Diario de Sesiones 13/2019, de fecha 29/10/2019
Punto 30

10L/C/P-0098 COMPARECENCIA DE LA SEÑORA CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD, SOBRE EL ACUERDO DE LA COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN AGE-CAC EN RELACIÓN A LA LEY 16/2019, DE 2 DE MAYO, DE SERVICIOS SOCIALES DE CANARIAS, A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC-AHI).

El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar con el orden del día previsto con la siguiente comparecencia, en este caso, de la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, sobre el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación AGE-CAC en relación a la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, a petición del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario.

La señora VALIDO GARCÍA: Buenas tardes, señorías, presidente, miembros de la Mesa, diputados y diputadas.

El motivo de esta comparecencia es recibir información respecto a una resolución publicada en el Boletín Oficial de Canarias, con fecha de septiembre, 16 de septiembre, en la que se lee el acuerdo, la resolución para la constitución de la Comisión Bilateral de Cooperación de Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias y el acuerdo que habla de iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con los artículos 7, 65.3, 66 y 104.2, y la disposición transitoria tercera de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. Conocer esta resolución, evidentemente, nos genera preocupación. Conviene recordar que hablamos de una ley que aprobamos este año y que se publicó en mayo, que aprobamos por unanimidad, que, además, fue una ley ampliamente trabajada, consensuada por todos los grupos, una ley que fue debatida con mucha cordialidad, diría yo, en el deseo de contar con una nueva ley de primera generación, al nivel de las mejores leyes del Estado y que, además, utilizó como referencia también a leyes importantes ya en funcionamiento en otros territorios. Dicho eso, fue, desde luego, esta ley supervisada jurídicamente en distintos espacios antes de llegar a la Cámara por los propios Servicios Jurídicos de la comunidad autónoma, por los servicios jurídicos de los cabildos a través de su posicionamiento desde la Fecai, ayuntamientos y, en fin, todos los órganos previos a registrar la ley en esta casa. Posteriormente tocó la tarea a los Servicios Jurídicos del Parlamento, el Estado, cuando tuvo que hacer sus enmiendas y sus aportaciones, las hizo y se recogieron, enmiendas y observaciones en la ley sin que para muchos de estos artículos hubiera una sola objeción.

¿Por qué la preocupación, señora consejera? Fundamentalmente porque estos artículos en su mayoría hacen alusión al modelo del concierto social, y esa es una de las tareas pendientes más importantes que teníamos: dar estabilidad a un tercer sector que está ya desempeñando, de hecho, importantes servicios a base de convocatorias de subvenciones, que no son el espacio ni la fuente para financiar recursos de primera necesidad que la Administración pública ofrece a través de esas organizaciones. Podemos definir, como así lo debe hacer el reglamento posterior a esa ley, cuál es el procedimiento, cuáles son las características que tiene que tener una entidad de este tipo para ir al concierto, cómo se regula el concierto. Eso es un trabajo posterior. Pero, desde luego, no cabe duda, como tampoco la han tenido con otras leyes del territorio español, que tenemos que dar un paso adelante en la concertación social para que las convocatorias de subvenciones queden para otros fines, para otras entidades más pequeñas, con otro tipo de servicios, pero no para entidades que atienden la primera necesidad, la emergencia y todas aquellas personas a las que la Administración pública directamente no puede atender.

Por tanto, y casi que termino, me gustaría saber, en primer lugar, porque... Bueno, aquí donde pone "los artículos" habla de iniciar negociaciones, si esas negociaciones ya se han iniciado; habla de designar un grupo de trabajo, también me gustaría saber si ese grupo de trabajo ya está constituido y qué personas de esta comunidad autónoma forman parte de esa mesa de trabajo. ¿Qué posiciones estamos defendiendo y qué posiciones está defendiendo la otra parte? ¿Cuál es la discusión en la mesa? ¿Qué plazo hay para resolver esta discrepancia? Porque en tanto que esto no se resuelva no podemos trabajar en los reglamentos. Por tanto, la concertación no se puede desarrollar ni sacar adelante.

Y también me gustaría saber si en este aspecto, como digo, si hay un plazo y si podemos conocer antes del final del plazo el acuerdo o preacuerdo de la mesa antes de que sea publicado de manera definitiva.

Nada más.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Señora consejera.

La señora CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD (Santana Perera): Muy buenas tardes a todas y a todos.

Gracias, señora Valido, por esa introducción que nos ha hecho de esta comparecencia, que creo que es sobre un tema bastante complejo y farragoso.

Como imaginará, en el momento en que nosotros recibimos esa notificación a la que hacía referencia, empezamos a trabajar para resolver, de la forma más inmediata, el problema de esas discrepancias que habían surgido con la Ley de Servicios Sociales, una ley que, como bien usted ha dicho y no podemos olvidar, fue una ley trabajada de una manera yo creo que ejemplar por los distintos grupos parlamentarios que tenemos presencia en la Cámara, una ley que salió por unanimidad, de la que creo que todas y todos estamos orgullosos, y orgullosos porque es fruto del trabajo colaborativo y del trabajo desde el consenso de las distintas personas que estaban en esa ponencia y que después trasladaron al resto de diputadas y diputados.

Con fecha 30 de agosto, desde la Secretaría General Técnica de nuestra consejería remitimos a Presidencia del Gobierno de Canarias un informe en respuesta a ese escrito o ese informe que también remite, a su vez, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Voy a intentar resumir lo más posible e intentar explicar de la forma menos farragosa posible cómo se ha desarrollado toda esta cuestión, al menos de momento, pero la verdad que es dificultoso porque es un asunto bastante técnico, quiero decir. Entonces, voy a intentar trasladar con el menor número de términos jurídicos y demás, sino de una forma sencilla para entendernos.

Creo que es importante aclarar ciertas cuestiones como, por ejemplo, qué ocurre en relación a los distintos artículos que se ven afectados por esa posible inconstitucionalidad o que señala el ministerio esa posible inconstitucionalidad.

En relación al artículo 7 de la Ley de Servicios Sociales, aquel que se refiere a principios rectores del sistema público de servicios sociales por parte del ministerio, nos dice que nuestra ley no recoge expresamente los principios de transparencia y publicidad -eso alegan-. Estos principios, que resultan esenciales a juicio del ministerio para configurar un negocio o contrato excluido de la Ley de Contratos del Sector Público, como es el caso. Nosotras, sin embargo, desde la consejería consideramos que no puede hablarse de inconstitucionalidad por una supuesta objeción del legislador canario, al no tener dicha ley como uno de sus principios rectores los principios de transparencia y publicidad, y especialmente cuando se hayan enfocados a un tema tan colateral como es el tema de la contratación, especialmente en la prestación de estos servicios.

La decisión de definir qué principios el legislador canario ha entendido o considerado, principios rectores, se amparó exclusivamente en las competencias exclusivas de los servicios sociales que representan nuestra consejería y que se establecen en el propio Estatuto de Autonomía de Canarias en su artículo 142.

Además, consideramos que nuestra Ley de Servicios Sociales sí que está recogiendo estos preceptos de transparencia y de no discriminación, y tal como aparecen indicados en otros artículos de la ley, tal vez no en ese artículo que señala el ministerio, pero sí en otros artículos en los cuales se desarrolla la ley.

Hemos citado en nuestro informe también el artículo 28 de la ley de transparencia y de información pública de Canarias y, por tanto, cualquier negocio o contrato en el área de los servicios sociales tiene garantizados, como no puede ser de otra manera, los principios de transparencia y publicidad, no solo porque venga exigido con carácter general en la legislación básica, sino también en los términos en los que se desarrollan el artículo 11.6 de la ley de contratación pública. También en nuestro ámbito específico de decisión hablamos de que también se desarrolla en la Ley de Transparencia canaria en su artículo 28.

En definitiva, el motivo de inconstitucionalidad esgrimido por una supuesta omisión del legislador canario, creemos nosotras, desde la consejería, que no tiene razón de ser lo que nos apuntan por parte del ministerio y consideramos que debería ser desestimado.

En relación al artículo 65.3 de la Ley de Servicios Sociales, que habla de los requisitos de las entidades, se nos dice por parte del Estado que no podemos realizar un régimen jurídico diferenciado para determinados conciertos. En nuestra respuesta, nosotros hemos defendido que eso de lo que va a depender, como bien usted ha dicho, es del posterior desarrollo reglamentario que hagamos de la ley, ya que la ley lo que establece solo es una opción normativa, y este desarrollo normativo que haremos con posterioridad será lo que se debe ajustar a lo constitucional, vamos, deberá adaptar constitucionalmente.

También se nos cuestiona el artículo número 66 de nuestra ley, por los méritos preferentes para suscribir conciertos. Nosotros lo que defendemos es que, en cualquier caso, el artículo 66 no está cuestionando el régimen de acceso, que, desde luego, debe ser igualitario para todas las entidades, sino los posibles méritos preferentes en la adjudicación...

El señor PRESIDENTE: Un momento, consejera.

La señora CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD (Santana Perera): Como le decía, es un tema muy técnico, de todas formas, les seguiré desarrollando los otros artículos. Pero nosotros lo que creemos es que nuestra ley, lo que marca en el concierto social, es una figura solo para entidades sin ánimo de lucro. Por tanto, quedarían excluidas de estas las entidades que no cumplieran ese requisito. Y ese apartado lo que viene a hacer o lo que viene a indicar es a otras leyes que ya están vigentes a nivel estatal, por lo tanto, es algo que nosotros no nos hemos inventado aquí, sino es algo que ya se estaba haciendo en otros lugares del territorio.

En cualquier caso, si desde nuestra secretaría general técnica se nos alerta sobre la necesidad de aclarar bien ese apartado en un posterior desarrollo reglamentario, como usted ha dicho, nosotras estamos de acuerdo, y es lo que pretendemos hacer.

No obstante, como ya... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.

Turno para los grupos no proponentes, Grupo Mixto, señora Vidina Espino.

La señora ESPINO RAMÍREZ: Presidente, gracias.

La nueva Ley de Servicios Sociales, que fue aprobada por esta Cámara por unanimidad, será o no una buena ley si conseguimos que funcione, que tenga un impacto real en la vida de las personas que lo necesitan, de los ciudadanos. Y lo que se está cuestionando, pues, son una serie de artículos de esa ley, lo que cuestiona el Estado son unos artículos que permiten el uso del decreto para los conciertos con las empresas del tercer sector que vayan a prestar esos servicios.

Nosotros no estuvimos aquí durante la tramitación de la ley, pero ahora que estamos sí queremos dejar claro y hacer constar que en absoluto estamos de acuerdo en que se utilice esta figura, la del decreto, y consideramos que cualquier adjudicación siempre tiene que hacerse por concurso público, respetando la publicidad, la ley de concurrencia. No estamos de acuerdo ni con los dedazos ni con los decretazos.

Si bien esta cuestión es importante que se resuelva, no es menos importante que esa ley también se ponga en marcha de una vez y que se apruebe el catálogo de servicios y prestaciones. La ley contempla un plazo, señora consejera, de seis meses desde su aprobación, es decir, que usted dentro de unos días, el próximo 2 de noviembre, ya tendría que tener aprobado ese catálogo, ese catálogo de servicios y prestaciones. Mi pregunta es ¿va a cumplir usted con ese primer mandato de la ley?, ¿va a llevar ya ese catálogo al Consejo de Gobierno de esta semana? Me gustaría saberlo, porque hasta ahora, señora consejera, yo le he escuchado en esta Cámara muy bonitos discursos, muy buenas intenciones, pero muy poca política real y efectiva. Y, además, no lo digo yo, lo dicen los propios trabajadores de su consejería, que nos han remitido a todos los grupos un escrito en el que la acusan a usted directamente de ser la responsable de una situación de caos y de colapso en el departamento, de ayudas que no se están respondiendo en tiempo y forma, más de seiscientas familias, por ejemplo, que han pedido que se les prorrogue la prestación canaria de inserción y que no han obtenido respuesta, nuevas solicitudes que tampoco -lo dicen los trabajadores, no lo decimos nosotros, señora consejera-, nuevas ayudas que no se han respondido por falta de personal, reasignación de tareas que ya se estaban desarrollando, pues... reasignación de esas tareas, o falta de herramientas informáticas para poder, en tiempo y forma, dar salida a esos expedientes.

Señora consejera, ¿cuándo se va a poner usted a trabajar de forma efectiva para solucionar los problemas de su consejería, que afectan a miles? Que su consejería funcione, que esas leyes funcionen y que, por ejemplo, la Ley de Servicios Sociales se ponga en marcha cuanto antes es lo que necesitan miles de personas vulnerables en Canarias, los más necesitados.

Así que, consejera, lo que le pedimos son menos discursos bonitos, menos palabras vacías y más política efectiva.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Espino.

Turno para el Grupo Parlamentario de Agrupación Socialista Gomera. Señora Mendoza.

La señora MENDOZA RODRÍGUEZ (desde su escaño): Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera.

Señora Santana, lo que tenemos claro es que tenemos que aunar esfuerzos para evitar el posible recurso de inconstitucionalidad de esta ley, algo que ninguno de los aquí presentes seguro que queremos que ocurra. Estamos hablando de una ley que costó mucho consensuar y que finalmente salió aprobada por una unanimidad, y no nos gustaría que por interpretaciones o por diferencias que consideramos que son perfectamente subsanables nuestra ley termine en un recurso de inconstitucionalidad.

Por eso, respecto a la discrepancia del artículo 7, no podemos estar más de acuerdo en que los principios de transparencia y publicidad se hayan contemplado de alguna forma en esta ley. Aparte, como usted ha dicho, cualquier negocio o contrato en el área de los servicios sociales tiene garantizados los principios de transparencia y de publicidad, no solo porque lo exige la ley de contratación pública, sino porque también así lo exige nuestra Ley de Transparencia.

En cuanto también al artículo 65.3, usted sabe que aquellos que trabajamos en la elaboración de la ley presentamos varias enmiendas impulsadas por el colectivo Plena Inclusión, de forma que el tercer sector y los colectivos que están desarrollando la labor social que no ha asumido la Administración pudieran mantener esos conciertos actuales. Hasta ahora tenemos que recordar que son ellos los únicos que han apoyado a las familias de forma profesional.

Pero es cierto que la ley lo establece como una opción normativa, por lo que dependerá del posterior desarrollo reglamentario. Por tanto, esto tampoco debería de ser un argumento para declarar la inconstitucionalidad.

Con respecto al artículo 66, creo que ha habido una alerta por parte de la secretaría general técnica, y creo que tendremos que hacer caso a esa alerta que nos ha hecho la secretaría general técnica y que se aclarará bien este apartado en el desarrollo reglamentario, pero esperamos también que se busque la mejor solución posible en la comisión bilateral. Tenemos que conseguir, por todos los cauces posibles, evitar el recurso de inconstitucionalidad.

Y con respecto al artículo 104.4, el apartado referido a las sanciones y rescindir contratos, esperamos que pueda acordar con el Estado la interpretación del precepto, y así no tener que modificar la ley en este punto.

En definitiva, señora Santana, esperamos que se pueda subsanar la situación y se evite por todos los medios el recurso de inconstitucionalidad. Cuenta con nuestro apoyo para poder avanzar en estos asuntos y así poder poner lo antes posible en funcionamiento nuestra Ley de Servicios Sociales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mendoza.

Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, señora Del Río.

La señora DEL RÍO SÁNCHEZ: Buenas tardes a todas y a todos.

Nuestro Gobierno nos consta que está trabajando en esas discrepancias surgidas con la Ley de Servicios Sociales. Una ley que, como todas las personas que ya han hablado y me han precedido, fue fruto de un trabajo intenso, responsable y del consenso y la unanimidad de esta Cámara, de los seis partidos que entonces estábamos en esta Cámara, porque Ciudadanos no estaba, pero estoy segura que, si hubiese estado, también lo habría consensuado, porque fue una ley en la que, a pesar de las diferencias que tenemos -y no son pocas en algunos casos-, estuvimos, tuvimos la generosidad y el sentido de la responsabilidad suficiente para poner los objetivos, y las personas que están detrás de esa Ley de Servicios Sociales, por encima de nuestros intereses partidistas, partidarios o diferentes puntos de vista. Fuimos capaces, y así lo hicimos, de sentarnos después de muchísimas horas y llegar a los consensos poniendo por encima lo que es verdaderamente importante.

Por tanto, estas posibles discrepancias que aparecen ahora con respecto a que algunos principios puedan ser, o no, inconstitucionales, entendemos que están en vías de solución por este Gobierno, pero es que si fuese un Gobierno de Coalición Canaria o de otro sabemos que haría exactamente igual, porque esta es la ley de todas y de todos, la ley de esta Cámara para toda la ciudadanía de Canarias, y nos corre muchísima prisa y me consta que van a poner todo el esfuerzo del mundo para que cuanto antes se superen esos pequeños escollos, porque, créanme que si alguien está interesada en que esa ley salga y se ponga en marcha, yo creo que todas, porque no voy a decir que unos más que otros, pero, sin duda, nuestra Consejería de Derechos Sociales está especialmente interesada, porque es la que tiene bloqueada, si no, una serie de trabajos que tiene que hacer y que, si esto se frena, se lo va a dificultar.

Por tanto, por nuestra parte, y como tampoco quiero repetir el mismo discurso de la información que me han dado, que algunos puntos ya ha comentado la compañera Melodie, y que otros ha comentado ya la señora Noemí Santana, la señora consejera, y los que no, los comentará después, les voy a ahorrar a todos ustedes el penoso proceso de repetir las mismas cosas. Mejor la escuchamos a ella y, simplemente, la confianza en que esto se va a resolver. Me consta que ya hay una comisión, o sea, que se va a nombrar por parte de Presidencia la comisión bilateral, y que se va a intentar resolver de la mejor manera y de la manera más rápida posible, que es lo que estamos esperando todo el mundo en esta Cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Del Río.

Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, don Luis.

El señor CAMPOS JIMÉNEZ (desde su escaño): Gracias, señor presidente.

Creo que si hay una ley que puede ser un ejemplo de lo que es la actividad parlamentaria, de lo que es ser capaces de separar aquello que nos diferencia a los que estábamos en la Oposición y a los que apoyaban al Gobierno es precisamente la Ley de Servicios Sociales, aprobada en el tramo final de la legislatura pasada.

Una ley a la que dedicamos cientos de horas para ponernos de acuerdo, una ley en la que tuvimos presente lo que nos decían los colegios de trabajadores sociales, el colegio de educadores sociales, en definitiva, todos los colegios profesionales, por supuesto, el tercer sector.

Creo que dejamos a un lado las diferencias todos los que participamos en aquella ley para hacer posible, probablemente, la que hoy es la ley más avanzada en el ámbito de los servicios sociales en toda España. Una ley en la que además -y creo que es importante decirlo- contamos durante todo el proceso, por supuesto, con el asesoramiento jurídico de los letrados de esta Cámara. Y aun así, en una ley tan amplia, tan compleja, siempre, en esta, y no voy a decir en todas, pero en casi todas, suele haber discrepancias a partir del análisis que pueden hacer, a su vez, pues, otros letrados de otras instituciones.

En cuanto a esta comisión bilateral, si vemos los escasos reparos que se han hecho, además muy relacionados, cierto es, con la concertación, alguno que tiene que ver con los principios rectores, pero que el propio informe de la secretaria general técnica deja claro que, si bien no aparecen en esos principios rectores, sí que aparecen multiplicados por tres y por cuatro en numerosos apartados dentro de la ley, además de que se da por sentado que aspectos que un momento determinado no aparecen en esta ley, y fue uno de los elementos de debate continuamente y el asesoramiento que recibíamos del letrado, no era absolutamente imprescindible porque ya aparecen en las leyes sectoriales o en las leyes que pueden regular estas cuestiones con carácter general, tanto estatal como del ámbito canario. Por tanto, una vez leído el informe de la secretaria general técnica, creo que estamos en condiciones de salvar todos estos aspectos. Hace una recomendación, en la que estoy totalmente de acuerdo, en que, incluso, podemos utilizar el marco de la Ley general de Presupuestos de la comunidad autónoma canaria para introducir una modificación para salvar esta cuestión, creo que es una oportunidad, ahora empezará el debate en esa ley, y, por lo tanto, despejar una de las incógnitas que podría hacerse en el marco de la comisión bilateral y, sobre todo, teniendo todos claro, con el mismo espíritu con el que afrontamos en aquel momento la elaboración de esta ley, salvar estas cuestiones.

Sí me preocupa una cuestión, señora consejera, y es conocer para cuándo tendríamos el grupo de trabajo que tendría que ir a esa comisión bilateral, que creo que debe ser cuanto antes, de manera inmediata, para poder desarrollar la ley en su conjunto sin objeciones.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Luis.

Turno para el Grupo Parlamentario Popular.

Doña Lorena.

La señora HERNÁNDEZ LABRADOR: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Señora consejera.

Bueno, mi grupo parlamentario le agradece a la diputada señora Valido esta comparecencia, aunque nos hubiera gustado más que hubiera sido usted misma la que, después de esta ley tan consensuada y que creo que pertenece a este Parlamento, pues, hubiera pedido una comparecencia propia en la Comisión de Derechos Sociales, nos hubiera explicado cuáles eran los motivos de estas discrepancias y todos los grupos parlamentarios hubiéramos respirado mucho más tranquilos, señora consejera, porque yo le reconozco que hoy, en el orden del día, con esta comparecencia, pues, nos hemos echado todos las manos a la cabeza pensando que esto podía ser algo más grave.

Nuestro grupo parlamentario está muy orgulloso del trabajo llevado a cabo para tener hoy la Ley de Servicios Sociales que tenemos en nuestra comunidad autónoma, un trabajo de consenso de todos los grupos políticos, largo, sí, pero para poder tener la mejor ley posible. Como decía, una ley consensuada por todos los partidos, los cabildos, los ayuntamientos y también con el tercer sector. Una ley que pasó todos los filtros y estamentos de los que, hasta la fecha, no habíamos tenido noticias, por lo que acudimos a esta comparecencia expectantes y con temor a que algo no vaya bien y sin subsanación, y que se pongan en tela de juicio, pues, artículos tan importantes como la cita de la resolución por la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el acuerdo de la comisión bilateral en relación con la Ley 16/2019, de la que estamos hablando, de Servicios Sociales.

Artículos, señora consejera, que afectan a la concertación, al tercer sector, con el que el Partido Popular hizo un trabajo concienzudo con todos los factores del tercer sector, todos los sectores, y para dotar a este tercer sector de las mejores condiciones y de la seguridad jurídica mayor posible.

Señora consejera, había puesto sobre la mesa que está trabajando ya en la subsanación de esos artículos. Estamos preocupados, obviamente, porque, de cualquier forma, pone en tela de juicio, aunque podamos saber que en algunas leyes es normal estos procedimientos, pues, nos preocupa que, como decía, se ponga en tela de juicio estos artículos, sobre todo porque en otras comunidades autónomas entiendo que no han sido subsanados, sino que han pasado el filtro y se han podido aprobar y, además, se llevan ya a cabo y se ejecutan sin ningún problema.

Por tanto, señora consejera, pues, usted es la responsable, obviamente, suscribo también las palabras del diputado de Nueva Canarias, de saber qué plazos tenemos, qué grupo de trabajo va a afrontar la subsanación de estos artículos, porque lo que nos preocupa, señora consejera, es el desarrollo de la ley, que se haga ese catálogo de servicios y, sobre todo, esa es su competencia, no estar subsanando artículos que entre todos nos hicimos y que esperamos que no pase de estas pequeñas subsanaciones y que tengamos estas discrepancias resueltas lo antes posible.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, doña Lorena.

Turno para el Grupo Parlamentario Socialista, don Pedro.

El señor VIERA ESPINOSA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora consejera. Diputados, diputadas.

Como ya hemos podido deducir de las intervenciones que han precedido a la del Grupo Parlamentario Socialista, traemos al debate un documento de naturaleza jurídica que responde a las dudas generadas por la nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en el proceso de adaptación de esta regulación a la normativa básica del Estado. No entraremos, por tanto, en profundidad en el informe, pues no nos corresponde, salvo para reclamar que, a la mayor brevedad posible, el Gobierno proceda a designar al grupo de trabajo que se responsabilice de la interlocución en la Comisión Bilateral de Cooperación. Y consideramos que esta designación debe acometerse con la mayor urgencia, con el fin de que, una vez resueltas las discrepancias jurídicas, la ley se aplique con garantías y seguridad jurídica para todas las partes.

Hay que hacer notar que las principales dudas legales se refieren a aspectos de la contratación administrativa para la prestación de servicios, el papel de las entidades del tercer sector de acción social, que en Canarias tiene peso específico, o la necesaria aplicación en la licitación de los principios de publicidad y transparencia, así como a los de igualdad y de trato y de prohibición, de discriminación. No se trata, por tanto, de cuestiones baladíes precisamente, sino de elementos centrales que intervienen en garantizar los derechos de las personas y de las entidades vinculadas a esta normativa. La Ley canaria de Servicios Sociales fue aprobada el pasado 26 de marzo con consenso parlamentario y contó con un amplio proceso de participación ciudadana del tercer sector, de los colegios profesionales, cabildos y ayuntamientos. Fue la segunda ocasión en la que este Parlamento aprobaba un sistema público de atención a las personas y en ambos casos ha sido posible gracias a mi partido, al Partido Socialista.

La primera norma vigente durante treinta años ha dado paso a la actual, que se actualiza y adapta a los tiempos y asegura el derecho a las personas a vivir dignamente mediante la cobertura de sus situaciones y necesidades y en todos los contextos posibles y que representa una apuesta firme y decidida por la calidad y un compromiso con lo público.

Finalicemos, pues, el ajuste de las discrepancias con la norma nacional y apliquemos cuanto antes y en todo sus extremos un marco regulador destinado a mejorar la vida de las personas que habitan en nuestro territorio insular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Pedro.

Turno para el Grupo proponente, señora Valido.

La señora VALIDO GARCÍA: Bien.

Lo primero que quiero manifestar es mi alegría al escuchar a todos los intervinientes darle la importancia que tiene este asunto, porque, sinceramente, creí que pedir una comparecencia para hablar de este tema iba a ser, incluso, incomprendida por parte de algunos, pensando que esto es un tema jurídico, que, bueno, que ya se verá, y... Me sorprendía que ni siquiera hubiera salido nada en ninguna parte y que nadie hubiera hablado de esto y hoy, al escucharles a todos, pues, me alegra saber que no estoy loca y que, efectivamente, esto es muy serio, es muy importante. Los artículos que nos están discutiendo pueden disparar al centro del eje de los servicios sociales en Canarias.

Y todos los que estamos aquí, hayamos estado donde hayamos estado -ayuntamientos, cabildos, Gobierno, o no, o como ciudadanos o ciudadanas de a pie-, sabemos el papel que desarrollan con las personas vulnerables, con las personas en exclusión, todas las organizaciones del tercer sector, y sabemos el déficit con el que abren las puertas cada día; los que abren, porque hay otros que es que no las cierran nunca. Y sabemos que se alimentan yendo a convocatorias públicas en las que no hay dinero para todo el mundo y que esto lo que supone es que muchos de esos proyectos estén mal financiados y que otros proyectos nuevos no tengan posibilidad de entrar porque hay mucha gente y poco dinero. Los pequeños no pueden entrar en las convocatorias y los grandes se quejan de que no les cubrimos el total de sus necesidades. Y los mandamos a todos a beber de la misma fuente, una fuente que se seca, en la que cada vez es más difícil conseguir fondos.

Por tanto, la concertación social es vital y es importantísimo que se aclare con el Estado en esa comisión bilateral cómo quedan estos puntos para que podamos iniciar el procedimiento y la reglamentación para que la ley sirva, porque si no hacemos esos reglamentos esta ley no sirve. No sirven las flores que nos queramos echar sin reglamentos para poder empezar a ejecutar lo que mandata la ley. Por eso le preguntaba, consejera, cuál es el plazo, que veo que también otros diputados y diputadas le han pedido la fecha, porque es preocupante que esto no se cierre en favor de las tesis de Canarias. Le digo que me ha alegrado escuchar su posición, era una de mis preocupaciones cuál era la posición del Gobierno de Canarias respecto a esta demanda del Estado, y, por lo que le he escuchado hasta ahora -y no hace falta que entre en tanto detalle, porque, en líneas generales, viendo que su posición es la que en principio yo también he mantenido-, creo que estamos en la misma sintonía en la lucha sin cuartel para sacar este asunto adelante.

Mire, me gustaría saber también -porque no ha podido contestarme, por eso le digo que no hace falta que entre en tanto detalle, para que me pueda contestar a las preguntas- cuándo se iniciaron la negociaciones o cuándo se van a iniciar y quiénes van a representar al Gobierno de Canarias en esa mesa. Me gustaría saberlo.

Señora Vidina, rápidamente: no se puede hablar de decreto ni de decretazo ni de dedazo en esta ley, todo lo contrario, tiene que elaborarse un reglamento con transparencia, con libre concurrencia y con todos los condicionantes que el sistema jurídico ponga, con pleno cumplimiento de las leyes establecidas, no cabe hacer nada ilegal en el reglamento de esta ley. Lo único que cabe es establecer, por la diferencia de los servicios que son, justificar adecuadamente cuándo este papel está sobradamente argumentado y que lo desarrolle el tercer sector, y esto no es ningún invento nuestro ni ninguna novedad. Por eso también le digo a la consejera que recuerde que respecto del punto 7, respecto del artículo 7, ese artículo está recogido y consolidado en la ley de servicios sociales de Madrid, en la de Cataluña, en la de La Rioja, en la de Castilla y León, en la del País Vasco, en la de Andalucía y en la de la Comunidad Valenciana. El Estado no puso ninguna objeción a este artículo cuando enmendó la ley.

El artículo 65.3 está consolidado y ejecutándose en la ley de servicios sociales de Madrid, en la de Cataluña y en la de Castilla y León, perdón, sigo, en la del País Vasco y en la de Andalucía, también en la Comunidad Valenciana. Si quiere, luego le doy el estudio que he hecho, pero creo que es importante, porque a ninguna de estas comunidades se le puso problema a su ley y la concertación está reglamentada y funcionando desde hace mucho tiempo. Algunas de estas leyes son de los años 2010-2011.

En el caso del artículo 66, consolidado en la ley de servicios sociales de Madrid, servicios sociales de Cataluña, La Rioja, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, País Vasco, Andalucía, La Rioja y Castilla y León de nuevo.

Y en el 65.3, y voy terminando, también está consolidado, lo puede encontrar casi igual en la ley de servicios sociales de Madrid, Cataluña, La Rioja y Castilla y León, también en la de País Vasco, Andalucía, Comunidad Valenciana.

¿Qué quiero decir con todo esto? Que nosotros, ni este Parlamento ni los grupos políticos que avalaron la ley, hicimos un trabajo que nos fue absolutamente supervisado jurídicamente. Que no debe tener nadie miedo ni sospecha de que haya nada que sea inconstitucional, que todo se reglamentará con posterioridad, que es urgente que se empiece a reglamentar para que la ley empiece a funcionar y que, lógicamente, todos estos artículos se inspiraron en leyes que son modélicas, referentes, que han resulto problemas, que están en vigor. Luego, no cabe decirle a Canarias ahora que estos artículos tienen que ser modificados por ninguna cuestión que no afecta a otros territorios; porque si son inconstitucionales en la nuestra también lo son en la de Cataluña, Valencia, Madrid, País Vasco, Castilla y León y Comunidad Valenciana.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Valido.

Turno para la consejera.

La señora CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD (Santana Perera): Señora Valido, la verdad que no puedo estar más de acuerdo con usted en lo que ha apuntado en su argumentación.

Tampoco por parte de esta consejería, ya lo dije en la primera intervención, entendemos por qué se pone en tela de juicio o en duda algunos artículos de la Ley canaria de Servicios Sociales, cuando ya vemos que en otros territorios del Estado español artículos muy similares llevan años que están en vigor, que se están desarrollando con normalidad y que no fueron puestos en duda como se ha puesto con la ley canaria. La verdad que nosotros tampoco lo entendemos, por eso hemos emitido ese informe que emite nuestra secretaria general técnica en los términos en los que ya desarrollé en la primera intervención y que van muy acorde a lo que usted ha expuesto en su intervención.

Nosotras la verdad que lo que estamos intentando es la búsqueda de soluciones para que esta ley, que es una ley completamente transcendente para el futuro de nuestra comunidad autónoma, se encuentre con el menor número de obstáculos posibles en su camino. Queremos que se solvente cualquier tipo de dudas en cuanto a la inconstitucionalidad de la Ley de Servicios Sociales de Canarias, y por eso estamos intentando, en aquellos artículos que a lo mejor sí que pudiera caber un resquicio de duda, pues, subsanarlo. De hecho, una de las herramientas que se nos pone a nuestra disposición para intentar subsanarlo lo antes posible es a través de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, donde sí vamos a desarrollar alguna modificación de la ley para que quede aún más claro cuál era la voluntad de nuestros legisladores a la hora de desarrollar la ley y que, bajo ningún tipo de circunstancia, era caer en una inconstitucionalidad, eso que quede bien claro.

La verdad que le agradezco muchísimo tanto a usted como a casi la totalidad de los grupos las intervenciones que han tenido esta tarde, porque, como les decía, era un tema complejo y un tema serio, y que, además, yo creo que nos afecta muchísimo a todas las que estamos presentes en esta Cámara, porque fue una ley que se sacó adelante con muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo y la verdad que tener que escuchar por parte de alguna fuerza política -por cierto, bueno, falta algún interviniente- que esta ley lo que trataba era de crear cortijos o dar concursos a dedazo, pues, la verdad que duele, duele cuando ha sido trabajada y más cuando viene esa intervención por parte de una interviniente que viene del mismo grupo político de ese, ¿no?, de la misma fuerza política de ese vídeo viral de "la agencia de Manué". A lo mejor son ellos los que están acostumbrados a esos cortijos allá donde gobiernan, aquí nosotras la verdad que no. Nosotras tenemos clarísimo que esta ley lo que intentaba hacer era dar el espacio que se merece, la relevancia que se merece, la importancia que se merece al papel que juegan en la sociedad canaria las entidades del tercer sector, que sin ellas hubiera sido -y usted lo sabe mejor que nadie, señora Valido- completamente imposible dar respuesta a las necesidades que ha tenido nuestra tierra en todos los sentidos, sobre todo en el ámbito de los derechos sociales, de los asuntos sociales, y es gracias a estas entidades, que siempre han trabajado de la mano de lo institucional, de la mano de la Administración pública, hemos podido cubrir, dentro de las posibilidades, esas necesidades que tenía nuestra ciudadanía.

Así que yo creo que ya era hora de que se desarrollara una ley como esta, que además es una ley que yo creo que todas, o casi todos, porque los grupos que no están en la Cámara parece que no se sienten representados por esta ley, pero creo que el resto de los diputados y diputadas y de grupos parlamentarios nos sentimos completamente representados por esta Ley de Servicios Sociales, la cual, por supuesto, intentaremos desarrollar tal cual establece la propia ley, desarrollar los reglamentos, desarrollar el catálogo. Para nosotros es de vital importancia porque, además, a través de estos instrumentos podemos solventar esos pequeños escollos o aclarar mejor a través de estos, como decíamos, para que quede claro cuál era nuestra voluntad a la hora de legislar.

En cuanto a los tiempos -perdone, que si no me quedo yo sin tiempo-, la verdad que aún no se han establecido los tiempos.

Como sabe, el informe, nosotros lo emitimos y lo trasladamos a Presidencia y será Presidencia, supongo, el que establecerá los tiempos y también quién va a formar parte de ese grupo de trabajo para la comisión bilateral con el Estado. Esperamos que sea en breve y que podamos conocerlo en breve.

Me parece muy interesante lo que apuntaba la interviniente por parte del Grupo Popular, que tal vez no deberíamos haber esperado a que nos pidieran la comparecencia, aunque a mí me parece muy bien que la Oposición haga su trabajo, pero que también podíamos haber pedido la comparecencia por parte del Gobierno.

Entonces, lo que sí que me puedo comprometer es que, en cuanto tengamos los tiempos y las... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Sí.

La señora CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD (Santana Perera) (desde su escaño): Eh...

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, señora consejera, un segundo.

La señora CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD (Santana Perera) (desde su escaño): Sí.

Pues trasladárselo al resto de grupos, esos tiempos y quiénes son los miembros de esa mesa de trabajo, gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, muchas gracias, señora... ¿sí, señora Espino?

La señora ESPINO RAMÍREZ (desde su escaño): ...palabra por el artículo 85 para precisar un dato sobre mi intervención, que no ha entendido bien la... no escuchó bien la consejera, ¿procede?

El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto, señora Espino.

La señora ESPINO RAMÍREZ (desde su escaño): Señora... ¿Se escucha? Vale.

Señora Noemí Santana, no sé si el micrófono no se escucha bien. Como está diciendo la señora Australia Navarro, yo no he hablado en ningún momento de ningún cortijo, no sé cuándo escuchó usted esa palabra, yo lo que he dicho es que mi grupo parlamentario no está de acuerdo con los decretos, preferimos los concursos públicos. Y debe ser que no me escuchó bien, porque no me ha respondido a la pregunta, si va usted o no a aprobar ese catálogo de servicios, que tiene que estar aprobado antes del 2 de noviembre. Le pido por favor o que se arregle el micro o que usted me escuche un poco mejor cuando intervengo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Sí, gracias, señora Espino. Señora consejera.

La señora CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD (Santana Perera) (desde su escaño): Señora Espino, yo la he escuchado atentamente porque me tomo muy en serio el trabajo que se realiza desde la Oposición, porque he estado también en el otro lado y sé que es fundamental e imprescindible, y tanto la he escuchado, que a lo que hacía alusión con lo de los cortijos era a otra intervención que había tenido usted en otra comparecencia anterior con la Radiotelevisión Canaria. ¿Por qué? Porque la escucho, no solo cuando me toca a mis comparecencias, sino también cuando usted está interviniendo en otras iniciativas. (Palmoteos desde los escaños).

Señora, eh, sí... señora Espino, por supuesto que nosotros, dentro de las posibilidades que tenemos, y tenemos que tener en cuenta que este Gobierno comienza su andadura a mitad de julio de este año, vamos a intentar cumplir con los plazos de la ley. (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo).

El señor PRESIDENTE: Gracias, consejera. (Aplausos).