, con lo cual, hay que tener vigilancia sobre ese asunto, que ya lo deja también el Consultivo dicho, entre sus propuestas, el que se tenga especial atención a que esas contrataciones por cinco días o por tiempos pequeños no se haga con cualquier que pasaba por allí ni con cualquiera que sea de confianza y demás, sin la acreditación suficiente para hacerla.
Por tanto, yo me reafirmo en que, de alguna manera, tenemos que caminar en una mayor descentralización del Estado para que Canarias adquiera competencias en esto y no tengamos que estar esperando por cuestiones de este tipo de cuerpos estatales, que, muy bien, pueden seguir siendo cuerpos estatales, pero con convocatorias propias que se hagan en distintos lugares y con competencias propias para las comunidades autónomas que las puedan llevar adelante, como se hace en otros cuerpos que son estatales y que, sin embargo, Canarias tiene capacidad para llevarlas adelante. Y que, de alguna forma, cuanto antes se pueda acudir a que los ayuntamientos en Canarias no sigan en estado de carencia de este personal que necesita.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marrero.
Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, señora González.
La señora GONZÁLEZ GONZÁLEZ (doña María Esther): Gracias, presidente. Señorías.
Lo que prevé este decreto ley, el primero de esta legislatura, de la X Legislatura, gracias al nuevo Estatuto de Autonomía, es la necesidad, debido a circunstancias extraordinarias y urgentes, de ordenar el empleo público de la Administración canaria a fin de revertir, en la medida de lo posible, la penosa situación en la que se encuentra la función pública canaria.
La dura y profunda crisis económica internacional que se inició en el año 2008 y la convulsión de los mercados financieros en el segundo trimestre del año 2010 afectaron seria y profundamente a la Administración y al sector público canario. Las medidas para reducir el déficit, recortando el gasto público, se emprendieron con fuerza en toda España y, por supuesto, Canarias no fue ajena a esta política de austericidio. Y el momento decisivo fue en mayo, con el Decreto 8/2010, dirigido al sector público con recortes salariales, reducción de la oferta de empleo e imposición de una tasa de reposición del 10 % de las vacantes y una merma en la posibilidad de contrataciones de personal laboral y el nombramiento de funcionarios interinos, quedando esta contratación prácticamente reducida a aquellos sectores considerados prioritarios. Y, ¿todo esto por qué fue?, ¿cuál fue la razón? Pues simple, pura y llanamente por las ideas de algunos, no precisamente progresistas, que en tiempos de crisis entienden que el Estado tiene menos recursos y ello debe inevitablemente repercutir en el aparato administrativo.
Hay formaciones políticas que dicen que los empleados públicos son demasiados y que el coste de sus retribuciones es insostenible para la hacienda pública, olvidándose que, en gran medida, del número de trabajadores públicos depende una mayor cantidad y calidad en los servicios públicos. No podemos olvidar que un importante número de trabajadores públicos lo conforman el personal sanitario y el personal docente, dos de los servicios públicos fundamentales que esta política de austericidio cercenó de manera importante. Y es -entiendo- que la simplista y falaz concepción del sector público como mero productor de salarios con productividad baja y costes elevadísimos tiene que ser superada a la luz de una nueva valoración del papel de la Administración como primer garante de los derechos de los ciudadanos e insustituible baluarte del estado social.
Este decreto ley, que tiene una parte dispositiva corta, muy corta, tan solo dos artículos y dos disposiciones finales -de hecho, la parte expositiva es bastante más larga que la dispositiva-, tiene un primer artículo en el que se regula la provisión de los puestos de trabajo derivados de la ejecución de la oferta pública de empleo correspondiente a los ejercicios 15, 16 y 17, mediante la adopción de determinadas medidas urgentes de ordenación que permitan conciliar de alguna manera la carrera profesional de las y los trabajadores públicos con el régimen de acceso del personal funcionario de nuevo ingreso, y un segundo artículo de modificación de la Ley de los municipios de Canarias, en referencia a la regulación de un sistema excepcional de provisión de puestos reservados a las y a los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional.
Sobre este segundo punto es sobre el que el Consejo Consultivo presenta un reparo, argumentando que dicho precepto no es conforme al derecho estatal básico, por lo que al texto en este artículo es necesario incorporarle el límite de al menos un mes determinado en el artículo 52.4 del Real Decreto 128, del 2018, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional. Razón por la que, aunque el informe del Consejo Consultivo no es vinculante, entendemos que es adecuado -a la vez que convalidamos el real decreto- proceder a tramitarlo como un proyecto de ley por la vía de urgencia, por supuesto, y poder, mediante enmienda, subsanar esta supuesta anómala situación.
Yo lo que sí me pregunto es que hay realidades en Canarias y una de ellas es que hay ayuntamientos que no tienen interventores o que no tienen secretarios, con lo cual, este planteamiento de aquellos que estén en baja por máximo de un mes no va a solucionar el gran problema de estos ayuntamientos que carecen de interventor y secretario, que no pueden hacer efectivos ningún tipo de pago ni tramitar ningún tipo de expediente. Yo creo que a esto habría que darle alguna pensada, negociar con el Gobierno de España e intentar darle soluciones, porque en Canarias no son pocos esos ayuntamientos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora González.
Seguimos con los turnos de los grupos parlamentarios, en este caso Grupo Parlamentario Popular, señora Reverón, cinco minutos.
La señora REVERÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes ya, señorías.
Efectivamente, hoy nos encontramos aquí para convalidar un decreto ley y un decreto ley que, como su propia exposición de motivos, pretende dar solución a muchos problemas que tiene en este momento la función pública de Canarias. Pero sí es verdad que a mí sí me gustaría, porque, además, no lo he escuchado en las personas que me han precedido en la palabra, hablar realmente de lo que dice ese informe o ese dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. Porque para dar solución a estos problemas hay que dar seguridad jurídica. Eso es lo que sí le pedimos desde mi formación política. Hay que darle seguridad jurídica.
Señorías, con este decreto ley, como ya se ha dicho, se pretende buscar una solución y no demorar más en el tiempo esa adjudicación que necesitan esas personas que han aprobado y que se encuentran, todavía, como en el mes de agosto... Hay que recordar que ustedes se sentaron con los opositores, les dijeron que en el mes de septiembre se les iba a hacer ya la adjudicación definitiva, nos encontramos ya a las puertas del mes de noviembre, ya nos encontramos con este decreto ley, por tanto, estamos totalmente a favor de que estos funcionarios... bueno, funcionarios, de estos aspirantes, que tomen posesión lo antes posible y, por supuesto, sin ninguna merma de sus derechos, tal y como dice, efectivamente, el Consejo Consultivo.
Pero también es verdad que este decreto ley hace referencia a ese concurso derivado de una paralización por la anulación, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de la oferta y también de la relación de puestos de trabajo. ¿Qué pasa con estas circunstancias? Pues, bueno, pues yo creo que es verdad que el Consejo Consultivo dice, hay... El Gobierno se tiene que enfrentar a dos procedimientos, que en ningún momento van a tener por qué interferir, pero es verdad que son dos procedimientos diferentes en el tiempo. ¿Y por qué? Porque, evidentemente, una cosa es que estas personas que han aprobado con plaza accedan a sus puestos de trabajo, aunque sea de una manera provisional, siempre y cuando, respetando sus derechos, y otra el famoso concurso, porque aquí sí es verdad que el Consejo Consultivo dice una cosa bien clara, y es que dice que se crea una inseguridad jurídica porque no se dice exactamente cuándo se tiene que empezar a contabilizar ese concurso. Ustedes dicen en el decreto ley: oiga, creo que era el 2021, el año 2021, tiene que estar ya finalizado el concurso, pero no se dice expresamente si se va a contabilizar desde que se inicia el concurso o desde que se hace la propuesta de resolución. Por eso sí le hablo de esas inseguridades jurídicas a las que hace referencia el propio Consejo Consultivo y que hay que solventar.
Tenemos que hacer referencia también, como ya se ha dicho aquí, a las posibilidades que hay de buscar una solución -inmediata, por supuesto- a esas plazas de funcionarios de habilitación de carácter nacional, que son los funcionarios de intervención y tesorería y secretaría, donde, es verdad -y aquí hay muchos alcaldes y lo podrán corroborar lo que voy a decir-, están totalmente indefensos, porque es verdad que necesitan buscar una solución para dar salida a lo que es la gestión del servicio público, del día a día, y es verdad que en estos momentos tienen una grave situación, y ustedes han aprovechado este decreto ley para intentar buscar una solución a esta situación.
La situación que ustedes buscan, efectivamente, es que haya un nombramiento por cinco días, ¿no?, para cualquier funcionario de la Administración local. Sí es verdad que habrá que matizar un poco, habrá que matizar un poco qué tipo de titulación requiere este tipo de funcionarios, porque estamos hablando de las funciones de secretaría, intervención y tesorería, pero también es verdad que tenemos un real decreto del año 2018, que es norma básica estatal y que establece un máximo de un mes, y entonces lo que le dice el Consejo Consultivo es que tenga en cuenta estas cuestiones, porque estamos hablando de legislación básica estatal, o sea, no nos podemos saltar la legislación básica estatal.
Por ello, sí le voy a decir que desde mi formación política nos vamos a abstener en esta convalidación. No significa que no estemos de acuerdo con el contenido, pero sí es verdad que, ante las dificultades que ha planteado el Consejo Consultivo, entendemos que lo prudente es presentarlo como un proyecto de ley ante esta Cámara para que todos podamos presentar enmiendas y subsanar este decreto ley que hoy se pretende convalidar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Reverón.
Continuamos con los turnos de los grupos parlamentarios, en este caso Grupo Nacionalista, señora Beato.
La señora BEATO CASTELLANO: Gracias, señor presidente. Señorías.
Señor consejero, vaya por delante el apoyo del Grupo Nacionalista Canario a las razones de fondo que dan lugar a este decreto ley: la merma de los efectivos en las administraciones públicas, el envejecimiento de las plantillas, la demora en la incorporación del personal que ya ha sido seleccionado o próximo a seleccionar y el legítimo derecho de conciliar las expectativas de quienes ya están en la Administración.
Y, por otro lado, por otro lado, la realidad de las corporaciones locales, que sufren la falta de convocatorias, la falta de efectivos en los cuerpos nacionales, que sufren también la lejanía y la insularidad como un factor añadido en Canarias en estos cuerpos y, por lo tanto, necesario medidas al respecto. Pero no estamos de acuerdo en las formas.
Mire, usted decía que se presentó a los medios de comunicación, se presentó a los medios de comunicación sin antes hablar con los sindicatos. Los sindicatos se enteraron por una llamada telefónica, y esto no es un buen comienzo, la primera actuación del Gobierno en materia de empleo público, que no se haya tenido en cuenta a la parte empresarial. Porque, además, hubo una reunión días antes del Consejo de Gobierno y no entendemos por qué no se trató en esa reunión, y esa parece ser la tónica habitual de este Gobierno, que la falta de diálogo con las organizaciones sindicales, los problemas que estamos viendo en el área de Sanidad o en derechos sociales.
Mire, el informe, el dictamen del Consejo Consultivo habla, realiza unas observaciones respecto a la forma, a la sistemática, al orden y a los conceptos y observaciones en cuanto a la forma, al fondo, perdón. Hace un reproche sobre la falta de adecuación a la legislación básica estatal, advierte de la falta de seguridad jurídica respecto al plazo del concurso, advierte de la falta de seguridad jurídica respecto a esa no adecuación a la legislación básica y, además, además, cuestiona la incorporación en un decreto ley de dos, digamos, dos leyes: una ley singular, respecto a las OPE, y una ley... y, por lo tanto, con vigencia determinada, y una ley con vigencia indefinida, que se refiere al artículo 2, a la modificación de la Ley de los municipios para los cuerpos nacionales. Y tenemos dudas de si en el primero de los artículos esos problemas se pudieron solucionar o se pudieron abordar desde la modificación directa de los decretos de las OPE y no respecto a esta ley. Y, sobre todo, tenemos muchas reservas respecto a la adjudicación de un destino provisional, porque la ley básica habla de destino definitivo. Las fechas de los concursos, no hay seguridad jurídica, y, respecto al segundo artículo, lo que pretende ser un mecanismo nuevo de nombramiento de personal extraordinario, el Consultivo recuerda que ya existe una previsión similar en el Real Decreto 128 del 2018, y recuerda, además, que en ningún caso las sustituciones pueden ser por periodos superiores a un mes, y eso ha de plasmarse en el decreto.
Y tenemos dudas sobre la pérdida de virtualidad y de operatividad de esta medida, si se limita como dice el Consultivo, y como dice la legislación básica, a un mes. Por lo tanto, no podemos, no se puede aprobar este decreto ley en estos términos, así lo advierte el Consultivo, y nosotros creemos que esto requiere un análisis más reposado.
Hubiéramos preferido que reconsideraran su retirada para mayor seguridad jurídica, porque estamos ante un proceso en el que antes del 10 de noviembre -y estamos en la fecha que estamos-, antes del 10 de noviembre debería estar aprobado, deberá estar aprobado ese proyecto de ley. Esto no va a ser, no nos engañemos, no va a ser la panacea, no va a ser la solución, y por eso creemos que hay que abordar con un mayor consenso, contando con las organizaciones sindicales y con los grupos parlamentarios, una norma que sí dé seguridad jurídica, que tenga mayor vocación de permanencia y que sea... esté destinada a abordar con carácter más profundo la situación del empleo público en las islas. Por lo tanto, creemos que ha de... no vamos a apoyar la convalidación, ya veremos respecto a la tramitación del proyecto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Beato.
Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Cinco minutos, don Mauricio Roque, tiene la palabra.
El señor ROQUE GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente. Señorías.
Visto el contenido de la exposición de motivos y el informe del Consejo Consultivo de Canarias, es palmaria -tal y como se recoge en el mismo, textualmente en este último- que el artículo 1, el artículo primero de este decreto ley, donde se establecen las reglas para la adjudicación de puestos de trabajo provisional a los que ya hayan superado o superen los procesos selectivos de oferta de empleo público de los años 2015, 2016 y 2017, cumple el parámetro constitucional, aplicando el canon de razonabilidad, proporcionalidad y adecuación, toda vez que la medida no es solo proporcionada en la excepcionalidad, sino que es una medida adecuada, necesaria y equilibrada. Es decir, en palabras del propio Consejo Consultivo, juicio de proporcionalidad en sentido estricto.
Respecto al segundo de los artículos, el artículo segundo, mecanismo de provisión excepcional para las plazas reservadas a funcionarios de cuerpos nacionales de la Administración local, dice el Consultivo que constituye cabalmente el desarrollo autonómico del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional.
Este real decreto se enmarca en la necesidad notoria y perentoria de garantizar un funcionamiento mínimo e indispensable de los servicios esenciales de competencia autonómica y locales, a fin de cumplir sus deberes y, como he dicho, ejercer sus competencias.
Este decreto ley, además, toma en consideración los principios de la buena regulación cuando no era necesario, según el propio Consultivo, lo que contribuye a mejorar la calidad normativa del mismo. Y he aquí donde está su seguridad jurídica. De hecho, el Consultivo llama la atención en un vocablo: "efectuar", respecto al apartado primero, al artículo primero, que se concrete qué quiere decir el real decreto legislativo con la palabra "efectuar". Y respecto del segundo, lo único que viene a decir -que ya dice que es cabalmente un desarrollo autonómico- es, en vez de cinco días, un mes, cosa que yo supongo que todas las administraciones locales lo agradecerán, porque cinco días, ¿qué nos iba a dar tiempo? A los que hemos administrado, sabe que cinco días, un habilitado nacional, poco más que secretaría de pleno y pagos, tesorería y un poquito de intervención. Entonces, toda la seguridad jurídica, yo creo que el Consejo Consultivo no solo ha hecho un informe favorable, sino que apoya la forma de haber hecho este decreto, decreto ley.
Si admitimos, como recoge en un artículo especializado Javier Villalba, que las plantillas -es decir, el personal- son un elemento diferencial, estaremos ante una variable estratégica cuya trascendencia será directamente proporcional a la incidencia que el talento tenga en los resultados de la gestión, en este caso, nuestra comunidad autónoma, porque el conocimiento de estas personas, quienes lo ponen en acción al servicio de su trabajo y de sus quehaceres, con transferencias de conocimientos que ello genera entre los que llegan y se incorporan a la función pública y los que ya estaban. En suma, se trata de capitalizar los recursos humanos de nuestra Administración pública, tomándose en serio la gestión de las personas, que provoca una mejora en su reputación, que tendrá reflejo también en su motivación en el trabajo.
Pues en estos, estos activos intangibles, que es el capital intelectual de los que componen la función pública, son la principal fuente para la eficacia, la coordinación y la unidad de acción, a fin de reforzar el papel de las administraciones mediante la garantía de una mayor profesionalidad y eficacia en sus funciones, permitiendo una gestión eficaz y homogénea a todos los empleados públicos y la eficacia en la gestión de sus competencias.
En suma, de lo que estamos hablando es del interés general, de la justicia social, pues se accede a puestos de trabajo, por lo que están cualificados y dinamizan la actuación de las administraciones en sus respectivas competencias económicas, sociales, medioambientales, a fin de lograr un desarrollo sostenible y una economía solidaria que deja, al fin, a la postre de lo que se trata. Lo que ocurre, y he escuchado especialmente a la representante de Coalición Canaria, que lo que parece que está en el ADN es esta visión 3D de deteriorar, desmantelar y descapitalizar... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).
El señor PRESIDENTE: Señor Mauricio Roque.
Procedemos ahora, llamo a... (El señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Pérez Hernández, solicita el uso de la palabra).
No, señor consejero, no está previsto un último turno de cierre, no. El procedimiento de convalidación está regulado en el artículo 160 del Reglamento, que establece un único turno inicial del Gobierno y luego turno por parte de los grupos parlamentarios. No está previsto un turno de cierre del Gobierno.
Procedemos, por tanto, a votar. (El señor presidente hace sonar el timbre de llamada a la votación).
Señorías, vayan ocupando sus escaños.
Mientras ocupan sus escaños, señorías, recuerdo el procedimiento: vamos a votar a favor o en contra de la convalidación. Los votos favorables se entenderán, los votos afirmativos, los sí se considerarán favorables a la convalidación; los votos negativos se considerarán favorables a la derogación. Recuerden que hay que imputar un voto más al Grupo Parlamentario Socialista y un voto más al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Una vez superada la votación, de ser favorable, someteré a consideración de la Cámara la tramitación del decreto ley por vía de urgencia. ¿Sí?, ¿hay alguna duda, señorías? ¿Podemos proceder a la votación? Bien.
Señorías, votamos. (Pausa).
Bien, gracias, señorías.
El resultado de la votación: 67 votos presentes -realmente son 69-: síes hay 35, noes 0 y abstenciones 32.
Dado el pronunciamiento de los votos por parte de los grupos parlamentarios hay que añadir un sí a la convalidación del decreto y una abstención a la convalidación del decreto. Por tanto, queda convalidado el decreto.
Y, a continuación, señorías, someto a la consideración de la Cámara que procedamos, tal como establece el artículo 160 del Reglamento, a la tramitación del decreto ley, una vez convalidado, como proyecto de ley en procedimiento de urgencia.
Señorías, votamos. (Pausa).
Bien, señorías, acabada la votación el resultado son 68 votos, como saben, como saben hay dos votos más, es decir, en esta ocasión nos vamos a 70 votos emitidos: hay 67 síes, que serían realmente...
¿Qué ha pasado? (Ante las manifestaciones del señor Quintero Castañeda, que señala que ha habido un error durante la votación).
¿Señor Quintero, qué ocurrió?
El señor QUINTERO CASTAÑEDA (desde su escaño): ... (sin micrófono).
El señor PRESIDENTE: Bien, vamos a repetir la votación.
Señorías, vamos a repetir la votación en relación a la tramitación del decreto ley como proyecto de ley por vía de urgencia. Señorías, votamos. (Pausa).
Gracias, señorías.
Acabada la votación, 69 votos emitidos, 2 por delegación: 69 votos favorables. Queda aprobada por unanimidad la tramitación del decreto como ley por vía de urgencia.
Se levanta la sesión hasta las dieciséis cuarenta y cinco. Se levanta no, perdón, se suspende.
(Se suspende la sesión a las catorce horas y cuarenta y cuatro minutos).
(Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cincuenta y seis minutos).
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes.
Vamos a reiniciar la sesión plenaria.
Vayan ocupando sus escaños.
(Pausa).
Señorías, vamos a empezar a reanudar la sesión plenaria. Por favor, cierren las puertas.
(Ocupan sendos escaños en la sala la señora vicepresidenta primera, González González, y la señora vicepresidenta segunda, Dávila Mamely).
